Abstract
An editorial on a cabinet crisis caused by the hidden power of the military juntas: for years Spain has lived in a state of revolution, that is, of an illegal public power masked by constitutional fictions. Either the people rebuilds legality through a constituent assembly, or it should openly accept being ruled by those who already rule. Topical politics.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Como el poeta toma su cálamo entre los rumores de la selva, nosotros, humildes prosistas políticos, tomamos esta noche la pluma entre los rumores de una crisis. No sabemos todavía si será declarada al punto o se esperará a que el nuevo sol luzca en Oriente. Pero la crisis, según nos aseguran, está planteada. ¿Por qué? Se dirá que con motivo de las tarifas ferroviarias o con el pretexto de tal o cual dificultad para la aprobación de los presupuestos. No nos importa lo que se diga. La conducta observada estos días por el señor Allendesalazar nos da derecho y nos obliga a retirar todo crédito en sus palabras. La crisis se debe, una vez más, al poder latente de las Juntas militares. Se habla de un documento en que éstas recuerdan al Gobierno su emplazamiento para el día 27. Añádense aún más graves exigencias que en él han llegado; pero, desconocedores del texto auténtico, preferimos no creer lo que escuchamos.
Parece, pues, que ha llegado el momento para que la vida pública española tome un aspecto más decoroso, y lo que es realidad oculta pase a ser realidad proclamada. Ha llegado el momento de que avancen al Gobierno los militares, y ya que tienen el ejercicio del Poder, tengan de él la responsabilidad. Hace días venimos solicitando que se haga esto y hoy nos importa fijar con alguna precisión el sentido de nuestra demanda.
Desde que comenzó la publicación de El Sol, pocos meses después del de junio de 1917, hemos cuidado de recordar periódicamente a nuestros lectores que España había entrado en un proceso de revolución, esto es, de situación ilegal en su Poder público. Con ser doloroso y triste todo estado revolucionario, lo es mucho más cuando el cuerpo paciente no tiene la energía de reconocerlo paladinamente, antes bien emplea sus últimos restos de vitalidad en tapar y celar con ficciones mil, a cual menos honesta, su irregular situación. Tal ha sido la existencia pública española en estos dos años: la agonía sin grandeza de un cuerpo político. Ciertamente que no es la raza española ni siquiera el pueblo español quienes agonizan. Por el contrario, la energía histórica, la plenitud social de nuestro pueblo ha aumentado enormemente desde 1898. Pero la estructura política que en el siglo XIX dimos a nuestra existencia colectiva se ha derrumbado, y desde hace tres años vivimos bajo el arco en ruina. Todo es ficción, todo es mentira, todo hipocresía y todo ineficacia mortal cuanto en ese tiempo se ha intentado hacer, aferrándose a las bambalinas de instituciones violadas. ¿Cuántas veces, durante ese tiempo, no hemos pedido urgente y radical transformación de esas instituciones, valeroso cercén de todo lo carcomido, renovación de los organismos nacionales? Las gentes que se obstinan en no ver más allá de sus narices romas creían que éramos nosotros los revolucionarios, cuando los verdaderos antirrevolucionarios son sólo los que a tiempo salen al encuentro de la revolución. País de viceversas el nuestro, al que grita «¡Fuego!», le llaman incendiario.
Ello es que en el ciclo de dos años todos los instrumentos políticos han ido perdiendo su dignidad constitucional. Todos han gobernado aceptando situaciones ilegales. El Parlamento mismo ha refrendado el rompimiento de la Constitución cuando aceptó que el señor La Cierva prorrogase por decreto una ley de presupuestos. En fin, desde hace largos meses no existe otro poder efectivo que el subterráneo de las Juntas.
En tales circunstancias, sólo cabe imaginar dos soluciones positivas: o el pueblo español siente, al cabo, irritada su dignidad política y en un gigantesco movimiento purificador reconstruye radicalmente la legalidad —esto es lo que concretamos, como en un símbolo, en unas Cortes constituyentes—, o el pueblo español se manifiesta insensible a los imperativos del derecho moderno, y desentendiéndose de los deberes democráticos acepta ser gobernado por quien ilegalmente quiera imponérsele. En este caso, tiene la obligación de arrumbar las ficciones constitucionales, aunque sólo sea por respeto a las minorías no dispuestas a colaborar en esa burla del derecho.
De estas dos actitudes, se ha visto que los españoles no han querido tomar la primera. Contra la insensibilidad ambiente es inútil luchar. Por eso pedimos que se adopte el otro extremo del dilema. Todo hombre democrático, es decir, todo hombre que respeta la idea del derecho debe preferir ver suspendida la legalidad a verla burlada y escarnecida. He aquí por qué nosotros pedimos la constitución de un Gobierno militar. Si creyéramos que existían en la política civil fuerzas suficientes para restaurar la ley, a ellas acudiríamos. Pero, exentos de proximidades sentimentales con los grupos políticos, libre nuestro juicio y abierta nuestra mirada sobre la verdad española, hallamos que esas fuerzas no existen.
Conste, pues, que no se nos da a elegir entre un Gobierno militar y un Gobierno civil. La realidad es que los ciudadanos tienen que optar entre un Gobierno responsable de militares o un Gobierno irresponsable de los mismos. En tal situación, no concebimos que pueda vacilar nadie, y menos todavía comprenderíamos que cupiese hallar parlamentarios dispuestos a formar nuevamente Gobiernos esquiroles. «Que gobiernen los que no dejan gobernar» —decíamos ayer, repitiendo la fórmula de Maura. Acaso fuera más exacto expresarnos así: Que gobiernen con responsabilidad los que gobiernan sin ella. Después de todo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si, a la postre, los militares, poco preparados para construir un cosmos nacional, lograran, en cambio, destruir el tinglado de la ficción nacional, bajo el que nos ahogamos?
Antes de que llegasen las horas floridas de la Grecia clásica, fue preciso, según la leyenda, destruir los monstruos y limpiar los establos de Augías. Este duro menester no era faena para Platón: tuvo que cumplirlo Hércules.
Publicado sin firma, El Sol, 20 de febrero de 1920