Abstract
A polemical reply to La Época about the royal decree regulating the price of printed paper: Ortega denies that the Subsistencias law, made for foodstuffs, can cover it, and calls the decree a “reverse price cap” that rescues a few dying newspapers at the expense of industrial freedom and competition. Political journalism on a concrete case.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
En su editorial del jueves pone La Época algunos comentarios a lo que yo he escrito sobre la Real orden liberticida. Yo quisiera que estos comentarios me hubiesen parecido tan convincentes como me han parecido amables. El articulista de La Época ha malrotado un tesoro de habilidad que le envidio, para cubrir con un velo de dialéctica la gran fechoría del señor Dato. No puede menos, sin embargo, de darme en parte la razón. Pero yo aspiro a que me la otorgue íntegra. Tal aspiración no se nutre de una excesiva confianza en mis dotes de argumentador, sino de estos otros dos motivos: la sencillez del asunto y la seguridad en que estoy de que La Época, cuando descubre la verdad frente a sí, cambia de sitio y se pone junto a la verdad.
Yo voy a dejar a un lado cuanto La Época dirige a El Sol. Ya este periódico responderá por sí mismo. Voy, y ello brevísimamente, a contestar las objeciones que nominatim me envía.
Una de ellas —no son más de dos— consiste en suponer que no es anticonstitucional la Real orden porque cabe holgadamente dentro de la ley llamada de Subsistencias. Esto, claro es, lo dice en broma La Época, como lo dice ya en burleta el preámbulo de la Real orden. La ley de Subsistencias está hecha para regular el precio y acervo de artículos alimenticios, pero no de artículos periodísticos; puede legislar sobre tasa y reparto de primeras materias a fin de evitar la escasez o la carestía injustificada de ellas; pero no intervenir en las cuestiones de concurrencia individual.
Curioso es que la Real orden no ha sido formalmente fundada en esa ley ni ha sido siquiera tramitada por los organismos encargados de extender los mandatos que de ella derivan. ¿Por qué? La Época lo sabe mejor que yo. El escándalo que hubiera seguido a ese abuso de tal ley habría sido enorme, aun descontando la defectuosa dignidad con que el español responde a los que violan sus derechos y franquías. Nadie cree al señor Dato capaz de usar la ganzúa como instrumento de gobierno, y esto hubiera sido abrir las compuertas de la ley excepcional de Subsistencias para el presente menester. Porque aquí no se «raciona» la primera materia, que es el papel. Después de la Real orden, como antes de ella, puede gastarse la cantidad que se quiera. A lo que se obliga es a vender el papel impreso a un precio mayor del que se vendía, única vez en que la ley de Subsistencias parece traer consigo el aumento de costo en un producto. Esta Real orden es, como ya la gente dice por plazuelas y tranvías, la «tasa al revés».
El preámbulo de la Real orden funda más bien su articulado en una hipócrita ternura hacia las Empresas periodísticas para impedir que «las emulaciones individuales» no lleguen «a la propia ruina». ¡Oh previsor Estado! ¡Oh Dato suplantador de la divina Providencia! ¡Oh sublime ley subsistencial que ahora resulta encargada de evitar «emulaciones individuales» (léase libertad industrial) y de que yo me arruine!
Yo pido a La Época y al señor Dato que me dejen arruinarme en paz. ¿Por qué no me han de dar gusto en este capricho mío?
No hay, pues, para este caso tal ley de Subsistencias. Pero, además, es falso de toda falsedad que con esta Real orden se salve la industria periodística. Se salva a algunos señores dueños de unos periódicos moribundos, que ya habían empezado a morirse cuando el papel estaba más barato que nunca, a costa de la industria periodística, que queda maniatada y sin movilidad para nuevos ensayos. Y este derecho a inmortalizar un periódico no pertenece tampoco al señor Dato: es precisamente el derecho único del público. Si un diario es o no de utilidad pública el público lo decidirá.
Con lo dicho se desvanece a la par la segunda observación que me hace La Época:
«Pero aunque no haya agravio para la Constitución, es indudable el derecho del señor Ortega y Gasset a dolerse de que eso se haga, con tal de que la traba que se crea al ejercicio de la libertad de trabajo y de industria se rechace lo mismo para esa actividad que para todas las demás que vienen padeciéndolas».
Tampoco esto me parece digno de La Época, porque es echar las piernas por alto, y ella es dama y venerable. Con razonamientos semejantes se desprestigian las leyes y las autoridades, se desmoraliza la conciencia pública y se perpetúa el ambiente rudo y bárbaro en que viene ahogándose la vida del Estado español. No; habrá industrias en que sea lícito, legal, constitucional, intervenir. Habrá otras en que intervenir sería un delito gravísimo. Al presente hablamos de la periodística y hablamos en las circunstancias actuales aquí y ahora, hic et nunc. En Francia recientemente ha legislado el Poder público sobre la vida periodística, pero cuidando mucho de fundar su intervención en la falta de papel y reduciendo su entrometimiento a las consecuencias que de ella se siguen. Como en España no acontece esto, la intervención es un atropello constitucional, según consta al señor Dato mejor aún que a mí.
Pero había de ser cuanto acabo de decir vocabulario sin sentido y quedaría en pie mi argumento del otro día.
Cimenta sus decisiones la Real orden en la unanimidad de doce señores periodistas para «sacrificar su libertad industrial». Sin embargo, la Real orden sacrifica también la libertad de quien no es ninguno de esos señores, por ejemplo, la mía. Ha sacrificado, pues, lo que no era suyo, y el señor Dato, pretendiendo otorgar fuerza legal a tal sacrificio de lo ajeno, se hace su cómplice. Y como los cómplices de un delito, para conservar su nefanda solidaridad, necesitan cometer otros sucesivos, raro será que algunos de esos señores, unidos al presidente del Consejo, no den pronto ocasión para que nuevamente tengan que hablar de ellos las crónicas de la vergonzosa anarquía española. El tiempo lo dirá.
El Sol, 19 de junio de 1920