Abstract

A proposed minimum programme for the coming government: national transformation will be either orderly or chaotic, and as much disorder will be avoided as radicalism is anticipated from power — «form is the only bad thing about revolutions». Its chapters: constitutional reform (absolute liberty of conscience and secularization of the state, intangible guarantees for liberties, an action for unconstitutionality, abolition of the Senate), decentralization, social policy.

Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio

Queramos o no, el punto a que ha llegado la situación interior de España coincidiendo con el profundo cambio de la vida mundial, nos obliga a hacer los grandes ensayos, a ejecutar las transmutaciones de alto calibre. La burla, la ficción, el acomodo han concluido. Es decir, puede que perduren dentro de los individuos; pero una ineluctable mecánica más fuerte que todos los individuos, la gigantesca potencia de la necesidad histórica, pasará sobre el burlón, el fingidor y el acomodable, ejerciendo su terrible menester de trituración. Queramos o no, España, nuestra pobre España paralítica, crujirá de Norte a Sur. Más de una vez he afirmado que era cosa fácil librarse de la guerra, pero que es imposible librarse de la paz, sobre todo de esta paz, que, abriendo de par en par el Continente, va a suscitar tremendos vendavales históricos.

Ahora bien, la transformación nacional que sobreviene puede ser de dos maneras: ordenada o caótica. Y es sobrado ya el tiempo para que comience a entreverse quiénes prefieren la una o la otra manera. Son partidarios de la transformación ordenada los que, sin aguardar a más requerimientos, se pongan en marcha hacia ella y comiencen desde donde se hallen una labor enérgica y ejecutiva, organizándose en nueva fuerza social que se niegue a convivir una hora más con la España oficial y oficiosa. Son partidarios del caos los que para moverse esperen a ser arrollados.

Dentro de pocos días, tal vez en la semana que empieza, abandonará el Poder el Gobierno actual. Desde ese momento empieza una nueva era española, aun cuando se obstinasen en lo contrario todos los españoles. Y me parece incomprensible que a estas horas no haya sido removida toda la nación para hacer frente a circunstancias que son a la vez tan graves y tan próximas. Yo he hecho lo que podía desde estas columnas; pero lamento que los que pueden mucho más que yo no hayan hecho todo lo que pueden. De tal suerte, va a llegar el instante de la crisis sin que la sensibilidad pública haya sido orientada hacia nuevas aspiraciones valientes y concretas.

¿Cuáles pueden ser éstas? ¿Cuál debe ser el programa en torno al cual se articule el nuevo Gobierno? Este es el punto a que antes aludía, el punto que va a separar los hombres del orden y los hombres del caos. Aquéllos serán los que adopten desde luego una actitud de contenido revolucionario; éstos, los que se obstinen en no aceptar transformaciones radicales. Si triunfan hoy los últimos, el contenido revolucionario triunfará de todos modos mañana, pero en forma atrozmente revolucionaria. Ahora bien, la forma es lo único malo de las revoluciones.

La tranquilidad de España en los próximos meses depende, a mi juicio, de que exista un número suficiente de ciudadanos capaces de admitir esta proposición: dadas las circunstancias presentes y presumibles, se evitará tanto disturbio, convulsión y caos social, cuanto se anticipe de radicalismo en el programa del nuevo Gobierno. Toda timidez que impida llegar desde luego a un cierto mínimum de reforma interior, será fatal para unos y otros.

Dejando, pues, a un lado las modulaciones que en el detalle imponen las teorías políticas particulares, podrían ya definirse los temas esenciales de una política inminente. Entre esos temas esenciales hay, ante todo, tres capítulos de nueva legislación sustantiva, a saber: reforma constitucional, descentralización, política social.

Reforma constitucional.— Las Cortes Constituyentes habrán de discutir sin limitaciones el código fundamental; pero el programa de Gobierno debería destacar ciertas reformas para solidarizarse con ellas. La primera de todas había de ser la instauración de la absoluta libertad de conciencia, con perfecta secularización del Estado, aunque perduren las cargas de culto y clero.

La segunda sería el establecimiento de garantías eficaces para la invulnerabilidad de las libertades, según el principio siguiente: en una Constitución no existen las libertades cuando en esa Constitución no existen las garantías inequívocas e intangibles para esas libertades.

La tercera —consecuencia de la anterior— sería definir una acción por anticonstitucionalidad, y otra por abusos de autoridad con procedimientos rápidos y ejecutivos.

La cuarta sería la supresión del Senado, instituto anacrónico que es en los Estados contemporáneos la quinta rueda del carro.

Descentralización.— Es preciso adaptar la estructura del Estado español a la realidad nacional. Las distintas regiones de España se hallan en grados muy diversos de evolución histórica: Cataluña, el País Vasco, Aragón, Navarra, Asturias y Galicia poseen una conciencia colectiva diferencial, que aún no ha aparecido, que acaso en la misma forma no aparezca nunca en las Castillas, Extremadura y Andalucía. Por otra parte, Valencia y Murcia se encuentran en un período de transición que tal vez aguarda sólo circunstancias favorables para llegar a concretarse. Promúlguese una organización federativa que permita conceder la autonomía en formas graduales, según la necesidad de las regiones. El uniformismo legislativo, el derecho político, es cómodo, pero suele ser agostador de vitalidad. Si la realidad nacional es multiforme, séalo también la estructura legal.

Política social.— Si son urgentes los progresos significados en los dos capítulos anteriores, lo es mucho más iniciar una política social de carácter completamente nuevo. ¿En qué consiste este nuevo carácter? Hasta ahora, cuanto se ha hecho en materia social fue inspirado por una intención conservadora, en el peor sentido de este adjetivo. Desear que las cosas no se hagan de pronto, que lleguen paulatinas en lenta evolución, puede argüir delicadeza de temperamento y mansedumbre de humor. Pero no es ésta la condición de los conservadores, al menos de los españoles. Las leyes obreras que han otorgado, no significan un previo deseo de ir realizando la socialización de la sociedad: todo lo contrario. Para los conservadores, lejos de ser un ideal el socialismo, es la terrible amenaza que se cierne sobre la historia contemporánea. Hacer una ley social significa para ellos levantar un talud que contenga el socialismo.

Si invertimos los términos, tendremos una política social de signo contrario a la conservadora. Deseamos la socialización de la sociedad: esto supone la equiparación del obrero con las demás clases sociales, no sólo en el orden jurídico, sino en el económico, en el moral y en el intelectual. El llamado «movimiento obrero», con sus cooperativas, con sus propagandas, con sus huelgas, con sus organismos de resistencia, trata de conseguir esa equiparación integral. Pero lo hace con pocos medios y graves dificultades. Pues bien, que el Estado organice esa progresiva elevación de la clase obrera. La imposición más equitativa, la intervención en los conflictos del capital con el trabajo deberán hacerse más audaces. Pero no basta con esto. Es preciso que se cree lo que podríamos llamar un ministerio de Organización Obrera (partiendo, tal vez, de lo que hoy es el Instituto de Reformas Sociales). Su misión consistiría en emplear los medios superiores del Estado —buena parte de los gastos militares deberían transferirse a este ministerio— para lograr una educación intensiva del obrero, para ampliar enormemente su vida cooperativa, el socorro y el retiro. Y todo ello habría, naturalmente, de hacerse entregando el Estado sus medios, en la medida posible, a los obreros mismos, de suerte que este ministerio fuese como un sindicato de sindicatos. Excluyendo de él todos los conflictos atañederos a las huelgas, aparecerá más clara su diferencia de lo que suelen ser los llamados ministerios del Trabajo.

Estos son, en mi entender, los temas sustantivos del programa mínimo que las circunstancias exigen. Junto a ellos es forzoso situar otros dos puntos de carácter más adjetivo, pero que hoy, en España, adquieren importancia suma.

Otro día hablaré de ellos.

El Sol, 4 de noviembre de 1918