Abstract
A vast series of articles (over 30,000 words) on Spain’s “great reform”: small reforms are harmful because they distract from the great one and discredit the very idea of reforming; the real sin of Restoration politicians was not wanting the reform, thus plugging up Spanish history. A political-pedagogical text, not a speculative one.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
I
HACIA LA GRAN REFORMA
Cualquiera que sea la actitud individual frente a esta o la otra situación de gobierno, nadie debe desconocer que España, desde hace quince años, va entrando en un tiempo magnífico. Y no es que acontezcan maravillas en el área peninsular; pero yo creo que es siempre magnífico y solemne para un pueblo el momento en que llega a un recodo de su historia y, velis nolis, tiene que resolverse a seguir nueva ruta, a mudarse de arriba abajo, dislocando su viejo cuerpo para articularlo según otra arquitectura; cuando llega, en suma, la fecha de la gran reforma. Digo que sazón tal es magnífica y solemne, porque sólo en ella se dan las condiciones para un renacimiento. No es seguro, ni mucho menos, que éste se logre; pero es el momento en que cabe intentarlo, aspirar a él. La gran reforma equivale casi a la inauguración de un pueblo. De lo que era España en estos últimos dos siglos no se podía seriamente esperar mucho. Toda su organización parecía premeditada en vista de un horizonte irremediablemente angosto. Pero ahora no tenemos por qué reducir nuestra perspectiva. El retuso horizonte debe ser recogido como una sórdida cortina, para que las miradas españolas se enfrenten con los grandes espacios libres. Podemos planear una vida nacional de gran formato, sin que esto implique megalomanía. Porque no se trata de suponer que somos grandes, sino todo lo contrario: de reconocer que somos canijos y que, por lo mismo, estamos obligados a aumentar. Lo importante es que demos a los nuevos cimientos anchura y profundidad tales que no excluyan para el futuro, si la fortuna es favorable, las grandes construcciones.
El proceso de la gran reforma va ciertamente muy despacio. Hasta ahora sólo hemos presenciado estadios negativos. Hemos visto cómo iban cayendo los muros caducos. Recuerdo haber escrito en 1917 un artículo titulado «Bajo el arco en ruina». En diez años apenas si queda curva alguna del arco; pero aún seguimos bajo su imaginaria comba. No debe, sin embargo, desanimarnos excesivamente pareja lentitud. Cada pueblo tiene su tempo vital, su andadura. España, que hasta los Reyes Católicos marchó, a mi juicio, demasiado deprisa, se convirtió desde entonces en un tardígrado de la Historia. Esperemos que ahora aligere un poco, con menos lastre en el lomo.
La cuestión está en que exista un número suficiente de españoles con la decidida voluntad de ejecutar la gran reforma. El que ha pensado poco sobre el asunto cree de buena fe que no es difícil encontrar ese montón de españoles. Mas la verdad es muy otra. Abundan, superabundan las gentes dispuestas a entender y aceptar las pequeñas reformas; pero ¿la grande?… Y acaece que las pequeñas reformas en un pueblo que ha llegado a la situación del nuestro no sirven absolutamente para nada. Al contrario, son dañinas, porque distraen de la otra y porque, al resultar vanas, desacreditan la idea misma de reformar, propagan la impresión de que todo es inútil y que no hay manera de mejorar los destinos de una raza mediante la intervención del albedrío y de la inteligencia.
El verdadero pecado de los políticos, el único que hablando en serio hay que imputarles, es no haber querido la reforma. Todos veían que era necesaria; pero, salvo Maura, ninguno la quiso. Formaron un bloque contra ella; taponaron la historia de España. Al decir esto no olvido injustamente el hecho de que ningún grupo nacional (por lo menos, ningún grupo desinteresado y con posición clara) exigía esa reforma y luchaba por ella. Pero esto no exime a los políticos de aquella responsabilidad porque ellos sí veían con toda evidencia que la reforma era necesaria, que ni el país ni el Estado marchaban correctamente. Más de una vez he expresado mi convicción de que los políticos del antiguo Parlamento eran superiores al tipo medio del ciudadano español —más inteligentes, más honrados, más generosos. Por lo mismo, su responsabilidad es enorme. Lo que les faltó de honradez y generosidad, o, por lo visto, de inteligencia, les indujo a eludir la reforma, aprovechándose de que el resto de la nación no percibía su urgencia. Quisieron seguir a gusto en el machito, a sabiendas de que el machito no podía durar. Por tanto, no tienen perdón de Dios. (Tampoco vale la excusa, que se suele oír, según la cual, si un partido hubiese querido la reforma, la deslealtad de los otros, dispuestos a asumir el Poder ante la primera dificultad sobrevenida al reformador, habría anulado el propósito. Esto no prueba sino que el pecado fue colectivo, de todo el gremio político. Les faltó, como tal gremio, instinto de conservación, y la responsabilidad se derramó sobre su conjunto, arrastrando a muchos que personalmente no eran culpables).
Claro es que del pecado del antiguo político no puede alimentarse la virtud de nadie. Nadie puede hacer consistir su buena razón en que otro no la tenía. Hace falta más, mucho más. Es preciso demostrar que se entiende y se quiere la gran reforma nacional. Todo lo demás —como dice un personaje de Baroja— es carrocería.
Por eso dudo que pueda hacerse en la hora presente nada más patriótico que evitar la dispersión de la conciencia pública sobre las mil cuestiones secundarias que constantemente atosigan la existencia de cualquier nación. Hay que retraer la atención pública, concentrarla sobre lo esencial, sobre la gran reforma.
¡Bien! Pero ¿qué género de reforma española sería la que puede merecer el título de grande?
II
¿REFORMA DEL ESTADO O REFORMA DE LA SOCIEDAD?
¿Qué género de reforma merecería el título de grande?
Una de las averiguaciones más añejas de la ciencia occidental —allá en Grecia, hacia el siglo IV antes de Cristo— es que no existen tamaños absolutos. Así, en seco, nada es grande, nada es pequeño. Lo ingente y lo menudo son calificaciones relativas. Dependen de la unidad de medida que apliquemos.
La reforma que es grande para un país puede ser minúscula para otro. Esta diferente evaluación que a una misma reforma atribuiríamos en dos naciones distintas no sería, sin embargo, caprichosa. Una misma y única razón nos llevará a llamar aquí pequeño lo que allí llamamos grande. En ambos casos medimos el tamaño de la reforma con la misma unidad de medida. ¿Cuál? Muy sencillo: la cantidad de cosas que en cada país necesiten ser reformadas. Donde casi todo está bien, una pequeña modificación será de gran importancia. Donde casi todo está mal, esa misma modificación resultará imperceptible.
La reforma que hacemos debe medirse por la que hay que hacer. No depende, pues, de nuestro capricho, del azar de nuestros entusiasmos, llamarla o no grande. La realidad nacional se encarga automática y exactamente de calibrarla. Acontece como en cirugía: el cuerpo enfermo determina hasta qué profundidades de la carne tiene que penetrar el bisturí.
A mi juicio, aquí está la cuestión decisiva de que depende el porvenir de España: ¿hasta qué hondura de estratos en la realidad nacional tiene que calar la reforma? Si acertamos y coincidimos en esta dimensión de profundidad, todo lo esencial se habrá ganado. Quiero decir que es en cierto modo secundario que se acierte o no en la calidad de la reforma, en la dirección que se le dé, con tal que ella aspire inequívocamente a atacar el mal en el estrato donde se engendra, por muy profundo que sea. Viceversa, por muy certeras que parezcan o sean unas reformas, si se mantienen en áreas superficiales, no se habrá dado un solo paso hacia la mejora de nuestra figura colectiva.
Ahora bien: concretándonos al caso de España, ¿existe alguna línea clara que permita separar lo superficial de lo profundo? Yo creo que existe y que es clarísima. Si tomamos en vilo todos los defectos de nuestra nación, por tanto, todo lo que es preciso corregir o reformar, vemos muy pronto que pueden repartirse en dos clases. De un lado están los defectos del Estado español —de las instituciones y su modo efectivo de funcionar—; de otro lado están los defectos de la vida española, los defectos típicos del individuo español y de sus formas de convivencia en la aldea, en la provincia, en la capital. Si queremos simplificar la terminología, hablaremos de defectos del Estado y defectos de la sociedad.
Una nación donde el Estado, el sistema de las instituciones, fuese perfecto, pero en que la sociedad careciese de empuje, de claridad mental, de decencia, marcharía malamente. En cambio, una nación cuyo Estado fuese sobremanera defectuoso, pero donde las gentes tuviesen mente clara, energía, fuerte apetito de vivir, espíritu emprendedor, saber técnico, etcétera, etcétera, se mantendría siempre a flote. Todo el que se haya sumido algún tiempo en lecturas históricas recibe la impresión de no haber jamás existido un Estado que como tal Estado funcionase bien. En todos los ángulos de la cronología humana se oyen quejas contra las instituciones vigentes, contra la política al uso, contra los gobernantes. Y aun restando a esta quejumbre la porción correspondiente a la delicia de lamentarse, innata en el hombre, queda siempre un reboso de razón para la queja. A esta impresión acompaña la inversa: que en las grandes épocas de un pueblo lo formidable es siempre la vitalidad del cuerpo social, la cantidad de individuos capaces, el hervor genial de una raza bajo la costra de su Estado imperfecto.
Quiere decir esto que, en la realidad histórica, el Estado y cuanto a él se refiere representa un estrato superficial en comparación con lo que pasa en los senos de la sociedad. De lo que sea el hombre medio de un país, del tipo de existencia que lleve, depende el nivel histórico y, en definitiva, político de ese país.
El caso de España ofrece en este punto una evidencia ejemplar. Porque aún cabría explicar tal o cual caída momentánea de una raza por la excesiva imperfección de su Estado; pero tan largo destino de mengua como el que pesa centenariamente sobre España, a todas luces declara que el mal no es de superficie y de instituciones, sino de las raíces subterráneas, subestatales, del cuerpo social, y no del mero perfil que es su Estado.
Con criminosa insistencia se ha procurado siempre halagar al español medio señalando a su odio este o el otro gobernante, esta o la otra institución, como agentes de su malestar. Por mi parte, me considero exento de éste que juzgo el mayor crimen contra la patria, por ser el que más eficazmente impide su restauración. A sabiendas del riesgo inminente —enojo, impopularidad, quedar al margen de la vida normal— he aullado siempre a mis compatriotas diciéndoles que de las desdichas de España tenemos la culpa, directa y exclusivamente, los españoles. Claro es que me refiero a aquella parte de las malaventuras que no proceden de la fortuna caprichosa o de factores cósmicos —clima, tierra, desviación de los grandes centros y rutas históricos (la geografía de la historia moderna ha sido desfavorable a nuestra Península, dejándola fuera de la comunicación y tránsito).
Toda la buena voluntad que en ello pongo no consigue desarmar la fuerza de convicción que ejerce sobre mí este pensamiento: mientras el tipo medio de español y sus modos de vida sigan siendo los mismos, no es lícito esperar que el destino de España varíe. Quien quiera variar los efectos tiene que modificar las causas. Otra cosa fuera magia. Y tener fe en la magia es, intelectualmente, una indecencia.
No se diga que plantear las cosas así equivale a hacer imposible una sólida restauración de España, porque el español, como cada una de las otras razas, tiene su esencia inmutable. Aquí no se trata de la esencia antropológica del español, de su misterio étnico. En ese sentido nadie puede con certidumbre hablar del español, ni del francés, ni del teutón: es un arcano indescifrable. De modo que tan arbitrario es decir que el español será siempre lo que concretamente es hoy, como negar que pueda ser aún más español adoptando otra actitud ante la vida. La experiencia histórica muestra con superabundancia que los pueblos son realidades plásticas, capaces de muchas transformaciones. Nadie hubiera creído en tiempo de Shakespeare que dos siglos más tarde el inglés iba a ser el prototipo de la buena educación. (Cuando en El cortesano busca Castiglione un modelo de buenas maneras, vacila entre el tipo francés y el tipo español, pero ni se le ocurre pensar en el anglosajón).
Por consiguiente, los que quieran otra España mejor tienen que resolverse a modificar el repertorio de la vida española, y juzgarán superficial toda reforma que no vaya orientada por tal propósito.
Precisamente para esto sirven las instituciones cuando no se las busca por ellas mismas, esperándolo todo de su perfección abstracta, sino que se las forja desde luego como instrumentos capaces de transformar los usos de la vida colectiva y el carácter mismo del ciudadano medio.
La mejor institución será la que más se parezca a un aparato ortopédico que, apoyándose en la realidad defectuosa, produzca automáticamente, sin vana violencia exterior, la rectificación del hueso desviado. Este símil me parece adecuado en todas sus partes. Porque, en efecto, sólo podemos hoy contar con lo que España es; por tanto, con sus defectos. El problema no es otro que aprovechar el punto de ataque y sustentación ofrecido por esos defectos para que se corrijan a sí mismos. Esto requiere una solución ingeniosa, del mismo género que la que lleva a la invención de un aparato ortopédico.
Resumiendo:
Primero. La gran reforma española, la única eficiente será la que, al reformar el Estado, se proponga no tanto acicalar a éste como reformar, merced a él, los usos y el carácter de la vida española.
Segundo. La reforma de la vida española no se puede lograr si no es partiendo de los vicios y defectos nacionales, contando con ellos, aprovechándolos. Lo demás es utopía. El rasgo distintivo del arbitrismo consiste en olvidar la existencia del vicio mismo que el arbitrio pretende corregir.
Desde hace un par de siglos, el cuerpo español está colocado en determinada postura. Es evidente que, si se quiere variar los resultados, será ineludible colocarlo en una postura distinta. Verán ustedes cómo esto es lo que muy pocos quieren, a lo que casi nadie se atreve —¡la gran reforma!
III
DEMASIADOS FRENOS
Decía en un artículo anterior que España camina despacio, muy despacio, demasiado despacio, hacia la transformación de su figura histórica. La movilización comienza en 1900. La verdad es que en veintisiete años se podía, se debía haber hecho mucho más. Sin embargo, se ha conseguido algo. Para que un cuerpo se transforme es preciso que primero se ablande. En la blandura manifiesta un sólido desamor a la forma que tenía y su disposición para recibir otra. ¡Bien por esta España blanda que ahora tenemos delante! En el ser vivo, la blandura es síntoma de plasticidad, de aptitud para nuevas conformaciones; por tanto, para una nueva vida. La rigidez, en cambio, es el atributo de los cadáveres. El aficionado a la Historia percibe el cariz de los pueblos moribundos en su endurecimiento progresivo. Se aferran a sus aristas tradicionales. Gran ejemplo, Bizancio: un petrefacto.
Yo no comprendo que las gentes perspicaces de nuestro país no sientan entusiasmo por la situación en que desde hace un cuarto de siglo ha entrado España. Un artista en pueblos se relamería de gusto si le colocasen delante de una materia tan en punto. Porque a un artista en pueblos no le interesa una nación ya hecha, perfecta, magnífica, gloriosa. ¿Qué podría hacer con ella? Lo que desea es una buena pasta humana, fermentada, blanda bajo la mano constructora, bajo los dedos inspirados que emanan formas.
Uno de los signos de la fértil blandura a que se ha llegado es que, por fin, toda España empieza a sentir la necesidad de la reforma. Hace quince años todavía eran muy pocos. Hace treinta, casi nadie. ¿Existe hoy algún grupo nacional que no perciba la inevitabilidad de un cambio importante?
Lo que aún nos separa radicalmente a unos y otros es el sentido en que ha de hacerse la reforma. Y no me refiero a la divergencia anticuada de derechas e izquierdas, de liberales y reaccionarios. Estos antagonismos, supervivientes de otra edad, son, en lo que tienen de respetable, querellas de superficie. La diferencia radical está en creer unos que lo que hay que reformar es el Estado español, y creer otros que con esa reforma no se lograría nada apreciable si la reforma del Estado no se hace con la mira principal y resuelta de reformar el cuerpo de la sociedad española, de la vida nacional en todos sus órdenes.
Pronto se va a ver que esta discrepancia taja verticalmente la obra de derechas e izquierdas. Entre los reformadores del Estado habrá reaccionarios y liberales, como entre los reformadores de la nación se encontrarán tradicionalistas y futuristas. Lo que parece indudable es que los partidarios de la reforma grande, que es la nacional, y no sólo la jurídica, somos todavía pocos.
Aunque dejemos a un lado las gentes que al pensar en una modificación de las instituciones van orientadas exclusivamente por su interés, por las ventajas o estorbos que esos nuevos poderes traigan para ellas, queda todavía una gran masa de personas desinteresadas que tiemblan ante toda reforma profunda. ¿Por qué? Porque, a pesar de su buena voluntad, sigue actuando en ella el vicio inveterado que ha detenido siempre la historia de España: el terror a lo nuevo. Así como en otras razas lo nuevo, simplemente por serlo, suscita entusiasmo, a veces hasta el prurito y la frivolidad, entre nosotros provoca automáticamente desconfianza.
Si ante los ojos de personas tales —a veces excelentes y de noble intención— se delinea el esquema de una gran reforma, la imagen que ven, por fuerza muy distinta de la tradicional, las aterra. Las aterra porque de aquella institución proyectada ven sólo los peligros.
Con semejante propensión no se puede intentar nada. El español es el hombre más cauteloso que existe —en lo político como en lo privado. Por eso es el que en los últimos tiempos ha emprendido menos cosas. Más de una vez he hecho notar que lo característico de nuestra nación no es que en ella fracasen más cosas que en las demás, sino que se emprenden muchas menos —menos inventos, menos negocios, menos campañas políticas, menos formas de arte, menos ideas, menos amores, menos diversiones. Si se pudiera sacar el tanto por ciento de las empresas fallidas en Inglaterra o en Francia, se vería que es una cifra fabulosamente mayor que en España.
Un estado de espíritu correcto se hace cargo de que todo en el mundo ofrece sus peligros anejos. Es forzoso, pues, descontar que toda reforma es peligrosa, y el que lo sea no justifica la renuncia a ella. Entre otras razones, porque es mucho más peligroso no reformar cuando a todas luces parece necesario. La cuestión está en sopesar peligros y beneficios, como hace el hombre discreto y activo en su existencia cotidiana.
Por desgracia, en nuestro país el principio de evitar los peligros ha imperado desde hace muchas generaciones. Y acaece que en ninguna otra nación podría producir efectos tan nocivos.
La razón es ésta: la vida saludable de un pueblo supone que su enorme cuerpo posea a la vez estabilidad y movilidad. Si una raza es demasiado inquieta, se pulveriza. Pero si es demasiado estadiza, se anquilosa. Algunos pueblos centro y sudamericanos son ejemplo de lo primero. España es el modelo de lo segundo. Tiene que haber en el volumen nacional un buen sistema de equilibrio; pero, se entiende, de equilibrio en el movimiento. Se puede pecar también de exceso de quietud. Entonces queda frenada la vida pública; es decir, se para.
Por esta razón no se puede acertar en política si no se conoce bien la psicología de la raza sobre que se actúa. ¿Se trata de un pueblo superinquieto o de un pueblo cuyas almas tienden por sí a la inercia, a la estabilización? Uno y otro necesitarán, sólo por esta diferencia, instituciones distintas.
Porque cada tipo de institución lleva en sí, cualquiera que sea la nación a que se aplique, una tendencia hacia la inquietud o hacia el refrenamiento. Así, la República es por sí misma una institución inquieta. La Monarquía, por el contrario, es una institución-freno. Hablo ahora en puro teorema y por vía de ejemplo. Pero es evidente que si sobre una raza propensa superlativamente a la inercia acumulamos instituciones frenadoras, habremos cometido la mayor equivocación. Lo discreto es compensar el exceso de quietud innato introduciendo algunas instituciones de tipo incitador.
Con lo dicho no pretendo dirimir el complicado problema República-Monarquía. La decisión en pro de una y otra forma gubernamental depende de muchos factores, además del que ahora apunto. Lo importante es que en el sistema completo de instituciones se obtenga una acertada ecuación entre los frenos y los impulsos.
Porque no puede dudarse que —al menos, dentro de Europa— no existe ningún pueblo cuyas almas vengan a la existencia más cargadas de frenos que el nuestro.
… No ya en la vida pública, sino en lo privado. El español produce la impresión de un hombre entablillado. Basta brincar al otro lado de la frontera y ver cómo allí cada individuo, hombre o mujer, va resuelto, audaz, enardecido, a lo que su alma o su cuerpo le piden —sea placer, sea creación, sea creencia, sea ambición. Tan evidente es la diferencia, que el francés, o el italiano, o el sajón, nos parecen impudorosos, «desenfrenados». Solemos decir que «no tienen temor al ridículo». ¿Se ha pensado sobre lo que significa la hiperestesia para el ridículo del buen compatriota nuestro? Es que está siempre sobre sí, que no se abandona, que lleva empuñado el freno y reprime la expansión de su ser íntimo.
En el área política, la cosa es aún más clara. España es un pueblo morbosamente inerte en vida pública. Es el único europeo que no ha hecho nunca una auténtica revolución. Permítaseme no involucrar en este momento lo que yo piense, en general, sobre las revoluciones. No lo podría decir con alguna precisión en pocas palabras. (Véase mi ensayo «El ocaso de las revoluciones», en el libro El tema de nuestro tiempo). Sólo diré, para no perturbar el sentido de lo que ahora me importa, que no tengo simpatía ninguna por ellas. Pero sería una tontería negar que toda raza normal llega a cierta época de su historia en que hace su revolución. La revolución es el síntoma de la gran capacidad de inquietud. Yo no quiero —y menos a destiempo, es decir, en el siglo XX— una revolución para España. Dejémonos de revolucioncitas. Mas, al propio tiempo, notemos con toda claridad el significado grave de su ausencia en el pretérito. Un país sin revoluciones es un pueblo que lleva en su interior demasiados frenos.
Lo más tragicómico de nuestro pasado es que se han forjado siempre las Constituciones con la idea fija de evitar la revolución en España. ¡Frenos, más frenos! —al paralítico.
IV
LA CONQUISTA DEL NIVEL
El tono en que suena la política —lo mismo en el metal de los gobernantes que en los violoncellos de la oposición— hace pensar que las personas directoras de la vida española —repito: lo mismo Gobierno que oposición— no tienen conciencia clara de la magnífica coyuntura ofrecida a su actividad por el Destino. Unos y otros aspiran sólo a arreglar la situación presente, y aunque el arreglo a que aspiran sea muy distinto, según los unos y según los otros, ambos coinciden en contentarse con un arreglo. De este modo, la solución que España espera, aunque logre ser correcta, será irremediablemente triste. Triste es toda solución que se limita a cancelar un pasado sin planear en forma positiva y no vaga un porvenir. La alegría es la emoción matinal por excelencia. Un pueblo sólo puede sentirse alegre si se le sugiere la impresión de que está viviendo una mañana, la juventud de un día, la iniciación de una época, la partida para una hazaña.
Yo no veo por parte ninguna destellos siquiera de una amplia visión futurista, de un gran proyecto nacional capaz de movilizarnos a los españoles. Seguimos en lo de siempre: se disputa sobre formas del Estado, como tal y sin más; pero no se nos insinúa qué vamos a hacer con ese Estado, qué gran tarea histórica —grande relativamente a nuestras posibilidades— debemos emprender. Han sido nombrados unos decemviri legibus scribundis para que redacten un proyecto de Constitución. Estoy convencido de la buena fe con que trabajan y urden su jurídico tapiz. Pero la buena fe no basta para hacer una buena Constitución. Es menester, además, tener fe en algún destino nacional. El Estado, a fuer de instrumento, sólo es bueno cuando es bueno para una finalidad determinada, cuando anticipa y prepara cierto tipo de vida histórica. Ahora bien: no hay vida histórica cuando no existe una empresa colectiva propuesta a la masa ciudadana que oriente y organice su pululación multitudinaria.
Por esta razón insisto en que no tiene sentido elucubrar una reforma del Estado que no vaya inspirada y nutrida por el afán de reformar la sociedad. (Alguien ha malentendido esta reforma de la sociedad como una reforma de las costumbres —¿Que la gente se acueste temprano? ¿Que no lea después de comer? ¿Que no practique el adulterio?) Hablando en serio, hacer una Constitución para España es, y debe ser, preformar todo el futuro de España. Si no es esto, no es nada.
Buena parte de las dificultades sobrevenidas en los últimos veinte años proceden de la desmoralización en que por fuerza ha caído el pueblo español desde hace muchas generaciones. Es la desmoralización de quien no tiene nada que hacer. En la vida privada necesitamos una tarea que nos la organice. En la convivencia pública, lo mismo; sólo que en ella la tarea tiene a su vez que ser pública.
Todo esto parece mero vocabulario. Y es el caso que enuncia un hecho sencillo y evidente, que salta a la vista en cuanto pasamos las fronteras. No se trata de nada vago y utópico. La inmensa mayoría de los franceses vive preocupada, no sólo de sus afanes privados y cotidianos, sino que en una porción de su espíritu existe la conciencia de lo que Francia, como entidad colectiva, tiene que hacer, de la gran tarea francesa. En la hora presente, esta tarea es muy problemática, muy dolorosa; el destino francés es oscuro. Pero la enorme muchedumbre de franceses vive concentrada en esa preocupación, y sus diferentes grupos se diferencian precisamente en la manera de interpretar ese destino histórico de Francia. Lo que parece ilusorio es querer que un pueblo viva colectivamente sin un tema o proyecto de empresa histórica.
Cuando éste falta, no puede ir bien nada, ni siquiera la máquina del Estado como tal; es decir, gobernación y política. Por mil razones; pero, ante todo, por una muy sencilla. Una política que no contiene un proyecto de grandes realizaciones históricas queda reducida a la cuestión formal de gobernar en el sentido menor del vocablo, a la cuestión de ejercer el Poder público. No se trata de hacer obra con él, sino, simplemente, de complacerse en ejercerlo. Esto elimina automáticamente de la política a todos los hombres de calidad superior. No se le dé vueltas: de calidad superior sólo es el hombre que se siente irresistiblemente atraído por la delicia de creaciones objetivas. No le divierte más que eso. Va a la ciencia porque siente una voluptuosidad indecible en pensar sobre tal o cual problema teórico y hallar su solución. Va a las letras o a la industria por una necesidad ineludible de crear, de producir, de hacer cosas que se tengan en pie. El hombre inferior no siente esta inexorable atracción hacia lo objetivo, sino que piensa sólo en su persona. Si va a la ciencia, a la industria, no es a crear por crear, sino a fingir la creación para figurar él. Pues bien: una política sin tarea de creación histórica elimina a todo el que no sea puramente un ambicioso. La ambición por excelencia es la del poder. Quiere poder, no quiere hacer. Siempre en la política predominarán los ambiciosos; y cuando ha sido siempre así, alguna razón habrá. Pero lo importante es que la política atraiga también a gentes que no son ambiciosas o que no lo son exclusivamente. La fecundidad de aquélla depende de la porción de hombres creadores que sepa enrolar en su servicio.
El alejamiento de la política en que viven muchos españoles óptimos no tiene otro origen que la inanidad de los programas. Sólo se les puede atraer si se les propone una tarea de efectiva creación. Otra cosa no los divierte.
Es bochornoso que durante tanto tiempo haya sido imposible en España reclamar para la acción política una perspectiva histórica. La generación que ha gobernado en los últimos decenios carecía por completo de órgano para percibir esta verdad tan obvia, y, como siempre que no se entiende una cosa, consideraba a quien la enunciase como un lunático. No creo que hoy las clases directoras vean las cosas más claramente que ayer. Aún es preciso perder tiempo en razonar tan sencillo pensamiento. Sin embargo, la reflexión que no han puesto las personas han venido a proporcionarla brutalmente los hechos. La crisis interior de España y la exterior del mundo europeo nos imponen la necesidad de movilizarnos, de emprender ruta nueva. Y no se puede echar a andar sin levantar los ojos y elegir en el espacio una orientación que dé a nuestros pasos trayectoria. Esta experiencia íntima que los hechos han decantado en todo ciudadano medianamente despierto, le dispone a no considerar tan ridícula esta exigencia de un proyecto de vida histórica, como condición de toda reforma política.
Ni hay que echar un pregón para que se encuentre ese proyecto de vida histórica. Basta con volver la vista a la realidad nacional y enfrontarla con la situación del mundo. Nadie es tan ciego que no vea por todas partes la germinación de grandes cambios. En nuestro ámbito europeo, por razones internas y por la presión de otros continentes, se está dislocando el sistema de fuerzas nacionales y aun el tipo mismo de vida que tradicionalmente dominaba. Una nueva organización de las naciones y un nuevo tipo de hombre medio se preparan dondequiera. La batalla, que, cruenta o sin sangre —guerra o concurrencia—, constituye la Historia, se sitúa en un nivel de existencia más alto que el del siglo último.
El lector podrá pensar lo que quiera sobre cuál sea el sentido de esa lucha y quién el probable triunfante —el lector puede ser «derechista» o «izquierdista». Mas, cualquiera que sea su mano, reconocerá que el combate se va a dar en una altura determinada de técnicas, de dotes, de potencialidades. En toda contienda, el ejército mejor dotado marca el nivel sobre el cual se va a pelear. Quien no posea esas dotes medias está, de antemano, excluido del certamen. En la conciencia pública europea existe ya muy clara la sospecha de que el tipo medio del europeo actual se halla un poco por debajo de aquel nivel. La impresión de haber dejado de ser el marcador del nivel mundial es el hecho más importante y grave del alma europea en nuestros días.
Yo no puedo creer que quien perciba ese inquietísimo panorama y vuelva luego los ojos a nuestra nación y se ponga bien delante el español medio, el buen labriego tosco, indotado, lleno de prejuicios arcaicos, sin movilidad, sin técnicas contemporáneas, sin espíritu emprendedor, etcétera, etcétera, no quede aterrado. La distancia entre el tipo de hombre que va a dar la medida media del concurso o lucha histórica y el tipo de hombre español es tal, que automáticamente se incorpora en el espíritu esta enérgica convicción: España tiene que conquistar el nivel medio de la vida humana en la fecha que vivimos. Y ser de la derecha o ser de la izquierda no puede servir de pretexto para desconocer la urgencia de esa tarea, primer capítulo, postulado de nuestro porvenir histórico.
Una Constitución que, muy positiva y deliberadamente, no contribuya por su propio mecanismo a la conquista de ese nivel, es decir, a la creación de un tipo de español medio, menos anacrónico, más de 1928, ¿puede servirnos de algo?
V
PRIMERO, LAS PROVINCIAS
Cuando he dicho que la política ha de tener una perspectiva histórica, no he dicho, claro está, lo que quería decir y lo que esas palabras significan. No sabe uno nunca cuándo ha dicho, en efecto, lo que pretendía decir. Porque decir es aspirar a ser entendido, y esto ya no depende sólo de uno, sino también del prójimo.
Las frases pueden ser entendidas de dos maneras: de una manera vaga, lacia, boba, y entonces todas las frases no dicen más que tonterías, o bien de una manera apretada, rigorosa, y entonces rezuman siempre un sentido interesante.
Que la política haya de tener una perspectiva histórica es entendido por algunos lectores de esta suerte: hagamos una política, y luego añadámosle una orla o nimbo, más o menos retóricos de exaltación patriótica; hablemos vagamente de los destinos de España, de que «es preciso hacer patria», de los deberes ciudadanos, de la cultura, de idealismo público, etcétera, etcétera. Entendida así, es aquella frase una exquisita necedad. Aquí se trata precisamente de esquivar todo «idealismo», así individual como colectivo. Por dos grandes razones: la primera es que, probablemente, cuanto se ha llamado «idealismo» era una forma falsa, hipócrita, cuando menos manca, de la espiritualidad; la segunda es que, si no fuera verdad esa primera razón y hubiésemos de reconocer en el idealismo una magnífica virtud, estaríamos más obligados que nunca a eliminarla de nuestra cuenta. Porque no podemos exigir al prójimo que sea virtuoso; sólo podemos exigirle que no sea vicioso. Y esto, que es cierto en los demás órdenes de la vida, lo es mucho más en la política. Fuera cómico que cuando se trata de hacer mejores a los españoles comenzásemos por exigirles que lo fueran y encabezásemos la Constitución como se hizo en uno de los proyectos empollados por los convencionales: «Artículo primero. Todos los franceses serán felices». La política es el arte de conseguir sin violencia lo que nos es rehusado. Si desde luego nos otorgan lo que deseamos, huelga la política. Ésta deberá partir, en nuestro caso, del siguiente supuesto: la mayoría de los españoles no tiene empeño alguno en mejorar de substancia. Sólo lo que se funde en este supuesto tendrá garantías de solidez.
La perspectiva histórica que aquí se exige a toda política ha de estar dentro de ella y no fuera: no en torno, en un vano discurseo de los gobernantes. La mejor política sería la muda, hecha de puros actos jurídicos; mas ya que esto es utópico y, por tanto, falso, la que se limitase a explicar el sentido profundo de sus leyes y decisiones. Si éstas eran lo que debían ser, su estricto comentario dejaría ungido y aun saturado el ambiente público de auténtica «idealidad». ¿Se quiere que la política sea algo más que leyes? Bien; pues que sea, además, lo que tan deliciosamente llamó Montesquieu «el esprit de las leyes».
Completemos la frase del artículo anterior, y digamos: la política ha de tener una perspectiva histórica; pero esta perspectiva histórica ha de consistir en una política —ha de ser una concreta tarea histórica, no una vaga resonancia de vagos fervores nacionales, de píos deseos o de ilusorias ambiciones. No hay que imitar a quien anuncie un nuevo Imperio romano. Los imperios no se anuncian como se anuncian las funciones de circo. No se parte para la guerra de los treinta años.
Lo que debemos proponernos es una faena a un tiempo severa y alegre, en la forma menos pedante que esté a nuestra mano. Concentrémonos en una gran tarea histórica, cuya primera e imprescindible estación es conquistar para España el nivel de los tiempos. Hay que remozar a España. Totalmente. En todos sentidos. Hay que hacer caminitos relucientes por todas las glebas, hay que hacer que se afeiten los curas y que los radicales de pueblo digan menos palabras inanes; hay que hacer innumerables cosas más. Hay que ir a la reforma de España. Pero España no es el Ministerio de la Gobernación, ni el Parlamento, ni la Dictadura, ni la Constitución. España es esos millones de labriegos con la mano en la mancera; es esas villas polvorientas y esas opacas capitales de provincia; es todo ese fondo nacional que, entretenidos en mirar la superficie, solemos olvidar.
Un pueblo es y vale en la Historia lo que sea y valga el tipo medio de sus hombres. La experiencia de muchas generaciones ha demostrado que el tipo medio del español usual no sirve para hacer historia, sino más bien para deshacerla. Por otra parte, la coyuntura del presente anuncia presiones enormes sobre nuestra raza y nación, de otras razas y otras naciones. El mundo está de gran mudanza. Si no hacemos nosotros historia, nos la harán los demás —como viene ocurriendo desde dos siglos atrás. Por lo tanto, es de toda urgencia comenzar la renovación del tipo medio español. Al decir que no sirve, no pienso, claro está, que no posea algunas calidades egregias. Existen en el alma española ciertos pudores, ciertos resortes últimos de energía, que no se encuentran en ningún otro pueblo. Tan reales son estas virtudes, que han conseguido mantener en pie a España, a pesar de todos sus otros ingentes defectos e incapacidades. Mas, por lo mismo que poseemos esas virtudes, no es urgente hablar de ellas; lo que apremia es apercibir las que nos faltan, completar el equipo de aptitudes, elevar el español medio hasta el nivel de los tiempos.
Sobre esto hay que condensar la atención y el esfuerzo. Pero es evidente que para lograr tal propósito será menester emplear todos los grandes utensilios: el apostolado, la pedagogía, la literatura, el amor. (La mujer tiene que colaborar, no administrando el voto electoral, sino con la certera administración de sus sonrisas. Si se logra que la mujer prefiera otro tipo mejor de español, está medio ganada la partida). Como la tarea es gigante, todas las colaboraciones, todos los métodos, serán poco. Por ejemplo: es indudable que para mejorar el tipo medio tiene que existir una minoría excelente, superior, que con su ejemplaridad contamine y atraiga hacia lo alto la masa menos dotada. Mis lectores habituales no pensarán que olvido entre los ingredientes de una reconstitución nacional la acción de una minoría selecta. La fórmula que daba de ésta en mi España invertebrada ha corrido ya todo el mundo. (No es nada, lector: la válvula de la vanidad que se ha abierto un momento). Sin embargo, yo no voy a hablar ahora de ella, ni de ninguna de las otras cosas que en la cabeza de este párrafo se enumeran. Las he denominado para que nadie presuma que las olvido; pero mi tema es mucho más concreto y taxativo. Es éste: «¿qué se puede hacer para elevar el tipo medio español con el utensilio Estado, con el aparato política?»
Para mí, la misión substancial que hoy tienen política y Estado en España es ésta: contribuir con su formidable maquinaria a crear un español más activo, más capaz, más despierto. Todo lo demás, respetando opiniones dispares, me parece adjetivo, sin interés primario y conversación de Puerta de Tierra. En cambio, reconocida aquella misión, todo se nos dará por añadidura: más autoridad, más libertad, más jornal y buen humor.
Aquí empieza, pues, la cuestión. Hasta ahora no he hecho otra cosa que templar el diálogo, entonarme con el lector y al lector conmigo.
¿Qué puede hacer la política para obtener, en lo que de ella depende, otro tipo medio de español?
Hablar de tipo medio es hablar del gran número. ¿Dónde está el gran número de los españoles? Evidentemente, en las provincias. Consecuencia: el pensamiento político tiene que comenzar por plantearse el problema de nuestra vida provincial. A mi juicio, en él se hinca la raíz de toda posible mejoría, por lo mismo que en él se esconde la raíz de las pasadas desventuras.
Cuando se habla de política española se habla, naturalmente, de política nacional. Es esto tan natural y tan obvio, tan justo y tan indiscutible, que ha producido un error de óptica en nuestra política. Habituó a pensar sólo en la nación, así en conjunto. Ahora bien: esto es un pecado de abstracción. Si no pensamos más que en la nación, no pensamos más que en el todo o conjunto como tal, y olvidamos pensar en las partes que lo integran. Es lo mismo que cuando pensamos en «el mundo». Parece que hemos pensado mucho, que no nos hemos dejado fuera nada, y, sin embargo, es uno de los pensamientos más pobres de contenido. La riqueza del mundo está en su interior, en esta cosa, y la otra y la otra, que lo van llenando. Si no pensamos en cada una de ellas, la sola idea del mundo es una idea vacía. Lo propio acontece con la idea de nación y con la política nacional, que se da grandes aires, pero es pura abstracción y hueco de una verdadera política.
La política nacional se hacía desde Madrid. Pero como no se iba a buscar la nación donde en efecto está —recorriendo cada uno de los trozos de la Península—, la idea abstracta «nación» se llenaba irremediablemente con lo que el político tenía delante de sus ojos; esto es: con Madrid. De modo que, aun sin malicia, la buena intención de hacer una política nacional se convertía de hecho en la política de una parte sólo: en política de Madrid. De puro querer ser nacionales, los hombres públicos eran madrileños, particularistas. Confundían la nación con su centro. Y el centro, cualesquiera sean sus preeminencias, es sólo una parte del círculo; precisamente la que con más cuidado debe mirar la periferia, a fin de mantenerse equidistante.
Esta imagen simboliza bien la corrección de óptica que la nueva política nacional tiene que aprovechar. Pensar nacionalmente es pensar desde un punto de vista central; pero el punto de vista central no se puede hallar y mantener si no se mira en derredor. Esto es lo que yo pido: Madrid tiene que ser, por lo pronto, una pupila que mira el resto del país. Ella, por sí, no es nada o es, a lo sumo, una parte cualquiera de ese país. Si quiere ser más tiene que serlo a fuerza de ocuparse de las demás. La política nacional ha de ser, primero que todo, política para las provincias y desde las provincias.
En ellas está el tipo medio de español, el que ha de hacer en definitiva cuanto históricamente vaya a hacerse. Sin él, cuanto se premedite y se proponga, aun siendo lo más acertado, quedará en mero proyecto; no será, por tanto, política, es decir, realización de los proyectos.
Pero se me dirá: la vida provincial es la más baja de nivel. Póngase aquí la lista de todos los vicios, defectos y menguas que aquejan nuestra vida provincial. Cuando se haya concluido la lista responderé: precisamente porque es la más baja resulta imprescindible elevarla. Ella es España misma. Lo demás es sólo complemento o excepción. No cabe, pues, margen para optar. Es preciso rectificar de una vez el absurdo radical de nuestra política durante el siglo XIX: porque la provincia era mala, inepta, se recurría a Madrid, se esperaba todo de Madrid, no advirtiendo que la provincia era mala porque a su vez Madrid no había sabido cumplir su misión de capitalidad, que es mejorar las provincias, nutrirlas de vitalidad, incitarlas y refinarlas.
VI
LA CONSTITUCIÓN Y LA NACIÓN
1
Exigir que la política tenga una perspectiva histórica pareció al lector, por lo pronto y muy justamente, un lugar común. Espero que luego no se lo haya parecido tanto. Comprendió que esa perspectiva histórica no era un añadido o apéndice a la política efectiva, sino que la política misma tiene que consistir en una perspectiva o proyecto históricos. El primer plano de este proyecto es la creación de un tipo medio de español capaz de afirmarse enérgicamente en los tiempos turbulentos y obscuros que sobrevienen. El tipo medio de una nación representa el gran número de sus individuos. Este gran número de españoles se halla en las provincias. Concluíamos entonces que el pensamiento político ha de comenzar por atender a la vida provincial. La política usada hasta aquí no ha seguido esta norma. Al contrario, no se ha ocupado para nada de la vida provincial en cuanto tal. Dicho de otra manera: al construir el Estado de los últimos tiempos, no se ha entretenido en mirar antes cómo era la vida provincial, a fin de darle alojamiento saludable en ese Estado que se iba a hacer. En vez de esto, ha elucubrado desde la capital, desde Madrid, un Estado «nacional» homogéneo, especie de área geométrica donde todos los puntos son idénticos, intercambiables, iguales todos al punto central desde el cual se urdía la Constitución. A fuerza de pensar abstractamente en la nación, se creyó que ésta era un Madrid centrifugado, enorme, que llegaba hasta los mares y se apoyaba en el Pirineo. La política nacional que había en las cabezas era una política madrileña. La idea nacional quedaba, por prestidigitación inconsciente, suplantada por una idea particularista. Era madrileñismo.
Así acabamos el artículo anterior. Pero he aquí que esta nueva conclusión resulta también, por lo pronto, un lugar común. Millones de veces se ha dicho eso, sin que el decirlo aclare suficientemente nuestra vida pública y, en consecuencia, engendre acciones eficaces. Muy pronto se va a ver, sin embargo, que tampoco esta fórmula es puro lugar común. Se repite, pues, la misma historia que antes. ¿Es casual esa reiteración del mismo espejismo?
Yo creo que no. Es connatural a todo pensamiento político que cumpla su deber. La meditación política no es libérrima, como la ideología o la producción literaria. El pensamiento político tiene que rozar constantemente el lugar común, precisamente para evitarlo y deslizar algo nuevo. Lo que tiene de lugar común permite que la mente colectiva lo entienda; lo que tiene de nuevo le proporciona fecundidad e impulsa el avance y la reforma.
La vieja política era madrileñismo. Desde que empecé a escribir he combatido la vieja política. Este vocablo mismo, «vieja política», nació de mi pluma. Es un vocablo estúpido si se pretende al gargarizarlo haber subido a la cima de la sabiduría en materias de vida pública. Pero es, yo creo, usadero como simple denominación de una política que hace veinte años ya nos pareció a algunos caduca, y que hoy todos los españoles, incluso los que fueron sus agentes, consideran en lo esencial periclitada. (Algunos, por oposición muy razonable al régimen actual, emplean la folie de declararse «partidarios del antiguo régimen». Abramos para ellos aquí un respetuoso margen; respetuoso, pero provisional. La imposibilidad de analizar con una crítica seria y razonada los actos y la significación del Gobierno impide automáticamente criticar a sus opositores titulares. Con lo cual se anula toda verosimilitud de que pueda formarse un espíritu nuevo y se llegue a una nueva solución frente a la antigua política, que fue un fracaso, y a la política vigente, que no es una solución. Entretanto, el tiempo histórico corre, urge y se pierde para España. No se comprende por qué el Gobierno no vuelve a su posición primera, a la que hizo posible su advenimiento —la históricamente fecunda—, y se enquista en una Dictadura que cuanto más se solidifique será menos lo que una Dictadura debe ser: tránsito, momento flúido y grácil entre dos constituciones estables, una que fue, otra que va a ser. Por eso, en Roma, constitucionalmente era elegido el dictador durante la noche, simbolizando así su carácter de magistratura transitoria e intercalada —entre dos soles).
Decía, pues, que siempre he combatido la vieja política. Pero nunca, ni siquiera en la más ingenua mocedad, la he combatido por sus abusos. Los abusos no importan nunca mucho. Si son poco frecuentes, valen sólo como anécdotas de la vida pública. Si, en cambio, son habituales, constituyen una especie de monstruosa normalidad, de anormal normalidad, que no cabe atribuir al vicio individual, sino que proviene de algún grave defecto en los usos mismos. De modo que, para bien o para mal, lo importante son los usos, no los abusos. Siempre aquéllos atraerán la meditación de quien va seriamente a la substancia de las cosas. Éstos quedan para los sicofantes o acusicas.
Lo malo de la vieja política era el uso mismo, su propia constitución. En definitiva: la Constitución.
Aíslemos estrictamente en ella lo que es decisivo para nuestra primera cuestión, nuestra cuestión básica: el olvido de la vida provincial cometido por la vieja política, la necesidad de partir de ella en la nueva.
La existencia de España era en aquella Constitución entregada a dos instituciones principales: el Parlamento y el Gobierno de su majestad. Al Parlamento se encomendaba la legislación y fiscalización directa sobre la vida pública de todo el país. Por tanto, lo mismo las máximas cuestiones de que dependía la vida entera de la nación que las pequeñas cuestiones locales; lo mismo los temas abstractos, pero ineludibles, de la dirección «ideal» del país, de su hacienda total, de sus relaciones internacionales, que los argumentos más hiperconcretos, como el atropello cometido por el alcalde del último aldeón, o el tiro que en la más repuesta serranía se le escapaba a un guardia civil. Entre medias están los que no son abstractos, pero tampoco mínimos: el estado de tal industria comarcana, el problema de las comunicaciones en media provincia, los conflictos económicos de los Ayuntamientos, etcétera, etcétera. Para resolver asuntos de tan diversas altitudes y competencias se pedían al país cuatrocientos diputados, previa la división territorial en cuatrocientos distritos.
Paralelamente se encargaba a un Gobierno de la función ejecutiva, con idéntica amplitud de temas. Como el alma, según dicen, está toda en todas partes del cuerpo, el Gobierno había de intervenir a un tiempo todos los trozos y partes de la vida española. Nombrado nominalmente por el rey, la Constitución lo entregaba maniatado al Parlamento. Era inevitable que para convivir se fundiesen ambos poderes, y esta fusión, a despecho de la letra, era el espíritu de esta Constitución y de sus congéneres la francesa y la inglesa.
Todo dependía, pues, de una raíz: la elección de los parlamentarios.
Después de lo anunciado más arriba, no esperará el lector que hable ahora de la famosa «suplantación del sufragio», supuesto origen de todos los desmanes y causa del desprestigio de la vieja política; expresión que se ha repetido más veces que ninguna otra en nuestra historia contemporánea. Bastaría que el tal hecho fuese un abuso para que no me interesase. Pero, además, la idea de él, la importancia que se le atribuye, son… No se enoje nadie porque antepongo la solicitud de perdón; pero déjeseme por una vez decir una palabra dura, la única que en este punto dice bien mi opinión: dar importancia a la suplantación del sufragio que en España se practicaba es una tontería, y nada más. Imperio de tal idea revela simplemente el grado chabacano, tosco, torpe, a que había llegado en las clases superiores de la nación el pensamiento político.
No tiene sentido atacar al viejo régimen porque se abusaba de él en lo que era su raíz: la elección de los parlamentarios. Posible es siempre el abuso del principio y régimen más maravilloso. Lo que hay que hacer es estrictamente lo inverso: explicar y justificar el abuso, probando que era resultado inevitable del uso mismo, del principio, del régimen. No era mala la Constitución porque algunos abusaban de ella —ésta es la tontería—, sino que se abusaba de ella en forma tan grave porque era mala.
Para mostrar esto tenemos que seguir un método contrario al que ha solido emplearse en la literatura política. No vamos a presentar los crímenes e impurezas que se cometían en la elección de parlamentarios, sino al revés. Vamos a situarnos en la mente que creó aquella Constitución, y vamos a imaginar que la elección se verifica sin impurezas, cumpliéndose en ella los supuestos que los legisladores tenían en sus cabezas cuando la forjaron. De esta manera nos formaremos una noción cabal de lo que era aquella Constitución como idea, como modo de pensar político. La veremos en sus usos puros, perfectos. Luego tornaremos la mirada a la realidad de la vida española, a sus usos reales, pero también puros, a su modo de ser efectivo. De tal suerte, podremos comparar dos usos: el ideado en la Constitución y el realísimo de la existencia nacional. Si entre ambos hay una incongruencia radical, quedará invalidado en su esencia misma aquel pensamiento político, aquel régimen, y se comprenderá que, por fuerza y no por pecado de nadie, sólo podía funcionar abusivamente, en perenne anormalidad. Pero algo más positivo obtendremos de este confrontamiento: al superponer el perfil puro de aquella Constitución al cuerpo efectivo de la realidad nacional caeremos en la cuenta de qué porciones y líneas no coinciden; es decir, veremos con plena evidencia qué nuevo esquema de instituciones es preciso idear para que éstas —por tanto, el Estado español—coincidan, en la medida práctica exigible, con la nación española.
2
El cura, desde el púlpito, finge un maniqueo absurdo para darse el gusto de refutar al maniqueo.
Al imaginar nosotros ahora la antigua Constitución en su funcionamiento ideal, es decir, según la idea de los que la crearon, hemos de evitar parecernos al cura refutador. Debemos definir el funcionamiento de aquella Constitución en su forma pura, ideal, pero no utópica. La utopía, con cierta salvedad, que otro día haré, es lo contrario de la política, y fuera tan desleal y tan lerdo emplear el utopismo para formar nuestro programa como para criticar el ajeno. Hemos de interpretar aquel régimen sin exigirle lo inverosímil ni lo improbable; por el contrario, reduciremos las exigencias al mínimum requerido y supuesto en los principios mismos de aquellas instituciones.
Así, pregunto concretamente: ¿qué condiciones, en los electores y en los elegidos, implicaba la elección de parlamentarios según la Constitución? Hemos visto que de esa elección dependía todo lo demás. Por tanto, es éste el punto en que es forzoso precisar y aguzar la mente. Hic, Rhodus, hic salta.
Lo que sigue es bastante pesado. No obstante, solicito del lector que con un esfuerzo generoso de su atención neutralice lo que hay de inameno en el tema. Ya otro día nos divertiremos. Es justo que alguna vez se permita sin enojo hablar de política con cierto rigor.
La característica del viejo Parlamento era su obligación de discriminar sobre todas las cuestiones públicas, lo mismo «nacionales» que locales. Por tanto, los diputados debían ser competentes en todas ellas. Éste es el primer punto en que conviene defenderse de interpretaciones utópicas. Los autores de la Constitución no pretendían, muy razonablemente, que los diputados fuesen competentes en el sentido de ser conocedores científicos, especialistas, «técnicos». La intención de entregarlas todas las cuestiones excluía semejante tecnicismo. En esto no hay por qué impugnar la ley antigua. En los últimos tiempos se ha exagerado mucho la demanda de competencia en los políticos, entendiendo aquélla como «tecnicismo». De aquí que durante unos años fuese corriente ambicionar un Gobierno de «técnicos». Yo creo que es ésta una idea confusa y barata, cuyo análisis no es ahora urgente y detendría nuestra tarea principal. Basta, por el pronto, hacer constar que las cuestiones públicas son, en su inmensa mayoría, de trama gruesa y bastante sencilla. No requieren el empleo del cálculo infinitesimal. Si en algunas, como en ciertos asuntos de la economía pública, interviene literalmente el cálculo infinitesimal, quiere decirse que tienen dos caras perfectamente discernibles y separables: la política y la técnica. La competencia, pues, que era condición de aquellos diputados, no era la «técnica», sino, simplemente, la que toda persona de seria cultura puede poseer. Bastaba con que al discutir y decidir sobre cada cuestión, como suele decirse, «estuviesen enterados». Enterar viene de integrare, tomar en conjunto. Bastaba con que conociesen el conjunto de la cuestión. Ejemplo: una cuestión política es la instrucción pública. Para articular una ley de instrucción pública hace falta tecnicismo. Para discutirla y decidirla, no. Es suficiente estar enterado. Entre los profesores de la Universidad, sólo uno es técnico en instrucción pública: el profesor de Pedagogía. Los demás no somos técnicos de ella, sino que solamente estamos enterados, porque estamos en ella, porque la vivimos. No creo que para discutir correctamente una ley de instrucción pública sea menester mayor competencia que la que poseen normalmente (?) los profesores universitarios, y, sin embargo, no son técnicos. Pongamos, pues, las cosas en su término cuerdo: la competencia exigible a los diputados no es otra que la de estar en las cuestiones o ser capaces de ponerse en ellas. Ya veremos la importancia política que esta capacidad, así definida, tiene.
Más grave que tal faceta del asunto es esta otra: la división más substanciosa que cabe hacer entre los temas sometidos al juicio del Parlamento es la que los disocia en cuestiones «nacionales» y cuestiones locales. En la idea de aquella Constitución era punto esencial que todas, unas y otras, que la vida pública entera de la nación, fuese librada al Parlamento. Ahora bien; no hay duda que entre esos dos linajes de cuestiones hay una diferencia de rango: las cuestiones «nacionales» son más importantes que las locales. Cosa tan obvia no podía pasar inadvertida a los constitucionales del 1876 y 1890. Y, en efecto, no sólo les constaba, sino que en ella fundaban la estructura misma del organismo parlamentario. Las cuestiones «nacionales» son, en comparación con las locales, muy abstractas. Se refieren a ideas y principios morales, históricos, jurídicos, o bien a las amplias normas financieras del país, a sus relaciones internacionales, cuestiones del Estado con la Iglesia, etcétera, etcétera. No se olvide que en aquella época la política de toda Europa era principalmente política de «ideas». (Sólo al fin del siglo XIX se inventó como algo nuevo, y hasta escandaloso, la Realpolitik). Se pensaba entonces que lo decisivo en toda actuación política de electores, de elegidos y del Gobierno —era su enrolamiento bajo alguna bandera «ideal». Estas «ideas» o «ideales» eran, sobre todo, opiniones teóricas sobre cómo debía ser jurídicamente un Estado. En los debates parlamentarios eran estos temas abstractos y teoricopolíticos los que se discutían siempre, cualquiera que fuese el motivo concreto de la controversia —presupuesto, reforma del ejército, ley de instrucción pública o plan de carreteras. Y era justo, natural e inevitable que así aconteciese, porque, en efecto, esas cuestiones u otras parejas tienen mayor rango humano que las demás. Si al Parlamento no le iba a la mano nadie para imponerle la atención a los temas materiales de la existencia nacional, y, sobre todo, a los locales, sin remedio habían de ocupar aquéllos, más excelsos, todo el tiempo y todo el entusiasmo. Además, las «ideas» tenían una ventaja, que en Inglaterra y Francia se había probado. Como el contenido de ellas —monarquía, república, libertad, prestigio de la autoridad, capital y trabajo, librecambio y proteccionismo— era una serie de fichas mentales sobremanera abstractas, tenían un carácter ubicuo y genérico que permitía formar bajo ellas grandes partidos. Ahora bien: un Parlamento gigante, como era aquél —cuatrocientos miembros, representantes de cuatrocientos distritos—, sólo podía funcionar eficazmente si en él se formaban dos o tres grandes grupos, dos o tres masas enormes de opinión pública, produciendo una mecánica relativamente simple. (En rigor, ya un tercer partido es en parlamentarismo, como en mecánica, el llamado «tercer cuerpo», un problema complicadísimo). Y, en efecto, la Constitución inglesa y la francesa han marchado bien mientras hubo dos grandes partidos. Y los hubo mientras hubo «ideas». En cuanto se han disociado en grupos múltiples, los Parlamentos inglés y francés han empezado a crujir y no funcionar.
Los autores de la Constitución buscaban esos grandes partidos, y conscientemente anteponían las cuestiones de ideas, o nacionales, a las locales. Por eso precisamente forjaron aquel tipo de Parlamento. Pensaban acaso que la parte de atención correspondiente a las cuestiones locales vendría impuesta por el país mismo, y que esta imposición compensaría el previsible exclusivismo de las «ideas». De todos modos, es evidente que dejaban a la buena de Dios el cuidado de lo local y destacaban, en cambio, los temas «nacionales» centrando en ellos la vida parlamentaria y, por tanto, la elección.
Ya aquí empieza a vislumbrarse que era un radical error amontonar sobre una sola institución, conjunta y mixtamente, los asuntos de la «nación» y los de las localidades. Aunque no hubiera otras causas, el simple hecho de esa mezcolanza había de traer el aplastamiento de éstos por aquéllos si fuerzas espontáneas del país, entre ellas el carácter de la raza, su modo de vida, etcétera (como en Inglaterra), no contrarrestaban la tendencia residente en la institución misma, que calificaremos de «tendencia hacia lo abstracto». Pero resuelto a interpretar con la tarifa más favorable la obra de nuestros abuelos, no voy a apuntar por sólo esto un tanto en contra al viejo Código fundamental. Voy a conceder más. Si esa intención de organizar políticamente el país en torno a unas cuantas puras «ideas» de Derecho público se hubiese logrado, habríamos tenido una España desatenta a lo material, tan pobre o más pobre de lo que es, técnicamente absurda, alucinada, donquijotesca, pero políticamente sana, organizada, ferviente, disciplinada, purificada en entusiasmos trascendentales, culta —culta, no por saber mucho, sino por preocuparse de asuntos algo entecos, pero ciertamente elevados. Sobre todo, y esto es lo que ahora nos interesa, si los diputados que la Constitución predestinaba a combatir y votar sobre temas tan perespirituales eran elegidos, en efecto, por la masa, y ésta les seguía compactamente, no hay duda que aquella Constitución hubiera funcionado bien, y al funcionar bien, claro es, habría servido al país, del que entonces cabría quejarse por otras razones, pero no porque su vida pública fuese defectuosa. La Constitución, en tal hipótesis, no era un error.
El toque estaba, pues, en las condiciones que aquel régimen presumiese en el cuerpo electoral. No cabe pensar un Parlamento sin prever un cierto tipo de diputados elegidos, y, en consecuencia, un cierto tipo de electores. De éstos va a depender la realización o la defraudación del proyecto constitucional que los legisladores han lucubrado. La exactitud con que el estadista acierte a calcular las dotes y carácter del elector normal es, a mi juicio, el punto decisivo para toda reforma del Estado. Por eso el reformador tiene que saberse bien su país y tener talento para combinar los elementos del carácter étnico —a veces, poniendo unos frente a otros, en lucha y certamen. El famoso carro del Estado va uncido al carácter nacional. Acertará el político que más sutilmente conozca al español medio y mejor sepa cómo hay que obtener de él su propio progreso; no el que sólo conozca bien ciertos vicios del español y transitoriamente crea, astuto, aprovecharlos.
Más interesante, si cabe, que la competencia en los elegidos es la competencia en los electores. He definido (¡terrible expresión!) la de aquéllos mesuradamente; he dicho que no necesitaba ser competencia técnica, sino «estar enterados», estar en las cuestiones, haberlas vivido por su oficio y ocupación habitual, o, por lo menos, ser capaces de ponerse en ellas cuando se presentan. La competencia exigible en el elector es, naturalmente, menor. Vamos a reducirla al mínimum razonable; la condición mínima de un elector, para ser buen elector, es que las cuestiones sobre que van a debatir y decidir los candidatos existan para él. No creo que se pueda pedir menos: el elector tiene que sentir las cuestiones públicas representadas en las elecciones; es menester que los programas hayan rozado su alma, que le hayan interesado y preocupado, que haya adoptado ante ellos una actitud íntima. Si él es tosco, esta actitud será tosca. No importa. En cuanto elector, será bueno.
Con esto llegamos al punto de peripecia. El Parlamento, por su esencia misma, se ocupaba sólo, o se ocupaba casi exclusivamente, de temas «nacionales»; sobre todo, y por encima de todo, de grandes «ideas» juridicopolíticas, de concepciones del Estado, etcétera, etcétera. Ser candidato era ser liberal, o conservador, o monárquico, o republicano, o socialista, o tradicionalista. Al día siguiente de las elecciones, los periódicos dibujaban el perfil de las nuevas Cortes, calibrando sus facciones bajo esos adjetivos y añadiendo a cada uno el número de triunfantes.
Ahora bien: ¿qué clase de españoles podían sentir esas cuestiones abstractas, tener de ellas conciencia aproximada? Como hablamos de electores hay que hablar de grandes números, de masas. Pues bien: sólo una masa podía haber en España que, formando cuerpo electoral, pudiese interesarse y estar despierta para temas tales, que fuese apta para distinguir la calidad y dirección de los candidatos: el vecindario de la capital, los madrileños.
Este privilegio del vecindario madrileño no le advenía merced a una mágica gracia insuflada con sus vientos peculiares por el padre Guadarrama. Lejos de esto, provenía, simplemente, de que era la capital. Cuando una ciudad moderna es una capital de Estado, se puede a priori determinar cuál es su estructura social. El vecindario de una capital-corte se compone de las siguientes clases de ciudadanos: 1.ª El rey, símbolo del Estado. 2.ª Los palatinos y sus familias y allegados, servidores de ese símbolo. 3.ª Los gobernantes de la hora, los supervivientes y los aspirantes. 4.ª Los parlamentarios o los que en otro régimen hagan sus veces. 5.ª La gigantesca burocracia inmediata del Estado civil y militar. 6.ª Los grandes Bancos y las representaciones de todas las grandes industrias del país, que velan por la relación de éstas con el Estado. 7.ª Los pretendientes a cuantas cosas dependen del Estado. 8.ª La gran Prensa, de carácter principalmente político. 9.ª Las instituciones científicas —Academias, Universidad, etcétera—, en número incomparablemente superior a las que residen en cualquier provincia. 10.ª Los intelectuales, en densa concentración. 11.ª Como todas estas clases tienen amplios ocios, ha de haber en la capital un número enorme de juglares —espectáculos de toda índole—, clase social que vive de proporcionar placer a las anteriores. Por esto, la capital es siempre ciudad abundante en placeres. 12.ª Lo cual atrae a una masa enorme de ricos, cuya riqueza está en las provincias. Vienen a la capital para gastar sus dineros. 13.ª Todas estas clases de vecindario, salvo, en cierto sentido, los intelectuales y los juglares, no son productoras, sino gastadoras. La capital es concentración de compradores; por eso acuden a ella en legión los comerciantes. Éstos viven atentos a su clientela, que, como se ve, está compuesta principalmente de gentes de Estado o congéneres. 14.ª Un estado inferior de pequeños servidores, artesanos, obreros, etcétera; en suma: la «plebe», la plebe típica y eterna de toda gran capital.
No pretendo haber agotado con esta lista las categorías de vecinos madrileños. Pero no hay duda que ésas son las principales y que ninguna de las olvidadas por mí contradice o anula el carácter general de las inscritas. Con esta salvedad puede afirmarse que toda capital moderna tiene esa estructura social, y si no es más que capital, no tiene más que ésa. Puede ocurrir que debajo de la capital subsista una gran ciudad industrial. Éste no es el caso de Madrid, urbe habitada por gentes de Estado, ocupadas en funciones de Estado, preocupadas por asuntos e ideas de Estado (intelectuales), o dependientes de los que son el Estado, sus ocupados y sus preocupados. Este torso del vecindario impone al resto su peculiar espiritualidad; por tanto, a los ricos ociosos que se avecindan y a la plebe sobre que constantemente actúa, que ve diariamente al rey, a los ministros, a los diputados, a los generales, a los publicistas…
En resolución, un vecindario como el de Madrid era un buen elector según la antigua Constitución. Los asuntos «nacionales» que en el Parlamento se discutían, los debates sobre «ideas» políticas, sobre conceptos de Estado, tenían, o podían tener, existencia en el alma de los madrileños. Y, en efecto, las elecciones han solido ser en Madrid bastante normales y auténticas.
El punto decisivo está en si el vecindario del resto de España es homogéneo al de Madrid, si Madrid es toda España, o si «toda España» es muy distinta de Madrid; tal vez, lo contrario de Madrid.
3
Hemos visto que la Constitución radicaba toda ella en el Parlamento —puesto que el Poder ejecutivo tenía, para vivir, que fundirse con aquél (ideal del Gobierno parlamentario, como en Inglaterra); a su vez, el Parlamento dependía de la elección, y la elección, del tipo de elector. Éste, pues, era la ultima ratio de todo el sistema.
Ahora bien: el único tipo de cuerpo electoral congruente con este sistema era el que fuese capaz de interesarse por los grandes y abstractos problemas «nacionales», principalmente por las disputas ideológicas sobre los principios de Derecho político —liberalismo, democracia, tradicionalismo, conservatismo. Hemos encontrado que el cuerpo electoral de Madrid, merced a la estructura social de esta ciudad, respondía bastante bien al tipo previsto en la Constitución.
Pero Madrid elegía sólo ocho diputados, y el Parlamento se componía —números redondos— de cuatrocientos. Para que el régimen tuviese sentido era menester que la mayoría de los trescientos distritos restantes contase con cuerpos electorales homogéneos al de Madrid.
Llamo, en sentido estricto, «política madrileñista» o «madrileñismo político» a la idea e intención de organizar el Estado español suponiendo que el tipo medio de los cuerpos electorales en toda la Península es idéntico, en lo esencial, al cuerpo electoral de Madrid. Por tanto, a la política que presume una España consistente —para los efectos políticos— en un Madrid dilatado hasta los límites de la nación. En este pensamiento político, «nación» y Madrid son términos equivalentes e indiferenciados. Se toma a la nación como un Madrid, se toma a Madrid como lo normal de la nación.
Hasta ahora no he hecho otra cosa que interpretar en la forma más leal y rigorosa posible nuestro Código fundamental, según la mente de sus autores. He dibujado lo que cabría llamar la idea de la vieja Constitución. Pero ésta pretendía, como es natural, valer para la nación. Por tanto, debemos ahora retirar la mirada de la idea de la Constitución y fijarla sobre la realidad de la nación, a fin de confrontar la una con la otra. Esta confrontación sería muy vaga e insuficiente si la pesadumbre del análisis anterior no nos la hubiera facilitado reduciéndola a términos precisos. Se trata, simplemente, de ver si, en efecto, los cuerpos electorales de la Península, en su gran mayoría, se asemejan al cuerpo electoral madrileño.
Lo característico de éste era el predominio de ciertas clases sociales que son las únicas capaces de interesarse en las grandes cuestiones «nacionales», tan genéricas y abstractas. Como las he calificado una y otra vez de «abstractas», debo hacer una advertencia: el que sean abstractas no quiere decir que no sean reales e importantes. Por el contrario, bien entendidas, resultará, a la postre, que son las más reales e importantes. Si toma el lector en la mano un Manual de Ingeniería, hallará que en sus páginas no hay más que fórmulas algebraicas y figuras geométricas. Nada más abstracto. Sin embargo, de ese Manual salen los ferrocarriles, los puentes, los automóviles, el hierro, la metalurgia, y, en consecuencia, los negocios ferroviarios, de comunicaciones, fabriles, etcétera. Todas estas realidades emergen de lo más abstracto. Parejamente, las cuestiones «nacionales», y aun las de «ideas», son realísimas; pero consisten en concepciones muy generales que tienen, por lo mismo, un carácter abstracto y requieren cierta predisposición espiritual para ser atendidas y entendidas —como pasa con el Manual de Ingeniería.
Pues bien: las clases sociales predominantes en el vecindario madrileño son las que poseen esa disposición espiritual. Dondequiera, en el más remoto desierto, podrá haber algún individuo tan capaz como el más capaz madrileño de interesarse en las cuestiones «nacionales». Pero aquí no se habla de individuos privilegiados, sino de masas, de clases aptas para sentir las grandes abstracciones públicas. Las llamaré, por esta razón, «clases abstractas». Y éstas son —en España, fuera de España y, tal vez, en Sirio— tres, y nada más que tres: las burócratas, las intelectuales y las financieroindustriales. Los burócratas se interesan en la cuestión de Estado, sencillamente porque es su obligación. Los intelectuales, porque es su devoción y su aptitud interesarse en lo abstracto. Los financieroindustriales, porque es su interés y, además, porque la técnica de sus asuntos los habitúa a la concepción de relaciones abstractas, a amplias previsiones, a percatarse de que lo concreto depende, en definitiva, de lo general.
La condición propia de estas tres clases aparece clara si el lector opone a ellas el labriego, que en la campiña casi incomunicada hinca, bajo el sol y el ábrego, la reja del arado en su humilde pegujal.
Para que los demás cuerpos electorales fuesen similares al de Madrid sería menester una de estas dos cosas: primero, o que en cada uno de ellos predominasen las mismas clases sociales que en Madrid, o, segundo, que el espíritu de Madrid, es decir, de sus tres clases principales, hubiese influido en el país hasta el punto de penetrarlo y educarlo a su imagen y semejanza.
¿Ocurre, efectivamente, lo primero? Evidentemente, no. En ninguna nación del mundo pueden predominar, numéricamente, los burócratas ni los intelectuales, y en muy pocas, los financieroindustriales. Entre nosotros forman una exigua minoría. En España hay más burócratas, relativamente, que en ningún otro país, salvo China; pero, en cambio, hay fabulosamente menos intelectuales e industriales.
Los cuerpos electorales españoles, aparte del madrileño, se dividen en varios grupos. Uno, formado por las ciudades más importantes, que a primera vista podrían emparejarse con Madrid, como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. Otro, por las restantes capitales de provincia. Otro, en fin, por la legión de distritos rurales.
Entre el segundo y el tercer grupo —me apresuro a decir— no hay diferencia importante para nuestra cuestión. La pequeña capital de provincia es, en su esencia, tan rural como la aldea: vive, como ella, del campo. La diferencia se reduce a que en la capital de provincia habitan los labradores y ganaderos más ricos y que el Estado tiene allí una mínima colonia de burócratas y de intelectuales (una Universidad más o menos completa, un Instituto de Segunda enseñanza, una Escuela Normal). De todas suertes, los campesinos —ricos y pobres, propietarios y jornaleros— forman en ella una mayoría aplastante, cuyo espíritu predomina sin límite alguno.
Sería, en cambio, asunto delicado aprontar la fórmula precisa de la estructura social correspondiente a las mayores capitales de provincia. Entre Madrid y el ingente resto del país constituyen unidades públicas de carácter intermedio y son muy distintas entre sí. Para ser certero, fuera preciso considerar aparte cada una; así, aunque Bilbao y Sevilla pesan casi lo mismo en la vida española, no se parecen en nada como unidades públicas. Pero entrar en este estudio de detalle nos distraería ahora. Al propio tiempo, no nos hace falta para nada en el capítulo de una nueva política, que ahora nos ocupa. En última instancia, se trata de tres, cuatro, cinco grandes ciudades provinciales que elegían, a lo sumo, veinte o veinticinco diputados. Pongamos que sus cuerpos electorales coincidían —lo que no es cierto— con el de Madrid. Sumados sus representantes a los madrileños, dan treinta y pico —entre cuatrocientos. Por lo tanto, quitémonos de en medio este asunto. Se entiende, por ahora. Las grandes ciudades provinciales significan el título de un problema especial y enorme en la vida pública española. Mal preconcebido estará todo nuevo sistema de política nacional que no tenga, por anticipado, abierto un hueco para alojar ese problema. Ya lo veremos surgir maduro a su tiempo y caer en su lugar predestinado dentro del seno de la meditación.
Resulta, pues, que de cuatrocientos representantes nacionales, trescientos sesenta eran elegidos por distritos resueltamente rurales. Madrid y las tres o cuatro ciudades que, por un momento, consideraremos afines se encontraban solas frente a la casi totalidad de los cuerpos electorales formados por campesinos. Nuestra nación, en su realidad, es campiña y sierra —ruralismo—; por tanto, está constituida por la clase social de tipo más opuesto a burocracia, intelectualidad e industrialismo. El rural es el hombre prisionero de lo concreto y próximo, por sí mismo incapaz de entender ni sentir nada abstracto y racionalizado. Su alma vive sonámbulamente —y éste es su encanto indudable—, flotando en impulsos tradicionales. Tiende a hacer hoy lo que hacía ayer, simplemente porque lo hacía ayer. Su mente es miope —y ésta es su fuerza: ve muy claro lo inmediato, se aferra a ello, pero no puede percibir lejanías, las generalizaciones. Las cuestiones de Estado, los afanes históricos, las luchas integrales, los cambios de régimen, toda la historia, en suma, pasan por encima de su cabeza como las nubes viajeras sobre la cima de las encinas: sin que éstas se enteren. Todos los que hayan explorado el sacro cuerpo de España han tropezado, en la serranía o en la ribera, con un sombrerazo de labriego bajo el cual se aseguraba que aún gobierna en España Fernando VII. Claro es que el señor campesino sabe algunas cosas más; sí, las sabe, han caído sobre su espíritu noticias sobre el mundo, sobre la nación, sobre las cuestiones públicas, pero no las siente ni sabe orientarse en ellas con soltura. Su alma, más fina que la del jornalero, obedece en sustancia a los mismos principios. (Véase España invertebrada).
No es necesario emplear sobre este punto muchas palabras. Nadie puede desconocer el hecho de que la casi totalidad de los cuerpos electorales españoles está constituida por pura clase rural, y que el rural es el polo opuesto al burócrata, al intelectual y al industrial.
Hay, pues, que recurrir a la otra posibilidad: que esas tres clases abstractas hubiesen logrado desde Madrid derramar su influjo sobre el omnímodo ruralismo de España, saturándolo de los principios contrarios, compensando las tendencias nativas del eterno labriego. Esto era posible. Tanto, que en otras naciones ha sido real. Por ejemplo, en Francia. La nación francesa está hecha por la irradiación de la capitalidad, cuyo genial espíritu ha goteado multisecularmente sobre las glebas locales hasta impregnarlas de su cultura. La agricultura quedó así enriquecida y transformada por las «humanidades» de París, por la educación abstracta, por la mente-cultura —ideas, estilos de arte y de vida, fervores políticos. No digamos ahora por qué y cómo fue esto posible. Basta con que sea un hecho. Pero es evidente que tampoco es éste el hecho de España. Madrid no ha poseído jamás una cultura creadora. A fuer de capital de Estado, se ha ido, claro está, cultivando; es decir, ha aprendido del extranjero un mínimum de cosas malamente asimiladas. Esta cultura adquirida —y no creada en abundancia de hontanar—, esta cisterna de cultura, le viene muy justa a Madrid para sus necesidades de urbe, para sostener la estricta dignidad de una capital. Pensar en que haya podido nunca irradiar su espíritu es bobería. A seis kilómetros de Madrid, la influencia cultural de Madrid termina, y empieza ya, sin transición ni zona pelúcida, el «labriego absoluto».
Por tanto, queda eliminada también la segunda posibilidad. Permanece, en cambio, lo efectivo: una capital más cultivada que cultivante, y en torno, inmenso, el absoluto campo.
No puede imaginarse incongruencia mayor que la existente entre la idea de la Constitución o Estado y la realidad de la nación, de la vida efectiva y cotidiana de España. El hecho mismo de que se proyectase aquella Constitución revela sencillamente la incultura del político «madrileñista». En vez de plantearse originalmente, intuitiva y sinceramente el problema político español —el Estado que convenía hacer, la gran lex ferenda—, tomó lo que veía en Francia, una lex lata, oriunda de otra historia la más antitética de la nuestra, propia para otra sociedad y otros linajes. La Constitución de la «dulce Francia» no podía servir para la áspera España.
Aquellos hombres de 1876 y 1890 sabían muy poco. Simplemente porque no habían trabajado, no se habían perdido y olvidado a sí mismos en una labor cruel, año tras año, para llegar a ser cultos. Pero sabed que ahora existe en España una minoría plenamente culta, formada precisamente por los que han trabajado en el extranjero o han recibido la influencia de éstos —profesores, escritores, médicos, industriales, obreros. Y esa minoría está resuelta a hacer una España auténtica, una España original y española, pero apta para hacer historia en el futuro. Por haber trabajado en el extranjero saben que él no es España, no la confunden con aquél. Mas, a la par, quieren pertrecharla para la lucha y convivencia con aquél. Sabed que van a hacer, contra viento y marea, en uno u otro decenio, una España para alta mar —fuertes flancos, quilla profunda.
Pero antes de dibujar los gálibos de la nave futura es preciso cerrar la cuestión que ahora desarrollamos. Si la idea política era incongruente con la realidad de la nación, ¿cuál era, de hecho, la realidad política que durante cincuenta años acontecía en España? Si el uso ideado en la Constitución era incompatible con la materia nacional, claro es que la vida pública tenía que consistir en un puro, permanente y consubstancial abuso.
Intentemos fijar el perfil de este constitucional abuso. De no ser un poco trágica, yo diría que nuestra tarea inmediata es divertida. Se va a ver cómo la intención de una «política madrileñista» y «nacional» se convertía, de hecho y por fuerza inexorable, en lo contrario de ella: en el imperio del provincianismo y del peor localismo.
4
Hemos visto que la Constitución se proponía un Parlamento donde se discutiesen y resolviesen principalmente las grandes cuestiones «nacionales». A este fin postulaba la elección de cuatrocientos diputados, los cuales, por lo menos en su mayoría, fuesen personas de alta espiritualidad, capaces de tan grave menester. Esta elección implicaba la existencia de cuerpos electorales aptos para sentir aquellos magnos temas y para preferir a estos hombres egregios, los más delicados y complejos.
Ésta era la idea de la Constitución. Pero la realidad de la nación discrepaba radicalmente de esa idea en lo que era su supuesto fundamental. La inmensa mayoría de los distritos electorales estaba compuesta de gente rural.
Situadas así las cosas, la más sobria curiosidad no podrá contenerse y preguntará: Entonces, ¿qué era lo que acontecía en realidad con la Constitución? ¿Cuál era la efectiva vida pública de España? Naturalmente, acontecía lo que tenía que acontecer. Lo que acontece es siempre la realidad, no nuestros falsos conceptos, y viceversa, la realidad, queramos o no, acontece siempre, es inexorable. La realidad de España tenía que triunfar sobre la torpe idea que de ella se habían hecho los políticos «nacionales» y «madrileñistas». Madrid se había olvidado de las provincias, y, como España era pura provincia, tenía por fuerza que resultar, en vez de una política «nacional», una política provinciana, localista y rural en el peor sentido de estos vocablos.
Veamos cómo y por qué vías. Si del choque entre esos dos elementos —idea constitucional, realidad del país—, según han sido descritos más arriba, se desprende como directa consecuencia una imagen que coincide con lo sucedido efectivamente en nuestra vida pública durante los últimos cincuenta años, quedará, me parece, probada la exactitud de aquellas descripciones y la fecundidad del método seguido en este estudio. Pero al describir la dinámica de un choque es forzoso distinguir dos etapas consecutivas: en la primera asistimos al choque; en la segunda, a los resultados del choque. Durante estos últimos cincuenta años tenían, por fuerza, que producirse en España dos procesos diferentes: uno, que va de 1876 a 1900 —el país choca con la Constitución—; otro, que va de 1900 a la fecha —el país elimina la Constitución, que no se puede asimilar; la despide después del choque. Me importa mucho señalar esta diferencia de tiempos y esta dualidad de procesos, porque el propósito que mueve mi pluma no es mostrar los defectos del pasado, sino, al contrario, precisar el punto de arranque para un saludable futuro. Pero, claro está, no se puede preparar la salud si antes no se define la enfermedad. Ya veremos cómo el porvenir de España está preformado y sugerido en aquel segundo proceso.
Según cuentan, Fichte comenzaba una de sus lecciones diciendo: «Señores, hoy vamos a “construir” a Dios». Fichte era genial; pero era incapaz de ironía y de tacto —architudesco. Después de todo, «construir» no significa más que lo que hace constantemente la ciencia: imaginar a priori los hechos. Esto es la física, que hace posible la fabricación de automóviles. Algo excelente debe haber en el método, cuando permite llegar a tan positivos resultados. Pues bien: nosotros vamos ahora a «construir» el Parlamento español de los últimos cincuenta años, vamos a imaginarlo a priori.
Necesitamos cuatrocientos diputados «nacionales». Trescientos cincuenta de ellos tenemos que sacarlos de distritos rurales. Éstos son los términos del problema.
He aquí un distrito rural típico —las anécdotas, las diferencias secundarias, inesenciales, no nos interesan. Vamos a imaginar la serie de reacciones políticas de ese «distrito rural tipo».
Enviamos al distrito dos candidatos: uno, «liberal»; otro, «demócrata» o «conservador». Van con sus programas. La diferencia fundamental entre estos programas es justamente ésa: ser «liberal» o «demócrata» o «conservador»; sustentar diferentes ideas sobre Derecho político, sobre finanzas del Estado, sobre instrucción pública, etcétera. Nuestros candidatos son personas exquisitas, cultivadas, honestas.
Llegan al distrito y los presentamos al Cuerpo electoral, que suspende a este fin sus faenas campesinas. Decimos al pueblo: «Podéis elegir a este señor, que es “liberal”, o a este otro, que es “conservador”. Vuestro sufragio es libérrimo».
¿Cuál es la primera reacción de los rurales ante semejante dilema? Se miran unos a otros. No entienden de qué se les habla. No encuentran en su interior motivos claros para decidirse por el uno o por el otro. Se sienten asnos de Buridán. Dan media vuelta. Se van. La primera reacción del distrito rural ante esta política directamente «nacional» —es decir, superabstracta— es por completo negativa. Es la abstención electoral. Y, en efecto, el absentismo del sufragio fue la nota dominante en la primera etapa de la vida constitucional española.
Pero tenemos que hacer un Parlamento; necesitamos trescientos cincuenta diputados, elegidos por el país. Éste no los elige. Entonces, el Poder ejecutivo no tiene más remedio que fingir la elección y nombrarlos él. ¿Es esto suplantación del voto? Evidentemente, no. La elección que no existe no puede ser suplantada. Las elecciones en España, como los impuestos en Roma, comenzaron por no existir.
La situación a que hemos llegado es ésta: el Gobierno ha tenido que hacer diputado a un señor, el cual no ha sido elegido por el distrito. Éste se encuentra con que un señor caído de las nubes representa sus pueblos en Madrid, y que el ministro le consulta, a fuer de tal representación, cuando hay que nombrar alcaldes, jueces, alguaciles, peatones, etcétera. Estos nombramientos son cosa ya más grave y concreta que la «nación» y que el Derecho político. Es el Poder público y sus substantivos beneficios, favores, prebendas. Al descubrir tras la elección esta realidad que en forma tan concreta se refiere a sus pueblos, el distrito rural reacciona nuevamente, pero en forma más positiva. Una o varias personas, las más avispadas, activas y enérgicas del distrito, se hacen el siguiente razonamiento: «Esto de la elección es cosa más sabrosa de lo que creíamos. Creíamos que la elección consistía en enviar un representante al Parlamento de Madrid, a un lugar donde se habla de cosas que no nos interesan. Pero ahora resulta más bien que ese representante es el representante del Poder ejecutivo en nuestro distrito. Él es quien sobre nuestros pueblos hace la lluvia y el buen tiempo. ¡Amigo, esto es cosa seria! El Parlamento, el Poder legislativo, nos trae sin cuidado; pero si yo busco un señor y le prometo “organizar” en el distrito su elección, a cambio de que él ponga a mis órdenes el Poder ejecutivo, con todos sus nombramientos, espórtulas y prebendas, sería el gran negocio. Yo y mis amigos dominaríamos en estos pueblos».
Ahora, pues, va a haber elección; es decir, un grupo de personas en el distrito formarán una «organización electoral». Son ciertos individuos influyentes que han acrecido su influencia (o si no eran por sí influyentes, la han conquistado) por ser los detentadores del Poder público central en la localidad. El cuerpo electoral espontáneo sigue no existiendo. Los únicos electores efectivos son las «organizaciones». Esta palabra resume toda la realidad de la vida pública en España durante cincuenta años. (En todos los países, la democracia ha suscitado partidos, y los partidos han tenido que crear organizaciones para ganar electores. Pero nuestras «organizaciones» no ganaban electores, puesto que no los había. Simplemente «ganaban» la elección, fabricándola de la nada).
He aquí que los cuerpos electorales previstos en la Constitución, pero inexistentes, han tenido por fuerza que ser constituidos artificialmente, en forma de «organizaciones». Éstas no eran fuerzas públicas espontáneas y auténticas de que se nutriese el Parlamento, sino que eran el alcalde, el juez, la Guardia civil, los empleados de los Concejos, etcétera; es decir, eran el Poder público mismo en su representación local. Pero ese Poder público —local, atomizado— era, en rigor, el Estado nacional convertido en polvo, disperso y, sobre todo, sometido a voluntades privadas.
De donde resulta que la única forma posible de elección era una seudoelección por medio de las «organizaciones», las cuales, a su vez, eran el Poder ejecutivo mismo, pero detentado fraudulentamente y puesto al servicio de los pequeños intereses locales, de las pasiones de aldea, del chabacano dinamismo moral e intelectual del villorrio.
Esta realidad de la vida pública española se ha llamado «oligarquía y caciquismo». El nombre no era falso; pero sí el sentido con que se emitía. Se entendió que el caciquismo era un abuso de la Constitución, cuando era la única manera de realizar en alguna manera la Constitución. Si intentamos hacer un Estado que emane últimamente de una elección, y resulta que los electores no existen, no cabe otra salida que forjar ficticiamente esos electores, pagando con favores del Estado la faena de esa forja. Gracias a los caciques ha vivido aquel Estado, con la única vida que podía lograr: una vida desvirtuada, consubstancialmente falsificada. La prueba de ello es que, según veremos, en cuanto empezó a faltar el apoyo de los caciques faltó sostén a la Constitución, y ésta se derrumbó. Si no entendemos esto claramente, no habrá manera de situar los problemas políticos españoles en el plano de su verdad.
Las seudoelecciones que se hacían en los distritos rurales —prácticamente, pues, en toda España— no se hacían con vistas al Parlamento, por el cual los pueblos no se han interesado nunca, sino con vistas al Poder ejecutivo, localizándolo, detentándolo, ruralizándolo.
Pero claro es que esto eliminaba de toda posible candidatura a los hombres mejores del país. No digo tampoco que los candidatos fuesen los peores; pero, evidentemente, tenían que tener estas condiciones: ser capaces de entenderse con las bajas y angostas pasiones de los aldeanos, representados por sus caciques; ser capaces de someterse en cuerpo y alma a un ministro, ministrable o ex ministro dueño del Poder público, y ser capaces de poner éste al servicio de aquellas pasiones labriegas. En tales condiciones, sólo por azar podían coincidir en un hombre estas capacidades con elevación moral y estro inteligente. La inmensa mayoría de los parlamentarios tenía que ser gente basta, aventurera e indocta. En aquel régimen, por su esencia misma, bastos eran triunfos. (Claro es que no sólo en aquel régimen).
Dados los términos del problema, no hemos podido obtener cosa mejor al hacer a priori nuestro Parlamento. No se hable, pues, de abusos. No hemos tenido para nada que mentar éstos. De los ingredientes que la Constitución de un lado, y el país de otro, nos alargaban, hemos derivado necesariamente el único uso que tenía verosimilitud.
Poniendo, pues, las cosas en su punto mejor, el Parlamento se componía de cincuenta elegidos auténticos y trescientos cincuenta mandatarios del peor localismo.
Parva labor podían hacer aquellos pocos frente a estos muchos. La red de prevaricación constituida que éstos urdían, por fuerza había de arrastrar más o menos a los otros. ¡Y la masa torpe que formaban era nada menos que la institución fundamental del Estado: el Parlamento! ¡Y tenían que discutir y decidir sobre el sumo derecho, sobre los destinos internos y externos de España, sobre el cuerpo todo y el alma toda de la nación, gentes cuya elección dependía del nombramiento de un peatón en el casar serrano o de la concesión de una carretera por el valle del torrentillo! Sobre todo, en vez de sostener el Parlamento al Poder ejecutivo, nutrirlo de prestigio y dinamismo público, era el Poder ejecutivo quien sostenía a aquél, quien lo creaba y lo alimentaba.
Por consiguiente, quien al censurar el Parlamento no quiera decir palabras hueras, censure al Parlamento inglés, al Parlamento francés, al Parlamento chino; mejor aún, al Parlamento en general; no pocas de las censuras tendrán pleno sentido. Pero lo que no lo tiene es censurar al Parlamento español, que no ha existido jamás.
Esta institución gigante, el Parlamento «nacional» español, vivía paralizada por los cientos de pequeños distritos rurales. Era Gulliver presa de los liliputienses.
Así, de 1876 a 1900. Pero ahora viene la segunda etapa, la más interesante, donde el mal, llegando a su extremo, provoca una regulación del propio organismo nacional e inicia para quien no sea ciego la trayectoria del porvenir.
5
De 1876 a 1900 la España real choca con la irreal Constitución. La España real significaba el rebosante predominio del ruralismo. La reacción al choque consistió en que poco a poco fueron creándose «organizaciones» en los distritos rurales. Poco a poco. Esto quiere decir que en muchos distritos ni siquiera esa reacción se produjo rápidamente. A estos distritos sin «organizar» se les llamó «cuneros». En ellos seguía no habiendo elecciones. En los «organizados» las había, pero falsas. Es importantísimo que precisemos este término «elección falsificada». Se ha solido llamar «falsa elección» a aquélla en que el Gobierno substraía violentamente los votos que un candidato había, en efecto, conseguido.
Por mi parte estoy dispuesto a ahorcar cualquier palabra, si es conveniente la operación. El lenguaje es materia demasiado infiel para que adscribamos a un vocablo nuestro pensamiento. Pero he tenido varias veces que oponerme a la facilidad con que en nuestro país se declara casi toda cuestión «mera cuestión de palabras». Es mucho menos frecuente de lo que se sospecha que una cuestión sea de palabras y nada más. La palabra es una ampolla de sonido que flota llena de sentido. Si este sentido es erróneo, el uso del vocablo aquel es perjudicial. Así acontece, a mi juicio, con la palabra «falsa elección», según suele emplearse.
En los distritos «organizados» había elección, pero ésta era falsa, aunque el Gobierno no la violentase, aunque no hubiese ni sombra de «pucherazo». («Cunero», «pucherazo» —nótese, como síntoma curioso, el tufo rústico del vocabulario que manejaba aquella política en asunto tan básico para toda la vida del Estado). Porque aunque votasen sin el menor estorbo todos los electores de un distrito rural, no votaban un representante en el Poder legislativo, sino un agente de favores de Estado, un instrumento para la detentación localista del Poder público nacional. Esto era lo decisivo, y, por tanto, lo que es preciso destacar. Toda elección rural que no tuviese un carácter de excepción era falsa en su esencia misma, porque no era elección parlamentaria. Basta comparar la elección en un pueblo con la elección en Madrid para advertir la radical diferencia de ambos hechos políticos. En Madrid no había ni podía haber «organizaciones», y lo que se pareciese a éstas provenía de inevitable contaminación, bajo la atmósfera creada por las elecciones rurales.
La diferencia, pues, entre los distritos cuneros y los «organizados» era que en aquéllos la elección no costaba nada al Poder público, y en éstos se gastaba mucho; en éstos se gastaba. En los «cuneros» era suficiente una orden al gobernador de la provincia para que hiciese diputado a tal señor por tal distrito. En los «organizados», la «organización» exigía constantemente favores de Estado —nombramientos injustos, reparto de contribuciones injusto, carreteras indebidas, dinero para la langosta, etcétera. De donde resulta que donde había elección de hecho padecía más el Estado, se envilecía y debilitaba más, por tener que arrojar a los rurales trozos de su autoridad, de su prestigio, de su Justicia, de su Gracia, de su Hacienda. Por el contrario, los distritos cuneros permitían crear diputados imaginarios, pero gratuitos, sin pérdida del honor público. Eran la holgura, el respiro del Poder ejecutivo, que permitía formar fantasmas de mayorías sin daño inmediato grave para el Estado aquel.
Mientras el número de distritos «organizados» y el de «cuneros» se compensaron pareció marchar la cosa. Había como mayorías, había como partidos, había como Gobiernos. La Constitución llevaba una vida ficticia, que es, al cabo, una forma de vida que no es simplemente nada. Estamos en 1900. No es necesario decir que 1900 representa una fecha convencional. Es indiferente por ahora la precisión cronológica. Sin embargo, va a aparecer en estos estudios reiteradamente confirmado, y por los haces más diversos, el hecho de que con el siglo se inicia en nuestra España una nueva existencia. Probar claramente que esto no es una frase, fijar la mirada del lector sobre grupos de fenómenos en que no suele repararse y que lo demuestran, es una de las innumerables razones que han puesto esta vez la pluma en mi mano con tanta resolución.
Vamos, pues, a imaginar también a priori la segunda etapa del choque histórico entre España y su Constitución. Pensar a priori es simplemente imaginar posibilidades, se entiende, verosímiles. Y así, pregunto: ¿Qué nueva reacción es posible imaginar en los distritos rurales, según se hallaban hacia 1900? Por lo pronto una, bien que no es nueva cualitativamente: que aumentase con más rápido tempo el número de distritos dotados de «organización». Se trata, pues, de una novedad meramente cuantitativa. Sus consecuencias, no obstante, variaron de sustancia, no sólo de magnitud. He aquí la lista de cosas harto positivas que ese simple cambio numérico tenía que acarrear: cuantos más distritos «organizados», menos distritos «cuneros»; por tanto, forzosidad de repartir y dispersar más el Poder público nacional o central en beneficio del peor localismo. Cada nueva elección costaba más a los Gobiernos, que se veían precisados a reducir sus mayorías y pactar más con las minorías. Por su parte, sintiéndose cada vez más necesarias en el régimen, las «organizaciones» locales se mostraban más exigentes, buscaban representantes de más baja condición y arrancaban pedazos mayores al Poder público. Éste, consecuentemente, empezaba a agotar su capacidad de autoridad, de prestigio y de prebendas. Disminuía de tamaño, de rango y de dignidad a ojos vistas. Los Gobiernos, agentes de él, eran, por fuerza, cada vez menos estables, etcétera, etcétera. La lista no se puede acabar, porque de ese simple cambio cuantitativo tiene que venir, dados los términos del problema, la aniquilación de un Estado y la ruina de una Constitución. De ahí, lector, de ahí. No hace falta recurrir a explicaciones menos taxativas y más vaporosas. Otros factores que subrayaré a su tiempo han contribuido al proceso disolvente; pero sin aquél no hubiesen deprimido, ni menos desbaratado, el régimen.
La causa de su ruina fue el régimen mismo.
Si ahora tornamos de nuevo a la realidad, hallaremos que también esta vez confirma nuestra imaginación a priori. Todos los que han gobernado en los últimos veinte años reconocerán la exactitud del hecho; conforme avanzaba el siglo iba siendo más difícil hacer elecciones, y la dificultad provenía de haber ya en casi todos los distritos «organizaciones» consolidadas; es decir, inveteradas en la retención de Poder público.
Pero sigamos. ¡Venga otra nueva reacción imaginable en el distrito rural! Si resumimos, van hasta ahora tres. Primera: la abstención electoral. Segunda: creación de «organizaciones» para capturar el Poder central. Tercera: multiplicación de los distritos «organizados».
Y ahora llega la cuarta:
Hemos visto que la simple multiplicación de las «organizaciones» trae consigo la debilitación extrema del Poder ejecutivo; no posee éste apenas ya qué repartir y no puede hacer efectiva su autoridad, porque la tiene hipotecada en los distritos. Por reciprocidad mecánica, las «organizaciones» se muestran entonces muy exigentes y caen en la cuenta de que son ellas más necesarias al Poder público central que éste, exhausto, lo es ya a ellas. Nótese la situación paradójica, increíble, que se crea: las «organizaciones», estrictamente hablando, eran fraudulentas colonias del Poder central; pero han engordado tanto, que imponen sus condiciones taxativas a aquél. Se revuelven, pues, contra quien las creó.
Hemos llegado al momento culminante del proceso histórico que empieza en 1876: estamos en la divisoria de las aguas.
Las «organizaciones locales» creadas por Madrid se sienten, de hecho, independientes del Poder central; esto es, de Madrid. Ellas no eran otra cosa que el Poder público hecho cisco, triturado en trescientas cincuenta partículas locales. Una vez repartido así, era inevitable que cada una de estas partículas se dijera: «¡Qué diablo, el Estado soy yo!» Y tenía razón.
Viene, pues, una época de «independencia de los cuerpos electorales». Pero no nos hagamos ilusiones: sabemos que hasta ahora cuerpo electoral quiere decir «organización», y nada más. Sólo habrá cuerpos electorales auténticos y, por tanto, Parlamento, cuando los rurales se interesen en las cuestiones de la vida pública. No olvide esto el lector. Va a ser desde mañana nuestro tema substantivo. En el tiempo de que ahora hablo se produjo sólo la independencia de las «organizaciones». Un ejemplo nos va a aclarar suficientemente la situación a que me refiero y que caracteriza esta etapa.
Al iniciarse una nueva legislatura —imaginemos la fecha 1919 ó 1920—, un diputado que durante varias ha representado cierto distrito, va a él y solicita una vez más su elección. Pero he aquí que, con gran sorpresa suya, la «organización» se le revuelve y le dice: «Señor nuestro: Esto se ha acabado. Antes le elegíamos a usted porque usted nos pagaba en Poder público; pero ahora el Poder público somos nosotros. Si usted quiere ser diputado por nuestro distrito, lo único que podemos hacer es venderle íntegro el censo electoral. ¿Cuánto da usted?»
Los que han vivido la política de aquellos años recuerdan bien que, en efecto, fueron casos muy numerosos de este jaez el gran hecho nuevo que apareció en la política española. Siempre han costado ciertas elecciones; pero el dinero representaba en ellas un papel auxiliar; lo que se compraba era el voto individual, y el voto individual era lo que se vendía. Pero ahora se compra y se vende íntegro el censo, puesto en el mercado paladinamente por la «organización» como tal.
No se detenga un segundo el lector en hacer aspavientos ante la faz criminal del hecho, ante lo que tiene de abuso, de simonía y peculado. Yo quisiera habituar a mis lectores a no pensar nunca primero en el abuso, porque eso no lleva a nada. Lo interesante es pensar qué estado de vida pública supone y patentiza ese hecho. Y es evidente que supone la independencia de las «organizaciones», su secesión de Madrid. La venta integral de un censo significa sólo un ejemplo, el más claro y sencillo, de las formas variadísimas que revistió la cuarta reacción de los distritos: la sublevación de las «organizaciones».
Los propios agentes locales de la antigua Constitución —los caciques— han perdido el respeto a Madrid; es decir, al Estado que la capital simboliza. Llega entonces al extremo el desprestigio del Poder público y sus instituciones principales. Vulgarmente se atribuye éste a los abusos cometidos. Pero esto es un error. Se olvida que cualesquiera sean los abusos cometidos por un régimen, si éste es, por otras razones, fuerte, el fenómeno de desprestigio no se produce. Pasa como con los grandes escritores: por muchas canalladas que un autor cometa, si posee verdadera y siempre fresca genialidad, el público no repara en sus vicios, y su prestigio pervive indemne. La razón efectiva, yo diría, con alguna pedantería, la razón técnica del susodicho desprestigio político fue que los caciques comenzaron a retirar el hombro de la armazón constitucional. Ésta se había desangrado en beneficio de ellos, y no tenía fuerza para oponérseles.
Aquí termina el análisis del proceso político español en los últimos cincuenta años. Me he atenido a sus términos rigorosos: no he dejado entrar en él factores ajenos a lo estrictamente político. No he hablado de estados de espíritu concomitantes en la sociedad española. Por tanto, he eludido intentar un bosquejo de la historia del alma española durante ese tiempo. En el alma española han acontecido en ese período muchas otras cosas que no son políticas, pero que influyen en la política. Yo las he dejado radicalmente fuera de la consideración. No obstante, ha podido verse que todo lo decisivo en las vicisitudes del Estado en cuanto Régimen, en cuanto Constitución, se aclaraba por la incongruencia de ésta con el país. La posibilidad de prescindir en la explicación de otros factores demuestra que el hecho de esa incongruencia basta y sobra para explicar el fracaso del régimen.
Pero ahora podemos añadir una observación que, a mi juicio, decide del porvenir.
La independencia de las «organizaciones», su rebelión frente a Madrid, no se ha producido exclusivamente por las razones indicadas. Durante veinte, treinta años, las «organizaciones» han operado sobre sus pueblos, han favorecido a unos vecinos, han perseguido a otros. Cuanto mayor Poder arrancaban de Madrid, más favorecían y más perseguían. Esto tenía que provocar lentamente la irritación de los vecinos. La masa campesina, antes indiferente a toda vida pública, comenzaba poco a poco a apasionarse por razones locales. Se iniciaba un trasunto de vida pública local, a fuer de tal inaprovechable por sí misma para la política «nacional», pero que ha hecho cobrar conciencia de sí propias a las pequeñas unidades comarcanas y provinciales. A sus movimientos de protesta contra este o el otro abuso se contestaba señalando a la política de Madrid, al centro, como responsable del daño. Y, en efecto, nominalmente era el ministro en Madrid quien ponía su firma bajo las fechorías incubadas por el cacique en el pueblo. Por esta causa, las provincias enteras sintieron una profunda antipatía al régimen «madrileño». En ese ambiente, las «organizaciones» locales acrecieron sus pujos de independencia.
Por vez primera, aunque por causas distintas, aparecían coincidiendo los pueblos y las «organizaciones» en una cosa: la subversión contra Madrid.
Éste es el hecho básico de la vida pública española desde 1900 a la fecha. Se ha producido poco a poco, pero todo lo demás que en ese tiempo ha acontecido surgió a consecuencia de él o fue simple anécdota. En él se empolla el futuro de la historia peninsular.
Pero esto ya es cuestión distinta del confrontamiento entre la vieja Constitución y la nación que era. Ahora vamos a ver qué nación nueva germina y qué otra Constitución le corresponde: Forward! —«¡Adelante!»—, como dicen los conductores de tranvía en Nueva York.
VII
RESPIRO, REITERACIÓN Y TRÁNSITO
E quindi uscimmo a riveder le stelle
Emergemos de nuevo al haz del presente, volvemos a ver sobre nosotros las constelaciones. Estos cinco artículos sobre «La Constitución y la nación» han puesto a prueba la capacidad de ascetismo en el lector y en mí. Pero estas penalidades sufridas durante el análisis retrospectivo de la política española nos sirven precisamente como garantía y demostración de que estamos resueltos a aceptar la ascética faena —el estudio rigoroso y minucioso— siempre que sea necesaria. Más de una vez, en el transcurso de este ensayo, acaecerá que, como Dante, caemos por escotillón en un giro subterráneo donde en vez de avanzar caminamos lentamente hacia atrás, obligados a dibujar los perfiles de la perduta gente. El ascetismo, cuando es necesario, es un deber que aceptamos sin pestañear; pero ni puede ni debe ser un ideal. No tengo fe ninguna en los ascetas de afición. Al contrario: es preciso eludir lo adusto siempre que sea posible y navegar a barlovento de la alegría.
Si no se me exige demasiado, y restringe el lector su expectación a lo que es lícito esperar de mí, descubriré el propósito de estos estudios, que es, nada menos, elaborar un proyecto de organización nacional en todos los órdenes, lados, caras y círculos de la existencia española. El asunto no puede ser más serio y solemne. Pero yo no veo por qué no hemos de ejecutarlo alegremente. Es más: uno de los afanes que aquel propósito integral incluye es el de organizar la alegría española, la cual, con grave daño para nuestra historia, no ha sido nunca tomada en serio. Es preciso intentar que pronto las espadañas de los pueblos, cualquiera que sea su tañido, suenen siempre a campanas de Resurrección, y si fuera a claxon pascual, mejor todavía. Basta para ello con que resolvamos ver las cosas a la vez en grande y en exacto; con que impongamos en derredor un vigoroso imperativo de magnanimidad, y despertemos del sonambulismo aldeano y pequeñoburgués que ha paralizado nuestra vida colectiva. Tomemos la necedad dondequiera se encuentre, y retorzamos su pescuezo. Procuremos que la pusilanimidad, la pequeñez, sea aún menor, anulándola. Hagamos lo contrario de lo que se ha hecho en cincuenta años, que era, no más, cazurramente, aldeanamente, vulpinari cum vulpibus: zorrear con los zorros.
Pero ahora, vueltos a la luz del día tras nuestra excursión subterránea por el pasado, necesitamos enhebrar otra vez el camino, reanudar el itinerario; por tanto, reiterar.
Se trata de armar una política cuyo contenido sea una perspectiva histórica; de fletar nuevamente para alta mar la nao hispana. Es preciso que nuestro pueblo vuelva a hacer historia. Pero hacer historia no ha de entenderse, folletinescamente, como un hacer escenas fuera de sí mismo —guerras, exploraciones, colonizaciones. Todo esto es, o consecuencia, o síntoma o mise en scène del verdadero hacer historia, que consiste, simplemente, en que un pueblo se haga y construya a sí mismo, se incorpore y organice. Con eso basta; con ser y estar ahí firme sobre el mundo, ya está haciendo magníficamente historia. Los demás no tienen más remedio que contar con él.
Pero el aspecto concreto e inmediato con que se presenta a nuestros ojos de hoy esa orden de hacerse España a sí misma es el mejoramiento del español medio, su conversión en un tipo de hombre apto para afirmarse sobre el actual nivel de la existencia humana —la cual existencia humana es siempre, y a la par, convivencia y combate. Ahora bien: el español medio está en las provincias. Por consiguiente, la política tiene que comenzar por ser política de las provincias, organización de las provincias.
De ellas va a renacer España. En ellas es forzoso alumbrar la mayor porción de energías necesarias para la obra gigante. Nuestra política es de fe en las provincias, por la sencilla razón de que ellas son la realidad española.
Pero esta fe necesitaba ser razonada y demostrada. Si para los efectos del futuro y la esperanza nos parecen las provincias la verdadera realidad de nuestra nación, por fuerza tienen que haberlo sido también en el pasado. Una realidad tan primordial no puede haber surgido hoy: tiene que haber sido también la realidad de ayer. De aquí que fuese inevitable mostrar con algún rigor cómo en los últimos cincuenta años, bajo la presunción de un Estado «nacional», se impuso la realidad de la provincia con su intonso ruralismo. Al flamante Parlamento cortado al gusto francés e inglés le salió pronto el pelo de la dehesa.
Hemos visto cómo frente a una Constitución «madrileñista», donde la vida local no tenía alojamiento, respondió ésta haciendo prisionera a la institución básica —las Cortes—, ligándola con innumerables hilos a los distritos rurales y repartiéndose por este medio el Poder público; es decir, localizándolo, supeditándolo a las torpes y angostas pasiones del villorrio, a su minúsculo horizonte intelectual y moral. La realidad se venga cuando no se la acepta y reconoce. Por no contar con las provincias, el peor localismo, el provincianismo, dominó todo: las provincias mismas, la «nación» y el Estado.
De aquí el sabor provinciano, la chabacanería que saturó la vida española de esa época. Lejos de influir sobre la periferia las clases abstractas de Madrid —burocracia, intelectuales, industriales—, aconteció lo inverso. La rusticidad, en sus peores manifestaciones, anegó el alma colectiva. No sólo en política, sino en todo lo demás. Ni se detuvo a las puertas de Madrid. Este peor localismo es el espíritu de la gleba en su aspecto primario e impoluto, es lo que los árabes llaman lo «baladí», esto es, lo del país, lo indígena de cada trozo de tierra, lo vegetal y cabrío que el terruño espontáneamente pare. En Madrid, donde hay calles y el surco y el arado no pueden existir, lo local es la plebe urbana, el aldeón carpetovetónico que sirve de base autóctona a la capital. Y es curioso recordar que en aquella época se produjo el triunfo de la chulería. El chulo es el rural madrileño. Pues bien; en vez de influir las clases abstractas sobre el chulo doméstico, acaeció el caso increíble de que fuese el chulo quien daba el tono a la vida madrileña, imponiendo hasta su léxico. Durante veinte años, la conversación de las altas clases directoras arrastró todo el vocabulario soez y el crudo barroquismo de la plebe madrileña. Los aristócratas o hablaban en francés o hablaban en chulo, y, por muy alto que se subiese, la dicción plebeya, en marea viva, salpicaba el diálogo.
El empedernido meditador sobre España que era ya entonces el autor de estos artículos —durante veinte años tachado de extranjerismo por la imbecilidad imperante— se ocupó más de una vez en merodear alrededor de las casas donde moraban los grandes políticos del tiempo. Y le sorprendía la frecuencia con que de la mansión salían o en ella entraban bandadas de rurales con sus chambergos y bragas o sus trajes rígidos a lo Mingo Revulgo:
¡Ay, Mingo Revulgo, Mingo!
¡Ay, Mingo Revulgo, hao!
¿Do está tu sayo de blao
y tu capa de Domingo?
Eran las «organizaciones» dueñas efectivas del Poder público, que con la cazurrería genial del aldeano venían a recibir órdenes del gobernante a quien de hecho ellas gobernaban. La estampa simboliza perfectamente la realidad política de aquella edad —Madrid anegado en ruralismo.
Éstos son, sin embargo, nimios detalles que no influyen en la política, que, al contrario, muestran la influencia de la política en las otras esferas de la vida, incluso en la privada o en el aspecto de la urbe. Yo quisiera, por el pronto, ocuparme exclusivamente de la organización política de España, eliminando con decisión cuanto no la afecte de manera inmediata. Sólo así obtendremos alguna claridad sobre los problemas de nuestra vida pública, y una vez resueltos podrá vacar la reflexión a otras zonas de la existencia nacional que no son lo político y no es menos urgente organizar. Pero convenía, por excepción, mostrar en un detalle la inexorable solidaridad entre la política y todo lo demás, que un forzoso ascetismo nos obliga a desatender. Ya llegará un día en que nos venguemos también de este ascetismo. Todo ascetismo, precisamente porque es necesario, reclama venganza. Éste es el hondo, el excelente sentido que tiene el día de fiesta: no pasivo descanso del trabajo semanal, sino activa venganza del odio contra el negocio. Fiesta no es reposo; al contrario: máxima agilidad, danza y tropel, momentánea suspensión de ascetismos. Toda fiesta es Carnaval, o, dicho de otro modo: lo que hay de fiesta auténtica en toda fiesta es lo que haya en ella de Carnaval. (Esto es lo que no ha visto nunca el Protestantismo, y con superior perspicacia ha visto el Catolicismo, haciendo la vista gorda sobre Carnestolendas). Naturalmente, nosotros reorganizaremos el sentido festival de la vida, rehabilitaremos el maravilloso Carnaval frente a sórdidas concepciones calvinistas.
¿Cómo reacciona el lector ante esto? Lo he dicho para tomar su pulso. ¿Qué, no le parece serio? En cambio, los cinco artículos sobre «La Constitución y la nación» le parecieron cosa más seria. Pues lo siento vivamente; pero yo considero lo uno tan formal como lo otro. Si no llevase prisa escribiría otros cinco artículos compactos sobre la rehabilitación del Carnaval, y, en general, de la Festividad, donde se demostraría una verdad histórica sobremanera elemental: que ningún pueblo se ha hecho jamás sin grandes fiestas, que la fiesta tiene un formidable poder socializador, nacionalizador. Resueltos a que España sea una nación, a que sea esa realidad imponente que es ser una nación, necesitamos emplear todos los medios, los seis días laborables y también las fiestas de guardar.
(La seriedad de un escritor debe residir en lo que diga, no en el gesto con que lo diga. Quien a la expresión de sus ideas añada ademanes solemnes o pedantes es que no está seguro de la solidez de aquéllas, y procura ampararlas con una patética careta. Es preciso acostumbrar al lector español a que juzgue de los escritores por la evidencia de sus pensamientos; por tanto, después de repensar éstos hasta el fondo, y no mirando la cara o la careta del autor).
Pero ahora estamos en plena jornada de trabajo y recordábamos que durante años y años ha vivido España sumergida en el más atroz provincianismo. ¿Cómo —se dirá— habiendo sido éste el mal podrá de la provincia salir el bien? El bien, como el mal, emanan sólo de la realidad. Sólo podemos esperar un bien, si no somos ilusos, del mismo poder que puede traernos el mal —la realidad en torno. Yo espero el bien futuro para España de las provincias, porque éstas son, queramos o no, España. Por su realidad inevitable, no por su bondad discutible, tengo fe en ellas.
La política se diferencia del utopismo en que parte de la realidad dada —sea buena o sea mala. Este abrazo sincero a la realidad, mediante el cual se la toma en vilo para reformarla, es la generosidad del político, que garantiza su eficiencia y fertilidad.
Nos encontramos con una España ahogada en provincianismo. ¡Admirable! ¡Manos a la obra! Hagamos que ese provincianismo, con una mínima reforma, se convierta automáticamente en provincialismo, y que éste se integre en un soberano nacionalismo, en una verdadera nación, que nada de sí misma se deje fuera, que tome posesión de toda su interior riqueza. Éste es el programa de los artículos siguientes.
VIII
PROVINCIANISMO Y PROVINCIALISMO
1
Cuando el historiador corta un trozo, mayor o menor, de tiempo y nos lo presenta como una época, da a entender que los innumerables acontecimientos de ese período tienen una nota común, y que esa nota común es la causa o raíz de todos aquellos acontecimientos, en apariencia tan distintos los unos de los otros. En este sentido sostengo muy formalmente la tesis de que cuanto ha pasado en la vida pública española de 1900 a la fecha se reduce a un solo hecho radical y constante: la sublevación de las provincias contra Madrid. Esto es lo único que verdaderamente ha pasado en España como cuerpo político durante esa época; lo demás ha pasado anecdóticamente y no tiene importancia.
En un cuarto de siglo se acumula ya un espesor de sucesos bastante para que el conjunto adquiera corporeidad histórica, forme organismo y posea fisonomía. Quiero decir que ese volumen de acontecimientos requiere por nuestra parte una definición histórica, y que no podemos seguir hablando de él como se habla de las cosas del día, de la situación que es aún presente. Con el presente vivimos en lucha, y no nos queda, de ordinario, serenidad para contemplarlo y entenderlo. Baste recordar que el presente se compone de nosotros y de nuestros enemigos, y no es cosa de que mientras luchamos con ellos se nos pida que les demos su parte de razón, que los entendamos. Por eso es justo que se permita a la política militante cierta dosis de ceguera y el uso de algunos conceptos y tópicos que, en rigor, son falsos. Lo que no parece aceptable es que esas ideas inexactas, sugeridas por la lucha y para la lucha, sean tomadas en serio cuando se trata de explicar, de aclarar el pasado.
Voy con esto a lo siguiente: cuando en artículos anteriores describía yo la decadencia de la Constitución, el derrumbamiento del Estado forjado en 1876-1890, explicaba la debilitación y disolución progresivas de los grandes partidos por la independencia, también progresiva, de las «organizaciones» locales. Los caciques, en quienes la Constitución había tenido por fuerza que apoyarse, iban retirando el hombro de so el imaginario artefacto. Pues bien; estoy seguro de que si me ha leído algún político de la vieja escuela habrá sonreído desdeñosamente. Porque él posee la auténtica explicación de aquel desbarajuste en los partidos. No es que los caciques se insubordinasen o acreciesen sus exigencias. Se trata de otra cosa mucho más sencilla y concreta. El viejo político sonríe, complacido en su superior sabiduría, sintiéndose dueño del secreto. Como dice un poeta, pone la cara de quien posee el verdadero ornitorrinco.
Y, sin embargo, se trata del más notorio secreto. Nadie, ni siquiera el autor de estos artículos, ignora que durante esa etapa se hizo todo lo posible por deshacer los grandes partidos. La cosa es tan conocida, que ni es necesario, para que el lector anónimo lo entienda, denominar con todas sus letras la actuación a que aludimos. ¿Cómo es que yo, al explicar aquel proceso de disolución, la he olvidado? Evidentemente, no por falta de memoria, sino porque me parece una tontería, y pensar como escribir, es el intento, generalmente vano, de evitar las tonterías. Es un hecho cierto que intervenciones desacertadas han trabajado fervorosamente en la triste obra de disolver los grandes partidos; que ha existido la decidida voluntad de descomponerlos y dislocarlos. Pero la reflexión más simple evitará elevar actuación tal al rango de causa en la disolución de los partidos. Es evidente que para destruir un partido no basta que alguien quiera; es menester que el partido se deje destruir, que sea de materia suficientemente blanda y dócil para que el disolvente opere sobre él. Si los partidos hubiesen poseído realidad y vigor algunos, la voluntad de deshacerlos se habría estrellado contra su solidez. Exijamos aún menos: si los partidos no se hubieran disuelto por sí mismos, por su propia inanidad, habríamos asistido siquiera a la escena de su lucha por subsistir frente al poder que los iba atomizando. Ahora bien: de esto no hay rastro en los últimos veinticinco años. Ni los partidos ni la opinión pública que debía haber tras ellos han intentado defenderse. A estas alturas, cuando se ha visto la pavorosa ausencia de raíces que aquellos partidos de gobierno tenían en el país, explicar su ruina por la intervención de cierto poder es una ingenua interpretación mágica.
Con esto pretendo eliminar una idea grotesca, torpe, que intercepta la visión de lo real. No pretendo, en cambio, exculpar aquellas intervenciones. Todo lo contrario. Bajo ese sincero deseo de extirpar una idea falsa late la protesta indignada de español ante la suposición de que un hecho tan importante en la vida nacional como es la disolución de su política pueda ni imaginarse causado por un poder individual, como en la Persia de Ciro o en la Mongolia de Kublai-Khan. Si yo creyese tal cosa, no podría mover la pluma en dirección hacia temas nacionales. Daría por inexistente e imposible toda vida nacional española. Me ahogaría en pesimismo absoluto. Pero veo que tal idea es falsa, y que no sólo en el deseo, sino en la realidad, existe una vida nacional española que lleva su camino peculiar —distinto del de otros pueblos, más difícil de definir que el de ellos—, pero que creo, a la postre, percibir con toda claridad. Por esta razón me revuelvo contra aquella interpretación de un cuarto de siglo español envilecedora, trivial, y abomino de que se maleduque a mis compatriotas queriendo hacerles creer que de sus destinos son la causa otros poderes que no son ellos mismos. Eso es falso, de plenaria falsedad: de todo lo importante que pasa en España —bueno o malo— tienen la gloria o la culpa los españoles mismos, y es preciso habituarlos a lo contrario que aquella explicación implica; es preciso habituarlos a que ni para mal ni para bien concedan gran importancia a poderes que son tan secundarios y accidentales, si se los compara con la nación entera, con la realidad de todos los españoles y su obscuro, lento, pero intransferible destino histórico.
Reclamo, pues, contra todos esos pensamientos ridículos emanados de la miope ideología que se usaba en las tertulias de la antigua política, y que no son compatibles con el nivel intelectual de las generaciones predestinadas a dirigir la nueva España.
Los hechos esenciales son éstos: de 1900 a la fecha no se registra en nuestro país un solo movimiento de la masa pública a favor de los partidos gobernantes, y, en cambio, se producen una serie de movimientos en contra de ellos. Pocos o muchos, vigorosos o débiles, los encrespamientos de opinión que en esa etapa han acaecido batieron todos contra Madrid y su política. He aquí la lista de los principales: hacia 1900, vago temblor en toda el alma peninsular que responde a la palabra «Regeneración». Silvela tiene que recoger el vocablo y reconoce la necesidad de reformar la política madrileña. Poco después, en forma más precisa, aparece ya la protesta de la provincia desde la provincia como tal: Unión Nacional; se proclama la resistencia al pago de los tributos; los dos Dioscuros provinciales, Costa y Paraíso, el león y la vulpeja, amenazan a Madrid. Luego, la Solidaridad Catalana. Más tarde, el maurismo. Llegamos a 1914. Se suspende durante unos años la política, mientras la gran guerra fustiga sin piedad a medio planeta. Durante un par de años después del armisticio se entrega España a la delicia equívoca de haberse enriquecido con la conflagración de los demás. Apenas vuelve a cursar la vida pública, en 1923, se produce el golpe de Estado.
Éstos son, que yo sepa, los únicos movimientos públicos de alguna importancia y calado que han sobrevenido en nuestra nación durante el primer cuarto del siglo. (Sólo otros dos hechos podrían ostentar algún título para que se los agregase a la lista anterior: uno es la convulsión revolucionaria —enérgica, pero espasmódica y momentánea— que provocaron los desastres militares de 1909. No cabe desconocer que fue aquélla una manifestación del ánimo público auténtica y honda; pero significaba una reacción puramente afectiva ante un hecho muy determinado: fue una sacudida refleja, no un movimiento político. Porque fue sólo esto, pasó sin dejar rastro en el proceso de nuestra vida pública. En vez de acrecentarse, los pequeños equipos revolucionarios fueron perdiendo desde entonces la escasa fuerza política de que disponían, y ni siquiera la victoria del sovietismo, que en todo el mundo recalentó por unas horas las calderas radicales, permitió la creación de organizaciones poderosas.
El otro hecho importante que no he incluido es la subversión de las Juntas de defensa militares, en 1917. Hecho tan insólito en todo país de Occidente requiere consideración aparte. Pero ya veremos cómo su faceta decisiva se articula en aquel proceso general de levantamiento contra la política madrileña).
No es dudoso para nadie que la ráfaga de «Regeneración» representa como una primera y tenue protesta de la provincia contra los usos de un Estado urdido en Madrid. La Unión Nacional, que recogió la corriente regeneradora, llegó pronto a la fórmula iracunda y rebelde. La Solidaridad dio con su regionalismo la primera expresión, no muy afortunada, del requerimiento a la capital. Menos patente o reconocido es que tanto el maurismo como el golpe de Estado han debido toda su realidad —cuya cuantía no discuto ahora— a lo que en ambos impulsos había de subversión provincial.
La acción política de Maura tenía dos dimensiones: una, positiva, el afán de reformar el Estado; otra, negativa, la denuncia de los usos políticos constituidos, la hostilización a toda la fauna gobernante. Maura no consiguió reunir bajo su bandera un partido suficientemente numeroso para poder ganar la áspera batalla en que se metía. Pero nadie negará que su persona despertó una adhesión difusa en área muy dilatada. Pues bien: la mayor porción de esa simpatía fluyó hacia Maura desde las provincias. En Madrid no consiguió nunca efectiva resonancia. Se desconfiaba de él, se le tenía por iluso. Ni la burocracia desde sus alturas, ni los intelectuales, ni los financieroindustriales quisieron embarcarse en su bajel de aventura. En cambio, las clases superiores y medias de la provincia repetían con fruición la letanía de denuestos que Maura dirigía a los políticos. Lo único de su obra que prendió en su tiempo fue su propaganda contra la «mancomunidad gobernante»; es decir, contra Madrid. La provincia le acompañaba en su gesto de negación; por el contrario, cuando se volvió a ella para que activamente apoyase a su Gobierno —a su obra positiva—, la provincia le abandonó.
El caso del maurismo en cuanto hecho de la vida pública —no me refiero a las ideas que en la mente de Maura y de sus próximos existían— es un ejemplo claro de la única realidad política que en los últimos veinticinco años ha habido en España. Se dirá que es poca cosa, y se dirá una verdad. Pero, poca o mucha, no ha habido otra. Se ha podido contar con la masa nacional inorgánica, con la provincia, siempre que alguien quisiera negar a Madrid —es decir, a la política imperante; es decir, al Estado constituido. Sólo esta opinión negativa —de la periferia nacional contra el centro, de la localidad contra la «nación» abstracta— llenaba la atmósfera. No recuerdo, en cambio, que durante esa época ningún grupo nacional se haya puesto en pie para defender aquel Estado. Quedó éste indefenso, solitario, sin fervor de nadie en torno, escarnecido, vilipendiado, a merced de un transeúnte. Hecho tal no puede producirse sin profundas razones, y en los artículos anteriores hemos descrito cuáles son.
Pero, si se ha podido contar con la negación de la capital por la provincia, nadie ha podido hasta ahora alumbrar hontanares de opinión afirmativa y creadora. Es que, en efecto, la realidad era y es aún sólo ésa: sublevación contra Madrid, localismo irritado que no sabe lo que quiere, que sólo sabe lo que no quiere.
Sin embargo, yo creo firmemente que ahí está la fuerza histórica de donde va a renacer nuestra nación. El porvenir de España está en que se acierte a cambiar el signo de esa energía única y comprenda la provincia que bajo su negación de Madrid late una voluntad más sustanciosa y noble: la de afirmarse a sí misma.
2
Hemos visto que en los últimos veinticinco años no se hace, políticamente, en España otra cosa positiva que una cosa negativa: hablar mal de Madrid, de la capital; es decir, del Estado u organización política que ella simboliza. Hora es ya de que se cambie el disco. Y este cambio no puede consistir en que la provincia se dedique ahora a afirmar ese Estado que con tanta insistencia negaba y aborrecía. Aquel Estado ha aparecido bajo nuestro análisis como cosa indefendible en su propia esencia. El cambio deseable consiste en que la provincia, después de haber destruido con su hostilidad o inasistencia el viejo edificio, se dé cuenta de que, en efecto, es ella quien ha ejecutado esa destrucción; por tanto, que es ella la única realidad enérgica existente en España, y que ya nada tiene frente a sí que la estorbe y que justifique su movimiento de negación. Con otras palabras: es preciso que la provincia comience a afirmarse a sí misma, a tener la creadora voluntad de ser, de crecer, de mejorar, dignificarse y enriquecerse. De hoy en adelante, nadie en la villa o en la aldea podrá repetir con verdad que de los males locales tienen la culpa el Estado «madrileño», los políticos, el Parlamento, etcétera. Nada de esto existe ya. Por tanto, queda declarado cesante todo derecho a su negación. Tal y como están las cosas, se halla obligado el hombre de la provincia a dejar de ser el provinciano tosco y rencoroso que era y a sentir el orgullo de ser provincial; es decir, de tener inmediatamente bajo su mano las magníficas posibilidades de su comarca, una gran tarea a realizar con ellas y sobre ellas.
Hemos advertido una y otra vez que ese hombre de provincias es el español medio, de quien el futuro nacional depende. Y es evidente que si se consigue movilizarlo para que tome con resolución en su propia mano la responsabilidad de su propia vida local, habremos convertido al personaje inerte, rutinario, torpe, que era, en una criatura activa, ambiciosa, emprendedora e inquieta. El tono de la existencia media habrá cambiado. En cada rincón de España aumentará el pulso vital, en cada jornada acontecerán más cosas, habrá más obras, más proyectos, más amores, más odios. Y tal intensificación de la vida producirá automáticamente un afinamiento de las cabezas.
Cuando el político ha pensado que lograr esto es lo primero y más esencial que hoy puede hacerse en España, que esto es el más próximo desiderátum, no ha empezado, en rigor, a hacer nada. Porque él lo desee no va a acontecer mágicamente. Su obra de político comienza cuando busca los medios de Estado para que eso no sólo pueda ser, sino tenga por fuerza que ser. Esos medios de Estado son —ni más ni menos— las instituciones. De esta manera puede formularse en giro rigoroso el primer problema grande de la política española: ¿qué instituciones es preciso inventar para que, puestas como una máquina sobre la vida provincial, provoquen por sí mismas esa intensificación y dignificación del hombre medio español?
Decir esto no implica en manera alguna la ingenua creencia de que para obtener aquel resultado baste con la actuación mecánica de ciertas instituciones. Pero ahora se trata, precisamente, de definir con exclusivismo la porción que en ese mejoramiento del tipo español puede corresponder a la política como tal. Y la política no es, por lo pronto, pedagogía ni apostolado, sino, estrictamente, acción del Estado, organización y funcionamiento de instituciones. Éstas son mecanismos sociales de incomparable tamaño y eficacia. Si su influjo padece la limitación aneja a todo lo que es puramente mecánico, tienen, en cambio, la ventaja de eso mismo: de actuar mecánicamente, constantes, rigorosas, inevitables, imponiendo las tendencias sociales que en ellas van preconcebidas, sin que su influjo dependa de imponderables caprichosos y etéreos.
Pero yo deseo que nos representemos la cuestión con mayor proximidad y evidencia. He calificado de rural al hombre medio de España, cuya reforma parece imprescindible si queremos en serio hacer una nación. Con esto le hemos dado un nombre sociológico. Le hemos denominado por su oficio u ocupación habitual. Como no se trata ahora de individuos excepcionales, sino, por el contrario, de las grandes masas españolas, las diferencias individuales se anulan unas a otras y queda señero y decisivo el carácter del oficio modelando la existencia de los hombres. El oficio u ocupación habitual resume con rigor y sin vaguedad la vida efectiva y concreta.
España es, pues, rural. Lo es en su rebosante mayoría. Hemos dejado fuera de la consideración las tres o cuatro grandes ciudades provinciales. En el resto del país, la industria es escasa y módico el comercio. Al decir esto no tiendo a escatimar la cuantía de lo que en España no es ruralismo. Cuanto mayor sea, mejor. Pero es evidente que predomina en forma aplastante el labriego, pobre o rico, peón o propietario. Como él representa el tipo de español más necesitado de reforma si se quiere hacer una nación, es lo importante plantear con él el problema, dándole su forma extrema. Y es claro que si logramos mejorar esa forma extrema de español, todo lo demás se nos dará por añadidura. No hay, pues, intención alguna de menoscabar, olvidándolas, las otras realidades españolas superiores al labrieguismo.
Pero ¿qué es ruralismo? ¿Se pretende que España deje de ser «una nación eminentemente agrícola»? En manera alguna. Sólo que ruralismo no es, sin más ni más, agricultura. Estados Unidos y Australia son también eminentemente agrícolas, y, sin embargo, desconocen el ruralismo. Éste no consiste simplemente en que el hombre cultive el campo. En aquellos países, la agricultura se ha elevado a explotación industrial de la tierra. El cultivo del campo pierde así su carácter específico y significa tan sólo una modalidad del espíritu industrial. Ahora bien: el espíritu industrial es lo contrario del espíritu rural. El industrialismo supone un tipo de hombre despegado del terruño, incluso cuando lo cultiva; un tipo de hombre preocupado de la técnica material; por tanto, de la ciencia; preocupado de la técnica económica y, al través de ella, de la técnica social, política, etcétera. Este tipo de hombre, por su mismo oficio, tiende a la dilatación de la esfera de sus preocupaciones, hasta el punto de que él ha sido quien ha creado el «mundo», el «mundialismo», como efectiva unidad planetaria de convivencia.
El espíritu rural, opuestamente, mantiene al hombre pegado a su gleba, orgánicamente adscrito a ella, como un elemento del paisaje. Tiende a hacerle perseverar en su estrecho círculo vital, a que haga mañana lo que ha hecho hoy. Vive el labriego por tradición, por impulso ancestral, sin ser dueño de sí mismo mediante la reflexión, repitiendo hoy sonambúlicamente lo que hicieron sus padres y abuelos. Nada induce a este hombre para que ensanche su horizonte, para que se trabe en acciones y reacciones con algo distante, para que sienta nuevos apetitos, para que acometa empresas. El rural es, por esencia, el hombre históricamente inactivo. No sabe de «nación» ni de «Estado» más que negativamente: cuando le cobran los tributos o cuando ve entrar por sus mieses soldados de una lengua extranjera. De todo esto, lo más importante para nosotros es la angostura e inmutabilidad de su horizonte vital. La villa labriega vive sumida en sí misma; la aldea reduce el repertorio de sus ideas, pasiones y afanes al radio de sus pegujales. En suma: el ruralismo o espíritu rural sólo conoce una vida local, en el sentido más exagerado del término.
Con esto nos libertamos de una idea sociológica —el ruralismo— y la substituimos por una idea propiamente política: el localismo extremo. Así es como aparece concretamente ante la reflexión del político la realidad española. En España no hay predominantemente más que la vida local; lo demás tiene una realidad vaga o excepcional, o, a su vez, problemática.
Ahora bien: esa vida local que hay, tiene un carácter extremo. Quiero decir que es localísima, de radio para cada hombre superlativamente corto. A esta pequeñez cuantitativa de radio corresponde una miseria cualitativa de contenido —ideas, afanes, ímpetus. Es decir, que esa vida local es muy local y muy poca vida.
Sobre este punto no conviene hacerse ilusiones. Al revés, yo creo preferible que erremos por exageración. De esta suerte acertaremos más. Nuestra vida local significa que hay poca vitalidad y que la que hay lleva a una existencia desintegrada, no nacional.
Así llegamos a lo que desde hace muchos años constituye para mí una obsesión, y que el lector, después de meditar a fondo el tema, tiene perfecto derecho a considerar como una manía de este insistente escritor. Llegamos, en efecto, al verdadero enunciado del problema político primario, subterráneo, que el porvenir de nuestro país nos impone: ¿cómo de una España donde prácticamente sólo hay vida local = vida no nacional, podemos hacer una España nacional?
Se dirá que esto es una contradicción. Pero es que todo auténtico problema consiste en una contradicción. La mente se encuentra con dos ideas antagónicas, mutuamente hostiles, que se muerden como fieras. La solución equivale a una domesticación de esas fieras, a convencerlas de que son incompatibles tan sólo en apariencia, pero que, en verdad, son inseparables. El palo que sumergimos en el agua es a la vista quebrado, y al tacto, recto; es decir, no quebrado. A la vez, ser quebrado y no ser quebrado; ser o no ser: he aquí el problema. To be or not to be: that is the question.
La idea de la refracción supera esa dualidad contradictoria y nos enseña que, lejos de ser incompatibles ambas cualidades, precisamente porque es el palo recto al tacto, tiene que ser quebrado a la vista, hasta el punto de que si fuese quebrado a la vista tendría que parecer recto al tacto.
De una España local o no nacional tenemos que hacer una España nacional. Los políticos de 1876-1890 creyeron que esto se lograba desentendiéndose de un cuerno del problema, negando imaginariamente la vida local. Yo quisiera convencer a mis compatriotas de que la auténtica solución consiste precisamente en forjar, por medio del localismo que hay, un magnífico nacionalismo que no hay.
3
No solamente creo que de los problemas españoles cabe una solución, sino que cabe una solución elegante. Es elegante una solución cuando, en vez de deplorar la dificultad que engendra el problema, en vez de querer esquivarla, se va a ella en derechura, se la agarra con vigor y de ella, precisamente de ella, se saca la solución. Así, es elegante la solución que a los problemas físicos da la teoría de la relatividad. La dificultad con que tropezaba siempre un conocimiento físico absoluto era la relatividad de todas nuestras medidas. Pues bien: Einstein ha demostrado que, gracias a la relatividad de toda medida, la física tiene un valor absoluto. Parejamente, la aviación resuelve en forma elegante el problema de elevarse y caminar en el espacio, a pesar de la resistencia del aire, haciendo de esta resistencia punto de apoyo para la sustentación y el avance.
Lo mismo hemos de hacer en política. En vez de lamentar elegíacamente que España sea como ahora es, abracemos esa realidad con regocijo y obliguémosla a que por sí misma cambie y mejore. Es evidente que la mejora de España no la puede hacer más que ella misma. El lema de Cavour, «Italia farà da se», me parece el postulado de toda política nacional. Lo demás es utopismo. Hay que partir de lo que encontramos ante nosotros, sea lo que sea, mejor o peor, e inducirlo a que por sí mismo se regule y transforme. La política no puede ser nunca elucubración abstracta. El mejor discípulo de Aristóteles, el claro Teofrasto, dejó un libro, hoy perdido, del que sólo conocemos el bello título flotante: Politiké pros tous kairous —es decir, en versión literal, política de oportunidad. No hay más política que la de oportunidad. Los griegos, siempre agudos, hicieron del Kairos, de lo oportuno, un dios. A veces se trata de una gran oportunidad, del momento feliz, de la hora más fecunda. Así hoy en España. Vamos a hacerla mejor. Al que no sabe nadar, enseñarle a nadar es mejorarlo; pero enseñarlo a nadar es echarlo al agua, a fin de que él, por sí mismo, nade.
La dificultad para hacer de España una nación es su extremo localismo, que, a despecho de ciertas apariencias, más tristes que la realidad misma, la mantiene en perfecta disociación. Nosotros quisiéramos hacer de España algo así como una bola de billar: perfecta, redonda, pulida y, lo que importa más, compacta, elástica, capaz de vibrar entera y brincar ágil bajo la menor presión. Necesitamos esto porque el tiempo que viene es grave y nos será menester tirar algunas delicadas carambolas históricas. Necesitamos una España ad hoc —para este tiempo que viene. La España del pasado no debe interesar nada a los españoles actuales. Nada de fácil y estéril patriotismo del pasado, nada de seguir retumbando verbalmente las hazañas del pretérito, que, a lo menos, nos distraen de premeditar nuestras hazañas propias, las que tenemos que preparar y que urdir. Las glorias del pasado español son, cuando menos, insuficientes, puesto que no han impedido nuestra ruina. Es un deber evitar que el país vuelva la cara a su antaño, en vez de mirar de hito en hito al futuro. Al lema de Teofrasto y al de Cavour agreguemos el de los soldados de Cromwell: «Vestigia nulla retrorsum» (Ninguna huella hacia atrás). Para un pueblo como el nuestro, mirar atrás es ya desasirse del presente, iniciar la fuga ominosa. En Otumba y en Lepanto sólo puede pensar el desocupado; es decir, el mal patriota.
Claro es que este mandamiento rige sólo para la gran masa de españoles. Nosotros, los que en una u otra forma pretendemos dirigir al país —en mi caso esta pretensión se reduce estrictamente a dar consejos a mis compatriotas—, tenemos que pagar cara semejante petulancia e imponernos obligaciones dobles, añadiendo a la preocupación por el futuro la reflexión sobre el pasado. Éste va a enseñarnos, por lo menos, qué es lo que no hay que hacer.
Hemos visto que el error radical de la antigua Constitución era suponer aptos a los cuerpos electorales de los pequeños distritos campesinos para interesarse en un Parlamento nacional. Era esto desconocer la cuestión decisiva, a saber: que el localismo extremo en que vive de hecho España no puede aprovecharse directamente para fines nacionales. De la vida local extrema no pueden vivir instituciones nacionales. Por eso aquel Estado, que era pura y directa y abstractamente nacional, careció siempre de realidad, no contó nunca con energías sustentadoras. Es preciso que haya afinidad entre una institución y el tipo de vitalidad que ha de nutrirla. No es verosímil que un león se alimente de alpiste como un jilguero.
Entre los antiguos políticos, me parece que sólo Maura vio la urgencia de organizar la vida local. No es interesante ahora fijar hasta qué grado de precisión y plenitud llegó en este punto su pensamiento. Debo decir, sin embargo, que siempre encontré contradictoria la actuación efectiva de Maura: por un lado reconocía la necesidad previa de organizar la vida local; por otro, y al mismo tiempo, reclamaba a grandes voces la asistencia de la «ciudadanía», y aspiraba, no sé por qué, al mágico despertar de la «masa neutra». La masa neutra es, en definitiva, el rural. Pedirle ciudadanía, sin más ni más, era recaer en la abstracción fatal de la antigua política. Porque no hay una sola ciudadanía. El ciudadano, el civis, lo es en función de una civitas, de un Estado. Hay, pues, tantas ciudadanías diferentes como sean los tipos de Estado. No tiene sentido pedir a las gentes que se interesen por un Estado que no les interesa —éste fue el gran error de 1876—; por el contrario, es menester inventar un Estado que interese a las gentes, y sólo entonces se conseguirá hacer de ellas ciudadanos.
Cuanto se ha dicho siempre sobre la falta de opinión pública (en términos mauristas, de «ciudadanía») en España es, por mitad cuando menos, falso. No se opina sobre lo que no se siente. En vez de lamentar que los españoles no sintiesen las cuestiones públicas, debió el político suscitar cuestiones públicas que pudiesen ser sentidas por la gran masa española, aprontando, a la par, medios para que esa sensibilidad no se perdiese, sino, al contrario, se acumulase, perdurase y organizase.
Es el mismo error que si un ingeniero fabrica una turbina a su libérrimo gusto y luego espera que bajo ella, mágicamente, aflore un torrente y la mueva. El pensamiento político tiene que proceder de modo inverso. Primero, buscar bien la vida pública que exista realmente; si su torrente es mínimo, ¡qué le vamos a hacer! No hay otro. Luego debe inventar una turbina, un ingenio o artificio a lo Juanelo, que se ajuste perfectamente a las condiciones de esa vida pública efectiva, procurando que su máquina la recoja sin desperdicio y la multiplique. Después de todo, se trata del refrán sanchopancesco: «En dándote la vaquilla, corre con la soguilla». La antigua política se ha pasado cincuenta años con una soga magnífica en la mano, esperando una vaca gigantesca, que, claro está, no ha llegado nunca, por ser otra la fauna lactífera de nuestros prados.
El único tipo de vida pública que existe normalmente en España es lo que hemos llamado localismo extremo. Esa vida local —el repertorio de ocupaciones y preocupaciones que integran la existencia del hombre medio español— no es directamente aprovechable para una vida nacional. Naturae non imperatur nisi parendo —decía Bacon. No se puede mandar a la Naturaleza sino obedeciéndola. Obedezcamos, pues. Separemos resueltamente en la vida pública española la vida local que no es nacional de la vida nacional que no es local. Veamos primero de qué manera conseguimos que la vida local sea lo más vida posible —lo más intensa y rica—, y que, sin perder su carácter local, sea lo más amplia posible; por tanto, lo menos local. De esta manera, por medio del propio localismo, habremos logrado suscitar un tipo de vida pública y de español medio mucho más próximo a la gran vida nacional, menos incapaces para ella. Dicho en otra forma: hay que ir de la pequeña y atómica vida local a una grande y orgánica vida local. Cuando se haya visto lo que es ésta, parecerá cosa obvia y sencilla fundar sobre ella la nación como tal.
Al capítulo sobre organización de la vida local sucederá otro capítulo sobre organización de la vida nacional. La política es un sistema de soluciones a un sistema de problemas. Su acierto residirá en lo que tenga de sistema, de mutuo complemento entre sus partes. Será, pues, un error calificar lo que sigue de política «descentralizadora» —así, sin más ni más. Porque, como veremos, se trata precisamente de extremar las dos dimensiones de la vida pública —la local y la nacional. Si, por una parte, es esta solución mucho más descentralizadora que la tradicional, es por otra mucho más centralizadora, incomparablemente más centralizadora, que ninguna de las pasadas. Para mí, la idea de nación, de nacionalización, es cosa tan grave y exigente, tan suprema y formidable, que, probablemente, causará algún susto a los que ahora van a tacharme de «descentralizador», de «autonomista», etcétera, etcétera.
Vamos primero a organizar la vida local. Organizar algo quiere decir ponerlo en condiciones de que llegue a su máxima potencia, que dé el mayor rendimiento posible dentro de lo que es. Tenemos, pues, que colocar al hombre rural en un aparato de vida pública que le induzca naturalmente y por su propio pie a dilatar su localismo, a ocuparse de más cuestiones públicas, a apasionarse por ellas, a emprender más cosas, a sentir sus derechos, la dignidad de ejercitarlos y la posibilidad de hacerlos respetar.
La verdad es que a esa vida local española, sobre ser tan débil, cuantitativamente, y tan sórdida, cualitativamente, le acaece algo peor: jamás se ha intentado su organización política. A lo sumo, se la ha dotado de una sombra o escrúpulo de organización administrativa. Y la administración, contra lo que se repetía hace veinte años —«menos política y más administración»—, es cosa secundaria y posterior a la política.
Nunca se ha intentado dar a esa existencia local una estructura política.
¿Qué entiendo por estructura política? Me irrita lo vago y confuso de toda expresión. Por estructura política entiendo lo siguiente: ahí está el buen hombre medio español, en su villa o villorrio, sumido en sus habituales preocupaciones de radio minúsculo. Créese una anatomía pública tal que agarre a ese hombre por esas sus efectivas preocupaciones, y luego, en virtud de su propio mecanismo, le obligue a complicarse con otros hombres en afanes un poco más amplios, a luchar y apasionarse, a alistarse en grupos militantes, a acometer empresas, a exigir y a ser responsable. ¿Cómo tiene que ser esa anatomía política, esa institución de vida pública que reúna la doble condición de ser afín con el buen hombre rural y ser más amplia que él y que el átomo de su villa, de modo que los lance más allá de sí mismos, que dilate y enriquezca su vida interior?
Evidentemente, se trata de encontrar la unidad política, el cuerpo de vida colectiva que, siendo local por su contenido, provoque automáticamente corrientes de vida pública capaces de movilizar en saludable torbellino la inercia del rural.
¿Cuál puede ser esta unidad política? ¿El Ayuntamiento, la Provincia, la gran comarca?
IX
LA UNIDAD POLÍTICA LOCAL NO ES EL MUNICIPIO
1
Hay que apuntar un progreso reciente logrado por la conciencia pública española. Cuando en estos últimos años se habla de reforma constitucional, casi todo el mundo se halla pronto a reconocer la necesidad de separar el Poder ejecutivo del legislativo. Esta adquisición es, a mi juicio, certera e importante. Sin embargo, lo más importante de esa doctrina no es ella misma. Lo más importante es que acostumbra a la idea de que a veces, cuando se quiere obtener una unidad vigorosa, hay que llegar a ella por el rodeo de una profunda separación. A primera vista resulta paradójico este pensamiento, y la mente se resiste a él. Pero, una vez que se ha descubierto su buen sentido en el caso de las relaciones entre el Poder ejecutivo y el legislativo, espero yo que quede franca su aplicación a otros.
Y es el otro caso que el porvenir de España depende de otra separación, incomparablemente más importante que la de aquellos Poderes. Toda esta serie de artículos, con su insistencia, su lentitud de paso y su pesadumbre de carga, no se proponía más que preparar el ánimo del lector para que reconozca esta cosa fundamental: la necesidad de separar políticamente la vida local de la vida nacional. Ésta es la obra de más substancia que hoy puede hacerse en España, y es el supuesto rigoroso, imprescindible, fatal para todo lo demás. Sin ello no habrá nada, y cualesquiera sean las otras reformas que se intenten, el Estado español seguirá siendo en lo esencial el mismo Estado ilusorio de los últimos cincuenta años.
El análisis que de la vieja Constitución hicimos no fue inspirado por la impía complacencia de ensañarse en un cadáver. Al contrario: me repugnaba maldecir una vez más de los malos usos pretéritos. Pero era preciso mostrar los hechos de la antigua política en su fórmula más precisa y extrema, a fin de que quedase diamantinamente aislado y químicamente puro el error básico de ella: la fusión y confusión de la vida local con la vida nacional. Éste era el mal radical, y lo demás, todo lo demás, fue sólo la inevitable consecuencia. Ni se dio a lo local lo que se le debía, ni tampoco a lo nacional. Mutuamente se dañaron, trabaron y anularon ambas dimensiones de nuestra vida pública. El Parlamento quedó supeditado a los pequeños distritos rurales, y éstos, para respirar, tenían que usar los pulmones del ministro de la Gobernación.
Necesitamos una Constitución que sea, no solamente real, ajustada a la existencia efectiva de los españoles, sino además que sea una Constitución dinámica; quiero decir que sus instituciones, hundiendo bien las manos en la vida efectiva de nuestro pueblo, la lancen a los espacios históricos, la movilicen, enriquezcan y magnifiquen.
Creemos una potente vida local. Excitemos a los provinciales, tesoro energético aún intacto y sin aprovechar, para que sientan el orgullo y el afán de regir sus propios destinos.
Ahora bien: ¿cuál debe ser la unidad política, el organismo de la vida local? Éste es el punto decisivo que reclama todas nuestras potencias de atención y sutileza.
Hoy es la España provincial una materia políticamente amorfa, una pasta humana sin anatomía ni modelado, que, por tanto, no funciona en forma de vida pública. La antigua Constitución trazaba sobre esa masa peninsular líneas superficiales, cutáneas, de división administrativa —ayuntamientos, provincias—, tan inoperantes como los coluros astronómicos o el enrejado de meridianos y paralelos sobre un mapa. La única institución política local que existía era el distrito; pero como este distrito no tenía más función que votar cada tantos o cuantos años un representante en un remoto y abstracto Parlamento nacional, donde se hablaba de cosas abstrusas, inexistentes para el provincial, no tuvo nunca realidad. Y como, aun siendo tan escasa la vitalidad espontánea local, alguna había, tuvo que sacar de sí, por cuenta original y propia, un tosco esbozo de organización. Es decir: una institución espontánea e indígena. Ésta fue la famosa «organización» o «caciquismo».
Desde el punto de vista legal, fue el caciquismo un abuso constituido y permanente. Pero desde el punto de vista histórico, fue la reacción vital —torpe, bárbara, cruda, cuanto se quiera decir, pero viva— a un sistema de leyes inadaptado al tipo español. No puedo estimar el pensamiento político de quien no haya llegado a percibir la vertiente afirmativa y favorable del caciquismo. Era morboso porque era la forma violenta de adaptarse el cuerpo español a un medio legal antihigiénico, nocivo, absurdo. Ciertas enfermedades no son más que la adaptación naturalísima a un medio antinatural. Así, el bocio, el bocio serrano. El caciquismo fue el bocio localista que le salió a una Constitución antilocal. La imagen podía detallarse más, y sorprendería el paralelismo metafórico de ambas enfermedades rurales —la somática y la política. De todas suertes, ese caciquismo, que era nativa y substancialmente un abuso, fue la única realidad constitucional, el único uso efectivo. Y quien tenga conciencia de lo difícil que es descubrir la realidad en materia pública, no puede menos de mirar con respeto intelectual a este monstruo del viejo Estado español. El respeto intelectual no es otra cosa que la reflexión meditativa y serena sobre un hecho para extraerle su jugo y su secreto.
Nuestra cuestión presente es vislumbrar en la masa políticamente amorfa de la existencia provincial algún perfil orgánico que decida dónde debemos cortar institucionalmente la pasta y plasmarla en unidad viviente. Lo primero que ocurre pensar es atribuir al Ayuntamiento el carácter de unidad política. Siempre que ha habido algún pujo de reforma local se ha partido del Ayuntamiento, viendo en él la célula política de la nación. Todos —derechas e izquierdas— han coincidido en esto. El mismo Maura, que vio más largo que todos en este asunto, funda en la reforma del Concejo su reforma local, si bien no se limita a aquélla. En cuanto a los liberales (por ejemplo, Moret), que han sido siempre en España gente bonachona y atropellada; gente entusiasta, pero sin peso, sin densidad de meditación y, por lo mismo, a merced de todas las brisas, de todos los formalismos intelectuales, tenían puestos sus infecundos amores en el Ayuntamiento. El Municipio, el Concejo, la Comuna, eran palabras eléctricas que descargaban en ellos infinitos orgasmos de voluptuosidad política. Como los liberales eran románticos (vaya dicho sin censura, a fuer sólo de atributo), eran, en rigor, reaccionarios. Les entusiasmaba el pasado, necesitaban su calor, tanto más cuanto que su racionalismo político les vedaba las justas nupcias con la Historia. Por eso aprovechaban con fruición toda coincidencia de azar con el pretérito. Afirmar el Municipio era sentirse romano, era establecer continuidad con los Gracos y con Cicerón, con Augusto y con Trajano, gentes todas de buena compañía. El Concejo era nuestra Edad Media y la Comuna reunía en sus corazones a los comuneros de 1500 con los comunistas de 1871.
Todo esto es puro snobismo histórico. No se pretenderá que detengamos ahora el carro, ya un mucho tardígrado, de estos artículos para analizar las diferencias radicales entre esas varias instituciones del pasado. Baste recordar que el Municipio romano no fue nunca una unidad política, sino exclusivamente un cuerpo administrativo. Y porque fue sólo esto —sencillamente por ello— murió el Imperio romano. En otro lugar he mostrado cómo la Historia romana pereció asfixiada por no haber sabido dar vida política a las provincias, por haber dejado a las localidades tan sólo entrañas administrativas. (Véase mi ensayo «Sobre la muerte de Roma», en El Espectador, VI). El cuerpo del Imperio poseía una sola cabeza u órgano político: la Ciudad, Roma. El resto era un colosal montón de Municipios sueltos, encerrados cada cual en sí mismo, sin nexos orgánicos de unos con otros, átomos de colectividad incapaces de sensibilidad y dignidad políticas. La limitación del genio romano fue esta ineptitud para comprender el mundo mismo que ella había creado. Por eso más tarde podrán, con razón, cantar los escolares medievales:
Roma mundi caput est,
sed nihil capit mundi
(Roma es cabeza del mundo; pero no entiende nada del mundo).
Por desgracia, los estudios clásicos, que han estorbado en la vida europea tanto, por lo menos, como han aprovechado, influyeron también en la política, inundándola de lugares comunes. Uno es este fervor romántico por el Municipio.
El Ayuntamiento contemporáneo, que ha vuelto, en efecto, a parecerse mucho al Municipio imperial, no puede ser, ni de lejos, la unidad política local que buscamos. Muchas razones lo demuestran; pero hay una, muy clara, que las resume todas y a la par orienta nuestra inspiración hacia una buena pista.
Existe una ley biológica, sumamente sencilla, perogrullesca, y que, sin embargo, es poco conocida: la ley de la cantidad de materia. Si escindimos una célula en dos mitades iguales, cada una de éstas sigue viviendo, se desarrolla y constituye un organismo completo, bien que de menor tamaño. Esto indica que en la mitad de la materia primitiva residían todos los elementos necesarios para producir las corrientes protoplasmáticas en que la vida orgánica consiste. Pero si en vez de tomar la mitad de la materia celular nos quedamos sólo con la tercera parte, resulta que el plasma no se desarrolla, que es incapaz de vida. De aquí la ley simplicísima siguiente: para que haya vida hacen falta muchas cosas; pero, ante todo, una muy taxativa: cierta cantidad mínima de materia. Si tomáis demasiado poca, por sólo este error cuantitativo fracasaréis en vuestro ensayo de obtener un ser viviente.
Sírvanos esta ley biológica de imagen, de símbolo inspirador. El Municipio no puede nunca ser célula política, porque su tamaño es demasiado reducido y no pueden en él dispararse corrientes de vida política normal, persistente y fervorosa.
Lo cual no vale como una razón para escatimar al Ayuntamiento ninguna autonomía de cuantas puedan y deban concedérsele. Pero, una vez que le hayamos concedido todas las imaginables, no habremos dado un solo paso en la organización política de España. Porque el Municipio, en cuanto unidad de vida pública, es infrapolítico —como lo es la familia. La cantidad y clase de las funciones municipales quedan bajo el umbral de energía que es imprescindible para la producción de corrientes políticas. De aquí que cuando hay política en el Ayuntamiento consista siempre en la proyección sobre la vida municipal de partidos ultramunicipales. Aparte de estas luchas, que nacen precisamente fuera del Municipio —partidos nacionales, luchas de clases, etcétera—, no hay en el Ayuntamiento más que temas administrativos sensu stricto. Ahora bien: éstos, por su carácter técnico, sólo pueden dar lugar a querellas y pendencias arbitrarias y adjetivas, de tipo personal. Nadie llamará en serio política a la disputa entre dos vecinos por la posesión de la vara de alcalde. Este carácter personal que el exiguo tamaño de Municipio impone a todas sus actuaciones es el síntoma claro de su incapacidad política. Donde hay personalismo no hay vida pública. Lo uno es precisamente substitutivo de lo otro. La disputa personal mide con rigorosa exactitud la ausencia de temas políticos, de verdaderos entusiasmos y pasiones públicas.
Téngase siempre ante los ojos la finalidad que debe guiarnos: se trata de tomar la vida de la persona media española y sumirla en corrientes de vida ultrapersonal, que hagan a aquélla más intensa, más elevada, más rica de contenido intelectual y moral. Conseguir que en España haya vitalidad política y que el tipo medio de hombre mejore son, por lo pronto, una y misma cosa. Movilizarlo políticamente es hacerle mejor, y hacerle mejor es inducirle a que sienta cuestiones públicas —por tanto, que piense más, que intente más, que aprenda a ser responsable e impetuoso. Creer que esta movilización enriquecedora se consigue aislando al individuo en su Municipio, es en todos los sentidos un error. Pero este error posee raíces demasiado viejas y hondas para no exigir una extirpación más radical.
2
Cuando hace veinte años se empezó a caer en la cuenta de que una Constitución donde se abstraía por completo de la vida local sólo podía provocar la repulsa por parte de ésta —lo que estaba ya aconteciendo—, hubo algunos conatos de corregir el absurdo vigente. Según hemos visto, al resolverse a organizar esa vida local, todo el mundo pareció acorde en el craso error de considerar al Municipio como su unidad substantiva. De este error hemos arrancado ya una raíz romántica: la resonancia melodramática del pasado, el afán tradicionalista —desastroso siempre en política— de coincidir con el pretérito, en vez de buscar siempre la solución en el futuro. (No dude el lector de que a su hora daré mis razones de esta afirmación tan rotunda y tan dogmática. No se puede decir todo a la vez). Pero aquella equivocación tiene otra raíz más honda. Es ésta: organizar la vida local significa ir a buscar la vida pública en su realidad más concreta y convertirla en vida de Estado, en fuerza política. Una nación no está en pie por obra mágica —como está en el aire el sepulcro de Mahoma—, sino que está sostenida por fuerzas sociales de carácter político. Conste esto, porque hay en nuestro país todavía gente tan tonta que ve en este afán de movilizar pública o políticamente a los españoles pura gana de armar jaleo según el prurito de los demagogos. No advierten que las instituciones —el orden— sólo son fuertes cuando hay fuerzas sociales que las nutran con su dinamismo. Para que un Estado se derrumbe no hace falta que se produzcan revoluciones contra él, basta con que aflojen su asistencia de fervor las masas pacíficas de ciudadanos.
Digo, pues, que organizar la vida local es buscar la vida pública en su realidad más concreta. Hasta aquí vamos bien. Pero se creyó que la vida municipal era esa realidad más concreta, y éste fue, éste sigue siendo el error. A primera vista seduce la idea por su sencillez. El ciudadano vive cotidianamente en su pueblo. ¿Cómo dudar que su pueblo es la unidad pública más próxima al individuo? Concedamos al Municipio gran autonomía; así habremos puesto en manos del ciudadano su propia y concreta vida, habremos consagrado políticamente sus afanes más efectivos y constantes.
Pero ¿es esto verdad? ¿Cae bajo la jurisdicción municipal el sistema de intereses concretos del individuo, por lo menos los más importantes? Digámoslo en fórmula más clara: ¿puede decidir el Municipio, dependen de él, los asuntos capitales que constituyen la ocupación y preocupación cotidianas de sus vecinos? Si resulta que no es así, que esos asuntos son por sí mismos, constitutiva e inexorablemente, más extensos que la jurisdicción municipal, es evidente que el Municipio no puede por sí solo actuar sobre ellos, y, en consecuencia, concederle autonomía equivale, en orden político, a pertrecharle con la carabina de Ambrosio.
Dejemos sin atender ahora cuanto pueda ofrecer vaguedades —los asuntos de la vida pública espiritual— y fijémonos sólo en lo más determinable: la vida económica. Alguna vez he puesto ya este ejemplo: sea el pueblecito andaluz X. Este pueblecito vive materialmente de la oliva bética, del oleandro fecundo. Todo el término municipal está cubierto de olivitos de bronce, y las preocupaciones básicas de los vecinos giran en torno a la producción y comercio del aceite. Esto les plantea diariamente problemas múltiples: mejora de la producción, crédito agrícola, jornales, regulación de precios, permiso de exportación, conflicto del aceite de oliva con otras clases de producción, etcétera. ¿Qué pueden siquiera intentar el Municipio y la vida municipal ante estos problemas hiperconcretos de la vida económica de sus vecinos? Nada, nada que valga la pena. Por una razón muy sencilla. Los olivitos, haciéndole una higa a las arbitrarias divisiones administrativas, no se detienen en el término municipal, sino que brincan alegremente sobre él, y, sin solución de continuidad, anegan otro término municipal, y otro, y otro, y una enorme zona de tierra española —casi entera, la Andalucía. Esa mancha gigante de olivares vive con vida propia; quiero decir que forma una unidad económica, se regula a sí misma, impone las condiciones generales de explotación, precio, jornales; plantea los grandes problemas técnicos, así industriales como de política general económica (exportación, lucha con otros productos, etcétera). La vida del vecino del pueblecito X depende de lo que pasa en toda esa gran comarca olivarera, no de su Municipio, que se queda paralítico, sin posible intervención en las cuestiones que la gran solidaridad del olivo andaluz suscita a cada propietario o peón. Es decir: que ni siquiera la vida económica más elemental del vecino termina donde termina el término municipal.
Es falso, pues, que el Ayuntamiento cobije la vida local concreta. Al contrario: corta la estructura objetiva de ésta por una línea arbitraria; secciona con el perímetro caprichoso de su jurisdicción la verdadera realidad, la descuartiza y se queda con un pedazo cualquiera de ella. Ahora bien: esto es la abstracción; arrancar a lo real un trozo y ponerlo aparte con la pretensión de que viva como si fuera un todo íntegro.
Esto demuestra no sólo que es un grosero error hacer del Municipio la unidad política local, sino que la organización actual de España en Municipios aislados equivale a una permanente dislocación de la auténtica vida local. Tal y como hoy existe, es el Ayuntamiento un disyuntamiento, un principio de dislocación que impide a la existencia local estructurarse en verdaderas unidades orgánicas. El Municipio no es sólo infrapolítico, sino que, en la forma vigente, es antipolítico. No puede hacer nada, no puede moverse: es una institución estática, inerte. No hay vida política si no hay un margen de movilización. Vivir —en lo público como en lo privado— no es yacer, sino, por el contrario, aspirar, intentar, emprender. Siempre me ha parecido grotesco que, haciendo grandes aspavientos, se conceda autonomía a los Municipios. Autonomía, ¿para qué, si está prisionero en sí mismo? El Municipio, como institución, es, aproximadamente, una jaula de codorniz, donde se otorga al rural autonomía para que dé saltos, como el sencillo pájaro, y, como él, se encalve contra los alambres el occipucio.
Sólo empieza a vivir públicamente el Municipio cuando, imitando a sus olivitos domésticos, sale fuera de su propio término, transmigra a otros Municipios, trata y contrata y se ayunta con ellos, a fin de emprender algo. Maura comprendió esto muy bien (aunque era contradictorio centrar su reforma en la reforma del Concejo), y, tímidamente, instituyó la opción a mancomunidad. Es posible que en su tiempo esta misma timidez significase una audacia, y que en su ánimo existiese la visión clara y completa de toda la cuestión. No lo sé. Lo que sé es que su proyecto de ley reformista y sus palabras notorias no me bastan, y aun estimando el sentido o tendencia de su obra, tengo que seguir avante hacia una idea más íntegra y sistemática.
La unidad política local ha de consistir en una institución que dé figura legal autónoma a un cuerpo completo de vida local. Nótese que la vida sólo es completa si además del cuerpo íntegro y sin amputaciones tomamos un cierto espacio donde pueda moverse, un ámbito, una holgura para la movilización. Dicho en otros vocablos: la unidad política local no ha de limitarse a coincidir con lo que hoy es la vida local, sino que ha de contar, muy esencialmente, con hacerla capaz de empresas, de crecimientos, de magnificación. Nuestra institución tiene que ser, a la par, una realidad y una ilusión. Si no aporta por sí misma un principio dinámico, y es mero ajuste estático a lo presente, no se tomará con entusiasmo, y no nos servirá para aumentar el pulso de España. Con esa institución nos proponemos hacer historia; tenemos que cabalgar mucho con ella —sea, pues, a un tiempo, real e «ideal», estribo y espuela.
Cuando se habla de autonomía se suele olvidar lo principal. Se atiende sólo a que «autonomía» significa conceder a alguien el derecho a que rija sus propios actos. Muy bien. Pero ¿no es irrisorio conceder autonomía a quien de hecho es incapaz de actuar? A mí me parece una burla impía esa aparente generosidad de declarar autónomos a los paralíticos. La verdadera unidad política local será aquel grupo interior de vida colectiva española que posea mayor potencialidad de actuación.
Vemos que éste no es el Municipio. ¿Cuál será entonces? ¿La provincia?
Entre todas las cosas tristes, lamentables, sórdidas, del próximo pasado español, acaso no haya nada más triste, lamentable y sórdido que la institución provincial.
Su papel era precisamente el más delicado de todos, el más importante: servir de nexo e intermediario entre la vida de la aldea y la gran vida nacional. A mi juicio, ésta es la pieza decisiva en una constitución española. Y para tan grave oficio se inventó la división más arbitraria de todas, cuadriculando el sagrado cuerpo de España en esta ridiculez de las provincias. Inspirada por una seca política métricodecimal, no debe a ellas nuestro país, en casi un siglo, beneficio ni auxilio alguno. El Municipio no es una unidad política completa, pero es real —como la mano no es un hombre entero, pero es trozo real de un hombre. La provincia, en cambio, no es ni eso; es simplemente un torpe tatuaje con que se ha maculado la piel de la Península. ¡Con su capitalita sórdida, lenta, ni cortijo ni corte, donde se pasea un gobernador petulante, donde se cocinan todas las inmundicias políticas y no se emprende nada!
Demos de lado a la provincia, símbolo del provincianismo que queremos superar, y vamos hacia algo más orgánico y vital, de gran resuello y grandes perspectivas.
Nos basta con seguir dócilmente la mancha continua de olivar para derramarnos por toda Andalucía. Mientras esa mancha de olivar no haya recibido una consagración institucional no quedará aprovechado para la vida pública española un hecho económico y geográfico tan enorme como es su existencia. La unidad política local no es el pueblecito X, sino toda la Andalucía. Ésta sí que puede ser una gigantesca fuerza nacional, un organismo capaz de vigorosas acciones y reacciones, de altas empresas, de internas corrientes públicas que zarandeen enérgicamente a los individuos, los impulsen a agruparse en núcleos combatientes y emprendedores, a apasionarse y entrenarse. Su ámbito —su cantidad en número de hombres y en posibilidades económicas, morales, sociales— es suficientemente grande para que se produzcan ráfagas de dinamismo público que sacudan bien los nervios provinciales.
La unidad política local es la gran comarca. Organicemos a España en nueve o diez grandes comarcas…
X
LA IDEA DE LA GRAN COMARCA O REGIÓN
Separemos resueltamente la vida pública local de la vida pública nacional. Así lograremos poseer plenamente las dos. Organicemos a España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. ¡Ahí es nada hasta dónde se podría llegar en historia poniendo bien «en forma» esas diez potencias de hispanidad!
Pero antes de imaginarlo conviene que el lector tenga una figura precisa de la organización a que aludo. Vaya por delante un esquema del estatuto comarcano o regional; luego trataré de justificarlo y de afrontar objeciones. Insisto en que las instituciones son máquinas del Estado, que, como todas las máquinas, se inventan a fin de obtener ciertos resultados. Su justificación consiste en mostrar primero que es forzoso proponerse esos resultados, y luego, que sólo mediante esas instituciones serán conseguidos.
La organización política de la gran comarca se reduce a poner su vida local en manos de sus habitantes. La nación, como tal, no puede cuidar directamente de la vida local. Los cincuenta años de intentar lo contrario han sido una experiencia en grandes dimensiones que necesitamos aprovechar. La vieja Constitución ha fenecido porque pretendió hacer al Estado central responsable de lo que no podía eficazmente cuidar. Entreguemos a los provinciales el cuidado de su región; pero, claro está, también la responsabilidad. Lo uno y lo otro son funciones recíprocas, se completan y se regulan mutuamente. España ha atravesado una triste etapa de disociación, de particularismo, originada en que del hecho acontecido y fraguado en la provincia eran responsables Madrid y la «nación». Con esto hay que acabar para siempre, situando la responsabilidad de lo local en la localidad misma o lo más cerca de ella posible.
Yo imagino, pues, que cada gran comarca se gobierna a sí misma, que es autónoma en todo lo que afecta a su vida particular; más aún: en todo lo que no sea estrictamente nacional. La amplitud en la concesión de self-government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región. (Del ánimo del lector se levanta, como una bandada de grajos, un puñado de objeciones elementales. El escritor lo advierte, pero frena su prisa por contestarlas). En principio, sólo el Ejército, la Justicia, una parte de las comunicaciones, la vida internacional, el derecho a intervenir los actos del régimen local y la opción constante a establecer servicios reguladores de orden pedagógico, científico y económico en todo el territorio peninsular, quedarían en manos del órgano central del Estado. Salvo omisión, todo el resto pasaría de las manos abstractas en que se hallaba a las manos concretas de los provinciales. Ya lo he dicho: no se puede hacer historia sin un pueblo que sepa nadar en la vida pública. España es la provincia; arrojemos la provincia al agua de su propia responsabilidad. (La bandada de grajos objetantes se hace nube, cubre el horizonte. ¡Bien, lector! Pero no se olvide que el Estado nacional está detrás, vigilando el aprendizaje natatorio. Y ese Estado nacional va a ser cosa mucho más seria y enérgica de lo que ha sido hasta aquí. El abandono de tanta jurisdicción que hemos hecho a la gran comarca parece hasta ahora inspirado sólo por una generosidad en beneficio de la vida local. Ya se verá cómo a la par va hecho en beneficio del poder nacional, que, libre de ese lastre, ascenderá a las alturas de prestigio que le corresponden y de que nunca debió bajar. Generaciones que han mantenido a la «nación», al «Estado» español uncidos a todas las carretas municipales, tumbados en el estiércol de los establos rurales, no tienen derecho a hacer esos aspavientos).
La vida local sería regida por una Asamblea comarcana, de carácter legislativo y fiscal, y por un Gobierno de región emanado de aquélla. La Asamblea se compondría de un número bastante grande de diputados —uno por cada diez mil habitantes. La elección derivaría de un sufragio universal. A este fin se dividiría la comarca en circunscripciones, reuniendo en cada una tres o más de los antiguos distritos. Desaparecería por completo el pequeño distrito rural, el liliputiense político de la vieja Constitución, y de la provincia provinciana se borraría, si fuese posible, hasta el recuerdo. Los pocos servicios efectivos que rendía pasarían a unos Consejos de circunscripción elegidos por los Ayuntamientos.
La Asamblea comarcana, el Gobierno regional y todas las instituciones anejas, grandes establecimientos de enseñanza y cultura, organismos financieros, etcétera, así como la representación local de las funciones exclusivas o compartidas del Poder nacional —Ejército, comunicaciones, Justicia, institutos de cultura, etcétera—, serían acumulados en una sola ciudad, a fin de contribuir a la creación de grandes capitales regionales, urbes potentes y completas, cuyo oficio en la elevación del tipo medio español es imprescindible.
Porque esto —la perfección del tipo medio de español— fue el propósito de que partimos. En esa expresión hallamos la fórmula inicial que por sí misma marcaba las dimensiones de una gran reforma pública, la única que merece la pena. Toda otra reforma que no cale hasta ese estrato profundo, que no llegue a punzar al español en el nervio de su vida individual y le hostigue a complicar su existencia, será inoperante. Hay que poner fuera de sí al español si se quiere ponerlo en la Historia. Desde hace siglos, el hombre medio hispánico cayó dentro de sí como dentro de un pozo y no ha vuelto a salir. Por eso es necesario libertarlo de la estrecha prisión que es hoy su propia hermética vida y sumergirlo en dinámicas corrientes que sacudan su inercia.
No se trata, pues, de prurito reformista, ni es complacencia en dibujar sobre un papel figuras imaginarias de España, entregándose al utopismo, que es la política de Onán. Yo no sé, claro está, si la reforma que defiendo llegará a instaurarse en nuestro país. Pero todos los que hoy vivimos sobre este terruño somos responsables del destino colectivo de España. Y los que andamos a toda hora dirigiéndonos pretenciosamente al público somos responsables en una mayor potencia —no de que las cosas se hagan o no según pensamos, sino de haber recatado o velado nuestro pensamiento. Por eso es preciso que se deslinden los campos de la convicción. Si hay quien cree que España, con el tipo de vida que hoy llevan sus hombres, puede entrar segura y firme en el tiempo difícil que sobreviene, no tiene por qué interesarse en una reforma como la aquí insinuada, y puede contentarse con más superficiales modificaciones. Pero mi convicción es la contraria: sin escatimar el reconocimiento de lo que ha mejorado en los últimos veinte años, creo que la vitalidad del hombre medio español sigue estando muy por debajo de la línea, del repertorio de aptitudes en que se halla planteada la lucha histórica. Seguimos siendo el pueblo fantasma de que hacen romanzas desde lejos los sentimentales de otras razas, por lo mismo que no actúa en el presente, enérgico, áspero, conminatorio, como es todo presente. A mí me repugna en lo más íntimo que sea mi país ese personaje fantasmagórico y extravagante, y por eso medito sobre los medios de obligarlo a bracear hacia avante. Creo, además, que este afán, claro o confuso, fermenta ya en todo español, y sólo falta libertarlo, abrir los poros a su efusión y desarrollo.
Para ello es precisa la reforma profunda que coloque a las masas de españoles en una postura pública completamente distinta de la tradicional. Sin una nueva estructura, sin una diferente anatomía, no habrá una fisiología nueva ni un nuevo tipo de español.
La idea de la gran comarca significa el ensayo de construir un Estado que, por una parte, se acerque al hombre provincial, le proponga cuestiones públicas afines con su sensibilidad y le invite a resolverlas por sí mismo. En suma: un Estado que le interese. La institución del Gobierno regional y su Asamblea adjunta convierte en problemas públicos, en temas de lucha y de organización políticas los asuntos mismos que habitan de sólito en la preocupación del español medio. Por otra parte, le obliga a ser responsable de su propia existencia. El antiguo Estado parecía una máquina imaginada ex profeso para fabricar su propio desprestigio y el de la idea nacional que simbolizaba. Dejaba a la provincia sólo el derecho de plantear problemas y conflictos a la «nación», y el de quejarse luego y maldecir porque la «nación» no los remediase o los resolviese mal. De aquí que todo el proceso histórico de 1876 a la fecha haya culminado en una sublevación sin gritos de la provincia contra el viejo Estado. Esta sublevación era justa. Porque no ha tomado forma espectacular, y porque hasta ahora ha mostrado sólo su faz negativa, no se ha querido ver en ella lo que es en pura y profunda realidad, a saber: la única fuerza histórica amplia que ha empujado nuestra historia en lo que va de siglo y la única que puede levantar el destino de España. Lo que aquí se propone no es otra cosa que continuar ese movimiento histórico, haciendo que la provincia adquiera conciencia clara de lo que ya es para España y de lo que puede y debe ser.
Nadie podrá decir que estos artículos, donde se espera todo lo esencial de la provincia, hayan procedido mediante halagos al hombre provincial. Deliberadamente he presentado su carácter bajo los apelativos menos favorables —provincianismo, ruralismo, sordidez, angostura de vida—, y, sin embargo, la mera nudificación de la realidad pública española hacía ver que esa masa enorme, adscrita a las glebas peninsulares, sumida en sus villas y villorrios, es el gigantesco poder latente que bastará movilizar para que España ascienda en la escala histórica.
Pero es urgente dar a esta potencia provincial ocasión, contraseña e instrumento para que por sí misma, en esfuerzo rudo sobre sí misma, expansione sus frenadas energías. El Gobierno regional es este instrumento, la institución que puede batir la masa provincial y cargarla de electricidad política.
Todo lo demás que se haga será forzoso como complemento o como auxilio; pero España no echará a andar rostro al viento de la Historia mientras no llegue la hora en que hombres fervientes recorran los campos y las villas encendiendo la atmósfera con esta palabra: «¡Eh, las provincias, de pie!»
18 de noviembre de 1927 - febrero de 1928