Ortega y Gasset
Abstract
A series on the crisis of the parliamentary institution: the crop of southern dictatorships (from Turkey to Spain) should not be dismissed with the «liberals’» comfortable indignation but explained like a natural phenomenon. Thesis: one cannot govern with parliament, nor without it; the democratic institutions it crowns were inspired by the muse of distrust.
Connections
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
I
NI CONTIGO NI SIN TI, LA CANCIÓN DEL PARLAMENTO
En sus últimos discursos, Mussolini parece abandonar la máscara de hombre de Plutarco que hasta ahora usaba, y más contemporáneo, menos prognata, solicita humanamente, ruega, depreca. Es interesante advertir cómo al primer tambaleo que sufre el fascismo, su jefe se agarra al Parlamento, como en un movimiento instintivo, lo mismo que al perder el equilibrio las manos del homo sapiens buscan automáticamente contacto con la tierra. ¿Quién lo diría? Hace dos años se presentaba ante esa misma institución con un gesto a lo Capeto, con látigo y botas de montar. Atribuía entonces al cuerpo de representantes un oficio coral y de armamento, nada más. Le exigía docilidad; de otro modo, anunciaba que gobernaría sin él, como si fuese la quinta rueda del carro del Estado. Ahora resulta que aquello sólo fue un ademán, y que, al menor peligro, en todo caso de gravedad se recae en el Parlamento, centro de la gravedad política. ¿En qué quedamos? ¿Será preciso cantar al Parlamento la vieja canción: «Ni contigo ni sin ti…»?
Yo creo que, en efecto, la vieja canción expresa certeramente la situación actual del Parlamento en toda Europa. No se puede gobernar con él, no se puede gobernar sin él.
Pero esto requiere algunas explicaciones. Los ensayos de dictadura que se han hecho en algunos países meridionales —desde Turquía hasta España— son demasiado coincidentes y numerosos para que no merezcan algo más que la cómoda irritación de los «liberales». Desde hace mucho tiempo los «liberales» reducen su actuación política a entusiasmarse o indignarse. Este hábito les ha conducido a la derrota. Yo creo que no huelga el propósito de entender, como se procura entender un fenómeno de la naturaleza, esta súbita cosecha de dictaduras que las últimas añadas han producido.
Claro es que una explicación suficiente de tan insólitas fructificaciones obligaría a remover los temas más difíciles de toda la historia contemporánea. Habría inclusive que salir de la política y penetrar en el secreto de las variaciones ideológicas y emotivas que se están preparando en el fondo del alma europea. Mas si nos contentamos con un esquema de explicación, cabe eludir tan larga y problemática faena. Afortunadamente, todas aquellas causas profundas convergen en una sola: la crisis de la institución parlamentaria. Las nuevas ideas, los nuevos sentimientos, los nuevos intereses dan en ella una proyección simplificada que permite reducir la vasta materia a las claras proporciones de un problema mecánico.
Desde muchos años antes de la guerra, en ninguna nación europea se hacía a fondo política interior. Se dejaban conflictos y cuestiones, cuando no intactos, transferidos mediante provisionales acomodos. Sólo preocupaba la política exterior. La guerra inminente ejercía un imperio exclusivo sobre la gobernación. Donde la amenaza bélica era menor, como en España, los vicios nativos rendían el mismo efecto: demora indefinida en la solución de las cuestiones, cada día más agudas y urgentes.
La posguerra viene a libertar paulatinamente a los pueblos de aquella obsesión internacional. Sus asuntos interiores, agravados por la persistente relegación, por las consecuencias de la guerra y por el frenesí de que Rusia había contagiado a las clases populares, requerían inmediata solución. Éste era el caso de Turquía, Grecia, Italia, y, con la diferencia antedicha, de España. Alemania, Francia, Inglaterra, más comprometidas por la guerra, puede decirse que aún no han salido de su zona de influencia. Mañana, pasado, les llegará su hora.
Es evidente que si en 1920 la institución parlamentaria hubiera poseído el prestigio que en otro tiempo gozó, a nadie se le habría ocurrido buscar solución a los conflictos públicos más que en forma parlamentaria. Sin embargo, entonces comienzan a brotar en el viejo árbol los frutos dictatoriales. ¿Por qué?
El pretexto, el motivo anecdótico, el tipo de hombre serán diferentes en cada país; pero todo eso es inesencial. El mecanismo decisivo por el cual han surgido las dictaduras parece ser idéntico en todas partes.
El Parlamento es la cima de las instituciones democráticas. En él se resume y destila el espíritu que anima a éstas. Ahora bien, las instituciones democráticas han sido inspiradas por la musa de la desconfianza. Ha presidido a su creación el deseo de corregir abusos, más que el afán de organizar los usos. El Parlamento es un aparato inventado más para la defensa y la crítica que para construir. La acción gubernativa requiere unidad, agilidad, competencia y un enérgico sentido de la responsabilidad personal, virtudes todas ajenas al organismo parlamentario cuya enorme masa es tan difícil de movilizar y se nutre además de irresponsabilidad. Este defecto original del Parlamento puede ser, no obstante, compensado en alguna medida merced a la formación de grandes mayorías —grandes, no sólo por el número, sino por el vigor y autoridad de sus convicciones. Una mayoría grande y densa permite instituir Gobiernos homogéneos con crédito social suficiente para gobernar en un sentido neto. Porque es ineludible: cada cuestión pública sólo puede ser resuelta en una dirección determinada, es decir, con parcialidad. A gusto de todos es imposible gobernar. Gobernar es imponer.
En los buenos tiempos de la democracia, las ideas políticas y los asuntos mismos poseían aquel mínimum de simplicidad que es necesario para organizar las masas nacionales en grupos gigantes y coherentes. Gracias a esto el Parlamento, bien que mal, pudo gobernar.
Pero desde hace veinte años las ideas políticas y los asuntos públicos han adquirido tal complejidad que el cuerpo social vive desparramado en innumerables direcciones. La ausencia de esas grandes mayorías parlamentarias —grandes en el sentido apuntado— es el dato más importante, a mi juicio, de la política europea en los últimos tiempos. Dondequiera hubo que formar Gobiernos heterogéneos, paladina y disfrazadamente heterogéneos, que eran elegidos en virtud de compromisos y ascendían al Poder precisamente a condición de no ejercerlo. Los años de guerra, exaltando el patriotismo, han abierto un paréntesis en este proceso de inercia gubernamental, que se había iniciado antes de la conflagración y se ha reanudado poco después de concluir ésta.
Por una forzosidad de mecánica política, la constitución actual de los Parlamentos convierte la gobernación en un arte de eludir el gobernar. Ahora bien, el hecho de que no se gobierne, de que el carro no marche es de todas las cosas la que mayor desprestigio trae para las instituciones del Poder público. Al grande y pequeño burgués, al obrero de tipo medio, que son las fuerzas decisivas a la larga, les traen sin cuidado los esquemas del idealismo político, sea «derechista» o «izquierdista». Quieren sólo que la barca navegue, y cuando se presenta alguien que con gesto resuelto pone una mano dura en el timón, la gente aplaude y no dedica, por el pronto, el menor freno a esas instituciones cuya infecundidad excita a su violación.
Con este razonamiento llego a aclararme un poco la sorprendente pululación de dictaduras que hoy ameniza el paisaje europeo. He querido darle expresión por si a algún lector le parece discreto.
Pero la «gente», la llamada «opinión pública», se equivoca siempre en el cálculo de sus deseos. Quiere que se gobierne, y, a este fin, presta su apoyo a quien promete, sea como sea, gobernar. Mas al poco tiempo advierte que también desea, que también necesita, como la respiración, el ejercicio de ciertas libertades y garantías. Entonces la función primaria del Parlamento —defensa y crítica— vuelve a ser sentida con urgencia.
El paso por la dictadura creo yo que será una admirable experiencia pedagógica para las sociedades actuales. Al cabo de ella, aprenderán las masas —que no se convencen con razones, sino por los efectos sufridos en su propia carne— que ciertas libertades no son, a la altura de estos tiempos, cuestiones políticas sobre que quepa, en principio, discusión. En el siglo XX esas libertades han dejado de ser banderas de combate para convertirse simplemente en principios universales como los de la cortesía. La cortesía fue una técnica adquirida al cabo de milenios para hacer fácil, suave, fecunda la convivencia privada. Hoy es ya un hábito fijo en el temperamento civilizado. Es un instinto. Parejamente la libertad política, al menos un mínimum de ella, ha llegado a ser simplemente un instinto de cortesía pública. Cuando un instante expulsamos este natural, vuelve pronto al galope. Así ha acontecido a Mussolini: después de la hora teatral ha venido la hora natural. Y para no perder el equilibrio se aferra al Parlamento.
Mas sería una vana ilusión de los «liberales» creer que en este vaivén no son de igual importancia ambas pulsaciones antagónicas. La verdad es que ni se puede gobernar sin el Parlamento ni se puede gobernar con él. Y no habrá equilibrio estable en las naciones europeas —e incluyo a Alemania, Francia e Inglaterra— mientras no se resuelva esa antinomia. Cosa, después de todo, nada difícil. Todo problema bien entendido es un problema casi resuelto.
El Sol, 29 de junio de 1924
II
DISOCIACIÓN NECESARIA DE PARLAMENTO Y GOBIERNO
I
NEITHER WITH YOU NOR WITHOUT YOU, THE SONG OF PARLIAMENT
In his latest speeches, Mussolini seems to abandon the mask of a Plutarchian man that he has used until now, and more contemporary, less prognathous, solicits humanely, begs, deprecates. It is interesting to note how at the first stagger that fascism suffers, its chief clings to Parliament, as in an instinctive movement, just as upon losing balance the hands of homo sapiens automatically seek contact with the earth. Who would say it? Two years ago he presented himself before that same institution with a gesture in the manner of Capet, with whip and riding boots. He attributed then to the body of representatives a choral and decorative office, nothing more. He demanded docility from it; otherwise, he announced, he would govern without it, as if it were the fifth wheel of the cart of the State. Now it turns out that that was only a gesture, and that, at the slightest danger, in every case of gravity one falls back on Parliament, centre of political gravity. Where do we stand? Will it be necessary to sing to Parliament the old song: «Neither with you nor without you…»?
I believe that, in effect, the old song expresses accurately the present situation of Parliament in all Europe. One cannot govern with it, one cannot govern without it.
But this requires some explanations. The experiments of dictatorship that have been made in some southern countries —from Turkey to Spain— are too coincident and numerous not to deserve something more than the comfortable irritation of the «liberals». For a long time the «liberals» have reduced their political action to getting enthusiastic or indignant. This habit has led them to defeat. I believe that the purpose of understanding, as one tries to understand a phenomenon of nature, this sudden harvest of dictatorships that the latest vintages have produced, is not superfluous.
It is clear that a sufficient explanation of such unusual fructifications would oblige one to remove the most difficult themes of all contemporary history. One would even have to leave politics and penetrate the secret of the ideological and emotive variations that are being prepared in the depths of the European soul. But if we content ourselves with a scheme of explanation, one can elude so long and problematic a task. Fortunately, all those deep causes converge into one alone: the crisis of the parliamentary institution. The new ideas, the new feelings, the new interests give in it a simplified projection that allows reducing the vast matter to the clear proportions of a mechanical problem.
From many years before the war, in no European nation was internal politics done thoroughly. Conflicts and questions were left, when not intact, transferred through provisional accommodations. Only foreign policy preoccupied. The imminent war exercised an exclusive empire over government. Where the warlike threat was lesser, as in Spain, the native vices yielded the same effect: indefinite delay in the solution of the questions, each day more acute and urgent.
The postwar period comes to liberate the peoples gradually from that international obsession. Their internal affairs, aggravated by the persistent relegation, by the consequences of the war and by the frenzy that Russia had communicated to the popular classes, required immediate solution. This was the case of Turkey, Greece, Italy, and, with the aforementioned difference, of Spain. Germany, France, England, more compromised by the war, can be said not yet to have left its zone of influence. Tomorrow, the day after, their hour will come.
It is evident that if in 1920 the parliamentary institution had possessed the prestige it once enjoyed, no one would have thought of seeking a solution to public conflicts other than in parliamentary form. However, then the dictatorial fruits begin to sprout on the old tree. Why?
The pretext, the anecdotal motive, the type of man will be different in each country; but all that is inessential. The decisive mechanism by which the dictatorships have arisen seems to be identical everywhere.
Parliament is the summit of democratic institutions. In it is summed up and distilled the spirit that animates them. Now, democratic institutions have been inspired by the muse of distrust. The desire to correct abuses has presided over their creation, more than the eagerness to organize customs. Parliament is an apparatus invented more for defence and criticism than for building. Governmental action requires unity, agility, competence and an energetic sense of personal responsibility, virtues all alien to the parliamentary organism whose enormous mass is so difficult to mobilize and which is moreover nourished by irresponsibility. This original defect of Parliament can, nevertheless, be compensated to some extent thanks to the formation of great majorities —great, not only by number, but by the vigour and authority of their convictions. A large and dense majority allows instituting homogeneous Governments with sufficient social credit to govern in a clear sense. Because it is unavoidable: each public question can only be resolved in one determined direction, that is, with partiality. To everyone’s liking it is impossible to govern. To govern is to impose.
In the good times of democracy, political ideas and the affairs themselves possessed that minimum of simplicity that is necessary to organize the national masses into giant and coherent groups. Thanks to this Parliament, for good or ill, could govern.
But for twenty years political ideas and public affairs have acquired such complexity that the social body lives scattered in innumerable directions. The absence of those great parliamentary majorities —great in the sense indicated— is the most important fact, in my judgement, of European politics in recent times. Wherever heterogeneous Governments had to be formed, openly and disguisedly heterogeneous, which were elected by virtue of compromises and rose to Power precisely on condition of not exercising it. The war years, exalting patriotism, have opened a parenthesis in this process of governmental inertia, which had begun before the conflagration and has been resumed shortly after its conclusion.
By a compulsion of political mechanics, the present constitution of Parliaments converts government into an art of eluding governing. Now, the fact that one does not govern, that the cart does not move, is of all things the one that brings greatest discredit upon the institutions of public Power. The great and small bourgeois, the average worker, who are the decisive forces in the long run, care nothing for the schemes of political idealism, be it «rightist» or «leftist». They want only that the boat sails, and when someone presents himself who with a resolute gesture puts a hard hand on the helm, people applaud and do not devote, for the moment, the least restraint to those institutions whose fruitlessness incites to their violation.
With this reasoning I manage to clarify for myself a little the surprising swarming of dictatorships that today enlivens the European landscape. I have wanted to give it expression in case some reader finds it discreet.
But the «people», the so-called «public opinion», always errs in the calculation of its desires. It wants one to govern, and, to this end, lends its support to whoever promises, however it may be, to govern. But shortly after it notices that it also desires, that it also needs, like breathing, the exercise of certain liberties and guarantees. Then the primary function of Parliament —defence and criticism— is again felt with urgency.
The passage through dictatorship, I believe, will be an admirable pedagogical experience for present societies. At its end, the masses —who are not convinced by reasons, but by the effects suffered in their own flesh— will learn that certain liberties are not, at the height of these times, political questions about which discussion is, in principle, possible. In the twentieth century those liberties have ceased to be banners of combat to become simply universal principles like those of courtesy. Courtesy was a technique acquired over millennia to make private coexistence easy, smooth, fruitful. Today it is already a fixed habit in the civilized temperament. It is an instinct. Similarly political liberty, at least a minimum of it, has come to be simply an instinct of public courtesy. When for an instant we expel this natural thing, it soon returns at a gallop. So it has happened to Mussolini: after the theatrical hour has come the natural hour. And not to lose his balance he clings to Parliament.
But it would be a vain illusion of the «liberals» to believe that in this to-and-fro both antagonistic pulsations are not of equal importance. The truth is that one can neither govern without Parliament nor govern with it. And there will be no stable equilibrium in the European nations —and I include Germany, France and England— until that antinomy is resolved. A thing, after all, not at all difficult. Every well understood problem is an almost solved problem.
El Sol, 29 June 1924
II
NECESSARY DISSOCIATION OF PARLIAMENT AND GOVERNMENT
I
NÉ CON TE NÉ SENZA DI TE, LA CANZONE DEL PARLAMENTO
Nei suoi ultimi discorsi, Mussolini sembra abbandonare la maschera di uomo di Plutarco che finora usava, e più contemporaneo, meno prognato, sollecita umanamente, prega, depreca. È interessante notare come al primo barcollamento che subisce il fascismo, il suo capo si aggrappa al Parlamento, come in un movimento istintivo, allo stesso modo che perdendo l’equilibrio le mani dell’homo sapiens cercano automaticamente contatto con la terra. Chi lo direbbe? Due anni fa si presentava davanti a quella stessa istituzione con un gesto alla Capeto, con frusta e stivali da monta. Attribuiva allora al corpo dei rappresentanti un ufficio corale e di armamento, niente di più. Gli esigeva docilità; altrimenti, annunciava che avrebbe governato senza di esso, come se fosse la quinta ruota del carro dello Stato. Ora risulta che quello fu soltanto un gesto, e che, al minimo pericolo, in ogni caso di gravità si ricade nel Parlamento, centro della gravità politica. In che cosa restiamo? Sarà necessario cantare al Parlamento la vecchia canzone: «Né con te né senza di te…»?
Io credo che, in effetti, la vecchia canzone esprima giustamente la situazione attuale del Parlamento in tutta Europa. Non si può governare con esso, non si può governare senza di esso.
Ma questo richiede alcune spiegazioni. I tentativi di dittatura che si sono fatti in alcuni paesi meridionali —dalla Turchia alla Spagna— sono troppo coincidenti e numerosi per non meritare qualcosa di più della comoda irritazione dei «liberali». Da molto tempo i «liberali» riducono la loro attuazione politica a entusiasmarsi o indignarsi. Questa abitudine li ha condotti alla sconfitta. Io credo che non sia superfluo il proposito di capire, come si cerca di capire un fenomeno della natura, questo improvviso raccolto di dittature che le ultime annate hanno prodotto.
Chiaro è che una spiegazione sufficiente di così insolite fruttificazioni obbligherebbe a rimuovere i temi più difficili di tutta la storia contemporanea. Ci sarebbe persino da uscire dalla politica e penetrare nel segreto delle variazioni ideologiche ed emotive che si stanno preparando in fondo all’anima europea. Ma se ci accontentiamo di uno schema di spiegazione, si può eludere così lunga e problematica fatica. Fortunatamente, tutte quelle cause profonde convergono in una sola: la crisi dell’istituzione parlamentare. Le nuove idee, i nuovi sentimenti, i nuovi interessi danno in essa una proiezione semplificata che permette di ridurre la vasta materia alle chiare proporzioni di un problema meccanico.
Da molti anni prima della guerra, in nessuna nazione europea si faceva a fondo politica interna. Si lasciavano conflitti e questioni, quando non intatti, trasferiti mediante provvisori accomodamenti. Preoccupava soltanto la politica estera. La guerra imminente esercitava un impero esclusivo sul governo. Dove la minaccia bellica era minore, come in Spagna, i vizi nativi rendevano lo stesso effetto: dilazione indefinita nella soluzione delle questioni, ogni giorno più acute e urgenti.
Il dopoguerra viene a liberare gradualmente i popoli da quella ossessione internazionale. I loro affari interni, aggravati dalla persistente relegazione, dalle conseguenze della guerra e dal furore che la Russia aveva contagiato alle classi popolari, richiedevano immediata soluzione. Questo era il caso della Turchia, della Grecia, dell’Italia, e, con la differenza suddetta, della Spagna. La Germania, la Francia, l’Inghilterra, più compromesse dalla guerra, si può dire che non siano ancora uscite dalla loro zona di influenza. Domani, dopo, verrà la loro ora.
È evidente che se nel 1920 l’istituzione parlamentare avesse posseduto il prestigio che in altro tempo godette, a nessuno sarebbe venuto in mente di cercare soluzione ai conflitti pubblici se non in forma parlamentare. Tuttavia, allora cominciano a germogliare nel vecchio albero i frutti dittatoriali. Perché?
Il pretesto, il motivo aneddotico, il tipo di uomo saranno diversi in ogni paese; ma tutto questo è inessenziale. Il meccanismo decisivo per il quale sono sorte le dittature sembra essere identico ovunque.
Il Parlamento è la cima delle istituzioni democratiche. In esso si riassume e si distilla lo spirito che anima queste ultime. Ora, le istituzioni democratiche sono state ispirate dalla musa della sfiducia. Ha presieduto alla loro creazione il desiderio di correggere abusi, più che l’ansia di organizzare gli usi. Il Parlamento è un apparato inventato più per la difesa e la critica che per costruire. L’azione governativa richiede unità, agilità, competenza e un energico senso della responsabilità personale, virtù tutte estranee all’organismo parlamentare la cui enorme massa è tanto difficile da mobilitare e si nutre inoltre di irresponsabilità. Questo difetto originale del Parlamento può essere, nondimeno, compensato in qualche misura grazie alla formazione di grandi maggioranze —grandi, non solo per il numero, ma per il vigore e l’autorità delle loro convinzioni. Una maggioranza grande e densa permette di istituire Governi omogenei con credito sociale sufficiente per governare in un senso netto. Perché è ineludibile: ogni questione pubblica può essere risolta soltanto in una direzione determinata, cioè, con parzialità. A gusto di tutti è impossibile governare. Governare è imporre.
Nei buoni tempi della democrazia, le idee politiche e gli stessi affari possedevano quel minimo di semplicità che è necessario per organizzare le masse nazionali in gruppi giganti e coerenti. Grazie a questo il Parlamento, bene o male, poté governare.
Ma da vent’anni le idee politiche e gli affari pubblici hanno acquistato tale complessità che il corpo sociale vive sparpagliato in innumerevoli direzioni. L’assenza di quelle grandi maggioranze parlamentari —grandi nel senso accennato— è il dato più importante, a mio giudizio, della politica europea negli ultimi tempi. Dovunque ci fu da formare Governi eterogenei, palesemente e dissimulatamente eterogenei, che erano eletti in virtù di compromessi e ascendevano al Potere precisamente a condizione di non esercitarlo. Gli anni di guerra, esaltando il patriottismo, hanno aperto una parentesi in questo processo d’inerzia governativa, che si era iniziato prima della conflagrazione e si è rinnovato poco dopo la conclusione di questa.
Per una forzosità di meccanica politica, la costituzione attuale dei Parlamenti converte il governo in un’arte di eludere il governare. Ora, il fatto che non si governi, che il carro non marci, è di tutte le cose quella che porta maggior discredito alle istituzioni del Potere pubblico. Al grande e piccolo borghese, all’operaio di tipo medio, che sono le forze decisive a lungo andare, non importano gli schemi dell’idealismo politico, sia «di destra» o «di sinistra». Vogliono soltanto che la barca navighi, e quando si presenta qualcuno che con gesto risoluto mette una mano dura al timone, la gente applaude e non dedica, per il momento, il minimo freno a quelle istituzioni la cui infecundità eccita alla loro violazione.
Con questo ragionamento arrivo a chiarirmi un poco la sorprendente pullulazione di dittature che oggi allieta il paesaggio europeo. Ho voluto darle espressione per caso a qualche lettore sembri discreto.
Ma la «gente», la cosiddetta «opinione pubblica», s’inganna sempre nel calcolo dei suoi desideri. Vuole che si governi, e, a questo fine, presta il suo appoggio a chi promette, comunque sia, governare. Ma di lì a poco avverte che desidera anche, che ha anche bisogno, come della respirazione, dell’esercizio di certe libertà e garanzie. Allora la funzione primaria del Parlamento —difesa e critica— torna a essere sentita con urgenza.
Il passaggio per la dittatura credo io che sarà un’ammirevole esperienza pedagogica per le società attuali. Al termine di essa, impareranno le masse —che non si convincono con ragioni, ma per gli effetti sofferti sulla propria carne— che certe libertà non sono, all’altezza di questi tempi, questioni politiche su cui possa, in principio, esservi discussione. Nel secolo XX quelle libertà hanno cessato di essere bandiere di combattimento per convertirsi semplicemente in principi universali come quelli della cortesia. La cortesia fu una tecnica acquistata al termine di millenni per rendere facile, soave, feconda la convivenza privata. Oggi è già un’abitudine fissa nel temperamento civile. È un istinto. Parimenti la libertà politica, almeno un minimo di essa, è arrivata a essere semplicemente un istinto di cortesia pubblica. Quando per un istante cacciamo questo naturale, torna presto al galoppo. Così è accaduto a Mussolini: dopo l’ora teatrale è venuta l’ora naturale. E per non perdere l’equilibrio si aggrappa al Parlamento.
Ma sarebbe una vana illusione dei «liberali» credere che in questo va e vieni non siano di uguale importanza entrambe le pulsazioni antagoniste. La verità è che né si può governare senza il Parlamento né si può governare con esso. E non ci sarà equilibrio stabile nelle nazioni europee —e includo la Germania, la Francia e l’Inghilterra— finché non si risolva quella antinomia. Cosa, dopo tutto, niente affatto difficile. Ogni problema ben inteso è un problema quasi risolto.
El Sol, 29 giugno 1924
II
DISOCIAZIONE NECESSARIA DI PARLAMENTO E GOVERNO
No se puede gobernar con el Parlamento, pero es imposible gobernar sin él. ¿Por qué ha de ser difícil resolver esta antítesis en una síntesis? Solo sería, no ya difícil, sino imposible en el caso de que la democracia prolongase definitivamente su anquilosamiento de treinta años y no volviese a tener plasticidad bastante para inventar nuevas instituciones. Pero entonces la antítesis se resolvería en otra forma. El espíritu democrático, bizantinizado, sucumbiría víctima de su propia esclerosis y a la par dejaría de ser una necesidad contar con el Parlamento. La democracia, que lo ha engendrado, tiene adscritos a él sus destinos: o acierta a reformarlo, o desaparecerá como fuerza histórica.
Porque de esto se trata, nada más. Reforma del Parlamento. Mas no de leves, adjetivas modificaciones en su estructura y procedimientos, sino de una radical desarticulación de sus poderes actuales. Si es imposible gobernar sin Parlamento, se debe evidentemente a que ejerce alguna función necesaria y la ejerce con suficiencia. Esta función se le debe mantener aumentándosele y depurándola. Pero, viceversa, si no es posible gobernar con él, quiere decirse que es inepto para ejercer otra función, por lo visto, no menos esencial en la fisiología política. ¡Pues bien: la gran razón para retirársela!
Y no parece que pueda dudarse mucho sobre cuál función ejerce bien y cuál otra estorba. El Parlamento ha sido pensado como órgano expresivo de la voluntad popular. En nuestro tiempo, no sólo teóricamente corresponde al pueblo la soberanía, sino que la organización de la vida moderna, tan solidaria y porosa que sobre cualquier punto social hace actuar todo el resto, obligaría en cualquier instante a contar con él. Con fórmula negativa resulta esto más evidente: en una nación contemporánea sería imposible gobernar contra la voluntad popular, cosa que en otras latitudes históricas ha sido muchas veces un hecho constituido.
El Parlamento es un aparato inventado con el fin de mantener continuamente, normalmente, un mínimum de coincidencia entre el estado de espíritu de la sociedad y la trayectoria de su gobernación. Para el pueblo significa la garantía de que no se gobierna contra sus deseos. Para el Gobierno significa el potencial eléctrico donde se carga constantemente de autoridad. Un Gobierno sin contacto con un órgano formal de la voluntad pública no posee esa energía misteriosa que irradia del acto imperativo cuando es plenamente legal y se llama autoridad. Tenemos, pues, tres operaciones que el Parlamento puede ejecutar correctamente: expresar la voluntad pública, garantizar al pueblo su cumplimiento y autorizar a los Gobiernos. En realidad, estas tres actividades son aristas diferentes de una sola función: el ejercicio de la soberanía.
Pero la soberanía es cosa completamente distinta de la gobernación. La soberanía es un atributo de la voluntad: se quiere una cosa o no se quiere; no hay más. Gobernar es resolver problemas, es prever, es conocimiento y destreza. Supone, por tanto, aptitudes específicas. El gran acierto de la democracia —en principio, aunque no en la realidad— fue separar lo uno de lo otro, distinguir los rangos y condiciones de ambas materias. La soberanía es un derecho, el sumo derecho. La gobernación no es más que una técnica. Posteriormente la democracia ha vuelto a confundir las cosas, e, imitando al antiguo régimen, intentó un momento que el soberano gobernase.
Se comprende que un instituto como el Parlamento, fabricado para ejercer la soberanía, no sirva para gobernar. Es más: toda proximidad entre acción parlamentaria y gobierno impurifica ambas funciones. El gobierno que vive en el Parlamento no será bien fiscalizado por él, y viceversa; el Gobierno necesita garantías frente al Parlamento, garantías de que no ha de ser perturbado en su labor técnica de gobernante ni deprimido en la dignidad, que es un elemento de esta técnica.
Pero, a su vez, el Parlamento que intervenga en la gobernación, y directa o indirectamente influya en el nombramiento de los peatones o de los jueces, perderá sin remedio su prestigio. Es preciso que el Soberano mantenga el decoro de su rango y se sitúe a distancia de la vida cotidiana.
En España no se ha llegado aún al llamado Gobierno parlamentario, es decir, a que el Parlamento sea quien por sí o a reserva del refrendo real nombre los gobernantes. No hay cosa en política que no tenga sus inconvenientes; pero sumando y restando las experiencias de aquí y de fuera, el resultado hace deseable que se instaure en España. Sería, entre otras cosas, una prenda que permitiría sin suspicacias juiciosas de nadie satisfacer el otro término de la antítesis.
El Gobierno elegido por el Parlamento debe, una vez exaltado, hacerse independiente de él. Para esto debería contar con un mínimum de perduración, constitucionalmente determinado. No es posible gobernar en serio cuando se está a merced de los oleajes parlamentarios. Es preciso que la soberanía y la gobernación aparezcan, según son, como dos intereses antagonistas que en su antagonismo se regulan automáticamente. Y si hay que garantizar al Parlamento frente a los Gobiernos, no es menos ineludible garantizar a los Gobiernos frente a los Parlamentos. Dótese a éstos de una acción especial de tipo acusatorio contra aquéllos. Parece frívolo que la misma corporación que nombra un Gobierno pueda a los tres meses derribarlo, sin que el hecho trascienda de los hábitos cotidianos del Parlamento. ¿No es más razonable que un Gobierno sólo pueda ser derrocado en virtud de una acusación? Claro es que esta acusación había de ser más viable y de otro tipo que la hoy existente. Los juristas podían definir aquí una nueva forma de acción contra los Gobiernos, pareja a las que se van instituyendo contra los abusos en el ejercicio de autoridad.
Hay que hacer al Parlamento, en lo posible, irresponsable de la gobernación. Si ha de ser juez, conviene alejarle de la complicidad. Viceversa: hay que hacer al Gobierno irresponsable de los accidentes parlamentarios.
Cómo pueda construirse todo esto es cosa de que podrían hablar los entendidos en derecho político. Yo ignoro sobre manera esta ciencia tan sugestiva; mas creo que, de uno u otro modo, fuera deseable hacer algo parecido a lo apuntado.
Pero, claro es, este propósito de renovar paralelamente el prestigio de Parlamento y Gobierno no queda cumplido con que, siendo lo que hoy son, se los separe y enfronte. Sobre todo en España, el Parlamento requiere muchas otras trasformaciones si ha de volver a ser una institución respetada. Sobre ello irán unas palabras otro día.
El Sol, 3 de julio de 1924
III
EL PARLAMENTO: CÓMO DIGNIFICAR SU FUNCIÓN
Un día u otro será preciso volver al Parlamento. Pero, ¿a cuál? ¿Al antiguo? Sería retroceder a la fuente de todas las desdichas y reiterar el lamentable proceso. Es forzoso, pues, inventar otro nuevo. Dentro de la simplificación de las cuestiones a que obliga la cortesía con el lector, consideraba yo días pasados que la causa última de nuestros trastornos políticos es el desprestigio de la institución parlamentaria. No se concibe que el Estado pueda tornar a un equilibrio estable mientras no se consiga dotar de nueva dignidad al Parlamento. Mas para ello sería necesaria una reforma profunda de la institución. Sólo un Parlamento cuya fisonomía institucional se parezca muy poco a la precedente tendrá algunas probabilidades de condensar los escasos efluvios de autoridad aún existentes en España. Porque ésta es la condición decisiva para que un Estado repose sólidamente: que alguien en él tenga autoridad. Pero la autoridad es una mística sustancia, más volátil que el éter e indócil al capricho. No sirve de nada ser la autoridad, y es vano abrir la garra para arrebatarla. La autoridad, como la gracia, se tiene o no. En las sociedades modernas no es posible que una persona tenga autoridad política, como no sea en el azar de una hora. Sólo puede tenerla plenamente una institución. ¿Cómo imaginar en España un Parlamento que atraiga sobre sí ese místico don de la autoridad?
Para dignificar al Parlamento es preciso dignificar su función y sus funcionarios. Ambos menesteres deben atenderse por separado.
One cannot govern with Parliament, but it is impossible to govern without it. Why must it be difficult to resolve this antithesis in a synthesis? It would be not merely difficult, but impossible in the case that democracy definitively prolonged its thirty-year stiffness and did not regain enough plasticity to invent new institutions. But then the antithesis would be resolved in another form. The democratic spirit, Byzantinized, would succumb victim of its own sclerosis and at the same time it would cease to be a necessity to count on Parliament. Democracy, which has engendered it, has its destinies attached to it: either it manages to reform it, or it will disappear as a historical force.
Because this is what it is about, nothing more. Reform of Parliament. But not of slight, adjectival modifications in its structure and procedures, but of a radical disarticulation of its present powers. If it is impossible to govern without Parliament, it is evidently because it exercises some necessary function and exercises it with sufficiency. This function must be maintained for it, increasing and purifying it. But, conversely, if it is not possible to govern with it, it means that it is inept at exercising another function, seemingly no less essential in the political physiology. Well then: the great reason for withdrawing it from it!
And it does not seem that one can doubt much about which function it exercises well and which other it hinders. Parliament has been conceived as an expressive organ of the popular will. In our time, not only theoretically does sovereignty correspond to the people, but the organization of modern life, so solidary and porous that on any social point it makes all the rest act, would oblige at every instant to count on it. With a negative formula this becomes more evident: in a contemporary nation it would be impossible to govern against the popular will, a thing which in other historical latitudes has many times been a constituted fact.
Parliament is an apparatus invented with the aim of maintaining continuously, normally, a minimum of coincidence between the state of spirit of society and the trajectory of its government. For the people it signifies the guarantee that one does not govern against its desires. For the Government it signifies the electric potential where it constantly charges itself with authority. A Government without contact with a formal organ of the public will does not possess that mysterious energy that radiates from the imperative act when it is fully legal and is called authority. We have, then, three operations that Parliament can execute correctly: express the public will, guarantee to the people its fulfilment and authorize Governments. In reality, these three activities are different edges of a single function: the exercise of sovereignty.
But sovereignty is a completely different thing from government. Sovereignty is an attribute of the will: one wants a thing or does not want it; there is nothing more. To govern is to resolve problems, it is to foresee, it is knowledge and skill. It supposes, therefore, specific aptitudes. The great success of democracy —in principle, although not in reality— was to separate the one from the other, to distinguish the ranks and conditions of both matters. Sovereignty is a right, the supreme right. Government is nothing more than a technique. Subsequently democracy has gone back to confusing things, and, imitating the old regime, tried for a moment that the sovereign govern.
It is understood that an institute like Parliament, fabricated to exercise sovereignty, does not serve to govern. What is more: every proximity between parliamentary action and government impurifies both functions. The government that lives in Parliament will not be well supervised by it, and vice versa; the Government needs guarantees before Parliament, guarantees that it shall not be perturbed in its technical work of governing nor depressed in dignity, which is an element of this technique.
But, in turn, Parliament that intervenes in government, and directly or indirectly influences the appointment of the foot-officials or of the judges, will irremediably lose its prestige. The Sovereign must maintain the decorum of its rank and place itself at a distance from daily life.
In Spain one has not yet arrived at the so-called parliamentary Government, that is, at Parliament being the one who, by itself or subject to the royal counter-signature, names the governors. There is no thing in politics that does not have its inconveniences; but adding and subtracting the experiences of here and abroad, the result makes it desirable that it be established in Spain. It would be, among other things, a pledge that would allow, without judicious suspicions from anyone, satisfying the other term of the antithesis.
The Government elected by Parliament must, once exalted, make itself independent of it. For this it should count on a minimum of duration, constitutionally determined. It is not possible to govern seriously when one is at the mercy of the parliamentary swells. The sovereignty and the government must appear, as they are, as two antagonistic interests that in their antagonism regulate themselves automatically. And if one must guarantee Parliament against Governments, it is no less unavoidable to guarantee Governments against Parliaments. Let the latter be given a special action of accusatory type against the former. It seems frivolous that the same corporation that names a Government can three months later bring it down, without the fact transcending the daily habits of Parliament. Is it not more reasonable that a Government can only be overthrown by virtue of an accusation? It is clear that this accusation would have to be more viable and of another type than the one existing today. Jurists could define here a new form of action against Governments, comparable to those that are being instituted against abuses in the exercise of authority.
One must make Parliament, as far as possible, irresponsible for government. If it is to be judge, it is fitting to distance it from complicity. Vice versa: one must make the Government irresponsible for the parliamentary accidents.
How all this can be constructed is a matter about which experts in political law could speak. I am exceedingly ignorant of this so suggestive science; but I believe that, in one way or another, it would be desirable to do something similar to what has been sketched.
But, it is clear, this purpose of renewing in parallel the prestige of Parliament and Government is not fulfilled by, being what they are today, separating them and setting them face to face. Above all in Spain, Parliament requires many other transformations if it is to be again a respected institution. On this some words will go another day.
El Sol, 3 July 1924
III
PARLIAMENT: HOW TO DIGNIFY ITS FUNCTION
One day or another it will be necessary to return to Parliament. But, to which? To the ancient one? That would be to go back to the source of all misfortunes and reiterate the lamentable process. It is forced, then, to invent a new one. Within the simplification of the questions to which courtesy with the reader obliges, I considered in days past that the ultimate cause of our political disorders is the discredit of the parliamentary institution. It is inconceivable that the State can return to a stable equilibrium as long as one does not succeed in endowing Parliament with new dignity. But for this a profound reform of the institution would be necessary. Only a Parliament whose institutional physiognomy resembles very little the preceding one will have some probability of condensing the scarce effluvia of authority still existing in Spain. Because this is the decisive condition for a State to rest solidly: that someone in it have authority. But authority is a mystical substance, more volatile than ether and indocile to caprice. It is useless to be authority, and it is vain to open the claw to snatch it. Authority, like grace, is had or not. In modern societies it is not possible for a person to have political authority, except in the chance of an hour. Only an institution can fully have it. How to imagine in Spain a Parliament that draws upon itself that mystical gift of authority?
To dignify Parliament it is necessary to dignify its function and its functionaries. Both tasks must be attended to separately.
Non si può governare con il Parlamento, ma è impossibile governare senza di esso. Perché deve essere difficile risolvere questa antitesi in una sintesi? Sarebbe non già difficile, ma impossibile nel caso che la democrazia prolungasse definitivamente il suo irrigidimento di trent’anni e non tornasse ad avere plasticità bastante per inventare nuove istituzioni. Ma allora l’antitesi si risolverebbe in altra forma. Lo spirito democratico, bizantinizzato, soccomberebbe vittima della propria sclerosi e insieme cesserebbe di essere una necessità contare col Parlamento. La democrazia, che lo ha generato, vi ha ascritti i suoi destini: o riesce a riformarlo, o sparirà come forza storica.
Perché di questo si tratta, niente di più. Riforma del Parlamento. Ma non di lievi, aggettive modificazioni nella sua struttura e nei suoi procedimenti, ma di una radicale disarticolazione dei suoi poteri attuali. Se è impossibile governare senza Parlamento, si deve evidentemente al fatto che esercita qualche funzione necessaria e la esercita con sufficienza. Questa funzione gli si deve mantenere aumentandola e depurandola. Ma, viceversa, se non è possibile governare con esso, vuol dire che è inetto a esercitare un’altra funzione, a quanto pare, non meno essenziale nella fisiologia politica. Ebbene: la grande ragione per ritirargliela!
E non sembra che si possa dubitare molto su quale funzione eserciti bene e quale altra intralci. Il Parlamento è stato pensato come organo espressivo della volontà popolare. Nel nostro tempo, non soltanto teoricamente corrisponde al popolo la sovranità, ma l’organizzazione della vita moderna, così solidale e porosa che su qualunque punto sociale fa agire tutto il resto, obbligherebbe in ogni istante a contare con esso. Con formula negativa risulta questo più evidente: in una nazione contemporanea sarebbe impossibile governare contro la volontà popolare, cosa che in altre latitudini storiche è stata molte volte un fatto costituito.
Il Parlamento è un apparato inventato al fine di mantenere continuamente, normalmente, un minimo di coincidenza tra lo stato di spirito della società e la traiettoria del suo governo. Per il popolo significa la garanzia che non si governa contro i suoi desideri. Per il Governo significa il potenziale elettrico dove si carica costantemente di autorità. Un Governo senza contatto con un organo formale della volontà pubblica non possiede quell’energia misteriosa che irradia dall’atto imperativo quando è pienamente legale e si chiama autorità. Abbiamo, dunque, tre operazioni che il Parlamento può eseguire correttamente: esprimere la volontà pubblica, garantire al popolo il suo adempimento e autorizzare i Governi. In realtà, queste tre attività sono spigoli diversi di una sola funzione: l’esercizio della sovranità.
Ma la sovranità è cosa completamente distinta dal governo. La sovranità è un attributo della volontà: si vuole una cosa o non la si vuole; non c’è altro. Governare è risolvere problemi, è prevedere, è conoscenza e destrezza. Suppone, quindi, attitudini specifiche. Il grande azzecco della democrazia —in principio, sebbene non nella realtà— fu separare l’una cosa dall’altra, distinguere i ranghi e le condizioni di entrambe le materie. La sovranità è un diritto, il sommo diritto. Il governo non è che una tecnica. Posteriormente la democrazia è tornata a confondere le cose, e, imitando l’antico regime, tentò un momento che il sovrano governasse.
Si comprende che un istituto come il Parlamento, fabbricato per esercitare la sovranità, non serva a governare. È di più: ogni prossimità tra azione parlamentare e governo impurifica entrambe le funzioni. Il governo che vive nel Parlamento non sarà bene fiscalizzato da esso, e viceversa; il Governo ha bisogno di garanzie davanti al Parlamento, garanzie che non debba essere perturbato nel suo lavoro tecnico di governante né depresso nella dignità, che è un elemento di questa tecnica.
Ma, a sua volta, il Parlamento che intervenga nel governo, e diretta o indirettamente influisca nella nomina dei pedoni o dei giudici, perderà senza rimedio il suo prestigio. È preciso che il Sovrano mantenga il decoro del suo rango e si collochi a distanza dalla vita quotidiana.
In Spagna non si è ancora arrivati al cosiddetto Governo parlamentare, cioè, a che il Parlamento sia colui che per sé o a riserva della controfirma reale nomini i governanti. Non c’è cosa in politica che non abbia i suoi inconvenienti; ma sommando e sottraendo le esperienze di qui e di fuori, il risultato rende desiderabile che si instauri in Spagna. Sarebbe, tra l’altro, una garanzia che permetterebbe senza sospetti giudiziosi di nessuno di soddisfare l’altro termine dell’antitesi.
Il Governo eletto dal Parlamento deve, una volta esaltato, farsi indipendente da esso. Per questo dovrebbe contare con un minimo di perdurazione, costituzionalmente determinato. Non è possibile governare sul serio quando si è alla mercé dei marosi parlamentari. È preciso che la sovranità e il governo appaiano, come sono, come due interessi antagonisti che nel loro antagonismo si regolano automaticamente. E se bisogna garantire il Parlamento di fronte ai Governi, non è meno ineludibile garantire i Governi di fronte ai Parlamenti. Si doti a questi ultimi di un’azione speciale di tipo accusatorio contro quelli. Sembra frivolo che la stessa corporazione che nomina un Governo possa ai tre mesi rovesciarlo, senza che il fatto trascenda dalle abitudini quotidiane del Parlamento. Non è più ragionevole che un Governo possa essere soltanto rovesciato in virtù di un’accusa? Chiaro è che questa accusa dovrebbe essere più praticabile e di altro tipo di quella oggi esistente. I giuristi potrebbero definire qui una nuova forma di azione contro i Governi, pari a quelle che si vanno istituendo contro gli abusi nell’esercizio di autorità.
Bisogna rendere il Parlamento, per quanto possibile, irresponsabile del governo. Se deve essere giudice, conviene allontanarlo dalla complicità. Viceversa: bisogna rendere il Governo irresponsabile degli accidenti parlamentari.
Come possa costruirsi tutto questo è cosa di cui potrebbero parlare gli intendenti di diritto politico. Io ignoro oltre modo questa scienza così suggestiva; ma credo che, in un modo o nell’altro, sarebbe desiderabile fare qualcosa di simile a quanto accennato.
Ma, chiaro è, questo proposito di rinnovare parallelamente il prestigio di Parlamento e Governo non resta adempiuto con che, essendo ciò che oggi sono, li si separi e li si metta di fronte. Soprattutto in Spagna, il Parlamento richiede molte altre trasformazioni se deve tornare a essere un’istituzione rispettata. Su questo andranno alcune parole un altro giorno.
El Sol, 3 luglio 1924
III
IL PARLAMENTO: COME DIGNIFICARE LA SUA FUNZIONE
Un giorno o l’altro sarà preciso tornare al Parlamento. Ma, a quale? A quello antico? Sarebbe retrocedere alla fonte di tutte le disgrazie e reiterare il lamentevole processo. È forzoso, dunque, inventarne uno nuovo. Dentro la semplificazione delle questioni a cui obbliga la cortesia col lettore, consideravo io giorni passati che la causa ultima dei nostri trastorni politici è il discredito dell’istituzione parlamentare. Non si concepisce che lo Stato possa tornare a un equilibrio stabile finché non si riesca a dotare di nuova dignità il Parlamento. Ma per questo sarebbe necessaria una riforma profonda dell’istituzione. Soltanto un Parlamento la cui fisionomia istituzionale somigli molto poco alla precedente avrà alcune probabilità di condensare gli scarsi effluvi di autorità ancora esistenti in Spagna. Perché questa è la condizione decisiva perché uno Stato riposi solidamente: che qualcuno in esso abbia autorità. Ma l’autorità è una mistica sostanza, più volatile dell’etere e indocile al capriccio. Non serve a nulla essere l’autorità, ed è vano aprire la zampa per rapirla. L’autorità, come la grazia, si ha o non si ha. Nelle società moderne non è possibile che una persona abbia autorità politica, se non nell’azzardo di un’ora. Soltanto può averla pienamente un’istituzione. Come immaginare in Spagna un Parlamento che attiri su di sé quel mistico dono dell’autorità?
Per dignificare il Parlamento è preciso dignificare la sua funzione e i suoi funzionari. Entrambi i mestieri devono essere curati separatamente.
Es un poco absurdo hablar tan patéticamente del Parlamento, como hacen los demócratas, y encargarle a la par de faenas tan ínfimas. Resulta grotesco que la representación de la soberanía tenga que ocuparse de la nueva carreterita allá en la aldea serrana, o del oscuro peatón que el diputado nombra en su distrito apremiando al ministro. Es inmoral, asimismo, que el representante de la voluntad pública pida al Gobierno un juez domesticado para su distrito. Es ridículo que el jefe del Gabinete tenga que contestar a un discurso donde se le ataca porque en el villorrio un guardia civil ha dado un palo a un concejal, o un concejal a un guardia civil. Es bochornoso que el cuerpo entero de los diputados haya de discutir uno por uno los artículos de una ley de Instrucción pública, porque esto sólo puede servir para que se ponga de manifiesto la incompetencia de los diputados. Peor que todo esto es la escena consuetudinaria en que medio Parlamento pugna por derribar al Gobierno, acumulando sobre él denuestos, gratuitas acusaciones, etcétera. Todo este arcaico repertorio de unos parlamentarios, que tanto complace a los políticos de antaño, creo yo que repugna a la sensibilidad actual.
La dignidad del Parlamento exige que se le dispense de intervenir directa ni indirectamente en las menudencias de la existencia diaria. Las pequeñas pasiones, las enanas intrigas que forzosamente trabajan en esas cuestiones inferiores, van corroyendo día por día el prestigio de la soberana institución.
Se dirá que en el asunto más pequeño puede resplandecer la mayor virtud. Heráclito, en la cocina, grita a sus amigos, que no se deciden: «Entrad, entrad, que también aquí hay dioses»; y Santa Teresa aseguraba que Dios anda entre los pucheros. Todo esto es posible, pero nada más. Lo seguro será tratar a los pucheros como tales y alejarnos de ellos cuando no nos convenga mancharnos.
Las cuestiones menores tienen sólo una importancia menor, y parece natural que a ellas atienda un órgano menos excelso. Pero hay, además, otra razón que aconseja su eliminación de la actividad parlamentaria. La inmensa mayoría de ellas consiste en asuntos locales. Ahora bien: el Parlamento nacional no debe entender en los asuntos locales. En primer lugar, porque no entiende de ellos y los trata frívolamente. En segundo lugar, porque insignificantes si se los mira en la gran perspectiva de la vida nacional, son de mucho momento situados en el paisaje provincial.
Una de las mayores desdichas de la vida pública española es la inercia de los provinciales. En buena parte se debe ésta a que se ha extirpado a la provincia, a la región, el ejercicio de dirigir su propia vida. Los problemas locales son resueltos por unos señores en Madrid. ¿Cómo va a apasionarse por ellos el comarcano? Fuera más fecundo que casi todas las cuestiones locales quedasen manipuladas en asambleas de región. Esto descargaría al Parlamento de operar sobre lo que no le cuadra, y permitiría que la masa provincial se organizase y educase políticamente.
Quedarían para el Parlamento las ingentes faenas de rango nacional, la alta legislación, la suprema vigilancia sobre los Gobiernos, la última instancia para el ciudadano que la autoridad vejase. De esta suerte, la nobleza del oficio emanaría sobre la institución suprema una atmósfera de dignidad y de respeto. Podría vivir como a distancia de la pequeñez y el arrebato cotidiano. Los Parlamentos continentales son hijos de los clubs revolucionarios y han heredado de éstos una porción de malas mañas que conviene enérgicamente rectificar. Tales son la populachería, la turbulencia y un gusto plebeyo por escenas de bajo dramatismo.
El nuevo Parlamento debe funcionar con poca frecuencia y gran solemnidad, debe decidir sobre pocas y elevadas cuestiones, debe mantenerse a una patética distancia de lo menudo y cotidiano. Sólo así puede restablecer y sustentar la dignidad de su función.
El Sol, 12 de julio de 1924
IV
LAS ASAMBLEAS REGIONALES Y EL CACIQUISMO
Entre otras mil plagas que sufre la vida política española conviene contar la falta de originalidad de sus instituciones. Se las ha importado de otros pueblos y otros tiempos. Denunciar esto no significa una invitación al casticismo político. Después de todo, el casticismo no es más que un extranjerismo en la dimensión temporal. Querer rehabilitar una institución española del siglo XV me parece mucho más indiscreto que traer otra de la Francia actual. Porque un español de la Edad Media nos es más extraño que un francés contemporáneo nuestro. Dejémonos, pues, de casticismo, peteneras y sardanas. En cambio, sería deseable que por una vez se intentase cortar unas instituciones a la medida del cuerpo español actual. Urge tanto más hacer esto cuanto que el cuerpo español es bastante deforme y yace tullido.
Bastaría para acertar, con atender, sin prejuicios, bien abiertos los ojos, a la realidad nacional, y seguir dócilmente las líneas de su estructura. Si el talle es un poco basto, y, como va dicho, sobremanera deforme, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que se renuncie a la arcaica política de principios. Un saludable empirismo, afín del estilo vital contemporáneo, nos guiará mejor. Donde veamos un problema constitutivo dibujémoslo dándole acomodo en la armazón que proyectamos. Luego bastará con una revisión del conjunto para conseguir que las piezas se articulen sin graves perturbaciones. Todo cuerpo tiene su anatomía, inclusive el enfermo. Y es de él, no de nuestra cabeza, de donde habremos de sacarla. A la postre, las instituciones no deben ser otra cosa que la expresión jurídica de la viviente anatomía nacional. Del mismo modo, la buena arquitectura procura que la forma exterior del edificio no sea sino la manifestación del dinamismo interno que lo mantiene en pie.
Buscando maneras de restaurar la dignidad del Parlamento, indicaba yo ayer que es imprescindible eliminar de él casi todas las cuestiones locales. Unas asambleas regionales se ocuparían de éstas, y así cada problema quedaría resuelto en el lugar donde se planteó, no como ahora que la grava de una calzada coruñesa tiene que ser discutida en la carrera de San Jerónimo. Estas asambleas regionales, además de tonificar la existencia provincial, de educarla y organizarla políticamente, descargarían al Parlamento de mucha obra muerta que hoy le abruma.
Pero hay en pro de esas asambleas o pequeños Parlamentos excéntricos, otra razón más que merece consideración aparte.
Si es cierto que los trastornos políticos de España provienen del desprestigio en que cayó el Parlamento, es bueno no olvidar quién fue el agente de ese desprestigio.
Una cosa en que todos, presumo, estamos de acuerdo es que el aparato sustentador de la vieja política, lo que la mantenía en pie y le proporcionaba vigor y aliento, era el caciquismo. En él se resume y cifra todo lo esencial del usado régimen.
El caciquismo ha sido la forma real de organización política vigente en España durante los últimos cincuenta años. Las instituciones establecidas, los edificios legales, la democracia, el parlamentarismo, etcétera, eran sólo líneas imaginarias, como los coluros astronómicos, dentro de cuyas retículas espectrales se había instalado la única y efectiva realidad del caciquismo.
¿Qué es el caciquismo? La organización oficial del Estado español determinaba que el ejercicio del Poder público había de reducirse a aplicar leyes, esto es, normas objetivas, iguales para todos, y que los llamados a aplicarlas, las autoridades, eran responsables de esta operación. En el caciquismo u organización real del Estado español, por el contrario, el ejercicio del Poder no era la aplicación de leyes o normas objetivas, sino la imposición de la voluntad de ciertas personas, los caciques, que eran irresponsables. Por la intervención de los caciques en las elecciones resultaba que todas las leyes concretas eran propiamente una mera legalización de aquellas voluntades privadas. El Estado democrático pretendía ser una colectividad de ciudadanos, de sujetos de derecho, unidos entre sí por el nexo impersonal de las leyes. El caciquismo era un Estado sin leyes, sin nada jurídico, impersonal y objetivo; era una colectividad de hombres de carne y hueso, unidos por relaciones puramente personales y privadas. En la aldea, tal individuo tenía unos amigos y un grupo de clientes agradecidos o temerosos; ese individuo era el cacique de primer grado. Su pequeño «Estado» tenía como principios de cohesión la simpatía o el temor de unos hombres a otros. En la capital, otro individuo había reunido en más amplia articulación a esos caciques de primer grado: era el cacique de segundo grado. Por último, en Madrid un «político» concentraba periódicamente en su tertulia a esos caciques de segundo grado, actuando sobre ellos con las mismas fuerzas mágicas de la simpatía, el favor o la persecución.
It is a little absurd to speak so pathetically of Parliament, as the democrats do, and at the same time entrust it with such menial tasks. It turns out grotesque that the representation of sovereignty has to deal with the new little road there in the mountain village, or with the obscure foot-official whom the deputy appoints in his district pressing the minister. It is immoral, likewise, that the representative of the public will asks the Government for a tamed judge for his district. It is ridiculous that the head of the Cabinet has to answer a speech where he is attacked because in the hamlet a civil guard has struck a councillor, or a councillor a civil guard. It is shameful that the whole body of deputies has to discuss one by one the articles of a law of public Instruction, because this can only serve to make manifest the incompetence of the deputies. Worse than all this is the customary scene in which half of Parliament strives to bring down the Government, heaping upon it insults, gratuitous accusations, etcetera. All this archaic repertory of certain parliamentarians, which so pleases the politicians of yore, I believe repels the current sensibility.
The dignity of Parliament requires that it be dispensed from intervening directly or indirectly in the minutiae of daily existence. The small passions, the dwarfed intrigues that necessarily work in those inferior questions, go corroding day by day the prestige of the sovereign institution.
It will be said that in the smallest matter the greatest virtue may shine. Heraclitus, in the kitchen, shouts to his friends, who do not make up their minds: «Come in, come in, for here too there are gods»; and Saint Teresa assured that God walks among the pots. All this is possible, but nothing more. The safe thing will be to treat the pots as such and to move away from them when it does not suit us to get dirty.
The minor questions have only a minor importance, and it seems natural that a less exalted organ attend to them. But there is, moreover, another reason that advises their elimination from parliamentary activity. The immense majority of them consists of local affairs. Now: the national Parliament must not take cognizance of local affairs. In the first place, because it does not understand them and treats them frivolously. In the second place, because insignificant if they are looked at in the great perspective of national life, they are of much moment situated in the provincial landscape.
One of the greatest misfortunes of Spanish public life is the inertia of the provincials. In good part this is due to the fact that the province, the region, has been deprived of the exercise of directing its own life. Local problems are solved by certain gentlemen in Madrid. How is the local man going to grow passionate about them? It would be more fruitful if almost all local questions remained handled in regional assemblies. This would unburden Parliament from operating on what does not suit it, and would allow the provincial mass to organize itself and educate itself politically.
There would remain for Parliament the huge tasks of national rank, the high legislation, the supreme vigilance over Governments, the last instance for the citizen whom authority vexed. In this way, the nobility of the office would make an atmosphere of dignity and respect emanate over the supreme institution. It could live as at a distance from smallness and daily agitation. The continental Parliaments are children of the revolutionary clubs and have inherited from them a portion of bad habits that it is fitting to energetically rectify. Such are rabble-rousing, turbulence and a plebeian taste for scenes of low drama.
The new Parliament must function with little frequency and great solemnity, must decide on few and elevated questions, must keep itself at a pathetic distance from the petty and the daily. Only thus can it restore and sustain the dignity of its function.
El Sol, 12 July 1924
IV
THE REGIONAL ASSEMBLIES AND THE CACIQUE SYSTEM
Among other thousand plagues that Spanish political life suffers, it is fitting to count the lack of originality of its institutions. They have been imported from other peoples and other times. Denouncing this does not signify an invitation to political casticism. After all, casticism is nothing more than a foreignism in the temporal dimension. To want to rehabilitate a Spanish institution of the fifteenth century seems to me much more indiscreet than bringing another from present-day France. Because a medieval Spaniard is more foreign to us than a contemporary Frenchman of ours. Let us, then, leave aside casticism, peteneras and sardanas. In exchange, it would be desirable that for once one tried to cut institutions to the measure of the present Spanish body. This is all the more urgent as the Spanish body is quite deformed and lies crippled.
It would suffice, in order to hit the mark, to attend, without prejudices, eyes wide open, to national reality, and follow docilely the lines of its structure. If the waist is a little coarse, and, as has been said, exceedingly deformed, what are we to do? The important thing is that the archaic politics of principles be renounced. A healthy empiricism, akin to the contemporary vital style, will guide us better. Wherever we see a constitutive problem let us draw it giving it accommodation in the framework we project. Then a review of the whole will suffice to obtain that the pieces articulate without grave disturbances. Every body has its anatomy, including the sick one. And it is from it, not from our head, that we shall have to take it out. In the end, institutions must be nothing other than the juridical expression of the living national anatomy. In the same way, good architecture procures that the exterior form of the building be nothing other than the manifestation of the internal dynamism that keeps it standing.
Seeking ways to restore the dignity of Parliament, I indicated yesterday that it is indispensable to eliminate from it almost all local questions. Certain regional assemblies would deal with these, and thus each problem would remain resolved in the place where it arose, not as now that the gravel of a Corunna roadway has to be discussed in the carrera de San Jerónimo. These regional assemblies, besides tonifying the provincial existence, educating it and organizing it politically, would unburden Parliament of much dead weight that today oppresses it.
But there is, in favour of those assemblies or small eccentric Parliaments, another reason that deserves separate consideration.
If it is true that the political disorders of Spain come from the discredit into which Parliament fell, it is good not to forget who was the agent of that discredit.
One thing in which all, I presume, are agreed is that the sustaining apparatus of the old politics, what kept it standing and provided it vigour and breath, was the cacique system. In it is summed up and enciphered all the essential of the worn-out regime.
The cacique system has been the real form of political organization in force in Spain during the last fifty years. The established institutions, the legal buildings, democracy, parliamentarism, etcetera, were only imaginary lines, like the astronomical colures, within whose spectral reticles the only and effective reality of the cacique system had installed itself.
What is the cacique system? The official organization of the Spanish State determined that the exercise of public Power had to be reduced to applying laws, that is, objective norms, equal for all, and that those called to apply them, the authorities, were responsible for this operation. In the cacique system or real organization of the Spanish State, on the contrary, the exercise of Power was not the application of laws or objective norms, but the imposition of the will of certain persons, the caciques, who were irresponsible. Through the intervention of the caciques in the elections it resulted that all concrete laws were properly a mere legalization of those private wills. The democratic State pretended to be a collectivity of citizens, of subjects of law, united among themselves by the impersonal nexus of the laws. The cacique system was a State without laws, without anything juridical, impersonal and objective; it was a collectivity of men of flesh and blood, united by purely personal and private relations. In the village, such an individual had some friends and a group of grateful or fearful clients; that individual was the cacique of the first degree. His small «State» had as principles of cohesion the sympathy or the fear of some men towards others. In the capital, another individual had gathered in broader articulation those caciques of the first degree: he was the cacique of the second degree. Finally, in Madrid a «politician» periodically concentrated in his tertulia those caciques of the second degree, acting upon them with the same magical forces of sympathy, favour or persecution.
È un po’ assurdo parlare tanto pateticamente del Parlamento, come fanno i democratici, e incaricarlo a un tempo di faccende così infime. Risulta grottesco che la rappresentanza della sovranità debba occuparsi della nuova stradicciola là nel villaggio di montagna, o dell’oscuro pedone che il deputato nomina nel suo distretto incalzando il ministro. È immorale, altresì, che il rappresentante della volontà pubblica chieda al Governo un giudice addomesticato per il suo distretto. È ridicolo che il capo del Gabinetto debba rispondere a un discorso dove lo si attacca perché nel paesucolo una guardia civile ha dato un colpo a un consigliere, o un consigliere a una guardia civile. È vergognoso che l’intero corpo dei deputati debba discutere uno per uno gli articoli di una legge d’Istruzione pubblica, perché questo può servire soltanto a che si renda manifesta l’incompetenza dei deputati. Peggiore di tutto questo è la scena consuetudinaria in cui mezzo Parlamento lotta per rovesciare il Governo, accumulando su di esso ingiurie, gratuite accuse, eccetera. Tutto questo arcaico repertorio di certi parlamentari, che tanto compiace i politici di un tempo, credo io che ripugni alla sensibilità attuale.
La dignità del Parlamento esige che lo si dispensi dall’intervenire direttamente né indirettamente nelle minuzie dell’esistenza quotidiana. Le piccole passioni, i nani intrighi che forzosamente lavorano in quelle questioni inferiori, vanno corrodendo giorno per giorno il prestigio della sovrana istituzione.
Si dirà che nell’argomento più piccolo può risplendere la più grande virtù. Eraclito, in cucina, grida ai suoi amici, che non si decidono: «Entrate, entrate, che anche qui ci sono dèi»; e Santa Teresa assicurava che Dio cammina tra le pentole. Tutto questo è possibile, ma niente di più. Il sicuro sarà trattare le pentole come tali e allontanarcene quando non ci convenga sporcarci.
Le questioni minori hanno soltanto un’importanza minore, e sembra naturale che ad esse attenda un organo meno eccelso. Ma c’è, inoltre, un’altra ragione che consiglia la loro eliminazione dall’attività parlamentare. La stragrande maggioranza di esse consiste in affari locali. Ora: il Parlamento nazionale non deve intendere negli affari locali. In primo luogo, perché non li intende e li tratta frivolamente. In secondo luogo, perché insignificanti se li si guarda nella grande prospettiva della vita nazionale, sono di molto momento collocati nel paesaggio provinciale.
Una delle maggiori disgrazie della vita pubblica spagnola è l’inerzia dei provinciali. In buona parte si deve questa al fatto che si è estirpato alla provincia, alla regione, l’esercizio di dirigere la propria vita. I problemi locali sono risolti da certi signori a Madrid. Come potrà appassionarsene il contadino? Sarebbe più fecondo che quasi tutte le questioni locali restassero manipolate in assemblee di regione. Questo scaricherebbe il Parlamento dall’operare su ciò che non gli si addice, e permetterebbe che la massa provinciale si organizzasse e si educasse politicamente.
Rimarrebbero per il Parlamento le immani faccende di rango nazionale, l’alta legislazione, la suprema vigilanza sui Governi, l’ultima istanza per il cittadino che l’autorità vessasse. In questo modo, la nobiltà dell’ufficio farebbe emanare sull’istituzione suprema un’atmosfera di dignità e di rispetto. Potrebbe vivere come a distanza dalla piccolezza e dall’ira quotidiana. I Parlamenti continentali sono figli dei clubs rivoluzionari e hanno ereditato da questi una porzione di cattive abitudini che conviene energicamente rettificare. Tali sono la demagogia, la turbolenza e un gusto plebeo per scene di basso drammatismo.
Il nuovo Parlamento deve funzionare con poca frequenza e grande solennità, deve decidere su poche ed elevate questioni, deve mantenersi a una patetica distanza dal minuto e dal quotidiano. Soltanto così può ristabilire e sostenere la dignità della sua funzione.
El Sol, 12 luglio 1924
IV
LE ASSEMBLEE REGIONALI E IL CACIQUISMO
Tra altre mille piaghe che soffre la vita politica spagnola conviene contare la mancanza di originalità delle sue istituzioni. Le si è importate da altri popoli e altri tempi. Denunciare questo non significa un invito al casticismo politico. Dopo tutto, il casticismo non è che uno stranierismo nella dimensione temporale. Voler riabilitare un’istituzione spagnola del secolo XV mi sembra molto più indiscreto che portarne un’altra dalla Francia attuale. Perché uno spagnolo del Medioevo ci è più estraneo di un francese contemporaneo nostro. Lasciamo, dunque, stare casticismo, peteneras e sardane. In cambio, sarebbe desiderabile che una volta si tentasse di tagliare delle istituzioni a misura del corpo spagnolo attuale. Urge tanto più fare questo quanto più il corpo spagnolo è abbastanza deforme e giace storpiato.
Basterebbe per azzeccare, con l’attenzione, senza pregiudizi, ben aperti gli occhi, alla realtà nazionale, e seguire docilmente le linee della sua struttura. Se il vitino è un po’ rozzo, e, come s’è detto, oltre modo deforme, che ci facciamo? L’importante è che si rinunci all’arcaica politica dei principi. Un salutare empirismo, affine allo stile vitale contemporaneo, ci guiderà meglio. Dove vediamo un problema costitutivo disegniamolo dandogli alloggio nell’armatura che progettiamo. Poi basterà una revisione dell’insieme per ottenere che i pezzi si articolino senza gravi perturbazioni. Ogni corpo ha la sua anatomia, incluso l’infermo. Ed è da esso, non dalla nostra testa, che dovremo tirarla fuori. Alla fin fine, le istituzioni non devono essere altro che l’espressione giuridica della vivente anatomia nazionale. Del pari, la buona architettura procura che la forma esteriore dell’edificio non sia che la manifestazione del dinamismo interno che lo mantiene in piedi.
Cercando maniere di restaurare la dignità del Parlamento, indicavo ieri che è imprescindibile eliminare da esso quasi tutte le questioni locali. Certe assemblee regionali si occuperebbero di queste, e così ogni problema resterebbe risolto nel luogo dove si pose, non come ora che la ghiaia di una carreggiata corugnese deve essere discussa nella carriera di San Gerolamo. Queste assemblee regionali, oltre a tonificare l’esistenza provinciale, a educarla e organizzarla politicamente, scaricherebbero il Parlamento di molta opera morta che oggi lo opprime.
Ma c’è in pro di quelle assemblee o piccoli Parlamenti eccentrici, un’altra ragione che merita considerazione a parte.
Se è certo che i trastorni politici della Spagna provengono dal discredito in cui cadde il Parlamento, è bene non dimenticare chi fu l’agente di quel discredito.
Una cosa in cui tutti, presumo, siamo d’accordo è che l’apparato sostenitore della vecchia politica, ciò che la manteneva in piedi e le forniva vigore e alito, era il caciquismo. In esso si riassume e si cifra tutto l’essenziale del logoro regime.
Il caciquismo è stato la forma reale di organizzazione politica vigente in Spagna durante gli ultimi cinquant’anni. Le istituzioni stabilite, gli edifici legali, la democrazia, il parlamentarismo, eccetera, erano soltanto linee immaginarie, come i coluri astronomici, dentro le cui reticoli spettrali si era installata l’unica ed effettiva realtà del caciquismo.
Che cos’è il caciquismo? L’organizzazione ufficiale dello Stato spagnolo determinava che l’esercizio del Potere pubblico dovesse ridursi ad applicare leggi, cioè, norme oggettive, uguali per tutti, e che i chiamati ad applicarle, le autorità, erano responsabili di questa operazione. Nel caciquismo o organizzazione reale dello Stato spagnolo, al contrario, l’esercizio del Potere non era l’applicazione di leggi o norme oggettive, ma l’imposizione della volontà di certe persone, i caciques, che erano irresponsabili. Per l’intervento dei caciques nelle elezioni risultava che tutte le leggi concrete erano propriamente una mera legalizzazione di quelle volontà private. Lo Stato democratico pretendeva di essere una collettività di cittadini, di soggetti di diritto, uniti tra sé dal nesso impersonale delle leggi. Il caciquismo era uno Stato senza leggi, senza nulla di giuridico, impersonale e oggettivo; era una collettività di uomini di carne e ossa, uniti da relazioni puramente personali e private. Nel villaggio, tale individuo aveva degli amici e un gruppo di clienti riconoscenti o timorosi; quell’individuo era il cacique di primo grado. Il suo piccolo «Stato» aveva come principi di coesione la simpatia o il timore di certi uomini verso altri. Nella capitale, un altro individuo aveva riunito in più ampia articolazione quei caciques di primo grado: era il cacique di secondo grado. Infine, a Madrid un «politico» concentrava periodicamente nella sua tertulia quei caciques di secondo grado, agendo su di essi con le stesse forze magiche della simpatia, del favore o della persecuzione.
Esta trabazón de «amigos» formaba un edificio de ancha base y punta aguda: la pirámide caciquil. Cada partido político era una de estas pirámides, y el paisaje egipciaco que componían representaba la verdadera y única realidad del Estado español. ¿La justicia? ¿El respeto a los derechos del prójimo, simplemente por ser derechos, quienquiera que sea el prójimo? ¿Fervor por el mérito de los mejores? ¿Asco hacia la vileza e ineptitud de los peores? ¿Reverencia ante los destinos nacionales y reflexión sobre sus condiciones y urgencias? ¿Afición o curiosidad por la ciencia, por la técnica, por el arte, por el decoro urbano, por los residuos del pasado, por las posibilidades del futuro? Nada de esto influía en el alma del cacique, cualquiera que fuera su grado, e influía tanto menos cuanto más se descendía del «político» al cacique provincial, del provincial al de aldea. Los únicos poderes vigentes, eficaces, eran la simpatía o antipatía, el favor o el daño.
Con unas u otras palabras se ha dicho esto innumerables veces, y no creo que dé ocasión a graves discrepancias. Pero ahora llegamos a un punto en que, probablemente, el camino de algunos lectores y el mío se van a separar.
Sobre ese caciquismo en cuya definición hemos concordado, se pueden formar dos juicios radicalmente opuestos, y es urgente para el beneficio de España que esta radical oposición conste en forma clara. Se puede pensar, en efecto, una de estas dos cosas: que el caciquismo era un abuso, un crimen cometido por los caciques contra la voluntad de los españoles, o, por el contrario, que el caciquismo es la forma de organización pública deseada, exigida y realizada por la inmensa mayoría de los españoles.
Se comprende que de la política nacional, de su pasado, y, lo que más importa, de su porvenir, tendrán una idea muy distinta quien piense lo primero y quien piense lo segundo. Por mi parte, no hallo pretexto para la menor vacilación; estoy convencido plenamente de que el caciquismo es la única forma de gobierno que habrá en España mientras no se obligue a los españoles a cambiar de ser, o, al menos, se combinen las instituciones en forma que esa índole nativa quede en este punto burlada.
Con expresión más plástica, yo preguntaría a toda persona capaz de reflexión: Si mañana fuesen ahorcados todos los caciques, ¿quién cree usted que ejercerá efectivamente el Poder dentro de dos años, en la aldea, en la provincia, en la nación? Sospecho que la respuesta, si era sincera, sería unánime: dentro de dos años, en la aldea, en la provincia, en la nación, gobernarán los caciques. Como el cangrejo a quien arrancan una pinza, la regenera al punto, y plasma otra igual, el pueblo español, si le amputan hoy los caciques, engendrará muy pronto otros semejantes. Todas las leyes, reglamentos y golpes de Estado serán perfectamente inútiles, mientras se fíe en la espontaneidad de nuestro pueblo. El único medio posible para evitarlo tiene que comenzar por reconocer, resueltamente, que del caciquismo no tienen la culpa sólo los caciques, sino también los cacicados; que los responsables de la vieja política no son tanto los gobernantes como los gobernados.
Con la excepción de muy reducidas minorías, cada español es un cacique nato. Cuando no se le logra el apetito es un cacique fracasado, y entonces siente un odio profundo hacia el cacique triunfante. Pero el victorioso y el fallido poseen exactamente el mismo espíritu de privadas devociones y nacional impiedad.
Es preciso, sin embargo, hacer una distinción, por lo menos, de grado. Ya antes la he sugerido. El espíritu caciquil es tanto más denso cuanto más descendemos de la capitalidad nacional en dirección a la aldea. El hogar de donde el caciquismo brota está en la provincia. Es el fruto inevitable de esa existencia sórdida, chabacana, de horizonte angosto, encerrada en breve órbita. El cacique provincial es el verdadero cacique. El de Madrid es sólo su asegurador.
Pues bien: como es ilusorio querer por medios políticos —la política es toda externidad, y cuando más ortopedia— anular la vieja política, y, según el buen don Antonio Maura decía, «extirpar el caciquismo», sólo cabe un remedio: confinarlos, acordonarlos en la vida provincial que los engendra. Este confinamiento de la vieja política es, a mi juicio, su única terapéutica probable. Homeopatía. Similia similibus. Cuando el cacique local comete un atropello, es irresponsable, porque oficialmente el atropello se consuma en Madrid, o, al menos, se le ampara. No; conviene que el atropello sea consumado cerca del atropellado. Que queden frente a frente los caciques locales, y se den de las astas.
Este nuevo menester podían cumplir las asambleas regionales, los pequeños Parlamentos excéntricos, abiertos múltiplemente sobre el área española, como ventiladores de la hermética vida provincial.
En tanto, podría esa otra entidad más amplia y más alta, que es el Estado español, vacar a más egregias ocupaciones.
El Sol, 13 de julio de 1924
V
CÓMO SE PUEDEN TENER MEJORES PARLAMENTARIOS
Había dicho que la dignificación del Parlamento exige la doble faena de dignificar su función y sus funcionarios. Ya se ha visto cómo, a mi juicio, para dignificar la función es preciso reducirla procurando que el instituto de soberanía sólo intervenga en los grandes temas nacionales. Todo lo que es cuestión local debe quedar adscrito a unas asambleas regionales. Pero poco se conseguiría con esto si la casta de personas que van a ejercer la dignidad parlamentaria sigue siendo la misma que hasta aquí, y, además, continúa sometida a las mismas presiones.
Es forzoso seleccionar el personal del Parlamento. Para ello conviene, ante todo, hacer lo mismo que se ha indicado a propósito de la función: reducirlo. La institución parlamentaria es un globo que se viene desinflando hace veinte años. Lo más urgente es soltar lastre a fin de remontarlo otra vez avivando su virtud aerostática. Cuatrocientos diputados son demasiados. Con doscientos o pocos más habría carne parlamentaria suficiente para todo menester, máxime si, como yo creo debido, se simplifica la jurisdicción de las Cortes concretándola a los asuntos específicamente nacionales.
Es vana ilusión buscar en España cuatrocientos diputados egregios. No, ciertamente, porque falte en España número tal de personas excelentes. Claro es que las hay y con mucho reboso. Pero es utópico suponer que van a estar prontas para ocuparse de política. La mayor parte de los hombres mejores no irán nunca a ella por creer que les faltan las condiciones peculiares del oficio público, o carecer de afición. No se eche en olvido que en todo el mundo se da hoy el fenómeno de huir la acción política casi todas las personalidades de algún vuelo. Las razones que explican esta crisis general de la fauna política no importan ahora mucho. Ello es que esa fuga de los mejores amengua sobremanera la legión de personas egregias entre las que cabe elegir.
Por otra parte, repito, no existe razón ninguna de peso en favor de ese número cuatrocientos. A la verdad, sólo una sinrazón le ha dado origen. Precisamente la que más urge combatir.
Se quiso, en efecto, dar al pequeño distrito una intervención inmediata en el poder legislativo. A este fin se procuró dividir la nación en mínimas parcelas electorales, especie de microcosmos de soberanía, y se arrojó sobre el Parlamento su proyección esquemática. El resultado empírico de este propósito dio la cifra de cuatrocientos.
Tal principio se originaba, a su vez, en un ideal democrático que hoy está anticuado. Se creyó que el progreso y perfección de la democracia debía buscarse en una aproximación a la democracia directa, al plebiscito. Los políticos contaminados de neoclasicismo cometían el error de aceptar como ideal de la Europa contemporánea las formas políticas de Atenas y Roma. Hoy la democracia ha rectificado este error y comprende que su progreso y eficiencia está más bien en oposición con el régimen plebiscitario.
De todas suertes, el Parlamento debe sus vicios mayores a esta génesis, a esta su oriundez de pequeños distritos. Porque en la mayor parte de éstos no existe, naturalmente, la menor sensibilidad para los problemas políticos. En su lugar, actúan las pasiones privadas, sórdidas y estériles. Es, pues, una falsedad querer constituir un cuerpo político con partículas totalmente apolíticas. Esta falsedad originaria fluye luego por todas las venas de nuestra vida pública.
La condición esencial para que tenga algún decoro el Parlamento es que se corte su comunicación con el pequeño distrito. Queden éstos como base democrática de las asambleas regionales.
Los parlamentarios deben, en cambio, representar grandes porciones del territorio: las regiones. Cada una de éstas podía elegir una veintena de diputados. Una elección por lista y con alguno de los sistemas de proporcionalidad —que sólo han resultado eficaces en cuerpos de electores muy numerosos— evitaría casi todas las repugnantes, aldeanas corruptelas del sufragio en nuestro país. Una región entera no es fácil de muñir.
This interweaving of «friends» formed an edifice of broad base and sharp point: the cacique pyramid. Each political party was one of these pyramids, and the Egyptian landscape they composed represented the true and only reality of the Spanish State. Justice? Respect for the rights of one’s neighbour, simply because they are rights, whoever the neighbour may be? Fervour for the merit of the best? Disgust towards the vileness and ineptitude of the worst? Reverence before the national destinies and reflection on their conditions and urgencies? Affection or curiosity for science, for technique, for art, for urban decorum, for the residues of the past, for the possibilities of the future? None of this influenced the soul of the cacique, whatever his degree, and it influenced the less the more one descended from the «politician» to the provincial cacique, from the provincial to the village one. The only effective, operative powers were sympathy or antipathy, favour or harm.
With one words or another this has been said innumerable times, and I do not believe it gives occasion to grave discrepancies. But now we arrive at a point where, probably, the path of some readers and mine will separate.
On that cacique system in whose definition we have agreed, two radically opposed judgements can be formed, and it is urgent for the benefit of Spain that this radical opposition be set down in clear form. One can think, indeed, one of these two things: that the cacique system was an abuse, a crime committed by the caciques against the will of the Spaniards, or, on the contrary, that the cacique system is the form of public organization desired, demanded and realized by the immense majority of the Spaniards.
It is understood that of national politics, of its past, and, what matters most, of its future, he who thinks the first and he who thinks the second will have a very different idea. For my part, I find no pretext for the least hesitation; I am fully convinced that the cacique system is the only form of government there will be in Spain as long as the Spaniards are not obliged to change their being, or, at least, the institutions are not combined in such a form that that native nature remains on this point thwarted.
With a more plastic expression, I would ask every person capable of reflection: If tomorrow all the caciques were hanged, who do you think will effectively exercise Power within two years, in the village, in the province, in the nation? I suspect that the answer, if sincere, would be unanimous: within two years, in the village, in the province, in the nation, the caciques will govern. Like the crab from which a claw is torn, which regenerates it at once and fashions another equal one, the Spanish people, if today the caciques are amputated from it, will very soon engender other similar ones. All laws, regulations and coups d’état will be perfectly useless, as long as one relies on the spontaneity of our people. The only possible means to avoid it must begin by recognizing, resolutely, that the cacique system is not only the fault of the caciques, but also of the cacicados; that the responsables of the old politics are not so much the rulers as the ruled.
With the exception of very reduced minorities, every Spaniard is a born cacique. When his appetite does not succeed he is a failed cacique, and then he feels a deep hatred towards the triumphant cacique. But the victor and the failure possess exactly the same spirit of private devotions and national impiety.
It is necessary, however, to make a distinction, at least, of degree. Already before I have suggested it. The cacique spirit is the denser the more we descend from the national capital towards the village. The hearth from which the cacique system springs is in the province. It is the inevitable fruit of that sordid, shabby existence, of narrow horizon, shut in a brief orbit. The provincial cacique is the true cacique. The one from Madrid is only its insurer.
Well then: as it is illusory to want by political means —politics is all externality, and at most orthopaedics— to annul the old politics, and, according to the good Don Antonio Maura said, «extirpate the cacique system», only one remedy remains: to confine them, to cordon them off in the provincial life that engenders them. This confinement of the old politics is, in my judgement, its only probable therapeutics. Homeopathy. Similia similibus. When the local cacique commits an outrage, he is irresponsible, because officially the outrage is consummated in Madrid, or, at least, is sheltered. No; it is fitting that the outrage be consummated near the outraged one. Let the local caciques remain face to face, and lock horns.
This new task could be fulfilled by the regional assemblies, the small eccentric Parliaments, opened multiply over the Spanish area, like ventilators of the hermetic provincial life.
Meanwhile, that other broader and higher entity, which is the Spanish State, could attend to more egregious occupations.
El Sol, 13 July 1924
V
HOW BETTER PARLIAMENTARIANS CAN BE HAD
I had said that the dignification of Parliament demands the double task of dignifying its function and its functionaries. It has already been seen how, in my judgement, to dignify the function it is necessary to reduce it, procuring that the institute of sovereignty intervene only in the great national themes. Everything that is a local question must remain attached to regional assemblies. But little would be gained with this if the caste of people who are going to exercise parliamentary dignity continues to be the same as up to now, and, moreover, continues subjected to the same pressures.
It is forced to select the personnel of Parliament. For this it is fitting, first of all, to do the same as has been indicated with regard to the function: reduce it. The parliamentary institution is a balloon that has been deflating for twenty years. The most urgent thing is to release ballast in order to raise it again, reviving its aerostatic virtue. Four hundred deputies are too many. With two hundred or a few more there would be parliamentary flesh enough for every task, above all if, as I believe due, the jurisdiction of the Cortes is simplified by concentrating it on specifically national affairs.
It is a vain illusion to seek in Spain four hundred egregious deputies. No, certainly, because such a number of excellent persons is lacking in Spain. It is clear that they exist and with much to spare. But it is utopian to suppose that they are going to be ready to deal with politics. Most of the best men will never go to it for believing they lack the peculiar conditions of the public office, or for lacking inclination. Let it not be forgotten that today in the whole world the phenomenon occurs of almost all personalities of some stature fleeing political action. The reasons that explain this general crisis of the political fauna do not matter much now. The fact is that that flight of the best greatly diminishes the legion of egregious persons among whom one can choose.
On the other hand, I repeat, there is no weighty reason whatsoever in favour of that number four hundred. In truth, only an unreason has given rise to it. Precisely the one it is most urgent to combat.
It was wanted, in effect, to give the small district an immediate intervention in the legislative power. To this end one sought to divide the nation into minimal electoral parcels, a species of microcosms of sovereignty, and its schematic projection was cast upon Parliament. The empirical result of this purpose gave the figure of four hundred.
Such a principle originated, in turn, in a democratic ideal that today is outdated. It was believed that the progress and perfection of democracy should be sought in an approximation to direct democracy, to the plebiscite. The politicians contaminated with neoclassicism committed the error of accepting as ideal of contemporary Europe the political forms of Athens and Rome. Today democracy has rectified this error and understands that its progress and efficiency lies rather in opposition to the plebiscitary regime.
In any case, Parliament owes its greatest vices to this genesis, to this its origin from small districts. Because in most of these there does not exist, naturally, the least sensitivity for political problems. In its place, private, sordid and sterile passions act. It is, then, a falsity to want to constitute a political body with totally apolitical particles. This original falsity flows afterwards through all the veins of our public life.
The essential condition for Parliament to have some decorum is that its communication with the small district be cut. Let these remain as democratic base of the regional assemblies.
The parliamentarians must, in exchange, represent great portions of the territory: the regions. Each one of these could elect some twenty deputies. An election by list and with some of the systems of proportionality —which have only proved effective in very numerous bodies of electors— would avoid almost all the repugnant, yokel corruptions of the suffrage in our country. A whole region is not easy to rig.
Questo intreccio di «amici» formava un edificio di larga base e punta aguzza: la piramide del caciquismo. Ogni partito politico era una di queste piramidi, e il paesaggio egiziaco che componevano rappresentava la vera e unica realtà dello Stato spagnolo. La giustizia? Il rispetto dei diritti del prossimo, semplicemente perché sono diritti, chiunque sia il prossimo? Fervore per il merito dei migliori? Disgusto verso la viltà e l’inettitudine dei peggiori? Riverenza dinanzi ai destini nazionali e riflessione sulle loro condizioni e urgenze? Affezione o curiosità per la scienza, per la tecnica, per l’arte, per il decoro urbano, per i residui del passato, per le possibilità del futuro? Nulla di tutto ciò influiva nell’anima del cacico, qualunque fosse il suo grado, e influiva tanto meno quanto più si discendeva dal «politico» al cacico provinciale, dal provinciale a quello di villaggio. I soli poteri vigenti, efficaci, erano la simpatia o l’antipatia, il favore o il danno.
Con queste o quelle parole si è detto questo innumerevoli volte, e non credo che dia occasione a gravi discrepanze. Ma ora giungiamo a un punto in cui, probabilmente, il cammino di alcuni lettori e il mio si separeranno.
Su quel caciquismo nella cui definizione siamo concordi, si possono formulare due giudizi radicalmente opposti, ed è urgente per il beneficio della Spagna che questa radicale opposizione risulti in forma chiara. Si può pensare, infatti, una di queste due cose: che il caciquismo fosse un abuso, un crimine commesso dai caciques contro la volontà degli spagnoli, o, al contrario, che il caciquismo sia la forma di organizzazione pubblica desiderata, richiesta e realizzata dall’immensa maggioranza degli spagnoli.
Si comprende che della politica nazionale, del suo passato, e, ciò che più importa, del suo avvenire, avranno un’idea molto diversa chi pensi la prima e chi pensi la seconda. Da parte mia, non trovo pretesto per la minima esitazione; sono pienamente convinto che il caciquismo è l’unica forma di governo che vi sarà in Spagna finché non si obblighi gli spagnoli a cambiare d’essere, o, almeno, si combinino le istituzioni in guisa che quella indole nativa rimanga in questo punto beffata.
Con espressione più plastica, io domanderei a ogni persona capace di riflessione: se domani fossero impiccati tutti i caciques, chi crede Lei che eserciterà effettivamente il Potere fra due anni, nel villaggio, nella provincia, nella nazione? Sospetto che la risposta, se era sincera, sarebbe unanime: fra due anni, nel villaggio, nella provincia, nella nazione, governeranno i caciques. Come il granchio a cui strappano una chela, la rigenera al punto, e ne plasma un’altra uguale, il popolo spagnolo, se gli amputano oggi i caciques, genererà ben presto altri simili. Tutte le leggi, i regolamenti e i colpi di Stato saranno perfettamente inutili, finché ci si fidi della spontaneità del nostro popolo. L’unico mezzo possibile per evitarlo deve cominciare col riconoscere, risolutamente, che del caciquismo non hanno colpa solo i caciques, ma anche i cacicati; che i responsabili della vecchia politica non sono tanto i governanti quanto i governati.
Con l’eccezione di minoranze molto ridotte, ogni spagnolo è un cacique nato. Quando non gli riesce l’appetito è un cacique fallito, e allora sente un odio profondo verso il cacique trionfante. Ma il vittorioso e il fallito possiedono esattamente lo stesso spirito di private devozioni e nazionale empietà.
Bisogna, però, fare una distinzione, almeno, di grado. Già prima l’ho suggerita. Lo spirito caciquista è tanto più denso quanto più discendiamo dalla capitale nazionale in direzione del villaggio. Il focolare da cui sgorga il caciquismo sta nella provincia. È il frutto inevitabile di quell’esistenza sordida, dozzinale, di orizzonte angusto, chiusa in breve orbita. Il cacique provinciale è il vero cacique. Quello di Madrid è soltanto il suo assicuratore.
Orbene: poiché è illusorio volere con mezzi politici —la politica è tutta esteriorità, e tutt’al più ortopedia— annullare la vecchia politica, e, come diceva il buon don Antonio Maura, «estirpare il caciquismo», non resta che un rimedio: confinarli, cordonarli nella vita provinciale che li genera. Questo confinamento della vecchia politica è, a mio giudizio, la sua unica terapeutica probabile. Omeopatia. Similia similibus. Quando il cacique locale commette un sopruso, è irresponsabile, perché ufficialmente il sopruso si consuma a Madrid, o, almeno, viene protetto. No; conviene che il sopruso sia consumato vicino all’offeso. Che i caciques locali restino faccia a faccia, e si cozzino.
Questo nuovo compito potevano adempiere le assemblee regionali, i piccoli Parlamenti eccentrici, aperti molteplicemente sull’area spagnola, come ventilatori dell’ermetica vita provinciale.
In tanto, potrebbe quell’altra entità più ampia e più alta, che è lo Stato spagnolo, vacare a più egregie occupazioni.
El Sol, 13 luglio 1924
V
COME SI POSSONO AVERE MIGLIORI PARLAMENTARI
Avevo detto che la dignificazione del Parlamento esige la doppia fatica di dignificare la sua funzione e i suoi funzionari. Già si è visto come, a mio giudizio, per dignificare la funzione sia necessario ridurla procurando che l’istituto di sovranità intervenga solo nelle grandi questioni nazionali. Tutto ciò che è questione locale deve rimanere ascritto ad assemblee regionali. Ma poco si conseguirebbe con questo se la casta di persone che andranno a esercitare la dignità parlamentare continua a essere la stessa di finora, e, inoltre, continua sottoposta alle stesse pressioni.
È forzoso selezionare il personale del Parlamento. A tal fine conviene, innanzi tutto, fare lo stesso che si è indicato a proposito della funzione: ridurlo. L’istituzione parlamentare è un globo che si va sgonfiando da vent’anni. La cosa più urgente è liberarsi della zavorra per farlo risalire di nuovo ravvivando la sua virtù aerostatica. Quattrocento deputati sono troppi. Con duecento o poco più ci sarebbe carne parlamentare bastante per ogni bisogno, massimamente se, come io credo doveroso, si semplifica la giurisdizione delle Cortes, circoscrivendola agli affari specificamente nazionali.
È vana illusione cercare in Spagna quattrocento deputati egregi. Non, certamente, perché manchi in Spagna un numero tale di persone eccellenti. Chiaro è che vi sono, e con molta sovrabbondanza. Ma è utopico supporre che siano pronte a occuparsi di politica. La maggior parte degli uomini migliori non vi andranno mai, per credere che manchino loro le condizioni peculiari dell’ufficio pubblico, o per mancanza d’inclinazione. Non si dimentichi che in tutto il mondo si dà oggi il fenomeno di quasi tutte le personalità di un certo volo che fuggono l’azione politica. Le ragioni che spiegano questa crisi generale della fauna politica non importano ora molto. Il fatto è che quella fuga dei migliori diminuisce oltremodo la legione di persone egregie tra le quali si può scegliere.
D’altra parte, ripeto, non esiste ragione alcuna di peso in favore di quel numero quattrocento. In verità, solo una sragione le ha dato origine. Precisamente quella che più urge combattere.
Si volle, infatti, dare al piccolo distretto un’intervento immediato nel potere legislativo. A questo fine si procurò di dividere la nazione in minime particelle elettorali, specie di microcosmi di sovranità, e si gettò sul Parlamento la sua proiezione schematica. Il risultato empirico di questo proposito diede la cifra di quattrocento.
Tal principio si originava, a sua volta, in un ideale democratico che oggi è antiquato. Si credette che il progresso e perfezione della democrazia dovesse cercarsi in un avvicinamento alla democrazia diretta, al plebiscito. I politici contaminati di neoclassicismo commettevano l’errore di accettare come ideale dell’Europa contemporanea le forme politiche di Atene e Roma. Oggi la democrazia ha rettificato questo errore e comprende che il suo progresso ed efficienza è piuttosto in opposizione col regime plebiscitario.
Comunque sia, il Parlamento deve i suoi vizi maggiori a questa genesi, a questa sua origine da piccoli distretti. Perché nella maggior parte di questi non esiste, naturalmente, la minima sensibilità per i problemi politici. Al suo posto agiscono le passioni private, sordide e sterili. È dunque una falsità voler costituire un corpo politico con particelle del tutto apolitiche. Questa falsità originaria scorre poi per tutte le vene della nostra vita pubblica.
La condizione essenziale perché il Parlamento abbia qualche decoro è che si tronchi la sua comunicazione con il piccolo distretto. Rimangano questi come base democratica delle assemblee regionali.
I parlamentari devono, invece, rappresentare grandi porzioni del territorio: le regioni. Ciascuna di queste poteva eleggere una ventina di deputati. Un’elezione per lista e con uno dei sistemi di proporzionalità —che sono risultati efficaci solo in corpi elettorali molto numerosi— eviterebbe quasi tutte le ripugnanti, paesane corruttele del suffragio nel nostro paese. Una regione intera non è facile da manovrare.
Yo comprendo que un proyecto de este linaje habría de irritar a toda la gentecilla inferior que, merced a vilezas de vario estilo, sabe «organizarse» un distrito. Si se llevaba a efecto equivaldría a «desaldeanizar» el Parlamento, permitiendo, con no escasas probabilidades, que esos veinte hombres destacados por cada región no fuesen nunca de calidad inferior. Cada asamblea pondría en manos de una Comisión, escogida en su interior, la presidencia de esas grandes elecciones parlamentarias.
El Sol, 19 de julio de 1924
VI
Antes de recoger en un primer esquema las líneas tiradas en los artículos anteriores, sería oportuno hacer una advertencia sobre el valor de toda reforma política en España.
Se trata de organizar el Estado nacional, de articular según nuevo plan nuestro cuerpo político. Que, en una u otra forma, es esto ya ineludible, no ofrece duda a nadie. El mayor pecado de la última generación política, hoy en ostracismo, fue no haber intentado esa reforma profunda que los hechos con sus grandes gritos mudos reclamaban. Sólo ese intento, aun fallido, la hubiera podido justificar ante la historia. La ausencia del propósito es la prueba más dura que hay contra ella, porque revela que no se interesó nunca en los destinos nacionales y prefirió cabalgar a gusto en el machito, mientras éste no coceaba. No coceaba porque se iba muriendo pendiente abajo. Ésta ha sido la gran vileza de esa generación, que nunca fue sorprendida «in fraganti» de algún acto noble y generoso.
Pero conviene que al hablar de la reforma política de España no nos hagamos demasiadas ilusiones. Por no entorpecer el desarrollo de las ideas principales no he querido en los artículos anteriores hacer constar, una vez más, que toda reforma política es, dondequiera, pero sobre todo en España, de una importancia puramente adjetiva. Esta adjetividad podrá ser muy importante, de insuperable urgencia —como lo es ahora en nuestro país—; pero con todo ello no dejará de ser adjetividad. Lo sustancial es otra cosa. Creo haber insistido siempre, en mis escritos, sobre esta idea: por la política no sanará España. La razón es sencilla: su enfermedad no es política, sino más honda, histórica. No se entienda esto al revés, como si yo afirmase que la política española no padece los morbos más atroces. Lo que pienso es que si, por arte de magia, la política española sanase, España seguiría, en lo esencial, valetudinaria. Por esta razón, su política no convalecerá nunca del todo, si no se acude a remediar los defectos ultrapolíticos.
La reforma política afecta únicamente al Estado, y sólo con vago influjo indirecto actúa sobre la sociedad. Miremos las cosas claramente. El Estado es un aparato, una máquina que la sociedad construye y maneja para obtener ciertos resultados. Y como la máquina no podrá nunca sustituir al hombre que la crea, sino meramente auxiliarle, el Estado no puede sustituir a la sociedad. Lo que ésta no haga no lo hará aquél. Lo que esta haga mal lo hará peor el Estado.
Uno de los hechos que sorprenden más, cuando súbitamente se nos descubre —por la lectura de periódicos o al hacer un estudio histórico— es que el Estado y la política no han funcionado bien, rigorosamente bien, en ningún pueblo y en ningún tiempo. Se advierte que son obras para las cuales no está aún el hombre suficientemente maduro. Tal vez, al cabo de siglos, adquiera cualidades que permitan organizar Estados perfectos y ejercitar una política exacta. Entre tanto, cuando se habla de un Estado admirable, de una política gloriosa, se quiere decir «un Estado menos malo», «una política menos desastrosa». Tómese cualquiera de las operaciones públicas, por ejemplo, el sufragio. En España, con razón superabundante, nos quejamos de la impureza con que se ejerce. Pero léase lo que dicen los franceses, ingleses, norteamericanos del sufragio en sus respectivos países. Cualquiera que sea la distancia entre los vicios electorales de esas naciones próceres y los nuestros, queda en todas partes un margen de defectuosidad tan grande, en el ejercicio de esa suprema función política, que no se concibe cómo puede, arrastrándola, ser grande un pueblo. Y es que se supone erróneamente que la nación vive del Estado y de sus perfecciones cuando la verdad es lo contrario. Las naciones son grandes a pesar de sus Estados, gracias a la plenitud de su vida social, merced al trabajo, al esfuerzo, a la moral, a la energía y a la inteligencia que los ciudadanos derrochan en su vida no pública. Cuando la sociedad es poderosa —inteligente, rica, emprendedora y correcta— las pérdidas que inexorablemente causa en ella el Estado no se perciben. Es una sangría que el organismo vigoroso puede permitirse sin padecer desequilibrio.
Vivimos una hora en la cual debe cada español ponerse bien en claro su propio modo de sentir sobre los asuntos nacionales, y si es posible, declararlo, aunque haya de parecer áspero o rudo. Pues bien: frente a los tópicos triunfantes yo he de reiterar que, con ser mala la política española de los últimos veinte años, me ha parecido siempre mejor que la vida no política. Los vicios de aquélla no nacen en su recinto sino que llegan a ella torrencialmente de toda la cuenca social. El ministro de Hacienda suele ser incompetente; ¿pero acaso lo es más el financiero privado? El juez es injusto, pero ¿no lo es a toda hora el español de tipo medio, en cada una de sus conversaciones, en cada uno de sus actos?
Somos una raza desmoralizada, y mientras no nos reeduquemos, todo será vano.
¡Educación, cultura! Ahí está todo. Ésa es la reforma sustancial. Ramiro de Maeztu ha vuelto a predicar la cruzada contra la incultura. No sé si tendrá mejor fortuna que la han tenido los ensayos anteriores del mismo tipo. Los problemas de educación y cultura tienen el inconveniente de que no dan pretexto fácil al apasionamiento. Y el español ha venido al mundo para apasionarse por algo en torno al velador de un café, oyendo el ruido de huesos de muerto que hace el dominó.
Y, sin embargo, cultura, educación serían en España todo, porque lo demás es nada. La reforma política significa sólo un expediente ortopédico para hacer que marche el cojo y agarre el manco. Todos debíamos enrolarnos en la cruzada de Maeztu. Mas para ello convendría que el egregio escritor no insistiese con igual energía en lo seguro que en lo problemático. Su campaña en pro de las humanidades, con ser de gran interés, no ha conseguido convencer a muchos, que, como yo, sólo desearíamos llegar a convencernos de que el latín y el griego enseñan, mejor que otro aprendizaje, a movilizar el pensamiento. En cambio, debe insistir con denuedo en la formación de esa Liga contra la Incultura. El día en que esta Liga existiese y gozase de plenitud, España estaría salvada. Porque la reforma sustantiva de nuestra nación tiene que ser de nuestra sociedad y no de nuestra política. Pero, hecha esta salvedad, fuera injustificado desdeñar todos los bienes que de una mejor organización del Estado pueden sobrevenir. Sobre todo, si al proyectarla se busca, entre otras cosas, hacer de las instituciones un instrumento de incitación, de estímulo a una sociedad que tanto propende a la inercia.
El Sol, 26 de julio de 1924
I understand that a project of this lineage would irritate all the inferior little folk who, by dint of knaveries of various style, know how to “organize” a district. If carried into effect, it would amount to “de-villaging” Parliament, allowing, with no scant probabilities, that those twenty men singled out from each region would never be of inferior quality. Each assembly would place in the hands of a Commission, chosen from within itself, the presidency of those great parliamentary elections.
El Sol, 19 July 1924
VI
Before gathering into a first outline the lines drawn in the foregoing articles, it would be opportune to make an admonition as to the value of every political reform in Spain.
It is a question of organising the national State, of articulating our body politic according to a new plan. That this, in one form or another, is now unavoidable, admits of no doubt in anyone’s mind. The greatest sin of the last political generation, today in ostracism, was its failure to attempt that profound reform which the facts, with their great mute cries, demanded. That attempt alone, even had it failed, might have justified it before history. The absence of the purpose is the hardest proof against it, for it reveals that it never took an interest in the nation’s destinies and preferred to ride at ease upon its little donkey, so long as the beast did not kick. It did not kick because it was dying as it went downhill. Such has been the great vileness of that generation, which was never caught “in flagrante” in some noble and generous act.
But it is fitting that in speaking of Spain’s political reform we do not allow ourselves too many illusions. In order not to obstruct the development of the principal ideas, I have not wished in the foregoing articles to note, once again, that all political reform is, everywhere, but above all in Spain, of a purely adjectival importance. This adjectiveness may be very important, of insuperable urgency—as it is now in our country—but with all that, it will not cease to be adjectiveness. The substantive is another matter. I believe I have always insisted, in my writings, upon this idea: through politics Spain will not heal. The reason is simple: its illness is not political, but deeper, historical. Let this not be understood the other way round, as if I were affirming that Spanish politics does not suffer the most atrocious maladies. What I think is that if, by a stroke of magic, Spanish politics were healed, Spain would remain, in its essence, valetudinarian. For this reason, its politics will never fully convalesce, if one does not proceed to remedy the ultrapolitical defects.
The political reform affects solely the State, and only with a vague indirect influence does it act upon society. Let us look at things clearly. The State is an apparatus, a machine that society constructs and operates in order to obtain certain results. And as the machine can never substitute for the man who creates it, but merely assist him, the State cannot substitute for society. What society does not do, the State will not do. What society does badly, the State will do worse.
One of the facts that surprise most, when it is suddenly revealed to us —through reading newspapers or in undertaking a historical study— is that the State and politics have not functioned well, rigorously well, in any people or in any time. One perceives that they are works for which man is not yet sufficiently mature. Perhaps, after centuries, he may acquire qualities that permit organizing perfect States and exercising an exact politics. In the meantime, when one speaks of an admirable State, of a glorious politics, what is meant is “a less bad State”, “a less disastrous politics”. Take any one of the public operations, for example, suffrage. In Spain, with superabundant reason, we complain of the impurity with which it is exercised. But let one read what the French, English, and North Americans say of suffrage in their respective countries. Whatever the distance between the electoral vices of those pre-eminent nations and our own, there remains everywhere a margin of defectiveness so great, in the exercise of that supreme political function, that it is inconceivable how a people, dragging it along, can be great. And the fact is that it is erroneously supposed that the nation lives on the State and its perfections, when the truth is the opposite. Nations are great in spite of their States, thanks to the fullness of their social life, by virtue of the work, the effort, the morality, the energy, and the intelligence that citizens lavish upon their non-public life. When society is powerful —intelligent, rich, enterprising, and correct— the losses that the State inexorably causes in it are not perceived. It is a bloodletting that the vigorous organism can allow itself without suffering disequilibrium.
We live an hour in which every Spaniard must make clear to himself his own manner of feeling upon national affairs, and, if possible, declare it, even though it have to seem harsh or rude. Well then: in the face of triumphant commonplaces I must reiterate that, however bad the Spanish politics of the last twenty years may be, it has always seemed to me better than the non-political life. The vices of the former are not born within its precinct but reach it torrentially from the whole social basin. The finance minister is usually incompetent; but is the private financier perchance more so? The judge is unjust, but is not the average Spaniard unjust at all hours, in each of his conversations, in each of his acts?
We are a demoralized race, and as long as we do not re-educate ourselves, all will be in vain.
Education, culture! There it all is. That is the substantial reform. Ramiro de Maeztu has again preached the crusade against ignorance. I do not know whether it will meet with better fortune than previous essays of the same sort have had. The problems of education and culture have the drawback that they offer no easy pretext for passion. And the Spaniard has come into the world to grow passionate over something around the little table of a café, listening to the noise of dead men’s bones made by the dominoes.
And yet, culture, education would be everything in Spain, because all the rest is nothing. Political reform signifies only an orthopaedic expedient to make the lame walk and the one-armed grasp. We should all enlist in Maeztu’s crusade. But to that end it would be fitting that the egregious writer not insist with equal energy on the certain as on the problematic. His campaign in favour of the humanities, however great its interest, has not succeeded in convincing many who, like myself, would only wish to be persuaded that Latin and Greek teach, better than any other learning, how to mobilise thought. On the other hand, he must insist with boldness on the formation of that League against Inculture. The day this League existed and enjoyed its full measure, Spain would be saved. Because the substantive reform of our nation must be of our society and not of our politics. But, this reservation made, it would be unjustified to disdain all the goods that may come from a better organisation of the State. Above all, if in projecting it one seeks, among other things, to make of the institutions an instrument of incitement, of stimulus to a society so prone to inertia.
The Sun, 26 July 1924
Comprendo che un progetto di questa stirpe dovrebbe irritare tutta la genticella inferiore che, mercè vilezze di vario stile, sa «organizzarsi» un distretto. Se si portava a effetto, equivarrebbe a «sprovincializzare» il Parlamento, permettendo, con non scarse probabilità, che quei venti uomini distinti per ogni regione non fossero mai di qualità inferiore. Ogni assemblea porrebbe nelle mani di una Commissione, scelta nel suo seno, la presidenza di quelle grandi elezioni parlamentari.
El Sol, 19 luglio 1924
VI
Prima di raccogliere in un primo schema le linee tracciate negli articoli precedenti, sarebbe opportuno fare un’avvertenza sul valore di ogni riforma politica in Spagna.
Si tratta di organizzare lo Stato nazionale, di articolare secondo un nuovo piano il nostro corpo politico. Che, in una o altra forma, sia questo già ineludibile, non offre dubbio ad alcuno. Il maggior peccato dell’ultima generazione politica, oggi in ostracismo, fu non aver tentato quella riforma profonda che i fatti con le loro grandi grida mute reclamavano. Solo quel tentativo, anche fallito, l’avrebbe potuta giustificare dinanzi alla storia. L’assenza del proposito è la prova più dura che vi sia contro di lei, perché rivela che non s’interessò mai ai destini nazionali e preferì cavalcare a suo agio sul muletto, mentre questo non scalciava. Non scalciava perché andava morendo giù per il pendio. Questa è stata la gran vilezza di quella generazione, che non fu mai sorpresa «in fraganti» in qualche atto nobile e generoso.
Ma conviene che parlando della riforma politica di Spagna non ci facciamo troppe illusioni. Per non intralciare lo sviluppo delle idee principali non ho voluto negli articoli precedenti far constatare, ancora una volta, che ogni riforma politica è, dovunque, ma soprattutto in Spagna, di un’importanza puramente aggettiva. Questa aggettività potrà essere molto importante, di insuperabile urgenza — come lo è ora nel nostro paese —; ma con tutto ciò non lascerà di essere aggettività. Il sostanziale è altra cosa. Credo di aver insistito sempre, nei miei scritti, su questa idea: per la politica non risanerà la Spagna. La ragione è semplice: la sua malattia non è politica, ma più profonda, storica. Non si intenda questo al rovescio, come se io affermassi che la politica spagnola non patisce i morbi più atroci. Quello che penso è che se, per arte di magia, la politica spagnola risanasse, la Spagna seguiterebbe, nell’essenziale, valetudinaria. Per questa ragione, la sua politica non convalescerà mai del tutto, se non si ricorre a rimediare i difetti ultrapolitici.
La riforma politica riguarda unicamente lo Stato, e solo con vago influsso indiretto agisce sulla società. Guardiamo le cose chiaramente. Lo Stato è un apparato, una macchina che la società costruisce e manovra per ottenere certi risultati. E come la macchina non potrà mai sostituire l’uomo che la crea, ma meramente assisterlo, lo Stato non può sostituire la società. Ciò che questa non farà, non lo farà quello. Ciò che questa farà male, lo farà peggio lo Stato.
Uno dei fatti che sorprendono di più, quando improvvisamente ci si rivela —per la lettura dei giornali o nel fare uno studio storico— è che lo Stato e la politica non hanno funzionato bene, rigorosamente bene, in nessun popolo e in nessun tempo. Si avverte che sono opere per le quali l’uomo non è ancora sufficientemente maturo. Forse, dopo secoli, acquisterà qualità che permettano di organizzare Stati perfetti ed esercitare una politica esatta. Intanto, quando si parla di uno Stato ammirevole, di una politica gloriosa, si vuol dire «uno Stato meno cattivo», «una politica meno disastrosa». Si prenda una qualsiasi delle operazioni pubbliche, per esempio, il suffragio. In Spagna, con ragione superabbondante, ci lamentiamo dell’impurità con cui si esercita. Ma si legga ciò che dicono i francesi, gli inglesi, i nordamericani del suffragio nei rispettivi paesi. Qualunque sia la distanza tra i vizi elettorali di quelle nazioni insigni e i nostri, rimane ovunque un margine di difettosità così grande, nell’esercizio di quella suprema funzione politica, che non si concepisce come possa, trascinandola, essere grande un popolo. Ed è che si suppone erroneamente che la nazione viva dello Stato e delle sue perfezioni, quando la verità è il contrario. Le nazioni sono grandi a dispetto dei loro Stati, grazie alla pienezza della loro vita sociale, mercé il lavoro, lo sforzo, la morale, l’energia e l’intelligenza che i cittadini prodigano nella loro vita non pubblica. Quando la società è potente —intelligente, ricca, intraprendente e corretta— le perdite che inesorabilmente causa in essa lo Stato non si percepiscono. È un salasso che l’organismo vigoroso può permettersi senza subire squilibrio.
Viviamo un’ora nella quale deve ogni spagnolo mettersi bene in chiaro il proprio modo di sentire sugli affari nazionali, e, se possibile, dichiararlo, sebbene abbia a sembrare aspro o rude. Ebbene: di fronte ai luoghi comuni trionfanti io debbo reiterare che, pur essendo cattiva la politica spagnola degli ultimi vent’anni, mi è sempre parsa migliore della vita non politica. I vizi di quella non nascono nel suo recinto, ma le giungono torrentiziamente da tutto il bacino sociale. Il ministro delle Finanze suole essere incompetente; ma forse lo è più il finanziere privato? Il giudice è ingiusto, ma non lo è ad ogni ora lo spagnolo di tipo medio, in ciascuna delle sue conversazioni, in ciascuno dei suoi atti?
Siamo una razza demoralizzata, e finché non ci rieduchiamo, tutto sarà vano.
Educazione, cultura! Lì sta tutto. Questa è la riforma sostanziale. Ramiro de Maeztu è tornato a predicare la crociata contro l’incultura. Non so se avrà migliore fortuna di quella che hanno avuto i tentativi precedenti dello stesso tipo. I problemi di educazione e cultura hanno l’inconveniente di non dare facile pretesto all’appassionamento. E lo spagnolo è venuto al mondo per appassionarsi a qualcosa attorno al tavolino di un caffè, udendo il rumore di ossa di morto che fa il domino.
E, tuttavia, cultura, educazione sarebbero in Spagna tutto, perché il resto è nulla. La riforma politica significa solo un espediente ortopedico per far sì che lo zoppo cammini e il monco afferri. Tutti dovremmo arruolarci nella crociata di Maeztu. Ma a tal fine converrebbe che l’egregio scrittore non insistesse con uguale energia tanto sul sicuro quanto sul problematico. La sua campagna a favore degli studi umanistici, pur essendo di grande interesse, non è riuscita a convincere molti, che, come me, desidereremmo soltanto giungere a convincerci che il latino e il greco insegnano, meglio di ogni altro apprendimento, a mobilitare il pensiero. Invece, deve insistere con ardore sulla formazione di quella Lega contro l’Incultura. Il giorno in cui questa Lega esistesse e godesse di pienezza, la Spagna sarebbe salva. Perché la riforma sostanziale della nostra nazione deve essere della nostra società e non della nostra politica. Ma, fatta questa riserva, sarebbe ingiustificato disdegnare tutti i beni che da una migliore organizzazione dello Stato possono derivare. Soprattutto, se nel progettarla si cerca, tra l’altro, di fare delle istituzioni uno strumento di incitamento, di stimolo a una società che tanto propende all’inerzia.
El Sol, 26 luglio 1924