Abstract
A series on the crisis of the parliamentary institution: the crop of southern dictatorships (from Turkey to Spain) should not be dismissed with the «liberals’» comfortable indignation but explained like a natural phenomenon. Thesis: one cannot govern with parliament, nor without it; the democratic institutions it crowns were inspired by the muse of distrust.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
I
NI CONTIGO NI SIN TI, LA CANCIÓN DEL PARLAMENTO
En sus últimos discursos, Mussolini parece abandonar la máscara de hombre de Plutarco que hasta ahora usaba, y más contemporáneo, menos prognata, solicita humanamente, ruega, depreca. Es interesante advertir cómo al primer tambaleo que sufre el fascismo, su jefe se agarra al Parlamento, como en un movimiento instintivo, lo mismo que al perder el equilibrio las manos del homo sapiens buscan automáticamente contacto con la tierra. ¿Quién lo diría? Hace dos años se presentaba ante esa misma institución con un gesto a lo Capeto, con látigo y botas de montar. Atribuía entonces al cuerpo de representantes un oficio coral y de armamento, nada más. Le exigía docilidad; de otro modo, anunciaba que gobernaría sin él, como si fuese la quinta rueda del carro del Estado. Ahora resulta que aquello sólo fue un ademán, y que, al menor peligro, en todo caso de gravedad se recae en el Parlamento, centro de la gravedad política. ¿En qué quedamos? ¿Será preciso cantar al Parlamento la vieja canción: «Ni contigo ni sin ti…»?
Yo creo que, en efecto, la vieja canción expresa certeramente la situación actual del Parlamento en toda Europa. No se puede gobernar con él, no se puede gobernar sin él.
Pero esto requiere algunas explicaciones. Los ensayos de dictadura que se han hecho en algunos países meridionales —desde Turquía hasta España— son demasiado coincidentes y numerosos para que no merezcan algo más que la cómoda irritación de los «liberales». Desde hace mucho tiempo los «liberales» reducen su actuación política a entusiasmarse o indignarse. Este hábito les ha conducido a la derrota. Yo creo que no huelga el propósito de entender, como se procura entender un fenómeno de la naturaleza, esta súbita cosecha de dictaduras que las últimas añadas han producido.
Claro es que una explicación suficiente de tan insólitas fructificaciones obligaría a remover los temas más difíciles de toda la historia contemporánea. Habría inclusive que salir de la política y penetrar en el secreto de las variaciones ideológicas y emotivas que se están preparando en el fondo del alma europea. Mas si nos contentamos con un esquema de explicación, cabe eludir tan larga y problemática faena. Afortunadamente, todas aquellas causas profundas convergen en una sola: la crisis de la institución parlamentaria. Las nuevas ideas, los nuevos sentimientos, los nuevos intereses dan en ella una proyección simplificada que permite reducir la vasta materia a las claras proporciones de un problema mecánico.
Desde muchos años antes de la guerra, en ninguna nación europea se hacía a fondo política interior. Se dejaban conflictos y cuestiones, cuando no intactos, transferidos mediante provisionales acomodos. Sólo preocupaba la política exterior. La guerra inminente ejercía un imperio exclusivo sobre la gobernación. Donde la amenaza bélica era menor, como en España, los vicios nativos rendían el mismo efecto: demora indefinida en la solución de las cuestiones, cada día más agudas y urgentes.
La posguerra viene a libertar paulatinamente a los pueblos de aquella obsesión internacional. Sus asuntos interiores, agravados por la persistente relegación, por las consecuencias de la guerra y por el frenesí de que Rusia había contagiado a las clases populares, requerían inmediata solución. Éste era el caso de Turquía, Grecia, Italia, y, con la diferencia antedicha, de España. Alemania, Francia, Inglaterra, más comprometidas por la guerra, puede decirse que aún no han salido de su zona de influencia. Mañana, pasado, les llegará su hora.
Es evidente que si en 1920 la institución parlamentaria hubiera poseído el prestigio que en otro tiempo gozó, a nadie se le habría ocurrido buscar solución a los conflictos públicos más que en forma parlamentaria. Sin embargo, entonces comienzan a brotar en el viejo árbol los frutos dictatoriales. ¿Por qué?
El pretexto, el motivo anecdótico, el tipo de hombre serán diferentes en cada país; pero todo eso es inesencial. El mecanismo decisivo por el cual han surgido las dictaduras parece ser idéntico en todas partes.
El Parlamento es la cima de las instituciones democráticas. En él se resume y destila el espíritu que anima a éstas. Ahora bien, las instituciones democráticas han sido inspiradas por la musa de la desconfianza. Ha presidido a su creación el deseo de corregir abusos, más que el afán de organizar los usos. El Parlamento es un aparato inventado más para la defensa y la crítica que para construir. La acción gubernativa requiere unidad, agilidad, competencia y un enérgico sentido de la responsabilidad personal, virtudes todas ajenas al organismo parlamentario cuya enorme masa es tan difícil de movilizar y se nutre además de irresponsabilidad. Este defecto original del Parlamento puede ser, no obstante, compensado en alguna medida merced a la formación de grandes mayorías —grandes, no sólo por el número, sino por el vigor y autoridad de sus convicciones. Una mayoría grande y densa permite instituir Gobiernos homogéneos con crédito social suficiente para gobernar en un sentido neto. Porque es ineludible: cada cuestión pública sólo puede ser resuelta en una dirección determinada, es decir, con parcialidad. A gusto de todos es imposible gobernar. Gobernar es imponer.
En los buenos tiempos de la democracia, las ideas políticas y los asuntos mismos poseían aquel mínimum de simplicidad que es necesario para organizar las masas nacionales en grupos gigantes y coherentes. Gracias a esto el Parlamento, bien que mal, pudo gobernar.
Pero desde hace veinte años las ideas políticas y los asuntos públicos han adquirido tal complejidad que el cuerpo social vive desparramado en innumerables direcciones. La ausencia de esas grandes mayorías parlamentarias —grandes en el sentido apuntado— es el dato más importante, a mi juicio, de la política europea en los últimos tiempos. Dondequiera hubo que formar Gobiernos heterogéneos, paladina y disfrazadamente heterogéneos, que eran elegidos en virtud de compromisos y ascendían al Poder precisamente a condición de no ejercerlo. Los años de guerra, exaltando el patriotismo, han abierto un paréntesis en este proceso de inercia gubernamental, que se había iniciado antes de la conflagración y se ha reanudado poco después de concluir ésta.
Por una forzosidad de mecánica política, la constitución actual de los Parlamentos convierte la gobernación en un arte de eludir el gobernar. Ahora bien, el hecho de que no se gobierne, de que el carro no marche es de todas las cosas la que mayor desprestigio trae para las instituciones del Poder público. Al grande y pequeño burgués, al obrero de tipo medio, que son las fuerzas decisivas a la larga, les traen sin cuidado los esquemas del idealismo político, sea «derechista» o «izquierdista». Quieren sólo que la barca navegue, y cuando se presenta alguien que con gesto resuelto pone una mano dura en el timón, la gente aplaude y no dedica, por el pronto, el menor freno a esas instituciones cuya infecundidad excita a su violación.
Con este razonamiento llego a aclararme un poco la sorprendente pululación de dictaduras que hoy ameniza el paisaje europeo. He querido darle expresión por si a algún lector le parece discreto.
Pero la «gente», la llamada «opinión pública», se equivoca siempre en el cálculo de sus deseos. Quiere que se gobierne, y, a este fin, presta su apoyo a quien promete, sea como sea, gobernar. Mas al poco tiempo advierte que también desea, que también necesita, como la respiración, el ejercicio de ciertas libertades y garantías. Entonces la función primaria del Parlamento —defensa y crítica— vuelve a ser sentida con urgencia.
El paso por la dictadura creo yo que será una admirable experiencia pedagógica para las sociedades actuales. Al cabo de ella, aprenderán las masas —que no se convencen con razones, sino por los efectos sufridos en su propia carne— que ciertas libertades no son, a la altura de estos tiempos, cuestiones políticas sobre que quepa, en principio, discusión. En el siglo XX esas libertades han dejado de ser banderas de combate para convertirse simplemente en principios universales como los de la cortesía. La cortesía fue una técnica adquirida al cabo de milenios para hacer fácil, suave, fecunda la convivencia privada. Hoy es ya un hábito fijo en el temperamento civilizado. Es un instinto. Parejamente la libertad política, al menos un mínimum de ella, ha llegado a ser simplemente un instinto de cortesía pública. Cuando un instante expulsamos este natural, vuelve pronto al galope. Así ha acontecido a Mussolini: después de la hora teatral ha venido la hora natural. Y para no perder el equilibrio se aferra al Parlamento.
Mas sería una vana ilusión de los «liberales» creer que en este vaivén no son de igual importancia ambas pulsaciones antagónicas. La verdad es que ni se puede gobernar sin el Parlamento ni se puede gobernar con él. Y no habrá equilibrio estable en las naciones europeas —e incluyo a Alemania, Francia e Inglaterra— mientras no se resuelva esa antinomia. Cosa, después de todo, nada difícil. Todo problema bien entendido es un problema casi resuelto.
El Sol, 29 de junio de 1924
II
DISOCIACIÓN NECESARIA DE PARLAMENTO Y GOBIERNO
No se puede gobernar con el Parlamento, pero es imposible gobernar sin él. ¿Por qué ha de ser difícil resolver esta antítesis en una síntesis? Solo sería, no ya difícil, sino imposible en el caso de que la democracia prolongase definitivamente su anquilosamiento de treinta años y no volviese a tener plasticidad bastante para inventar nuevas instituciones. Pero entonces la antítesis se resolvería en otra forma. El espíritu democrático, bizantinizado, sucumbiría víctima de su propia esclerosis y a la par dejaría de ser una necesidad contar con el Parlamento. La democracia, que lo ha engendrado, tiene adscritos a él sus destinos: o acierta a reformarlo, o desaparecerá como fuerza histórica.
Porque de esto se trata, nada más. Reforma del Parlamento. Mas no de leves, adjetivas modificaciones en su estructura y procedimientos, sino de una radical desarticulación de sus poderes actuales. Si es imposible gobernar sin Parlamento, se debe evidentemente a que ejerce alguna función necesaria y la ejerce con suficiencia. Esta función se le debe mantener aumentándosele y depurándola. Pero, viceversa, si no es posible gobernar con él, quiere decirse que es inepto para ejercer otra función, por lo visto, no menos esencial en la fisiología política. ¡Pues bien: la gran razón para retirársela!
Y no parece que pueda dudarse mucho sobre cuál función ejerce bien y cuál otra estorba. El Parlamento ha sido pensado como órgano expresivo de la voluntad popular. En nuestro tiempo, no sólo teóricamente corresponde al pueblo la soberanía, sino que la organización de la vida moderna, tan solidaria y porosa que sobre cualquier punto social hace actuar todo el resto, obligaría en cualquier instante a contar con él. Con fórmula negativa resulta esto más evidente: en una nación contemporánea sería imposible gobernar contra la voluntad popular, cosa que en otras latitudes históricas ha sido muchas veces un hecho constituido.
El Parlamento es un aparato inventado con el fin de mantener continuamente, normalmente, un mínimum de coincidencia entre el estado de espíritu de la sociedad y la trayectoria de su gobernación. Para el pueblo significa la garantía de que no se gobierna contra sus deseos. Para el Gobierno significa el potencial eléctrico donde se carga constantemente de autoridad. Un Gobierno sin contacto con un órgano formal de la voluntad pública no posee esa energía misteriosa que irradia del acto imperativo cuando es plenamente legal y se llama autoridad. Tenemos, pues, tres operaciones que el Parlamento puede ejecutar correctamente: expresar la voluntad pública, garantizar al pueblo su cumplimiento y autorizar a los Gobiernos. En realidad, estas tres actividades son aristas diferentes de una sola función: el ejercicio de la soberanía.
Pero la soberanía es cosa completamente distinta de la gobernación. La soberanía es un atributo de la voluntad: se quiere una cosa o no se quiere; no hay más. Gobernar es resolver problemas, es prever, es conocimiento y destreza. Supone, por tanto, aptitudes específicas. El gran acierto de la democracia —en principio, aunque no en la realidad— fue separar lo uno de lo otro, distinguir los rangos y condiciones de ambas materias. La soberanía es un derecho, el sumo derecho. La gobernación no es más que una técnica. Posteriormente la democracia ha vuelto a confundir las cosas, e, imitando al antiguo régimen, intentó un momento que el soberano gobernase.
Se comprende que un instituto como el Parlamento, fabricado para ejercer la soberanía, no sirva para gobernar. Es más: toda proximidad entre acción parlamentaria y gobierno impurifica ambas funciones. El gobierno que vive en el Parlamento no será bien fiscalizado por él, y viceversa; el Gobierno necesita garantías frente al Parlamento, garantías de que no ha de ser perturbado en su labor técnica de gobernante ni deprimido en la dignidad, que es un elemento de esta técnica.
Pero, a su vez, el Parlamento que intervenga en la gobernación, y directa o indirectamente influya en el nombramiento de los peatones o de los jueces, perderá sin remedio su prestigio. Es preciso que el Soberano mantenga el decoro de su rango y se sitúe a distancia de la vida cotidiana.
En España no se ha llegado aún al llamado Gobierno parlamentario, es decir, a que el Parlamento sea quien por sí o a reserva del refrendo real nombre los gobernantes. No hay cosa en política que no tenga sus inconvenientes; pero sumando y restando las experiencias de aquí y de fuera, el resultado hace deseable que se instaure en España. Sería, entre otras cosas, una prenda que permitiría sin suspicacias juiciosas de nadie satisfacer el otro término de la antítesis.
El Gobierno elegido por el Parlamento debe, una vez exaltado, hacerse independiente de él. Para esto debería contar con un mínimum de perduración, constitucionalmente determinado. No es posible gobernar en serio cuando se está a merced de los oleajes parlamentarios. Es preciso que la soberanía y la gobernación aparezcan, según son, como dos intereses antagonistas que en su antagonismo se regulan automáticamente. Y si hay que garantizar al Parlamento frente a los Gobiernos, no es menos ineludible garantizar a los Gobiernos frente a los Parlamentos. Dótese a éstos de una acción especial de tipo acusatorio contra aquéllos. Parece frívolo que la misma corporación que nombra un Gobierno pueda a los tres meses derribarlo, sin que el hecho trascienda de los hábitos cotidianos del Parlamento. ¿No es más razonable que un Gobierno sólo pueda ser derrocado en virtud de una acusación? Claro es que esta acusación había de ser más viable y de otro tipo que la hoy existente. Los juristas podían definir aquí una nueva forma de acción contra los Gobiernos, pareja a las que se van instituyendo contra los abusos en el ejercicio de autoridad.
Hay que hacer al Parlamento, en lo posible, irresponsable de la gobernación. Si ha de ser juez, conviene alejarle de la complicidad. Viceversa: hay que hacer al Gobierno irresponsable de los accidentes parlamentarios.
Cómo pueda construirse todo esto es cosa de que podrían hablar los entendidos en derecho político. Yo ignoro sobre manera esta ciencia tan sugestiva; mas creo que, de uno u otro modo, fuera deseable hacer algo parecido a lo apuntado.
Pero, claro es, este propósito de renovar paralelamente el prestigio de Parlamento y Gobierno no queda cumplido con que, siendo lo que hoy son, se los separe y enfronte. Sobre todo en España, el Parlamento requiere muchas otras trasformaciones si ha de volver a ser una institución respetada. Sobre ello irán unas palabras otro día.
El Sol, 3 de julio de 1924
III
EL PARLAMENTO: CÓMO DIGNIFICAR SU FUNCIÓN
Un día u otro será preciso volver al Parlamento. Pero, ¿a cuál? ¿Al antiguo? Sería retroceder a la fuente de todas las desdichas y reiterar el lamentable proceso. Es forzoso, pues, inventar otro nuevo. Dentro de la simplificación de las cuestiones a que obliga la cortesía con el lector, consideraba yo días pasados que la causa última de nuestros trastornos políticos es el desprestigio de la institución parlamentaria. No se concibe que el Estado pueda tornar a un equilibrio estable mientras no se consiga dotar de nueva dignidad al Parlamento. Mas para ello sería necesaria una reforma profunda de la institución. Sólo un Parlamento cuya fisonomía institucional se parezca muy poco a la precedente tendrá algunas probabilidades de condensar los escasos efluvios de autoridad aún existentes en España. Porque ésta es la condición decisiva para que un Estado repose sólidamente: que alguien en él tenga autoridad. Pero la autoridad es una mística sustancia, más volátil que el éter e indócil al capricho. No sirve de nada ser la autoridad, y es vano abrir la garra para arrebatarla. La autoridad, como la gracia, se tiene o no. En las sociedades modernas no es posible que una persona tenga autoridad política, como no sea en el azar de una hora. Sólo puede tenerla plenamente una institución. ¿Cómo imaginar en España un Parlamento que atraiga sobre sí ese místico don de la autoridad?
Para dignificar al Parlamento es preciso dignificar su función y sus funcionarios. Ambos menesteres deben atenderse por separado.
Es un poco absurdo hablar tan patéticamente del Parlamento, como hacen los demócratas, y encargarle a la par de faenas tan ínfimas. Resulta grotesco que la representación de la soberanía tenga que ocuparse de la nueva carreterita allá en la aldea serrana, o del oscuro peatón que el diputado nombra en su distrito apremiando al ministro. Es inmoral, asimismo, que el representante de la voluntad pública pida al Gobierno un juez domesticado para su distrito. Es ridículo que el jefe del Gabinete tenga que contestar a un discurso donde se le ataca porque en el villorrio un guardia civil ha dado un palo a un concejal, o un concejal a un guardia civil. Es bochornoso que el cuerpo entero de los diputados haya de discutir uno por uno los artículos de una ley de Instrucción pública, porque esto sólo puede servir para que se ponga de manifiesto la incompetencia de los diputados. Peor que todo esto es la escena consuetudinaria en que medio Parlamento pugna por derribar al Gobierno, acumulando sobre él denuestos, gratuitas acusaciones, etcétera. Todo este arcaico repertorio de unos parlamentarios, que tanto complace a los políticos de antaño, creo yo que repugna a la sensibilidad actual.
La dignidad del Parlamento exige que se le dispense de intervenir directa ni indirectamente en las menudencias de la existencia diaria. Las pequeñas pasiones, las enanas intrigas que forzosamente trabajan en esas cuestiones inferiores, van corroyendo día por día el prestigio de la soberana institución.
Se dirá que en el asunto más pequeño puede resplandecer la mayor virtud. Heráclito, en la cocina, grita a sus amigos, que no se deciden: «Entrad, entrad, que también aquí hay dioses»; y Santa Teresa aseguraba que Dios anda entre los pucheros. Todo esto es posible, pero nada más. Lo seguro será tratar a los pucheros como tales y alejarnos de ellos cuando no nos convenga mancharnos.
Las cuestiones menores tienen sólo una importancia menor, y parece natural que a ellas atienda un órgano menos excelso. Pero hay, además, otra razón que aconseja su eliminación de la actividad parlamentaria. La inmensa mayoría de ellas consiste en asuntos locales. Ahora bien: el Parlamento nacional no debe entender en los asuntos locales. En primer lugar, porque no entiende de ellos y los trata frívolamente. En segundo lugar, porque insignificantes si se los mira en la gran perspectiva de la vida nacional, son de mucho momento situados en el paisaje provincial.
Una de las mayores desdichas de la vida pública española es la inercia de los provinciales. En buena parte se debe ésta a que se ha extirpado a la provincia, a la región, el ejercicio de dirigir su propia vida. Los problemas locales son resueltos por unos señores en Madrid. ¿Cómo va a apasionarse por ellos el comarcano? Fuera más fecundo que casi todas las cuestiones locales quedasen manipuladas en asambleas de región. Esto descargaría al Parlamento de operar sobre lo que no le cuadra, y permitiría que la masa provincial se organizase y educase políticamente.
Quedarían para el Parlamento las ingentes faenas de rango nacional, la alta legislación, la suprema vigilancia sobre los Gobiernos, la última instancia para el ciudadano que la autoridad vejase. De esta suerte, la nobleza del oficio emanaría sobre la institución suprema una atmósfera de dignidad y de respeto. Podría vivir como a distancia de la pequeñez y el arrebato cotidiano. Los Parlamentos continentales son hijos de los clubs revolucionarios y han heredado de éstos una porción de malas mañas que conviene enérgicamente rectificar. Tales son la populachería, la turbulencia y un gusto plebeyo por escenas de bajo dramatismo.
El nuevo Parlamento debe funcionar con poca frecuencia y gran solemnidad, debe decidir sobre pocas y elevadas cuestiones, debe mantenerse a una patética distancia de lo menudo y cotidiano. Sólo así puede restablecer y sustentar la dignidad de su función.
El Sol, 12 de julio de 1924
IV
LAS ASAMBLEAS REGIONALES Y EL CACIQUISMO
Entre otras mil plagas que sufre la vida política española conviene contar la falta de originalidad de sus instituciones. Se las ha importado de otros pueblos y otros tiempos. Denunciar esto no significa una invitación al casticismo político. Después de todo, el casticismo no es más que un extranjerismo en la dimensión temporal. Querer rehabilitar una institución española del siglo XV me parece mucho más indiscreto que traer otra de la Francia actual. Porque un español de la Edad Media nos es más extraño que un francés contemporáneo nuestro. Dejémonos, pues, de casticismo, peteneras y sardanas. En cambio, sería deseable que por una vez se intentase cortar unas instituciones a la medida del cuerpo español actual. Urge tanto más hacer esto cuanto que el cuerpo español es bastante deforme y yace tullido.
Bastaría para acertar, con atender, sin prejuicios, bien abiertos los ojos, a la realidad nacional, y seguir dócilmente las líneas de su estructura. Si el talle es un poco basto, y, como va dicho, sobremanera deforme, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que se renuncie a la arcaica política de principios. Un saludable empirismo, afín del estilo vital contemporáneo, nos guiará mejor. Donde veamos un problema constitutivo dibujémoslo dándole acomodo en la armazón que proyectamos. Luego bastará con una revisión del conjunto para conseguir que las piezas se articulen sin graves perturbaciones. Todo cuerpo tiene su anatomía, inclusive el enfermo. Y es de él, no de nuestra cabeza, de donde habremos de sacarla. A la postre, las instituciones no deben ser otra cosa que la expresión jurídica de la viviente anatomía nacional. Del mismo modo, la buena arquitectura procura que la forma exterior del edificio no sea sino la manifestación del dinamismo interno que lo mantiene en pie.
Buscando maneras de restaurar la dignidad del Parlamento, indicaba yo ayer que es imprescindible eliminar de él casi todas las cuestiones locales. Unas asambleas regionales se ocuparían de éstas, y así cada problema quedaría resuelto en el lugar donde se planteó, no como ahora que la grava de una calzada coruñesa tiene que ser discutida en la carrera de San Jerónimo. Estas asambleas regionales, además de tonificar la existencia provincial, de educarla y organizarla políticamente, descargarían al Parlamento de mucha obra muerta que hoy le abruma.
Pero hay en pro de esas asambleas o pequeños Parlamentos excéntricos, otra razón más que merece consideración aparte.
Si es cierto que los trastornos políticos de España provienen del desprestigio en que cayó el Parlamento, es bueno no olvidar quién fue el agente de ese desprestigio.
Una cosa en que todos, presumo, estamos de acuerdo es que el aparato sustentador de la vieja política, lo que la mantenía en pie y le proporcionaba vigor y aliento, era el caciquismo. En él se resume y cifra todo lo esencial del usado régimen.
El caciquismo ha sido la forma real de organización política vigente en España durante los últimos cincuenta años. Las instituciones establecidas, los edificios legales, la democracia, el parlamentarismo, etcétera, eran sólo líneas imaginarias, como los coluros astronómicos, dentro de cuyas retículas espectrales se había instalado la única y efectiva realidad del caciquismo.
¿Qué es el caciquismo? La organización oficial del Estado español determinaba que el ejercicio del Poder público había de reducirse a aplicar leyes, esto es, normas objetivas, iguales para todos, y que los llamados a aplicarlas, las autoridades, eran responsables de esta operación. En el caciquismo u organización real del Estado español, por el contrario, el ejercicio del Poder no era la aplicación de leyes o normas objetivas, sino la imposición de la voluntad de ciertas personas, los caciques, que eran irresponsables. Por la intervención de los caciques en las elecciones resultaba que todas las leyes concretas eran propiamente una mera legalización de aquellas voluntades privadas. El Estado democrático pretendía ser una colectividad de ciudadanos, de sujetos de derecho, unidos entre sí por el nexo impersonal de las leyes. El caciquismo era un Estado sin leyes, sin nada jurídico, impersonal y objetivo; era una colectividad de hombres de carne y hueso, unidos por relaciones puramente personales y privadas. En la aldea, tal individuo tenía unos amigos y un grupo de clientes agradecidos o temerosos; ese individuo era el cacique de primer grado. Su pequeño «Estado» tenía como principios de cohesión la simpatía o el temor de unos hombres a otros. En la capital, otro individuo había reunido en más amplia articulación a esos caciques de primer grado: era el cacique de segundo grado. Por último, en Madrid un «político» concentraba periódicamente en su tertulia a esos caciques de segundo grado, actuando sobre ellos con las mismas fuerzas mágicas de la simpatía, el favor o la persecución.
Esta trabazón de «amigos» formaba un edificio de ancha base y punta aguda: la pirámide caciquil. Cada partido político era una de estas pirámides, y el paisaje egipciaco que componían representaba la verdadera y única realidad del Estado español. ¿La justicia? ¿El respeto a los derechos del prójimo, simplemente por ser derechos, quienquiera que sea el prójimo? ¿Fervor por el mérito de los mejores? ¿Asco hacia la vileza e ineptitud de los peores? ¿Reverencia ante los destinos nacionales y reflexión sobre sus condiciones y urgencias? ¿Afición o curiosidad por la ciencia, por la técnica, por el arte, por el decoro urbano, por los residuos del pasado, por las posibilidades del futuro? Nada de esto influía en el alma del cacique, cualquiera que fuera su grado, e influía tanto menos cuanto más se descendía del «político» al cacique provincial, del provincial al de aldea. Los únicos poderes vigentes, eficaces, eran la simpatía o antipatía, el favor o el daño.
Con unas u otras palabras se ha dicho esto innumerables veces, y no creo que dé ocasión a graves discrepancias. Pero ahora llegamos a un punto en que, probablemente, el camino de algunos lectores y el mío se van a separar.
Sobre ese caciquismo en cuya definición hemos concordado, se pueden formar dos juicios radicalmente opuestos, y es urgente para el beneficio de España que esta radical oposición conste en forma clara. Se puede pensar, en efecto, una de estas dos cosas: que el caciquismo era un abuso, un crimen cometido por los caciques contra la voluntad de los españoles, o, por el contrario, que el caciquismo es la forma de organización pública deseada, exigida y realizada por la inmensa mayoría de los españoles.
Se comprende que de la política nacional, de su pasado, y, lo que más importa, de su porvenir, tendrán una idea muy distinta quien piense lo primero y quien piense lo segundo. Por mi parte, no hallo pretexto para la menor vacilación; estoy convencido plenamente de que el caciquismo es la única forma de gobierno que habrá en España mientras no se obligue a los españoles a cambiar de ser, o, al menos, se combinen las instituciones en forma que esa índole nativa quede en este punto burlada.
Con expresión más plástica, yo preguntaría a toda persona capaz de reflexión: Si mañana fuesen ahorcados todos los caciques, ¿quién cree usted que ejercerá efectivamente el Poder dentro de dos años, en la aldea, en la provincia, en la nación? Sospecho que la respuesta, si era sincera, sería unánime: dentro de dos años, en la aldea, en la provincia, en la nación, gobernarán los caciques. Como el cangrejo a quien arrancan una pinza, la regenera al punto, y plasma otra igual, el pueblo español, si le amputan hoy los caciques, engendrará muy pronto otros semejantes. Todas las leyes, reglamentos y golpes de Estado serán perfectamente inútiles, mientras se fíe en la espontaneidad de nuestro pueblo. El único medio posible para evitarlo tiene que comenzar por reconocer, resueltamente, que del caciquismo no tienen la culpa sólo los caciques, sino también los cacicados; que los responsables de la vieja política no son tanto los gobernantes como los gobernados.
Con la excepción de muy reducidas minorías, cada español es un cacique nato. Cuando no se le logra el apetito es un cacique fracasado, y entonces siente un odio profundo hacia el cacique triunfante. Pero el victorioso y el fallido poseen exactamente el mismo espíritu de privadas devociones y nacional impiedad.
Es preciso, sin embargo, hacer una distinción, por lo menos, de grado. Ya antes la he sugerido. El espíritu caciquil es tanto más denso cuanto más descendemos de la capitalidad nacional en dirección a la aldea. El hogar de donde el caciquismo brota está en la provincia. Es el fruto inevitable de esa existencia sórdida, chabacana, de horizonte angosto, encerrada en breve órbita. El cacique provincial es el verdadero cacique. El de Madrid es sólo su asegurador.
Pues bien: como es ilusorio querer por medios políticos —la política es toda externidad, y cuando más ortopedia— anular la vieja política, y, según el buen don Antonio Maura decía, «extirpar el caciquismo», sólo cabe un remedio: confinarlos, acordonarlos en la vida provincial que los engendra. Este confinamiento de la vieja política es, a mi juicio, su única terapéutica probable. Homeopatía. Similia similibus. Cuando el cacique local comete un atropello, es irresponsable, porque oficialmente el atropello se consuma en Madrid, o, al menos, se le ampara. No; conviene que el atropello sea consumado cerca del atropellado. Que queden frente a frente los caciques locales, y se den de las astas.
Este nuevo menester podían cumplir las asambleas regionales, los pequeños Parlamentos excéntricos, abiertos múltiplemente sobre el área española, como ventiladores de la hermética vida provincial.
En tanto, podría esa otra entidad más amplia y más alta, que es el Estado español, vacar a más egregias ocupaciones.
El Sol, 13 de julio de 1924
V
CÓMO SE PUEDEN TENER MEJORES PARLAMENTARIOS
Había dicho que la dignificación del Parlamento exige la doble faena de dignificar su función y sus funcionarios. Ya se ha visto cómo, a mi juicio, para dignificar la función es preciso reducirla procurando que el instituto de soberanía sólo intervenga en los grandes temas nacionales. Todo lo que es cuestión local debe quedar adscrito a unas asambleas regionales. Pero poco se conseguiría con esto si la casta de personas que van a ejercer la dignidad parlamentaria sigue siendo la misma que hasta aquí, y, además, continúa sometida a las mismas presiones.
Es forzoso seleccionar el personal del Parlamento. Para ello conviene, ante todo, hacer lo mismo que se ha indicado a propósito de la función: reducirlo. La institución parlamentaria es un globo que se viene desinflando hace veinte años. Lo más urgente es soltar lastre a fin de remontarlo otra vez avivando su virtud aerostática. Cuatrocientos diputados son demasiados. Con doscientos o pocos más habría carne parlamentaria suficiente para todo menester, máxime si, como yo creo debido, se simplifica la jurisdicción de las Cortes concretándola a los asuntos específicamente nacionales.
Es vana ilusión buscar en España cuatrocientos diputados egregios. No, ciertamente, porque falte en España número tal de personas excelentes. Claro es que las hay y con mucho reboso. Pero es utópico suponer que van a estar prontas para ocuparse de política. La mayor parte de los hombres mejores no irán nunca a ella por creer que les faltan las condiciones peculiares del oficio público, o carecer de afición. No se eche en olvido que en todo el mundo se da hoy el fenómeno de huir la acción política casi todas las personalidades de algún vuelo. Las razones que explican esta crisis general de la fauna política no importan ahora mucho. Ello es que esa fuga de los mejores amengua sobremanera la legión de personas egregias entre las que cabe elegir.
Por otra parte, repito, no existe razón ninguna de peso en favor de ese número cuatrocientos. A la verdad, sólo una sinrazón le ha dado origen. Precisamente la que más urge combatir.
Se quiso, en efecto, dar al pequeño distrito una intervención inmediata en el poder legislativo. A este fin se procuró dividir la nación en mínimas parcelas electorales, especie de microcosmos de soberanía, y se arrojó sobre el Parlamento su proyección esquemática. El resultado empírico de este propósito dio la cifra de cuatrocientos.
Tal principio se originaba, a su vez, en un ideal democrático que hoy está anticuado. Se creyó que el progreso y perfección de la democracia debía buscarse en una aproximación a la democracia directa, al plebiscito. Los políticos contaminados de neoclasicismo cometían el error de aceptar como ideal de la Europa contemporánea las formas políticas de Atenas y Roma. Hoy la democracia ha rectificado este error y comprende que su progreso y eficiencia está más bien en oposición con el régimen plebiscitario.
De todas suertes, el Parlamento debe sus vicios mayores a esta génesis, a esta su oriundez de pequeños distritos. Porque en la mayor parte de éstos no existe, naturalmente, la menor sensibilidad para los problemas políticos. En su lugar, actúan las pasiones privadas, sórdidas y estériles. Es, pues, una falsedad querer constituir un cuerpo político con partículas totalmente apolíticas. Esta falsedad originaria fluye luego por todas las venas de nuestra vida pública.
La condición esencial para que tenga algún decoro el Parlamento es que se corte su comunicación con el pequeño distrito. Queden éstos como base democrática de las asambleas regionales.
Los parlamentarios deben, en cambio, representar grandes porciones del territorio: las regiones. Cada una de éstas podía elegir una veintena de diputados. Una elección por lista y con alguno de los sistemas de proporcionalidad —que sólo han resultado eficaces en cuerpos de electores muy numerosos— evitaría casi todas las repugnantes, aldeanas corruptelas del sufragio en nuestro país. Una región entera no es fácil de muñir.
Yo comprendo que un proyecto de este linaje habría de irritar a toda la gentecilla inferior que, merced a vilezas de vario estilo, sabe «organizarse» un distrito. Si se llevaba a efecto equivaldría a «desaldeanizar» el Parlamento, permitiendo, con no escasas probabilidades, que esos veinte hombres destacados por cada región no fuesen nunca de calidad inferior. Cada asamblea pondría en manos de una Comisión, escogida en su interior, la presidencia de esas grandes elecciones parlamentarias.
El Sol, 19 de julio de 1924
VI
Antes de recoger en un primer esquema las líneas tiradas en los artículos anteriores, sería oportuno hacer una advertencia sobre el valor de toda reforma política en España.
Se trata de organizar el Estado nacional, de articular según nuevo plan nuestro cuerpo político. Que, en una u otra forma, es esto ya ineludible, no ofrece duda a nadie. El mayor pecado de la última generación política, hoy en ostracismo, fue no haber intentado esa reforma profunda que los hechos con sus grandes gritos mudos reclamaban. Sólo ese intento, aun fallido, la hubiera podido justificar ante la historia. La ausencia del propósito es la prueba más dura que hay contra ella, porque revela que no se interesó nunca en los destinos nacionales y prefirió cabalgar a gusto en el machito, mientras éste no coceaba. No coceaba porque se iba muriendo pendiente abajo. Ésta ha sido la gran vileza de esa generación, que nunca fue sorprendida «in fraganti» de algún acto noble y generoso.
Pero conviene que al hablar de la reforma política de España no nos hagamos demasiadas ilusiones. Por no entorpecer el desarrollo de las ideas principales no he querido en los artículos anteriores hacer constar, una vez más, que toda reforma política es, dondequiera, pero sobre todo en España, de una importancia puramente adjetiva. Esta adjetividad podrá ser muy importante, de insuperable urgencia —como lo es ahora en nuestro país—; pero con todo ello no dejará de ser adjetividad. Lo sustancial es otra cosa. Creo haber insistido siempre, en mis escritos, sobre esta idea: por la política no sanará España. La razón es sencilla: su enfermedad no es política, sino más honda, histórica. No se entienda esto al revés, como si yo afirmase que la política española no padece los morbos más atroces. Lo que pienso es que si, por arte de magia, la política española sanase, España seguiría, en lo esencial, valetudinaria. Por esta razón, su política no convalecerá nunca del todo, si no se acude a remediar los defectos ultrapolíticos.
La reforma política afecta únicamente al Estado, y sólo con vago influjo indirecto actúa sobre la sociedad. Miremos las cosas claramente. El Estado es un aparato, una máquina que la sociedad construye y maneja para obtener ciertos resultados. Y como la máquina no podrá nunca sustituir al hombre que la crea, sino meramente auxiliarle, el Estado no puede sustituir a la sociedad. Lo que ésta no haga no lo hará aquél. Lo que esta haga mal lo hará peor el Estado.
Uno de los hechos que sorprenden más, cuando súbitamente se nos descubre —por la lectura de periódicos o al hacer un estudio histórico— es que el Estado y la política no han funcionado bien, rigorosamente bien, en ningún pueblo y en ningún tiempo. Se advierte que son obras para las cuales no está aún el hombre suficientemente maduro. Tal vez, al cabo de siglos, adquiera cualidades que permitan organizar Estados perfectos y ejercitar una política exacta. Entre tanto, cuando se habla de un Estado admirable, de una política gloriosa, se quiere decir «un Estado menos malo», «una política menos desastrosa». Tómese cualquiera de las operaciones públicas, por ejemplo, el sufragio. En España, con razón superabundante, nos quejamos de la impureza con que se ejerce. Pero léase lo que dicen los franceses, ingleses, norteamericanos del sufragio en sus respectivos países. Cualquiera que sea la distancia entre los vicios electorales de esas naciones próceres y los nuestros, queda en todas partes un margen de defectuosidad tan grande, en el ejercicio de esa suprema función política, que no se concibe cómo puede, arrastrándola, ser grande un pueblo. Y es que se supone erróneamente que la nación vive del Estado y de sus perfecciones cuando la verdad es lo contrario. Las naciones son grandes a pesar de sus Estados, gracias a la plenitud de su vida social, merced al trabajo, al esfuerzo, a la moral, a la energía y a la inteligencia que los ciudadanos derrochan en su vida no pública. Cuando la sociedad es poderosa —inteligente, rica, emprendedora y correcta— las pérdidas que inexorablemente causa en ella el Estado no se perciben. Es una sangría que el organismo vigoroso puede permitirse sin padecer desequilibrio.
Vivimos una hora en la cual debe cada español ponerse bien en claro su propio modo de sentir sobre los asuntos nacionales, y si es posible, declararlo, aunque haya de parecer áspero o rudo. Pues bien: frente a los tópicos triunfantes yo he de reiterar que, con ser mala la política española de los últimos veinte años, me ha parecido siempre mejor que la vida no política. Los vicios de aquélla no nacen en su recinto sino que llegan a ella torrencialmente de toda la cuenca social. El ministro de Hacienda suele ser incompetente; ¿pero acaso lo es más el financiero privado? El juez es injusto, pero ¿no lo es a toda hora el español de tipo medio, en cada una de sus conversaciones, en cada uno de sus actos?
Somos una raza desmoralizada, y mientras no nos reeduquemos, todo será vano.
¡Educación, cultura! Ahí está todo. Ésa es la reforma sustancial. Ramiro de Maeztu ha vuelto a predicar la cruzada contra la incultura. No sé si tendrá mejor fortuna que la han tenido los ensayos anteriores del mismo tipo. Los problemas de educación y cultura tienen el inconveniente de que no dan pretexto fácil al apasionamiento. Y el español ha venido al mundo para apasionarse por algo en torno al velador de un café, oyendo el ruido de huesos de muerto que hace el dominó.
Y, sin embargo, cultura, educación serían en España todo, porque lo demás es nada. La reforma política significa sólo un expediente ortopédico para hacer que marche el cojo y agarre el manco. Todos debíamos enrolarnos en la cruzada de Maeztu. Mas para ello convendría que el egregio escritor no insistiese con igual energía en lo seguro que en lo problemático. Su campaña en pro de las humanidades, con ser de gran interés, no ha conseguido convencer a muchos, que, como yo, sólo desearíamos llegar a convencernos de que el latín y el griego enseñan, mejor que otro aprendizaje, a movilizar el pensamiento. En cambio, debe insistir con denuedo en la formación de esa Liga contra la Incultura. El día en que esta Liga existiese y gozase de plenitud, España estaría salvada. Porque la reforma sustantiva de nuestra nación tiene que ser de nuestra sociedad y no de nuestra política. Pero, hecha esta salvedad, fuera injustificado desdeñar todos los bienes que de una mejor organización del Estado pueden sobrevenir. Sobre todo, si al proyectarla se busca, entre otras cosas, hacer de las instituciones un instrumento de incitación, de estímulo a una sociedad que tanto propende a la inercia.
El Sol, 26 de julio de 1924