Abstract
An editorial on the double censorship, governmental and typographers’: the first legal but abusive, the second illegal and unaccountable. Ortega draws the thesis that one can no longer govern by force, since the state does not stand above society but is immersed in it, and unjust authority breeds social illegality.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Después del colapso de un día vuelven hoy los periódicos madrileños a pulsar en las calles. Por nuestra parte, no decimos que en este retorno al trabajo nos hallemos con el ánimo satisfecho. Desde el momento que la censura roja se puso a combatir con la censura negra al través de nuestros cuerpos cuotidianos, todos los periódicos debieron darse transitoriamente por muertos. Ésta fue nuestra opinión: ni un día, ni una hora debimos prolongar una apariencia de vida que sólo servía para sustentar el vejamen y el deshonor. No triunfó nuestra opinión: como suele, para desdicha nacional, suceder siempre, venció esta vez también lo ineficaz y lo confuso. Y henos de nuevo con la pluma en la mano, pluma que las circunstancias convierten en un pequeño remo de galera.
Usemos de él, ante todo, para marcar con alguna precisión nuestro juicio sobre el conflicto de la doble censura. No serán tal vez líneas perdidas las que escribamos, porque encierra el caso un ejemplo clarísimo de cuál debiera, a nuestro juicio, ser en todos los problemas actuales la verdadera política.
El Poder público se ha reservado, en previsión de situaciones extremadamente graves, el establecimiento de la censura. La Constitución y la ley de Imprenta no ponen trabas suficientes al uso de este abuso, y he aquí uno de los muchos motivos que hacen urgente la reforma constitucional por nosotros demandada. Pero, en fin, el ejercicio de la previa censura por el Gobierno es un acto legal, cuando menos, en el sentido en que es legal un acto abusivo de la autoridad. Un poco de tacto y otro poco de respeto a la nación, de respeto a sí mismos, hubieran impedido a los gobernantes desprestigiar con la frecuencia de su empleo esta delicadísima ley, que hoy, frívolamente convertida en un miserable artefacto de tortura intelectual y política, contribuye no poco a incitar todos los instintos subversivos de las clases más descontentas.
Tiene el Poder público órganos constructivos y órganos agresivos: la porción menos inteligente de nuestra sociedad cree que la autoridad se fortalece ejercitando a menudo éstos, y no parece nunca apresurarse en exigir que funcionen aquéllos. Conocemos muchos ciudadanos que no se ocupan de política más que para pedir a los Gobiernos la administración de la violencia. Pero acaece que, aparte la ruindad de este temperamento, las alturas de la historia por que ahora bogamos lo hacen contraproducente. Hoy no sólo no se debe, sino que no se puede gobernar con la fuerza. El Estado no se halla, como en otros tiempos, sobre la sociedad, sino que vive inmerso en ella, flotando en medio de la opinión pública. Y ésta, más fuerte que él, es quien lo nutre de autoridad moral, única duradera y eficiente.
Contra una violencia del Poder público, siempre hallará la sociedad o parte de ella algún arma de análogo poder ofensivo. Así ha ocurrido con la censura gubernamental al querer prohibir la publicación de noticias ciertas sobre las huelgas. Los tipógrafos han respondido a la ley violenta con una violencia ilegal. Lleva, sin duda, el Gobierno la irónica ventaja de que todo lo que él hace es legal. La sociedad, o parte de la sociedad, cuando se siente herida, responde a su manera. Y su manera suele ser francamente ilegal.
La injusticia de la autoridad engendra inevitablemente la ilegalidad social.
Nosotros hemos combatido con toda la energía que permite el vocabulario, nuestra única arma, los abusos de censor cometidos por los Gobiernos. Recuérdese nuestra campaña del estío contra el uso que de la mordaza hacía el entonces gobernador señor López Ballesteros. Pero claro es que la censura roja tiene caracteres más tiránicos aún que la del Poder público. Sobre ser ilegal, es irresponsable. El ministro censurador puede ser nominativamente atacado en el Parlamento, y, aunque no es ello muy fácil, puede ser llevado a la barra. Además, la censura del Gobierno es ejercida por empleados también responsables y centralizada en una oficina que aplica a todos los periódicos un mismo rasero.
Nos parece un poco ridículo adoptar en cuestiones como ésta una actitud de matamoros. Las cosas deben ser dichas clara, honesta, reflexivamente y sin patética… Un periódico no puede pretender arrollar la Asociación del Arte de Imprimir. Cada uno de nosotros, los periodistas, es un pedazo del organismo unitario que forman desde el linotipista hasta el director. Ni nosotros sin los tipógrafos, ni ellos sin nosotros, podemos vivir. Queramos o no, estamos inexorablemente fundidos los unos con los otros. Parece, pues, obligado que extremen los obreros del taller el respeto civil que deben a los demás que colaboran en la obra común, y que cuiden en sus disensiones con el Gobierno de no herir al que está más cerca de ellos, precisamente por ejercer el oficio más fraterno. Nosotros no somos ni el Gobierno ni la Empresa: somos el periódico mismo. Lo que dañen a éste, dañarán a sí.
Juzgaríamos de mal gusto recordar hoy a los obreros cuáles son las doctrinas políticas que defiende este periódico. Aunque no fueran las que son, nos creeríamos con todos los derechos para ser atendidos y respetados. Porque, en fin de cuentas, lo que exigimos frente a la censura roja ilegal, como ante la legal censura negra, es libertad. Y el coartar ésta nos parece mucho más inaceptable en el obrero que en el Gobierno. Si esta libertad nos falta, El Sol tendrá, sin más frases, que suspender su publicación.
Publicado sin firma, El Sol, 30 de marzo de 1919