Abstract
A 1930 political article: the indisputable fact is that the Spanish state itself broke its own legal continuity through the dictatorship, ceasing to be a state of law and becoming mere force. Topical polemic, not philosophical argument.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Ante todo, es preciso que cuantos hombres haya de intención a un tiempo clarividente y honrada se esfuercen en peraltar el nivel donde ha de moverse la discusión y aun la lucha que el Destino, queramos o no, ha traído ahora sobre España. Debe haber en este punto una como conjuración espontánea de todos, sean quienes sean y piensen lo que piensen. ¡Estamos en 1930! La vida del mundo, cada vez más solidaria, más planetaria, ha apretado terriblemente sus exigencias y reclama de los pueblos, si quieren subsistir, ciertas condiciones mínimas de modernidad, de inteligencia, de eficacia (piense el lector aunque no sea más que en el lado económico de una existencia nacional). Nos es ya imposible seguir siendo los aldeanos arcaicos que venimos siendo. El nivel mínimo de nuestros actos, inclusive, repito, en la disputa y en la lucha, tiene que ser otro. Hay que acabar con las astucias y los matonismos de villorrio.
Para esto es menester defender enérgicamente la claridad de la situación en lo que tiene de substancial frente a todo intento de sofisticación y de embarullamiento, frente a la mala fe rural de una parte de las llamadas «derechas» y la procacidad o el ciego arrebato de una parte de las llamadas «izquierdas» (Julián Besteiro, en un artículo de tono ejemplar, aplica recientemente a elementos de la más extrema «izquierda» la frase de Lenin sobre «los que padecen ataques de radicalismo infantil»). Lo cual no es pretender «buendiosear» sobre los partidos. Es, sencillamente, exigir que el nivel de la vida pública de España esté a la altura de los tiempos. Nada más.
Ábrase todo el margen que se quiera para la discrepancia en las opiniones; pero los hechos, los hechos inopinables e indestructibles, tienen que estar bien claros ante las mentes de todos los españoles, y es intolerable, sobre ser inocente, que se les quiera escamotear, confundir y emborronar. Los hechos son éstos.
No se trata de que unos pocos o unos muchos ciudadanos hayan resuelto un buen día, caprichosamente, transformar las instituciones del Estado español normal y satisfactoriamente constituido. La realidad es rigorosamente inversa. Es el Estado español mismo quien un buen día ha roto su propia continuidad de institución legal, rebelándose frente a la nación en forma de dictadura extrema y absoluta. Ha dejado de ser Estado en el sentido de estado de derecho, y se ha convertido en simple estado de fuerza. Con este hecho nos hemos encontrado los españoles. Ese hecho está ahí indubitable, sólido, tremendo —como una barrera de granito interceptando todo posible futuro de España. Ese hecho se nos impone a todos, a los supermonárquicos como a los archirrepublicanos, y cualesquiera sean nuestros designios o decisiones privadas, no consentirá que se le quiera eludir. No lo consentirá él, él mismo, con su indestructible realidad —no yo, no cuatro fulanos. No se trata ahora de «ideas» políticas, de lo que piense yo o usted, lector; se trata de una realidad histórica de máximo tamaño.
La política, la táctica, la destreza, el ingenio, pueden libremente, aun saltando por la moral, tergiversar, ocultar, enmarañar, muchas cosas en la vida pública; pero hay ciertas realidades substantivas contra las cuales todo eso se estrella. Por eso, ante ellas no hay más «política» ni más táctica que reconocerlas paladinamente, situarse en limpio sobre ellas. Lo demás es… torpeza aldeana. Al ver que, no obstante, se intentaba comenzar por la prestidigitación de hecho tan enorme, yo, que soy hombre pacífico y bastante manso, por una vez me he indignado. Me he indignado ante el amago de querer retrotraer, en pleno siglo XX, la vida pública de una nación con veintitantos millones de habitantes a las dimensiones de un concejo rural trasañejo, donde el secretario de Ayuntamiento amaña el acta de una sesión. ¿Quién puede honestamente censurarme por ese brote de plenaria indignación? Sólo el que, como yo, haya entregado más de media vida, con su salud y todo, a la lucha permanente contra el tono ruin y el achabacanamiento de la existencia española, y se encuentre al cabo de ello, en más que la madurez, con un trapo atrás y otro delante, como me acontece a mí. Mas estoy cierto de que los que hayan hecho eso o cosa parecida no me censuran.
Sólo me censurará algún señorito banquero o aristócrata que no ha hecho nada en su vida, y menos pensar cinco minutos seguidos sobre los destinos profundos de nuestra España.
Conviene que ciertos grupos palatinos y de extrema «derecha», que ciertos elementos con arma al costado, abran bien los ojos sobre el hecho que he enunciado y se esfuercen lealmente en no confundir las cosas. Que no se trata de una conspiración y nada más, de un «pronunciamiento» que unos militares valientes puedan hacer en tal madrugada lívida. Ese «pronunciamiento» no es difícil de sofocar. Pero con eso no se habrá hecho nada, absolutamente nada. La situación histórica, en lo que tiene de real, seguirá en pie. A una realidad histórica no la fusila nadie; es ella quien nos triturará a todos si no la aceptamos, porque es un destino inexorable, más duro que el más duro acero; en cierto modo, y a fuer de destino y no capricho humano particular, es Dios mismo, que de pronto intercepta con sus hombros el flujo de vileza cotidiana en que un pueblo sin dignidad ha caído. (Se dirá, claro esta —y por los más piadosos—, que Dios sobra; pero yo no encuentro vocablo más noble y con menos letras para nombrar esas situaciones tremendas que, aniquilando todas nuestras astucias y nuestro humano albedrío, se nos plantan delante con ceño fatídico).
Pero no queda dibujado adecuadamente el hecho cuando se dice que el Estado español dejó de ser Estado jurídico al rebelarse en Dictadura. Resulta falso decir esto sólo, porque la Dictadura no surgió por generación espontánea, sin nexo con el pasado. Es evidente que si el Estado creyó forzoso entregarse a los peligros superlativos que acarrea una Dictadura, fue porque no podía sostener ni siquiera las últimas y espectrales apariencias de su legalidad. Es decir, que el Estado español venía de antiguo funcionando mal, que había perdido o no había tenido nunca en dosis suficiente los prestigios históricos, que son el capital energético de que un Estado vive; que había necesitado ensayar expediente tras expediente para fingir una estabilidad que no tenía, que se había arrastrado lustro tras lustro a fuerza de cometer abusos, todos los abusos de que una aparente legalidad puede ser cómplice. Nada de esto habría sido menester si el Estado español hubiese sido el Estado de los españoles, quiero decir, si éstos, cualesquiera fuesen sus discordias y querellas, se hubiesen sentido dentro de él como en su casa solar y en su asiento jurídico. Mas todo eso fue preciso porque el Estado no era la nación, no coincidía con ella, no estaba —como digo desde 1914— «nacionalizado». Era, por el contrario, un poder externo a la nación y no fundido con ella. Sus intereses no eran los de todos, y el español medio —aun el no adscrito a estas o a las otras «ideas» políticas— no se sentía representado en él. Si un día no se daba cuenta de ello —por la ceguera egoísta del español, que le impide darse cuenta de las cosas hasta que no le pasan a él mismo—, sobrevenía otro en que tropezaba con algún abuso del Poder público que lo hundía, lo vejaba, lo humillaba.
Silvela lo declaró en la mañana de este siglo: «España está en período constituyente». El pecado máximo de los «viejos políticos» fue, no el peculado ni el despilfarro, como se les imputó populacheramente durante la Dictadura, sino el no haber querido la reforma del Estado, cuando ellos, mejor que nadie, veían hasta qué punto era ineludible (así lo hice constar durante la Dictadura). Al ser enterrado don Antonio Maura se encontró al borde de su tumba un proyecto de Constitución. Según parece, era éste el retoque último, en las postreras semanas de su noble existencia, de otro u otros proyectos —anteriores a la Dictadura. La vida de Maura fue el clamor incesante ante el hecho de que el Estado español no era el Estado español, que era un Estado por esencia fraudulento. Haber reconocido siempre esto, sin desconocer los errores de don Antonio Maura, me ha valido muchos denuestos de las llamadas «izquierdas», que me dan hoy el derecho a autorizarme con su nombre. Sin embargo, no debía ser yo, precisamente yo, quien hiciese cruzar por el fondo sombrío del nacional presente esta figura casi romántica de Maura, «con su rostro yodado y barba de un blanco inencontrable, porque era el Comendador que aparecía en todos los festines de la disipación», según dice en libro recientísimo un generoso y alegre poeta de ahora.
Todas estas frases designan hechos sobradamente notorios, que juntos forman el hecho grande, el hecho fundamental de la historia española en los últimos treinta años, a saber: la anormalidad constitutiva de nuestro Estado. No vale, pues, referirse sólo a la Dictadura. Ésta termina y frenetiza el proceso de descomposición del Estado español, que empieza aproximadamente en 1900 (a demostrar parte de esto dediqué diecisiete artículos seguidos en tiempo de la Dictadura)[222].
Suponer que no ha pasado nada es, pues, no sólo el intento paleto de saltarse a la torera la vesania dictatorial, sino dar por no sidos treinta años de existencia nacional. Y esto es ya demasiado tosco y demasiado frívolo para que no produzca en el país una irritación extrema y definitiva.
No puede haber en toda la Península una sola persona seria y con mente responsable de su decir que no reconozca de algún modo la forzosidad de constituir, por fin, un Estado nacional que pueda de verdad conducir a España por el difícil tiempo que viene.