Abstract
A defence of parliament against the unanimous contempt for it: reactionaries exploited disinterested criticism to discredit it, and to negate an institution without replacing it is the height of anarchism. A historical thesis follows: since 1789 Europe’s right has done anarchic work, and the West’s task is to purge its national bodies of the chronic rancour the French Revolution left in them — invoking Nietzsche on Russian ressentiment.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
I
Durante los últimos diez o doce años se ha extendido por todas las masas nacionales una opinión despectiva sobre el Parlamento, que no por ser casi unánime es acertada y salutífera. Claro es que del Parlamento en general, y del español en particular, pueden decirse muchas cosas desfavorables. En tiempos más a propósito para ello que los actuales, hemos hecho muchos, en España y fuera de España, la crítica de los Parlamentos al uso, y con la mejor intención anunciábamos a liberales y demócratas que si no perfeccionaban el aparato de la representación nacional, sus principios políticos perderían toda eficacia sobre la conciencia pública. Liberales y demócratas no han hecho caso porque el liberalismo y la democracia habían empezado a morirse por dentro, y, como todo organismo decrépito, carecían ya de fina sensibilidad para los cambios del ambiente, y eran incapaces de corregirse a sí mismos, o como suelen decir los biólogos, de regularse.
Las potencias reaccionarias, por su parte, con menos reflexión de lo que fuera deseable, han aprovechado las críticas desinteresadas que del Parlamento se hacían para propagar su descrédito. Y, en efecto, han conseguido que las Cortes pierdan todos sus prestigios y, con ellos, toda su autoridad. Una vez más han hecho obra anárquica (desde 1789, los reaccionarios no hacen en toda Europa —salvo en Inglaterra— más que labor anárquica. Haber dado lugar a este anarquismo de las derechas es, si se medita bien, una de las grandes objeciones contra la Revolución francesa). Porque nada es mayor anarquismo que dislocar una institución o arkhé, sin sustituirla por otra. El modesto anarquista de bomba y pistola se contenta con destruir al representante de tal o cual institución; el reaccionario dispara contra la institución misma. Si el aire social estuviese un poco más cargado de moralidad parecería intolerable que alguien combatiese el Parlamento sin mostrar a la vez, de un modo claro, la posibilidad de otra institución mejor, sustitutiva de aquél. Ningún reaccionario que no sea, además de ello, demente, espera en serio que podamos volver a una Constitución de forma absolutista. ¿Qué sentido aceptable tiene, pues, su hostilidad al Parlamento? Suelen ellos denostar a los hombres de extrema izquierda, calificándolos de «espíritus negativos»; pero, ¿cabe mayor negativismo que negar una institución a sabiendas de que es la única posible? Sería bueno que un día comenzasen los reaccionarios a avergonzarse del sentimiento rencoroso con que asisten a todo lo presente. Acaso la gran faena histórica que hoy tienen ante sí los pueblos de Occidente es purgar sus cuerpos nacionales del rencor crónico con que los dejó infeccionados la Revolución francesa, hecho acaso el más funesto e inútil de la época moderna. (Es probable que la Revolución rusa, de tipo completamente opuesto a la francesa, produzca también efectos inversos: la vida rusa se hallaba atestada de resentimiento, como hace cuarenta años notaba ya el genio clarividente de Nietzsche, con motivo de la novela rusa. No es inverosímil que las angustias y sufrimientos revolucionarios sirvan de derivativo al torrente de hiel acumulada).
En vez de maldecir del Parlamento, sin sustituirlo, convendría que nos preocupásemos todos un poco de mejorarlo. Porque ha llegado España al punto de no funcionar como Estado. No es que funcione mal, es que, en absoluto, no funciona. Y resulta verdaderamente peregrino que se haga responsable de ello al Parlamento.
Se ha prescindido de éste, dejándole sólo una apariencia de realidad. Como la Sociedad de Amigos del Arte reúne alguna vez retratos de otro tiempo en una exposición retrospectiva, la Corona congrega, de cuando en cuando, las fisonomías de los representantes y los invita a que hagan unos cuantos gestos en el hemiciclo. Pero no se les deja discutir sobre nada esencial, y si, por caso, arrebatados por la vaga ilusión de que existen, entran de lleno en alguna cuestión, las gentes protestan inmediatamente contra la verbosidad parlamentaria, obstáculo a todo mejoramiento nacional. Porque estaba reservado a la perspicacia española descubrir que es intolerable que el Parlamento parle. Por lo visto, la misión de los parlamentarios es más bien hacer gimnasia sueca o cualquier otro mudo menester.
Ni siquiera se ha respetado a las Cortes el derecho de legalizar el Presupuesto. Cuando ha parecido oportuno fue prorrogado por simple decreto. Y esto que se hizo una vez, ha podido hacerse más. Bastaría para ello con echar nuevamente mano del señor La Cierva, que con su política de búfalo, está siempre dispuesto a cerrar los ojos y dar de testuz la embestida.
Mas ni esto hizo falta. El Parlamento mismo se prestó —conviene hacerlo constar de nuevo— a anular su propia condición sometiéndose a una serie de Gobiernos ómnibus que impedían toda oposición. Sería oportuno preguntar qué otra clase o grupo nacionales ha mostrado pareja docilidad, facilitando, con la renuncia de sí mismo, un ensayo que otras clases y grupos pedían. Para otorgarnos el honor de gobernarnos, exigía el señor Maura previamente que se suprimiese toda oposición, lo cual viene a ser como si un Hércules de feria, antes de levantar la pesa grande, pidiese la supresión de la ley de gravedad. Más afortunado que este personaje, el señor Maura ha podido gobernar dos veces sin oposición, y, no obstante, con poquísima fortuna. Ha habido gran ostentación de músculos retóricos, pero la pesa grande ha quedado en el suelo.
No se diga, pues, que el estorbo mayor para que la vida pública española, el Estado español, entre en normalidad, es el Parlamento. Tan evidente resulta lo contrario, que no puede uno menos de sospechar alguna insinceridad en los que tal piensan. Ignoro cuál será la experiencia de los demás; pero la mía es, en este punto, uniforme: siempre que he oído vocalizar los tópicos habituales contra nuestro Parlamento, ocultaban en el que hablaba una irritación particularista. Lo que, en contraposición con sus palabras, le irritaba del Parlamento era precisamente lo que tiene de bueno, a saber: que es la única institución donde no tenemos más remedio que contar los unos con los otros. Esto es lo que pone hoy fuera de sí a casi todo español: que el prójimo exista y haya que contar con él. El militar se exaspera ante la sola idea de que el resto de la sociedad, que paga los gastos del Ejército, se permita la menor intervención en su vida gremial. El palatino siente como un insulto personal que los periódicos y las Cortes aspiren a colaborar en la dirección política de la nación. Al obrero le parece la más inaceptable vejación que los guardias de Orden público intervengan cuando apalea a un amarillo, y, en tanto, el gobernador de la provincia considera que no debía haber obreros en el mundo, puesto que no sirven más que para plantear conflictos a los gobernadores civiles. Más o menos reprimida, esta repugnancia a contar con los demás es la reacción espontánea y primera que encuentra hoy dentro de sí todo español. Le enfurece sentirse parte de un todo que es la nación. A esta enfermedad social que hoy padece España en forma aguda he llamado particularismo en un libro reciente, donde intento su análisis; y, en definitiva, a ella debe atribuirse la fobia contra el Parlamento y los políticos.
Las Cortes son la institución nacional por excelencia, ya que en ellas se ven obligados los innumerables particularismos a enfrontarse unos con otros, a limitarse, domesticarse y nacionalizarse. Tan lejos está de la verdad atribuir al Parlamento el estado de disolución política a que ha venido España, que la verdad es estrictamente lo contrario. El Estado se ha deshecho porque se ha prescindido del Parlamento y se le ha desautorizado sin tener a mano otra institución capaz de condensar en sí la autoridad que de aquél se desalojaba.
Porque, al cabo, la causa de la parálisis política, de la desorganización del Estado, que hoy padece España, no es otra que la inexistencia del Poder público. El Poder público es una función orgánica sin la cual no puede vivir una sociedad nacional. No consiste en una concentración de fuerza, sino en una concentración de autoridad. La prueba de que el Poder no es Fuerza se ofrece hoy bien clara a la mente de los españoles. Por faltar autoridad al Poder público resulta que no puede éste mandar ni siquiera a la Fuerza pública.
Es vano querer eludir la cuestión. El problema más inmediatamente urgente en nuestra existencia colectiva consiste en dotar de autoridad bastante a alguna institución. Mientras no tengamos ese mínimum de Poder público, no podremos públicamente hacer nada de provecho.
Ahora bien, ¿qué institución es hoy la más apta o la menos inepta para cargarse de suficiente autoridad, como se carga de electricidad un acumulador? El símil no es ocioso porque nos recuerda que el Poder público sólo existe cuando es capaz de producir fulminaciones invencibles.
El Sol, 28 de junio de 1922
II
He empezado por decir que la opinión despectiva sobre nuestro Parlamento es casi unánime. No me extrañaría, pues, que esta defensa de él se juzgue, al primer pronto, extravagante. Pero es el caso que aquella opinión me parece errónea. Las razones en que se funda son, a mi juicio, falsas, o, cuando menos, inexactas. El hecho de que casi todo el mundo las acepte como buenas no es sino un motivo más para que me sienta obligado a pedir la revisión.
Así, considero que es un deber oponerse a la idea, avecindada en casi todas las cabezas españolas, de que los gobernados somos mejores que los gobernantes; los electores, que los elegidos; la nación, que el Parlamento. No se trata, claro está, de esta o la otra individualidad señera, sino que más bien habría de compararse la clase en junto de los políticos con las demás clases o gremios nacionales. Dígase cuál de ellas es superior en dotes y virtudes a la de los políticos. Difícil será encontrarla. Y es natural. Si existiese, hace mucho tiempo que ella sería la directora de los destinos públicos. No nos hagamos ilusiones: ni el noble, ni el militar, ni el industrial, ni el propietario, ni el obrero tienen nada que echar en cara al político. Ni son más inteligentes ni más generosos que él.
Por este motivo, debiéramos acostumbrarnos, cuando se trata de la vida política española, esto es, de España como Estado, a restar cuanto se refiere a los defectos de España como sociedad, como pueblo, como raza. Aún en el caso mejor, la política tendrá que mantenerse dentro del límite marcado a las capacidades morales e intelectuales de nuestra sociedad. ¡Bueno fuera que siendo lo que somos los españoles, nuestros representantes fuesen genios y santos! Equivale, pues, a desviar perniciosamente la atención de las masas nacionales ponerse ante ellas a maldecir de los políticos, dando a entender que hay otra casta de hombres maravillosos a quienes la perversidad de los parlamentarios no deja conquistar el Poder.
Algunas veces ha acontecido, en efecto, que una nación dotada de una excelente minoría caía presa de unos forajidos. En tales casos la tarea fue muy sencilla: bastó con levantar al pueblo contra el grupo de malvados y necios e imponer el grupo de los honestos y perspicaces. Pero es preciso reiterar que el caso de España no es ése, sino precisamente el contrario. Aquí no es la cuestión imponer una minoría mejor, sino crearla, porque no existe. Y esa creación de hombres mejores no es principalmente faena política, sino social.
Cuando yo pido que la institución parlamentaria sea restaurada en la plenitud de su ejercicio, no se me ocurre pensar que con ello vamos a salvar a España. La enfermedad española es histórica, y, por tanto, no basta a curarla una medicina política. Pero ahora se trata exclusivamente de corregir la extrema anormalidad que padece nuestro organismo político, nuestro Estado, y que es debida al desprestigio del Poder público.
No es cierto que los parlamentarios sean, en ningún sentido, de peor condición que el resto de los ciudadanos. Habrá entre ellos un tanto por ciento de seres completamente ridículos, y, desde luego, no faltan algunos salteadores de caminos. Pero, no obstante, el ambiente de las Cortes es más bien un poco superior al del resto de la nación, si se exceptúan pequeños grupos selectos que llevan una existencia marginal, apenas tangente a las modalidades del país. El único lugar público de España donde una palabra o emoción discreta tiene alguna vaga probabilidad de ser percibida es el Parlamento.
Por lo tanto, es un perfecto error suponer que para mejorar el Parlamento sea preciso modificar ampliamente su personal. Poco más o menos, está en él la gente que debe estar. Si por arte mágico fuesen reunidos en unas Cortes los cien hombres verdaderamente superiores que pueda haber en España, las consecuencias serían fatales. Apenas comenzasen a actuar, la protesta de las masas castizas sería tal que no sé si se contentarían con la decapitación de esos cien hombres superiores.
Con mejor voluntad que perspicacia piensan algunos que el Parlamento mejoraría si tomasen parte en su vida interna algunos catedráticos y escritores de respetada fisonomía. Ciertamente que hoy, las únicas figuras ungidas con algunas milésimas de prestigio pertenecen al gremio científico, literario y artístico. Es justo que así sea, porque desde 1900 las únicas batallas, grandes o pequeñas, por España ganadas las han ganado los «intelectuales» o los «sentimentales», quiero decir, hombres de ciencias y letras o pintores y músicos. El hecho es difícil de negar aunque se ha trabajado lo imposible para ocultarlo. (Ahora empieza también a obtener victorias el deportismo español; la cosa tiene más importancia de la que se le ha dado; pero, de todas maneras, se trata sólo de un comienzo). Sin embargo, dudo mucho que la intervención directa del intelectual aprovechase a la política. La historia arroja más bien la enseñanza de que los intelectuales sólo una cosa han solido hacer en política: estorbar. Ciencia y gobierno son, acaso, las dos más opuestas actividades humanas. El intelectual un poco consciente de sus destinos, en lugar de pedir al político un acta, debe pedirle que le lea con mediana atención. Si logra esto habrá influido en la política cuanto debe influir.
Pero, sobre todo, la cuestión no tiene nada que ver con la calidad de las personas. Aquí está el nudo del error. La autoridad que el Parlamento ha perdido no la ha perdido, en definitiva, por la falta de talento, saber y moralidad de sus miembros, sino por otra causa aún más sencilla: porque no ha funcionado. Y no ha funcionado porque no se le ha dejado funcionar. Ni más ni menos. No se hable vagamente y sobre el vacío. Los hechos son claros y concretos. Repase quien quiera las crónicas y se verá que desde hace muchos años, sobre todo desde 1913 inclusive, no se ha dejado al Parlamento vivir su vida propia; se le ha interrumpido, perturbado, dislocado; se le ha impedido moverse, según su necesidad orgánica; apenas se iniciaba en él un higiénico e inevitable encrespamiento de olas, se acudía a derramar aceite, y si la tormenta persistía, se le evacuaba como se vacía una presa. Y cuando a manos de tal tratamiento sucumbe el artefacto parlamentario, oímos que se nos dice: «¿Lo ven ustedes? ¡El Parlamento no sirve! ¡Es incapaz de aprobar una sola ley!»
La política de la Corona no ha sido, en este punto, muy afortunada. Con la mejor voluntad ha ido descoyuntando el organismo parlamentario por medio de intervenciones, perfectamente constitucionales, pero algo desacertadas. Al Poder moderador se le ha ido un poco la mano en el menester de moderar, y, si no se quiere ver en ello una fácil impertinencia, yo diría que ha moderado inmoderadamente. El Parlamento es un cuerpo orgánico que necesita cierto margen de libertad para poder moverse e incubar sus saludables evoluciones. Intervenir demasiado es detener los íntimos procesos de transformación.
No creo que decir esto sea disparar ningún terrible dardo contra la Monarquía. Ajeno a la actuación política y hostil a toda demagogia, ni siquiera ideológicamente participo de la confesión antimonárquica. Además, no veo claro que, como suele oírse por ahí, Europa evolucione hacia la República; antes bien vislumbro que, bajo opuestas apariencias, se dirige hacia nuevas formas de Monarquía. Pero ésta es materia complicada, y ahora sólo me interesa subrayar la intención monárquica con que me atrevo a deslizar un reparo a la política de la Corona.
¿En qué ha consistido el error? Reduciendo la respuesta al menor número de palabras, yo partiría de la objeción más repetida, y que se juzga decisiva contra el Parlamento, a saber: que en las Cortes no se puede aprobar una simple ley. Está bien; pero, ¿por qué pasa esto? Porque el Parlamento se compone de grupos inorgánicamente hacinados. ¿Y esto por qué? En todas partes murieron hacia 1900 los grandes partidos. En su lugar se han formado en todas las naciones grandes articulaciones de grupos. En España, no. ¿Por qué? Porque esas articulaciones no se forman en la luna y mediante un ukase, sino en los Parlamentos y merced al ejercicio libre de la vida parlamentaria, pasando por épocas de grandes luchas, apasionamientos y conflictos. La vida es así, y sólo se pare con dolor y entre convulsiones. En España no ha habido nada de esto. ¿Por qué? Fuera del Parlamento, la opinión política es sumamente débil. Más que en parte alguna, el Poder necesita aquí nutrirse del escorzo de opinión pública que forma el Parlamento. La Corona, que cambió de sienes cuando morían en España los viejos partidos, ha creído ver en la crisis fisiológica que atravesaban las Cortes españolas para poder organizar las grandes articulaciones parlamentarias un síntoma patológico. Con excelente deseo e insuficiente paciencia ha querido evitar a la nación los efectos de esas crisis, y ha intervenido instigada por el noble afán de curar lo que juzgaba una enfermedad. Ha disuelto Cortes que no debieron ser disueltas; ha ensayado jefes de Gobierno sin dar tiempo a que madurasen sus poderes parlamentarios; con ello ha contribuido a atomizar las fuerzas políticas y las ha habituado a buscar el Poder exclusivamente en Palacio. Cuando se iniciaba algún debate enérgico, capaz de llegar a alguna conclusión clara, y, por tanto, a una estructuración orgánica de los grupos, ha llamado a sus ministros en uso constitucional y ha elegido otros para que apagasen el germen de incendio. De aquí que en el Parlamento no se haya podido llevar nada a sus naturales y fecundas consecuencias. ¿No es excesivo pedir que un instrumento sometido a tal régimen resulte hoy usadero? La máquina yace desvencijada por error de conducción. Déjesela funcionar dos años seguidos, sin intervenciones forasteras, y se verá cómo, automáticamente, el aparato, volviendo a sus goznes y engranajes, se pone en movimiento. No hará cosas excelsas, pero marchará regularmente. Con los mismos hombres, con los mismos vicios individuales, la institución representativa puede recobrar aquel mínimum de autoridad que el Poder público necesita. Entonces será ocasión para pensar en mayores finuras.
Es un error, una miopía, dar demasiada importancia a las intrigas de los políticos. Sus idas y venidas fraudulentas no trascienden de un primer plano, tras del cual corre imperturbado el verdadero proceso histórico. Los políticos, como gremio, han sido eternamente intrigantes, y, sin embargo, se han hecho sobre el planeta algunas grandes cosas. La intriga es tan natural al político como la coquetería a la mujer, y ambas son, a la postre, inoperantes, pura mise en scène.
Como el lugar donde los políticos intrigan más es en Palacio, suele engendrarse en las cámaras regias una generosa indignación contra ellos, y se llega a presumir que si el pueblo los tolera es porque vive engañado. No, no vive engañado; conoce perfectamente aquellas intrigas; lo que ocurre es que, allá en su viejo corazón anónimo, echa el pueblo sus sumas y sus restas, y acaba por convencerse de que, intrigantes y todo, son lo mejor que tiene a mano. La maldad del uno queda anulada por la del otro, y el viento que sobra empuja la nave hacia el bien público.
El Sol, 1 de julio de 1922
III
El razonamiento que en estos artículos va desarrollado es, tal vez erróneo, pero sumamente sencillo. En España se ha volatilizado el Poder público, función social sin la que no puede vivir una nación. La causa de esa invalidez del Poder público está en haber perdido su esencia, que es la autoridad, imponderable energía que reside en las instituciones o se ausenta de ellas, como la electricidad se condensa en un cuerpo o lo abandona. Nuestra Constitución reparte el ejercicio del Poder público entre el Parlamento y la Corona. Habiendo aquél perdido sus prestigios ha quedado el Poder público sin la mitad de su autoridad cuando menos. La terapéutica de la situación se presenta, pues, en un claro dilema: o la Corona duplica su autoridad o es preciso restituir la suya al Parlamento.
Ahora bien, la estructura actual de la vida colectiva impide que la Corona pueda duplicar su autoridad. Intentarlo sería cargar sobre ella todas las responsabilidades —me refiero a las históricas, no a las jurídicas—, sin que tenga los medios para afrontarlas. En última instancia, el principio monárquico nutrió sus prestigios merced a bélicas empresas, ampliando el territorio nacional (España, Francia, Inglaterra) o afirmándolo contra algún peligro constante (Imperio romano). Sin una política de guerras, que hoy fuera inconcebible, la Monarquía no puede pensar en acrecer considerablemente su autoridad: harto hace con mantenerla.
No hay, por tanto, otro remedio que restaurar la autoridad del Parlamento. Con unas u otras modificaciones, es él una institución inevitable y la más adecuada a nuestros tiempos. No sólo por razones de ética o derecho —que deben ser siempre secundarias—, sino por razones biológicas, de forzosidad natural. En otras edades tenía la vida social un carácter privado. La sociedad era predominantemente un tejido de individualidades, familias, gremios, municipios. Hoy es la vida social eminentemente pública. Como el moderno impresionismo pinta más que el contorno que cierra la figura el aire que la envuelve, así el carácter de las sociedades actuales se ha hecho atmosférico, difuso. Ni la persona, ni el gremio, ni el cuerpo colegial pueden representarla. Hace falta una institución menos rigorosa de líneas que las pretéritas, y, en cambio, más porosa. El Parlamento es la institución impresionista y atmosférica, gracias a ello, la institución contemporánea por excelencia. De ella tiene que partir y en ella tiene que apoyarse toda otra autoridad. Es muy posible —más de lo que suponen los abstraccionistas de la democracia— que se imponga en alguna hora la necesidad de una dictadura, no sólo en España, sino igualmente en Francia, Italia, Alemania. Que se entrevea esa posibilidad es acaso el rasgo más significativo de la época que ahora comienza en Europa. Pues bien, las dictaduras sólo han podido nacer en los Parlamentos. De ellos han recibido la carga eléctrica que requiere su autoridad transitoria y omnímoda.
El temple reaccionario, menos dado a meditar sobre la realidad positiva que a buscar objeciones, aunque sean sólo aparentes, opondrá a esta demanda de que se restaure la autoridad del Parlamento, y para ello se le deje libremente funcionar, observaciones como la siguiente: hablar en serio del Parlamento es una inocencia, porque el Parlamento es una ficción en España, donde el sufragio no se ejerce.
Con esto llegamos a otro de los tópicos antiparlamentarios. Yo niego rotundamente que el Parlamento español sea una ficción. La ficción auténtica es, por el contrario, la idea de que es una ficción. Resulta que unos cuantos hombres definen, por sí y ante sí, una institución, esto es, construyen una arquitectura de conceptos y en vista de que la institución real y viva no coincide con esos conceptos, la declaran ficción. Más discreto parece lo contrario: declarar ficticia nuestra idea cuando es incongruente con la realidad. En ninguna parte del mundo realizan íntegramente las instituciones el perfil de su definición. Queda éste siempre —y esta es su única misión— como un ideal orientador y una norma de perfeccionamiento. En cada nación se ha realizado de una manera distinta y en una proporción diversa el concepto del sufragio. La manera española no es ciertamente la mejor, pero es la nuestra, y sólo cabe pensar en corregirla lenta y paulatinamente. Pero el que exista en cada momento una distancia entre nuestro régimen de sufragio y su forma ideal, no implica que el Parlamento sea una ficción. Por el contrario, serían ficticias unas Cortes españolas en que súbitamente se hubiese ejercido con toda pureza el sufragio. Tal y como puede ser nuestro Parlamento, vuelto a su normalidad, será como ha sido un tiempo, la representación más exacta posible de la realidad política nacional. No confundamos las cosas. El sentido del ideal consiste en orientar nuestra voluntad, no en suplantar las realidades. Pedir para una nación como la nuestra el sufragio perfecto es pedir una ficción.
La concentración liberal-reformista, reunida hace poco en el Palace, hacía al país la misma demanda que yo ahora hago para que se asegure el funcionamiento de las Cortes. El propósito parece digno de todo aplauso. Pero, tal vez, no ha sido certero el giro que se ha dado a su expresión. Porque aquella demanda viene inclusa en un programa donde se solicita la instauración de ciertas formas jurídicas, simplemente porque como formas jurídicas, les parecen preciosas a los concentrados.
Poseen éstos una hipersensibilidad para las formas de Derecho que es muy estimable, pero evidentemente anacrónica. En tiempo de Hegel y más aún en el de Edgard Quinet, comulgaban amplias masas sociales en la fe de que hemos venido al mundo para realizar ciertas formas jurídicas. Se componían filosofías de la historia mostrando la larga y ondulante línea de las aventuras humanas como un proceso progresivo de realización del Derecho. Había entonces en el aire público una voluptuosidad para los formalismos del Corpus Juris, que hoy falta por completo. Estamos en otra edad, y no sobraría que gentes de avance como los concentrados lo advirtiesen. Ya no sienten fruición por las puras formas jurídicas más que los jurisperitos. Es la huella y el hábito de su oficio. ¿No convendría ampliar un poco más el estilo de la concentración a fin de que no lo fuese sólo de abogados?
Nada se adelanta hoy con sacudir en el viento los dogmas de la libertad y de la soberanía popular. Y no porque hayan dejado de ser verdad. Siguen siéndolo, sin duda, pero de otra manera que antes, matizados de nuevo cromatismo, dispuestos en otra perspectiva. Cuando las izquierdas arribadas al Poder en Rusia y Alemania, dictan leyes rigorosas de represión contra la propaganda política, es ingenuo que aquí, desde la oposición, se engolen las voces para cantar románticas arias de liberalismo y democracia. No convencerán a nadie. Han aprendido los hombres de las últimas generaciones que no es su destino en la tierra servir a ciertas abstracciones formales de ética o derecho, sino que, al revés, son derecho y ética instrumentos al servicio de las necesidades reales. Por sí mismas aquéllas carecen de valor: su valor es su oportunidad, y su oportunidad, su urgencia.
Siguiendo otro método que el usado por la concentración, yo he hecho ahora el ensayo de mostrar que el ejercicio normal de Parlamento es absolutamente necesario para que funcione el Estado español. Para ello no he necesitado suponer que el lector sea liberal, ni siquiera partidario de la soberanía popular. Ha dañado sobremanera a la política nacional el que los propagandistas renuncian de antemano a convencer a los disidentes y, prisioneros de su parroquia, hablan sólo a los convencidos.
El Sol, 2 de julio de 1922