Ortega y Gasset
Abstract
A polemical reply to La Época about the royal decree regulating the price of printed paper: Ortega denies that the Subsistencias law, made for foodstuffs, can cover it, and calls the decree a “reverse price cap” that rescues a few dying newspapers at the expense of industrial freedom and competition. Political journalism on a concrete case.
Connections
Concetti: libertà, legge
Forme: saggio
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
En su editorial del jueves pone La Época algunos comentarios a lo que yo he escrito sobre la Real orden liberticida. Yo quisiera que estos comentarios me hubiesen parecido tan convincentes como me han parecido amables. El articulista de La Época ha malrotado un tesoro de habilidad que le envidio, para cubrir con un velo de dialéctica la gran fechoría del señor Dato. No puede menos, sin embargo, de darme en parte la razón. Pero yo aspiro a que me la otorgue íntegra. Tal aspiración no se nutre de una excesiva confianza en mis dotes de argumentador, sino de estos otros dos motivos: la sencillez del asunto y la seguridad en que estoy de que La Época, cuando descubre la verdad frente a sí, cambia de sitio y se pone junto a la verdad.
Yo voy a dejar a un lado cuanto La Época dirige a El Sol. Ya este periódico responderá por sí mismo. Voy, y ello brevísimamente, a contestar las objeciones que nominatim me envía.
Una de ellas —no son más de dos— consiste en suponer que no es anticonstitucional la Real orden porque cabe holgadamente dentro de la ley llamada de Subsistencias. Esto, claro es, lo dice en broma La Época, como lo dice ya en burleta el preámbulo de la Real orden. La ley de Subsistencias está hecha para regular el precio y acervo de artículos alimenticios, pero no de artículos periodísticos; puede legislar sobre tasa y reparto de primeras materias a fin de evitar la escasez o la carestía injustificada de ellas; pero no intervenir en las cuestiones de concurrencia individual.
Curioso es que la Real orden no ha sido formalmente fundada en esa ley ni ha sido siquiera tramitada por los organismos encargados de extender los mandatos que de ella derivan. ¿Por qué? La Época lo sabe mejor que yo. El escándalo que hubiera seguido a ese abuso de tal ley habría sido enorme, aun descontando la defectuosa dignidad con que el español responde a los que violan sus derechos y franquías. Nadie cree al señor Dato capaz de usar la ganzúa como instrumento de gobierno, y esto hubiera sido abrir las compuertas de la ley excepcional de Subsistencias para el presente menester. Porque aquí no se «raciona» la primera materia, que es el papel. Después de la Real orden, como antes de ella, puede gastarse la cantidad que se quiera. A lo que se obliga es a vender el papel impreso a un precio mayor del que se vendía, única vez en que la ley de Subsistencias parece traer consigo el aumento de costo en un producto. Esta Real orden es, como ya la gente dice por plazuelas y tranvías, la «tasa al revés».
El preámbulo de la Real orden funda más bien su articulado en una hipócrita ternura hacia las Empresas periodísticas para impedir que «las emulaciones individuales» no lleguen «a la propia ruina». ¡Oh previsor Estado! ¡Oh Dato suplantador de la divina Providencia! ¡Oh sublime ley subsistencial que ahora resulta encargada de evitar «emulaciones individuales» (léase libertad industrial) y de que yo me arruine!
Yo pido a La Época y al señor Dato que me dejen arruinarme en paz. ¿Por qué no me han de dar gusto en este capricho mío?
No hay, pues, para este caso tal ley de Subsistencias. Pero, además, es falso de toda falsedad que con esta Real orden se salve la industria periodística. Se salva a algunos señores dueños de unos periódicos moribundos, que ya habían empezado a morirse cuando el papel estaba más barato que nunca, a costa de la industria periodística, que queda maniatada y sin movilidad para nuevos ensayos. Y este derecho a inmortalizar un periódico no pertenece tampoco al señor Dato: es precisamente el derecho único del público. Si un diario es o no de utilidad pública el público lo decidirá.
Con lo dicho se desvanece a la par la segunda observación que me hace La Época:
«Pero aunque no haya agravio para la Constitución, es indudable el derecho del señor Ortega y Gasset a dolerse de que eso se haga, con tal de que la traba que se crea al ejercicio de la libertad de trabajo y de industria se rechace lo mismo para esa actividad que para todas las demás que vienen padeciéndolas».
Tampoco esto me parece digno de La Época, porque es echar las piernas por alto, y ella es dama y venerable. Con razonamientos semejantes se desprestigian las leyes y las autoridades, se desmoraliza la conciencia pública y se perpetúa el ambiente rudo y bárbaro en que viene ahogándose la vida del Estado español. No; habrá industrias en que sea lícito, legal, constitucional, intervenir. Habrá otras en que intervenir sería un delito gravísimo. Al presente hablamos de la periodística y hablamos en las circunstancias actuales aquí y ahora, hic et nunc. En Francia recientemente ha legislado el Poder público sobre la vida periodística, pero cuidando mucho de fundar su intervención en la falta de papel y reduciendo su entrometimiento a las consecuencias que de ella se siguen. Como en España no acontece esto, la intervención es un atropello constitucional, según consta al señor Dato mejor aún que a mí.
Pero había de ser cuanto acabo de decir vocabulario sin sentido y quedaría en pie mi argumento del otro día.
Cimenta sus decisiones la Real orden en la unanimidad de doce señores periodistas para «sacrificar su libertad industrial». Sin embargo, la Real orden sacrifica también la libertad de quien no es ninguno de esos señores, por ejemplo, la mía. Ha sacrificado, pues, lo que no era suyo, y el señor Dato, pretendiendo otorgar fuerza legal a tal sacrificio de lo ajeno, se hace su cómplice. Y como los cómplices de un delito, para conservar su nefanda solidaridad, necesitan cometer otros sucesivos, raro será que algunos de esos señores, unidos al presidente del Consejo, no den pronto ocasión para que nuevamente tengan que hablar de ellos las crónicas de la vergonzosa anarquía española. El tiempo lo dirá.
El Sol, 19 de junio de 1920
In its Thursday editorial La Época makes some comments on what I have written about the liberties-killing Royal Order. I could wish that these comments had seemed to me as convincing as they have seemed kind. The article-writer of La Época has squandered a treasure of skill —which I envy him— to cover with a veil of dialectic the great misdeed of Señor Dato. He cannot help, however, giving me partially right. But I aspire to be granted it wholly. Such an aspiration is not nourished by an excessive confidence in my gifts as an arguer, but by these other two motives: the simplicity of the matter and the certainty in which I stand that La Época, when it discovers the truth before it, changes its ground and places itself beside the truth.
I am going to leave aside whatever La Época directs at El Sol. That newspaper will answer for itself. I am going —and this very briefly— to answer the objections that nominatim it sends me.
One of them —there are no more than two— consists in supposing that the Royal Order is not unconstitutional because it fits comfortably within the law called the Law of Subsistence. This, of course, La Época says in jest, as the preamble of the Royal Order already says in mockery. The Law of Subsistence is made to regulate the price and stock of foodstuffs, but not of journalistic articles; it may legislate on the fixing and distribution of raw materials in order to avoid their scarcity or unjustified dearness; but not intervene in questions of individual competition.
It is curious that the Royal Order has not been formally founded on that law, nor has it even been processed by the organs charged with issuing the mandates that derive from it. Why? La Época knows better than I. The scandal that would have followed that abuse of such a law would have been enormous, even discounting the defective dignity with which the Spaniard responds to those who violate his rights and franchises. Nobody believes Señor Dato capable of using the skeleton key as an instrument of government, and this would have been opening the sluice-gates of the exceptional Law of Subsistence for the present purpose. Because here it is not the primary matter, which is paper, that is being «rationed». After the Royal Order, as before it, one may spend as much as one wishes. What one is obliged to do is to sell printed paper at a higher price than it was sold at, the only time in which the Law of Subsistence seems to bring with it an increase in the cost of a product. This Royal Order is, as people already say in the squares and on the trams, the «rate in reverse».
The preamble of the Royal Order rather bases its articles on a hypocritical tenderness toward the newspaper Companies, to prevent «individual emulations» from arriving «at their own ruin». O foreseeing State! O Dato, usurper of divine Providence! O sublime subsistence law that now turns out to be charged with preventing «individual emulations» (read industrial liberty) and with my ruin!
I ask La Época and Señor Dato to let me ruin myself in peace. Why should they not gratify me in this caprice of mine?
There is, then, for this case, no such Law of Subsistence. But, moreover, it is false with all falseness that with this Royal Order the newspaper industry is saved. What is saved are certain gentlemen, owners of some dying newspapers —which had already begun to die when paper was cheaper than ever— at the cost of the newspaper industry, which remains bound hand and foot and without mobility for new experiments. And this right to immortalize a newspaper does not belong either to Señor Dato: it is precisely the sole right of the public. Whether a newspaper is or is not of public utility, the public will decide.
With what has been said, the second observation that La Época makes to me likewise vanishes:
«But even though there be no offence to the Constitution, the right of Señor Ortega y Gasset to grieve that this is done is undoubted, provided that the impediment created to the exercise of the liberty of work and industry be rejected equally for that activity as for all the others that have been suffering them».
Nor does this seem to me worthy of La Época, because it is throwing its legs over its head, and she is a lady and venerable. With similar reasonings laws and authorities are discredited, the public conscience is demoralized, and the rude and barbarous atmosphere in which the life of the Spanish State comes suffocating is perpetuated. No; there will be industries in which it is licit, legal, constitutional, to intervene. There will be others in which to intervene would be a most grave crime. At present we speak of the journalistic one and we speak in the present circumstances, here and now, hic et nunc. In France recently the public Power has legislated on journalistic life, but taking great care to ground its intervention in the lack of paper and reducing its meddling to the consequences that follow from it. As this does not happen in Spain, the intervention is a constitutional outrage, as Señor Dato knows better even than I.
But all that I have just said would have to be vocabulary without sense, and my argument of the other day would remain standing.
The Royal Order grounds its decisions in the unanimity of twelve journalist gentlemen to «sacrifice their industrial liberty». Yet the Royal Order also sacrifices the liberty of one who is none of those gentlemen, for example, mine. It has sacrificed, then, what was not its own, and Señor Dato, pretending to give legal force to such a sacrifice of what belongs to others, makes himself its accomplice. And as accomplices in a crime, in order to preserve their nefarious solidarity, need to commit successive others, it will be rare that some of those gentlemen, joined to the President of the Council, do not soon give occasion for the chronicles of the shameful Spanish anarchy to have to speak of them again. Time will tell.
El Sol, 19 June 1920
Nel suo editoriale di giovedì La Época pone alcuni commenti a ciò che io ho scritto sulla Real orden liberticida. Vorrei che questi commenti mi fossero sembrati tanto convincenti quanto mi sono sembrati cortesi. L’articolista de La Época ha sperperato un tesoro di abilità che gli invidio, per coprire con un velo di dialettica la grande scelleratezza del signor Dato. Non può fare a meno, tuttavia, di darmi in parte ragione. Ma io aspiro a che me la accordi integralmente. Tale aspirazione non si nutre di un’eccessiva fiducia nelle mie doti di argomentatore, ma di questi altri due motivi: la semplicità della questione e la sicurezza in cui sono che La Época, quando scopre la verità dinanzi a sé, cambia posto e si mette accanto alla verità.
Lascerò da parte quanto La Época indirizza a El Sol. Già questo giornale risponderà da sé. Vado, e ciò brevissimamente, a rispondere alle obiezioni che nominatim mi invia.
Una di esse —non sono più di due— consiste nel supporre che non sia anticostituzionale la Real orden perché vi rientra comodamente dentro la legge detta delle Sussistenze. Questo, è chiaro, La Época lo dice per scherzo, come lo dice già per beffa il preambolo della Real orden. La legge delle Sussistenze è fatta per regolare il prezzo e lo stock degli articoli alimentari, ma non degli articoli giornalistici; può legiferare su tassazione e ripartizione delle materie prime al fine di evitare la loro scarsità o la loro ingiustificata carestia; ma non intervenire nelle questioni di concorrenza individuale.
Curioso è che la Real orden non sia stata formalmente fondata su quella legge, né sia stata neppure istruita dagli organismi incaricati di estendere i mandati che da essa derivano. Perché? La Época lo sa meglio di me. Lo scandalo che sarebbe seguito a quell’abuso di tale legge sarebbe stato enorme, anche scontando la difettosa dignità con cui lo spagnolo risponde a coloro che violano i suoi diritti e le sue franchigie. Nessuno crede il signor Dato capace di usare il grimaldello come strumento di governo, e questo sarebbe stato aprire le cateratte della legge eccezionale delle Sussistenze per il presente bisogno. Perché qui non si «raziona» la prima materia, che è la carta. Dopo la Real orden, come prima di essa, si può spendere la quantità che si vuole. A ciò che si obbliga è a vendere la carta stampata a un prezzo maggiore di quello a cui si vendeva, unica volta in cui la legge delle Sussistenze sembra portare con sé l’aumento di costo di un prodotto. Questa Real orden è, come già la gente dice per piazzette e tram, la «tassa alla rovescia».
Il preambolo della Real orden fonda piuttosto il suo articolato in una ipocrita tenerezza verso le Imprese giornalistiche, per impedire che «le emulazioni individuali» non giungano «alla propria rovina». Oh previdente Stato! Oh Dato supplantatore della divina Provvidenza! Oh sublime legge sussistenziale che ora risulta incaricata di evitare «emulazioni individuali» (leggi: libertà industriale) e che io mi rovini!
Chiedo a La Época e al signor Dato che mi lascino rovinarmi in pace. Perché non dovrebbero darmi soddisfazione in questo mio capriccio?
Non c’è, dunque, per questo caso tale legge delle Sussistenze. Ma, inoltre, è falso di ogni falsità che con questa Real orden si salvi l’industria giornalistica. Si salvano alcuni signori, proprietari di alcuni giornali moribondi, che avevano già cominciato a morire quando la carta era più a buon mercato che mai, a costo dell’industria giornalistica, che resta legata mani e piedi e senza mobilità per nuovi tentativi. E questo diritto di immortalare un giornale non appartiene neppure al signor Dato: è precisamente il diritto unico del pubblico. Che un quotidiano sia o no di pubblica utilità, lo deciderà il pubblico.
Con quanto detto si dilegua parimenti la seconda osservazione che mi fa La Época:
«Ma anche se non vi sia offesa alla Costituzione, è indubbio il diritto del signor Ortega y Gasset a dolersi che ciò si faccia, purché il ceppo che si crea all’esercizio della libertà di lavoro e di industria si respinga ugualmente per quell’attività come per tutte le altre che vengono subendola».
Neppure questo mi sembra degno de La Época, perché è gettare le gambe all’aria, ed essa è dama e venerabile. Con ragionamenti simili si screditano le leggi e le autorità, si demoralizza la coscienza pubblica e si perpetua l’ambiente rozzo e barbaro in cui viene soffocandosi la vita dello Stato spagnolo. No; vi saranno industrie in cui sia lecito, legale, costituzionale, intervenire. Ve ne saranno altre in cui intervenire sarebbe un delitto gravissimo. Al presente parliamo di quella giornalistica e parliamo nelle circostanze attuali, qui e ora, hic et nunc. In Francia recentemente il Potere pubblico ha legiferato sulla vita giornalistica, ma avendo gran cura di fondare il suo intervento nella mancanza di carta e riducendo la sua ingerenza alle conseguenze che da essa derivano. Poiché in Spagna questo non accade, l’intervento è un sopruso costituzionale, come consta al signor Dato meglio ancora che a me.
Ma quanto ho appena detto dovrebbe essere vocabolario senza senso, e resterebbe in piedi il mio argomento dell’altro giorno.
La Real orden cimenta le sue decisioni sull’unanimità di dodici signori giornalisti per «sacrificare la loro libertà industriale». Tuttavia, la Real orden sacrifica anche la libertà di chi non è nessuno di quei signori, per esempio, la mia. Ha sacrificato, dunque, ciò che non era suo, e il signor Dato, pretendendo di accordare forza legale a tale sacrificio dell’altrui, se ne fa complice. E poiché i complici di un delitto, per conservare la loro nefanda solidarietà, hanno bisogno di commetterne altri successivi, raro sarà che alcuni di quei signori, uniti al presidente del Consiglio, non diano presto occasione perché le cronache della vergognosa anarchia spagnola abbiano di nuovo a parlare di loro. Il tempo lo dirà.
El Sol, 19 giugno 1920