Ortega y Gasset

Abstract

A vast series of articles (over 30,000 words) on Spain’s “great reform”: small reforms are harmful because they distract from the great one and discredit the very idea of reforming; the real sin of Restoration politicians was not wanting the reform, thus plugging up Spanish history. A political-pedagogical text, not a speculative one.

Connections

Concetti: Stato
Forme: saggio

Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio

I

HACIA LA GRAN REFORMA

Cualquiera que sea la actitud individual frente a esta o la otra situación de gobierno, nadie debe desconocer que España, desde hace quince años, va entrando en un tiempo magnífico. Y no es que acontezcan maravillas en el área peninsular; pero yo creo que es siempre magnífico y solemne para un pueblo el momento en que llega a un recodo de su historia y, velis nolis, tiene que resolverse a seguir nueva ruta, a mudarse de arriba abajo, dislocando su viejo cuerpo para articularlo según otra arquitectura; cuando llega, en suma, la fecha de la gran reforma. Digo que sazón tal es magnífica y solemne, porque sólo en ella se dan las condiciones para un renacimiento. No es seguro, ni mucho menos, que éste se logre; pero es el momento en que cabe intentarlo, aspirar a él. La gran reforma equivale casi a la inauguración de un pueblo. De lo que era España en estos últimos dos siglos no se podía seriamente esperar mucho. Toda su organización parecía premeditada en vista de un horizonte irremediablemente angosto. Pero ahora no tenemos por qué reducir nuestra perspectiva. El retuso horizonte debe ser recogido como una sórdida cortina, para que las miradas españolas se enfrenten con los grandes espacios libres. Podemos planear una vida nacional de gran formato, sin que esto implique megalomanía. Porque no se trata de suponer que somos grandes, sino todo lo contrario: de reconocer que somos canijos y que, por lo mismo, estamos obligados a aumentar. Lo importante es que demos a los nuevos cimientos anchura y profundidad tales que no excluyan para el futuro, si la fortuna es favorable, las grandes construcciones.

El proceso de la gran reforma va ciertamente muy despacio. Hasta ahora sólo hemos presenciado estadios negativos. Hemos visto cómo iban cayendo los muros caducos. Recuerdo haber escrito en 1917 un artículo titulado «Bajo el arco en ruina». En diez años apenas si queda curva alguna del arco; pero aún seguimos bajo su imaginaria comba. No debe, sin embargo, desanimarnos excesivamente pareja lentitud. Cada pueblo tiene su tempo vital, su andadura. España, que hasta los Reyes Católicos marchó, a mi juicio, demasiado deprisa, se convirtió desde entonces en un tardígrado de la Historia. Esperemos que ahora aligere un poco, con menos lastre en el lomo.

La cuestión está en que exista un número suficiente de españoles con la decidida voluntad de ejecutar la gran reforma. El que ha pensado poco sobre el asunto cree de buena fe que no es difícil encontrar ese montón de españoles. Mas la verdad es muy otra. Abundan, superabundan las gentes dispuestas a entender y aceptar las pequeñas reformas; pero ¿la grande?… Y acaece que las pequeñas reformas en un pueblo que ha llegado a la situación del nuestro no sirven absolutamente para nada. Al contrario, son dañinas, porque distraen de la otra y porque, al resultar vanas, desacreditan la idea misma de reformar, propagan la impresión de que todo es inútil y que no hay manera de mejorar los destinos de una raza mediante la intervención del albedrío y de la inteligencia.

El verdadero pecado de los políticos, el único que hablando en serio hay que imputarles, es no haber querido la reforma. Todos veían que era necesaria; pero, salvo Maura, ninguno la quiso. Formaron un bloque contra ella; taponaron la historia de España. Al decir esto no olvido injustamente el hecho de que ningún grupo nacional (por lo menos, ningún grupo desinteresado y con posición clara) exigía esa reforma y luchaba por ella. Pero esto no exime a los políticos de aquella responsabilidad porque ellos sí veían con toda evidencia que la reforma era necesaria, que ni el país ni el Estado marchaban correctamente. Más de una vez he expresado mi convicción de que los políticos del antiguo Parlamento eran superiores al tipo medio del ciudadano español —más inteligentes, más honrados, más generosos. Por lo mismo, su responsabilidad es enorme. Lo que les faltó de honradez y generosidad, o, por lo visto, de inteligencia, les indujo a eludir la reforma, aprovechándose de que el resto de la nación no percibía su urgencia. Quisieron seguir a gusto en el machito, a sabiendas de que el machito no podía durar. Por tanto, no tienen perdón de Dios. (Tampoco vale la excusa, que se suele oír, según la cual, si un partido hubiese querido la reforma, la deslealtad de los otros, dispuestos a asumir el Poder ante la primera dificultad sobrevenida al reformador, habría anulado el propósito. Esto no prueba sino que el pecado fue colectivo, de todo el gremio político. Les faltó, como tal gremio, instinto de conservación, y la responsabilidad se derramó sobre su conjunto, arrastrando a muchos que personalmente no eran culpables).

Claro es que del pecado del antiguo político no puede alimentarse la virtud de nadie. Nadie puede hacer consistir su buena razón en que otro no la tenía. Hace falta más, mucho más. Es preciso demostrar que se entiende y se quiere la gran reforma nacional. Todo lo demás —como dice un personaje de Baroja— es carrocería.

Por eso dudo que pueda hacerse en la hora presente nada más patriótico que evitar la dispersión de la conciencia pública sobre las mil cuestiones secundarias que constantemente atosigan la existencia de cualquier nación. Hay que retraer la atención pública, concentrarla sobre lo esencial, sobre la gran reforma.

¡Bien! Pero ¿qué género de reforma española sería la que puede merecer el título de grande?

II

¿REFORMA DEL ESTADO O REFORMA DE LA SOCIEDAD?

¿Qué género de reforma merecería el título de grande?

Una de las averiguaciones más añejas de la ciencia occidental —allá en Grecia, hacia el siglo IV antes de Cristo— es que no existen tamaños absolutos. Así, en seco, nada es grande, nada es pequeño. Lo ingente y lo menudo son calificaciones relativas. Dependen de la unidad de medida que apliquemos.

La reforma que es grande para un país puede ser minúscula para otro. Esta diferente evaluación que a una misma reforma atribuiríamos en dos naciones distintas no sería, sin embargo, caprichosa. Una misma y única razón nos llevará a llamar aquí pequeño lo que allí llamamos grande. En ambos casos medimos el tamaño de la reforma con la misma unidad de medida. ¿Cuál? Muy sencillo: la cantidad de cosas que en cada país necesiten ser reformadas. Donde casi todo está bien, una pequeña modificación será de gran importancia. Donde casi todo está mal, esa misma modificación resultará imperceptible.

La reforma que hacemos debe medirse por la que hay que hacer. No depende, pues, de nuestro capricho, del azar de nuestros entusiasmos, llamarla o no grande. La realidad nacional se encarga automática y exactamente de calibrarla. Acontece como en cirugía: el cuerpo enfermo determina hasta qué profundidades de la carne tiene que penetrar el bisturí.

A mi juicio, aquí está la cuestión decisiva de que depende el porvenir de España: ¿hasta qué hondura de estratos en la realidad nacional tiene que calar la reforma? Si acertamos y coincidimos en esta dimensión de profundidad, todo lo esencial se habrá ganado. Quiero decir que es en cierto modo secundario que se acierte o no en la calidad de la reforma, en la dirección que se le dé, con tal que ella aspire inequívocamente a atacar el mal en el estrato donde se engendra, por muy profundo que sea. Viceversa, por muy certeras que parezcan o sean unas reformas, si se mantienen en áreas superficiales, no se habrá dado un solo paso hacia la mejora de nuestra figura colectiva.

Ahora bien: concretándonos al caso de España, ¿existe alguna línea clara que permita separar lo superficial de lo profundo? Yo creo que existe y que es clarísima. Si tomamos en vilo todos los defectos de nuestra nación, por tanto, todo lo que es preciso corregir o reformar, vemos muy pronto que pueden repartirse en dos clases. De un lado están los defectos del Estado español —de las instituciones y su modo efectivo de funcionar—; de otro lado están los defectos de la vida española, los defectos típicos del individuo español y de sus formas de convivencia en la aldea, en la provincia, en la capital. Si queremos simplificar la terminología, hablaremos de defectos del Estado y defectos de la sociedad.

I

TOWARD THE GREAT REFORM

Whatever may be the individual attitude in the face of this or that situation of government, no one should ignore that Spain, for fifteen years now, has been entering a magnificent time. And it is not that wonders happen in the peninsular area; but I believe that it is always magnificent and solemn for a people the moment in which it reaches a turn of its history and, velis nolis, has to resolve to follow a new route, to change itself from top to bottom, dislocating its old body to articulate it according to another architecture; when there arrives, in short, the date of the great reform. I say that such a season is magnificent and solemn, because only in it are given the conditions for a renaissance. It is not certain, far from it, that this will be achieved; but it is the moment in which one can attempt it, aspire to it. The great reform is almost equivalent to the inauguration of a people. From what Spain was in these last two centuries nothing much could seriously be expected. Its whole organization seemed premeditated with a view to an irremediably narrow horizon. But now we have no reason to reduce our perspective. The reluctant horizon must be gathered up like a sordid curtain, so that Spanish gazes may confront the great free spaces. We can plan a national life of great format, without this implying megalomania. Because it is not a question of supposing that we are great, but quite the contrary: of recognizing that we are stunted and that, for that very reason, we are obliged to increase. The important thing is that we give the new foundations such breadth and depth as not to exclude for the future, if fortune is favourable, the great constructions.

The process of the great reform certainly goes very slowly. Until now we have witnessed only negative stages. We have seen how the decrepit walls were falling. I remember having written in 1917 an article entitled ‘Beneath the ruined arch’. In ten years scarcely a curve of the arch remains; but we still continue beneath its imaginary sweep. This very slowness, however, should not discourage us excessively. Each people has its vital tempo, its gait. Spain, which until the Catholic Kings marched, in my judgment, too fast, became from then on a tardigrade of History. Let us hope that now it quickens a little, with less ballast on its back.

The question is that there exist a sufficient number of Spaniards with the decided will to execute the great reform. He who has thought little about the matter believes in good faith that it is not difficult to find that heap of Spaniards. But the truth is quite different. Abundant, superabundant are the people disposed to understand and accept the small reforms; but the great one?… And it happens that the small reforms in a people that has arrived at a situation like ours serve absolutely nothing. On the contrary, they are harmful, because they distract from the other one and because, proving vain, they discredit the very idea of reforming, propagate the impression that everything is useless and that there is no way to improve the destinies of a race through the intervention of free will and intelligence.

The true sin of the politicians, the only one that, speaking seriously, must be imputed to them, is not having willed the reform. All saw that it was necessary; but, except for Maura, no one willed it. They formed a bloc against it; they stopped up the history of Spain. In saying this I do not unjustly forget the fact that no national group (at least, no disinterested group with a clear position) demanded that reform and struggled for it. But this does not exempt the politicians from that responsibility, because they indeed saw with all evidence that the reform was necessary, that neither the country nor the State were marching correctly. More than once I have expressed my conviction that the politicians of the old Parliament were superior to the average type of the Spanish citizen —more intelligent, more honourable, more generous. For that very reason, their responsibility is enormous. What they lacked of honesty and generosity or, apparently, of intelligence, induced them to elude the reform, taking advantage of the fact that the rest of the nation did not perceive its urgency. They wanted to go on comfortably in their little groove, knowing full well that the groove could not last. Therefore they have no forgiveness of God. (Nor does the excuse usually heard avail, according to which, had one party willed the reform, the disloyalty of the others, disposed to assume Power at the first difficulty arising to the reformer, would have annulled the purpose. This proves only that the sin was collective, of the whole political guild. They lacked, as a guild, the instinct of self-preservation, and the responsibility spilled over upon their whole, dragging along many who personally were not guilty).

It is clear that from the sin of the old politician no one’s virtue can be fed. No one can make his good reason consist in the fact that another did not have it. More is needed, much more. It is necessary to demonstrate that the great national reform is understood and willed. Everything else —as a character of Baroja says— is coachwork.

For this reason I doubt that anything more patriotic could be done at the present hour than to avoid the dispersion of public consciousness over the thousand secondary questions that constantly harass the existence of any nation. Public attention must be drawn back, concentrated upon the essential, upon the great reform.

Good! But what kind of Spanish reform would it be that can merit the title of great?

II

REFORM OF THE STATE OR REFORM OF SOCIETY?

What kind of reform would merit the title of great?

One of the most ancient findings of Western science —back in Greece, toward the fourth century before Christ— is that absolute sizes do not exist. Thus, in the dry, nothing is great, nothing is small. The huge and the tiny are relative qualifications. They depend on the unit of measure that we apply.

The reform that is great for one country can be minuscule for another. This different evaluation that we would attribute to one and the same reform in two distinct nations would not, however, be capricious. One and the same single reason will lead us to call small here what we call great there. In both cases we measure the size of the reform with the same unit of measure. Which one? Very simple: the quantity of things that in each country need to be reformed. Where almost everything is well, a small modification will be of great importance. Where almost everything is wrong, that same modification will turn out imperceptible.

The reform we make must be measured by the one that has to be made. It does not depend, then, on our caprice, on the chance of our enthusiasms, to call it great or not. National reality takes charge automatically and exactly of calibrating it. It happens as in surgery: the diseased body determines to what depths of the flesh the scalpel must penetrate.

In my judgment, here is the decisive question on which the future of Spain depends: to what depth of strata in national reality must the reform penetrate? If we guess right and coincide in this dimension of depth, everything essential will have been gained. I mean that it is in a certain way secondary whether one hits or not upon the quality of the reform, in the direction given to it, provided it aspire unequivocally to attack the evil in the stratum where it is engendered, however deep it may be. Conversely, however well-aimed some reforms may seem or be, if they remain in superficial areas, not a single step will have been taken toward the improvement of our collective figure.

Now: coming down to the case of Spain, does there exist some clear line that allows one to separate the superficial from the deep? I believe it exists and is very clear. If we gather up all the defects of our nation, therefore everything that it is necessary to correct or reform, we see very soon that they can be divided into two classes. On one side are the defects of the Spanish State —of the institutions and their effective mode of functioning—; on the other side are the defects of Spanish life, the typical defects of the Spanish individual and of his forms of coexistence in the village, in the province, in the capital. If we want to simplify the terminology, we shall speak of defects of the State and defects of society.

I

VERSO LA GRANDE RIFORMA

Qualunque sia l’attitudine individuale di fronte all’una o all’altra situazione di governo, nessuno deve ignorare che la Spagna, da quindici anni, va entrando in un tempo magnifico. E non è che accadano meraviglie nell’area peninsulare; ma io credo che sia sempre magnifico e solenne per un popolo il momento in cui giunge a una svolta della sua storia e, velis nolis, deve risolversi a seguire nuova rotta, a mutarsi da cima a fondo, dislocando il suo vecchio corpo per articolarlo secondo un’altra architettura; quando giunge, in somma, la data della grande riforma. Dico che siffatta stagione è magnifica e solenne, perché solo in essa si danno le condizioni per un rinascimento. Non è sicuro, né molto meno, che questo si realizzi; ma è il momento in cui è possibile tentarlo, aspirarvi. La grande riforma equivale quasi all’inaugurazione di un popolo. Da ciò che era la Spagna in questi ultimi due secoli non si poteva seriamente aspettare molto. Tutta la sua organizzazione sembrava premeditata in vista di un orizzonte irrimediabilmente angusto. Ma ora non abbiamo perché ridurre la nostra prospettiva. Il ritroso orizzonte deve essere raccolto come una sordida cortina, perché gli sguardi spagnoli si fronteggino con i grandi spazi liberi. Possiamo progettare una vita nazionale di grande formato, senza che questo implichi megalomania. Perché non si tratta di supporre che siamo grandi, ma tutto il contrario: di riconoscere che siamo mingherlini e che, proprio per questo, siamo obbligati ad aumentare. L’importante è che diamo ai nuovi fondamenti larghezza e profondità tali che non escludano per il futuro, se la fortuna è favorevole, le grandi costruzioni.

Il processo della grande riforma va certamente molto adagio. Finora abbiamo assistito solo a stadi negativi. Abbiamo visto come andavano cadendo i muri caduchi. Ricordo di aver scritto nel 1917 un articolo intitolato «Sotto l’arco in rovina». In dieci anni appena se resta qualche curva dell’arco; ma continuiamo sotto la sua immaginaria curvatura. Non deve, tuttavia, scoraggiarci eccessivamente siffatta lentezza. Ogni popolo ha il suo tempo vitale, la sua andatura. La Spagna, che fino ai Re Cattolici marciò, a mio giudizio, troppo in fretta, si convertì da allora in un tardigrado della Storia. Speriamo che ora allenti un poco, con meno zavorra sul dorso.

La questione sta in questo, che esista un numero sufficiente di spagnoli con la decisa volontà di eseguire la grande riforma. Chi ha pensato poco sull’argomento crede in buona fede che non sia difficile trovare quel mucchio di spagnoli. Ma la verità è molto altra. Abbondano, sovrabbondano le genti disposte a intendere e accettare le piccole riforme; ma quella grande?… E accade che le piccole riforme in un popolo che è giunto alla situazione del nostro non servono assolutamente a nulla. Al contrario, sono dannose, perché distraggono dall’altra e perché, risultando vane, screditano l’idea stessa di riformare, propagano l’impressione che tutto sia inutile e che non ci sia maniera di migliorare i destini di una razza mediante l’intervento dell’albedrio e dell’intelligenza.

Il vero peccato dei politici, l’unico che parlando sul serio bisogna loro imputare, è non aver voluto la riforma. Tutti vedevano che era necessaria; ma, salvo Maura, nessuno la volle. Formarono un blocco contro di essa; tapparono la storia della Spagna. Dicendo questo non dimentico ingiustamente il fatto che nessun gruppo nazionale (almeno, nessun gruppo disinteressato e con posizione chiara) esigesse quella riforma e lottasse per essa. Ma questo non esime i politici da quella responsabilità, perché essi sì vedevano con tutta evidenza che la riforma era necessaria, che né il paese né lo Stato marciavano correttamente. Più di una volta ho espresso la mia convinzione che i politici dell’antico Parlamento fossero superiori al tipo medio del cittadino spagnolo —più intelligenti, più onesti, più generosi. Proprio per questo, la loro responsabilità è enorme. Ciò che mancò loro di onestà e generosità o, a quanto pare, di intelligenza, li indusse a eludere la riforma, approfittando del fatto che il resto della nazione non ne percepiva l’urgenza. Vollero continuare comodi nel loro piccolo tran tran, sapendo che quel tran tran non poteva durare. Perciò non hanno perdono di Dio. (Non vale nemmeno la scusa, che si suole sentire, secondo la quale, se un partito avesse voluto la riforma, la slealtà degli altri, disposti ad assumere il Potere alla prima difficoltà sopravvenuta al riformatore, avrebbe annullato il proposito. Questo non prova se non che il peccato fu collettivo, di tutto il gremio politico. Mancò loro, come gremio, istinto di conservazione, e la responsabilità si riversò sul loro insieme, trascinando molti che personalmente non erano colpevoli).

Chiaro è che dal peccato del vecchio politico non può nutrirsi la virtù di nessuno. Nessuno può far consistere la sua buona ragione nel fatto che un altro non la aveva. Ci vuole di più, molto di più. È preciso dimostrare che si intende e si vuole la grande riforma nazionale. Tutto il resto —come dice un personaggio di Baroja— è carrozzeria.

Per questo dubito che possa farsi nell’ora presente nulla di più patriottico che evitare la dispersione della coscienza pubblica sulle mille questioni secondarie che costantemente assillano l’esistenza di qualsiasi nazione. Bisogna ritrarre l’attenzione pubblica, concentrarla sull’essenziale, sulla grande riforma.

Bene! Ma quale genere di riforma spagnola sarebbe quello che può meritare il titolo di grande?

II

RIFORMA DELLO STATO O RIFORMA DELLA SOCIETÀ?

Quale genere di riforma meriterebbe il titolo di grande?

Una delle più antiche scoperte della scienza occidentale —laggiù in Grecia, verso il IV secolo avanti Cristo— è che non esistono grandezze assolute. Così, in astratto, nulla è grande, nulla è piccolo. L’ingente e il minuto sono qualificazioni relative. Dipendono dall’unità di misura che applichiamo.

La riforma che è grande per un paese può essere minuscola per un altro. Questa diversa valutazione che a una medesima riforma attribuiremmo in due nazioni distinte non sarebbe, tuttavia, capricciosa. Una medesima e unica ragione ci porterà a chiamare qui piccolo ciò che là chiamiamo grande. In entrambi i casi misuriamo la grandezza della riforma con la stessa unità di misura. Quale? Molto semplice: la quantità di cose che in ogni paese abbiano bisogno di essere riformate. Dove quasi tutto è a posto, una piccola modificazione sarà di grande importanza. Dove quasi tutto è male, quella stessa modificazione risulterà impercettibile.

La riforma che facciamo deve misurarsi con quella che bisogna fare. Non dipende, dunque, dal nostro capriccio, dal caso dei nostri entusiasmi, chiamarla o no grande. La realtà nazionale si incarica automaticamente ed esattamente di calibrarla. Accade come in chirurgia: il corpo ammalato determina fino a quali profondità della carne deve penetrare il bisturi.

A mio giudizio, qui sta la questione decisiva da cui dipende l’avvenire della Spagna: fino a quale profondità di strati nella realtà nazionale deve penetrare la riforma? Se indoviniamo e coincidiamo in questa dimensione di profondità, tutto l’essenziale sarà guadagnato. Voglio dire che è in certo modo secondario che si colga o no la qualità della riforma, nella direzione che le si dia, purché essa aspiri inequivocabilmente ad attaccare il male nello strato dove si genera, per quanto profondo sia. Viceversa, per quanto azzeccate sembrino o siano alcune riforme, se si mantengono in aree superficiali, non si sarà dato un solo passo verso il miglioramento della nostra figura collettiva.

Ora: concretizzandoci al caso della Spagna, esiste qualche linea chiara che permetta di separare il superficiale dal profondo? Io credo che esista ed è chiarissima. Se prendiamo in fascio tutti i difetti della nostra nazione, perciò tutto ciò che è preciso correggere o riformare, vediamo molto presto che possono ripartirsi in due classi. Da un lato stanno i difetti dello Stato spagnolo —delle istituzioni e del loro modo effettivo di funzionare—; dall’altro lato stanno i difetti della vita spagnola, i difetti tipici dell’individuo spagnolo e delle sue forme di convivenza nel villaggio, nella provincia, nella capitale. Se vogliamo semplificare la terminologia, parleremo di difetti dello Stato e difetti della società.

Una nación donde el Estado, el sistema de las instituciones, fuese perfecto, pero en que la sociedad careciese de empuje, de claridad mental, de decencia, marcharía malamente. En cambio, una nación cuyo Estado fuese sobremanera defectuoso, pero donde las gentes tuviesen mente clara, energía, fuerte apetito de vivir, espíritu emprendedor, saber técnico, etcétera, etcétera, se mantendría siempre a flote. Todo el que se haya sumido algún tiempo en lecturas históricas recibe la impresión de no haber jamás existido un Estado que como tal Estado funcionase bien. En todos los ángulos de la cronología humana se oyen quejas contra las instituciones vigentes, contra la política al uso, contra los gobernantes. Y aun restando a esta quejumbre la porción correspondiente a la delicia de lamentarse, innata en el hombre, queda siempre un reboso de razón para la queja. A esta impresión acompaña la inversa: que en las grandes épocas de un pueblo lo formidable es siempre la vitalidad del cuerpo social, la cantidad de individuos capaces, el hervor genial de una raza bajo la costra de su Estado imperfecto.

Quiere decir esto que, en la realidad histórica, el Estado y cuanto a él se refiere representa un estrato superficial en comparación con lo que pasa en los senos de la sociedad. De lo que sea el hombre medio de un país, del tipo de existencia que lleve, depende el nivel histórico y, en definitiva, político de ese país.

El caso de España ofrece en este punto una evidencia ejemplar. Porque aún cabría explicar tal o cual caída momentánea de una raza por la excesiva imperfección de su Estado; pero tan largo destino de mengua como el que pesa centenariamente sobre España, a todas luces declara que el mal no es de superficie y de instituciones, sino de las raíces subterráneas, subestatales, del cuerpo social, y no del mero perfil que es su Estado.

Con criminosa insistencia se ha procurado siempre halagar al español medio señalando a su odio este o el otro gobernante, esta o la otra institución, como agentes de su malestar. Por mi parte, me considero exento de éste que juzgo el mayor crimen contra la patria, por ser el que más eficazmente impide su restauración. A sabiendas del riesgo inminente —enojo, impopularidad, quedar al margen de la vida normal— he aullado siempre a mis compatriotas diciéndoles que de las desdichas de España tenemos la culpa, directa y exclusivamente, los españoles. Claro es que me refiero a aquella parte de las malaventuras que no proceden de la fortuna caprichosa o de factores cósmicos —clima, tierra, desviación de los grandes centros y rutas históricos (la geografía de la historia moderna ha sido desfavorable a nuestra Península, dejándola fuera de la comunicación y tránsito).

Toda la buena voluntad que en ello pongo no consigue desarmar la fuerza de convicción que ejerce sobre mí este pensamiento: mientras el tipo medio de español y sus modos de vida sigan siendo los mismos, no es lícito esperar que el destino de España varíe. Quien quiera variar los efectos tiene que modificar las causas. Otra cosa fuera magia. Y tener fe en la magia es, intelectualmente, una indecencia.

No se diga que plantear las cosas así equivale a hacer imposible una sólida restauración de España, porque el español, como cada una de las otras razas, tiene su esencia inmutable. Aquí no se trata de la esencia antropológica del español, de su misterio étnico. En ese sentido nadie puede con certidumbre hablar del español, ni del francés, ni del teutón: es un arcano indescifrable. De modo que tan arbitrario es decir que el español será siempre lo que concretamente es hoy, como negar que pueda ser aún más español adoptando otra actitud ante la vida. La experiencia histórica muestra con superabundancia que los pueblos son realidades plásticas, capaces de muchas transformaciones. Nadie hubiera creído en tiempo de Shakespeare que dos siglos más tarde el inglés iba a ser el prototipo de la buena educación. (Cuando en El cortesano busca Castiglione un modelo de buenas maneras, vacila entre el tipo francés y el tipo español, pero ni se le ocurre pensar en el anglosajón).

Por consiguiente, los que quieran otra España mejor tienen que resolverse a modificar el repertorio de la vida española, y juzgarán superficial toda reforma que no vaya orientada por tal propósito.

Precisamente para esto sirven las instituciones cuando no se las busca por ellas mismas, esperándolo todo de su perfección abstracta, sino que se las forja desde luego como instrumentos capaces de transformar los usos de la vida colectiva y el carácter mismo del ciudadano medio.

La mejor institución será la que más se parezca a un aparato ortopédico que, apoyándose en la realidad defectuosa, produzca automáticamente, sin vana violencia exterior, la rectificación del hueso desviado. Este símil me parece adecuado en todas sus partes. Porque, en efecto, sólo podemos hoy contar con lo que España es; por tanto, con sus defectos. El problema no es otro que aprovechar el punto de ataque y sustentación ofrecido por esos defectos para que se corrijan a sí mismos. Esto requiere una solución ingeniosa, del mismo género que la que lleva a la invención de un aparato ortopédico.

Resumiendo:

Primero. La gran reforma española, la única eficiente será la que, al reformar el Estado, se proponga no tanto acicalar a éste como reformar, merced a él, los usos y el carácter de la vida española.

Segundo. La reforma de la vida española no se puede lograr si no es partiendo de los vicios y defectos nacionales, contando con ellos, aprovechándolos. Lo demás es utopía. El rasgo distintivo del arbitrismo consiste en olvidar la existencia del vicio mismo que el arbitrio pretende corregir.

Desde hace un par de siglos, el cuerpo español está colocado en determinada postura. Es evidente que, si se quiere variar los resultados, será ineludible colocarlo en una postura distinta. Verán ustedes cómo esto es lo que muy pocos quieren, a lo que casi nadie se atreve —¡la gran reforma!

III

DEMASIADOS FRENOS

Decía en un artículo anterior que España camina despacio, muy despacio, demasiado despacio, hacia la transformación de su figura histórica. La movilización comienza en 1900. La verdad es que en veintisiete años se podía, se debía haber hecho mucho más. Sin embargo, se ha conseguido algo. Para que un cuerpo se transforme es preciso que primero se ablande. En la blandura manifiesta un sólido desamor a la forma que tenía y su disposición para recibir otra. ¡Bien por esta España blanda que ahora tenemos delante! En el ser vivo, la blandura es síntoma de plasticidad, de aptitud para nuevas conformaciones; por tanto, para una nueva vida. La rigidez, en cambio, es el atributo de los cadáveres. El aficionado a la Historia percibe el cariz de los pueblos moribundos en su endurecimiento progresivo. Se aferran a sus aristas tradicionales. Gran ejemplo, Bizancio: un petrefacto.

Yo no comprendo que las gentes perspicaces de nuestro país no sientan entusiasmo por la situación en que desde hace un cuarto de siglo ha entrado España. Un artista en pueblos se relamería de gusto si le colocasen delante de una materia tan en punto. Porque a un artista en pueblos no le interesa una nación ya hecha, perfecta, magnífica, gloriosa. ¿Qué podría hacer con ella? Lo que desea es una buena pasta humana, fermentada, blanda bajo la mano constructora, bajo los dedos inspirados que emanan formas.

Uno de los signos de la fértil blandura a que se ha llegado es que, por fin, toda España empieza a sentir la necesidad de la reforma. Hace quince años todavía eran muy pocos. Hace treinta, casi nadie. ¿Existe hoy algún grupo nacional que no perciba la inevitabilidad de un cambio importante?

Lo que aún nos separa radicalmente a unos y otros es el sentido en que ha de hacerse la reforma. Y no me refiero a la divergencia anticuada de derechas e izquierdas, de liberales y reaccionarios. Estos antagonismos, supervivientes de otra edad, son, en lo que tienen de respetable, querellas de superficie. La diferencia radical está en creer unos que lo que hay que reformar es el Estado español, y creer otros que con esa reforma no se lograría nada apreciable si la reforma del Estado no se hace con la mira principal y resuelta de reformar el cuerpo de la sociedad española, de la vida nacional en todos sus órdenes.

Pronto se va a ver que esta discrepancia taja verticalmente la obra de derechas e izquierdas. Entre los reformadores del Estado habrá reaccionarios y liberales, como entre los reformadores de la nación se encontrarán tradicionalistas y futuristas. Lo que parece indudable es que los partidarios de la reforma grande, que es la nacional, y no sólo la jurídica, somos todavía pocos.

A nation where the State, the system of institutions, were perfect, but in which society lacked drive, mental clarity, decency, would march badly. On the other hand, a nation whose State were exceedingly defective, but where the people had clear minds, energy, strong appetite for living, enterprising spirit, technical knowledge, etcetera, etcetera, would always keep afloat. Whoever has immersed himself some time in historical reading receives the impression that no State has ever existed that, as such a State, functioned well. In every corner of human chronology complaints are heard against the institutions in force, against politics as practised, against rulers. And even subtracting from that complaint the portion corresponding to the delight of lamenting, innate in man, there always remains an excess of reason for the complaint. This impression is accompanied by the converse one: that in the great epochs of a people what is formidable is always the vitality of the social body, the quantity of capable individuals, the genial seething of a race beneath the crust of its imperfect State.

This means that, in historical reality, the State and all that refers to it represents a superficial stratum in comparison with what happens in the bosoms of society. On what the average man of a country is, on the type of existence he leads, depends the historical level and, in the last resort, the political level of that country.

The case of Spain offers on this point an exemplary evidence. Because one could still explain such or such a momentary fall of a race by the excessive imperfection of its State; but so long a destiny of impairment as the one that has weighed for centuries upon Spain, by all lights declares that the evil is not of the surface and of institutions, but of the subterranean, sub-state roots of the social body, and not of the mere profile that is its State.

With criminal insistence one has always sought to flatter the average Spaniard by pointing out to his hatred this or that ruler, this or that institution, as agents of his malaise. For my part, I consider myself exempt from this which I judge the greatest crime against the fatherland, for being the one that most effectively impedes its restoration. Well knowing the imminent risk —annoyance, unpopularity, remaining at the margin of normal life— I have always howled at my compatriots telling them that of the misfortunes of Spain we are guilty, directly and exclusively, the Spaniards. It is clear that I refer to that part of the misfortunes that does not proceed from capricious fortune or from cosmic factors —climate, land, deviation of the great historical centres and routes (the geography of modern history has been unfavourable to our Peninsula, leaving it outside communication and transit).

All the good will that I put into this does not manage to disarm the force of conviction that this thought exercises upon me: as long as the average type of Spaniard and his ways of life remain the same, it is not lawful to hope that the destiny of Spain will vary. Whoever wants to vary the effects has to modify the causes. Anything else would be magic. And to have faith in magic is, intellectually, an indecency.

Let it not be said that posing things thus is equivalent to making impossible a solid restoration of Spain, because the Spaniard, like each of the other races, has his immutable essence. Here it is not a question of the anthropological essence of the Spaniard, of his ethnic mystery. In that sense no one can with certainty speak of the Spaniard, nor of the Frenchman, nor of the Teuton: it is an indecipherable arcanum. So that it is as arbitrary to say that the Spaniard will always be what he concretely is today, as to deny that he can be still more Spanish by adopting another attitude toward life. Historical experience shows with superabundance that peoples are plastic realities, capable of many transformations. No one would have believed in Shakespeare’s time that two centuries later the Englishman was going to be the prototype of good breeding. (When in The Courtier Castiglione seeks a model of good manners, he hesitates between the French type and the Spanish type, but it does not even occur to him to think of the Anglo-Saxon).

Consequently, those who want another, better Spain have to resolve to modify the repertory of Spanish life, and will judge superficial every reform that is not oriented by such a purpose.

Precisely for this do institutions serve when they are not sought for themselves, expecting everything from their abstract perfection, but are forged from the outset as instruments capable of transforming the usages of collective life and the very character of the average citizen.

The best institution will be the one that most resembles an orthopaedic appliance which, leaning upon defective reality, produces automatically, without vain exterior violence, the rectification of the deviated bone. This simile seems to me adequate in all its parts. Because, in effect, we can only count today on what Spain is; therefore, on its defects. The problem is none other than to take advantage of the point of attack and support offered by those defects so that they correct themselves. This requires an ingenious solution, of the same kind as the one that leads to the invention of an orthopaedic appliance.

To sum up:

First. The great Spanish reform, the only efficient one, will be that which, in reforming the State, proposes not so much to spruce up the latter as to reform, by means of it, the usages and the character of Spanish life.

Second. The reform of Spanish life cannot be achieved unless it starts from the national vices and defects, counting on them, taking advantage of them. The rest is utopia. The distinguishing trait of arbitrism consists in forgetting the existence of the very vice that the arbitrary expedient pretends to correct.

For a couple of centuries, the Spanish body has been placed in a certain posture. It is evident that, if one wants to vary the results, it will be ineluctable to place it in a different posture. You will see how this is what very few want, what almost no one dares —the great reform!

III

TOO MANY BRAKES

I was saying in an earlier article that Spain walks slowly, very slowly, too slowly, toward the transformation of its historical figure. The mobilization begins in 1900. The truth is that in twenty-seven years one could, one should have done much more. Nevertheless, something has been achieved. For a body to transform itself it is necessary that first it soften. In softness it manifests a solid disaffection for the form it had and its disposition to receive another. Good for this soft Spain we now have before us! In the living being, softness is a symptom of plasticity, of aptitude for new conformations; therefore, for a new life. Rigidity, on the other hand, is the attribute of corpses. The devotee of History perceives the cast of dying peoples in their progressive hardening. They cling to their traditional edges. Great example, Byzantium: a petrifact.

I do not understand that the perspicacious people of our country do not feel enthusiasm for the situation into which Spain has entered for a quarter of a century. An artist in peoples would lick his lips with pleasure if one placed before him a matter so much to the point. Because an artist in peoples is not interested in a nation already made, perfect, magnificent, glorious. What could he do with it? What he desires is a good human paste, fermented, soft under the constructing hand, under the inspired fingers that emanate forms.

One of the signs of the fertile softness that has been reached is that, at last, all Spain begins to feel the necessity of the reform. Fifteen years ago they were still very few. Thirty, almost no one. Is there today any national group that does not perceive the inevitability of an important change?

What still separates us radically from one another is the direction in which the reform is to be made. And I do not refer to the antiquated divergence of right and left, of liberals and reactionaries. These antagonisms, survivors of another age, are, in what they have of respectable, quarrels of the surface. The radical difference lies in some believing that what has to be reformed is the Spanish State, and others believing that with that reform nothing appreciable would be achieved if the reform of the State is not made with the principal and resolute aim of reforming the body of Spanish society, of national life in all its orders.

Soon it will be seen that this discrepancy cuts vertically across the work of right and left. Among the reformers of the State there will be reactionaries and liberals, just as among the reformers of the nation traditionalists and futurists will be found. What seems undoubted is that the partisans of the great reform, which is the national one, and not only the juridical one, are still few.

Una nazione dove lo Stato, il sistema delle istituzioni, fosse perfetto, ma in cui la società mancasse di slancio, di chiarezza mentale, di decenza, marcherebbe malamente. In cambio, una nazione il cui Stato fosse oltremodo difettoso, ma dove le genti avessero mente chiara, energia, forte appetito di vivere, spirito intraprendente, sapere tecnico, eccetera, eccetera, si manterrebbe sempre a galla. Chiunque si sia immerso qualche tempo in letture storiche riceve l’impressione che non sia mai esistito uno Stato che, come tale Stato, funzionasse bene. In tutti gli angoli della cronologia umana si odono lamentele contro le istituzioni vigenti, contro la politica al uso, contro i governanti. E anche scontando da questa lamentela la porzione corrispondente alla delizia di lamentarsi, innata nell’uomo, resta sempre un sopravanzo di ragione per la lamentela. A questa impressione accompagna l’inversa: che nelle grandi epoche di un popolo la cosa formidabile è sempre la vitalità del corpo sociale, la quantità di individui capaci, il ribollire geniale di una razza sotto la crosta del suo Stato imperfetto.

Vuol dire questo che, nella realtà storica, lo Stato e quanto ad esso si riferisce rappresenta uno strato superficiale in confronto a ciò che accade nei seni della società. Da ciò che sia l’uomo medio di un paese, dal tipo di esistenza che conduca, dipende il livello storico e, in definitiva, politico di quel paese.

Il caso della Spagna offre in questo punto un’evidenza esemplare. Perché si potrebbe ancora spiegare tale o quale caduta momentanea di una razza con l’eccessiva imperfezione del suo Stato; ma così lungo destino di menomazione come quello che pesa centenariamente sulla Spagna, a tutte luci dichiara che il male non è di superficie e di istituzioni, ma delle radici sotterranee, sub-statali, del corpo sociale, e non del mero profilo che è il suo Stato.

Con criminosa insistenza si è sempre procurato di lusingare lo spagnolo medio additando al suo odio questo o quel governante, questa o quella istituzione, come agenti del suo malessere. Da parte mia, mi considero esente da questo che giudico il maggiore crimine contro la patria, per essere quello che più efficacemente impedisce la sua restaurazione. Ben sapendo il rischio imminente —fastidio, impopolarità, restare al margine della vita normale— ho sempre urlato ai miei compatrioti dicendo loro che delle disgrazie della Spagna abbiamo la colpa, diretta ed esclusivamente, gli spagnoli. Chiaro è che mi riferisco a quella parte delle malaventure che non procedono dalla fortuna capricciosa o da fattori cosmici —clima, terra, deviazione dei grandi centri e rotte storici (la geografia della storia moderna è stata sfavorevole alla nostra Penisola, lasciandola fuori della comunicazione e del transito).

Tutta la buona volontà che ci metto non riesce a disarmare la forza di convinzione che esercita su di me questo pensiero: finché il tipo medio di spagnolo e i suoi modi di vita continuino a essere gli stessi, non è lecito sperare che il destino della Spagna vari. Chi vuole variare gli effetti deve modificare le cause. Altrimenti sarebbe magia. E avere fede nella magia è, intellettualmente, un’indecenza.

Non si dica che impostare le cose così equivale a rendere impossibile una solida restaurazione della Spagna, perché lo spagnolo, come ciascuna delle altre razze, ha la sua essenza immutabile. Qui non si tratta dell’essenza antropologica dello spagnolo, del suo mistero etnico. In quel senso nessuno può con certezza parlare dello spagnolo, né del francese, né del teutone: è un arcano indecifrabile. Di modo che è tanto arbitrario dire che lo spagnolo sarà sempre ciò che concretamente è oggi, quanto negare che possa essere ancora più spagnolo adottando un’altra attitudine di fronte alla vita. L’esperienza storica mostra con sovrabbondanza che i popoli sono realtà plastiche, capaci di molte trasformazioni. Nessuno avrebbe creduto al tempo di Shakespeare che due secoli più tardi l’inglese sarebbe stato il prototipo della buona educazione. (Quando nel Cortegiano cerca Castiglione un modello di buone maniere, esita tra il tipo francese e il tipo spagnolo, ma non gli viene nemmeno in mente di pensare all’anglosassone).

Per conseguenza, quelli che vogliono un’altra Spagna migliore devono risolversi a modificare il repertorio della vita spagnola, e giudicheranno superficiale ogni riforma che non vada orientata da tale proposito.

Precisamente per questo servono le istituzioni quando non le si cerchi per esse stesse, aspettando tutto dalla loro perfezione astratta, ma le si forgia senz’altro come strumenti capaci di trasformare gli usi della vita collettiva e il carattere stesso del cittadino medio.

La migliore istituzione sarà quella che più si assomigli a un apparecchio ortopedico che, appoggiandosi sulla realtà difettosa, produca automaticamente, senza vana violenza esteriore, la rettificazione dell’osso deviato. Questo símile mi sembra adeguato in tutte le sue parti. Perché, in effetti, possiamo oggi contare solo su ciò che la Spagna è; perciò, sui suoi difetti. Il problema non è altro che approfittare del punto di attacco e di sustentazione offerto da quei difetti perché si correggano da sé. Questo richiede una soluzione ingegnosa, dello stesso genere di quella che porta all’invenzione di un apparecchio ortopedico.

Riepilogando:

Primo. La grande riforma spagnola, l’unica efficiente, sarà quella che, riformando lo Stato, si proponga non tanto di rassettare questo quanto di riformare, mercé di esso, gli usi e il carattere della vita spagnola.

Secondo. La riforma della vita spagnola non si può ottenere se non partendo dai vizi e difetti nazionali, contando con essi, approfittandone. Il resto è utopia. Il tratto distintivo dell’arbitrismo consiste nel dimenticare l’esistenza del vizio stesso che l’arbitrio pretende di correggere.

Da un paio di secoli, il corpo spagnolo è collocato in determinata postura. È evidente che, se si vogliono variare i risultati, sarà ineludibile collocarlo in una postura distinta. Vedrete come questo è ciò che pochissimi vogliono, a cui quasi nessuno osa —la grande riforma!

III

TROPPI FRENI

Dicevo in un articolo anteriore che la Spagna cammina adagio, molto adagio, troppo adagio, verso la trasformazione della sua figura storica. La mobilitazione comincia nel 1900. La verità è che in ventisette anni si poteva, si doveva aver fatto molto di più. Tuttavia, si è conseguito qualcosa. Perché un corpo si trasformi è preciso che prima si ammorbidisca. Nella morbidezza manifesta un solido disamore alla forma che aveva e la sua disposizione a riceverne un’altra. Bene per questa Spagna morbida che ora abbiamo dinanzi! Nell’essere vivo, la morbidezza è sintomo di plasticità, di attitudine a nuove conformazioni; perciò, a una nuova vita. La rigidità, in cambio, è l’attributo dei cadaveri. L’appassionato di Storia percepisce il cariz dei popoli moribondi nel loro indurimento progressivo. Si aggrappano ai loro spigoli tradizionali. Grande esempio, Bisanzio: un petrefatto.

Io non comprendo che le genti perspicaci del nostro paese non sentano entusiasmo per la situazione in cui da un quarto di secolo è entrata la Spagna. Un artista in popoli si leccherebbe le labbra di gusto se gli collocassero dinanzi una materia così in punto. Perché a un artista in popoli non interessa una nazione già fatta, perfetta, magnifica, gloriosa. Che potrebbe fare con essa? Ciò che desidera è una buona pasta umana, fermentata, morbida sotto la mano costruttrice, sotto le dita ispirate che emanano forme.

Uno dei segni della fertile morbidezza a cui si è giunti è che, finalmente, tutta la Spagna comincia a sentire la necessità della riforma. Quindici anni fa erano ancora pochissimi. Trenta, quasi nessuno. Esiste oggi qualche gruppo nazionale che non percepisca l’inevitabilità di un cambiamento importante?

Ciò che ancora ci separa radicalmente gli uni dagli altri è il senso in cui deve farsi la riforma. E non mi riferisco alla divergenza antiquata di destre e sinistre, di liberali e reazionari. Questi antagonismi, sopravvissuti di un’altra età, sono, in ciò che hanno di rispettabile, querele di superficie. La differenza radicale sta nel credere gli uni che ciò che bisogna riformare è lo Stato spagnolo, e credere gli altri che con quella riforma non si otterrebbe nulla di apprezzabile se la riforma dello Stato non si fa con la mira principale e risoluta di riformare il corpo della società spagnola, della vita nazionale in tutti i suoi ordini.

Presto si vedrà che questa discrepanza taglia verticalmente l’opera di destre e sinistre. Tra i riformatori dello Stato ci saranno reazionari e liberali, come tra i riformatori della nazione si troveranno tradizionalisti e futuristi. Ciò che sembra indubbio è che i partigiani della riforma grande, che è la nazionale, e non solo la giuridica, siamo ancora pochi.

Aunque dejemos a un lado las gentes que al pensar en una modificación de las instituciones van orientadas exclusivamente por su interés, por las ventajas o estorbos que esos nuevos poderes traigan para ellas, queda todavía una gran masa de personas desinteresadas que tiemblan ante toda reforma profunda. ¿Por qué? Porque, a pesar de su buena voluntad, sigue actuando en ella el vicio inveterado que ha detenido siempre la historia de España: el terror a lo nuevo. Así como en otras razas lo nuevo, simplemente por serlo, suscita entusiasmo, a veces hasta el prurito y la frivolidad, entre nosotros provoca automáticamente desconfianza.

Si ante los ojos de personas tales —a veces excelentes y de noble intención— se delinea el esquema de una gran reforma, la imagen que ven, por fuerza muy distinta de la tradicional, las aterra. Las aterra porque de aquella institución proyectada ven sólo los peligros.

Con semejante propensión no se puede intentar nada. El español es el hombre más cauteloso que existe —en lo político como en lo privado. Por eso es el que en los últimos tiempos ha emprendido menos cosas. Más de una vez he hecho notar que lo característico de nuestra nación no es que en ella fracasen más cosas que en las demás, sino que se emprenden muchas menos —menos inventos, menos negocios, menos campañas políticas, menos formas de arte, menos ideas, menos amores, menos diversiones. Si se pudiera sacar el tanto por ciento de las empresas fallidas en Inglaterra o en Francia, se vería que es una cifra fabulosamente mayor que en España.

Un estado de espíritu correcto se hace cargo de que todo en el mundo ofrece sus peligros anejos. Es forzoso, pues, descontar que toda reforma es peligrosa, y el que lo sea no justifica la renuncia a ella. Entre otras razones, porque es mucho más peligroso no reformar cuando a todas luces parece necesario. La cuestión está en sopesar peligros y beneficios, como hace el hombre discreto y activo en su existencia cotidiana.

Por desgracia, en nuestro país el principio de evitar los peligros ha imperado desde hace muchas generaciones. Y acaece que en ninguna otra nación podría producir efectos tan nocivos.

La razón es ésta: la vida saludable de un pueblo supone que su enorme cuerpo posea a la vez estabilidad y movilidad. Si una raza es demasiado inquieta, se pulveriza. Pero si es demasiado estadiza, se anquilosa. Algunos pueblos centro y sudamericanos son ejemplo de lo primero. España es el modelo de lo segundo. Tiene que haber en el volumen nacional un buen sistema de equilibrio; pero, se entiende, de equilibrio en el movimiento. Se puede pecar también de exceso de quietud. Entonces queda frenada la vida pública; es decir, se para.

Por esta razón no se puede acertar en política si no se conoce bien la psicología de la raza sobre que se actúa. ¿Se trata de un pueblo superinquieto o de un pueblo cuyas almas tienden por sí a la inercia, a la estabilización? Uno y otro necesitarán, sólo por esta diferencia, instituciones distintas.

Porque cada tipo de institución lleva en sí, cualquiera que sea la nación a que se aplique, una tendencia hacia la inquietud o hacia el refrenamiento. Así, la República es por sí misma una institución inquieta. La Monarquía, por el contrario, es una institución-freno. Hablo ahora en puro teorema y por vía de ejemplo. Pero es evidente que si sobre una raza propensa superlativamente a la inercia acumulamos instituciones frenadoras, habremos cometido la mayor equivocación. Lo discreto es compensar el exceso de quietud innato introduciendo algunas instituciones de tipo incitador.

Con lo dicho no pretendo dirimir el complicado problema República-Monarquía. La decisión en pro de una y otra forma gubernamental depende de muchos factores, además del que ahora apunto. Lo importante es que en el sistema completo de instituciones se obtenga una acertada ecuación entre los frenos y los impulsos.

Porque no puede dudarse que —al menos, dentro de Europa— no existe ningún pueblo cuyas almas vengan a la existencia más cargadas de frenos que el nuestro.

… No ya en la vida pública, sino en lo privado. El español produce la impresión de un hombre entablillado. Basta brincar al otro lado de la frontera y ver cómo allí cada individuo, hombre o mujer, va resuelto, audaz, enardecido, a lo que su alma o su cuerpo le piden —sea placer, sea creación, sea creencia, sea ambición. Tan evidente es la diferencia, que el francés, o el italiano, o el sajón, nos parecen impudorosos, «desenfrenados». Solemos decir que «no tienen temor al ridículo». ¿Se ha pensado sobre lo que significa la hiperestesia para el ridículo del buen compatriota nuestro? Es que está siempre sobre sí, que no se abandona, que lleva empuñado el freno y reprime la expansión de su ser íntimo.

En el área política, la cosa es aún más clara. España es un pueblo morbosamente inerte en vida pública. Es el único europeo que no ha hecho nunca una auténtica revolución. Permítaseme no involucrar en este momento lo que yo piense, en general, sobre las revoluciones. No lo podría decir con alguna precisión en pocas palabras. (Véase mi ensayo «El ocaso de las revoluciones», en el libro El tema de nuestro tiempo). Sólo diré, para no perturbar el sentido de lo que ahora me importa, que no tengo simpatía ninguna por ellas. Pero sería una tontería negar que toda raza normal llega a cierta época de su historia en que hace su revolución. La revolución es el síntoma de la gran capacidad de inquietud. Yo no quiero —y menos a destiempo, es decir, en el siglo XX— una revolución para España. Dejémonos de revolucioncitas. Mas, al propio tiempo, notemos con toda claridad el significado grave de su ausencia en el pretérito. Un país sin revoluciones es un pueblo que lleva en su interior demasiados frenos.

Lo más tragicómico de nuestro pasado es que se han forjado siempre las Constituciones con la idea fija de evitar la revolución en España. ¡Frenos, más frenos! —al paralítico.

IV

LA CONQUISTA DEL NIVEL

El tono en que suena la política —lo mismo en el metal de los gobernantes que en los violoncellos de la oposición— hace pensar que las personas directoras de la vida española —repito: lo mismo Gobierno que oposición— no tienen conciencia clara de la magnífica coyuntura ofrecida a su actividad por el Destino. Unos y otros aspiran sólo a arreglar la situación presente, y aunque el arreglo a que aspiran sea muy distinto, según los unos y según los otros, ambos coinciden en contentarse con un arreglo. De este modo, la solución que España espera, aunque logre ser correcta, será irremediablemente triste. Triste es toda solución que se limita a cancelar un pasado sin planear en forma positiva y no vaga un porvenir. La alegría es la emoción matinal por excelencia. Un pueblo sólo puede sentirse alegre si se le sugiere la impresión de que está viviendo una mañana, la juventud de un día, la iniciación de una época, la partida para una hazaña.

Yo no veo por parte ninguna destellos siquiera de una amplia visión futurista, de un gran proyecto nacional capaz de movilizarnos a los españoles. Seguimos en lo de siempre: se disputa sobre formas del Estado, como tal y sin más; pero no se nos insinúa qué vamos a hacer con ese Estado, qué gran tarea histórica —grande relativamente a nuestras posibilidades— debemos emprender. Han sido nombrados unos decemviri legibus scribundis para que redacten un proyecto de Constitución. Estoy convencido de la buena fe con que trabajan y urden su jurídico tapiz. Pero la buena fe no basta para hacer una buena Constitución. Es menester, además, tener fe en algún destino nacional. El Estado, a fuer de instrumento, sólo es bueno cuando es bueno para una finalidad determinada, cuando anticipa y prepara cierto tipo de vida histórica. Ahora bien: no hay vida histórica cuando no existe una empresa colectiva propuesta a la masa ciudadana que oriente y organice su pululación multitudinaria.

Por esta razón insisto en que no tiene sentido elucubrar una reforma del Estado que no vaya inspirada y nutrida por el afán de reformar la sociedad. (Alguien ha malentendido esta reforma de la sociedad como una reforma de las costumbres —¿Que la gente se acueste temprano? ¿Que no lea después de comer? ¿Que no practique el adulterio?) Hablando en serio, hacer una Constitución para España es, y debe ser, preformar todo el futuro de España. Si no es esto, no es nada.

Buena parte de las dificultades sobrevenidas en los últimos veinte años proceden de la desmoralización en que por fuerza ha caído el pueblo español desde hace muchas generaciones. Es la desmoralización de quien no tiene nada que hacer. En la vida privada necesitamos una tarea que nos la organice. En la convivencia pública, lo mismo; sólo que en ella la tarea tiene a su vez que ser pública.

Even if we set aside the people who, when thinking of a modification of the institutions, are oriented exclusively by their interest, by the advantages or impediments that those new powers may bring to them, there still remains a great mass of disinterested persons who tremble before every profound reform. Why? Because, in spite of their good will, there continues to act in them the inveterate vice that has always arrested the history of Spain: the terror of the new. Just as in other races the new, simply by being such, arouses enthusiasm, sometimes even to the itch and frivolity, among us it automatically provokes distrust.

If before the eyes of such persons —sometimes excellent and of noble intention— the schema of a great reform is outlined, the image they see, necessarily very different from the traditional one, terrifies them. It terrifies them because of that projected institution they see only the dangers.

With such a propensity nothing can be attempted. The Spaniard is the most cautious man that exists —in the political as in the private. That is why he is the one who in recent times has undertaken fewer things. More than once I have noted that the characteristic of our nation is not that more things fail in it than in others, but that much fewer are undertaken —fewer inventions, fewer businesses, fewer political campaigns, fewer forms of art, fewer ideas, fewer loves, fewer amusements. If one could extract the percentage of failed enterprises in England or in France, it would be seen to be a fabulously larger figure than in Spain.

A correct state of mind realizes that everything in the world offers its attendant dangers. It is necessary, then, to discount that every reform is dangerous, and that it be so does not justify renouncing it. Among other reasons, because it is much more dangerous not to reform when it seems necessary by all lights. The question is in weighing dangers and benefits, as the discreet and active man does in his daily existence.

Unfortunately, in our country the principle of avoiding dangers has prevailed for many generations. And it happens that in no other nation could it produce such harmful effects.

The reason is this: the healthy life of a people supposes that its enormous body possess at once stability and mobility. If a race is too restless, it pulverizes itself. But if it is too stationary, it becomes ankylosed. Some Central and South American peoples are an example of the former. Spain is the model of the latter. There must be in the national volume a good system of equilibrium; but, it is understood, of equilibrium in movement. One can also sin by excess of quiet. Then public life remains braked; that is, it stops.

For this reason one cannot hit the mark in politics unless one knows well the psychology of the race upon which one acts. Is it a question of an over-restless people or of a people whose souls tend by themselves to inertia, to stabilization? Each of the two will need, only for this difference, distinct institutions.

Because each type of institution carries in itself, whatever the nation to which it is applied, a tendency toward restlessness or toward braking. Thus, the Republic is in itself a restless institution. The Monarchy, on the contrary, is an institution-brake. I speak now in pure theorem and by way of example. But it is evident that if upon a race superlatively prone to inertia we pile up braking institutions, we shall have committed the greatest error. The discreet thing is to compensate the innate excess of quiet by introducing some institutions of an inciting type.

With what I have said I do not pretend to settle the complicated problem Republic-Monarchy. The decision in favour of one and the other governmental form depends on many factors, besides the one I now point out. The important thing is that in the complete system of institutions a well-aimed equation be obtained between the brakes and the impulses.

Because it cannot be doubted that —at least, within Europe— no people exists whose souls come into existence more laden with brakes than ours.

… Not only in public life, but in private. The Spaniard produces the impression of a man in splints. It is enough to jump to the other side of the frontier and see how there each individual, man or woman, goes resolute, bold, fired up, to what his soul or his body asks of him —be it pleasure, be it creation, be it belief, be it ambition. So evident is the difference that the Frenchman, or the Italian, or the Saxon, seems to us shameless, ‘unbridled’. We are wont to say that they ‘have no fear of ridicule’. Has one thought about what the hyperaesthesia for the ridiculous of our good compatriot means? It is that he is always upon himself, that he does not abandon himself, that he keeps the brake gripped and represses the expansion of his intimate being.

In the political area, the thing is even clearer. Spain is a morbidly inert people in public life. It is the only European that has never made an authentic revolution. Let me be allowed not to involve at this moment what I think, in general, about revolutions. I could not say it with any precision in a few words. (See my essay ‘The Twilight of the Revolutions’, in the book The Modern Theme). I shall only say, so as not to disturb the sense of what now matters to me, that I have no sympathy whatever for them. But it would be a stupidity to deny that every normal race arrives at a certain epoch of its history in which it makes its revolution. The revolution is the symptom of the great capacity for restlessness. I do not want —and less at the wrong time, that is, in the twentieth century— a revolution for Spain. Let us forget about little revolutions. But, at the same time, let us note with all clarity the grave meaning of its absence in the past. A country without revolutions is a people that carries inside itself too many brakes.

The most tragicomic thing in our past is that the Constitutions have always been forged with the fixed idea of avoiding revolution in Spain. Brakes, more brakes! —for the paralytic.

IV

THE CONQUEST OF THE LEVEL

The tone in which politics sounds —alike in the metal of the rulers and in the cellos of the opposition— makes one think that the persons directing Spanish life —I repeat: Government as much as opposition— do not have clear consciousness of the magnificent juncture offered to their activity by Destiny. Both only aspire to fix up the present situation, and although the fixing-up they aspire to be very different, according to one side and the other, both coincide in being content with a fixing-up. In this mode, the solution that Spain awaits, even if it manages to be correct, will be irremediably sad. Sad is every solution that limits itself to cancelling a past without planning, in a positive and not vague form, a future. Joy is the matutinal emotion par excellence. A people can only feel joyful if one suggests to it the impression that it is living a morning, the youth of a day, the initiation of an epoch, the departure for a feat.

I do not see on any side even sparks of a broad futurist vision, of a great national project capable of mobilizing us Spaniards. We continue in the usual: one disputes over forms of the State, as such and no more; but it is not suggested to us what we are going to do with that State, what great historical task —great relatively to our possibilities— we must undertake. Some decemviri legibus scribundis have been appointed to draft a project of Constitution. I am convinced of the good faith with which they work and weave their juridical tapestry. But good faith is not enough to make a good Constitution. It is necessary, moreover, to have faith in some national destiny. The State, being an instrument, is only good when it is good for a determinate end, when it anticipates and prepares a certain type of historical life. Now: there is no historical life when there does not exist a collective enterprise proposed to the citizen mass that orients and organizes its multitudinous pullulation.

For this reason I insist that it makes no sense to elaborate a reform of the State that is not inspired and nourished by the urge to reform society. (Someone has misunderstood this reform of society as a reform of customs —that people go to bed early? That they not read after eating? That they not practise adultery?) Speaking seriously, making a Constitution for Spain is, and must be, preforming the whole future of Spain. If it is not this, it is nothing.

A good part of the difficulties that have arisen in the last twenty years proceed from the demoralization into which the Spanish people has necessarily fallen for many generations. It is the demoralization of him who has nothing to do. In private life we need a task that organizes it for us. In public coexistence, the same; only that in it the task has in turn to be public.

Anche se lasciamo da parte le genti che, pensando a una modificazione delle istituzioni, vanno orientate esclusivamente dal loro interesse, dai vantaggi o dagli ostacoli che quei nuovi poteri portino a loro, resta ancora una grande massa di persone disinteressate che tremano dinanzi a ogni riforma profonda. Perché? Perché, a dispetto della loro buona volontà, segue agendo in loro il vizio inveterato che ha sempre trattenuto la storia della Spagna: il terrore al nuovo. Così come in altre razze il nuovo, semplicemente per essere tale, suscita entusiasmo, a volte fino al prurito e alla frivolità, tra noi provoca automaticamente diffidenza.

Se dinanzi agli occhi di persone siffatte —a volte eccellenti e di nobile intenzione— si delinea lo schema di una grande riforma, l’immagine che vedono, per forza molto distinta dalla tradizionale, le atterrisce. Le atterrisce perché di quella istituzione progettata vedono solo i pericoli.

Con simile propensione non si può tentare nulla. Lo spagnolo è l’uomo più cauto che esista —nel politico come nel privato. Per questo è quello che negli ultimi tempi ha intrapreso meno cose. Più di una volta ho fatto notare che la cosa caratteristica della nostra nazione non è che in essa falliscano più cose che nelle altre, ma che se ne intraprendono molte meno —meno invenzioni, meno affari, meno campagne politiche, meno forme d’arte, meno idee, meno amori, meno divertimenti. Se si potesse trarre la percentuale delle imprese fallite in Inghilterra o in Francia, si vedrebbe che è una cifra favolosamente maggiore che in Spagna.

Un stato di spirito corretto si rende conto che tutto nel mondo offre i suoi pericoli annessi. È forzoso, dunque, scontare che ogni riforma è pericolosa, e che lo sia non giustifica la rinuncia ad essa. Tra le altre ragioni, perché è molto più pericoloso non riformare quando a tutte luci sembra necessario. La questione sta nel soppesare pericoli e benefici, come fa l’uomo discreto e attivo nella sua esistenza quotidiana.

Per disgrazia, nel nostro paese il principio di evitare i pericoli ha imperato da molte generazioni. E accade che in nessun’altra nazione potrebbe produrre effetti tanto nocivi.

La ragione è questa: la vita sana di un popolo suppone che il suo enorme corpo possieda insieme stabilità e mobilità. Se una razza è troppo inquieta, si polverizza. Ma se è troppo stazionaria, si anchilosa. Alcuni popoli centro e sudamericani sono esempio della prima cosa. La Spagna è il modello della seconda. Ci dev’essere nel volume nazionale un buon sistema di equilibrio; ma, s’intende, di equilibrio nel movimento. Si può peccare anche di eccesso di quiete. Allora resta frenata la vita pubblica; cioè, si ferma.

Per questa ragione non si può indovinare in politica se non si conosce bene la psicologia della razza su cui si agisce. Si tratta di un popolo superinquieto o di un popolo le cui anime tendono da sé all’inerzia, alla stabilizzazione? L’uno e l’altro avranno bisogno, solo per questa differenza, di istituzioni distinte.

Perché ogni tipo di istituzione porta in sé, qualunque sia la nazione a cui si applichi, una tendenza verso l’inquietudine o verso il refrenamento. Così, la Repubblica è da sé una istituzione inquieta. La Monarchia, al contrario, è un’istituzione-freno. Parlo ora in puro teorema e per via di esempio. Ma è evidente che se su una razza propensa superlativamente all’inerzia accumuliamo istituzioni frenatrici, avremo commesso il maggiore sbaglio. La cosa discreta è compensare l’eccesso di quiete innato introducendo alcune istituzioni di tipo incitatore.

Con quanto detto non pretendo dirimere il complicato problema Repubblica-Monarchia. La decisione in pro dell’una e dell’altra forma governamentale dipende da molti fattori, oltre a quello che ora accenno. L’importante è che nel sistema completo di istituzioni si ottenga una azzeccata equazione tra i freni e gli impulsi.

Perché non si può dubitare che —almeno, dentro l’Europa— non esista alcun popolo le cui anime vengano all’esistenza più cariche di freni del nostro.

… Non già nella vita pubblica, ma nel privato. Lo spagnolo produce l’impressione di un uomo intavolato. Basta balzare all’altro lato della frontiera e vedere come lì ogni individuo, uomo o donna, va risoluto, audace, infervorato, a ciò che la sua anima o il suo corpo gli chiedono —sia piacere, sia creazione, sia credenza, sia ambizione. Tanto evidente è la differenza, che il francese, o l’italiano, o il sassone, ci sembrano impudorati, «sfrenati». Sogliamo dire che «non hanno timore al ridicolo». Si è pensato su ciò che significa l’iperestesia per il ridicolo del buon compatriota nostro? È che è sempre su di sé, non si abbandona, porta impugnato il freno e reprime l’espansione del suo essere intimo.

Nell’area politica, la cosa è ancora più chiara. La Spagna è un popolo morbosamente inerte in vita pubblica. È l’unico europeo che non ha mai fatto un’autentica rivoluzione. Permettetemi di non implicare in questo momento ciò che io pensi, in generale, sulle rivoluzioni. Non lo potrei dire con qualche precisione in poche parole. (Vedi il mio saggio «Il tramonto delle rivoluzioni», nel libro Il tema del nostro tempo). Dirò solo, per non turbare il senso di ciò che ora mi importa, che non ho simpatia alcuna per esse. Ma sarebbe una sciocchezza negare che ogni razza normale giunge a certa epoca della sua storia in cui fa la sua rivoluzione. La rivoluzione è il sintomo della grande capacità di inquietudine. Io non voglio —e meno a sproposito, cioè, nel XX secolo— una rivoluzione per la Spagna. Lasciamo stare le rivoluzioncine. Ma, al tempo stesso, notiamo con tutta chiarezza il significato grave della sua assenza nel pretérito. Un paese senza rivoluzioni è un popolo che porta nel suo interno troppi freni.

La cosa più tragicomica del nostro passato è che si sono sempre forgiate le Costituzioni con l’idea fissa di evitare la rivoluzione in Spagna. Freni, più freni! —al paralitico.

IV

LA CONQUISTA DEL LIVELLO

Il tono in cui suona la politica —lo stesso nel metallo dei governanti che nei violoncelli dell’opposizione— fa pensare che le persone direttrici della vita spagnola —ripeto: tanto il Governo quanto l’opposizione— non abbiano coscienza chiara della magnifica congiuntura offerta alla loro attività dal Destino. Gli uni e gli altri aspirano solo ad accomodare la situazione presente, e anche se l’accomodamento a cui aspirano sia molto distinto, secondo gli uni e secondo gli altri, entrambi coincidono nell’accontentarsi di un accomodamento. In questo modo, la soluzione che la Spagna attende, anche se riesce a essere corretta, sarà irrimediabilmente triste. Triste è ogni soluzione che si limita a cancellare un passato senza progettare in forma positiva e non vaga un avvenire. L’allegria è l’emozione mattinale per eccellenza. Un popolo può solo sentirsi allegro se gli si suggerisce l’impressione di star vivendo un mattino, la giovinezza di un giorno, l’iniziazione di un’epoca, la partenza per un’impresa.

Io non vedo da parte alcuna neppure scintille di un’ampia visione futurista, di un grande progetto nazionale capace di mobilitarci agli spagnoli. Continuiamo in quello di sempre: si disputa sulle forme dello Stato, come tale e senza più; ma non ci si insinua che cosa faremo con quello Stato, quale grande compito storico —grande relativamente alle nostre possibilità— dobbiamo intraprendere. Sono stati nominati alcuni decemviri legibus scribundis perché redigano un progetto di Costituzione. Sono convinto della buona fede con cui lavorano e ordisono il loro giuridico tappeto. Ma la buona fede non basta per fare una buona Costituzione. È mestiere, inoltre, avere fede in qualche destino nazionale. Lo Stato, in quanto strumento, è buono solo quando è buono per una finalità determinata, quando anticipa e prepara un certo tipo di vita storica. Ora: non c’è vita storica quando non esiste un’impresa collettiva proposta alla massa cittadina che orienti e organizzi la sua pullulazione moltitudinaria.

Per questa ragione insisto che non ha senso elucubrare una riforma dello Stato che non vada ispirata e nutrita dall’affanno di riformare la società. (Qualcuno ha frainteso questa riforma della società come una riforma dei costumi —che la gente si corichi presto? Che non legga dopo mangiato? Che non pratichi l’adulterio?) Parlando sul serio, fare una Costituzione per la Spagna è, e deve essere, preformare tutto il futuro della Spagna. Se non è questo, non è nulla.

Buona parte delle difficoltà sopravvenute negli ultimi vent’anni procedono dalla demoralizzazione in cui per forza è caduto il popolo spagnolo da molte generazioni. È la demoralizzazione di chi non ha nulla da fare. Nella vita privata abbiamo bisogno di un compito che ce la organizzi. Nella convivenza pubblica, lo stesso; solo che in essa il compito ha a sua volta da essere pubblico.

Todo esto parece mero vocabulario. Y es el caso que enuncia un hecho sencillo y evidente, que salta a la vista en cuanto pasamos las fronteras. No se trata de nada vago y utópico. La inmensa mayoría de los franceses vive preocupada, no sólo de sus afanes privados y cotidianos, sino que en una porción de su espíritu existe la conciencia de lo que Francia, como entidad colectiva, tiene que hacer, de la gran tarea francesa. En la hora presente, esta tarea es muy problemática, muy dolorosa; el destino francés es oscuro. Pero la enorme muchedumbre de franceses vive concentrada en esa preocupación, y sus diferentes grupos se diferencian precisamente en la manera de interpretar ese destino histórico de Francia. Lo que parece ilusorio es querer que un pueblo viva colectivamente sin un tema o proyecto de empresa histórica.

Cuando éste falta, no puede ir bien nada, ni siquiera la máquina del Estado como tal; es decir, gobernación y política. Por mil razones; pero, ante todo, por una muy sencilla. Una política que no contiene un proyecto de grandes realizaciones históricas queda reducida a la cuestión formal de gobernar en el sentido menor del vocablo, a la cuestión de ejercer el Poder público. No se trata de hacer obra con él, sino, simplemente, de complacerse en ejercerlo. Esto elimina automáticamente de la política a todos los hombres de calidad superior. No se le dé vueltas: de calidad superior sólo es el hombre que se siente irresistiblemente atraído por la delicia de creaciones objetivas. No le divierte más que eso. Va a la ciencia porque siente una voluptuosidad indecible en pensar sobre tal o cual problema teórico y hallar su solución. Va a las letras o a la industria por una necesidad ineludible de crear, de producir, de hacer cosas que se tengan en pie. El hombre inferior no siente esta inexorable atracción hacia lo objetivo, sino que piensa sólo en su persona. Si va a la ciencia, a la industria, no es a crear por crear, sino a fingir la creación para figurar él. Pues bien: una política sin tarea de creación histórica elimina a todo el que no sea puramente un ambicioso. La ambición por excelencia es la del poder. Quiere poder, no quiere hacer. Siempre en la política predominarán los ambiciosos; y cuando ha sido siempre así, alguna razón habrá. Pero lo importante es que la política atraiga también a gentes que no son ambiciosas o que no lo son exclusivamente. La fecundidad de aquélla depende de la porción de hombres creadores que sepa enrolar en su servicio.

El alejamiento de la política en que viven muchos españoles óptimos no tiene otro origen que la inanidad de los programas. Sólo se les puede atraer si se les propone una tarea de efectiva creación. Otra cosa no los divierte.

Es bochornoso que durante tanto tiempo haya sido imposible en España reclamar para la acción política una perspectiva histórica. La generación que ha gobernado en los últimos decenios carecía por completo de órgano para percibir esta verdad tan obvia, y, como siempre que no se entiende una cosa, consideraba a quien la enunciase como un lunático. No creo que hoy las clases directoras vean las cosas más claramente que ayer. Aún es preciso perder tiempo en razonar tan sencillo pensamiento. Sin embargo, la reflexión que no han puesto las personas han venido a proporcionarla brutalmente los hechos. La crisis interior de España y la exterior del mundo europeo nos imponen la necesidad de movilizarnos, de emprender ruta nueva. Y no se puede echar a andar sin levantar los ojos y elegir en el espacio una orientación que dé a nuestros pasos trayectoria. Esta experiencia íntima que los hechos han decantado en todo ciudadano medianamente despierto, le dispone a no considerar tan ridícula esta exigencia de un proyecto de vida histórica, como condición de toda reforma política.

Ni hay que echar un pregón para que se encuentre ese proyecto de vida histórica. Basta con volver la vista a la realidad nacional y enfrontarla con la situación del mundo. Nadie es tan ciego que no vea por todas partes la germinación de grandes cambios. En nuestro ámbito europeo, por razones internas y por la presión de otros continentes, se está dislocando el sistema de fuerzas nacionales y aun el tipo mismo de vida que tradicionalmente dominaba. Una nueva organización de las naciones y un nuevo tipo de hombre medio se preparan dondequiera. La batalla, que, cruenta o sin sangre —guerra o concurrencia—, constituye la Historia, se sitúa en un nivel de existencia más alto que el del siglo último.

El lector podrá pensar lo que quiera sobre cuál sea el sentido de esa lucha y quién el probable triunfante —el lector puede ser «derechista» o «izquierdista». Mas, cualquiera que sea su mano, reconocerá que el combate se va a dar en una altura determinada de técnicas, de dotes, de potencialidades. En toda contienda, el ejército mejor dotado marca el nivel sobre el cual se va a pelear. Quien no posea esas dotes medias está, de antemano, excluido del certamen. En la conciencia pública europea existe ya muy clara la sospecha de que el tipo medio del europeo actual se halla un poco por debajo de aquel nivel. La impresión de haber dejado de ser el marcador del nivel mundial es el hecho más importante y grave del alma europea en nuestros días.

Yo no puedo creer que quien perciba ese inquietísimo panorama y vuelva luego los ojos a nuestra nación y se ponga bien delante el español medio, el buen labriego tosco, indotado, lleno de prejuicios arcaicos, sin movilidad, sin técnicas contemporáneas, sin espíritu emprendedor, etcétera, etcétera, no quede aterrado. La distancia entre el tipo de hombre que va a dar la medida media del concurso o lucha histórica y el tipo de hombre español es tal, que automáticamente se incorpora en el espíritu esta enérgica convicción: España tiene que conquistar el nivel medio de la vida humana en la fecha que vivimos. Y ser de la derecha o ser de la izquierda no puede servir de pretexto para desconocer la urgencia de esa tarea, primer capítulo, postulado de nuestro porvenir histórico.

Una Constitución que, muy positiva y deliberadamente, no contribuya por su propio mecanismo a la conquista de ese nivel, es decir, a la creación de un tipo de español medio, menos anacrónico, más de 1928, ¿puede servirnos de algo?

V

PRIMERO, LAS PROVINCIAS

Cuando he dicho que la política ha de tener una perspectiva histórica, no he dicho, claro está, lo que quería decir y lo que esas palabras significan. No sabe uno nunca cuándo ha dicho, en efecto, lo que pretendía decir. Porque decir es aspirar a ser entendido, y esto ya no depende sólo de uno, sino también del prójimo.

Las frases pueden ser entendidas de dos maneras: de una manera vaga, lacia, boba, y entonces todas las frases no dicen más que tonterías, o bien de una manera apretada, rigorosa, y entonces rezuman siempre un sentido interesante.

Que la política haya de tener una perspectiva histórica es entendido por algunos lectores de esta suerte: hagamos una política, y luego añadámosle una orla o nimbo, más o menos retóricos de exaltación patriótica; hablemos vagamente de los destinos de España, de que «es preciso hacer patria», de los deberes ciudadanos, de la cultura, de idealismo público, etcétera, etcétera. Entendida así, es aquella frase una exquisita necedad. Aquí se trata precisamente de esquivar todo «idealismo», así individual como colectivo. Por dos grandes razones: la primera es que, probablemente, cuanto se ha llamado «idealismo» era una forma falsa, hipócrita, cuando menos manca, de la espiritualidad; la segunda es que, si no fuera verdad esa primera razón y hubiésemos de reconocer en el idealismo una magnífica virtud, estaríamos más obligados que nunca a eliminarla de nuestra cuenta. Porque no podemos exigir al prójimo que sea virtuoso; sólo podemos exigirle que no sea vicioso. Y esto, que es cierto en los demás órdenes de la vida, lo es mucho más en la política. Fuera cómico que cuando se trata de hacer mejores a los españoles comenzásemos por exigirles que lo fueran y encabezásemos la Constitución como se hizo en uno de los proyectos empollados por los convencionales: «Artículo primero. Todos los franceses serán felices». La política es el arte de conseguir sin violencia lo que nos es rehusado. Si desde luego nos otorgan lo que deseamos, huelga la política. Ésta deberá partir, en nuestro caso, del siguiente supuesto: la mayoría de los españoles no tiene empeño alguno en mejorar de substancia. Sólo lo que se funde en este supuesto tendrá garantías de solidez.

All this seems mere vocabulary. And it is the case that it enunciates a simple and evident fact, which leaps to the eye as soon as we cross the frontiers. It is not a question of anything vague and utopian. The immense majority of the French live preoccupied, not only with their private and daily cares, but that in a portion of their spirit there exists the consciousness of what France, as a collective entity, has to do, of the great French task. At the present hour, this task is very problematical, very painful; the French destiny is obscure. But the enormous multitude of Frenchmen lives concentrated in that preoccupation, and its different groups differ precisely in the way of interpreting that historical destiny of France. What seems illusory is to want a people to live collectively without a theme or project of historical enterprise.

When this is lacking, nothing can go well, not even the machine of the State as such; that is, government and politics. For a thousand reasons; but, above all, for a very simple one. A politics that does not contain a project of great historical realizations is reduced to the formal question of governing in the lesser sense of the word, to the question of exercising public Power. It is not a question of doing work with it, but, simply, of taking pleasure in exercising it. This automatically eliminates from politics all men of superior quality. Let there be no turning about it: of superior quality is only the man who feels himself irresistibly attracted by the delight of objective creations. Nothing else amuses him. He goes to science because he feels an ineffable voluptuousness in thinking upon this or that theoretical problem and finding its solution. He goes to letters or to industry out of an ineluctable need to create, to produce, to make things that stand on their own feet. The inferior man does not feel this inexorable attraction toward the objective, but thinks only of his person. If he goes to science, to industry, it is not to create for creating’s sake, but to feign creation in order that he himself may figure. Well then: a politics without a task of historical creation eliminates everyone who is not purely an ambitious man. Ambition par excellence is that of power. He wants power, he does not want to do. Always in politics the ambitious will predominate; and when it has always been so, some reason there will be. But the important thing is that politics also attract people who are not ambitious or who are not exclusively so. Its fecundity depends on the portion of creative men it knows how to enlist in its service.

The estrangement from politics in which many excellent Spaniards live has no other origin than the inanity of the programmes. They can only be attracted if one proposes to them a task of effective creation. Anything else does not amuse them.

It is shameful that for so long it has been impossible in Spain to claim for political action a historical perspective. The generation that has governed in the last decades completely lacked the organ to perceive this so obvious truth, and, as always happens when one does not understand a thing, considered whoever enunciated it a lunatic. I do not believe that today the directing classes see things more clearly than yesterday. It is still necessary to waste time reasoning out so simple a thought. However, the reflection that persons have not supplied has come to be brutally provided by the facts. The interior crisis of Spain and the exterior one of the European world impose on us the necessity of mobilizing ourselves, of undertaking a new route. And one cannot begin to walk without lifting one’s eyes and choosing in space an orientation that gives our steps a trajectory. This intimate experience that the facts have decanted in every moderately awake citizen disposes him not to consider so ridiculous this demand for a project of historical life, as a condition of every political reform.

Nor is there need of a proclamation to find that project of historical life. It is enough to turn one’s gaze to national reality and confront it with the situation of the world. No one is so blind as not to see on all sides the germination of great changes. In our European ambit, for internal reasons and by the pressure of other continents, the system of national forces is being dislocated, and even the very type of life that traditionally dominated. A new organization of the nations and a new type of average man are being prepared everywhere. The battle, which, bloody or bloodless —war or competition—, constitutes History, is situated at a level of existence higher than that of the last century.

The reader may think what he wishes about what the sense of that struggle may be and who the probable victor —the reader may be ‘rightist’ or ‘leftist’. But, whatever his side, he will recognize that the combat is going to be given at a determinate altitude of techniques, of gifts, of potentialities. In every contest, the better endowed army marks the level upon which one is going to fight. Whoever does not possess those average gifts is, in advance, excluded from the contest. In the European public consciousness there already exists, very clear, the suspicion that the average type of the present-day European is a little below that level. The impression of having ceased to be the marker of the world level is the most important and grave fact of the European soul in our days.

I cannot believe that whoever perceives that most restless panorama and then turns his eyes to our nation and sets well before himself the average Spaniard, the good coarse peasant, unequipped, full of archaic prejudices, without mobility, without contemporary techniques, without enterprising spirit, etcetera, etcetera, would not remain terrified. The distance between the type of man who is going to give the average measure of the contest or historical struggle and the type of Spanish man is such that this energetic conviction is automatically incorporated into the spirit: Spain has to conquer the average level of human life at the date in which we live. And being of the right or being of the left cannot serve as a pretext for ignoring the urgency of that task, first chapter, postulate of our historical future.

A Constitution that, very positively and deliberately, does not contribute by its own mechanism to the conquest of that level, that is, to the creation of a type of average Spaniard, less anachronistic, more of 1928, can it serve us for anything?

V

FIRST, THE PROVINCES

When I have said that politics must have a historical perspective, I have not said, of course, what I meant to say and what those words mean. One never knows when one has indeed said what one pretended to say. Because saying is aspiring to be understood, and this no longer depends only on oneself, but also on one’s neighbour.

Sentences can be understood in two ways: in a vague, limp, foolish way, and then all sentences say nothing but stupidities, or in a tight, rigorous way, and then they always ooze an interesting meaning.

That politics should have a historical perspective is understood by some readers in this wise: let us make a politics, and then add to it a border or nimbus, more or less rhetorical, of patriotic exaltation; let us speak vaguely of the destinies of Spain, of how ‘it is necessary to make a fatherland’, of civic duties, of culture, of public idealism, etcetera, etcetera. Understood thus, that sentence is an exquisite stupidity. Here it is precisely a question of avoiding all ‘idealism’, individual as much as collective. For two great reasons: the first is that, probably, whatever has been called ‘idealism’ was a false, hypocritical, at least one-armed form of spirituality; the second is that, if that first reason were not true and we had to recognize in idealism a magnificent virtue, we would be more obliged than ever to eliminate it from our account. Because we cannot demand of our neighbour that he be virtuous; we can only demand of him that he not be vicious. And this, which is true in the other orders of life, is much more so in politics. It would be comical that when it is a question of making the Spaniards better we should begin by demanding of them that they be so and put at the head of the Constitution, as was done in one of the projects hatched by the Conventionals: ‘Article one. All Frenchmen shall be happy.’ Politics is the art of obtaining without violence what is refused us. If from the outset they grant us what we desire, politics is superfluous. This will have to start, in our case, from the following presupposition: the majority of Spaniards have no interest whatever in improving in substance. Only what is founded on this presupposition will have guarantees of solidity.

Tutto questo sembra mero vocabolario. Ed è il caso che enuncia un fatto semplice ed evidente, che salta alla vista appena passiamo le frontiere. Non si tratta di nulla di vago e utopico. L’immensa maggioranza dei francesi vive preoccupata, non solo dei suoi affanni privati e quotidiani, ma che in una porzione del suo spirito esiste la coscienza di ciò che la Francia, come entità collettiva, deve fare, del grande compito francese. Nell’ora presente, questo compito è molto problematico, molto doloroso; il destino francese è oscuro. Ma l’enorme moltitudine di francesi vive concentrata in quella preoccupazione, e i suoi diversi gruppi si differenziano precisamente nel modo di interpretare quel destino storico della Francia. Ciò che sembra illusorio è volere che un popolo viva collettivamente senza un tema o progetto di impresa storica.

Quando questo manca, non può andare bene nulla, nemmeno la macchina dello Stato come tale; cioè, governazione e politica. Per mille ragioni; ma, innanzitutto, per una molto semplice. Una politica che non contiene un progetto di grandi realizzazioni storiche resta ridotta alla questione formale di governare nel senso minore del vocabolo, alla questione di esercitare il Potere pubblico. Non si tratta di fare opera con esso, ma, semplicemente, di compiacersi nell’esercitarlo. Questo elimina automaticamente dalla politica tutti gli uomini di qualità superiore. Non si giri intorno: di qualità superiore è solo l’uomo che si sente irresistibilmente attratto dalla delizia delle creazioni oggettive. Non lo diverte più che questo. Va alla scienza perché sente una voluttuosità indicibile nel pensare su tale o quale problema teorico e trovare la sua soluzione. Va alle lettere o all’industria per una necessità ineludibile di creare, di produrre, di fare cose che si tengano in piedi. L’uomo inferiore non sente questa inesorabile attrazione verso l’oggettivo, ma pensa solo alla sua persona. Se va alla scienza, all’industria, non è a creare per creare, ma a fingere la creazione per figurare lui. Orbene: una politica senza compito di creazione storica elimina tutti coloro che non siano puramente un ambizioso. L’ambizione per eccellenza è quella del potere. Vuole potere, non vuole fare. Sempre nella politica predomineranno gli ambiziosi; e quando è stato sempre così, qualche ragione ci sarà. Ma l’importante è che la politica attiri anche genti che non sono ambiziose o che non lo sono esclusivamente. La fecondità di quella dipende dalla porzione di uomini creatori che sappia arruolare al suo servizio.

L’allontanamento della politica in cui vivono molti spagnoli ottimi non ha altro origine che l’inanità dei programmi. Solo li si può attrarre se si propone loro un compito di effettiva creazione. Altrimenti non li diverte.

È vergognoso che per tanto tempo sia stato impossibile in Spagna reclamare per l’azione politica una prospettiva storica. La generazione che ha governato negli ultimi decenni mancava completamente di organo per percepire questa verità tanto ovvia, e, come sempre che non si intende una cosa, considerava chi la enunciasse come un lunatico. Non credo che oggi le classi direttrici vedano le cose più chiaramente di ieri. Ancora è preciso perdere tempo nel ragionare sì semplice pensiero. Tuttavia, la riflessione che le persone non hanno messo sono venuti a fornirla brutalmente i fatti. La crisi interiore della Spagna e l’esteriore del mondo europeo ci impongono la necessità di mobilitarci, di intraprendere rotta nuova. E non si può cominciare a camminare senza alzare gli occhi e scegliere nello spazio un’orientazione che dia ai nostri passi traiettoria. Questa esperienza intima che i fatti hanno decantato in ogni cittadino mediamente sveglio lo dispone a non considerare tanto ridicola questa esigenza di un progetto di vita storica, come condizione di ogni riforma politica.

Né c’è da fare un bando perché si trovi quel progetto di vita storica. Basta voltare la vista alla realtà nazionale e affrontarla con la situazione del mondo. Nessuno è tanto cieco che non veda da tutte le parti la germinazione di grandi cambiamenti. Nel nostro ambito europeo, per ragioni interne e per la pressione di altri continenti, si sta dislocando il sistema di forze nazionali e anche il tipo stesso di vita che tradizionalmente dominava. Una nuova organizzazione delle nazioni e un nuovo tipo di uomo medio si preparano ovunque. La battaglia, che, cruenta o senza sangue —guerra o concorrenza—, costituisce la Storia, si situa in un livello di esistenza più alto di quello del secolo scorso.

Il lettore potrà pensare ciò che voglia su quale sia il senso di quella lotta e chi il probabile trionfante —il lettore può essere «destrista» o «sinistrista». Ma, qualunque sia la sua parte, riconoscerà che il combattimento si darà a una altezza determinata di tecniche, di doti, di potenzialità. In ogni contesa, l’esercito meglio dotato segna il livello sul quale si combatterà. Chi non possiede quelle doti medie è, in anticipo, escluso dal certame. Nella coscienza pubblica europea esiste già molto chiara il sospetto che il tipo medio dell’europeo attuale si trovi un poco al di sotto di quel livello. L’impressione di aver cessato di essere il marcatore del livello mondiale è il fatto più importante e grave dell’anima europea nei nostri giorni.

Io non posso credere che chi percepisca quell’inquietissimo panorama e poi volti gli occhi alla nostra nazione e si metta bene dinanzi lo spagnolo medio, il buon contadino rozzo, indotato, pieno di pregiudizi arcaici, senza mobilità, senza tecniche contemporanee, senza spirito intraprendente, eccetera, eccetera, non resti atterrito. La distanza tra il tipo di uomo che darà la misura media del concorso o lotta storica e il tipo di uomo spagnolo è tale, che automaticamente si incorpora nello spirito questa energica convinzione: la Spagna deve conquistare il livello medio della vita umana nella data in cui viviamo. Ed essere di destra o essere di sinistra non può servire da pretesto per ignorare l’urgenza di quel compito, primo capitolo, postulato del nostro avvenire storico.

Una Costituzione che, molto positivamente e deliberatamente, non contribuisca con il suo proprio meccanismo alla conquista di quel livello, cioè, alla creazione di un tipo di spagnolo medio, meno anacronico, più del 1928, può servirci a qualcosa?

V

PRIMA, LE PROVINCE

Quando ho detto che la politica deve avere una prospettiva storica, non ho detto, chiaro sta, ciò che volevo dire e ciò che quelle parole significano. Non sa mai uno quando ha detto, in effetti, ciò che pretendeva di dire. Perché dire è aspirare a essere inteso, e questo non dipende più solo da uno, ma anche dal prossimo.

Le frasi possono essere intese in due maniere: di una maniera vaga, lacia, sciocca, e allora tutte le frasi non dicono più che stupidaggini, o di una maniera stretta, rigorosa, e allora trasudano sempre un senso interessante.

Che la politica debba avere una prospettiva storica è inteso da alcuni lettori in questa guisa: facciamo una politica, e poi aggiungiamole una frangia o nimbo, più o meno retorici di esaltazione patriottica; parliamo vagamente dei destini della Spagna, che «è preciso fare patria», dei doveri cittadini, della cultura, dell’idealismo pubblico, eccetera, eccetera. Intesa così, è quella frase un’ecquisita stoltezza. Qui si tratta precisamente di schivare ogni «idealismo», tanto individuale quanto collettivo. Per due grandi ragioni: la prima è che, probabilmente, quanto si è chiamato «idealismo» era una forma falsa, ipocrita, quando meno monca, della spiritualità; la seconda è che, se non fosse vera quella prima ragione e dovessimo riconoscere nell’idealismo una magnifica virtù, saremmo più obbligati che mai a eliminarla dal nostro conto. Perché non possiamo esigere dal prossimo che sia virtuoso; solo possiamo esigerli che non sia vizioso. E questo, che è certo negli altri ordini della vita, lo è molto di più nella politica. Sarebbe comico che quando si tratta di rendere migliori gli spagnoli cominciassimo con l’esigerli che lo fossero e mettessimo in capo alla Costituzione come si fece in uno dei progetti covati dai convenzionali: «Articolo primo. Tutti i francesi saranno felici». La politica è l’arte di ottenere senza violenza ciò che ci è rifiutato. Se fin da subito ci concedono ciò che desideriamo, la politica è superflua. Questa dovrà partire, nel nostro caso, dal seguente presupposto: la maggioranza degli spagnoli non ha impegno alcuno nel migliorare di sostanza. Solo ciò che si fonda su questo presupposto avrà garanzie di solidità.

La perspectiva histórica que aquí se exige a toda política ha de estar dentro de ella y no fuera: no en torno, en un vano discurseo de los gobernantes. La mejor política sería la muda, hecha de puros actos jurídicos; mas ya que esto es utópico y, por tanto, falso, la que se limitase a explicar el sentido profundo de sus leyes y decisiones. Si éstas eran lo que debían ser, su estricto comentario dejaría ungido y aun saturado el ambiente público de auténtica «idealidad». ¿Se quiere que la política sea algo más que leyes? Bien; pues que sea, además, lo que tan deliciosamente llamó Montesquieu «el esprit de las leyes».

Completemos la frase del artículo anterior, y digamos: la política ha de tener una perspectiva histórica; pero esta perspectiva histórica ha de consistir en una política —ha de ser una concreta tarea histórica, no una vaga resonancia de vagos fervores nacionales, de píos deseos o de ilusorias ambiciones. No hay que imitar a quien anuncie un nuevo Imperio romano. Los imperios no se anuncian como se anuncian las funciones de circo. No se parte para la guerra de los treinta años.

Lo que debemos proponernos es una faena a un tiempo severa y alegre, en la forma menos pedante que esté a nuestra mano. Concentrémonos en una gran tarea histórica, cuya primera e imprescindible estación es conquistar para España el nivel de los tiempos. Hay que remozar a España. Totalmente. En todos sentidos. Hay que hacer caminitos relucientes por todas las glebas, hay que hacer que se afeiten los curas y que los radicales de pueblo digan menos palabras inanes; hay que hacer innumerables cosas más. Hay que ir a la reforma de España. Pero España no es el Ministerio de la Gobernación, ni el Parlamento, ni la Dictadura, ni la Constitución. España es esos millones de labriegos con la mano en la mancera; es esas villas polvorientas y esas opacas capitales de provincia; es todo ese fondo nacional que, entretenidos en mirar la superficie, solemos olvidar.

Un pueblo es y vale en la Historia lo que sea y valga el tipo medio de sus hombres. La experiencia de muchas generaciones ha demostrado que el tipo medio del español usual no sirve para hacer historia, sino más bien para deshacerla. Por otra parte, la coyuntura del presente anuncia presiones enormes sobre nuestra raza y nación, de otras razas y otras naciones. El mundo está de gran mudanza. Si no hacemos nosotros historia, nos la harán los demás —como viene ocurriendo desde dos siglos atrás. Por lo tanto, es de toda urgencia comenzar la renovación del tipo medio español. Al decir que no sirve, no pienso, claro está, que no posea algunas calidades egregias. Existen en el alma española ciertos pudores, ciertos resortes últimos de energía, que no se encuentran en ningún otro pueblo. Tan reales son estas virtudes, que han conseguido mantener en pie a España, a pesar de todos sus otros ingentes defectos e incapacidades. Mas, por lo mismo que poseemos esas virtudes, no es urgente hablar de ellas; lo que apremia es apercibir las que nos faltan, completar el equipo de aptitudes, elevar el español medio hasta el nivel de los tiempos.

Sobre esto hay que condensar la atención y el esfuerzo. Pero es evidente que para lograr tal propósito será menester emplear todos los grandes utensilios: el apostolado, la pedagogía, la literatura, el amor. (La mujer tiene que colaborar, no administrando el voto electoral, sino con la certera administración de sus sonrisas. Si se logra que la mujer prefiera otro tipo mejor de español, está medio ganada la partida). Como la tarea es gigante, todas las colaboraciones, todos los métodos, serán poco. Por ejemplo: es indudable que para mejorar el tipo medio tiene que existir una minoría excelente, superior, que con su ejemplaridad contamine y atraiga hacia lo alto la masa menos dotada. Mis lectores habituales no pensarán que olvido entre los ingredientes de una reconstitución nacional la acción de una minoría selecta. La fórmula que daba de ésta en mi España invertebrada ha corrido ya todo el mundo. (No es nada, lector: la válvula de la vanidad que se ha abierto un momento). Sin embargo, yo no voy a hablar ahora de ella, ni de ninguna de las otras cosas que en la cabeza de este párrafo se enumeran. Las he denominado para que nadie presuma que las olvido; pero mi tema es mucho más concreto y taxativo. Es éste: «¿qué se puede hacer para elevar el tipo medio español con el utensilio Estado, con el aparato política?»

Para mí, la misión substancial que hoy tienen política y Estado en España es ésta: contribuir con su formidable maquinaria a crear un español más activo, más capaz, más despierto. Todo lo demás, respetando opiniones dispares, me parece adjetivo, sin interés primario y conversación de Puerta de Tierra. En cambio, reconocida aquella misión, todo se nos dará por añadidura: más autoridad, más libertad, más jornal y buen humor.

Aquí empieza, pues, la cuestión. Hasta ahora no he hecho otra cosa que templar el diálogo, entonarme con el lector y al lector conmigo.

¿Qué puede hacer la política para obtener, en lo que de ella depende, otro tipo medio de español?

Hablar de tipo medio es hablar del gran número. ¿Dónde está el gran número de los españoles? Evidentemente, en las provincias. Consecuencia: el pensamiento político tiene que comenzar por plantearse el problema de nuestra vida provincial. A mi juicio, en él se hinca la raíz de toda posible mejoría, por lo mismo que en él se esconde la raíz de las pasadas desventuras.

Cuando se habla de política española se habla, naturalmente, de política nacional. Es esto tan natural y tan obvio, tan justo y tan indiscutible, que ha producido un error de óptica en nuestra política. Habituó a pensar sólo en la nación, así en conjunto. Ahora bien: esto es un pecado de abstracción. Si no pensamos más que en la nación, no pensamos más que en el todo o conjunto como tal, y olvidamos pensar en las partes que lo integran. Es lo mismo que cuando pensamos en «el mundo». Parece que hemos pensado mucho, que no nos hemos dejado fuera nada, y, sin embargo, es uno de los pensamientos más pobres de contenido. La riqueza del mundo está en su interior, en esta cosa, y la otra y la otra, que lo van llenando. Si no pensamos en cada una de ellas, la sola idea del mundo es una idea vacía. Lo propio acontece con la idea de nación y con la política nacional, que se da grandes aires, pero es pura abstracción y hueco de una verdadera política.

La política nacional se hacía desde Madrid. Pero como no se iba a buscar la nación donde en efecto está —recorriendo cada uno de los trozos de la Península—, la idea abstracta «nación» se llenaba irremediablemente con lo que el político tenía delante de sus ojos; esto es: con Madrid. De modo que, aun sin malicia, la buena intención de hacer una política nacional se convertía de hecho en la política de una parte sólo: en política de Madrid. De puro querer ser nacionales, los hombres públicos eran madrileños, particularistas. Confundían la nación con su centro. Y el centro, cualesquiera sean sus preeminencias, es sólo una parte del círculo; precisamente la que con más cuidado debe mirar la periferia, a fin de mantenerse equidistante.

Esta imagen simboliza bien la corrección de óptica que la nueva política nacional tiene que aprovechar. Pensar nacionalmente es pensar desde un punto de vista central; pero el punto de vista central no se puede hallar y mantener si no se mira en derredor. Esto es lo que yo pido: Madrid tiene que ser, por lo pronto, una pupila que mira el resto del país. Ella, por sí, no es nada o es, a lo sumo, una parte cualquiera de ese país. Si quiere ser más tiene que serlo a fuerza de ocuparse de las demás. La política nacional ha de ser, primero que todo, política para las provincias y desde las provincias.

En ellas está el tipo medio de español, el que ha de hacer en definitiva cuanto históricamente vaya a hacerse. Sin él, cuanto se premedite y se proponga, aun siendo lo más acertado, quedará en mero proyecto; no será, por tanto, política, es decir, realización de los proyectos.

The historical perspective that is here demanded of every politics must be inside it and not outside: not around it, in a vain speechifying of the rulers. The best politics would be the mute one, made of pure juridical acts; but since this is utopian and, therefore, false, the one that limited itself to explaining the deep meaning of its laws and decisions. If these were what they had to be, their strict commentary would leave the public atmosphere anointed and even saturated with authentic ‘ideality’. Is it wanted that politics be something more than laws? Very well; let it be, in addition, what Montesquieu so deliciously called ‘the spirit of the laws’.

Let us complete the sentence of the previous article, and let us say: politics must have a historical perspective; but this historical perspective must consist in a politics —it must be a concrete historical task, not a vague resonance of vague national fervours, of pious wishes or of illusory ambitions. One must not imitate whoever announces a new Roman Empire. Empires are not announced as circus performances are announced. One does not set out for the Thirty Years’ War.

What we must propose to ourselves is a task at once severe and joyful, in the least pedantic form within our reach. Let us concentrate on a great historical task, whose first and indispensable station is to conquer for Spain the level of the times. Spain must be rejuvenated. Totally. In every sense. Shiny little roads must be made across all the glebes, the priests must be made to shave and the village radicals to say fewer inane words; innumerable other things must be done. We must go to the reform of Spain. But Spain is not the Ministry of the Interior, nor the Parliament, nor the Dictatorship, nor the Constitution. Spain is those millions of peasants with their hand on the plough-handle; it is those dusty towns and those opaque provincial capitals; it is all that national depth which, busy looking at the surface, we are wont to forget.

A people is and is worth in History what the average type of its men is and is worth. The experience of many generations has shown that the average type of the usual Spaniard does not serve to make history, but rather to undo it. On the other hand, the juncture of the present announces enormous pressures upon our race and nation, from other races and other nations. The world is in great change. If we do not make history ourselves, others will make it for us —as has been happening for two centuries back. Therefore, it is of all urgency to begin the renovation of the average Spanish type. In saying that he does not serve, I do not think, of course, that he does not possess some egregious qualities. There exist in the Spanish soul certain pudeurs, certain ultimate springs of energy, that are not to be found in any other people. So real are these virtues that they have managed to keep Spain standing, in spite of all its other huge defects and incapacities. But, precisely because we possess those virtues, it is not urgent to speak of them; what urges is to perceive those that are lacking to us, to complete the equipment of aptitudes, to raise the average Spaniard up to the level of the times.

Upon this must be condensed the attention and the effort. But it is evident that to achieve such a purpose it will be necessary to employ all the great utensils: the apostolate, pedagogy, literature, love. (The woman has to collaborate, not by administering the electoral vote, but with the well-aimed administration of her smiles. If it is achieved that the woman prefers another, better type of Spaniard, the game is half won.) Since the task is gigantic, all collaborations, all methods, will be little. For example: it is undoubted that to improve the average type there must exist an excellent, superior minority, which with its exemplariness contaminates and attracts upward the less endowed mass. My habitual readers will not think that I forget, among the ingredients of a national reconstitution, the action of a select minority. The formula I gave of it in my España invertebrada has already run all over the world. (It is nothing, reader: the valve of vanity that has opened for a moment.) However, I am not going to speak now of it, nor of any of the other things enumerated at the head of this paragraph. I have named them so that no one presume that I forget them; but my theme is much more concrete and peremptory. It is this: ‘what can be done to raise the average Spanish type with the utensil State, with the apparatus politics?’

For me, the substantial mission that politics and State have today in Spain is this: to contribute with their formidable machinery to creating a more active, more capable, more awake Spaniard. Everything else, respecting disparate opinions, seems to me adjectival, without primary interest, and talk of Puerta de Tierra. In exchange, once that mission is recognized, everything will be given to us into the bargain: more authority, more freedom, more daily wage and good humour.

Here, then, begins the question. Until now I have done nothing but tune the dialogue, put myself in tune with the reader and the reader with me.

What can politics do to obtain, in that which depends on it, another average type of Spaniard?

To speak of average type is to speak of the great number. Where is the great number of Spaniards? Evidently, in the provinces. Consequence: political thought must begin by posing the problem of our provincial life. In my judgment, in it is driven the root of every possible improvement, precisely because in it is hidden the root of past misfortunes.

When one speaks of Spanish politics one speaks, naturally, of national politics. This is so natural and so obvious, so just and so indisputable, that it has produced an error of optic in our politics. It accustomed one to think only of the nation, thus as a whole. Now: this is a sin of abstraction. If we think only of the nation, we think only of the whole or set as such, and we forget to think of the parts that integrate it. It is the same as when we think of ‘the world’. It seems that we have thought a great deal, that we have not left anything out, and, nevertheless, it is one of the poorest thoughts in content. The wealth of the world is in its interior, in this thing, and that other and that other, which go filling it. If we do not think of each one of them, the mere idea of the world is an empty idea. The same happens with the idea of nation and with national politics, which gives itself great airs, but is pure abstraction and hollow of a true politics.

National politics was made from Madrid. But since one did not go to seek the nation where it in fact is —traversing each one of the pieces of the Peninsula—, the abstract idea ‘nation’ was irremediably filled with what the politician had before his eyes; that is: with Madrid. So that, even without malice, the good intention of making a national politics became in fact the politics of only one part: politics of Madrid. From sheer wishing to be national, the public men were Madrilenian, particularist. They confused the nation with its centre. And the centre, whatever its pre-eminences, is only a part of the circle; precisely the one that with most care must look at the periphery, in order to remain equidistant.

This image well symbolizes the correction of optic that the new national politics has to take advantage of. To think nationally is to think from a central point of view; but the central point of view cannot be found and maintained unless one looks around. This is what I ask: Madrid has to be, for the present, a pupil that looks at the rest of the country. It, by itself, is nothing or is, at most, any part whatever of that country. If it wants to be more it must be so by force of occupying itself with the others. National politics has to be, first of all, politics for the provinces and from the provinces.

In them is the average type of Spaniard, the one who must ultimately do whatever historically is going to be done. Without him, whatever is premeditated and proposed, even if it be the most well-aimed, will remain in mere project; it will not, therefore, be politics, that is, realization of projects.

La prospettiva storica che qui si esige a ogni politica dev’essere dentro di essa e non fuori: non in giro, in un vano discorseggiare dei governanti. La migliore politica sarebbe la muta, fatta di puri atti giuridici; ma già che questo è utopico e, perciò, falso, quella che si limitasse a spiegare il senso profondo delle sue leggi e decisioni. Se queste erano ciò che dovevano essere, il loro stretto commento lascerebbe unto e anche saturato l’ambiente pubblico di autentica «idealità». Si vuole che la politica sia qualcosa di più che leggi? Bene; che sia, inoltre, ciò che tanto deliziosamente chiamò Montesquieu «lo spirito delle leggi».

Completiamo la frase dell’articolo anteriore, e diciamo: la politica deve avere una prospettiva storica; ma questa prospettiva storica deve consistere in una politica —deve essere un concreto compito storico, non una vaga risonanza di vaghi fervori nazionali, di pii desideri o di illusorie ambizioni. Non bisogna imitare chi annunci un nuovo Impero romano. Gli imperi non si annunciano come si annunciano le funzioni di circo. Non si parte per la guerra dei trent’anni.

Ciò che dobbiamo proporci è una faccenda insieme severa e allegra, nella forma meno pedante che sia a nostra mano. Concentriamoci in un grande compito storico, la cui prima e imprescindibile stazione è conquistare per la Spagna il livello dei tempi. Bisogna ringiovanire la Spagna. Totalmente. In tutti i sensi. Bisogna fare stradine rilucenti per tutte le glebe, bisogna far sì che i curati si radano e che i radicali di paese dicano meno parole inani; bisogna fare innumerevoli altre cose. Bisogna andare alla riforma della Spagna. Ma la Spagna non è il Ministero della Governazione, né il Parlamento, né la Dittatura, né la Costituzione. La Spagna è quei milioni di contadini con la mano all’aratro; è quelle ville polverose e quelle opache capitali di provincia; è tutto quel fondo nazionale che, intenti a guardare la superficie, sogliono dimenticare.

Un popolo è e vale nella Storia ciò che sia e valga il tipo medio dei suoi uomini. L’esperienza di molte generazioni ha dimostrato che il tipo medio dello spagnolo usuale non serve a fare storia, ma piuttosto a disfarla. Da altra parte, la congiuntura del presente annuncia pressioni enormi sulla nostra razza e nazione, di altre razze e altre nazioni. Il mondo è in gran mutamento. Se non facciamo noi storia, ce la faranno gli altri —come viene accadendo da due secoli addietro. Perciò, è di tutta urgenza cominciare il rinnovamento del tipo medio spagnolo. Dicendo che non serve, non penso, chiaro sta, che non possieda alcune qualità egregie. Esistono nell’anima spagnola certi pudori, certe ultime molle di energia, che non si trovano in nessun altro popolo. Tanto reali sono queste virtù, che hanno saputo mantenere in piedi la Spagna, a dispetto di tutti gli altri suoi ingenti difetti e incapacità. Ma, proprio perché possediamo quelle virtù, non è urgente parlare di esse; ciò che urge è scorgere quelle che ci mancano, completare l’equipaggio di attitudini, elevare lo spagnolo medio fino al livello dei tempi.

Su questo bisogna condensare l’attenzione e lo sforzo. Ma è evidente che per ottenere tale proposito sarà mestiere impiegare tutti i grandi utensili: l’apostolato, la pedagogia, la letteratura, l’amore. (La donna deve collaborare, non amministrando il voto elettorale, ma con la azzeccata amministrazione dei suoi sorrisi. Se si ottiene che la donna preferisca un altro tipo migliore di spagnolo, è mezza vinta la partita). Poiché il compito è gigante, tutte le collaborazioni, tutti i metodi, saranno pochi. Per esempio: è indubbio che per migliorare il tipo medio deve esistere una minoranza eccellente, superiore, che con la sua esemplarità contamini e attiri verso l’alto la massa meno dotata. I miei lettori abituali non penseranno che io dimentichi tra gli ingredienti di una ricostituzione nazionale l’azione di una minoranza scelta. La formula che davo di questa nel mio España invertebrada è già corsa tutto il mondo. (Non è nulla, lettore: la valvola della vanità che si è aperta un momento). Tuttavia, io non parlerò ora di essa, né di nessuna delle altre cose che in capo a questo paragrafo si enumerano. Le ho denominate perché nessuno presuma che le dimentichi; ma il mio tema è molto più concreto e tassativo. È questo: «che cosa si può fare per elevare il tipo medio spagnolo con l’utensile Stato, con l’apparecchio politica?»

Per me, la missione sostanziale che oggi hanno politica e Stato in Spagna è questa: contribuire con la loro formidabile macchinaria a creare uno spagnolo più attivo, più capace, più sveglio. Tutto il resto, rispettando opinioni disparate, mi sembra aggettivo, senza interesse primario e conversazione di Puerta de Tierra. In cambio, riconosciuta quella missione, tutto ci sarà dato per sovrappiù: più autorità, più libertà, più giornata e buon umore.

Qui comincia, dunque, la questione. Finora non ho fatto altro che accordare il dialogo, intonarmi con il lettore e il lettore con me.

Che cosa può fare la politica per ottenere, in ciò che da essa dipende, un altro tipo medio di spagnolo?

Parlare di tipo medio è parlare del gran numero. Dove sta il gran numero degli spagnoli? Evidentemente, nelle province. Conseguenza: il pensiero politico deve cominciare col porsi il problema della nostra vita provinciale. A mio giudizio, in esso si pianta la radice di ogni possibile miglioria, proprio perché in esso si nasconde la radice delle passate disventure.

Quando si parla di politica spagnola si parla, naturalmente, di politica nazionale. È questo tanto naturale e tanto ovvio, tanto giusto e tanto indiscutibile, che ha prodotto un errore di ottica nella nostra politica. Abituò a pensare solo alla nazione, così in insieme. Ora: questo è un peccato di astrazione. Se non pensiamo che alla nazione, non pensiamo che al tutto o insieme come tale, e dimentichiamo di pensare alle parti che lo integrano. È lo stesso che quando pensiamo a «il mondo». Sembra che abbiamo pensato molto, che non ci siamo lasciati fuori nulla, e, tuttavia, è uno dei pensieri più poveri di contenuto. La ricchezza del mondo è nel suo interno, in questa cosa, e l’altra e l’altra, che lo vanno riempiendo. Se non pensiamo a ciascuna di esse, la sola idea del mondo è un’idea vuota. Lo proprio accade con l’idea di nazione e con la politica nazionale, che si dà grandi arie, ma è pura astrazione e cavo di una vera politica.

La politica nazionale si faceva da Madrid. Ma poiché non si andava a cercare la nazione dove in effetti sta —percorrendo ciascuno dei pezzi della Penisola—, l’idea astratta «nazione» si riempiva irrimediabilmente con ciò che il politico aveva dinanzi ai suoi occhi; cioè: con Madrid. Di modo che, anche senza malizia, la buona intenzione di fare una politica nazionale si convertiva di fatto nella politica di una parte sola: in politica di Madrid. Di puro volere essere nazionali, gli uomini pubblici erano madrileni, particolaristi. Confondevano la nazione con il suo centro. E il centro, quali che siano le sue preminenze, è solo una parte del circolo; precisamente quella che con più cura deve guardare la periferia, al fine di mantenersi equidistante.

Questa immagine simboleggia bene la correzione di ottica che la nuova politica nazionale deve approfittare. Pensare nazionalmente è pensare da un punto di vista centrale; ma il punto di vista centrale non si può trovare e mantenere se non si guarda in giro. Questo è ciò che io chiedo: Madrid dev’essere, per il momento, una pupilla che guardi il resto del paese. Essa, da sé, non è nulla o è, tutt’al più, una parte qualunque di quel paese. Se vuole essere di più deve esserlo a forza di occuparsi delle altre. La politica nazionale dev’essere, prima di tutto, politica per le province e dalle province.

In esse sta il tipo medio di spagnolo, quello che deve fare in definitiva quanto storicamente vada a farsi. Senza di lui, quanto si premediti e si proponga, anche se sia il più azzeccato, resterà in mero progetto; non sarà, perciò, politica, cioè, realizzazione dei progetti.

Pero se me dirá: la vida provincial es la más baja de nivel. Póngase aquí la lista de todos los vicios, defectos y menguas que aquejan nuestra vida provincial. Cuando se haya concluido la lista responderé: precisamente porque es la más baja resulta imprescindible elevarla. Ella es España misma. Lo demás es sólo complemento o excepción. No cabe, pues, margen para optar. Es preciso rectificar de una vez el absurdo radical de nuestra política durante el siglo XIX: porque la provincia era mala, inepta, se recurría a Madrid, se esperaba todo de Madrid, no advirtiendo que la provincia era mala porque a su vez Madrid no había sabido cumplir su misión de capitalidad, que es mejorar las provincias, nutrirlas de vitalidad, incitarlas y refinarlas.

VI

LA CONSTITUCIÓN Y LA NACIÓN

1

Exigir que la política tenga una perspectiva histórica pareció al lector, por lo pronto y muy justamente, un lugar común. Espero que luego no se lo haya parecido tanto. Comprendió que esa perspectiva histórica no era un añadido o apéndice a la política efectiva, sino que la política misma tiene que consistir en una perspectiva o proyecto históricos. El primer plano de este proyecto es la creación de un tipo medio de español capaz de afirmarse enérgicamente en los tiempos turbulentos y obscuros que sobrevienen. El tipo medio de una nación representa el gran número de sus individuos. Este gran número de españoles se halla en las provincias. Concluíamos entonces que el pensamiento político ha de comenzar por atender a la vida provincial. La política usada hasta aquí no ha seguido esta norma. Al contrario, no se ha ocupado para nada de la vida provincial en cuanto tal. Dicho de otra manera: al construir el Estado de los últimos tiempos, no se ha entretenido en mirar antes cómo era la vida provincial, a fin de darle alojamiento saludable en ese Estado que se iba a hacer. En vez de esto, ha elucubrado desde la capital, desde Madrid, un Estado «nacional» homogéneo, especie de área geométrica donde todos los puntos son idénticos, intercambiables, iguales todos al punto central desde el cual se urdía la Constitución. A fuerza de pensar abstractamente en la nación, se creyó que ésta era un Madrid centrifugado, enorme, que llegaba hasta los mares y se apoyaba en el Pirineo. La política nacional que había en las cabezas era una política madrileña. La idea nacional quedaba, por prestidigitación inconsciente, suplantada por una idea particularista. Era madrileñismo.

Así acabamos el artículo anterior. Pero he aquí que esta nueva conclusión resulta también, por lo pronto, un lugar común. Millones de veces se ha dicho eso, sin que el decirlo aclare suficientemente nuestra vida pública y, en consecuencia, engendre acciones eficaces. Muy pronto se va a ver, sin embargo, que tampoco esta fórmula es puro lugar común. Se repite, pues, la misma historia que antes. ¿Es casual esa reiteración del mismo espejismo?

Yo creo que no. Es connatural a todo pensamiento político que cumpla su deber. La meditación política no es libérrima, como la ideología o la producción literaria. El pensamiento político tiene que rozar constantemente el lugar común, precisamente para evitarlo y deslizar algo nuevo. Lo que tiene de lugar común permite que la mente colectiva lo entienda; lo que tiene de nuevo le proporciona fecundidad e impulsa el avance y la reforma.

La vieja política era madrileñismo. Desde que empecé a escribir he combatido la vieja política. Este vocablo mismo, «vieja política», nació de mi pluma. Es un vocablo estúpido si se pretende al gargarizarlo haber subido a la cima de la sabiduría en materias de vida pública. Pero es, yo creo, usadero como simple denominación de una política que hace veinte años ya nos pareció a algunos caduca, y que hoy todos los españoles, incluso los que fueron sus agentes, consideran en lo esencial periclitada. (Algunos, por oposición muy razonable al régimen actual, emplean la folie de declararse «partidarios del antiguo régimen». Abramos para ellos aquí un respetuoso margen; respetuoso, pero provisional. La imposibilidad de analizar con una crítica seria y razonada los actos y la significación del Gobierno impide automáticamente criticar a sus opositores titulares. Con lo cual se anula toda verosimilitud de que pueda formarse un espíritu nuevo y se llegue a una nueva solución frente a la antigua política, que fue un fracaso, y a la política vigente, que no es una solución. Entretanto, el tiempo histórico corre, urge y se pierde para España. No se comprende por qué el Gobierno no vuelve a su posición primera, a la que hizo posible su advenimiento —la históricamente fecunda—, y se enquista en una Dictadura que cuanto más se solidifique será menos lo que una Dictadura debe ser: tránsito, momento flúido y grácil entre dos constituciones estables, una que fue, otra que va a ser. Por eso, en Roma, constitucionalmente era elegido el dictador durante la noche, simbolizando así su carácter de magistratura transitoria e intercalada —entre dos soles).

Decía, pues, que siempre he combatido la vieja política. Pero nunca, ni siquiera en la más ingenua mocedad, la he combatido por sus abusos. Los abusos no importan nunca mucho. Si son poco frecuentes, valen sólo como anécdotas de la vida pública. Si, en cambio, son habituales, constituyen una especie de monstruosa normalidad, de anormal normalidad, que no cabe atribuir al vicio individual, sino que proviene de algún grave defecto en los usos mismos. De modo que, para bien o para mal, lo importante son los usos, no los abusos. Siempre aquéllos atraerán la meditación de quien va seriamente a la substancia de las cosas. Éstos quedan para los sicofantes o acusicas.

Lo malo de la vieja política era el uso mismo, su propia constitución. En definitiva: la Constitución.

Aíslemos estrictamente en ella lo que es decisivo para nuestra primera cuestión, nuestra cuestión básica: el olvido de la vida provincial cometido por la vieja política, la necesidad de partir de ella en la nueva.

La existencia de España era en aquella Constitución entregada a dos instituciones principales: el Parlamento y el Gobierno de su majestad. Al Parlamento se encomendaba la legislación y fiscalización directa sobre la vida pública de todo el país. Por tanto, lo mismo las máximas cuestiones de que dependía la vida entera de la nación que las pequeñas cuestiones locales; lo mismo los temas abstractos, pero ineludibles, de la dirección «ideal» del país, de su hacienda total, de sus relaciones internacionales, que los argumentos más hiperconcretos, como el atropello cometido por el alcalde del último aldeón, o el tiro que en la más repuesta serranía se le escapaba a un guardia civil. Entre medias están los que no son abstractos, pero tampoco mínimos: el estado de tal industria comarcana, el problema de las comunicaciones en media provincia, los conflictos económicos de los Ayuntamientos, etcétera, etcétera. Para resolver asuntos de tan diversas altitudes y competencias se pedían al país cuatrocientos diputados, previa la división territorial en cuatrocientos distritos.

Paralelamente se encargaba a un Gobierno de la función ejecutiva, con idéntica amplitud de temas. Como el alma, según dicen, está toda en todas partes del cuerpo, el Gobierno había de intervenir a un tiempo todos los trozos y partes de la vida española. Nombrado nominalmente por el rey, la Constitución lo entregaba maniatado al Parlamento. Era inevitable que para convivir se fundiesen ambos poderes, y esta fusión, a despecho de la letra, era el espíritu de esta Constitución y de sus congéneres la francesa y la inglesa.

Todo dependía, pues, de una raíz: la elección de los parlamentarios.

Después de lo anunciado más arriba, no esperará el lector que hable ahora de la famosa «suplantación del sufragio», supuesto origen de todos los desmanes y causa del desprestigio de la vieja política; expresión que se ha repetido más veces que ninguna otra en nuestra historia contemporánea. Bastaría que el tal hecho fuese un abuso para que no me interesase. Pero, además, la idea de él, la importancia que se le atribuye, son… No se enoje nadie porque antepongo la solicitud de perdón; pero déjeseme por una vez decir una palabra dura, la única que en este punto dice bien mi opinión: dar importancia a la suplantación del sufragio que en España se practicaba es una tontería, y nada más. Imperio de tal idea revela simplemente el grado chabacano, tosco, torpe, a que había llegado en las clases superiores de la nación el pensamiento político.

No tiene sentido atacar al viejo régimen porque se abusaba de él en lo que era su raíz: la elección de los parlamentarios. Posible es siempre el abuso del principio y régimen más maravilloso. Lo que hay que hacer es estrictamente lo inverso: explicar y justificar el abuso, probando que era resultado inevitable del uso mismo, del principio, del régimen. No era mala la Constitución porque algunos abusaban de ella —ésta es la tontería—, sino que se abusaba de ella en forma tan grave porque era mala.

But it will be said to me: provincial life is the lowest in level. Let the list of all the vices, defects and shortcomings that afflict our provincial life be put here. When the list has been concluded I shall answer: precisely because it is the lowest it turns out indispensable to raise it. It is Spain itself. The rest is only complement or exception. There is, then, no margin for choosing. It is necessary to rectify once and for all the radical absurdity of our politics during the nineteenth century: because the province was bad, inept, one resorted to Madrid, expected everything from Madrid, not noticing that the province was bad because in turn Madrid had not known how to fulfil its mission of capitality, which is to improve the provinces, nourish them with vitality, incite them and refine them.

VI

THE CONSTITUTION AND THE NATION

1

Demanding that politics have a historical perspective seemed to the reader, at first and very justly, a commonplace. I hope that afterwards it has not seemed so much so. He understood that that historical perspective was not an addition or appendix to effective politics, but that politics itself has to consist in a historical perspective or project. The foreground of this project is the creation of an average type of Spaniard capable of asserting itself energetically in the turbulent and obscure times that are coming upon us. The average type of a nation represents the great number of its individuals. This great number of Spaniards is to be found in the provinces. We concluded, then, that political thought must begin by attending to provincial life. The politics used until now has not followed this norm. On the contrary, it has not occupied itself at all with provincial life as such. Put another way: in constructing the State of recent times, it has not bothered to look first at how provincial life was, in order to give it healthy lodging in that State that was going to be made. Instead of this, it has elaborated from the capital, from Madrid, a homogeneous ‘national’ State, a sort of geometric area where all points are identical, interchangeable, all equal to the central point from which the Constitution was being woven. By dint of thinking abstractly about the nation, it was believed that this was a centrifuged, enormous Madrid, which reached to the seas and leaned on the Pyrenees. The national politics that was in people’s heads was a Madrilenian politics. The national idea remained, by unconscious prestidigitation, supplanted by a particularist idea. It was Madrilenism.

Thus we ended the previous article. But here it is that this new conclusion also turns out, at first, a commonplace. Millions of times that has been said, without the saying of it sufficiently clarifying our public life and, consequently, engendering effective actions. Very soon it will be seen, however, that neither is this formula pure commonplace. The same story as before is, then, repeated. Is that reiteration of the same mirage casual?

I believe not. It is connatural to every political thought that fulfils its duty. Political meditation is not most free, like ideology or literary production. Political thought has to brush constantly against the commonplace, precisely in order to avoid it and slip something new in. What it has of commonplace allows the collective mind to understand it; what it has of new provides it fecundity and impels advance and reform.

The old politics was Madrilenism. Since I began to write I have fought the old politics. This very word, ‘old politics’, was born from my pen. It is a stupid word if one pretends, by gargling it, to have climbed to the summit of wisdom in matters of public life. But it is, I believe, usable as a simple denomination of a politics that twenty years ago already seemed to some of us outmoded, and that today all Spaniards, even those who were its agents, consider in essentials bankrupt. (Some, by very reasonable opposition to the present regime, employ the folly of declaring themselves ‘partisans of the old regime’. Let us open for them here a respectful margin; respectful, but provisional. The impossibility of analysing with a serious and reasoned criticism the acts and the significance of the Government automatically prevents criticizing its titular opponents. With which all verisimilitude is annulled that a new spirit may be formed and one may arrive at a new solution in the face of the old politics, which was a failure, and of the politics in force, which is not a solution. Meanwhile, historical time runs, urges and is lost for Spain. It is not understood why the Government does not return to its first position, to the one that made its advent possible —the historically fecund one—, and entrenches itself in a Dictatorship that, the more it solidifies, the less it will be what a Dictatorship must be: transition, fluid and graceful moment between two stable constitutions, one that was, another that is to be. That is why, in Rome, the dictator was constitutionally elected during the night, thus symbolizing its character of transitory and intercalated magistracy —between two suns).

I was saying, then, that I have always fought the old politics. But never, not even in the most ingenuous youth, have I fought it for its abuses. Abuses never matter much. If they are infrequent, they count only as anecdotes of public life. If, on the other hand, they are habitual, they constitute a kind of monstrous normality, an abnormal normality, which cannot be attributed to individual vice, but proceeds from some grave defect in the usages themselves. So that, for good or for ill, what matters are the usages, not the abuses. Always the former will attract the meditation of whoever goes seriously to the substance of things. The latter are left for the sycophants or accusers.

The evil of the old politics was the usage itself, its own constitution. In the last resort: the Constitution.

Let us strictly isolate in it what is decisive for our first question, our basic question: the oblivion of provincial life committed by the old politics, the necessity of starting from it in the new one.

The existence of Spain was in that Constitution delivered over to two principal institutions: the Parliament and His Majesty’s Government. To Parliament was entrusted legislation and direct oversight over the public life of the whole country. Therefore, as much the maximum questions on which depended the entire life of the nation as the small local questions; as much the abstract but ineluctable themes of the ‘ideal’ direction of the country, of its total treasury, of its international relations, as the most hyperconcrete arguments, such as the outrage committed by the mayor of the last big village, or the shot that in the most hidden sierra escaped a civil guardsman. In between are those that are not abstract, but neither minimal: the state of such and such a comarcal industry, the problem of communications in half a province, the economic conflicts of the town councils, etcetera, etcetera. To resolve affairs of such diverse altitudes and competences, four hundred deputies were demanded of the country, after the territorial division into four hundred districts.

In parallel, a Government was charged with the executive function, with identical amplitude of themes. As the soul, according to what they say, is whole in all parts of the body, the Government had to intervene at once in all the pieces and parts of Spanish life. Nominated nominally by the king, the Constitution delivered it hand-bound to Parliament. It was inevitable that, in order to coexist, both powers should fuse, and this fusion, in spite of the letter, was the spirit of this Constitution and of its congeners, the French and the English.

Everything depended, then, on one root: the election of the parliamentarians.

After what has been announced above, the reader will not expect me to speak now of the famous ‘supplantation of the suffrage’, supposed origin of all the disorders and cause of the discredit of the old politics; an expression that has been repeated more times than any other in our contemporary history. It would be enough that such a fact were an abuse for it not to interest me. But, moreover, the idea of it, the importance attributed to it, are… Let no one take offence because I put in front a request for pardon; but let me say, for once, a hard word, the only one that at this point says my opinion well: to give importance to the supplantation of the suffrage that was practised in Spain is a stupidity, and nothing more. The sway of such an idea simply reveals the shoddy, coarse, clumsy degree to which political thought had arrived in the superior classes of the nation.

It makes no sense to attack the old regime because one abused it in that which was its root: the election of the parliamentarians. The abuse of the most marvellous principle and regime is always possible. What has to be done is strictly the inverse: to explain and justify the abuse, proving that it was the inevitable result of the usage itself, of the principle, of the regime. The Constitution was not bad because some abused it —this is the stupidity—, but it was abused in so grave a form because it was bad.

Ma mi si dirà: la vita provinciale è la più bassa di livello. Si metta qui la lista di tutti i vizi, difetti e menomazioni che affliggono la nostra vita provinciale. Quando si sarà conclusa la lista risponderò: precisamente perché è la più bassa risulta imprescindibile elevarla. Essa è la Spagna stessa. Il resto è solo complemento o eccezione. Non c’è, dunque, margine per scegliere. È preciso rettificare una volta per tutte l’assurdo radicale della nostra politica durante il XIX secolo: perché la provincia era cattiva, inetta, si ricorreva a Madrid, si aspettava tutto da Madrid, non avvertendo che la provincia era cattiva perché a sua volta Madrid non aveva saputo adempiere la sua missione di capitalità, che è migliorare le province, nutrirle di vitalità, incitarle e raffinirle.

VI

LA COSTITUZIONE E LA NAZIONE

1

Esigere che la politica abbia una prospettiva storica parve al lettore, per il momento e molto giustamente, un luogo comune. Spero che poi non gli sia parso tanto. Comprese che quella prospettiva storica non era un’aggiunta o appendice alla politica effettiva, ma che la politica stessa deve consistere in una prospettiva o progetto storici. Il primo piano di questo progetto è la creazione di un tipo medio di spagnolo capace di affermarsi energicamente nei tempi turbolenti e oscuri che sopravvengono. Il tipo medio di una nazione rappresenta il gran numero dei suoi individui. Questo gran numero di spagnoli si trova nelle province. Concludevamo allora che il pensiero politico deve cominciare col badare alla vita provinciale. La politica usata fin qui non ha seguito questa norma. Al contrario, non si è occupata per nulla della vita provinciale in quanto tale. Detto in altra maniera: costruendo lo Stato degli ultimi tempi, non si è curata di guardare prima come fosse la vita provinciale, al fine di darle alloggiamento sano in quello Stato che si stava per fare. Invece di questo, ha elucubrato dalla capitale, da Madrid, uno Stato «nazionale» omogeneo, specie di area geometrica dove tutti i punti sono identici, intercambiabili, uguali tutti al punto centrale dal quale si ordiva la Costituzione. A forza di pensare astrattamente alla nazione, si credette che questa fosse una Madrid centrifugata, enorme, che arrivava fino ai mari e si appoggiava al Pireneo. La politica nazionale che c’era nelle teste era una politica madrilena. L’idea nazionale restava, per prestidigitazione inconscia, soppiantata da un’idea particolarista. Era madrilenismo.

Così finimmo l’articolo anteriore. Ma ecco che questa nuova conclusione risulta anche, per il momento, un luogo comune. Milioni di volte si è detto questo, senza che il dirlo chiarisca sufficientemente la nostra vita pubblica e, in conseguenza, generi azioni efficaci. Molto presto si vedrà, tuttavia, che nemmeno questa formula è puro luogo comune. Si ripete, dunque, la stessa storia di prima. È casuale questa reiterazione dello stesso miraggio?

Io credo di no. È connaturale a ogni pensiero politico che adempia il suo dovere. La meditazione politica non è libérrima, come l’ideologia o la produzione letteraria. Il pensiero politico deve sfiorare costantemente il luogo comune, precisamente per evitarlo e far scivolare qualcosa di nuovo. Ciò che ha di luogo comune permette che la mente collettiva lo intenda; ciò che ha di nuovo gli fornisce fecondità e spinge l’avanzata e la riforma.

La vecchia politica era madrilenismo. Da quando cominciai a scrivere ho combattuto la vecchia politica. Questo vocabolo stesso, «vecchia politica», nacque dalla mia penna. È un vocabolo stupido se si pretende, gargarizzandolo, di essere saliti alla cima della sapienza in materie di vita pubblica. Ma è, io credo, usabile come semplice denominazione di una politica che vent’anni fa già parve ad alcuni di noi caduca, e che oggi tutti gli spagnoli, anche quelli che ne furono agenti, considerano nell’essenziale periclidata. (Alcuni, per opposizione molto ragionevole al regime attuale, impiegano la follia di dichiararsi «partigiani dell’antico regime». Apriamo per loro qui un rispettoso margine; rispettoso, ma provvisorio. L’impossibilità di analizzare con una critica seria e ragionata gli atti e la significazione del Governo impedisce automaticamente di criticare i suoi oppositori titolari. Con il che si annulla ogni verosimiglianza che possa formarsi uno spirito nuovo e si arrivi a una nuova soluzione di fronte alla vecchia politica, che fu un fallimento, e alla politica vigente, che non è una soluzione. Frattanto, il tempo storico corre, urge e si perde per la Spagna. Non si comprende perché il Governo non ritorni alla sua posizione prima, a quella che rese possibile il suo avvento —la storicamente feconda—, e si incisti in una Dittatura che quanto più si solidificherà tanto meno sarà ciò che una Dittatura deve essere: transito, momento flúido e gracile tra due costituzioni stabili, una che fu, un’altra che sarà. Per questo, a Roma, costituzionalmente si eleggeva il dittatore durante la notte, simboleggiando così il suo carattere di magistratura transitoria e intercalata —tra due soli).

Dicevo, dunque, che ho sempre combattuto la vecchia politica. Ma mai, nemmeno nella più ingenua giovinezza, l’ho combattuta per i suoi abusi. Gli abusi non importano mai molto. Se sono poco frequenti, valgono solo come aneddoti della vita pubblica. Se, in cambio, sono abituali, costituiscono una specie di mostruosa normalità, di anormale normalità, che non è possibile attribuire al vizio individuale, ma proviene da qualche grave difetto negli usi stessi. Di modo che, per bene o per male, l’importante sono gli usi, non gli abusi. Sempre quelli attrarranno la meditazione di chi vada seriamente alla sostanza delle cose. Questi restano per i sicofanti o accusatori.

Il male della vecchia politica era l’uso stesso, la sua propria costituzione. In definitiva: la Costituzione.

Isoliamo strettamente in essa ciò che è decisivo per la nostra prima questione, la nostra questione basica: l’oblio della vita provinciale commesso dalla vecchia politica, la necessità di partire da essa nella nuova.

L’esistenza della Spagna era in quella Costituzione consegnata a due istituzioni principali: il Parlamento e il Governo di sua maestà. Al Parlamento si affidava la legislazione e la fiscalizzazione diretta sulla vita pubblica di tutto il paese. Perciò, tanto le massime questioni da cui dipendeva la vita intera della nazione quanto le piccole questioni locali; tanto i temi astratti, ma ineludibili, della direzione «ideale» del paese, della sua hacienda totale, delle sue relazioni internazionali, quanto gli argomenti più iperconcreti, come l’atropello commesso dal sindaco dell’ultimo paesone, o il colpo che nella più riposta serrania si lasciava sfuggire a un guardia civil. In mezzo stanno quelli che non sono astratti, ma nemmeno minimi: lo stato di tale industria comarcana, il problema delle comunicazioni in mezza provincia, i conflitti economici dei Comuni, eccetera, eccetera. Per risolvere affari di così diverse altitudini e competenze si chiedevano al paese quattrocento deputati, previa la divisione territoriale in quattrocento distretti.

Paralelamente si incaricava a un Governo della funzione esecutiva, con identica ampiezza di temi. Come l’anima, secondo dicono, è tutta in tutte le parti del corpo, il Governo doveva intervenire a un tempo in tutti i pezzi e parti della vita spagnola. Nominato nominalmente dal re, la Costituzione lo consegnava legato mani e piedi al Parlamento. Era inevitabile che per convivere si fondessero entrambi i poteri, e questa fusione, a dispetto della lettera, era lo spirito di questa Costituzione e delle sue congeneri la francese e l’inglese.

Tutto dipendeva, dunque, da una radice: la elezione dei parlamentari.

Dopo quanto annunciato più sopra, non si aspetterà il lettore che parli ora della famosa «soppiantazione del suffragio», supposto origine di tutti i disordini e causa dello scredito della vecchia politica; espressione che si è ripetuta più volte di qualsiasi altra nella nostra storia contemporanea. Basterebbe che il tal fatto fosse un abuso perché non mi interessasse. Ma, inoltre, l’idea di esso, l’importanza che gli si attribuisce, sono… Non si adiri nessuno perché antepongo la richiesta di perdono; ma mi si lasci per una volta dire una parola dura, l’unica che in questo punto dica bene la mia opinione: dare importanza alla soppiantazione del suffragio che in Spagna si praticava è una sciocchezza, e niente di più. Imperio di tale idea rivela semplicemente il grado ciabattino, rozzo, torpido, a cui era arrivato nelle classi superiori della nazione il pensiero politico.

Non ha senso attaccare il vecchio regime perché se ne abusava in ciò che era la sua radice: l’elezione dei parlamentari. Possibile è sempre l’abuso del principio e regime più meraviglioso. Ciò che bisogna fare è strettamente l’inverso: spiegare e giustificare l’abuso, provando che era risultato inevitabile dell’uso stesso, del principio, del regime. Non era cattiva la Costituzione perché alcuni ne abusavano —questa è la sciocchezza—, ma se ne abusava in forma tanto grave perché era cattiva.

Para mostrar esto tenemos que seguir un método contrario al que ha solido emplearse en la literatura política. No vamos a presentar los crímenes e impurezas que se cometían en la elección de parlamentarios, sino al revés. Vamos a situarnos en la mente que creó aquella Constitución, y vamos a imaginar que la elección se verifica sin impurezas, cumpliéndose en ella los supuestos que los legisladores tenían en sus cabezas cuando la forjaron. De esta manera nos formaremos una noción cabal de lo que era aquella Constitución como idea, como modo de pensar político. La veremos en sus usos puros, perfectos. Luego tornaremos la mirada a la realidad de la vida española, a sus usos reales, pero también puros, a su modo de ser efectivo. De tal suerte, podremos comparar dos usos: el ideado en la Constitución y el realísimo de la existencia nacional. Si entre ambos hay una incongruencia radical, quedará invalidado en su esencia misma aquel pensamiento político, aquel régimen, y se comprenderá que, por fuerza y no por pecado de nadie, sólo podía funcionar abusivamente, en perenne anormalidad. Pero algo más positivo obtendremos de este confrontamiento: al superponer el perfil puro de aquella Constitución al cuerpo efectivo de la realidad nacional caeremos en la cuenta de qué porciones y líneas no coinciden; es decir, veremos con plena evidencia qué nuevo esquema de instituciones es preciso idear para que éstas —por tanto, el Estado español—coincidan, en la medida práctica exigible, con la nación española.

2

El cura, desde el púlpito, finge un maniqueo absurdo para darse el gusto de refutar al maniqueo.

Al imaginar nosotros ahora la antigua Constitución en su funcionamiento ideal, es decir, según la idea de los que la crearon, hemos de evitar parecernos al cura refutador. Debemos definir el funcionamiento de aquella Constitución en su forma pura, ideal, pero no utópica. La utopía, con cierta salvedad, que otro día haré, es lo contrario de la política, y fuera tan desleal y tan lerdo emplear el utopismo para formar nuestro programa como para criticar el ajeno. Hemos de interpretar aquel régimen sin exigirle lo inverosímil ni lo improbable; por el contrario, reduciremos las exigencias al mínimum requerido y supuesto en los principios mismos de aquellas instituciones.

Así, pregunto concretamente: ¿qué condiciones, en los electores y en los elegidos, implicaba la elección de parlamentarios según la Constitución? Hemos visto que de esa elección dependía todo lo demás. Por tanto, es éste el punto en que es forzoso precisar y aguzar la mente. Hic, Rhodus, hic salta.

Lo que sigue es bastante pesado. No obstante, solicito del lector que con un esfuerzo generoso de su atención neutralice lo que hay de inameno en el tema. Ya otro día nos divertiremos. Es justo que alguna vez se permita sin enojo hablar de política con cierto rigor.

La característica del viejo Parlamento era su obligación de discriminar sobre todas las cuestiones públicas, lo mismo «nacionales» que locales. Por tanto, los diputados debían ser competentes en todas ellas. Éste es el primer punto en que conviene defenderse de interpretaciones utópicas. Los autores de la Constitución no pretendían, muy razonablemente, que los diputados fuesen competentes en el sentido de ser conocedores científicos, especialistas, «técnicos». La intención de entregarlas todas las cuestiones excluía semejante tecnicismo. En esto no hay por qué impugnar la ley antigua. En los últimos tiempos se ha exagerado mucho la demanda de competencia en los políticos, entendiendo aquélla como «tecnicismo». De aquí que durante unos años fuese corriente ambicionar un Gobierno de «técnicos». Yo creo que es ésta una idea confusa y barata, cuyo análisis no es ahora urgente y detendría nuestra tarea principal. Basta, por el pronto, hacer constar que las cuestiones públicas son, en su inmensa mayoría, de trama gruesa y bastante sencilla. No requieren el empleo del cálculo infinitesimal. Si en algunas, como en ciertos asuntos de la economía pública, interviene literalmente el cálculo infinitesimal, quiere decirse que tienen dos caras perfectamente discernibles y separables: la política y la técnica. La competencia, pues, que era condición de aquellos diputados, no era la «técnica», sino, simplemente, la que toda persona de seria cultura puede poseer. Bastaba con que al discutir y decidir sobre cada cuestión, como suele decirse, «estuviesen enterados». Enterar viene de integrare, tomar en conjunto. Bastaba con que conociesen el conjunto de la cuestión. Ejemplo: una cuestión política es la instrucción pública. Para articular una ley de instrucción pública hace falta tecnicismo. Para discutirla y decidirla, no. Es suficiente estar enterado. Entre los profesores de la Universidad, sólo uno es técnico en instrucción pública: el profesor de Pedagogía. Los demás no somos técnicos de ella, sino que solamente estamos enterados, porque estamos en ella, porque la vivimos. No creo que para discutir correctamente una ley de instrucción pública sea menester mayor competencia que la que poseen normalmente (?) los profesores universitarios, y, sin embargo, no son técnicos. Pongamos, pues, las cosas en su término cuerdo: la competencia exigible a los diputados no es otra que la de estar en las cuestiones o ser capaces de ponerse en ellas. Ya veremos la importancia política que esta capacidad, así definida, tiene.

Más grave que tal faceta del asunto es esta otra: la división más substanciosa que cabe hacer entre los temas sometidos al juicio del Parlamento es la que los disocia en cuestiones «nacionales» y cuestiones locales. En la idea de aquella Constitución era punto esencial que todas, unas y otras, que la vida pública entera de la nación, fuese librada al Parlamento. Ahora bien; no hay duda que entre esos dos linajes de cuestiones hay una diferencia de rango: las cuestiones «nacionales» son más importantes que las locales. Cosa tan obvia no podía pasar inadvertida a los constitucionales del 1876 y 1890. Y, en efecto, no sólo les constaba, sino que en ella fundaban la estructura misma del organismo parlamentario. Las cuestiones «nacionales» son, en comparación con las locales, muy abstractas. Se refieren a ideas y principios morales, históricos, jurídicos, o bien a las amplias normas financieras del país, a sus relaciones internacionales, cuestiones del Estado con la Iglesia, etcétera, etcétera. No se olvide que en aquella época la política de toda Europa era principalmente política de «ideas». (Sólo al fin del siglo XIX se inventó como algo nuevo, y hasta escandaloso, la Realpolitik). Se pensaba entonces que lo decisivo en toda actuación política de electores, de elegidos y del Gobierno —era su enrolamiento bajo alguna bandera «ideal». Estas «ideas» o «ideales» eran, sobre todo, opiniones teóricas sobre cómo debía ser jurídicamente un Estado. En los debates parlamentarios eran estos temas abstractos y teoricopolíticos los que se discutían siempre, cualquiera que fuese el motivo concreto de la controversia —presupuesto, reforma del ejército, ley de instrucción pública o plan de carreteras. Y era justo, natural e inevitable que así aconteciese, porque, en efecto, esas cuestiones u otras parejas tienen mayor rango humano que las demás. Si al Parlamento no le iba a la mano nadie para imponerle la atención a los temas materiales de la existencia nacional, y, sobre todo, a los locales, sin remedio habían de ocupar aquéllos, más excelsos, todo el tiempo y todo el entusiasmo. Además, las «ideas» tenían una ventaja, que en Inglaterra y Francia se había probado. Como el contenido de ellas —monarquía, república, libertad, prestigio de la autoridad, capital y trabajo, librecambio y proteccionismo— era una serie de fichas mentales sobremanera abstractas, tenían un carácter ubicuo y genérico que permitía formar bajo ellas grandes partidos. Ahora bien: un Parlamento gigante, como era aquél —cuatrocientos miembros, representantes de cuatrocientos distritos—, sólo podía funcionar eficazmente si en él se formaban dos o tres grandes grupos, dos o tres masas enormes de opinión pública, produciendo una mecánica relativamente simple. (En rigor, ya un tercer partido es en parlamentarismo, como en mecánica, el llamado «tercer cuerpo», un problema complicadísimo). Y, en efecto, la Constitución inglesa y la francesa han marchado bien mientras hubo dos grandes partidos. Y los hubo mientras hubo «ideas». En cuanto se han disociado en grupos múltiples, los Parlamentos inglés y francés han empezado a crujir y no funcionar.

Los autores de la Constitución buscaban esos grandes partidos, y conscientemente anteponían las cuestiones de ideas, o nacionales, a las locales. Por eso precisamente forjaron aquel tipo de Parlamento. Pensaban acaso que la parte de atención correspondiente a las cuestiones locales vendría impuesta por el país mismo, y que esta imposición compensaría el previsible exclusivismo de las «ideas». De todos modos, es evidente que dejaban a la buena de Dios el cuidado de lo local y destacaban, en cambio, los temas «nacionales» centrando en ellos la vida parlamentaria y, por tanto, la elección.

To show this we have to follow a method contrary to the one that has usually been employed in political literature. We are not going to present the crimes and impurities that were committed in the election of parliamentarians, but on the contrary. We are going to place ourselves in the mind that created that Constitution, and we are going to imagine that the election takes place without impurities, there being fulfilled in it the presuppositions that the legislators had in their heads when they forged it. In this way we shall form a complete notion of what that Constitution was as an idea, as a mode of political thinking. We shall see it in its pure, perfect usages. Then we shall turn our gaze to the reality of Spanish life, to its real but also pure usages, to its effective way of being. In such a way, we shall be able to compare two usages: the one devised in the Constitution and the most real one of national existence. If between the two there is a radical incongruence, that political thought, that regime, will be invalidated in its very essence, and it will be understood that, by force and not by anyone’s sin, it could only function abusively, in perennial abnormality. But something more positive we shall obtain from this confrontation: in superimposing the pure profile of that Constitution upon the effective body of national reality we shall become aware of which portions and lines do not coincide; that is, we shall see with full evidence what new schema of institutions it is necessary to devise so that these —therefore, the Spanish State— coincide, to the extent practically demandable, with the Spanish nation.

2

The priest, from the pulpit, feigns an absurd Manichaean in order to give himself the pleasure of refuting the Manichaean.

In imagining now the old Constitution in its ideal functioning, that is, according to the idea of those who created it, we must avoid resembling the refuting priest. We must define the functioning of that Constitution in its pure, ideal, but not utopian form. Utopia, with a certain reservation, which I shall make another day, is the contrary of politics, and it would be as disloyal and as dull to employ utopianism to form our programme as to criticize that of others. We must interpret that regime without demanding of it the unverisimilar or the improbable; on the contrary, we shall reduce the demands to the minimum required and presupposed in the very principles of those institutions.

Thus, I ask concretely: what conditions, in the electors and in the elected, did the election of parliamentarians imply according to the Constitution? We have seen that from that election depended everything else. Therefore, this is the point in which it is necessary to be precise and to sharpen the mind. Hic Rhodus, hic salta.

What follows is rather heavy. Nevertheless, I solicit of the reader that with a generous effort of his attention he neutralize what there is of unpleasing in the theme. Another day we shall amuse ourselves. It is just that sometimes one be allowed, without annoyance, to speak of politics with a certain rigour.

The characteristic of the old Parliament was its obligation to discriminate upon all public questions, ‘national’ as much as local. Therefore, the deputies had to be competent in all of them. This is the first point in which it is advisable to defend oneself from utopian interpretations. The authors of the Constitution did not pretend, very reasonably, that the deputies be competent in the sense of being scientific knowers, specialists, ‘technicians’. The intention of delivering to them all the questions excluded such a technicism. In this there is no reason to impugn the old law. In recent times the demand for competence in politicians has been much exaggerated, understanding the former as ‘technicism’. Hence that for some years it was current to aspire to a Government of ‘technicians’. I believe this is a confused and cheap idea, whose analysis is not now urgent and would arrest our principal task. It is enough, for the present, to record that public questions are, in their immense majority, of coarse and quite simple texture. They do not require the employment of infinitesimal calculus. If in some, as in certain affairs of public economy, infinitesimal calculus literally intervenes, it means that they have two perfectly discernible and separable faces: the political and the technical. The competence, then, that was a condition of those deputies, was not the ‘technical’, but, simply, that which any person of serious culture can possess. It was enough that in discussing and deciding upon each question, as is usually said, they were ‘informed’. To inform comes from integrare, to take as a whole. It was enough that they knew the whole of the question. Example: a political question is public instruction. To articulate a law of public instruction, technicism is needed. To discuss and decide it, no. It is sufficient to be informed. Among the professors of the University, only one is a technician in public instruction: the professor of Pedagogy. The rest of us are not technicians of it, but are merely informed, because we are in it, because we live it. I do not believe that to discuss correctly a law of public instruction more competence is needed than that which university professors normally (?) possess, and, nevertheless, they are not technicians. Let us put, then, things in their sane term: the competence demandable of the deputies is none other than that of being in the questions or being capable of getting into them. We shall already see the political importance that this capacity, thus defined, has.

More grave than such a facet of the matter is this other one: the most substantial division that can be made among the themes submitted to the judgment of Parliament is the one that dissociates them into ‘national’ questions and local questions. In the idea of that Constitution it was an essential point that all of them, one and the other, that the whole public life of the nation, should be delivered to Parliament. Now: there is no doubt that between those two lineages of questions there is a difference of rank: ‘national’ questions are more important than local ones. So obvious a thing could not pass unnoticed to the constitutionalists of 1876 and 1890. And, in effect, not only was it known to them, but upon it they founded the very structure of the parliamentary organism. ‘National’ questions are, in comparison with local ones, very abstract. They refer to moral, historical, juridical ideas and principles, or to the broad financial norms of the country, to its international relations, questions of the State with the Church, etcetera, etcetera. Let it not be forgotten that in that epoch the politics of all Europe was mainly a politics of ‘ideas’. (Only at the end of the nineteenth century was Realpolitik invented as something new, and even scandalous.) It was thought then that the decisive thing in every political actuation of electors, of the elected and of the Government —was their enrolment under some ‘ideal’ banner. These ‘ideas’ or ‘ideals’ were, above all, theoretical opinions on how a State ought juridically to be. In the parliamentary debates it was these abstract and theoretico-political themes that were always discussed, whatever the concrete motive of the controversy —budget, army reform, law of public instruction or road plan. And it was just, natural and inevitable that it should happen so, because, in effect, those questions or others like them have greater human rank than the rest. If no one was at hand to Parliament to impose upon it attention to the material themes of national existence, and, above all, to the local ones, without remedy the more sublime ones had to occupy all the time and all the enthusiasm. Moreover, the ‘ideas’ had an advantage, which had been proven in England and France. Since their content —monarchy, republic, liberty, prestige of authority, capital and labour, free trade and protectionism— was a series of exceedingly abstract mental counters, they had an ubiquitous and generic character that allowed great parties to be formed under them. Now: a giant Parliament, as that one was —four hundred members, representatives of four hundred districts—, could only function effectively if two or three great groups, two or three enormous masses of public opinion, were formed in it, producing a relatively simple mechanics. (Strictly, a third party already is in parliamentarism, as in mechanics, the so-called ‘third body’, a most complicated problem.) And, in effect, the English and French Constitutions have marched well while there were two great parties. And there were, while there were ‘ideas’. As soon as they have dissociated into multiple groups, the English and French Parliaments have begun to creak and not to function.

The authors of the Constitution sought those great parties, and consciously placed the questions of ideas, or national ones, before the local ones. For that reason precisely they forged that type of Parliament. They thought perhaps that the part of attention corresponding to the local questions would come imposed by the country itself, and that this imposition would compensate the foreseeable exclusivism of the ‘ideas’. In any case, it is evident that they left to the good of God the care of the local and highlighted, on the other hand, the ‘national’ themes, centring upon them the parliamentary life and, therefore, the election.

Per mostrare questo dobbiamo seguire un metodo contrario a quello che si è soliti impiegare nella letteratura politica. Non presenteremo i crimini e le impurità che si commettevano nella elezione dei parlamentari, ma al rovescio. Ci situeremo nella mente che creò quella Costituzione, e immagineremo che la elezione si verifichi senza impurità, adempiendosi in essa i presupposti che i legislatori avevano nelle loro teste quando la forgiarono. In questa maniera ci formeremo una nozione compiuta di ciò che era quella Costituzione come idea, come modo di pensare politico. La vedremo nei suoi usi puri, perfetti. Poi torneremo lo sguardo alla realtà della vita spagnola, ai suoi usi reali, ma anche puri, al suo modo di essere effettivo. In tal guisa, potremo confrontare due usi: l’ideato nella Costituzione e il realissimo dell’esistenza nazionale. Se tra entrambi c’è una incongruenza radicale, resterà invalidato nella sua stessa essenza quel pensiero politico, quel regime, e si comprenderà che, per forza e non per peccato di nessuno, solo poteva funzionare abusivamente, in perenne anormalità. Ma qualcosa di più positivo otterremo da questo confrontamento: sovrapponendo il profilo puro di quella Costituzione al corpo effettivo della realtà nazionale cadremo in conto di quali porzioni e linee non coincidono; cioè, vedremo con piena evidenza quale nuovo schema di istituzioni è preciso ideare perché queste —perciò, lo Stato spagnolo— coincidano, nella misura pratica esigibile, con la nazione spagnola.

2

Il curato, dal pulpito, finge un manicheo assurdo per darsi il gusto di confutare il manicheo.

Immaginando noi ora l’antica Costituzione nel suo funzionamento ideale, cioè, secondo l’idea di quelli che la crearono, dobbiamo evitare di assomigliare al curato confutatore. Dobbiamo definire il funzionamento di quella Costituzione nella sua forma pura, ideale, ma non utopica. L’utopia, con certa riserva, che un altro giorno farò, è il contrario della politica, e sarebbe tanto sleale e tanto tardo impiegare l’utopismo per formare il nostro programma quanto per criticare l’altrui. Dobbiamo interpretare quel regime senza esigerli l’inverosimile né l’improbabile; al contrario, ridurremo le esigenze al minimum richiesto e supposto nei principi stessi di quelle istituzioni.

Così, domando concretamente: quali condizioni, negli elettori e negli eletti, implicava la elezione dei parlamentari secondo la Costituzione? Abbiamo visto che da quella elezione dipendeva tutto il resto. Perciò, è questo il punto in cui è forzoso precisare e aguzzare la mente. Hic Rhodus, hic salta.

Ciò che segue è abbastanza pesante. Nondimeno, sollecito del lettore che con uno sforzo generoso della sua attenzione neutralizzi ciò che c’è di sgradevole nel tema. Già un altro giorno ci divertiremo. È giusto che qualche volta si permetta, senza fastidio, di parlare di politica con certo rigore.

La caratteristica del vecchio Parlamento era il suo obbligo di discriminare su tutte le questioni pubbliche, tanto «nazionali» quanto locali. Perciò, i deputati dovevano essere competenti in tutte esse. Questo è il primo punto in cui conviene difendersi da interpretazioni utopiche. Gli autori della Costituzione non pretendevano, molto ragionevolmente, che i deputati fossero competenti nel senso di essere conoscitori scientifici, specialisti, «tecnici». L’intenzione di consegnare a loro tutte le questioni escludeva siffatto tecnicismo. In questo non c’è perché impugnare la legge antica. Negli ultimi tempi si è esagerato molto la domanda di competenza nei politici, intendendo quella come «tecnicismo». Di qui che durante alcuni anni fosse corrente ambire a un Governo di «tecnici». Io credo che sia questa un’idea confusa e a buon mercato, la cui analisi non è ora urgente e arresterebbe il nostro compito principale. Basta, per il momento, far constare che le questioni pubbliche sono, nella loro immensa maggioranza, di trama grossa e abbastanza semplice. Non richiedono l’impiego del calcolo infinitesimale. Se in alcune, come in certi affari dell’economia pubblica, interviene letteralmente il calcolo infinitesimale, vuol dire che hanno due facce perfettamente discernibili e separabili: la politica e la tecnica. La competenza, dunque, che era condizione di quei deputati, non era la «tecnica», ma, semplicemente, quella che ogni persona di seria cultura può possedere. Bastava che discutendo e decidendo su ogni questione, come si suol dire, «fossero informati». Informare viene da integrare, prendere in insieme. Bastava che conoscessero l’insieme della questione. Esempio: una questione politica è l’istruzione pubblica. Per articolare una legge di istruzione pubblica fa mancare tecnicismo. Per discuterla e deciderla, no. È sufficiente essere informato. Tra i professori dell’Università, solo uno è tecnico in istruzione pubblica: il professore di Pedagogia. Gli altri non siamo tecnici di essa, ma solamente siamo informati, perché siamo in essa, perché la viviamo. Non credo che per discutere correttamente una legge di istruzione pubblica sia mestiere maggiore competenza di quella che possiedono normalmente (?) i professori universitari, e, tuttavia, non sono tecnici. Poniamo, dunque, le cose nel loro termine assennato: la competenza esigibile ai deputati non è altra che quella di essere nelle questioni o essere capaci di mettersi in esse. Vedremo già l’importanza politica che questa capacità, così definita, ha.

Più grave di tale faccenda del asunto è questa altra: la divisione più sostanziosa che si possa fare tra i temi sottoposti al giudizio del Parlamento è quella che li dissocia in questioni «nazionali» e questioni locali. Nell’idea di quella Costituzione era punto essenziale che tutte, le une e le altre, che la vita pubblica intera della nazione, fosse affidata al Parlamento. Ora: non c’è dubbio che tra quei due lignaggi di questioni c’è una differenza di rango: le questioni «nazionali» sono più importanti delle locali. Cosa tanto ovvia non poteva passare inavvertita ai costituzionali del 1876 e 1890. E, in effetti, non solo era loro nota, ma vi fondavano la struttura stessa dell’organismo parlamentare. Le questioni «nazionali» sono, in confronto alle locali, molto astratte. Si riferiscono a idee e principi morali, storici, giuridici, o alle ampie norme finanziarie del paese, alle sue relazioni internazionali, questioni dello Stato con la Chiesa, eccetera, eccetera. Non si dimentichi che in quell’epoca la politica di tutta l’Europa era principalmente politica di «idee». (Solo alla fine del XIX secolo si inventò come qualcosa di nuovo, e fino scandaloso, la Realpolitik). Si pensava allora che il decisivo in ogni attuazione politica di elettori, di eletti e del Governo —fosse il loro arruolamento sotto qualche bandiera «ideale». Queste «idee» o «ideali» erano, soprattutto, opinioni teoriche su come dovesse essere giuridicamente uno Stato. Nei dibattiti parlamentari erano questi temi astratti e teoricopolitici quelli che si discutevano sempre, qualunque fosse il motivo concreto della controversia —bilancio, riforma dell’esercito, legge di istruzione pubblica o piano di strade. Ed era giusto, naturale e inevitabile che così accadesse, perché, in effetti, quelle questioni o altre simili hanno maggiore rango umano delle altre. Se al Parlamento non andava a portata di mano nessuno per imporgli l’attenzione ai temi materiali dell’esistenza nazionale, e, soprattutto, ai locali, senza rimedio dovevano occupare quelli, più eccelsi, tutto il tempo e tutto l’entusiasmo. Inoltre, le «idee» avevano un vantaggio, che in Inghilterra e Francia si era provato. Poiché il contenuto di esse —monarchia, repubblica, libertà, prestigio dell’autorità, capitale e lavoro, libero scambio e protezionismo— era una serie di pedine mentali oltremodo astratte, avevano un carattere ubiquo e generico che permetteva di formare sotto di esse grandi partiti. Ora: un Parlamento gigante, come era quello —quattrocento membri, rappresentanti di quattrocento distretti—, solo poteva funzionare efficacemente se in esso si formavano due o tre grandi gruppi, due o tre masse enormi di opinione pubblica, producendo una meccanica relativamente semplice. (In rigore, già un terzo partito è in parlamentarismo, come in meccanica, il cosiddetto «terzo corpo», un problema complicatissimo). E, in effetti, la Costituzione inglese e la francese hanno marciato bene finché ci furono due grandi partiti. E ci furono finché ci furono «idee». Appena si sono dissociati in gruppi multipli, i Parlamenti inglese e francese hanno cominciato a scricchiolare e a non funzionare.

Gli autori della Costituzione cercavano quei grandi partiti, e consapevolmente anteponevano le questioni di idee, o nazionali, alle locali. Per questo precisamente forgiarono quel tipo di Parlamento. Pensavano forse che la parte di attenzione corrispondente alle questioni locali sarebbe venuta imposta dal paese stesso, e che questa imposizione avrebbe compensato il prevedibile esclusivismo delle «idee». In ogni caso, è evidente che lasciavano alla buona di Dio la cura del locale e mettevano in evidenza, in cambio, i temi «nazionali» centrando su di essi la vita parlamentare e, perciò, la elezione.

Ya aquí empieza a vislumbrarse que era un radical error amontonar sobre una sola institución, conjunta y mixtamente, los asuntos de la «nación» y los de las localidades. Aunque no hubiera otras causas, el simple hecho de esa mezcolanza había de traer el aplastamiento de éstos por aquéllos si fuerzas espontáneas del país, entre ellas el carácter de la raza, su modo de vida, etcétera (como en Inglaterra), no contrarrestaban la tendencia residente en la institución misma, que calificaremos de «tendencia hacia lo abstracto». Pero resuelto a interpretar con la tarifa más favorable la obra de nuestros abuelos, no voy a apuntar por sólo esto un tanto en contra al viejo Código fundamental. Voy a conceder más. Si esa intención de organizar políticamente el país en torno a unas cuantas puras «ideas» de Derecho público se hubiese logrado, habríamos tenido una España desatenta a lo material, tan pobre o más pobre de lo que es, técnicamente absurda, alucinada, donquijotesca, pero políticamente sana, organizada, ferviente, disciplinada, purificada en entusiasmos trascendentales, culta —culta, no por saber mucho, sino por preocuparse de asuntos algo entecos, pero ciertamente elevados. Sobre todo, y esto es lo que ahora nos interesa, si los diputados que la Constitución predestinaba a combatir y votar sobre temas tan perespirituales eran elegidos, en efecto, por la masa, y ésta les seguía compactamente, no hay duda que aquella Constitución hubiera funcionado bien, y al funcionar bien, claro es, habría servido al país, del que entonces cabría quejarse por otras razones, pero no porque su vida pública fuese defectuosa. La Constitución, en tal hipótesis, no era un error.

El toque estaba, pues, en las condiciones que aquel régimen presumiese en el cuerpo electoral. No cabe pensar un Parlamento sin prever un cierto tipo de diputados elegidos, y, en consecuencia, un cierto tipo de electores. De éstos va a depender la realización o la defraudación del proyecto constitucional que los legisladores han lucubrado. La exactitud con que el estadista acierte a calcular las dotes y carácter del elector normal es, a mi juicio, el punto decisivo para toda reforma del Estado. Por eso el reformador tiene que saberse bien su país y tener talento para combinar los elementos del carácter étnico —a veces, poniendo unos frente a otros, en lucha y certamen. El famoso carro del Estado va uncido al carácter nacional. Acertará el político que más sutilmente conozca al español medio y mejor sepa cómo hay que obtener de él su propio progreso; no el que sólo conozca bien ciertos vicios del español y transitoriamente crea, astuto, aprovecharlos.

Más interesante, si cabe, que la competencia en los elegidos es la competencia en los electores. He definido (¡terrible expresión!) la de aquéllos mesuradamente; he dicho que no necesitaba ser competencia técnica, sino «estar enterados», estar en las cuestiones, haberlas vivido por su oficio y ocupación habitual, o, por lo menos, ser capaces de ponerse en ellas cuando se presentan. La competencia exigible en el elector es, naturalmente, menor. Vamos a reducirla al mínimum razonable; la condición mínima de un elector, para ser buen elector, es que las cuestiones sobre que van a debatir y decidir los candidatos existan para él. No creo que se pueda pedir menos: el elector tiene que sentir las cuestiones públicas representadas en las elecciones; es menester que los programas hayan rozado su alma, que le hayan interesado y preocupado, que haya adoptado ante ellos una actitud íntima. Si él es tosco, esta actitud será tosca. No importa. En cuanto elector, será bueno.

Con esto llegamos al punto de peripecia. El Parlamento, por su esencia misma, se ocupaba sólo, o se ocupaba casi exclusivamente, de temas «nacionales»; sobre todo, y por encima de todo, de grandes «ideas» juridicopolíticas, de concepciones del Estado, etcétera, etcétera. Ser candidato era ser liberal, o conservador, o monárquico, o republicano, o socialista, o tradicionalista. Al día siguiente de las elecciones, los periódicos dibujaban el perfil de las nuevas Cortes, calibrando sus facciones bajo esos adjetivos y añadiendo a cada uno el número de triunfantes.

Ahora bien: ¿qué clase de españoles podían sentir esas cuestiones abstractas, tener de ellas conciencia aproximada? Como hablamos de electores hay que hablar de grandes números, de masas. Pues bien: sólo una masa podía haber en España que, formando cuerpo electoral, pudiese interesarse y estar despierta para temas tales, que fuese apta para distinguir la calidad y dirección de los candidatos: el vecindario de la capital, los madrileños.

Este privilegio del vecindario madrileño no le advenía merced a una mágica gracia insuflada con sus vientos peculiares por el padre Guadarrama. Lejos de esto, provenía, simplemente, de que era la capital. Cuando una ciudad moderna es una capital de Estado, se puede a priori determinar cuál es su estructura social. El vecindario de una capital-corte se compone de las siguientes clases de ciudadanos: 1.ª El rey, símbolo del Estado. 2.ª Los palatinos y sus familias y allegados, servidores de ese símbolo. 3.ª Los gobernantes de la hora, los supervivientes y los aspirantes. 4.ª Los parlamentarios o los que en otro régimen hagan sus veces. 5.ª La gigantesca burocracia inmediata del Estado civil y militar. 6.ª Los grandes Bancos y las representaciones de todas las grandes industrias del país, que velan por la relación de éstas con el Estado. 7.ª Los pretendientes a cuantas cosas dependen del Estado. 8.ª La gran Prensa, de carácter principalmente político. 9.ª Las instituciones científicas —Academias, Universidad, etcétera—, en número incomparablemente superior a las que residen en cualquier provincia. 10.ª Los intelectuales, en densa concentración. 11.ª Como todas estas clases tienen amplios ocios, ha de haber en la capital un número enorme de juglares —espectáculos de toda índole—, clase social que vive de proporcionar placer a las anteriores. Por esto, la capital es siempre ciudad abundante en placeres. 12.ª Lo cual atrae a una masa enorme de ricos, cuya riqueza está en las provincias. Vienen a la capital para gastar sus dineros. 13.ª Todas estas clases de vecindario, salvo, en cierto sentido, los intelectuales y los juglares, no son productoras, sino gastadoras. La capital es concentración de compradores; por eso acuden a ella en legión los comerciantes. Éstos viven atentos a su clientela, que, como se ve, está compuesta principalmente de gentes de Estado o congéneres. 14.ª Un estado inferior de pequeños servidores, artesanos, obreros, etcétera; en suma: la «plebe», la plebe típica y eterna de toda gran capital.

No pretendo haber agotado con esta lista las categorías de vecinos madrileños. Pero no hay duda que ésas son las principales y que ninguna de las olvidadas por mí contradice o anula el carácter general de las inscritas. Con esta salvedad puede afirmarse que toda capital moderna tiene esa estructura social, y si no es más que capital, no tiene más que ésa. Puede ocurrir que debajo de la capital subsista una gran ciudad industrial. Éste no es el caso de Madrid, urbe habitada por gentes de Estado, ocupadas en funciones de Estado, preocupadas por asuntos e ideas de Estado (intelectuales), o dependientes de los que son el Estado, sus ocupados y sus preocupados. Este torso del vecindario impone al resto su peculiar espiritualidad; por tanto, a los ricos ociosos que se avecindan y a la plebe sobre que constantemente actúa, que ve diariamente al rey, a los ministros, a los diputados, a los generales, a los publicistas…

En resolución, un vecindario como el de Madrid era un buen elector según la antigua Constitución. Los asuntos «nacionales» que en el Parlamento se discutían, los debates sobre «ideas» políticas, sobre conceptos de Estado, tenían, o podían tener, existencia en el alma de los madrileños. Y, en efecto, las elecciones han solido ser en Madrid bastante normales y auténticas.

El punto decisivo está en si el vecindario del resto de España es homogéneo al de Madrid, si Madrid es toda España, o si «toda España» es muy distinta de Madrid; tal vez, lo contrario de Madrid.

3

Hemos visto que la Constitución radicaba toda ella en el Parlamento —puesto que el Poder ejecutivo tenía, para vivir, que fundirse con aquél (ideal del Gobierno parlamentario, como en Inglaterra); a su vez, el Parlamento dependía de la elección, y la elección, del tipo de elector. Éste, pues, era la ultima ratio de todo el sistema.

Ahora bien: el único tipo de cuerpo electoral congruente con este sistema era el que fuese capaz de interesarse por los grandes y abstractos problemas «nacionales», principalmente por las disputas ideológicas sobre los principios de Derecho político —liberalismo, democracia, tradicionalismo, conservatismo. Hemos encontrado que el cuerpo electoral de Madrid, merced a la estructura social de esta ciudad, respondía bastante bien al tipo previsto en la Constitución.

Pero Madrid elegía sólo ocho diputados, y el Parlamento se componía —números redondos— de cuatrocientos. Para que el régimen tuviese sentido era menester que la mayoría de los trescientos distritos restantes contase con cuerpos electorales homogéneos al de Madrid.

Here already begins to be glimpsed that it was a radical error to heap upon a single institution, jointly and mixedly, the affairs of the ‘nation’ and those of the localities. Even if there were no other causes, the simple fact of that mixture had to bring the crushing of the latter by the former, if spontaneous forces of the country, among them the character of the race, its way of life, etcetera (as in England), did not counteract the tendency resident in the institution itself, which we shall qualify as ‘tendency toward the abstract’. But resolved to interpret with the most favourable tariff the work of our grandfathers, I am not going to score, for only this, a point against the old fundamental Code. I am going to concede more. If that intention of organizing politically the country around a few pure ‘ideas’ of public Law had been achieved, we would have had a Spain inattentive to the material, as poor or poorer than it is, technically absurd, hallucinated, quixotic, but politically healthy, organized, fervent, disciplined, purified in transcendental enthusiasms, cultured —cultured, not for knowing much, but for concerning itself with somewhat sickly, but certainly elevated, affairs. Above all, and this is what now interests us, if the deputies that the Constitution predestined to fight and vote on such perispiritual themes were elected, in effect, by the mass, and this followed them compactly, there is no doubt that that Constitution would have functioned well, and in functioning well, of course, would have served the country, of which then it would have been possible to complain for other reasons, but not because its public life were defective. The Constitution, in such a hypothesis, was not an error.

The touch was, then, in the conditions that that regime presupposed in the electoral body. One cannot think of a Parliament without foreseeing a certain type of elected deputies, and, consequently, a certain type of electors. From these will depend the realization or the defraudation of the constitutional project that the legislators have elaborated. The exactness with which the statesman hits upon calculating the gifts and character of the normal elector is, in my judgment, the decisive point for every reform of the State. That is why the reformer has to know his country well and have talent for combining the elements of the ethnic character —sometimes, putting them against one another, in struggle and contest. The famous chariot of State is yoked to the national character. The politician will hit the mark who most subtly knows the average Spaniard and best knows how to obtain from him his own progress; not he who only knows well certain vices of the Spaniard and transiently believes, astute, to take advantage of them.

More interesting, if possible, than competence in the elected is competence in the electors. I have defined (terrible expression!) the former measurably; I have said that it need not be technical competence, but ‘being informed’, being in the questions, having lived them by one’s office and habitual occupation, or, at least, being capable of getting into them when they present themselves. The competence demandable in the elector is, naturally, lesser. We shall reduce it to the reasonable minimum; the minimum condition of an elector, to be a good elector, is that the questions upon which the candidates are going to debate and decide exist for him. I do not believe that less can be asked: the elector has to feel the public questions represented in the elections; it is necessary that the programmes have brushed his soul, that they have interested and worried him, that he have adopted before them an intimate attitude. If he is coarse, this attitude will be coarse. It does not matter. As an elector, he will be good.

With this we arrive at the point of peripeteia. The Parliament, by its very essence, occupied itself only, or occupied itself almost exclusively, with ‘national’ themes; above all, and over everything, with great juridico-political ‘ideas’, with conceptions of the State, etcetera, etcetera. To be a candidate was to be a liberal, or a conservative, or a monarchist, or a republican, or a socialist, or a traditionalist. The day after the elections, the newspapers drew the profile of the new Cortes, calibrating their factions under those adjectives and adding to each one the number of victors.

Now: what class of Spaniards could feel those abstract questions, have approximate consciousness of them? Since we speak of electors we have to speak of great numbers, of masses. Well then: only one mass could there be in Spain that, forming an electoral body, could take an interest and be awake for such themes, that were apt to distinguish the quality and direction of the candidates: the citizenry of the capital, the Madrilenians.

This privilege of the Madrilenian citizenry did not come to it by virtue of a magic grace insufflated with its peculiar winds by father Guadarrama. Far from this, it proceeded, simply, from the fact that it was the capital. When a modern city is a capital of State, one can a priori determine what its social structure is. The citizenry of a capital-court is composed of the following classes of citizens: 1st The king, symbol of the State. 2nd The palatines and their families and connections, servants of that symbol. 3rd The rulers of the hour, the survivors and the aspirants. 4th The parliamentarians or those who in another regime act as such. 5th The gigantic immediate bureaucracy of the civil and military State. 6th The great Banks and the representations of all the great industries of the country, which watch over the relation of these with the State. 7th The pretenders to all the things that depend on the State. 8th The great Press, of mainly political character. 9th The scientific institutions —Academies, University, etcetera—, in number incomparably superior to those that reside in any province. 10th The intellectuals, in dense concentration. 11th As all these classes have ample leisure, there must be in the capital an enormous number of jugglers —spectacles of all kinds—, a social class that lives by providing pleasure to the preceding ones. For this reason, the capital is always a city abundant in pleasures. 12th Which attracts an enormous mass of rich people, whose wealth is in the provinces. They come to the capital to spend their monies. 13th All these classes of citizenry, except, in a certain sense, the intellectuals and the jugglers, are not producers, but spenders. The capital is a concentration of buyers; that is why the merchants flock to it in legion. These live attentive to their clientele, which, as is seen, is composed mainly of people of the State or its congeners. 14th An inferior estate of petty servants, artisans, workers, etcetera; in short: the ‘plebs’, the typical and eternal plebs of every great capital.

I do not pretend to have exhausted with this list the categories of Madrilenian residents. But there is no doubt that those are the principal ones and that none of the ones forgotten by me contradicts or annuls the general character of those inscribed. With this reservation it can be affirmed that every modern capital has that social structure, and if it is no more than a capital, it has no more than that. It may happen that beneath the capital there subsists a great industrial city. This is not the case of Madrid, a city inhabited by people of the State, occupied in functions of State, preoccupied by affairs and ideas of State (intellectuals), or dependent on those who are the State, its occupied and its preoccupied. This torso of the citizenry imposes upon the rest its peculiar spirituality; therefore, upon the rich idlers who take up residence and upon the plebs on which it constantly acts, which sees daily the king, the ministers, the deputies, the generals, the publicists…

In short, a citizenry like that of Madrid was a good elector according to the old Constitution. The ‘national’ affairs that were discussed in Parliament, the debates over political ‘ideas’, over concepts of State, had, or could have, existence in the soul of the Madrilenians. And, in effect, the elections have usually been in Madrid fairly normal and authentic.

The decisive point is whether the citizenry of the rest of Spain is homogeneous with that of Madrid, whether Madrid is all Spain, or whether ‘all Spain’ is very different from Madrid; perhaps, the contrary of Madrid.

3

We have seen that the Constitution was rooted wholly in the Parliament —since the executive Power had, in order to live, to fuse with it (ideal of parliamentary Government, as in England); in turn, the Parliament depended on the election, and the election, on the type of elector. This one, then, was the ultima ratio of the whole system.

Now: the only type of electoral body congruent with this system was the one that were capable of taking an interest in the great and abstract ‘national’ problems, principally in the ideological disputes over the principles of political Law —liberalism, democracy, traditionalism, conservatism. We have found that the electoral body of Madrid, by virtue of the social structure of this city, responded fairly well to the type foreseen in the Constitution.

But Madrid elected only eight deputies, and the Parliament was composed —round numbers— of four hundred. For the regime to have sense it was necessary that the majority of the remaining three hundred districts count with electoral bodies homogeneous with that of Madrid.

Già qui comincia a intravedersi che era un errore radicale ammucchiare sopra una sola istituzione, congiuntamente e mistamente, gli affari della «nazione» e quelli delle località. Anche se non ci fossero altre cause, il semplice fatto di quella mescolanza doveva portare lo schiacciamento di questi per opera di quelli, se forze spontanee del paese, tra esse il carattere della razza, il suo modo di vita, eccetera (come in Inghilterra), non contrasteranno la tendenza residente nella istituzione stessa, che qualificheremo come «tendenza verso l’astratto». Ma risoluto a interpretare con la tariffa più favorevole l’opera dei nostri avoli, non accennerò per solo questo un tanto in contro al vecchio Codice fondamentale. Andrò a concedere di più. Se quella intenzione di organizzare politicamente il paese intorno a poche pure «idee» di Diritto pubblico si fosse conseguita, avremmo avuto una Spagna disattenta al materiale, tanto povera o più povera di ciò che è, tecnicamente assurda, allucinata, donchisciottesca, ma politicamente sana, organizzata, fervente, disciplinata, purificata in entusiasmi trascendentali, colta —colta, non per sapere molto, ma per preoccuparsi di affari alquanto stitici, ma certamente elevati. Soprattutto, e questo è ciò che ora ci interessa, se i deputati che la Costituzione predestinava a combattere e votare su temi tanto perispirituali fossero eletti, in effetti, dalla massa, e questa li seguisse compattamente, non c’è dubbio che quella Costituzione avrebbe funzionato bene, e funzionando bene, chiaro è, avrebbe servito al paese, del quale allora sarebbe stato possibile lamentarsi per altre ragioni, ma non perché la sua vita pubblica fosse difettosa. La Costituzione, in tale ipotesi, non era un errore.

Il tocco stava, dunque, nelle condizioni che quel regime presumesse nel corpo elettorale. Non è possibile pensare un Parlamento senza prevedere un certo tipo di deputati eletti, e, in conseguenza, un certo tipo di elettori. Da questi dipenderà la realizzazione o la defraudazione del progetto costituzionale che i legislatori hanno elucubrato. L’esattezza con cui lo statista indovini a calcolare le doti e il carattere dell’elettore normale è, a mio giudizio, il punto decisivo per ogni riforma dello Stato. Per questo il riformatore deve conoscere bene il suo paese e avere talento per combinare gli elementi del carattere etnico —a volte, mettendoli gli uni contro gli altri, in lotta e certame. Il famoso carro dello Stato va aggiogato al carattere nazionale. Indovinerà il politico che più sottilmente conosca lo spagnolo medio e meglio sappia come si deve ottenere da lui il suo proprio progresso; non quello che solo conosca bene certi vizi dello spagnolo e transitoriamente creda, astuto, di approfittarne.

Più interessante, se possibile, che la competenza negli eletti è la competenza negli elettori. Ho definito (terribile espressione!) quella di quelli misuratamente; ho detto che non doveva essere competenza tecnica, ma «essere informati», essere nelle questioni, averle vissute per il loro ufficio e occupazione abituale, o, almeno, essere capaci di mettersi in esse quando si presentano. La competenza esigibile nell’elettore è, naturalmente, minore. La ridurremo al minimum ragionevole; la condizione minima di un elettore, per essere buon elettore, è che le questioni su cui andranno a dibattere e decidere i candidati esistano per lui. Non credo che si possa chiedere di meno: l’elettore deve sentire le questioni pubbliche rappresentate nelle elezioni; è mestiere che i programmi abbiano sfiorato la sua anima, che gli abbiano interessato e preoccupato, che abbia adottato dinanzi ad essi un’attitudine intima. Se egli è rozzo, questa attitudine sarà rozza. Non importa. In quanto elettore, sarà buono.

Con questo arriviamo al punto di peripecia. Il Parlamento, per la sua stessa essenza, si occupava solo, o si occupava quasi esclusivamente, di temi «nazionali»; soprattutto, e sopra tutto, di grandi «idee» giuridico-politiche, di concezioni dello Stato, eccetera, eccetera. Essere candidato era essere liberale, o conservatore, o monarchico, o repubblicano, o socialista, o tradizionalista. Il giorno dopo delle elezioni, i giornali disegnavano il profilo delle nuove Cortes, calibrando le loro fazioni sotto quei aggettivi e aggiungendo a ciascuno il numero dei trionfanti.

Ora: quale classe di spagnoli poteva sentire quelle questioni astratte, averne coscienza approssimata? Come parliamo di elettori bisogna parlare di grandi numeri, di masse. Orbene: solo una massa poteva esserci in Spagna che, formando corpo elettorale, potesse interessarsi ed essere sveglia per temi siffatti, che fosse atta a distinguere la qualità e direzione dei candidati: il vicinato della capitale, i madrileni.

Questo privilegio del vicinato madrileno non gli adveniva mercé una magica grazia insufflata con i suoi venti peculiari dal padre Guadarrama. Lungi da questo, proveniva, semplicemente, dal fatto che era la capitale. Quando una città moderna è una capitale di Stato, si può a priori determinare quale sia la sua struttura sociale. Il vicinato di una capitale-corte si compone delle seguenti classi di cittadini: 1.ª Il re, simbolo dello Stato. 2.ª I palatini e le loro famiglie e allegati, servitori di quel simbolo. 3.ª I governanti dell’ora, i sopravvissuti e gli aspiranti. 4.ª I parlamentari o quelli che in altro regime facciano le loro veci. 5.ª La gigantesca burocrazia immediata dello Stato civile e militare. 6.ª Le grandi Banche e le rappresentanze di tutte le grandi industrie del paese, che vegliano sulla relazione di queste con lo Stato. 7.ª I pretendenti a quante cose dipendono dallo Stato. 8.ª La grande Stampa, di carattere principalmente politico. 9.ª Le istituzioni scientifiche —Accademie, Università, eccetera—, in numero incomparabilmente superiore a quelle che risiedono in qualunque provincia. 10.ª Gli intellettuali, in densa concentrazione. 11.ª Come tutte queste classi hanno ampi ozi, ci dev’essere nella capitale un numero enorme di giullari —spettacoli di ogni indole—, classe sociale che vive di procurare piacere alle precedenti. Per questo, la capitale è sempre città abbondante in piaceri. 12.ª Il che attrae a una massa enorme di ricchi, la cui ricchezza sta nelle province. Vengono alla capitale per spendere i loro denari. 13.ª Tutte queste classi di vicinato, salvo, in certo senso, gli intellettuali e i giullari, non sono produttrici, ma spenditrici. La capitale è concentrazione di compratori; per questo accorrono ad essa in legione i commercianti. Questi vivono attenti alla loro clientela, che, come si vede, è composta principalmente di genti di Stato o congeneri. 14.ª Uno stato inferiore di piccoli servitori, artigiani, operai, eccetera; in somma: la «plebe», la plebe tipica ed eterna di ogni grande capitale.

Non pretendo aver esaurito con questa lista le categorie di vicini madrileni. Ma non c’è dubbio che quelle sono le principali e che nessuna delle dimenticate da me contraddica o annulli il carattere generale delle iscritte. Con questa salvedad si può affermare che ogni capitale moderna ha quella struttura sociale, e se non è più che capitale, non ha più che quella. Può accadere che sotto la capitale sussista una grande città industriale. Questo non è il caso di Madrid, urbe abitata da genti di Stato, occupate in funzioni di Stato, preoccupate da affari e idee di Stato (intellettuali), o dipendenti da quelli che sono lo Stato, i suoi occupati e i suoi preoccupati. Questo torso del vicinato impone al resto la sua peculiare spiritualità; perciò, ai ricchi oziosi che si stabiliscono e alla plebe su cui costantemente agisce, che vede diariamente il re, i ministri, i deputati, i generali, i pubblicisti…

In risoluzione, un vicinato come quello di Madrid era un buon elettore secondo l’antica Costituzione. Gli affari «nazionali» che nel Parlamento si discutevano, i dibattiti su «idee» politiche, su concetti di Stato, avevano, o potevano avere, esistenza nell’anima dei madrileni. E, in effetti, le elezioni sono soglio essere in Madrid abbastanza normali e autentiche.

Il punto decisivo sta in se il vicinato del resto della Spagna è omogeneo a quello di Madrid, se Madrid è tutta la Spagna, o se «tutta la Spagna» è molto distinta da Madrid; forse, il contrario di Madrid.

3

Abbiamo visto che la Costituzione radicava tutta quanta nel Parlamento —giacché il Potere esecutivo aveva, per vivere, da fondersi con quello (ideale del Governo parlamentare, come in Inghilterra); a sua volta, il Parlamento dipendeva dalla elezione, e la elezione, dal tipo di elettore. Questo, dunque, era l’ultima ratio di tutto il sistema.

Ora: l’unico tipo di corpo elettorale congruente con questo sistema era quello che fosse capace di interessarsi dei grandi e astratti problemi «nazionali», principalmente delle dispute ideologiche sui principi di Diritto politico —liberalismo, democrazia, tradizionalismo, conservatismo. Abbiamo trovato che il corpo elettorale di Madrid, mercé la struttura sociale di questa città, rispondeva abbastanza bene al tipo previsto nella Costituzione.

Ma Madrid eleggeva solo otto deputati, e il Parlamento si componeva —numeri tondi— di quattrocento. Perché il regime avesse senso era mestiere che la maggioranza dei trecento distretti restanti contasse con corpi elettorali omogenei a quello di Madrid.

Llamo, en sentido estricto, «política madrileñista» o «madrileñismo político» a la idea e intención de organizar el Estado español suponiendo que el tipo medio de los cuerpos electorales en toda la Península es idéntico, en lo esencial, al cuerpo electoral de Madrid. Por tanto, a la política que presume una España consistente —para los efectos políticos— en un Madrid dilatado hasta los límites de la nación. En este pensamiento político, «nación» y Madrid son términos equivalentes e indiferenciados. Se toma a la nación como un Madrid, se toma a Madrid como lo normal de la nación.

Hasta ahora no he hecho otra cosa que interpretar en la forma más leal y rigorosa posible nuestro Código fundamental, según la mente de sus autores. He dibujado lo que cabría llamar la idea de la vieja Constitución. Pero ésta pretendía, como es natural, valer para la nación. Por tanto, debemos ahora retirar la mirada de la idea de la Constitución y fijarla sobre la realidad de la nación, a fin de confrontar la una con la otra. Esta confrontación sería muy vaga e insuficiente si la pesadumbre del análisis anterior no nos la hubiera facilitado reduciéndola a términos precisos. Se trata, simplemente, de ver si, en efecto, los cuerpos electorales de la Península, en su gran mayoría, se asemejan al cuerpo electoral madrileño.

Lo característico de éste era el predominio de ciertas clases sociales que son las únicas capaces de interesarse en las grandes cuestiones «nacionales», tan genéricas y abstractas. Como las he calificado una y otra vez de «abstractas», debo hacer una advertencia: el que sean abstractas no quiere decir que no sean reales e importantes. Por el contrario, bien entendidas, resultará, a la postre, que son las más reales e importantes. Si toma el lector en la mano un Manual de Ingeniería, hallará que en sus páginas no hay más que fórmulas algebraicas y figuras geométricas. Nada más abstracto. Sin embargo, de ese Manual salen los ferrocarriles, los puentes, los automóviles, el hierro, la metalurgia, y, en consecuencia, los negocios ferroviarios, de comunicaciones, fabriles, etcétera. Todas estas realidades emergen de lo más abstracto. Parejamente, las cuestiones «nacionales», y aun las de «ideas», son realísimas; pero consisten en concepciones muy generales que tienen, por lo mismo, un carácter abstracto y requieren cierta predisposición espiritual para ser atendidas y entendidas —como pasa con el Manual de Ingeniería.

Pues bien: las clases sociales predominantes en el vecindario madrileño son las que poseen esa disposición espiritual. Dondequiera, en el más remoto desierto, podrá haber algún individuo tan capaz como el más capaz madrileño de interesarse en las cuestiones «nacionales». Pero aquí no se habla de individuos privilegiados, sino de masas, de clases aptas para sentir las grandes abstracciones públicas. Las llamaré, por esta razón, «clases abstractas». Y éstas son —en España, fuera de España y, tal vez, en Sirio— tres, y nada más que tres: las burócratas, las intelectuales y las financieroindustriales. Los burócratas se interesan en la cuestión de Estado, sencillamente porque es su obligación. Los intelectuales, porque es su devoción y su aptitud interesarse en lo abstracto. Los financieroindustriales, porque es su interés y, además, porque la técnica de sus asuntos los habitúa a la concepción de relaciones abstractas, a amplias previsiones, a percatarse de que lo concreto depende, en definitiva, de lo general.

La condición propia de estas tres clases aparece clara si el lector opone a ellas el labriego, que en la campiña casi incomunicada hinca, bajo el sol y el ábrego, la reja del arado en su humilde pegujal.

Para que los demás cuerpos electorales fuesen similares al de Madrid sería menester una de estas dos cosas: primero, o que en cada uno de ellos predominasen las mismas clases sociales que en Madrid, o, segundo, que el espíritu de Madrid, es decir, de sus tres clases principales, hubiese influido en el país hasta el punto de penetrarlo y educarlo a su imagen y semejanza.

¿Ocurre, efectivamente, lo primero? Evidentemente, no. En ninguna nación del mundo pueden predominar, numéricamente, los burócratas ni los intelectuales, y en muy pocas, los financieroindustriales. Entre nosotros forman una exigua minoría. En España hay más burócratas, relativamente, que en ningún otro país, salvo China; pero, en cambio, hay fabulosamente menos intelectuales e industriales.

Los cuerpos electorales españoles, aparte del madrileño, se dividen en varios grupos. Uno, formado por las ciudades más importantes, que a primera vista podrían emparejarse con Madrid, como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. Otro, por las restantes capitales de provincia. Otro, en fin, por la legión de distritos rurales.

Entre el segundo y el tercer grupo —me apresuro a decir— no hay diferencia importante para nuestra cuestión. La pequeña capital de provincia es, en su esencia, tan rural como la aldea: vive, como ella, del campo. La diferencia se reduce a que en la capital de provincia habitan los labradores y ganaderos más ricos y que el Estado tiene allí una mínima colonia de burócratas y de intelectuales (una Universidad más o menos completa, un Instituto de Segunda enseñanza, una Escuela Normal). De todas suertes, los campesinos —ricos y pobres, propietarios y jornaleros— forman en ella una mayoría aplastante, cuyo espíritu predomina sin límite alguno.

Sería, en cambio, asunto delicado aprontar la fórmula precisa de la estructura social correspondiente a las mayores capitales de provincia. Entre Madrid y el ingente resto del país constituyen unidades públicas de carácter intermedio y son muy distintas entre sí. Para ser certero, fuera preciso considerar aparte cada una; así, aunque Bilbao y Sevilla pesan casi lo mismo en la vida española, no se parecen en nada como unidades públicas. Pero entrar en este estudio de detalle nos distraería ahora. Al propio tiempo, no nos hace falta para nada en el capítulo de una nueva política, que ahora nos ocupa. En última instancia, se trata de tres, cuatro, cinco grandes ciudades provinciales que elegían, a lo sumo, veinte o veinticinco diputados. Pongamos que sus cuerpos electorales coincidían —lo que no es cierto— con el de Madrid. Sumados sus representantes a los madrileños, dan treinta y pico —entre cuatrocientos. Por lo tanto, quitémonos de en medio este asunto. Se entiende, por ahora. Las grandes ciudades provinciales significan el título de un problema especial y enorme en la vida pública española. Mal preconcebido estará todo nuevo sistema de política nacional que no tenga, por anticipado, abierto un hueco para alojar ese problema. Ya lo veremos surgir maduro a su tiempo y caer en su lugar predestinado dentro del seno de la meditación.

Resulta, pues, que de cuatrocientos representantes nacionales, trescientos sesenta eran elegidos por distritos resueltamente rurales. Madrid y las tres o cuatro ciudades que, por un momento, consideraremos afines se encontraban solas frente a la casi totalidad de los cuerpos electorales formados por campesinos. Nuestra nación, en su realidad, es campiña y sierra —ruralismo—; por tanto, está constituida por la clase social de tipo más opuesto a burocracia, intelectualidad e industrialismo. El rural es el hombre prisionero de lo concreto y próximo, por sí mismo incapaz de entender ni sentir nada abstracto y racionalizado. Su alma vive sonámbulamente —y éste es su encanto indudable—, flotando en impulsos tradicionales. Tiende a hacer hoy lo que hacía ayer, simplemente porque lo hacía ayer. Su mente es miope —y ésta es su fuerza: ve muy claro lo inmediato, se aferra a ello, pero no puede percibir lejanías, las generalizaciones. Las cuestiones de Estado, los afanes históricos, las luchas integrales, los cambios de régimen, toda la historia, en suma, pasan por encima de su cabeza como las nubes viajeras sobre la cima de las encinas: sin que éstas se enteren. Todos los que hayan explorado el sacro cuerpo de España han tropezado, en la serranía o en la ribera, con un sombrerazo de labriego bajo el cual se aseguraba que aún gobierna en España Fernando VII. Claro es que el señor campesino sabe algunas cosas más; sí, las sabe, han caído sobre su espíritu noticias sobre el mundo, sobre la nación, sobre las cuestiones públicas, pero no las siente ni sabe orientarse en ellas con soltura. Su alma, más fina que la del jornalero, obedece en sustancia a los mismos principios. (Véase España invertebrada).

No es necesario emplear sobre este punto muchas palabras. Nadie puede desconocer el hecho de que la casi totalidad de los cuerpos electorales españoles está constituida por pura clase rural, y que el rural es el polo opuesto al burócrata, al intelectual y al industrial.

I call, in the strict sense, ‘Madrilenist politics’ or ‘political Madrilenism’ the idea and intention of organizing the Spanish State supposing that the average type of the electoral bodies in the whole Peninsula is identical, in essentials, to the electoral body of Madrid. Therefore, the politics that presumes a Spain consisting —for political effects— of a Madrid dilated to the limits of the nation. In this political thought, ‘nation’ and Madrid are equivalent and undifferentiated terms. The nation is taken as a Madrid, Madrid is taken as the normal of the nation.

Until now I have done nothing but interpret in the most loyal and rigorous form possible our fundamental Code, according to the mind of its authors. I have drawn what could be called the idea of the old Constitution. But this pretended, as is natural, to be valid for the nation. Therefore, we must now withdraw our gaze from the idea of the Constitution and fix it upon the reality of the nation, in order to confront the one with the other. This confrontation would be very vague and insufficient if the weight of the previous analysis had not facilitated it for us by reducing it to precise terms. It is, simply, a question of seeing whether, in effect, the electoral bodies of the Peninsula, in their great majority, resemble the Madrilenian electoral body.

The characteristic of the latter was the predominance of certain social classes which are the only ones capable of taking an interest in the great ‘national’ questions, so generic and abstract. As I have qualified them once and again as ‘abstract’, I must make a warning: that they are abstract does not mean that they are not real and important. On the contrary, well understood, it will turn out, in the end, that they are the most real and important. If the reader takes in hand a Manual of Engineering, he will find that in its pages there is nothing but algebraic formulas and geometric figures. Nothing more abstract. Nevertheless, from that Manual come the railways, the bridges, the automobiles, iron, metallurgy, and, consequently, railway, communications, factory businesses, etcetera. All these realities emerge from the most abstract. Likewise, the ‘national’ questions, and even those of ‘ideas’, are most real; but they consist of very general conceptions which have, for that very reason, an abstract character and require a certain spiritual predisposition in order to be attended to and understood —as happens with the Manual of Engineering.

Well then: the social classes predominant in the Madrilenian citizenry are those that possess that spiritual disposition. Anywhere, in the most remote desert, there may be some individual as capable as the most capable Madrilenian of taking an interest in the ‘national’ questions. But here we do not speak of privileged individuals, but of masses, of classes apt to feel the great public abstractions. I shall call them, for this reason, ‘abstract classes’. And these are —in Spain, outside Spain and, perhaps, in Sirius— three, and nothing more than three: the bureaucratic, the intellectual and the financial-industrial. The bureaucrats take an interest in the question of State, simply because it is their obligation. The intellectuals, because it is their devotion and their aptitude to take an interest in the abstract. The financial-industrialists, because it is their interest and, moreover, because the technique of their affairs habituates them to the conception of abstract relations, to broad forecasts, to becoming aware that the concrete depends, in the last resort, on the general.

The proper condition of these three classes appears clear if the reader opposes to them the peasant, who in the almost uncommunicated countryside drives, under the sun and the south wind, the share of the plough into his humble plot.

For the other electoral bodies to be similar to that of Madrid it would be necessary one of these two things: first, either that in each one of them the same social classes as in Madrid should predominate, or, second, that the spirit of Madrid, that is, of its three principal classes, should have influenced the country to the point of penetrating and educating it in its image and likeness.

Does the first actually occur? Evidently, no. In no nation of the world can the bureaucrats nor the intellectuals numerically predominate, and in very few, the financial-industrialists. Among us they form an exiguous minority. In Spain there are more bureaucrats, relatively, than in any other country, save China; but, on the other hand, there are fabulously fewer intellectuals and industrialists.

The Spanish electoral bodies, apart from the Madrilenian one, are divided into several groups. One, formed by the most important cities, which at first sight could be paired with Madrid, such as Barcelona, Seville, Bilbao, Valencia. Another, by the remaining provincial capitals. Another, finally, by the legion of rural districts.

Between the second and the third group —I hasten to say— there is no important difference for our question. The small provincial capital is, in its essence, as rural as the village: it lives, like it, off the countryside. The difference reduces to the fact that in the provincial capital dwell the richest farmers and stockbreeders and that the State has there a minimal colony of bureaucrats and of intellectuals (a more or less complete University, a secondary-school Institute, a Normal School). In any case, the peasants —rich and poor, proprietors and day-labourers— form in it an overwhelming majority, whose spirit predominates without any limit.

It would, on the other hand, be a delicate matter to produce the precise formula of the social structure corresponding to the larger provincial capitals. Between Madrid and the huge remainder of the country they constitute public units of intermediate character and are very different from one another. To be accurate, it would be necessary to consider each one separately; thus, although Bilbao and Seville weigh almost the same in Spanish life, they resemble each other in nothing as public units. But entering into this study of detail would distract us now. At the same time, we do not need it at all in the chapter of a new politics, which now occupies us. In the last instance, it is a question of three, four, five great provincial cities that elected, at most, twenty or twenty-five deputies. Let us put that their electoral bodies coincided —which is not certain— with that of Madrid. Their representatives added to the Madrilenian ones give thirty-odd —among four hundred. Therefore, let us get this matter out of the way. It is understood, for now. The great provincial cities signify the title of a special and enormous problem in Spanish public life. Badly preconceived will be every new system of national politics that does not have, in advance, a gap opened to lodge that problem. We shall already see it arise mature in its time and fall into its predestined place within the bosom of meditation.

It results, then, that of four hundred national representatives, three hundred and sixty were elected by resolutely rural districts. Madrid and the three or four cities that, for a moment, we shall consider akin found themselves alone in the face of the almost totality of the electoral bodies formed by peasants. Our nation, in its reality, is countryside and sierra —ruralism—; therefore, it is constituted by the social class of type most opposite to bureaucracy, intellectuality and industrialism. The rural man is the prisoner of the concrete and the near, by himself incapable of understanding or feeling anything abstract and rationalized. His soul lives somnambulically —and this is his undoubted charm—, floating in traditional impulses. He tends to do today what he did yesterday, simply because he did it yesterday. His mind is myopic —and this is his strength: he sees very clearly the immediate, clings to it, but cannot perceive distances, generalizations. The questions of State, the historical urgings, the integral struggles, the changes of regime, all history, in short, pass over his head like the travelling clouds over the top of the oaks: without these being aware. All who have explored the sacred body of Spain have stumbled, in the sierra or on the riverside, upon a peasant’s broad-brimmed hat beneath which it was assured that Ferdinand VII still governs in Spain. It is clear that the peasant gentleman knows some more things; yes, he knows them, news about the world, about the nation, about public questions have fallen upon his spirit, but he does not feel them nor know how to orient himself in them with ease. His soul, finer than that of the day-labourer, obeys in substance the same principles. (See España invertebrada).

It is not necessary to employ many words on this point. No one can deny the fact that the almost totality of the Spanish electoral bodies is constituted by pure rural class, and that the rural man is the opposite pole to the bureaucrat, to the intellectual and to the industrialist.

Chiamo, in senso stretto, «politica madrilenista» o «madrilenismo politico» l’idea e l’intenzione di organizzare lo Stato spagnolo supponendo che il tipo medio dei corpi elettorali in tutta la Penisola sia identico, nell’essenziale, al corpo elettorale di Madrid. Perciò, la politica che presume una Spagna consistente —per gli effetti politici— in una Madrid dilatata fino ai limiti della nazione. In questo pensiero politico, «nazione» e Madrid sono termini equivalenti e indifferenziati. Si prende la nazione come una Madrid, si prende Madrid come il normale della nazione.

Finora non ho fatto altro che interpretare nella forma più leale e rigorosa possibile il nostro Codice fondamentale, secondo la mente dei suoi autori. Ho disegnato ciò che si potrebbe chiamare l’idea della vecchia Costituzione. Ma questa pretendeva, com’è naturale, di valere per la nazione. Perciò, dobbiamo ora ritirare lo sguardo dall’idea della Costituzione e fissarlo sulla realtà della nazione, al fine di confrontare l’una con l’altra. Questo confronto sarebbe molto vago e insufficiente se il peso dell’analisi anteriore non ce lo avesse facilitato riducendolo a termini precisi. Si tratta, semplicemente, di vedere se, in effetti, i corpi elettorali della Penisola, nella loro grande maggioranza, si assomigliano al corpo elettorale madrileno.

La cosa caratteristica di questo era il predominio di certe classi sociali che sono le uniche capaci di interessarsi alle grandi questioni «nazionali», tanto generiche e astratte. Poiché le ho qualificate una e un’altra volta di «astratte», devo fare un’avvertenza: che siano astratte non vuol dire che non siano reali e importanti. Al contrario, bene intese, risulterà, alla fine, che sono le più reali e importanti. Se il lettore prende in mano un Manuale di Ingegneria, troverà che nelle sue pagine non ci sono che formule algebriche e figure geometriche. Nulla di più astratto. Tuttavia, da quel Manuale escono le ferrovie, i ponti, gli automobili, il ferro, la metallurgia, e, in conseguenza, gli affari ferroviari, di comunicazioni, manifatturieri, eccetera. Tutte queste realtà emergono dal più astratto. Parimente, le questioni «nazionali», e anche quelle di «idee», sono realissime; ma consistono in concezioni molto generali che hanno, proprio per questo, un carattere astratto e richiedono certa predisposizione spirituale per essere attese e intese —come succede col Manuale di Ingegneria.

Orbene: le classi sociali predominanti nel vicinato madrileno sono quelle che possiedono quella disposizione spirituale. Ovunque, nel più remoto deserto, potrà esserci qualche individuo tanto capace quanto il più capace madrileno di interessarsi alle questioni «nazionali». Ma qui non si parla di individui privilegiati, ma di masse, di classi atte a sentire le grandi astrazioni pubbliche. Le chiamerò, per questa ragione, «classi astratte». E queste sono —in Spagna, fuori della Spagna e, forse, in Sirio— tre, e niente più che tre: le burocrate, le intellettuali e le finanziario-industriali. I burocrati si interessano alla questione di Stato, semplicemente perché è loro obbligo. Gli intellettuali, perché è loro devozione e loro attitudine interessarsi all’astratto. I finanziario-industriali, perché è loro interesse e, inoltre, perché la tecnica dei loro affari li abitua alla concezione di relazioni astratte, ad ampie previsioni, ad accorgersi che il concreto dipende, in definitiva, dal generale.

La condizione propria di queste tre classi appare chiara se il lettore oppone ad esse il contadino, che nella campagna quasi incomunicata pianta, sotto il sole e lo scirocco, la lama dell’aratro nel suo umile pezzetto di terra.

Perché gli altri corpi elettorali fossero simili a quello di Madrid sarebbe mestiere una di queste due cose: primo, o che in ciascuno di essi predominassero le stesse classi sociali che a Madrid, o, secondo, che lo spirito di Madrid, cioè, delle sue tre classi principali, avesse influito nel paese fino al punto di penetrarlo ed educarlo a sua immagine e somiglianza.

Accade, effettivamente, la prima? Evidentemente, no. In nessuna nazione del mondo possono predominare, numericamente, i burocrati né gli intellettuali, e in pochissime, i finanziario-industriali. Tra noi formano un’esigua minoranza. In Spagna ci sono più burocrati, relativamente, che in nessun altro paese, salvo la Cina; ma, in cambio, ci sono favolosamente meno intellettuali e industriali.

I corpi elettorali spagnoli, a parte quello madrileno, si dividono in vari gruppi. Uno, formato dalle città più importanti, che a prima vista potrebbero affiancarsi a Madrid, come Barcellona, Siviglia, Bilbao, Valenza. Un altro, dalle restanti capitali di provincia. Un altro, in fine, dalla legione di distretti rurali.

Tra il secondo e il terzo gruppo —mi affretto a dire— non c’è differenza importante per la nostra questione. La piccola capitale di provincia è, nella sua essenza, tanto rurale quanto il villaggio: vive, come esso, del campo. La differenza si riduce a che nella capitale di provincia abitano i contadini e allevatori più ricchi e che lo Stato ha lì una minima colonia di burocrati e di intellettuali (un’Università più o meno completa, un Istituto di seconda insegnanza, una Scuola Normale). In ogni caso, i campesini —ricchi e poveri, proprietari e braccianti— formano in essa una maggioranza schiacciante, il cui spirito predomina senza limite alcuno.

Sarebbe, in cambio, faccenda delicata approntare la formula precisa della struttura sociale corrispondente alle maggiori capitali di provincia. Tra Madrid e l’ingente resto del paese costituiscono unità pubbliche di carattere intermedio e sono molto distinte tra loro. Per essere preciso, sarebbe necessario considerare a parte ciascuna; così, anche se Bilbao e Siviglia pesano quasi lo stesso nella vita spagnola, non si somigliano in nulla come unità pubbliche. Ma entrare in questo studio di dettaglio ci distrarrebbe ora. Al tempo stesso, non ci fa per nulla nel capitolo di una nuova politica, che ora ci occupa. In ultima istanza, si tratta di tre, quattro, cinque grandi città provinciali che eleggevano, tutt’al più, venti o venticinque deputati. Mettiamo che i loro corpi elettorali coincidessero —ciò che non è certo— con quello di Madrid. Sommati i loro rappresentanti ai madrileni, danno trenta e rotti —tra quattrocento. Perciò, leviamoci di mezzo questa faccenda. S’intende, per ora. Le grandi città provinciali significano il titolo di un problema speciale ed enorme nella vita pubblica spagnola. Male preconcetto sarà ogni nuovo sistema di politica nazionale che non abbia, in anticipo, aperto un varco per alloggiare quel problema. Già lo vedremo sorgere maturo a suo tempo e cadere nel suo posto predestinato dentro il seno della meditazione.

Risulta, dunque, che di quattrocento rappresentanti nazionali, trecentosessanta erano eletti da distretti risolutamente rurali. Madrid e le tre o quattro città che, per un momento, considereremo affini si trovavano sole di fronte alla quasi totalità dei corpi elettorali formati da campesini. La nostra nazione, nella sua realtà, è campagna e serra —ruralismo—; perciò, è costituita dalla classe sociale di tipo più opposto a burocrazia, intellettualità e industrialismo. Il rurale è l’uomo prigioniero del concreto e prossimo, da sé incapace di intendere né sentire nulla di astratto e razionalizzato. La sua anima vive sonnambolicamente —e questo è il suo indubbio incanto—, fluttuando in impulsi tradizionali. Tende a fare oggi ciò che faceva ieri, semplicemente perché lo faceva ieri. La sua mente è miope —e questa è la sua forza: vede molto chiaro l’immediato, vi si aggrappa, ma non può percepire le lontananze, le generalizzazioni. Le questioni di Stato, gli affanni storici, le lotte integrali, i cambi di regime, tutta la storia, in somma, passano sopra la sua testa come le nuvole viaggianti sopra la cima delle querce: senza che queste se ne accorgano. Tutti quelli che hanno esplorato il sacro corpo della Spagna hanno inciampato, nella serranía o nella riva, in un cappellaccio di contadino sotto il quale si assicurava che ancora governa in Spagna Ferdinando VII. Chiaro è che il signor campesino sa alcune cose di più; sì, le sa, sono cadute sul suo spirito notizie sul mondo, sulla nazione, sulle questioni pubbliche, ma non le sente né sa orientarsi in esse con scioltezza. La sua anima, più fine di quella del bracciante, obbedisce in sostanza agli stessi principi. (Vedi España invertebrada).

Non è necessario impiegare su questo punto molte parole. Nessuno può disconoscere il fatto che la quasi totalità dei corpi elettorali spagnoli è costituita da pura classe rurale, e che il rurale è il polo opposto al burocrate, all’intellettuale e all’industriale.

Hay, pues, que recurrir a la otra posibilidad: que esas tres clases abstractas hubiesen logrado desde Madrid derramar su influjo sobre el omnímodo ruralismo de España, saturándolo de los principios contrarios, compensando las tendencias nativas del eterno labriego. Esto era posible. Tanto, que en otras naciones ha sido real. Por ejemplo, en Francia. La nación francesa está hecha por la irradiación de la capitalidad, cuyo genial espíritu ha goteado multisecularmente sobre las glebas locales hasta impregnarlas de su cultura. La agricultura quedó así enriquecida y transformada por las «humanidades» de París, por la educación abstracta, por la mente-cultura —ideas, estilos de arte y de vida, fervores políticos. No digamos ahora por qué y cómo fue esto posible. Basta con que sea un hecho. Pero es evidente que tampoco es éste el hecho de España. Madrid no ha poseído jamás una cultura creadora. A fuer de capital de Estado, se ha ido, claro está, cultivando; es decir, ha aprendido del extranjero un mínimum de cosas malamente asimiladas. Esta cultura adquirida —y no creada en abundancia de hontanar—, esta cisterna de cultura, le viene muy justa a Madrid para sus necesidades de urbe, para sostener la estricta dignidad de una capital. Pensar en que haya podido nunca irradiar su espíritu es bobería. A seis kilómetros de Madrid, la influencia cultural de Madrid termina, y empieza ya, sin transición ni zona pelúcida, el «labriego absoluto».

Por tanto, queda eliminada también la segunda posibilidad. Permanece, en cambio, lo efectivo: una capital más cultivada que cultivante, y en torno, inmenso, el absoluto campo.

No puede imaginarse incongruencia mayor que la existente entre la idea de la Constitución o Estado y la realidad de la nación, de la vida efectiva y cotidiana de España. El hecho mismo de que se proyectase aquella Constitución revela sencillamente la incultura del político «madrileñista». En vez de plantearse originalmente, intuitiva y sinceramente el problema político español —el Estado que convenía hacer, la gran lex ferenda—, tomó lo que veía en Francia, una lex lata, oriunda de otra historia la más antitética de la nuestra, propia para otra sociedad y otros linajes. La Constitución de la «dulce Francia» no podía servir para la áspera España.

Aquellos hombres de 1876 y 1890 sabían muy poco. Simplemente porque no habían trabajado, no se habían perdido y olvidado a sí mismos en una labor cruel, año tras año, para llegar a ser cultos. Pero sabed que ahora existe en España una minoría plenamente culta, formada precisamente por los que han trabajado en el extranjero o han recibido la influencia de éstos —profesores, escritores, médicos, industriales, obreros. Y esa minoría está resuelta a hacer una España auténtica, una España original y española, pero apta para hacer historia en el futuro. Por haber trabajado en el extranjero saben que él no es España, no la confunden con aquél. Mas, a la par, quieren pertrecharla para la lucha y convivencia con aquél. Sabed que van a hacer, contra viento y marea, en uno u otro decenio, una España para alta mar —fuertes flancos, quilla profunda.

Pero antes de dibujar los gálibos de la nave futura es preciso cerrar la cuestión que ahora desarrollamos. Si la idea política era incongruente con la realidad de la nación, ¿cuál era, de hecho, la realidad política que durante cincuenta años acontecía en España? Si el uso ideado en la Constitución era incompatible con la materia nacional, claro es que la vida pública tenía que consistir en un puro, permanente y consubstancial abuso.

Intentemos fijar el perfil de este constitucional abuso. De no ser un poco trágica, yo diría que nuestra tarea inmediata es divertida. Se va a ver cómo la intención de una «política madrileñista» y «nacional» se convertía, de hecho y por fuerza inexorable, en lo contrario de ella: en el imperio del provincianismo y del peor localismo.

4

Hemos visto que la Constitución se proponía un Parlamento donde se discutiesen y resolviesen principalmente las grandes cuestiones «nacionales». A este fin postulaba la elección de cuatrocientos diputados, los cuales, por lo menos en su mayoría, fuesen personas de alta espiritualidad, capaces de tan grave menester. Esta elección implicaba la existencia de cuerpos electorales aptos para sentir aquellos magnos temas y para preferir a estos hombres egregios, los más delicados y complejos.

Ésta era la idea de la Constitución. Pero la realidad de la nación discrepaba radicalmente de esa idea en lo que era su supuesto fundamental. La inmensa mayoría de los distritos electorales estaba compuesta de gente rural.

Situadas así las cosas, la más sobria curiosidad no podrá contenerse y preguntará: Entonces, ¿qué era lo que acontecía en realidad con la Constitución? ¿Cuál era la efectiva vida pública de España? Naturalmente, acontecía lo que tenía que acontecer. Lo que acontece es siempre la realidad, no nuestros falsos conceptos, y viceversa, la realidad, queramos o no, acontece siempre, es inexorable. La realidad de España tenía que triunfar sobre la torpe idea que de ella se habían hecho los políticos «nacionales» y «madrileñistas». Madrid se había olvidado de las provincias, y, como España era pura provincia, tenía por fuerza que resultar, en vez de una política «nacional», una política provinciana, localista y rural en el peor sentido de estos vocablos.

Veamos cómo y por qué vías. Si del choque entre esos dos elementos —idea constitucional, realidad del país—, según han sido descritos más arriba, se desprende como directa consecuencia una imagen que coincide con lo sucedido efectivamente en nuestra vida pública durante los últimos cincuenta años, quedará, me parece, probada la exactitud de aquellas descripciones y la fecundidad del método seguido en este estudio. Pero al describir la dinámica de un choque es forzoso distinguir dos etapas consecutivas: en la primera asistimos al choque; en la segunda, a los resultados del choque. Durante estos últimos cincuenta años tenían, por fuerza, que producirse en España dos procesos diferentes: uno, que va de 1876 a 1900 —el país choca con la Constitución—; otro, que va de 1900 a la fecha —el país elimina la Constitución, que no se puede asimilar; la despide después del choque. Me importa mucho señalar esta diferencia de tiempos y esta dualidad de procesos, porque el propósito que mueve mi pluma no es mostrar los defectos del pasado, sino, al contrario, precisar el punto de arranque para un saludable futuro. Pero, claro está, no se puede preparar la salud si antes no se define la enfermedad. Ya veremos cómo el porvenir de España está preformado y sugerido en aquel segundo proceso.

Según cuentan, Fichte comenzaba una de sus lecciones diciendo: «Señores, hoy vamos a “construir” a Dios». Fichte era genial; pero era incapaz de ironía y de tacto —architudesco. Después de todo, «construir» no significa más que lo que hace constantemente la ciencia: imaginar a priori los hechos. Esto es la física, que hace posible la fabricación de automóviles. Algo excelente debe haber en el método, cuando permite llegar a tan positivos resultados. Pues bien: nosotros vamos ahora a «construir» el Parlamento español de los últimos cincuenta años, vamos a imaginarlo a priori.

Necesitamos cuatrocientos diputados «nacionales». Trescientos cincuenta de ellos tenemos que sacarlos de distritos rurales. Éstos son los términos del problema.

He aquí un distrito rural típico —las anécdotas, las diferencias secundarias, inesenciales, no nos interesan. Vamos a imaginar la serie de reacciones políticas de ese «distrito rural tipo».

Enviamos al distrito dos candidatos: uno, «liberal»; otro, «demócrata» o «conservador». Van con sus programas. La diferencia fundamental entre estos programas es justamente ésa: ser «liberal» o «demócrata» o «conservador»; sustentar diferentes ideas sobre Derecho político, sobre finanzas del Estado, sobre instrucción pública, etcétera. Nuestros candidatos son personas exquisitas, cultivadas, honestas.

Llegan al distrito y los presentamos al Cuerpo electoral, que suspende a este fin sus faenas campesinas. Decimos al pueblo: «Podéis elegir a este señor, que es “liberal”, o a este otro, que es “conservador”. Vuestro sufragio es libérrimo».

¿Cuál es la primera reacción de los rurales ante semejante dilema? Se miran unos a otros. No entienden de qué se les habla. No encuentran en su interior motivos claros para decidirse por el uno o por el otro. Se sienten asnos de Buridán. Dan media vuelta. Se van. La primera reacción del distrito rural ante esta política directamente «nacional» —es decir, superabstracta— es por completo negativa. Es la abstención electoral. Y, en efecto, el absentismo del sufragio fue la nota dominante en la primera etapa de la vida constitucional española.

Pero tenemos que hacer un Parlamento; necesitamos trescientos cincuenta diputados, elegidos por el país. Éste no los elige. Entonces, el Poder ejecutivo no tiene más remedio que fingir la elección y nombrarlos él. ¿Es esto suplantación del voto? Evidentemente, no. La elección que no existe no puede ser suplantada. Las elecciones en España, como los impuestos en Roma, comenzaron por no existir.

There is, then, need to resort to the other possibility: that those three abstract classes should have managed, from Madrid, to pour their influence over the omnimodal ruralism of Spain, saturating it with the contrary principles, compensating the native tendencies of the eternal peasant. This was possible. So much so, that in other nations it has been real. For example, in France. The French nation is made by the irradiation of the capitality, whose genial spirit has dripped multisecularly over the local glebes until impregnating them with its culture. Agriculture was thus enriched and transformed by the ‘humanities’ of Paris, by abstract education, by mind-culture —ideas, styles of art and of life, political fervours. Let us not say now why and how this was possible. It is enough that it be a fact. But it is evident that neither is this the fact of Spain. Madrid has never possessed a creative culture. As a capital of State, it has, of course, gone cultivating itself; that is, it has learned from abroad a minimum of badly assimilated things. This acquired culture —and not created in abundance of spring—, this cistern of culture, comes very close-fitting to Madrid for its needs as a city, for sustaining the strict dignity of a capital. To think that it could ever have irradiated its spirit is foolishness. Six kilometres from Madrid, the cultural influence of Madrid ends, and there already begins, without transition nor pellucid zone, the ‘absolute peasant’.

Therefore, the second possibility is also eliminated. There remains, on the other hand, what is effective: a capital more cultivated than cultivating, and around, immense, the absolute countryside.

No greater incongruence can be imagined than that existing between the idea of the Constitution or State and the reality of the nation, of the effective and daily life of Spain. The very fact that that Constitution was projected simply reveals the inculture of the ‘Madrilenist’ politician. Instead of posing originally, intuitively and sincerely the Spanish political problem —the State that it was fitting to make, the great lex ferenda—, he took what he saw in France, a lex lata, native of another history the most antithetical to ours, proper for another society and other lineages. The Constitution of ‘sweet France’ could not serve for the harsh Spain.

Those men of 1876 and 1890 knew very little. Simply because they had not worked, had not lost and forgotten themselves in a cruel labour, year after year, in order to become cultured. But know that now there exists in Spain a fully cultured minority, formed precisely by those who have worked abroad or have received the influence of these —professors, writers, doctors, industrialists, workers. And that minority is resolved to make an authentic Spain, an original and Spanish Spain, but apt to make history in the future. For having worked abroad they know that it is not Spain, they do not confuse it with that. But, at the same time, they want to equip it for the struggle and coexistence with it. Know that they are going to make, against wind and tide, in one decade or another, a Spain for the high seas —strong flanks, deep keel.

But before drawing the moulds of the future ship it is necessary to close the question we now develop. If the political idea was incongruent with the reality of the nation, what was, in fact, the political reality that for fifty years was happening in Spain? If the usage devised in the Constitution was incompatible with the national matter, it is clear that public life had to consist in a pure, permanent and consubstantial abuse.

Let us try to fix the profile of this constitutional abuse. Were it not a little tragic, I would say that our immediate task is amusing. It will be seen how the intention of a ‘Madrilenist’ and ‘national’ politics was converted, in fact and by inexorable force, into its contrary: into the sway of provincialism and of the worst localism.

4

We have seen that the Constitution proposed for itself a Parliament where the great ‘national’ questions should be discussed and resolved principally. To this end it postulated the election of four hundred deputies, who, at least in their majority, should be persons of high spirituality, capable of so grave an office. This election implied the existence of electoral bodies apt to feel those great themes and to prefer these egregious men, the most delicate and complex.

This was the idea of the Constitution. But the reality of the nation radically disagreed with that idea in what was its fundamental presupposition. The immense majority of the electoral districts was composed of rural people.

Things thus situated, the most sober curiosity will not be able to contain itself and will ask: then, what was really happening with the Constitution? What was the effective public life of Spain? Naturally, what had to happen was happening. What happens is always reality, not our false concepts, and vice versa, reality, whether we wish or not, always happens, is inexorable. The reality of Spain had to triumph over the dull idea that the ‘national’ and ‘Madrilenist’ politicians had formed of it. Madrid had forgotten the provinces, and, since Spain was pure province, a provincial, localist and rural politics had necessarily to result, instead of a ‘national’ one, in the worst sense of these words.

Let us see how and by what paths. If from the clash between those two elements —constitutional idea, reality of the country—, according as they have been described above, there follows as a direct consequence an image that coincides with what has effectively happened in our public life during the last fifty years, there will remain, it seems to me, proven the exactness of those descriptions and the fecundity of the method followed in this study. But in describing the dynamics of a clash it is necessary to distinguish two consecutive stages: in the first we attend the clash; in the second, the results of the clash. During these last fifty years, by force, two different processes had to be produced in Spain: one, which goes from 1876 to 1900 —the country clashes with the Constitution—; another, which goes from 1900 to the date —the country eliminates the Constitution, which it cannot assimilate; it dismisses it after the clash. It matters greatly to me to point out this difference of times and this duality of processes, because the purpose that moves my pen is not to show the defects of the past, but, on the contrary, to specify the point of departure for a healthy future. But, of course, health cannot be prepared if the disease is not first defined. We shall already see how the future of Spain is preformed and suggested in that second process.

According to what they recount, Fichte began one of his lessons saying: ‘Gentlemen, today we are going to “construct” God.’ Fichte was brilliant; but he was incapable of irony and of tact —arch-pedantic. After all, ‘to construct’ does not mean more than what science constantly does: imagine the facts a priori. This is physics, which makes possible the manufacture of automobiles. Something excellent there must be in the method, when it allows one to arrive at such positive results. Well then: we are now going to ‘construct’ the Spanish Parliament of the last fifty years, we are going to imagine it a priori.

We need four hundred ‘national’ deputies. Three hundred and fifty of them we have to take out of rural districts. These are the terms of the problem.

Here is a typical rural district —the anecdotes, the secondary, inessential differences, do not interest us. We are going to imagine the series of political reactions of this ‘typical rural district’.

We send to the district two candidates: one, ‘liberal’; another, ‘democrat’ or ‘conservative’. They go with their programmes. The fundamental difference between these programmes is precisely that: being ‘liberal’ or ‘democrat’ or ‘conservative’; sustaining different ideas on political Law, on State finances, on public instruction, etcetera. Our candidates are exquisite, cultured, honest persons.

They arrive at the district and we present them to the electoral Body, which suspends for this purpose its peasant tasks. We say to the people: ‘You can elect this gentleman, who is “liberal”, or this other one, who is “conservative”. Your suffrage is most free.’

What is the first reaction of the rural men before such a dilemma? They look at one another. They do not understand what is being said to them. They do not find within themselves clear motives to decide for the one or the other. They feel like Buridan’s asses. They turn about. They go away. The first reaction of the rural district before this directly ‘national’ —that is, superabstract— politics is wholly negative. It is electoral abstention. And, in effect, the absenteeism of the suffrage was the dominant note in the first stage of Spanish constitutional life.

But we have to make a Parliament; we need three hundred and fifty deputies, elected by the country. The latter does not elect them. Then, the executive Power has no recourse but to feign the election and appoint them itself. Is this supplantation of the vote? Evidently, no. The election that does not exist cannot be supplanted. The elections in Spain, like the taxes in Rome, began by not existing.

C’è, dunque, da ricorrere all’altra possibilità: che quelle tre classi astratte avessero potuto da Madrid riversare il loro influsso sull’omnimodo ruralismo della Spagna, saturandolo dei principi contrari, compensando le tendenze native dell’eterno contadino. Questo era possibile. Tanto, che in altre nazioni è stato reale. Per esempio, in Francia. La nazione francese è fatta dall’irradiazione della capitalità, il cui geniale spirito ha gocciolato multisecolarmente sulle glebe locali fino a impregnarle della sua cultura. L’agricoltura restò così arricchita e trasformata dalle «umanità» di Parigi, dall’educazione astratta, dalla mente-cultura —idee, stili di arte e di vita, fervori politici. Non diciamo ora perché e come fu possibile questo. Basta che sia un fatto. Ma è evidente che nemmeno questo è il fatto della Spagna. Madrid non ha mai posseduto una cultura creatrice. In quanto capitale di Stato, si è andata, chiaro sta, coltivando; cioè, ha imparato dall’estero un minimum di cose malamente assimilate. Questa cultura acquisita —e non creata in abbondanza di fontana—, questa cisterna di cultura, viene molto giusta a Madrid per le sue necessità di urbe, per sostenere la stretta dignità di una capitale. Pensare che abbia potuto mai irradiare il suo spirito è sciocchezza. A sei chilometri da Madrid, l’influenza culturale di Madrid termina, e comincia già, senza transizione né zona pellucida, il «contadino assoluto».

Perciò, resta eliminata anche la seconda possibilità. Permane, in cambio, ciò che è effettivo: una capitale più coltivata che coltivante, e in torno, immenso, l’assoluto campo.

Non può immaginarsi incongruenza maggiore di quella esistente tra l’idea della Costituzione o Stato e la realtà della nazione, della vita effettiva e quotidiana della Spagna. Il fatto stesso che si proiettasse quella Costituzione rivela semplicemente l’incultura del politico «madrilenista». Invece di porsi originariamente, intuitiva e sinceramente il problema politico spagnolo —lo Stato che conveniva fare, la grande lex ferenda—, prese ciò che vedeva in Francia, una lex lata, oriunda di un’altra storia la più antitetica della nostra, propria per un’altra società e altri lignaggi. La Costituzione della «dolce Francia» non poteva servire per l’aspra Spagna.

Quegli uomini del 1876 e 1890 sapevano molto poco. Semplicemente perché non avevano lavorato, non si erano perduti e dimenticati se stessi in una fatica crudele, anno dopo anno, per arrivare a essere colti. Ma sappiate che ora esiste in Spagna una minoranza pienamente colta, formata precisamente da quelli che hanno lavorato all’estero o hanno ricevuto l’influenza di questi —professori, scrittori, medici, industriali, operai. E quella minoranza è risoluta a fare una Spagna autentica, una Spagna originale e spagnola, ma atta a fare storia nel futuro. Per aver lavorato all’estero sanno che esso non è la Spagna, non la confondono con quello. Ma, a un tempo, vogliono pertrecchiarla per la lotta e la convivenza con quello. Sappiate che andranno a fare, contro vento e marea, in un decennio o in un altro, una Spagna per alto mare —fianchi forti, chiglia profonda.

Ma prima di disegnare i gàlibi della nave futura è preciso chiudere la questione che ora sviluppiamo. Se l’idea politica era incongruente con la realtà della nazione, quale era, di fatto, la realtà politica che durante cinquant’anni accadeva in Spagna? Se l’uso ideato nella Costituzione era incompatibile con la materia nazionale, chiaro è che la vita pubblica doveva consistere in un puro, permanente e consustanziale abuso.

Tentiamo di fissare il profilo di questo costituzionale abuso. Se non fosse un po’ tragica, direi che il nostro compito immediato è divertente. Si vedrà come l’intenzione di una «politica madrilenista» e «nazionale» si convertisse, di fatto e per forza inesorabile, nel contrario di essa: nell’imperio del provincionalismo e del peggior localismo.

4

Abbiamo visto che la Costituzione si proponeva un Parlamento dove si discutessero e risolvessero principalmente le grandi questioni «nazionali». A questo fine postulava l’elezione di quattrocento deputati, i quali, almeno in maggioranza, fossero persone di alta spiritualità, capaci di così grave menestère. Questa elezione implicava l’esistenza di corpi elettorali atti a sentire quei magni temi e a preferire questi uomini egregi, i più delicati e complessi.

Questa era l’idea della Costituzione. Ma la realtà della nazione discrepava radicalmente da quell’idea in ciò che era il suo presupposto fondamentale. L’immensa maggioranza dei distretti elettorali era composta di gente rurale.

Situate così le cose, la più sobria curiosità non potrà contenersi e domanderà: allora, che cosa accadeva in realtà con la Costituzione? Quale era l’effettiva vita pubblica della Spagna? Naturalmente, accadeva ciò che doveva accadere. Ciò che accade è sempre la realtà, non i nostri falsi concetti, e viceversa, la realtà, vogliamo o no, accade sempre, è inesorabile. La realtà della Spagna doveva trionfare sulla torpe idea che di essa si erano fatti i politici «nazionali» e «madrilenisti». Madrid si era dimenticata delle province, e, poiché la Spagna era pura provincia, doveva per forza risultare, invece di una politica «nazionale», una politica provinciale, localista e rurale nel peggiore senso di questi vocaboli.

Vediamo come e per quali vie. Se dallo scontro tra quei due elementi —idea costituzionale, realtà del paese—, secondo come sono stati descritti più sopra, si sfa una diretta conseguenza un’immagine che coincide con ciò che è successo effettivamente nella nostra vita pubblica durante gli ultimi cinquant’anni, resterà, mi pare, provata l’esattezza di quelle descrizioni e la fecondità del metodo seguito in questo studio. Ma descrivendo la dinamica di uno scontro è forzoso distinguere due tappe consecutive: nella prima assistiamo allo scontro; nella seconda, ai risultati dello scontro. Durante questi ultimi cinquant’anni dovevano, per forza, prodursi in Spagna due processi differenti: uno, che va dal 1876 al 1900 —il paese scontra con la Costituzione—; un altro, che va dal 1900 alla data —il paese elimina la Costituzione, che non può assimilare; la congeda dopo lo scontro. Mi importa molto segnalare questa differenza di tempi e questa dualità di processi, perché il proposito che muove la mia penna non è mostrare i difetti del passato, ma, al contrario, precisare il punto di partenza per un sano futuro. Ma, chiaro sta, non si può preparare la salute se prima non si definisce la malattia. Già vedremo come l’avvenire della Spagna sia preformato e suggerito in quel secondo processo.

Secondo raccontano, Fichte cominciava una delle sue lezioni dicendo: «Signori, oggi andiamo a “costruire” Dio». Fichte era geniale; ma era incapace di ironia e di tatto —architetturale. Dopo tutto, «costruire» non significa più che ciò che fa costantemente la scienza: immaginare a priori i fatti. Questa è la fisica, che rende possibile la fabbricazione di automobili. Qualcosa di eccellente ci dev’essere nel metodo, quando permette di arrivare a risultati tanto positivi. Orbene: noi ora andiamo a «costruire» il Parlamento spagnolo degli ultimi cinquant’anni, andiamo a immaginarlo a priori.

Abbiamo bisogno di quattrocento deputati «nazionali». Trecentocinquanta di essi dobbiamo trarli da distretti rurali. Questi sono i termini del problema.

Ecco un distretto rurale tipico —gli aneddoti, le differenze secondarie, inessenziali, non ci interessano. Andiamo a immaginare la serie di reazioni politiche di questo «distretto rurale tipo».

Mandiamo al distretto due candidati: uno, «liberale»; un altro, «democratico» o «conservatore». Vanno con i loro programmi. La differenza fondamentale tra questi programmi è appunto questa: essere «liberale» o «democratico» o «conservatore»; sostenere differenti idee su Diritto politico, su finanze dello Stato, su istruzione pubblica, eccetera. I nostri candidati sono persone squisite, colte, oneste.

Arrivano al distretto e li presentiamo al Corpo elettorale, che sospende a questo fine le sue faccende campesine. Diciamo al popolo: «Potete eleggere questo signore, che è “liberale”, o quest’altro, che è “conservatore”. Il vostro suffragio è libérrimo».

Qual è la prima reazione dei rurali dinanzi a siffatto dilemma? Si guardano gli uni gli altri. Non intendono di che si parla loro. Non trovano nel loro interno motivi chiari per decidersi per l’uno o per l’altro. Si sentono asini di Buridano. Danno mezzo giro. Se ne vanno. La prima reazione del distretto rurale dinanzi a questa politica direttamente «nazionale» —cioè, superastratta— è per completo negativa. È l’astensione elettorale. E, in effetti, l’assenteismo del suffragio fu la nota dominante nella prima tappa della vita costituzionale spagnola.

Ma dobbiamo fare un Parlamento; abbiamo bisogno di trecentocinquanta deputati, eletti dal paese. Questo non li elegge. Allora, il Potere esecutivo non ha altro rimedio che fingere la elezione e nominarli lui. È questo soppiantazione del voto? Evidentemente, no. La elezione che non esiste non può essere soppiantata. Le elezioni in Spagna, come le imposte a Roma, cominciarono per non esistere.

La situación a que hemos llegado es ésta: el Gobierno ha tenido que hacer diputado a un señor, el cual no ha sido elegido por el distrito. Éste se encuentra con que un señor caído de las nubes representa sus pueblos en Madrid, y que el ministro le consulta, a fuer de tal representación, cuando hay que nombrar alcaldes, jueces, alguaciles, peatones, etcétera. Estos nombramientos son cosa ya más grave y concreta que la «nación» y que el Derecho político. Es el Poder público y sus substantivos beneficios, favores, prebendas. Al descubrir tras la elección esta realidad que en forma tan concreta se refiere a sus pueblos, el distrito rural reacciona nuevamente, pero en forma más positiva. Una o varias personas, las más avispadas, activas y enérgicas del distrito, se hacen el siguiente razonamiento: «Esto de la elección es cosa más sabrosa de lo que creíamos. Creíamos que la elección consistía en enviar un representante al Parlamento de Madrid, a un lugar donde se habla de cosas que no nos interesan. Pero ahora resulta más bien que ese representante es el representante del Poder ejecutivo en nuestro distrito. Él es quien sobre nuestros pueblos hace la lluvia y el buen tiempo. ¡Amigo, esto es cosa seria! El Parlamento, el Poder legislativo, nos trae sin cuidado; pero si yo busco un señor y le prometo “organizar” en el distrito su elección, a cambio de que él ponga a mis órdenes el Poder ejecutivo, con todos sus nombramientos, espórtulas y prebendas, sería el gran negocio. Yo y mis amigos dominaríamos en estos pueblos».

Ahora, pues, va a haber elección; es decir, un grupo de personas en el distrito formarán una «organización electoral». Son ciertos individuos influyentes que han acrecido su influencia (o si no eran por sí influyentes, la han conquistado) por ser los detentadores del Poder público central en la localidad. El cuerpo electoral espontáneo sigue no existiendo. Los únicos electores efectivos son las «organizaciones». Esta palabra resume toda la realidad de la vida pública en España durante cincuenta años. (En todos los países, la democracia ha suscitado partidos, y los partidos han tenido que crear organizaciones para ganar electores. Pero nuestras «organizaciones» no ganaban electores, puesto que no los había. Simplemente «ganaban» la elección, fabricándola de la nada).

He aquí que los cuerpos electorales previstos en la Constitución, pero inexistentes, han tenido por fuerza que ser constituidos artificialmente, en forma de «organizaciones». Éstas no eran fuerzas públicas espontáneas y auténticas de que se nutriese el Parlamento, sino que eran el alcalde, el juez, la Guardia civil, los empleados de los Concejos, etcétera; es decir, eran el Poder público mismo en su representación local. Pero ese Poder público —local, atomizado— era, en rigor, el Estado nacional convertido en polvo, disperso y, sobre todo, sometido a voluntades privadas.

De donde resulta que la única forma posible de elección era una seudoelección por medio de las «organizaciones», las cuales, a su vez, eran el Poder ejecutivo mismo, pero detentado fraudulentamente y puesto al servicio de los pequeños intereses locales, de las pasiones de aldea, del chabacano dinamismo moral e intelectual del villorrio.

Esta realidad de la vida pública española se ha llamado «oligarquía y caciquismo». El nombre no era falso; pero sí el sentido con que se emitía. Se entendió que el caciquismo era un abuso de la Constitución, cuando era la única manera de realizar en alguna manera la Constitución. Si intentamos hacer un Estado que emane últimamente de una elección, y resulta que los electores no existen, no cabe otra salida que forjar ficticiamente esos electores, pagando con favores del Estado la faena de esa forja. Gracias a los caciques ha vivido aquel Estado, con la única vida que podía lograr: una vida desvirtuada, consubstancialmente falsificada. La prueba de ello es que, según veremos, en cuanto empezó a faltar el apoyo de los caciques faltó sostén a la Constitución, y ésta se derrumbó. Si no entendemos esto claramente, no habrá manera de situar los problemas políticos españoles en el plano de su verdad.

Las seudoelecciones que se hacían en los distritos rurales —prácticamente, pues, en toda España— no se hacían con vistas al Parlamento, por el cual los pueblos no se han interesado nunca, sino con vistas al Poder ejecutivo, localizándolo, detentándolo, ruralizándolo.

Pero claro es que esto eliminaba de toda posible candidatura a los hombres mejores del país. No digo tampoco que los candidatos fuesen los peores; pero, evidentemente, tenían que tener estas condiciones: ser capaces de entenderse con las bajas y angostas pasiones de los aldeanos, representados por sus caciques; ser capaces de someterse en cuerpo y alma a un ministro, ministrable o ex ministro dueño del Poder público, y ser capaces de poner éste al servicio de aquellas pasiones labriegas. En tales condiciones, sólo por azar podían coincidir en un hombre estas capacidades con elevación moral y estro inteligente. La inmensa mayoría de los parlamentarios tenía que ser gente basta, aventurera e indocta. En aquel régimen, por su esencia misma, bastos eran triunfos. (Claro es que no sólo en aquel régimen).

Dados los términos del problema, no hemos podido obtener cosa mejor al hacer a priori nuestro Parlamento. No se hable, pues, de abusos. No hemos tenido para nada que mentar éstos. De los ingredientes que la Constitución de un lado, y el país de otro, nos alargaban, hemos derivado necesariamente el único uso que tenía verosimilitud.

Poniendo, pues, las cosas en su punto mejor, el Parlamento se componía de cincuenta elegidos auténticos y trescientos cincuenta mandatarios del peor localismo.

Parva labor podían hacer aquellos pocos frente a estos muchos. La red de prevaricación constituida que éstos urdían, por fuerza había de arrastrar más o menos a los otros. ¡Y la masa torpe que formaban era nada menos que la institución fundamental del Estado: el Parlamento! ¡Y tenían que discutir y decidir sobre el sumo derecho, sobre los destinos internos y externos de España, sobre el cuerpo todo y el alma toda de la nación, gentes cuya elección dependía del nombramiento de un peatón en el casar serrano o de la concesión de una carretera por el valle del torrentillo! Sobre todo, en vez de sostener el Parlamento al Poder ejecutivo, nutrirlo de prestigio y dinamismo público, era el Poder ejecutivo quien sostenía a aquél, quien lo creaba y lo alimentaba.

Por consiguiente, quien al censurar el Parlamento no quiera decir palabras hueras, censure al Parlamento inglés, al Parlamento francés, al Parlamento chino; mejor aún, al Parlamento en general; no pocas de las censuras tendrán pleno sentido. Pero lo que no lo tiene es censurar al Parlamento español, que no ha existido jamás.

Esta institución gigante, el Parlamento «nacional» español, vivía paralizada por los cientos de pequeños distritos rurales. Era Gulliver presa de los liliputienses.

Así, de 1876 a 1900. Pero ahora viene la segunda etapa, la más interesante, donde el mal, llegando a su extremo, provoca una regulación del propio organismo nacional e inicia para quien no sea ciego la trayectoria del porvenir.

5

De 1876 a 1900 la España real choca con la irreal Constitución. La España real significaba el rebosante predominio del ruralismo. La reacción al choque consistió en que poco a poco fueron creándose «organizaciones» en los distritos rurales. Poco a poco. Esto quiere decir que en muchos distritos ni siquiera esa reacción se produjo rápidamente. A estos distritos sin «organizar» se les llamó «cuneros». En ellos seguía no habiendo elecciones. En los «organizados» las había, pero falsas. Es importantísimo que precisemos este término «elección falsificada». Se ha solido llamar «falsa elección» a aquélla en que el Gobierno substraía violentamente los votos que un candidato había, en efecto, conseguido.

Por mi parte estoy dispuesto a ahorcar cualquier palabra, si es conveniente la operación. El lenguaje es materia demasiado infiel para que adscribamos a un vocablo nuestro pensamiento. Pero he tenido varias veces que oponerme a la facilidad con que en nuestro país se declara casi toda cuestión «mera cuestión de palabras». Es mucho menos frecuente de lo que se sospecha que una cuestión sea de palabras y nada más. La palabra es una ampolla de sonido que flota llena de sentido. Si este sentido es erróneo, el uso del vocablo aquel es perjudicial. Así acontece, a mi juicio, con la palabra «falsa elección», según suele emplearse.

The situation we have reached is this: the Government has had to make a gentleman a deputy, who has not been elected by the district. The latter finds itself faced with a gentleman fallen from the clouds representing its towns in Madrid, and that the minister consults him, by virtue of such representation, when mayors, judges, bailiffs, constables, etcetera, have to be appointed. These appointments are already a more grave and concrete thing than the ‘nation’ and than political Law. It is public Power and its substantial benefits, favours, prebends. Upon discovering behind the election this reality which in such concrete form refers to its towns, the rural district reacts again, but in a more positive form. One or several persons, the most shrewd, active and energetic of the district, make the following reasoning: ‘This business of the election is a tastier thing than we believed. We believed that the election consisted in sending a representative to the Parliament of Madrid, to a place where things that do not interest us are spoken of. But now it turns out rather that that representative is the representative of the executive Power in our district. It is he who over our towns makes the rain and the fine weather. Friend, this is a serious thing! The Parliament, the legislative Power, leaves us indifferent; but if I seek out a gentleman and promise him to “organize” his election in the district, in exchange for his putting at my orders the executive Power, with all its appointments, spórculas and prebends, it would be the great business. I and my friends would dominate in these towns.’

Now, then, there is going to be an election; that is, a group of persons in the district will form an ‘electoral organization’. They are certain influential individuals who have increased their influence (or if they were not influential by themselves, have conquered it) by being the holders of the central public Power in the locality. The spontaneous electoral body continues not to exist. The only effective electors are the ‘organizations’. This word sums up all the reality of public life in Spain for fifty years. (In all countries, democracy has raised up parties, and the parties have had to create organizations to win electors. But our ‘organizations’ did not win electors, since there were none. They simply ‘won’ the election, manufacturing it out of nothing.)

Here it is that the electoral bodies foreseen in the Constitution, but non-existent, have necessarily had to be constituted artificially, in the form of ‘organizations’. These were not spontaneous and authentic public forces from which the Parliament might be nourished, but they were the mayor, the judge, the Civil Guard, the employees of the town councils, etcetera; that is, they were public Power itself in its local representation. But that public Power —local, atomized— was, strictly, the national State converted into dust, dispersed and, above all, subjected to private wills.

Whence it results that the only possible form of election was a pseudo-election by means of the ‘organizations’, which, in turn, were the executive Power itself, but fraudulently held and placed at the service of the small local interests, of the village passions, of the shoddy moral and intellectual dynamism of the hamlet.

This reality of Spanish public life has been called ‘oligarchy and caciquismo’. The name was not false; but the sense with which it was uttered was. It was understood that caciquismo was an abuse of the Constitution, when it was the only manner of realizing in some manner the Constitution. If we try to make a State that emanates ultimately from an election, and it turns out that the electors do not exist, there is no other way out than to forge fictitiously those electors, paying with favours of the State for the labour of that forging. Thanks to the caciques that State has lived, with the only life it could achieve: a devitalized, consubstantially falsified life. The proof of it is that, as we shall see, as soon as the support of the caciques began to fail, support failed the Constitution, and this collapsed. If we do not understand this clearly, there will be no manner of situating the Spanish political problems on the plane of their truth.

The pseudo-elections that were made in the rural districts —practically, then, in all Spain— were not made with a view to the Parliament, in which the towns have never taken an interest, but with a view to the executive Power, localizing it, holding it, ruralizing it.

But it is clear that this eliminated from every possible candidacy the best men of the country. I do not even say that the candidates were the worst; but, evidently, they had to have these conditions: be capable of getting along with the base and narrow passions of the villagers, represented by their caciques; be capable of submitting in body and soul to a minister, ministrable or ex-minister owner of public Power, and be capable of putting the latter at the service of those peasant passions. In such conditions, only by chance could these capacities coincide in a man with moral elevation and intelligent inspiration. The immense majority of the parliamentarians had to be coarse, adventurous and unlearned people. In that regime, by its very essence, coarse men were triumphs. (It is clear that not only in that regime.)

Given the terms of the problem, we have not been able to obtain a better thing by making a priori our Parliament. Let there be no talk, then, of abuses. We have not had to mention these at all. From the ingredients that the Constitution on one side, and the country on the other, were handing us, we have necessarily derived the only usage that had verisimilitude.

Putting, then, things at their best point, the Parliament was composed of fifty authentic elected and three hundred and fifty mandataries of the worst localism.

Parva labor could those few do in the face of these many. The constituted network of prevarication that these wove necessarily had to drag the others more or less. And the dull mass they formed was nothing less than the fundamental institution of the State: the Parliament! And they had to discuss and decide upon the highest right, upon the internal and external destinies of Spain, upon the whole body and the whole soul of the nation, people whose election depended on the appointment of a constable in the sierra hamlet or on the concession of a road through the torrent valley! Above all, instead of the Parliament sustaining the executive Power, nourishing it with prestige and public dynamism, it was the executive Power that sustained the former, that created and fed it.

Consequently, whoever, in censuring Parliament, does not want to say empty words, let him censure the English Parliament, the French Parliament, the Chinese Parliament; better still, Parliament in general; not a few of the censures will have full sense. But what has none is to censure the Spanish Parliament, which has never existed.

This giant institution, the Spanish ‘national’ Parliament, lived paralysed by the hundreds of small rural districts. It was Gulliver in the grip of the Lilliputians.

Thus, from 1876 to 1900. But now comes the second stage, the most interesting, where the evil, reaching its extreme, provokes a regulation of the national organism itself and initiates, for whoever is not blind, the trajectory of the future.

5

From 1876 to 1900 real Spain clashes with the unreal Constitution. Real Spain meant the overflowing predominance of ruralism. The reaction to the clash consisted in that, little by little, ‘organizations’ came to be created in the rural districts. Little by little. This means that in many districts not even that reaction was produced rapidly. These un’organized’ districts were called ‘cuneros’. In them there continued to be no elections. In the ‘organized’ ones there were, but false. It is most important that we define this term ‘falsified election’. One has usually called ‘false election’ that in which the Government violently subtracted the votes that a candidate had, in effect, obtained.

For my part I am disposed to hang any word, if the operation is convenient. Language is matter too unfaithful for us to ascribe our thought to a word. But I have had several times to oppose myself to the facility with which in our country almost every question is declared a ‘mere question of words’. It is much less frequent than is suspected that a question be of words and nothing more. The word is a bladder of sound that floats full of meaning. If this meaning is erroneous, the use of that word is prejudicial. Thus it happens, in my judgment, with the word ‘false election’, according as it is usually employed.

La situazione a cui siamo arrivati è questa: il Governo ha dovuto fare deputato un signore, il quale non è stato eletto dal distretto. Questo si trova con che un signore caduto dalle nuvole rappresenta i suoi paesi a Madrid, e che il ministro lo consulta, in quanto tale rappresentanza, quando bisogna nominare sindaci, giudici, uscieri, pedoni, eccetera. Queste nomine sono cosa già più grave e concreta che la «nazione» e che il Diritto politico. È il Potere pubblico e i suoi sostanziosi benefici, favori, prebende. Scoprendo dietro la elezione questa realtà che in forma tanto concreta si riferisce ai suoi paesi, il distretto rurale reagisce nuovamente, ma in forma più positiva. Una o più persone, le più avvedute, attive ed energiche del distretto, si fanno il seguente ragionamento: «Questa faccenda della elezione è cosa più saporosa di quanto credevamo. Credevamo che la elezione consistesse nell’inviare un rappresentante al Parlamento di Madrid, a un luogo dove si parla di cose che non ci interessano. Ma ora risulta piuttosto che quel rappresentante è il rappresentante del Potere esecutivo nel nostro distretto. È lui che sopra i nostri paesi fa la pioggia e il bel tempo. Amico, questa è cosa seria! Il Parlamento, il Potere legislativo, ci lascia indifferenti; ma se io cerco un signore e gli prometto di “organizzare” nel distretto la sua elezione, in cambio che egli metta ai miei ordini il Potere esecutivo, con tutte le sue nomine, sportule e prebende, sarebbe il grande affare. Io e i miei amici domineremmo in questi paesi».

Ora, dunque, ci sarà elezione; cioè, un gruppo di persone nel distretto formeranno una «organizzazione elettorale». Sono certi individui influenti che hanno accresciuto la loro influenza (o se non erano per sé influenti, l’hanno conquistata) per essere i detentori del Potere pubblico centrale nella località. Il corpo elettorale spontaneo continua a non esistere. Gli unici elettori effettivi sono le «organizzazioni». Questa parola riassume tutta la realtà della vita pubblica in Spagna durante cinquant’anni. (In tutti i paesi, la democrazia ha suscitato partiti, e i partiti hanno dovuto creare organizzazioni per guadagnare elettori. Ma le nostre «organizzazioni» non guadagnavano elettori, giacché non c’erano. Semplicemente «vincevano» la elezione, fabbricandola dal nulla).

Ecco che i corpi elettorali previsti nella Costituzione, ma inesistenti, hanno dovuto per forza essere costituiti artificialmente, in forma di «organizzazioni». Queste non erano forze pubbliche spontanee e autentiche di cui si nutrisse il Parlamento, ma erano il sindaco, il giudice, la Guardia civil, gli impiegati dei Comuni, eccetera; cioè, erano il Potere pubblico stesso nella sua rappresentazione locale. Ma quel Potere pubblico —locale, atomizzato— era, in rigore, lo Stato nazionale convertito in polvere, disperso e, soprattutto, sottoposto a volontà private.

Da dove risulta che l’unica forma possibile di elezione era una seudoelezione per mezzo delle «organizzazioni», le quali, a loro volta, erano il Potere esecutivo stesso, ma detentato fraudolentemente e messo al servizio dei piccoli interessi locali, delle passioni di villaggio, del ciabattino dinamismo morale e intellettuale del paesello.

Questa realtà della vita pubblica spagnola si è chiamata «oligarchia e caciquismo». Il nome non era falso; ma sì lo era il senso con cui si emetteva. Si intese che il caciquismo fosse un abuso della Costituzione, quando era l’unica maniera di realizzare in qualche maniera la Costituzione. Se tentiamo di fare uno Stato che emani ultimamente da una elezione, e risulta che gli elettori non esistono, non c’è altra uscita che forgiare fittiziamente quegli elettori, pagando con favori dello Stato la faccenda di quella forgia. Grazie ai caciques è vissuto quello Stato, con l’unica vita che poteva ottenere: una vita svirilizzata, consustanzialmente falsificata. La prova di ciò è che, come vedremo, appena cominciò a mancare l’appoggio dei caciques mancò sostegno alla Costituzione, e questa si rovesciò. Se non intendiamo questo chiaramente, non ci sarà maniera di situare i problemi politici spagnoli nel piano della loro verità.

Le seudoelezioni che si facevano nei distretti rurali —praticamente, dunque, in tutta la Spagna— non si facevano in vista del Parlamento, per il quale i paesi non si sono mai interessati, ma in vista del Potere esecutivo, localizzandolo, detentandolo, ruralizzandolo.

Ma chiaro è che questo eliminava da ogni possibile candidatura gli uomini migliori del paese. Non dico nemmeno che i candidati fossero i peggiori; ma, evidentemente, dovevano avere queste condizioni: essere capaci di intendersi con le basse e anguste passioni dei paesani, rappresentati dai loro caciques; essere capaci di sottomettersi in corpo e anima a un ministro, ministrabile o ex ministro padrone del Potere pubblico, ed essere capaci di mettere questo al servizio di quelle passioni contadine. In tali condizioni, solo per caso potevano coincidere in un uomo queste capacità con elevazione morale e estro intelligente. L’immensa maggioranza dei parlamentari doveva essere gente rozza, avventuriera e indotta. In quel regime, per la sua stessa essenza, i rozzi erano trionfi. (Chiaro è che non solo in quel regime).

Dati i termini del problema, non abbiamo potuto ottenere cosa migliore facendo a priori il nostro Parlamento. Non si parli, dunque, di abusi. Non abbiamo avuto per nulla da mentire su questi. Degli ingredienti che la Costituzione da un lato, e il paese dall’altro, ci allungavano, abbiamo derivato necessariamente l’unico uso che aveva verosimiglianza.

Ponendo, dunque, le cose nel loro punto migliore, il Parlamento si componeva di cinquanta eletti autentici e trecentocinquanta mandatari del peggior localismo.

Parva labor potevano fare quei pochi di fronte a questi molti. La rete di prevaricazione costituita che questi ordivano, per forza doveva trascinare più o meno gli altri. E la massa torpe che formavano era niente meno che l’istituzione fondamentale dello Stato: il Parlamento! E dovevano discutere e decidere sul sommo diritto, sui destini interni ed esterni della Spagna, su tutto il corpo e tutta l’anima della nazione, genti la cui elezione dipendeva dalla nomina di un pedone nel casale serrano o dalla concessione di una strada per la valle del torrentello! Soprattutto, invece di sostenere il Parlamento il Potere esecutivo, nutrirlo di prestigio e dinamismo pubblico, era il Potere esecutivo che sosteneva quello, che lo creava e lo alimentava.

Per conseguenza, chi censurando il Parlamento non voglia dire parole vuote, censuri il Parlamento inglese, il Parlamento francese, il Parlamento cinese; meglio ancora, il Parlamento in generale; non poche delle censure avranno pieno senso. Ma ciò che non lo ha è censurare il Parlamento spagnolo, che non è mai esistito.

Questa istituzione gigante, il Parlamento «nazionale» spagnolo, viveva paralizzata dai centinaia di piccoli distretti rurali. Era Gulliver in preda dei lillipuziani.

Così, dal 1876 al 1900. Ma ora viene la seconda tappa, la più interessante, dove il male, giungendo al suo estremo, provoca una regolazione del proprio organismo nazionale e inizia per chi non sia cieco la traiettoria dell’avvenire.

5

Dal 1876 al 1900 la Spagna reale scontra con l’irreale Costituzione. La Spagna reale significava il traboccante predominio del ruralismo. La reazione allo scontro consistette in questo, che a poco a poco andarono creandosi «organizzazioni» nei distretti rurali. Poco a poco. Questo vuol dire che in molti distretti nemmeno quella reazione si produsse rapidamente. A questi distretti senza «organizzare» si chiamò «cuneros». In essi continuava a non esserci elezioni. Negli «organizzati» c’erano, ma false. È importantissimo che precisiamo questo termine «elezione falsificata». Si è soliti chiamare «falsa elezione» quella in cui il Governo sottraeva violentemente i voti che un candidato aveva, in effetti, conseguito.

Da parte mia sono disposto ad impiccare qualsiasi parola, se l’operazione è conveniente. Il linguaggio è materia troppo infedele perché adscriviamo a un vocabolo il nostro pensiero. Ma ho avuto varie volte da oppormi alla facilità con cui nel nostro paese si dichiara quasi ogni questione «mera questione di parole». È molto meno frequente di quanto si sospetti che una questione sia di parole e niente di più. La parola è un’ampolla di suono che flotta piena di senso. Se questo senso è errato, l’uso del vocabolo è pregiudizievole. Così accade, a mio giudizio, con la parola «falsa elezione», secondo si suole impiegare.

En los distritos «organizados» había elección, pero ésta era falsa, aunque el Gobierno no la violentase, aunque no hubiese ni sombra de «pucherazo». («Cunero», «pucherazo» —nótese, como síntoma curioso, el tufo rústico del vocabulario que manejaba aquella política en asunto tan básico para toda la vida del Estado). Porque aunque votasen sin el menor estorbo todos los electores de un distrito rural, no votaban un representante en el Poder legislativo, sino un agente de favores de Estado, un instrumento para la detentación localista del Poder público nacional. Esto era lo decisivo, y, por tanto, lo que es preciso destacar. Toda elección rural que no tuviese un carácter de excepción era falsa en su esencia misma, porque no era elección parlamentaria. Basta comparar la elección en un pueblo con la elección en Madrid para advertir la radical diferencia de ambos hechos políticos. En Madrid no había ni podía haber «organizaciones», y lo que se pareciese a éstas provenía de inevitable contaminación, bajo la atmósfera creada por las elecciones rurales.

La diferencia, pues, entre los distritos cuneros y los «organizados» era que en aquéllos la elección no costaba nada al Poder público, y en éstos se gastaba mucho; en éstos se gastaba. En los «cuneros» era suficiente una orden al gobernador de la provincia para que hiciese diputado a tal señor por tal distrito. En los «organizados», la «organización» exigía constantemente favores de Estado —nombramientos injustos, reparto de contribuciones injusto, carreteras indebidas, dinero para la langosta, etcétera. De donde resulta que donde había elección de hecho padecía más el Estado, se envilecía y debilitaba más, por tener que arrojar a los rurales trozos de su autoridad, de su prestigio, de su Justicia, de su Gracia, de su Hacienda. Por el contrario, los distritos cuneros permitían crear diputados imaginarios, pero gratuitos, sin pérdida del honor público. Eran la holgura, el respiro del Poder ejecutivo, que permitía formar fantasmas de mayorías sin daño inmediato grave para el Estado aquel.

Mientras el número de distritos «organizados» y el de «cuneros» se compensaron pareció marchar la cosa. Había como mayorías, había como partidos, había como Gobiernos. La Constitución llevaba una vida ficticia, que es, al cabo, una forma de vida que no es simplemente nada. Estamos en 1900. No es necesario decir que 1900 representa una fecha convencional. Es indiferente por ahora la precisión cronológica. Sin embargo, va a aparecer en estos estudios reiteradamente confirmado, y por los haces más diversos, el hecho de que con el siglo se inicia en nuestra España una nueva existencia. Probar claramente que esto no es una frase, fijar la mirada del lector sobre grupos de fenómenos en que no suele repararse y que lo demuestran, es una de las innumerables razones que han puesto esta vez la pluma en mi mano con tanta resolución.

Vamos, pues, a imaginar también a priori la segunda etapa del choque histórico entre España y su Constitución. Pensar a priori es simplemente imaginar posibilidades, se entiende, verosímiles. Y así, pregunto: ¿Qué nueva reacción es posible imaginar en los distritos rurales, según se hallaban hacia 1900? Por lo pronto una, bien que no es nueva cualitativamente: que aumentase con más rápido tempo el número de distritos dotados de «organización». Se trata, pues, de una novedad meramente cuantitativa. Sus consecuencias, no obstante, variaron de sustancia, no sólo de magnitud. He aquí la lista de cosas harto positivas que ese simple cambio numérico tenía que acarrear: cuantos más distritos «organizados», menos distritos «cuneros»; por tanto, forzosidad de repartir y dispersar más el Poder público nacional o central en beneficio del peor localismo. Cada nueva elección costaba más a los Gobiernos, que se veían precisados a reducir sus mayorías y pactar más con las minorías. Por su parte, sintiéndose cada vez más necesarias en el régimen, las «organizaciones» locales se mostraban más exigentes, buscaban representantes de más baja condición y arrancaban pedazos mayores al Poder público. Éste, consecuentemente, empezaba a agotar su capacidad de autoridad, de prestigio y de prebendas. Disminuía de tamaño, de rango y de dignidad a ojos vistas. Los Gobiernos, agentes de él, eran, por fuerza, cada vez menos estables, etcétera, etcétera. La lista no se puede acabar, porque de ese simple cambio cuantitativo tiene que venir, dados los términos del problema, la aniquilación de un Estado y la ruina de una Constitución. De ahí, lector, de ahí. No hace falta recurrir a explicaciones menos taxativas y más vaporosas. Otros factores que subrayaré a su tiempo han contribuido al proceso disolvente; pero sin aquél no hubiesen deprimido, ni menos desbaratado, el régimen.

La causa de su ruina fue el régimen mismo.

Si ahora tornamos de nuevo a la realidad, hallaremos que también esta vez confirma nuestra imaginación a priori. Todos los que han gobernado en los últimos veinte años reconocerán la exactitud del hecho; conforme avanzaba el siglo iba siendo más difícil hacer elecciones, y la dificultad provenía de haber ya en casi todos los distritos «organizaciones» consolidadas; es decir, inveteradas en la retención de Poder público.

Pero sigamos. ¡Venga otra nueva reacción imaginable en el distrito rural! Si resumimos, van hasta ahora tres. Primera: la abstención electoral. Segunda: creación de «organizaciones» para capturar el Poder central. Tercera: multiplicación de los distritos «organizados».

Y ahora llega la cuarta:

Hemos visto que la simple multiplicación de las «organizaciones» trae consigo la debilitación extrema del Poder ejecutivo; no posee éste apenas ya qué repartir y no puede hacer efectiva su autoridad, porque la tiene hipotecada en los distritos. Por reciprocidad mecánica, las «organizaciones» se muestran entonces muy exigentes y caen en la cuenta de que son ellas más necesarias al Poder público central que éste, exhausto, lo es ya a ellas. Nótese la situación paradójica, increíble, que se crea: las «organizaciones», estrictamente hablando, eran fraudulentas colonias del Poder central; pero han engordado tanto, que imponen sus condiciones taxativas a aquél. Se revuelven, pues, contra quien las creó.

Hemos llegado al momento culminante del proceso histórico que empieza en 1876: estamos en la divisoria de las aguas.

Las «organizaciones locales» creadas por Madrid se sienten, de hecho, independientes del Poder central; esto es, de Madrid. Ellas no eran otra cosa que el Poder público hecho cisco, triturado en trescientas cincuenta partículas locales. Una vez repartido así, era inevitable que cada una de estas partículas se dijera: «¡Qué diablo, el Estado soy yo!» Y tenía razón.

Viene, pues, una época de «independencia de los cuerpos electorales». Pero no nos hagamos ilusiones: sabemos que hasta ahora cuerpo electoral quiere decir «organización», y nada más. Sólo habrá cuerpos electorales auténticos y, por tanto, Parlamento, cuando los rurales se interesen en las cuestiones de la vida pública. No olvide esto el lector. Va a ser desde mañana nuestro tema substantivo. En el tiempo de que ahora hablo se produjo sólo la independencia de las «organizaciones». Un ejemplo nos va a aclarar suficientemente la situación a que me refiero y que caracteriza esta etapa.

Al iniciarse una nueva legislatura —imaginemos la fecha 1919 ó 1920—, un diputado que durante varias ha representado cierto distrito, va a él y solicita una vez más su elección. Pero he aquí que, con gran sorpresa suya, la «organización» se le revuelve y le dice: «Señor nuestro: Esto se ha acabado. Antes le elegíamos a usted porque usted nos pagaba en Poder público; pero ahora el Poder público somos nosotros. Si usted quiere ser diputado por nuestro distrito, lo único que podemos hacer es venderle íntegro el censo electoral. ¿Cuánto da usted?»

Los que han vivido la política de aquellos años recuerdan bien que, en efecto, fueron casos muy numerosos de este jaez el gran hecho nuevo que apareció en la política española. Siempre han costado ciertas elecciones; pero el dinero representaba en ellas un papel auxiliar; lo que se compraba era el voto individual, y el voto individual era lo que se vendía. Pero ahora se compra y se vende íntegro el censo, puesto en el mercado paladinamente por la «organización» como tal.

No se detenga un segundo el lector en hacer aspavientos ante la faz criminal del hecho, ante lo que tiene de abuso, de simonía y peculado. Yo quisiera habituar a mis lectores a no pensar nunca primero en el abuso, porque eso no lleva a nada. Lo interesante es pensar qué estado de vida pública supone y patentiza ese hecho. Y es evidente que supone la independencia de las «organizaciones», su secesión de Madrid. La venta integral de un censo significa sólo un ejemplo, el más claro y sencillo, de las formas variadísimas que revistió la cuarta reacción de los distritos: la sublevación de las «organizaciones».

In the ‘organized’ districts there was election, but it was false, even though the Government did not violate it, even though there was not a shadow of ‘pucherazo’. (‘Cunero’, ‘pucherazo’ —note, as a curious symptom, the rustic reek of the vocabulary that that politics handled in a matter so basic for the whole life of the State). Because even though all the electors of a rural district voted without the slightest hindrance, they did not vote a representative in the legislative Power, but an agent of State favours, an instrument for the localistic detention of the national public Power. This was the decisive thing, and, therefore, what it is necessary to emphasise. Every rural election that did not have an exceptional character was false in its very essence, because it was not a parliamentary election. It suffices to compare the election in a village with the election in Madrid to perceive the radical difference of both political facts. In Madrid there were not nor could there be ‘organizations’, and whatever resembled them came from inevitable contamination, under the atmosphere created by the rural elections.

The difference, then, between the ‘cunero’ districts and the ‘organized’ ones was that in the former the election cost nothing to the public Power, and in the latter much was spent; in the latter much was spent. In the ‘cuneros’ it sufficed to send an order to the governor of the province to make such a gentleman a deputy for such a district. In the ‘organized’ ones, the ‘organization’ constantly demanded favours of State —unjust appointments, unjust distribution of taxes, undue roads, money for the locust, etcetera. Whence it results that where there was election in fact the State suffered more, was debased and weakened more, for having to throw to the rural folk pieces of its authority, of its prestige, of its Justice, of its Grace, of its Exchequer. On the contrary, the ‘cunero’ districts allowed imaginary, but gratuitous, deputies to be created, without loss of public honour. They were the ease, the breathing-space of the executive Power, which allowed phantoms of majorities to be formed without grave immediate harm to that State.

While the number of ‘organized’ districts and that of ‘cuneros’ compensated one another, the thing seemed to go forward. There were as it were majorities, there were as it were parties, there were as it were Governments. The Constitution led a fictitious life, which is, after all, a form of life that is not simply nothing. We are in 1900. It is not necessary to say that 1900 represents a conventional date. Chronological precision is indifferent for now. However, there will appear in these studies, repeatedly confirmed, and from the most diverse bundles of evidence, the fact that with the century a new existence begins in our Spain. To prove clearly that this is not a phrase, to fix the reader’s gaze upon groups of phenomena that one does not usually notice and that demonstrate it, is one of the innumerable reasons that have this time put the pen in my hand with such resolution.

Let us, then, also imagine a priori the second stage of the historical clash between Spain and its Constitution. To think a priori is simply to imagine possibilities, plausible ones, of course. And so I ask: what new reaction is it possible to imagine in the rural districts, as they stood toward 1900? For the moment one, though it is not qualitatively new: that the number of districts endowed with ‘organization’ should increase at a more rapid tempo. It is a question, then, of a merely quantitative novelty. Its consequences, nevertheless, varied in substance, not only in magnitude. Here is the list of very positive things that that simple numerical change had to bring about: the more ‘organized’ districts, the fewer ‘cunero’ districts; therefore, the obligation to distribute and disperse the national or central public Power more, for the benefit of the worst localism. Each new election cost the Governments more, who found themselves compelled to reduce their majorities and to compromise more with the minorities. For their part, feeling themselves ever more necessary in the regime, the local ‘organizations’ showed themselves more demanding, sought representatives of a lower condition and tore larger pieces from the public Power. This, consequently, began to exhaust its capacity for authority, prestige and prebends. It diminished in size, rank and dignity visibly. The Governments, its agents, were, of necessity, ever less stable, etcetera, etcetera. The list cannot be ended, because from that simple quantitative change must come, given the terms of the problem, the annihilation of a State and the ruin of a Constitution. Hence, reader, hence. There is no need to resort to explanations less categorical and more vaporous. Other factors that I shall underline in due course have contributed to the dissolving process; but without that one they would not have depressed, much less ruined, the regime.

The cause of its ruin was the regime itself.

If we now turn once more to reality, we shall find that this time too it confirms our a priori imagination. All who have governed in the last twenty years will recognise the exactness of the fact; as the century advanced it was more difficult to hold elections, and the difficulty came from there being already in almost all the districts consolidated ‘organizations’; that is to say, inveterate in the retention of public Power.

But let us go on. Come another new imaginable reaction in the rural district! If we sum up, so far there are three. First: electoral abstention. Second: creation of ‘organizations’ to capture the central Power. Third: multiplication of the ‘organized’ districts.

And now the fourth arrives:

We have seen that the simple multiplication of the ‘organizations’ brings with it the extreme weakening of the executive Power; this one scarcely has anything left to distribute and cannot make its authority effective, because it has it mortgaged in the districts. By mechanical reciprocity, the ‘organizations’ then show themselves very demanding and come to realise that they are more necessary to the central public Power than it, exhausted, already is to them. Note the paradoxical, incredible situation that is created: the ‘organizations’, strictly speaking, were fraudulent colonies of the central Power; but they have grown so fat that they impose their categorical conditions upon it. They turn, then, against the one who created them.

We have reached the culminating moment of the historical process that begins in 1876: we are at the watershed.

The ‘local organizations’ created by Madrid feel themselves, in fact, independent of the central Power; that is, of Madrid. They were nothing else than the public Power reduced to shreds, ground into three hundred and fifty local particles. Once distributed thus, it was inevitable that each one of these particles should say to itself: ‘What the devil, the State am I!’ And it was right.

There comes, then, an age of ‘independence of the electoral bodies’. But let us not deceive ourselves: we know that up to now electoral body means ‘organization’, and nothing more. Only will there be authentic electoral bodies and, therefore, a Parliament, when the rural folk interest themselves in the questions of public life. Let the reader not forget this. It is to be from tomorrow our substantive theme. In the time of which I now speak there was produced only the independence of the ‘organizations’. An example will sufficiently clarify the situation to which I refer and which characterises this stage.

At the opening of a new legislature —let us imagine the date 1919 or 1920—, a deputy who for several has represented a certain district goes to it and once more solicits his election. But behold that, to his great surprise, the ‘organization’ turns on him and says to him: ‘Our good sir: This is over. Before we elected you because you paid us in public Power; but now the public Power is us. If you want to be deputy for our district, the only thing we can do is sell you the whole electoral register. How much do you give?’

Those who have lived the politics of those years remember well that, in effect, cases of this sort were very numerous —the great new fact that appeared in Spanish politics. Certain elections have always cost something; but money played in them an auxiliary role; what was bought was the individual vote, and the individual vote was what was sold. But now the whole register is bought and sold, placed openly on the market by the ‘organization’ as such.

Let the reader not stop for a second to make a fuss before the criminal face of the fact, before what it has of abuse, of simony and embezzlement. I would like to accustom my readers never to think first of the abuse, because that leads nowhere. The interesting thing is to think what state of public life that fact supposes and makes patent. And it is evident that it supposes the independence of the ‘organizations’, their secession from Madrid. The integral sale of a register signifies only an example, the clearest and simplest, of the most varied forms that the fourth reaction of the districts assumed: the revolt of the ‘organizations’.

Nei distretti «organizzati» c’era elezione, ma questa era falsa, anche se il Governo non la violentasse, anche se non ci fosse né ombra di «pucherazo». («Cunero», «pucherazo» —si noti, come sintomo curioso, il tanfo rustico del vocabolario che quella politica adoperava in faccenda tanto basilare per tutta la vita dello Stato). Perché anche se votassero senza il minimo ostacolo tutti gli elettori di un distretto rurale, non votavano un rappresentante nel Potere legislativo, ma un agente di favori di Stato, uno strumento per la detenzione localistica del Potere pubblico nazionale. Questo era il decisivo, e, perciò, ciò che è necessario mettere in rilievo. Ogni elezione rurale che non avesse un carattere di eccezione era falsa nella sua essenza stessa, perché non era elezione parlamentare. Basta confrontare l’elezione in un paese con l’elezione a Madrid per avvertire la differenza radicale di entrambi i fatti politici. A Madrid non c’erano né potevano esserci «organizzazioni», e ciò che a queste somigliasse proveniva da inevitabile contaminazione, sotto l’atmosfera creata dalle elezioni rurali.

La differenza, dunque, tra i distretti «cuneros» e gli «organizzati» era che in quelli l’elezione non costava nulla al Potere pubblico, e in questi si spendeva molto; in questi si spendeva. Nei «cuneros» bastava un ordine al governatore della provincia perché facesse deputato tal signore per tale distretto. Negli «organizzati», l’«organizzazione» esigeva costantemente favori di Stato —nomine ingiuste, riparto di contribuzioni ingiusto, strade indebite, denaro per la locusta, eccetera. Onde risulta che dove c’era elezione di fatto soffriva di più lo Stato, si avviliva e si indeboliva di più, per dover gettare ai rurali brandelli della sua autorità, del suo prestigio, della sua Giustizia, della sua Grazia, della sua Hacienda. Al contrario, i distretti cuneros permettevano di creare deputati immaginari, ma gratuiti, senza perdita dell’onore pubblico. Erano l’agio, il respiro del Potere esecutivo, che permetteva di formare fantasmi di maggioranze senza danno immediato grave per quello Stato.

Mentre il numero dei distretti «organizzati» e quello dei «cuneros» si compensarono, parve che la cosa camminasse. C’erano come maggioranze, c’erano come partiti, c’erano come Governi. La Costituzione conduceva una vita fittizia, che è, in fondo, una forma di vita che non è semplicemente nulla. Siamo nel 1900. Non è necessario dire che 1900 rappresenta una data convenzionale. È indifferente per ora la precisione cronologica. Tuttavia, apparirà in questi studi reiteratamente confermato, e dai fasci più diversi, il fatto che col secolo si inizia nella nostra Spagna una nuova esistenza. Provare chiaramente che questo non è una frase, fissare lo sguardo del lettore su gruppi di fenomeni su cui non si suole badare e che lo dimostrano, è una delle innumerevoli ragioni che hanno messo questa volta la penna nella mia mano con tanta risolutezza.

Vogliamo, dunque, immaginare anche a priori la seconda tappa dello scontro storico tra la Spagna e la sua Costituzione. Pensare a priori è semplicemente immaginare possibilità, s’intende, verosimili. E così, domando: quale nuova reazione è possibile immaginare nei distretti rurali, come si trovavano verso il 1900? Per il momento una, sebbene non sia nuova qualitativamente: che aumentasse con più rapido tempo il numero dei distretti dotati di «organizzazione». Si tratta, dunque, di una novità meramente quantitativa. Le sue conseguenze, nondimeno, variarono di sostanza, non solo di grandezza. Ecco la lista di cose ben positive che quel semplice cambiamento numerico doveva recare: quanti più distretti «organizzati», meno distretti «cuneros»; perciò, costrizione a ripartire e disperdere più il Potere pubblico nazionale o centrale in beneficio del peggior localismo. Ogni nuova elezione costava di più ai Governi, che si vedevano costretti a ridurre le loro maggioranze e a patteggiare di più con le minoranze. Dal canto loro, sentendosi sempre più necessarie nel regime, le «organizzazioni» locali si mostravano più esigenti, cercavano rappresentanti di condizione più bassa e strappavano pezzi maggiori al Potere pubblico. Questo, conseguentemente, cominciava a esaurire la sua capacità di autorità, di prestigio e di prebende. Diminuiva di taglia, di rango e di dignità a vista d’occhio. I Governi, suoi agenti, erano, per forza, sempre meno stabili, eccetera, eccetera. La lista non si può finire, perché da quel semplice cambiamento quantitativo deve venire, dati i termini del problema, l’annientamento di uno Stato e la rovina di una Costituzione. Da lì, lettore, da lì. Non occorre ricorrere a spiegazioni meno categoriche e più vaporose. Altri fattori che sottolineerò a suo tempo hanno contribuito al processo dissolvente; ma senza quello non avrebbero depresso, né tanto meno sbaragliato, il regime.

La causa della sua rovina fu il regime stesso.

Se ora torniamo di nuovo alla realtà, troveremo che anche questa volta conferma la nostra immaginazione a priori. Tutti coloro che hanno governato negli ultimi vent’anni riconosceranno l’esattezza del fatto: a mano a mano che avanzava il secolo era più difficile fare elezioni, e la difficoltà proveniva dall’esserci ormai in quasi tutti i distretti «organizzazioni» consolidate; vale a dire, inveterate nella ritenzione di Potere pubblico.

Ma continuiamo. Venga un’altra nuova reazione immaginabile nel distretto rurale! Se riassumiamo, finora sono tre. Prima: l’astensione elettorale. Seconda: creazione di «organizzazioni» per catturare il Potere centrale. Terza: moltiplicazione dei distretti «organizzati».

E ora arriva la quarta:

Abbiamo visto che la semplice moltiplicazione delle «organizzazioni» porta con sé l’indebolimento estremo del Potere esecutivo; questo non possiede quasi più che cosa ripartire e non può rendere effettiva la sua autorità, perché la tiene ipotecata nei distretti. Per reciprocità meccanica, le «organizzazioni» si mostrano allora molto esigenti e si rendono conto che sono esse più necessarie al Potere pubblico centrale di quanto questo, esausto, lo sia ormai a esse. Si noti la situazione paradossale, incredibile, che si crea: le «organizzazioni», propriamente parlando, erano fraudolente colonie del Potere centrale; ma sono ingrassate a tal punto, che impongono le loro condizioni categoriche a quello. Si rivoltano, dunque, contro chi le creò.

Siamo giunti al momento culminante del processo storico che comincia nel 1876: siamo allo spartiacque.

Le «organizzazioni locali» create da Madrid si sentono, di fatto, indipendenti dal Potere centrale; cioè, da Madrid. Esse non erano altro che il Potere pubblico ridotto a frantumi, triturato in trecentocinquanta particelle locali. Una volta ripartito così, era inevitabile che ciascuna di queste particelle si dicesse: «Che diavolo, lo Stato sono io!» E aveva ragione.

Viene, dunque, un’epoca di «indipendenza dei corpi elettorali». Ma non facciamoci illusioni: sappiamo che finora corpo elettorale vuol dire «organizzazione», e niente di più. Solo ci saranno corpi elettorali autentici e, perciò, Parlamento, quando i rurali si interesseranno alle questioni della vita pubblica. Non lo dimentichi il lettore. Sarà da domani il nostro tema sostantivo. Nel tempo di cui ora parlo si produsse soltanto l’indipendenza delle «organizzazioni». Un esempio ci chiarirà sufficientemente la situazione a cui mi riferisco e che caratterizza questa tappa.

All’iniziarsi di una nuova legislatura —immaginiamo la data 1919 o 1920—, un deputato che durante parecchie ha rappresentato un certo distretto, va a esso e sollecita ancora una volta la sua elezione. Ma ecco che, con grande sua sorpresa, l’«organizzazione» gli si rivolta e gli dice: «Signor nostro: Questa è finita. Prima la eleggevamo perché lei ci pagava in Potere pubblico; ma ora il Potere pubblico siamo noi. Se lei vuole essere deputato per il nostro distretto, l’unica cosa che possiamo fare è venderle integralmente il censo elettorale. Quanto dà lei?»

Coloro che hanno vissuto la politica di quegli anni ricordano bene che, in effetti, furono casi molto numerosi di questa fatta il grande fatto nuovo che apparve nella politica spagnola. Sempre sono costate certe elezioni; ma il denaro rappresentava in esse un ruolo ausiliario; ciò che si comprava era il voto individuale, e il voto individuale era ciò che si vendeva. Ma ora si compra e si vende integralmente il censo, messo sul mercato apertamente dall’«organizzazione» come tale.

Non si fermi un secondo il lettore a fare scenate dinanzi alla faccia criminale del fatto, dinanzi a ciò che ha di abuso, di simonia e di peculato. Io vorrei abituare i miei lettori a non pensare mai prima all’abuso, perché questo non porta a nulla. L’interessante è pensare quale stato di vita pubblica suppone e rende patente quel fatto. Ed è evidente che suppone l’indipendenza delle «organizzazioni», la loro secessione da Madrid. La vendita integrale di un censo significa soltanto un esempio, il più chiaro e semplice, delle forme variatissime che rivestì la quarta reazione dei distretti: la rivolta delle «organizzazioni».

Los propios agentes locales de la antigua Constitución —los caciques— han perdido el respeto a Madrid; es decir, al Estado que la capital simboliza. Llega entonces al extremo el desprestigio del Poder público y sus instituciones principales. Vulgarmente se atribuye éste a los abusos cometidos. Pero esto es un error. Se olvida que cualesquiera sean los abusos cometidos por un régimen, si éste es, por otras razones, fuerte, el fenómeno de desprestigio no se produce. Pasa como con los grandes escritores: por muchas canalladas que un autor cometa, si posee verdadera y siempre fresca genialidad, el público no repara en sus vicios, y su prestigio pervive indemne. La razón efectiva, yo diría, con alguna pedantería, la razón técnica del susodicho desprestigio político fue que los caciques comenzaron a retirar el hombro de la armazón constitucional. Ésta se había desangrado en beneficio de ellos, y no tenía fuerza para oponérseles.

Aquí termina el análisis del proceso político español en los últimos cincuenta años. Me he atenido a sus términos rigorosos: no he dejado entrar en él factores ajenos a lo estrictamente político. No he hablado de estados de espíritu concomitantes en la sociedad española. Por tanto, he eludido intentar un bosquejo de la historia del alma española durante ese tiempo. En el alma española han acontecido en ese período muchas otras cosas que no son políticas, pero que influyen en la política. Yo las he dejado radicalmente fuera de la consideración. No obstante, ha podido verse que todo lo decisivo en las vicisitudes del Estado en cuanto Régimen, en cuanto Constitución, se aclaraba por la incongruencia de ésta con el país. La posibilidad de prescindir en la explicación de otros factores demuestra que el hecho de esa incongruencia basta y sobra para explicar el fracaso del régimen.

Pero ahora podemos añadir una observación que, a mi juicio, decide del porvenir.

La independencia de las «organizaciones», su rebelión frente a Madrid, no se ha producido exclusivamente por las razones indicadas. Durante veinte, treinta años, las «organizaciones» han operado sobre sus pueblos, han favorecido a unos vecinos, han perseguido a otros. Cuanto mayor Poder arrancaban de Madrid, más favorecían y más perseguían. Esto tenía que provocar lentamente la irritación de los vecinos. La masa campesina, antes indiferente a toda vida pública, comenzaba poco a poco a apasionarse por razones locales. Se iniciaba un trasunto de vida pública local, a fuer de tal inaprovechable por sí misma para la política «nacional», pero que ha hecho cobrar conciencia de sí propias a las pequeñas unidades comarcanas y provinciales. A sus movimientos de protesta contra este o el otro abuso se contestaba señalando a la política de Madrid, al centro, como responsable del daño. Y, en efecto, nominalmente era el ministro en Madrid quien ponía su firma bajo las fechorías incubadas por el cacique en el pueblo. Por esta causa, las provincias enteras sintieron una profunda antipatía al régimen «madrileño». En ese ambiente, las «organizaciones» locales acrecieron sus pujos de independencia.

Por vez primera, aunque por causas distintas, aparecían coincidiendo los pueblos y las «organizaciones» en una cosa: la subversión contra Madrid.

Éste es el hecho básico de la vida pública española desde 1900 a la fecha. Se ha producido poco a poco, pero todo lo demás que en ese tiempo ha acontecido surgió a consecuencia de él o fue simple anécdota. En él se empolla el futuro de la historia peninsular.

Pero esto ya es cuestión distinta del confrontamiento entre la vieja Constitución y la nación que era. Ahora vamos a ver qué nación nueva germina y qué otra Constitución le corresponde: Forward! —«¡Adelante!»—, como dicen los conductores de tranvía en Nueva York.

VII

RESPIRO, REITERACIÓN Y TRÁNSITO

E quindi uscimmo a riveder le stelle

Emergemos de nuevo al haz del presente, volvemos a ver sobre nosotros las constelaciones. Estos cinco artículos sobre «La Constitución y la nación» han puesto a prueba la capacidad de ascetismo en el lector y en mí. Pero estas penalidades sufridas durante el análisis retrospectivo de la política española nos sirven precisamente como garantía y demostración de que estamos resueltos a aceptar la ascética faena —el estudio rigoroso y minucioso— siempre que sea necesaria. Más de una vez, en el transcurso de este ensayo, acaecerá que, como Dante, caemos por escotillón en un giro subterráneo donde en vez de avanzar caminamos lentamente hacia atrás, obligados a dibujar los perfiles de la perduta gente. El ascetismo, cuando es necesario, es un deber que aceptamos sin pestañear; pero ni puede ni debe ser un ideal. No tengo fe ninguna en los ascetas de afición. Al contrario: es preciso eludir lo adusto siempre que sea posible y navegar a barlovento de la alegría.

Si no se me exige demasiado, y restringe el lector su expectación a lo que es lícito esperar de mí, descubriré el propósito de estos estudios, que es, nada menos, elaborar un proyecto de organización nacional en todos los órdenes, lados, caras y círculos de la existencia española. El asunto no puede ser más serio y solemne. Pero yo no veo por qué no hemos de ejecutarlo alegremente. Es más: uno de los afanes que aquel propósito integral incluye es el de organizar la alegría española, la cual, con grave daño para nuestra historia, no ha sido nunca tomada en serio. Es preciso intentar que pronto las espadañas de los pueblos, cualquiera que sea su tañido, suenen siempre a campanas de Resurrección, y si fuera a claxon pascual, mejor todavía. Basta para ello con que resolvamos ver las cosas a la vez en grande y en exacto; con que impongamos en derredor un vigoroso imperativo de magnanimidad, y despertemos del sonambulismo aldeano y pequeñoburgués que ha paralizado nuestra vida colectiva. Tomemos la necedad dondequiera se encuentre, y retorzamos su pescuezo. Procuremos que la pusilanimidad, la pequeñez, sea aún menor, anulándola. Hagamos lo contrario de lo que se ha hecho en cincuenta años, que era, no más, cazurramente, aldeanamente, vulpinari cum vulpibus: zorrear con los zorros.

Pero ahora, vueltos a la luz del día tras nuestra excursión subterránea por el pasado, necesitamos enhebrar otra vez el camino, reanudar el itinerario; por tanto, reiterar.

Se trata de armar una política cuyo contenido sea una perspectiva histórica; de fletar nuevamente para alta mar la nao hispana. Es preciso que nuestro pueblo vuelva a hacer historia. Pero hacer historia no ha de entenderse, folletinescamente, como un hacer escenas fuera de sí mismo —guerras, exploraciones, colonizaciones. Todo esto es, o consecuencia, o síntoma o mise en scène del verdadero hacer historia, que consiste, simplemente, en que un pueblo se haga y construya a sí mismo, se incorpore y organice. Con eso basta; con ser y estar ahí firme sobre el mundo, ya está haciendo magníficamente historia. Los demás no tienen más remedio que contar con él.

Pero el aspecto concreto e inmediato con que se presenta a nuestros ojos de hoy esa orden de hacerse España a sí misma es el mejoramiento del español medio, su conversión en un tipo de hombre apto para afirmarse sobre el actual nivel de la existencia humana —la cual existencia humana es siempre, y a la par, convivencia y combate. Ahora bien: el español medio está en las provincias. Por consiguiente, la política tiene que comenzar por ser política de las provincias, organización de las provincias.

De ellas va a renacer España. En ellas es forzoso alumbrar la mayor porción de energías necesarias para la obra gigante. Nuestra política es de fe en las provincias, por la sencilla razón de que ellas son la realidad española.

Pero esta fe necesitaba ser razonada y demostrada. Si para los efectos del futuro y la esperanza nos parecen las provincias la verdadera realidad de nuestra nación, por fuerza tienen que haberlo sido también en el pasado. Una realidad tan primordial no puede haber surgido hoy: tiene que haber sido también la realidad de ayer. De aquí que fuese inevitable mostrar con algún rigor cómo en los últimos cincuenta años, bajo la presunción de un Estado «nacional», se impuso la realidad de la provincia con su intonso ruralismo. Al flamante Parlamento cortado al gusto francés e inglés le salió pronto el pelo de la dehesa.

Hemos visto cómo frente a una Constitución «madrileñista», donde la vida local no tenía alojamiento, respondió ésta haciendo prisionera a la institución básica —las Cortes—, ligándola con innumerables hilos a los distritos rurales y repartiéndose por este medio el Poder público; es decir, localizándolo, supeditándolo a las torpes y angostas pasiones del villorrio, a su minúsculo horizonte intelectual y moral. La realidad se venga cuando no se la acepta y reconoce. Por no contar con las provincias, el peor localismo, el provincianismo, dominó todo: las provincias mismas, la «nación» y el Estado.

The very local agents of the old Constitution —the caciques— have lost their respect for Madrid; that is, for the State that the capital symbolises. The discredit of the public Power and of its principal institutions then reaches its extreme. Vulgar opinion attributes it to the abuses committed. But this is an error. It is forgotten that whatever may be the abuses committed by a regime, if it is, for other reasons, strong, the phenomenon of discredit does not occur. It happens as with the great writers: however many rogueries an author commits, if he possesses true and ever-fresh genius, the public does not notice his vices, and his prestige lives on unscathed. The effective reason, I would say, with some pedantry, the technical reason of the aforesaid political discredit was that the caciques began to withdraw their shoulder from the constitutional framework. This one had bled itself white for their benefit, and had no strength to oppose them.

Here ends the analysis of the Spanish political process in the last fifty years. I have kept to its rigorous terms: I have not let into it factors foreign to what is strictly political. I have not spoken of the states of spirit concomitant in Spanish society. Therefore, I have avoided attempting a sketch of the history of the Spanish soul during that time. In the Spanish soul there have happened in that period many other things that are not political, but that influence politics. I have left them radically out of consideration. Nevertheless, it has been possible to see that everything decisive in the vicissitudes of the State as Regime, as Constitution, was clarified by the incongruence of the latter with the country. The possibility of dispensing in the explanation with other factors demonstrates that the fact of that incongruence is enough and more than enough to explain the failure of the regime.

But now we can add an observation that, in my judgment, decides the future.

The independence of the ‘organizations’, their rebellion against Madrid, has not been produced exclusively for the reasons indicated. During twenty, thirty years, the ‘organizations’ have operated upon their towns, have favoured some neighbours, have persecuted others. The greater the Power they tore from Madrid, the more they favoured and the more they persecuted. This had to provoke slowly the irritation of the neighbours. The peasant mass, before indifferent to all public life, was beginning little by little to grow passionate over local reasons. There was beginning a semblance of local public life, which as such was unusable by itself for ‘national’ politics, but which has made the small comarcal and provincial units become conscious of themselves. To their movements of protest against this or that abuse one replied by pointing to the politics of Madrid, to the centre, as responsible for the harm. And, in effect, nominally it was the minister in Madrid who put his signature beneath the misdeeds incubated by the cacique in the town. For this cause, whole provinces felt a profound antipathy to the ‘Madrid’ regime. In that atmosphere, the local ‘organizations’ increased their stirrings of independence.

For the first time, although for distinct causes, the towns and the ‘organizations’ appeared coinciding in one thing: subversion against Madrid.

This is the basic fact of Spanish public life from 1900 to date. It has been produced little by little, but everything else that in that time has happened arose as a consequence of it or was simple anecdote. In it is incubated the future of peninsular history.

But this is already a question distinct from the confrontation between the old Constitution and the nation that was. Now we are going to see what new nation germinates and what other Constitution corresponds to it: Forward! —‘Adelante!’—, as the tram conductors say in New York.

VII

RESPITE, REITERATION AND TRANSITION

E quindi uscimmo a riveder le stelle

We emerge again to the surface of the present, we see once more above us the constellations. These five articles on ‘The Constitution and the nation’ have put to the test the capacity for asceticism in the reader and in me. But these penalties suffered during the retrospective analysis of Spanish politics serve us precisely as guarantee and demonstration that we are resolved to accept the ascetic task —the rigorous and minute study— whenever it is necessary. More than once, in the course of this essay, it will happen that, like Dante, we fall through a trapdoor into an underground turn where instead of advancing we walk slowly backwards, obliged to draw the profiles of the lost people. Asceticism, when necessary, is a duty we accept without blinking; but it neither can nor should be an ideal. I have no faith whatever in amateur ascetics. On the contrary: it is necessary to avoid the austere whenever possible and to sail to windward of joy.

If too much is not demanded of me, and the reader restricts his expectation to what it is licit to expect of me, I shall disclose the purpose of these studies, which is, nothing less, to elaborate a project of national organization in all the orders, sides, faces and circles of Spanish existence. The matter cannot be more serious and solemn. But I do not see why we must not execute it joyfully. What is more: one of the yearnings that that integral purpose includes is that of organizing Spanish joy, which, to the grave harm of our history, has never been taken seriously. It is necessary to attempt that soon the belfries of the towns, whatever their peal, may always sound to Resurrection bells, and if it were to an Easter claxon, all the better. It suffices for this that we resolve to see things at once in the large and in the exact; that we impose around us a vigorous imperative of magnanimity, and awaken from the village and petty-bourgeois somnambulism that has paralysed our collective life. Let us take stupidity wherever it is found, and wring its neck. Let us contrive that pusillanimity, smallness, be still smaller, by annulling it. Let us do the contrary of what has been done in fifty years, which was, no more, in the sly way of the village, vulpinari cum vulpibus: to fox with the foxes.

But now, returned to the light of day after our subterranean excursion through the past, we need to re-thread the way, to resume the itinerary; therefore, to reiterate.

It is a question of arming a policy whose content is a historical perspective; of shipping out once more to the high sea the Spanish nao. It is necessary that our people return to making history. But making history must not be understood, in the style of the serial novel, as a making of scenes outside itself —wars, explorations, colonizations. All this is, or consequence, or symptom, or mise en scène of the true making of history, which consists, simply, in a people making and constructing itself, incorporating and organizing itself. With that it suffices; by being and standing firm upon the world, it is already magnificently making history. The others have no remedy but to count on it.

But the concrete and immediate aspect with which that order of Spain making itself presents itself to our eyes today is the betterment of the average Spaniard, his conversion into a type of man apt to affirm himself upon the present level of human existence —which human existence is always, and at once, coexistence and combat. Now: the average Spaniard is in the provinces. Consequently, politics must begin by being a politics of the provinces, an organization of the provinces.

From them Spain is going to be reborn. In them it is necessary to give birth to the greater portion of the energies needed for the gigantic work. Our politics is one of faith in the provinces, for the simple reason that they are the Spanish reality.

But this faith needed to be reasoned and demonstrated. If for the effects of the future and hope the provinces seem to us the true reality of our nation, of necessity they must also have been so in the past. A reality so primordial cannot have arisen today: it must have been also the reality of yesterday. Hence it was inevitable to show with some rigour how in the last fifty years, under the presumption of a ‘national’ State, the reality of the province imposed itself with its unshorn ruralism. The brand-new Parliament cut to the French and English taste soon grew the hair of the dehesa.

We have seen how, in the face of a ‘Madridist’ Constitution, where local life had no lodging, the latter responded by taking prisoner the basic institution —the Cortes—, binding it with innumerable threads to the rural districts and sharing out by this means the public Power; that is, localizing it, subjecting it to the clumsy and narrow passions of the hamlet, to its minuscule intellectual and moral horizon. Reality avenges itself when it is not accepted and recognized. For not counting on the provinces, the worst localism, provincialism, dominated everything: the provinces themselves, the ‘nation’ and the State.

I propri agenti locali dell’antica Costituzione —i caciques— hanno perso il rispetto di Madrid; cioè, dello Stato che la capitale simboleggia. Giunge allora all’estremo il discredito del Potere pubblico e delle sue istituzioni principali. Volgarmente lo si attribuisce agli abusi commessi. Ma questo è un errore. Si dimentica che, quali che siano gli abusi commessi da un regime, se questo è, per altre ragioni, forte, il fenomeno di discredito non si produce. Accade come con i grandi scrittori: per quante canagliate un autore commetta, se possiede vera e sempre fresca genialità, il pubblico non bada ai suoi vizi, e il suo prestigio perdura indenne. La ragione effettiva, direi io, con un po’ di pedanteria, la ragione tecnica del suddetto discredito politico fu che i caciques cominciarono a ritirare la spalla dall’armatura costituzionale. Questa si era dissanguata in loro beneficio, e non aveva forza per opporsi loro.

Qui termina l’analisi del processo politico spagnolo negli ultimi cinquant’anni. Mi sono attenuto ai suoi termini rigorosi: non ho lasciato entrare in esso fattori estranei allo strettamente politico. Non ho parlato di stati d’animo concomitanti nella società spagnola. Perciò, ho eluso il tentativo di un abbozzo della storia dell’anima spagnola durante quel tempo. Nell’anima spagnola sono accadute in quel periodo molte altre cose che non sono politiche, ma che influiscono sulla politica. Io le ho lasciate radicalmente fuori dalla considerazione. Nondimeno, si è potuto vedere che tutto il decisivo nelle vicissitudini dello Stato in quanto Regime, in quanto Costituzione, si chiariva con l’incongruenza di questa col paese. La possibilità di prescindere nella spiegazione da altri fattori dimostra che il fatto di quella incongruenza basta e avanza per spiegare il fallimento del regime.

Ma ora possiamo aggiungere un’osservazione che, a mio giudizio, decide dell’avvenire.

L’indipendenza delle «organizzazioni», la loro ribellione dinanzi a Madrid, non si è prodotta esclusivamente per le ragioni indicate. Durante venti, trent’anni, le «organizzazioni» hanno operato sui loro paesi, hanno favorito alcuni vicini, hanno perseguitato altri. Quanto maggior Potere strappavano a Madrid, più favorivano e più perseguitavano. Questo doveva provocare lentamente l’irritazione dei vicini. La massa contadina, prima indifferente a ogni vita pubblica, cominciava poco a poco ad appassionarsi per ragioni locali. Si iniziava un trasunto di vita pubblica locale, che in quanto tale, inutilizzabile per sé stessa per la politica «nazionale», ma che ha fatto prendere coscienza di sé alle piccole unità comarcali e provinciali. Ai suoi movimenti di protesta contro questo o quell’abuso si rispondeva indicando la politica di Madrid, il centro, come responsabile del danno. E, in effetti, nominalmente era il ministro a Madrid che metteva la sua firma sotto le malefatte incubate dal cacique nel paese. Per questa causa, intere province sentirono una profonda antipatia per il regime «madrileno». In quell’ambiente, le «organizzazioni» locali accrebbero i loro impulsi di indipendenza.

Per la prima volta, sebbene per cause distinte, apparivano coincidere i paesi e le «organizzazioni» in una cosa: la sovversione contro Madrid.

Questo è il fatto basilare della vita pubblica spagnola dal 1900 a oggi. Si è prodotto poco a poco, ma tutto il resto che in quel tempo è accaduto sorse in conseguenza di esso o fu semplice aneddoto. In esso si cova l’avvenire della storia peninsulare.

Ma questo è già questione distinta dal confronto tra la vecchia Costituzione e la nazione che era. Ora vedremo quale nazione nuova germoglia e quale altra Costituzione le corrisponde: Forward! —«Avanti!»—, come dicono i conducenti di tram a New York.

VII

RESPIRO, REITERAZIONE E TRANSITO

E quindi uscimmo a riveder le stelle

Emergiamo di nuovo alla superficie del presente, torniamo a vedere sopra di noi le costellazioni. Questi cinque articoli su «La Costituzione e la nazione» hanno messo alla prova la capacità di ascetismo nel lettore e in me. Ma queste penalità sofferte durante l’analisi retrospettiva della politica spagnola ci servono precisamente come garanzia e dimostrazione che siamo risoluti ad accettare l’ascetica fatica —lo studio rigoroso e minuzioso— sempre che sia necessaria. Più di una volta, nel corso di questo saggio, accadrà che, come Dante, cadiamo per botola in un giro sotterraneo dove invece di avanzare camminiamo lentamente all’indietro, obbligati a disegnare i profili della perduta gente. L’ascetismo, quando è necessario, è un dovere che accettiamo senza battere ciglio; ma né può né deve essere un ideale. Non ho nessuna fede negli asceti per passatempo. Al contrario: è necessario eludere l’arcigno sempre che sia possibile e navigare a sopravvento della gioia.

Se non mi si esige troppo, e il lettore restringe la sua aspettativa a ciò che è lecito aspettare da me, scoprirò il proposito di questi studi, che è, nientemeno, elaborare un progetto di organizzazione nazionale in tutti gli ordini, lati, facce e cerchi dell’esistenza spagnola. L’assunto non può essere più serio e solenne. Ma io non vedo perché non dobbiamo eseguirlo allegramente. Di più: una delle brame che quel proposito integrale include è quella di organizzare l’allegria spagnola, la quale, con grave danno per la nostra storia, non è mai stata presa sul serio. È necessario tentare che presto le torri campanarie dei paesi, qualunque sia il loro rintocco, suonino sempre a campane di Resurrezione, e se fosse a clacson pasquale, meglio ancora. Basta per questo che risolviamo di vedere le cose insieme in grande e in esatto; che imponiamo attorno un vigoroso imperativo di magnanimità, e ci risvegliamo dal sonnambulismo paesano e piccolo-borghese che ha paralizzato la nostra vita collettiva. Prendiamo la stoltezza dovunque si trovi, e torciamole il collo. Facciamo sì che la pusillanimità, la piccolezza, sia ancora minore, annullandola. Facciamo il contrario di ciò che si è fatto in cinquant’anni, che era, non di più, rusticamente, da villaggio, vulpinari cum vulpibus: volpeggiare con le volpi.

Ma ora, tornati alla luce del giorno dopo la nostra escursione sotterranea nel passato, dobbiamo infilare di nuovo il cammino, riannodare l’itinerario; perciò, reiterare.

Si tratta di armare una politica il cui contenuto sia una prospettiva storica; di noleggiare di nuovo per l’alto mare la nao ispana. È necessario che il nostro popolo torni a fare storia. Ma fare storia non si deve intendere, romanzescamente, come un fare scene fuori di sé stesso —guerre, esplorazioni, colonizzazioni. Tutto questo è, o conseguenza, o sintomo o mise en scène del vero fare storia, che consiste, semplicemente, in questo: che un popolo si faccia e si costruisca da sé stesso, si incorpori e si organizzi. Con questo basta; con l’essere ed esserci saldo sul mondo, sta già facendo magnificamente storia. Gli altri non hanno altro rimedio che contare con lui.

Ma l’aspetto concreto e immediato con cui si presenta ai nostri occhi di oggi quell’ordine di farsi la Spagna da sé stessa è il miglioramento dello spagnolo medio, la sua conversione in un tipo di uomo atto ad affermarsi sul livello attuale dell’esistenza umana —la quale esistenza umana è sempre, e insieme, convivenza e combattimento. Ora: lo spagnolo medio sta nelle province. Di conseguenza, la politica deve cominciare con l’essere politica delle province, organizzazione delle province.

Da esse rinascerà la Spagna. In esse è necessario far nascere la maggior porzione di energie necessarie per l’opera gigante. La nostra politica è di fede nelle province, per la semplice ragione che esse sono la realtà spagnola.

Ma questa fede aveva bisogno di essere ragionata e dimostrata. Se per gli effetti dell’avvenire e della speranza le province ci sembrano la vera realtà della nostra nazione, per forza devono esserlo state anche nel passato. Una realtà così primordiale non può essere sorta oggi: dev’essere stata anche la realtà di ieri. Di qui che fosse inevitabile mostrare con un certo rigore come negli ultimi cinquant’anni, sotto la presunzione di uno Stato «nazionale», si impose la realtà della provincia col suo intonso ruralismo. Al fiammante Parlamento tagliato al gusto francese e inglese uscì presto il pelo della dehesa.

Abbiamo visto come dinanzi a una Costituzione «madrilenista», dove la vita locale non aveva alloggio, questa rispose facendo prigioniera l’istituzione basilare —le Cortes—, legandola con innumerevoli fili ai distretti rurali e ripartendosi per questo mezzo il Potere pubblico; cioè, localizzandolo, subordinandolo alle rozze e anguste passioni del villaggio, al suo minuscolo orizzonte intellettuale e morale. La realtà si vendica quando non la si accetta e riconosce. Per non aver contato con le province, il peggior localismo, il provincionalismo, dominò tutto: le province stesse, la «nazione» e lo Stato.

De aquí el sabor provinciano, la chabacanería que saturó la vida española de esa época. Lejos de influir sobre la periferia las clases abstractas de Madrid —burocracia, intelectuales, industriales—, aconteció lo inverso. La rusticidad, en sus peores manifestaciones, anegó el alma colectiva. No sólo en política, sino en todo lo demás. Ni se detuvo a las puertas de Madrid. Este peor localismo es el espíritu de la gleba en su aspecto primario e impoluto, es lo que los árabes llaman lo «baladí», esto es, lo del país, lo indígena de cada trozo de tierra, lo vegetal y cabrío que el terruño espontáneamente pare. En Madrid, donde hay calles y el surco y el arado no pueden existir, lo local es la plebe urbana, el aldeón carpetovetónico que sirve de base autóctona a la capital. Y es curioso recordar que en aquella época se produjo el triunfo de la chulería. El chulo es el rural madrileño. Pues bien; en vez de influir las clases abstractas sobre el chulo doméstico, acaeció el caso increíble de que fuese el chulo quien daba el tono a la vida madrileña, imponiendo hasta su léxico. Durante veinte años, la conversación de las altas clases directoras arrastró todo el vocabulario soez y el crudo barroquismo de la plebe madrileña. Los aristócratas o hablaban en francés o hablaban en chulo, y, por muy alto que se subiese, la dicción plebeya, en marea viva, salpicaba el diálogo.

El empedernido meditador sobre España que era ya entonces el autor de estos artículos —durante veinte años tachado de extranjerismo por la imbecilidad imperante— se ocupó más de una vez en merodear alrededor de las casas donde moraban los grandes políticos del tiempo. Y le sorprendía la frecuencia con que de la mansión salían o en ella entraban bandadas de rurales con sus chambergos y bragas o sus trajes rígidos a lo Mingo Revulgo:

¡Ay, Mingo Revulgo, Mingo!

¡Ay, Mingo Revulgo, hao!

¿Do está tu sayo de blao

y tu capa de Domingo?

Eran las «organizaciones» dueñas efectivas del Poder público, que con la cazurrería genial del aldeano venían a recibir órdenes del gobernante a quien de hecho ellas gobernaban. La estampa simboliza perfectamente la realidad política de aquella edad —Madrid anegado en ruralismo.

Éstos son, sin embargo, nimios detalles que no influyen en la política, que, al contrario, muestran la influencia de la política en las otras esferas de la vida, incluso en la privada o en el aspecto de la urbe. Yo quisiera, por el pronto, ocuparme exclusivamente de la organización política de España, eliminando con decisión cuanto no la afecte de manera inmediata. Sólo así obtendremos alguna claridad sobre los problemas de nuestra vida pública, y una vez resueltos podrá vacar la reflexión a otras zonas de la existencia nacional que no son lo político y no es menos urgente organizar. Pero convenía, por excepción, mostrar en un detalle la inexorable solidaridad entre la política y todo lo demás, que un forzoso ascetismo nos obliga a desatender. Ya llegará un día en que nos venguemos también de este ascetismo. Todo ascetismo, precisamente porque es necesario, reclama venganza. Éste es el hondo, el excelente sentido que tiene el día de fiesta: no pasivo descanso del trabajo semanal, sino activa venganza del odio contra el negocio. Fiesta no es reposo; al contrario: máxima agilidad, danza y tropel, momentánea suspensión de ascetismos. Toda fiesta es Carnaval, o, dicho de otro modo: lo que hay de fiesta auténtica en toda fiesta es lo que haya en ella de Carnaval. (Esto es lo que no ha visto nunca el Protestantismo, y con superior perspicacia ha visto el Catolicismo, haciendo la vista gorda sobre Carnestolendas). Naturalmente, nosotros reorganizaremos el sentido festival de la vida, rehabilitaremos el maravilloso Carnaval frente a sórdidas concepciones calvinistas.

¿Cómo reacciona el lector ante esto? Lo he dicho para tomar su pulso. ¿Qué, no le parece serio? En cambio, los cinco artículos sobre «La Constitución y la nación» le parecieron cosa más seria. Pues lo siento vivamente; pero yo considero lo uno tan formal como lo otro. Si no llevase prisa escribiría otros cinco artículos compactos sobre la rehabilitación del Carnaval, y, en general, de la Festividad, donde se demostraría una verdad histórica sobremanera elemental: que ningún pueblo se ha hecho jamás sin grandes fiestas, que la fiesta tiene un formidable poder socializador, nacionalizador. Resueltos a que España sea una nación, a que sea esa realidad imponente que es ser una nación, necesitamos emplear todos los medios, los seis días laborables y también las fiestas de guardar.

(La seriedad de un escritor debe residir en lo que diga, no en el gesto con que lo diga. Quien a la expresión de sus ideas añada ademanes solemnes o pedantes es que no está seguro de la solidez de aquéllas, y procura ampararlas con una patética careta. Es preciso acostumbrar al lector español a que juzgue de los escritores por la evidencia de sus pensamientos; por tanto, después de repensar éstos hasta el fondo, y no mirando la cara o la careta del autor).

Pero ahora estamos en plena jornada de trabajo y recordábamos que durante años y años ha vivido España sumergida en el más atroz provincianismo. ¿Cómo —se dirá— habiendo sido éste el mal podrá de la provincia salir el bien? El bien, como el mal, emanan sólo de la realidad. Sólo podemos esperar un bien, si no somos ilusos, del mismo poder que puede traernos el mal —la realidad en torno. Yo espero el bien futuro para España de las provincias, porque éstas son, queramos o no, España. Por su realidad inevitable, no por su bondad discutible, tengo fe en ellas.

La política se diferencia del utopismo en que parte de la realidad dada —sea buena o sea mala. Este abrazo sincero a la realidad, mediante el cual se la toma en vilo para reformarla, es la generosidad del político, que garantiza su eficiencia y fertilidad.

Nos encontramos con una España ahogada en provincianismo. ¡Admirable! ¡Manos a la obra! Hagamos que ese provincianismo, con una mínima reforma, se convierta automáticamente en provincialismo, y que éste se integre en un soberano nacionalismo, en una verdadera nación, que nada de sí misma se deje fuera, que tome posesión de toda su interior riqueza. Éste es el programa de los artículos siguientes.

VIII

PROVINCIANISMO Y PROVINCIALISMO

1

Cuando el historiador corta un trozo, mayor o menor, de tiempo y nos lo presenta como una época, da a entender que los innumerables acontecimientos de ese período tienen una nota común, y que esa nota común es la causa o raíz de todos aquellos acontecimientos, en apariencia tan distintos los unos de los otros. En este sentido sostengo muy formalmente la tesis de que cuanto ha pasado en la vida pública española de 1900 a la fecha se reduce a un solo hecho radical y constante: la sublevación de las provincias contra Madrid. Esto es lo único que verdaderamente ha pasado en España como cuerpo político durante esa época; lo demás ha pasado anecdóticamente y no tiene importancia.

En un cuarto de siglo se acumula ya un espesor de sucesos bastante para que el conjunto adquiera corporeidad histórica, forme organismo y posea fisonomía. Quiero decir que ese volumen de acontecimientos requiere por nuestra parte una definición histórica, y que no podemos seguir hablando de él como se habla de las cosas del día, de la situación que es aún presente. Con el presente vivimos en lucha, y no nos queda, de ordinario, serenidad para contemplarlo y entenderlo. Baste recordar que el presente se compone de nosotros y de nuestros enemigos, y no es cosa de que mientras luchamos con ellos se nos pida que les demos su parte de razón, que los entendamos. Por eso es justo que se permita a la política militante cierta dosis de ceguera y el uso de algunos conceptos y tópicos que, en rigor, son falsos. Lo que no parece aceptable es que esas ideas inexactas, sugeridas por la lucha y para la lucha, sean tomadas en serio cuando se trata de explicar, de aclarar el pasado.

Voy con esto a lo siguiente: cuando en artículos anteriores describía yo la decadencia de la Constitución, el derrumbamiento del Estado forjado en 1876-1890, explicaba la debilitación y disolución progresivas de los grandes partidos por la independencia, también progresiva, de las «organizaciones» locales. Los caciques, en quienes la Constitución había tenido por fuerza que apoyarse, iban retirando el hombro de so el imaginario artefacto. Pues bien; estoy seguro de que si me ha leído algún político de la vieja escuela habrá sonreído desdeñosamente. Porque él posee la auténtica explicación de aquel desbarajuste en los partidos. No es que los caciques se insubordinasen o acreciesen sus exigencias. Se trata de otra cosa mucho más sencilla y concreta. El viejo político sonríe, complacido en su superior sabiduría, sintiéndose dueño del secreto. Como dice un poeta, pone la cara de quien posee el verdadero ornitorrinco.

Hence the provincial flavour, the shabbiness that saturated Spanish life of that age. Far from the abstract classes of Madrid —bureaucracy, intellectuals, industrialists— influencing the periphery, the inverse happened. Rusticity, in its worst manifestations, flooded the collective soul. Not only in politics, but in everything else. Nor did it stop at the gates of Madrid. This worst localism is the spirit of the glebe in its primary and unpolluted aspect; it is what the Arabs call ‘baladí’, that is, the thing of the country, the indigenous thing of each piece of earth, the vegetable and goatish thing that the soil spontaneously brings forth. In Madrid, where there are streets and the furrow and the plough cannot exist, the local is the urban plebs, the Carpetovetonic hamlet that serves as autochthonous base to the capital. And it is curious to recall that in that age the triumph of chulería took place. The chulo is the rural Madrilenian. Well then; instead of the abstract classes influencing the domestic chulo, there occurred the incredible case that it was the chulo who gave the tone to Madrilenian life, imposing even his lexicon. During twenty years, the conversation of the high governing classes dragged all the coarse vocabulary and the crude baroquism of the Madrilenian plebs. The aristocrats either spoke in French or spoke in chulo, and, however high one climbed, the plebeian diction, at high tide, splashed the dialogue.

The hardened meditator upon Spain that the author of these articles already then was —for twenty years branded as a foreignizer by the reigning imbecility— occupied himself more than once in loitering around the houses where the great politicians of the time dwelt. And he was surprised by the frequency with which from the mansion came out or into it entered flocks of rural folk, with their broad-brimmed hats and breeches or their stiff clothes in the style of Mingo Revulgo:

¡Ay, Mingo Revulgo, Mingo!

¡Ay, Mingo Revulgo, hao!

¿Do está tu sayo de blao

y tu capa de Domingo?

They were the ‘organizations’ effective owners of the public Power, who with the genial cunning of the peasant came to receive orders from the ruler whom in fact they governed. The print symbolises perfectly the political reality of that age —Madrid flooded with ruralism.

These are, however, tiny details that do not influence politics, which, on the contrary, show the influence of politics upon the other spheres of life, even upon the private one or upon the aspect of the city. I should like, for the moment, to occupy myself exclusively with the political organization of Spain, decisively eliminating whatever does not affect it in an immediate manner. Only thus shall we obtain some clarity upon the problems of our public life, and once resolved, reflection may turn to other zones of national existence that are not the political and that it is no less urgent to organize. But it suited, by exception, to show in one detail the inexorable solidarity between politics and everything else, which a compulsory asceticism obliges us to neglect. There will come a day when we too take revenge on this asceticism. Every asceticism, precisely because it is necessary, demands revenge. This is the deep, the excellent sense that the feast day has: not passive rest from the weekly work, but active revenge of the hatred against business. The feast is not repose; on the contrary: maximum agility, dance and throng, momentary suspension of asceticisms. Every feast is Carnival, or, put another way: what there is of authentic feast in every feast is what there is in it of Carnival. (This is what Protestantism has never seen, and with superior perspicacity Catholicism has seen, turning a blind eye to Shrovetide). Naturally, we shall reorganize the festive sense of life, we shall rehabilitate the marvellous Carnival against sordid Calvinist conceptions.

How does the reader react to this? I have said it to take his pulse. What, it does not seem serious to him? Instead, the five articles on ‘The Constitution and the nation’ seemed to him a more serious thing. Well, I feel it keenly; but I consider the one as formal as the other. If I were not in a hurry I would write another five compact articles on the rehabilitation of Carnival, and, in general, of Festivity, where a historical truth overly elemental would be demonstrated: that no people has ever been made without great festivals, that the festival has a formidable socializing, nationalizing power. Resolved that Spain be a nation, that it be that imposing reality that being a nation is, we need to employ all the means, the six working days and also the holidays of obligation.

(The seriousness of a writer must reside in what he says, not in the gesture with which he says it. He who adds solemn or pedantic airs to the expression of his ideas is because he is not sure of the solidity of them, and seeks to shelter them behind a pathetic mask. It is necessary to accustom the Spanish reader to judge writers by the evidence of their thoughts; therefore, after having rethought them to the bottom, and not by looking at the face or the mask of the author).

But now we are in the full working day and we recalled that for years and years Spain has lived submerged in the most atrocious provincianismo. How —it will be said—, this having been the evil, can the good come out of the province? The good, like the evil, emanate only from reality. We can hope for a good, if we are not deluded, only from the same power that can bring us the evil —the reality around us. I hope the future good for Spain from the provinces, because these are, whether we want it or not, Spain. For their inevitable reality, not for their debatable goodness, I have faith in them.

Politics differs from utopianism in that it starts from the given reality —be it good or bad. This sincere embrace of reality, by means of which it is lifted up to reform it, is the generosity of the politician, which guarantees his efficiency and fertility.

We find ourselves with a Spain choked in provincianismo. Admirable! To work! Let us make that provincianismo, with a minimal reform, turn automatically into provincialismo, and that this integrate itself into a sovereign nationalism, into a true nation, which leaves nothing of itself out, which takes possession of all its inner wealth. This is the programme of the following articles.

VIII

PROVINCIANISMO AND PROVINCIALISMO

1

When the historian cuts a piece, greater or smaller, of time and presents it to us as an epoch, he gives to understand that the innumerable events of that period have a common note, and that that common note is the cause or root of all those events, in appearance so distinct the one from the others. In this sense I hold very formally the thesis that whatever has passed in Spanish public life from 1900 to date reduces itself to a single radical fact and constant one: the revolt of the provinces against Madrid. This is the only thing that has truly happened in Spain as a political body during that epoch; the rest has happened anecdotally and has no importance.

In a quarter of a century there is already accumulated a thickness of events enough for the whole to acquire historical corporeity, to form an organism and possess a physiognomy. I mean that that volume of events requires on our part a historical definition, and that we cannot go on speaking of it as one speaks of the things of the day, of the situation that is still present. With the present we live in struggle, and there does not remain to us, ordinarily, serenity to contemplate and understand it. It suffices to recall that the present is composed of ourselves and our enemies, and it is not a thing that while we struggle with them we be asked to give them their share of reason, to understand them. For this it is just that militant politics be allowed a certain dose of blindness and the use of some concepts and commonplaces that, strictly, are false. What does not seem acceptable is that those inexact ideas, suggested by the struggle and for the struggle, be taken seriously when it is a question of explaining, of clarifying the past.

With this I go to the following: when in previous articles I described the decadence of the Constitution, the collapse of the State forged in 1876-1890, I explained the progressive weakening and dissolution of the great parties by the independence, also progressive, of the local ‘organizations’. The caciques, upon whom the Constitution had of necessity had to lean, were withdrawing their shoulder from beneath the imaginary artefact. Well then; I am sure that if some politician of the old school has read me he will have smiled disdainfully. Because he possesses the authentic explanation of that disorder in the parties. It is not that the caciques rebelled or increased their demands. It is a question of another thing much more simple and concrete. The old politician smiles, pleased in his superior wisdom, feeling himself master of the secret. As a poet says, he puts on the face of one who possesses the true platypus.

Di qui il sapore provinciale, la volgarità che saturò la vita spagnola di quell’epoca. Lungi dall’influire sulla periferia le classi astratte di Madrid —burocrazia, intellettuali, industriali—, accadde l’inverso. La rusticità, nelle sue peggiori manifestazioni, annegò l’anima collettiva. Non solo in politica, ma in tutto il resto. Né si fermò alle porte di Madrid. Questo peggior localismo è lo spirito della gleba nel suo aspetto primario e impoluto, è ciò che gli arabi chiamano lo «baladí», cioè, la cosa del paese, l’indigeno di ogni pezzo di terra, il vegetale e caprino che il terruzzo spontaneamente partorisce. A Madrid, dove ci sono strade e il solco e l’aratro non possono esistere, il locale è la plebe urbana, il grosso borgo carpetovetonico che serve da base autoctona alla capitale. Ed è curioso ricordare che in quell’epoca si produsse il trionfo della chulería. Il chulo è il rurale madrileno. Ebbene; invece di influire le classi astratte sul chulo domestico, accadde l’incredibile caso che fosse il chulo a dare il tono alla vita madrilena, imponendo persino il suo lessico. Durante vent’anni, la conversazione delle alte classi dirigenti trascinò tutto il vocabolario triviale e il crudo barocchismo della plebe madrilena. Gli aristocratici o parlavano in francese o parlavano in chulo, e, per quanto in alto si salisse, la dizione plebea, in marea viva, schizzava il dialogo.

L’incallito meditatore sulla Spagna che era già allora l’autore di questi articoli —per vent’anni tacciato di stranierismo dall’imbecillità imperante— si occupò più di una volta di bighellonare attorno alle case dove abitavano i grandi politici del tempo. E lo sorprendeva la frequenza con cui dalla magione uscivano o vi entravano stormi di rurali coi loro cappelloni e le loro brache o i loro vestiti rigidi alla Mingo Revulgo:

¡Ay, Mingo Revulgo, Mingo!

¡Ay, Mingo Revulgo, hao!

¿Do está tu sayo de blao

y tu capa de Domingo?

Erano le «organizzazioni» effettive padrone del Potere pubblico, che con l’astuzia geniale del contadino venivano a ricevere ordini dal governante che in realtà governavano loro. L’immagine simboleggia perfettamente la realtà politica di quell’età —Madrid annegata nel ruralismo.

Questi sono, tuttavia, dettagli minimi che non influiscono sulla politica, che, al contrario, mostrano l’influenza della politica sulle altre sfere della vita, persino sulla privata o sull’aspetto dell’urbe. Io vorrei, per il momento, occuparmi esclusivamente dell’organizzazione politica della Spagna, eliminando con decisione tutto ciò che non la riguardi in maniera immediata. Solo così otterremo qualche chiarezza sui problemi della nostra vita pubblica, e una volta risolti potrà la riflessione rivolgersi ad altre zone dell’esistenza nazionale che non sono il politico e che non è meno urgente organizzare. Ma conveniva, per eccezione, mostrare in un dettaglio l’inesorabile solidarietà tra la politica e tutto il resto, che un ascetismo forzoso ci obbliga a trascurare. Già verrà un giorno in cui ci vendicheremo anche di questo ascetismo. Ogni ascetismo, precisamente perché necessario, reclama vendetta. Questo è il profondo, l’eccellente senso che ha il giorno di festa: non passivo riposo dal lavoro settimanale, ma attiva vendetta dell’odio contro il negozio. La festa non è riposo; al contrario: massima agilità, danza e ressa, momentanea sospensione di ascetismi. Ogni festa è Carnevale, o, detto in altro modo: ciò che c’è di festa autentica in ogni festa è ciò che in essa c’è di Carnevale. (Questo è ciò che non ha mai visto il Protestantesimo, e con superiore perspicacia ha visto il Cattolicesimo, facendo la vista gorda su Carnestolendas). Naturalmente, noi riorganizzeremo il senso festivo della vita, riabiliteremo il meraviglioso Carnevale contro sordide concezioni calviniste.

Come reagisce il lettore a questo? L’ho detto per tastargli il polso. Come, non le sembra serio? Invece, i cinque articoli su «La Costituzione e la nazione» le parvero cosa più seria. Ebbene, lo sento vivamente; ma io considero l’uno tanto formale quanto l’altro. Se non avessi fretta scriverei altri cinque articoli compatti sulla riabilitazione del Carnevale, e, in generale, della Festività, dove si dimostrerebbe una verità storica assai elementare: che nessun popolo si è mai fatto senza grandi feste, che la festa ha un formidabile potere socializzatore, nazionalizzatore. Risoluti a che la Spagna sia una nazione, a che sia quella realtà imponente che è essere una nazione, dobbiamo impiegare tutti i mezzi, i sei giorni lavorativi e anche le feste di precetto.

(La serietà di uno scrittore deve risiedere in ciò che dica, non nel gesto con cui lo dica. Chi all’espressione delle sue idee aggiunge modi solenni o pedanti è perché non è sicuro della solidità di quelle, e cerca di ampararle con una patetica maschera. È necessario abituare il lettore spagnolo a giudicare degli scrittori dall’evidenza dei loro pensieri; perciò, dopo averli ripensati fino in fondo, e non guardando la faccia o la maschera dell’autore).

Ma ora siamo in piena giornata di lavoro e ricordavamo che per anni e anni la Spagna ha vissuto sommersa nel più atroce provincianismo. Come —si dirà—, essendo stato questo il male, potrà dalla provincia uscire il bene? Il bene, come il male, emanano solo dalla realtà. Possiamo sperare un bene, se non siamo illusi, solo dal medesimo potere che può recarci il male —la realtà attorno. Io spero il bene futuro per la Spagna dalle province, perché queste sono, vogliamo o no, la Spagna. Per la loro realtà inevitabile, non per la loro bontà discutibile, ho fede in esse.

La politica si differenzia dall’utopismo in quanto parte dalla realtà data —buona o cattiva che sia. Questo abbraccio sincero alla realtà, mediante il quale la si prende in braccio per riformarla, è la generosità del politico, che garantisce la sua efficienza e fertilità.

Ci troviamo con una Spagna soffocata nel provincianismo. Ammirevole! Mani all’opera! Facciamo sì che quel provincianismo, con una minima riforma, si converta automaticamente in provincialismo, e che questo si integri in un sovrano nazionalismo, in una vera nazione, che nulla di sé stessa si lasci fuori, che prenda possesso di tutta la sua interiore ricchezza. Questo è il programma degli articoli seguenti.

VIII

PROVINCIANISMO E PROVINCIALISMO

1

Quando lo storico taglia un pezzo, maggiore o minore, di tempo e ce lo presenta come un’epoca, dà a intendere che gli innumerevoli avvenimenti di quel periodo hanno una nota comune, e che quella nota comune è la causa o radice di tutti quegli avvenimenti, in apparenza tanto distinti gli uni dagli altri. In questo senso sostengo molto formalmente la tesi che quanto è passato nella vita pubblica spagnola dal 1900 a oggi si riduce a un solo fatto radicale e costante: la rivolta delle province contro Madrid. Questo è l’unico che veramente è passato in Spagna come corpo politico durante quell’epoca; il resto è passato aneddoticamente e non ha importanza.

In un quarto di secolo si accumula già uno spessore di avvenimenti bastante perché l’insieme acquisti corposità storica, formi organismo e possegga fisionomia. Voglio dire che quel volume di avvenimenti richiede da parte nostra una definizione storica, e che non possiamo continuare a parlare di esso come si parla delle cose del giorno, della situazione che è ancora presente. Col presente viviamo in lotta, e non ci resta, di solito, serenità per contemplarlo e intenderlo. Basti ricordare che il presente si compone di noi e dei nostri nemici, e non è cosa che mentre lottiamo con loro ci si chieda di dar loro la loro parte di ragione, di capirli. Per questo è giusto che si permetta alla politica militante una certa dose di cecità e l’uso di alcuni concetti e luoghi comuni che, in rigore, sono falsi. Ciò che non pare accettabile è che quelle idee inesatte, suggerite dalla lotta e per la lotta, siano prese sul serio quando si tratta di spiegare, di chiarire il passato.

Vado con questo al seguente: quando in articoli precedenti descrivevo io la decadenza della Costituzione, il crollo dello Stato forgiato nel 1876-1890, spiegavo l’indebolimento e la dissoluzione progressivi dei grandi partiti con l’indipendenza, anche progressiva, delle «organizzazioni» locali. I caciques, su cui la Costituzione aveva per forza dovuto appoggiarsi, andavano ritirando la spalla da sotto l’immaginario artefatto. Ebbene; sono sicuro che se mi ha letto qualche politico della vecchia scuola avrà sorriso sdegnosamente. Perché lui possiede l’autentica spiegazione di quel disordine nei partiti. Non è che i caciques si insubordinassero o accrescessero le loro esigenze. Si tratta di un’altra cosa molto più semplice e concreta. Il vecchio politico sorride, compiaciuto nella sua superiore sapienza, sentendosi padrone del segreto. Come dice un poeta, mette la faccia di chi possiede il vero ornitorinco.

Y, sin embargo, se trata del más notorio secreto. Nadie, ni siquiera el autor de estos artículos, ignora que durante esa etapa se hizo todo lo posible por deshacer los grandes partidos. La cosa es tan conocida, que ni es necesario, para que el lector anónimo lo entienda, denominar con todas sus letras la actuación a que aludimos. ¿Cómo es que yo, al explicar aquel proceso de disolución, la he olvidado? Evidentemente, no por falta de memoria, sino porque me parece una tontería, y pensar como escribir, es el intento, generalmente vano, de evitar las tonterías. Es un hecho cierto que intervenciones desacertadas han trabajado fervorosamente en la triste obra de disolver los grandes partidos; que ha existido la decidida voluntad de descomponerlos y dislocarlos. Pero la reflexión más simple evitará elevar actuación tal al rango de causa en la disolución de los partidos. Es evidente que para destruir un partido no basta que alguien quiera; es menester que el partido se deje destruir, que sea de materia suficientemente blanda y dócil para que el disolvente opere sobre él. Si los partidos hubiesen poseído realidad y vigor algunos, la voluntad de deshacerlos se habría estrellado contra su solidez. Exijamos aún menos: si los partidos no se hubieran disuelto por sí mismos, por su propia inanidad, habríamos asistido siquiera a la escena de su lucha por subsistir frente al poder que los iba atomizando. Ahora bien: de esto no hay rastro en los últimos veinticinco años. Ni los partidos ni la opinión pública que debía haber tras ellos han intentado defenderse. A estas alturas, cuando se ha visto la pavorosa ausencia de raíces que aquellos partidos de gobierno tenían en el país, explicar su ruina por la intervención de cierto poder es una ingenua interpretación mágica.

Con esto pretendo eliminar una idea grotesca, torpe, que intercepta la visión de lo real. No pretendo, en cambio, exculpar aquellas intervenciones. Todo lo contrario. Bajo ese sincero deseo de extirpar una idea falsa late la protesta indignada de español ante la suposición de que un hecho tan importante en la vida nacional como es la disolución de su política pueda ni imaginarse causado por un poder individual, como en la Persia de Ciro o en la Mongolia de Kublai-Khan. Si yo creyese tal cosa, no podría mover la pluma en dirección hacia temas nacionales. Daría por inexistente e imposible toda vida nacional española. Me ahogaría en pesimismo absoluto. Pero veo que tal idea es falsa, y que no sólo en el deseo, sino en la realidad, existe una vida nacional española que lleva su camino peculiar —distinto del de otros pueblos, más difícil de definir que el de ellos—, pero que creo, a la postre, percibir con toda claridad. Por esta razón me revuelvo contra aquella interpretación de un cuarto de siglo español envilecedora, trivial, y abomino de que se maleduque a mis compatriotas queriendo hacerles creer que de sus destinos son la causa otros poderes que no son ellos mismos. Eso es falso, de plenaria falsedad: de todo lo importante que pasa en España —bueno o malo— tienen la gloria o la culpa los españoles mismos, y es preciso habituarlos a lo contrario que aquella explicación implica; es preciso habituarlos a que ni para mal ni para bien concedan gran importancia a poderes que son tan secundarios y accidentales, si se los compara con la nación entera, con la realidad de todos los españoles y su obscuro, lento, pero intransferible destino histórico.

Reclamo, pues, contra todos esos pensamientos ridículos emanados de la miope ideología que se usaba en las tertulias de la antigua política, y que no son compatibles con el nivel intelectual de las generaciones predestinadas a dirigir la nueva España.

Los hechos esenciales son éstos: de 1900 a la fecha no se registra en nuestro país un solo movimiento de la masa pública a favor de los partidos gobernantes, y, en cambio, se producen una serie de movimientos en contra de ellos. Pocos o muchos, vigorosos o débiles, los encrespamientos de opinión que en esa etapa han acaecido batieron todos contra Madrid y su política. He aquí la lista de los principales: hacia 1900, vago temblor en toda el alma peninsular que responde a la palabra «Regeneración». Silvela tiene que recoger el vocablo y reconoce la necesidad de reformar la política madrileña. Poco después, en forma más precisa, aparece ya la protesta de la provincia desde la provincia como tal: Unión Nacional; se proclama la resistencia al pago de los tributos; los dos Dioscuros provinciales, Costa y Paraíso, el león y la vulpeja, amenazan a Madrid. Luego, la Solidaridad Catalana. Más tarde, el maurismo. Llegamos a 1914. Se suspende durante unos años la política, mientras la gran guerra fustiga sin piedad a medio planeta. Durante un par de años después del armisticio se entrega España a la delicia equívoca de haberse enriquecido con la conflagración de los demás. Apenas vuelve a cursar la vida pública, en 1923, se produce el golpe de Estado.

Éstos son, que yo sepa, los únicos movimientos públicos de alguna importancia y calado que han sobrevenido en nuestra nación durante el primer cuarto del siglo. (Sólo otros dos hechos podrían ostentar algún título para que se los agregase a la lista anterior: uno es la convulsión revolucionaria —enérgica, pero espasmódica y momentánea— que provocaron los desastres militares de 1909. No cabe desconocer que fue aquélla una manifestación del ánimo público auténtica y honda; pero significaba una reacción puramente afectiva ante un hecho muy determinado: fue una sacudida refleja, no un movimiento político. Porque fue sólo esto, pasó sin dejar rastro en el proceso de nuestra vida pública. En vez de acrecentarse, los pequeños equipos revolucionarios fueron perdiendo desde entonces la escasa fuerza política de que disponían, y ni siquiera la victoria del sovietismo, que en todo el mundo recalentó por unas horas las calderas radicales, permitió la creación de organizaciones poderosas.

El otro hecho importante que no he incluido es la subversión de las Juntas de defensa militares, en 1917. Hecho tan insólito en todo país de Occidente requiere consideración aparte. Pero ya veremos cómo su faceta decisiva se articula en aquel proceso general de levantamiento contra la política madrileña).

No es dudoso para nadie que la ráfaga de «Regeneración» representa como una primera y tenue protesta de la provincia contra los usos de un Estado urdido en Madrid. La Unión Nacional, que recogió la corriente regeneradora, llegó pronto a la fórmula iracunda y rebelde. La Solidaridad dio con su regionalismo la primera expresión, no muy afortunada, del requerimiento a la capital. Menos patente o reconocido es que tanto el maurismo como el golpe de Estado han debido toda su realidad —cuya cuantía no discuto ahora— a lo que en ambos impulsos había de subversión provincial.

La acción política de Maura tenía dos dimensiones: una, positiva, el afán de reformar el Estado; otra, negativa, la denuncia de los usos políticos constituidos, la hostilización a toda la fauna gobernante. Maura no consiguió reunir bajo su bandera un partido suficientemente numeroso para poder ganar la áspera batalla en que se metía. Pero nadie negará que su persona despertó una adhesión difusa en área muy dilatada. Pues bien: la mayor porción de esa simpatía fluyó hacia Maura desde las provincias. En Madrid no consiguió nunca efectiva resonancia. Se desconfiaba de él, se le tenía por iluso. Ni la burocracia desde sus alturas, ni los intelectuales, ni los financieroindustriales quisieron embarcarse en su bajel de aventura. En cambio, las clases superiores y medias de la provincia repetían con fruición la letanía de denuestos que Maura dirigía a los políticos. Lo único de su obra que prendió en su tiempo fue su propaganda contra la «mancomunidad gobernante»; es decir, contra Madrid. La provincia le acompañaba en su gesto de negación; por el contrario, cuando se volvió a ella para que activamente apoyase a su Gobierno —a su obra positiva—, la provincia le abandonó.

El caso del maurismo en cuanto hecho de la vida pública —no me refiero a las ideas que en la mente de Maura y de sus próximos existían— es un ejemplo claro de la única realidad política que en los últimos veinticinco años ha habido en España. Se dirá que es poca cosa, y se dirá una verdad. Pero, poca o mucha, no ha habido otra. Se ha podido contar con la masa nacional inorgánica, con la provincia, siempre que alguien quisiera negar a Madrid —es decir, a la política imperante; es decir, al Estado constituido. Sólo esta opinión negativa —de la periferia nacional contra el centro, de la localidad contra la «nación» abstracta— llenaba la atmósfera. No recuerdo, en cambio, que durante esa época ningún grupo nacional se haya puesto en pie para defender aquel Estado. Quedó éste indefenso, solitario, sin fervor de nadie en torno, escarnecido, vilipendiado, a merced de un transeúnte. Hecho tal no puede producirse sin profundas razones, y en los artículos anteriores hemos descrito cuáles son.

And, nevertheless, it is the most notorious secret. No one, not even the author of these articles, ignores that during that stage everything possible was done to undo the great parties. The thing is so well known that it is not even necessary, for the anonymous reader to understand it, to name in all its letters the action to which we allude. How is it that I, in explaining that process of dissolution, have forgotten it? Evidently, not for lack of memory, but because it seems to me a foolishness, and thinking, like writing, is the attempt, generally vain, to avoid foolishnesses. It is a certain fact that blundering interventions have worked fervently in the sad work of dissolving the great parties; that there has existed the decided will to decompose and dislocate them. But the simplest reflection will avoid raising such an action to the rank of cause in the dissolution of the parties. It is evident that to destroy a party it is not enough that someone will it; it is necessary that the party let itself be destroyed, that it be of sufficiently soft and docile matter for the solvent to operate upon it. If the parties had possessed some reality and vigour, the will to undo them would have dashed against their solidity. Let us demand even less: if the parties had not dissolved by themselves, by their own inanity, we would have witnessed at least the scene of their struggle to subsist in the face of the power that was atomizing them. Now: of this there is no trace in the last twenty-five years. Neither the parties nor the public opinion that should have been behind them have attempted to defend themselves. At this point, when one has seen the frightful absence of roots that those government parties had in the country, explaining their ruin by the intervention of a certain power is a naïve magical interpretation.

With this I intend to eliminate a grotesque, clumsy idea, which intercepts the vision of the real. I do not intend, on the other hand, to exculpate those interventions. Quite the contrary. Beneath that sincere desire to extirpate a false idea beats the indignant protest of a Spaniard before the supposition that a fact so important in national life as is the dissolution of its politics can even be imagined caused by an individual power, as in the Persia of Cyrus or in the Mongolia of Kublai-Khan. If I believed such a thing, I could not move my pen in the direction of national themes. I would give as non-existent and impossible all Spanish national life. I would drown in absolute pessimism. But I see that such an idea is false, and that not only in desire, but in reality, there exists a Spanish national life that carries its peculiar way —distinct from that of other peoples, more difficult to define than theirs—, but which I believe, in the last analysis, to perceive with all clarity. For this reason I revolt against that degrading, trivial interpretation of a quarter-century of Spain, and I abominate that my compatriots be miseducated, wanting to make them believe that of their destinies the cause is other powers that are not themselves. That is false, of full falsity: of everything important that happens in Spain —good or bad— have the glory or the blame the Spaniards themselves, and it is necessary to accustom them to the contrary of what that explanation implies; it is necessary to accustom them to concede neither for evil nor for good great importance to powers that are so secondary and accidental, if they are compared with the whole nation, with the reality of all Spaniards and their obscure, slow, but intransferable historical destiny.

I protest, then, against all those ridiculous thoughts emanating from the myopic ideology that was used in the gatherings of the old politics, and which are not compatible with the intellectual level of the generations predestined to direct the new Spain.

The essential facts are these: from 1900 to date there is not registered in our country a single movement of the public mass in favour of the governing parties, and, on the other hand, there are produced a series of movements against them. Few or many, vigorous or weak, the swellings of opinion that in that stage have occurred all beat against Madrid and its politics. Here is the list of the principal ones: toward 1900, a vague tremor in the whole peninsular soul that answers to the word ‘Regeneration’. Silvela has to pick up the word and recognizes the necessity of reforming Madrilenian politics. Shortly after, in more precise form, there already appears the protest of the province from the province as such: Unión Nacional; resistance to the payment of taxes is proclaimed; the two provincial Dioscuri, Costa and Paraíso, the lion and the vixen, threaten Madrid. Then, the Solidaridad Catalana. Later, maurism. We arrive at 1914. Politics is suspended for some years, while the great war lashes without pity half the planet. During a couple of years after the armistice Spain gives itself to the equivocal delight of having enriched itself with the conflagration of the others. Scarcely does public life resume its course, in 1923, the coup d’état is produced.

These are, as far as I know, the only public movements of some importance and depth that have supervened in our nation during the first quarter of the century. (Only two other facts could display some title to be added to the previous list: one is the revolutionary convulsion —energetic, but spasmodic and momentary— that the military disasters of 1909 provoked. One cannot fail to recognize that that was an authentic and deep manifestation of the public spirit; but it signified a purely affective reaction before a very determinate fact: it was a reflex shock, not a political movement. Because it was only this, it passed without leaving a trace in the process of our public life. Instead of growing, the small revolutionary teams went losing from then on the scant political force they disposed of, and not even the victory of sovietism, which throughout the world reheated for a few hours the radical boilers, allowed the creation of powerful organizations.

The other important fact that I have not included is the subversion of the military Juntas de defensa, in 1917. A fact so unusual in any Western country requires separate consideration. But we shall already see how its decisive facet articulates itself in that general process of rising against Madrilenian politics).

It is not doubtful for anyone that the gust of ‘Regeneration’ represents as a first and tenuous protest of the province against the usages of a State woven in Madrid. The Unión Nacional, which gathered the regenerating current, soon arrived at the wrathful and rebellious formula. The Solidaridad gave with its regionalism the first expression, not very fortunate, of the requirement to the capital. Less patent or recognized is that both maurism and the coup d’état have owed all their reality —whose magnitude I do not now discuss— to what there was in both impulses of provincial subversion.

Maura’s political action had two dimensions: one, positive, the yearning to reform the State; another, negative, the denunciation of the constituted political usages, the harassment of the whole governing fauna. Maura did not succeed in gathering under his banner a party sufficiently numerous to be able to win the harsh battle into which he entered. But no one will deny that his person awakened a diffuse adhesion over a very wide area. Well then: the greater portion of that sympathy flowed toward Maura from the provinces. In Madrid he never achieved effective resonance. He was distrusted, held for a dreamer. Neither the bureaucracy from its heights, nor the intellectuals, nor the financier-industrialists wished to embark upon his vessel of adventure. On the other hand, the upper and middle classes of the province repeated with relish the litany of invectives that Maura directed at the politicians. The only thing of his work that caught on in its time was his propaganda against the ‘governing ring’; that is, against Madrid. The province accompanied him in his gesture of negation; on the contrary, when he turned to it so that it might actively support his Government —his positive work—, the province abandoned him.

The case of maurism as a fact of public life —I do not refer to the ideas that in Maura’s mind and that of his close ones existed— is a clear example of the only political reality that in the last twenty-five years there has been in Spain. It will be said that it is little, and a truth will be said. But, little or much, there has been no other. One has been able to count on the inorganic national mass, on the province, whenever someone wanted to negate Madrid —that is, the prevailing politics; that is, the constituted State. Only this negative opinion —of the national periphery against the centre, of the locality against the abstract ‘nation’— filled the atmosphere. I do not recall, on the other hand, that during that epoch any national group has stood up to defend that State. It remained defenseless, solitary, without anyone’s fervour around it, derided, vilified, at the mercy of a passer-by. A fact such as this cannot be produced without profound reasons, and in the previous articles we have described what they are.

E, tuttavia, si tratta del più notorio segreto. Nessuno, nemmeno l’autore di questi articoli, ignora che durante quella tappa si fece tutto il possibile per disfare i grandi partiti. La cosa è tanto conosciuta, che non è nemmeno necessario, perché il lettore anonimo la capisca, denominare con tutte le sue lettere l’azione a cui alludiamo. Come mai io, spiegando quel processo di dissoluzione, l’ho dimenticata? Evidentemente, non per mancanza di memoria, ma perché mi sembra una sciocchezza, e pensare, come scrivere, è il tentativo, generalmente vano, di evitare le sciocchezze. È un fatto certo che interventi sconsiderati hanno lavorato fervorosamente nella triste opera di dissolvere i grandi partiti; che è esistita la decisa volontà di scomporli e dislocarli. Ma la riflessione più semplice eviterà di elevare tale azione al rango di causa nella dissoluzione dei partiti. È evidente che per distruggere un partito non basta che qualcuno lo voglia; è necessario che il partito si lasci distruggere, che sia di materia sufficientemente molle e docile perché il dissolvente operi su di esso. Se i partiti avessero posseduto qualche realtà e vigore, la volontà di disfarli si sarebbe infranta contro la loro solidità. Esigiamo ancora meno: se i partiti non si fossero dissolti da sé stessi, per la loro propria inanità, avremmo assistito almeno alla scena della loro lotta per sussistere dinanzi al potere che li andava atomizzando. Ora: di questo non c’è traccia negli ultimi venticinque anni. Né i partiti né l’opinione pubblica che doveva esserci dietro di loro hanno tentato di difendersi. A queste altezze, quando si è vista la spaventosa assenza di radici che quei partiti di governo avevano nel paese, spiegare la loro rovina con l’intervento di un certo potere è un’ingenua interpretazione magica.

Con questo pretendo eliminare un’idea grottesca, rozza, che intercetta la visione del reale. Non pretendo, invece, scusare quegli interventi. Tutto il contrario. Sotto quel sincero desiderio di estirpare un’idea falsa batte la protesta indignata di spagnolo dinanzi alla supposizione che un fatto tanto importante nella vita nazionale come è la dissoluzione della sua politica possa nemmeno immaginarsi causato da un potere individuale, come nella Persia di Ciro o nella Mongolia di Kublai-Khan. Se io credessi tale cosa, non potrei muovere la penna in direzione di temi nazionali. Darei per inesistente e impossibile ogni vita nazionale spagnola. Annegherei in pessimismo assoluto. Ma vedo che tale idea è falsa, e che non solo nel desiderio, ma nella realtà, esiste una vita nazionale spagnola che porta il suo cammino peculiare —distinto da quello di altri popoli, più difficile da definire del loro—, ma che credo, in fin dei conti, percepire con tutta chiarezza. Per questa ragione mi rivoltо contro quella interpretazione di un quarto di secolo spagnolo avvilente, triviale, e abomino che si maleduchi i miei compatrioti volendo far loro credere che dei loro destini sono la causa altri poteri che non sono loro stessi. Questo è falso, di piena falsità: di tutto l’importante che accade in Spagna —buono o cattivo— hanno la gloria o la colpa gli spagnoli stessi, ed è necessario abituarli al contrario di ciò che quella spiegazione implica; è necessario abituarli a che né per il male né per il bene concedano grande importanza a poteri che sono tanto secondari e accidentali, se li si compara con la nazione intera, con la realtà di tutti gli spagnoli e il loro oscuro, lento, ma intrasferibile destino storico.

Reclamo, dunque, contro tutti quei pensieri ridicoli emanati dalla miope ideologia che si usava nelle riunioni dell’antica politica, e che non sono compatibili col livello intellettuale delle generazioni predestinate a dirigere la nuova Spagna.

I fatti essenziali sono questi: dal 1900 a oggi non si registra nel nostro paese un solo movimento della massa pubblica a favore dei partiti governanti, e, invece, si producono una serie di movimenti contro di loro. Pochi o molti, vigorosi o deboli, i fremiti di opinione che in quella tappa sono accaduti batterono tutti contro Madrid e la sua politica. Ecco la lista dei principali: verso il 1900, vago tremore in tutta l’anima peninsulare che risponde alla parola «Regeneración». Silvela deve raccogliere il vocabolo e riconosce la necessità di riformare la politica madrilena. Poco dopo, in forma più precisa, appare già la protesta della provincia dalla provincia come tale: Unión Nacional; si proclama la resistenza al pagamento dei tributi; i due Dioscuri provinciali, Costa e Paraíso, il leone e la volpe, minacciano Madrid. Poi, la Solidaridad Catalana. Più tardi, il maurismo. Arriviamo al 1914. Si sospende per alcuni anni la politica, mentre la grande guerra frusta senza pietà mezzo pianeta. Durante un paio d’anni dopo l’armistizio la Spagna si abbandona alla delizia equivoca di essersi arricchita con la conflagrazione degli altri. Appena torna a scorrere la vita pubblica, nel 1923, si produce il colpo di Stato.

Questi sono, che io sappia, gli unici movimenti pubblici di qualche importanza e portata che sono sopravvenuti nella nostra nazione durante il primo quarto del secolo. (Solo altri due fatti potrebbero ostentare qualche titolo per essere aggiunti alla lista precedente: uno è la convulsione rivoluzionaria —energica, ma spasmodica e momentanea— che provocarono i disastri militari del 1909. Non si può disconoscere che quella fu una manifestazione dell’animo pubblico autentica e profonda; ma significava una reazione puramente affettiva dinanzi a un fatto molto determinato: fu una scossa riflessa, non un movimento politico. Perché fu solo questo, passò senza lasciar traccia nel processo della nostra vita pubblica. Invece di accrescersi, i piccoli gruppi rivoluzionari andarono perdendo da allora la scarsa forza politica di cui disponevano, e nemmeno la vittoria del sovietismo, che in tutto il mondo riscaldò per alcune ore le caldaie radicali, permise la creazione di organizzazioni potenti.

L’altro fatto importante che non ho incluso è la sovversione delle Juntas de Defensa militari, nel 1917. Fatto così insolito in ogni paese d’Occidente richiede considerazione a parte. Ma vedremo già come la sua faccia decisiva si articoli in quel processo generale di sollevamento contro la politica madrilena).

Non è dubbio per nessuno che la raffica di «Regeneración» rappresenta come una prima e tenue protesta della provincia contro gli usi di uno Stato ordito a Madrid. L’Unión Nacional, che raccolse la corrente rigeneratrice, giunse presto alla formula irosa e ribelle. La Solidaridad diede col suo regionalismo la prima espressione, non molto felice, del richiamo alla capitale. Meno patente o riconosciuto è che tanto il maurismo quanto il colpo di Stato hanno dovuto tutta la loro realtà —la cui quantità ora non discuto— a ciò che in entrambi gli impulsi c’era di sovversione provinciale.

L’azione politica di Maura aveva due dimensioni: una, positiva, la brama di riformare lo Stato; un’altra, negativa, la denuncia degli usi politici costituiti, l’ostilità a tutta la fauna governante. Maura non riuscì a riunire sotto la sua bandiera un partito sufficientemente numeroso per poter vincere l’aspra battaglia in cui si metteva. Ma nessuno negherà che la sua persona destò un’adesione diffusa in area molto dilatata. Ebbene: la maggior porzione di quella simpatia fluì verso Maura dalle province. A Madrid non ottenne mai effettiva risonanza. Si diffidava di lui, lo si teneva per illuso. Né la burocrazia dalle sue altezze, né gli intellettuali, né i finanziario-industriali vollero imbarcarsi nel suo vascello d’avventura. Invece, le classi superiori e medie della provincia ripetevano con fruizione la litania di contumelie che Maura dirigeva ai politici. L’unica cosa della sua opera che attecchì al suo tempo fu la sua propaganda contro la «consorteria governante»; cioè, contro Madrid. La provincia lo accompagnava nel suo gesto di negazione; al contrario, quando si volse a lei perché appoggiasse attivamente il suo Governo —la sua opera positiva—, la provincia lo abbandonò.

Il caso del maurismo in quanto fatto della vita pubblica —non mi riferisco alle idee che nella mente di Maura e dei suoi prossimi esistevano— è un esempio chiaro dell’unica realtà politica che negli ultimi venticinque anni c’è stata in Spagna. Si dirà che è poca cosa, e si dirà una verità. Ma, poca o molta, non ce n’è stata un’altra. Si è potuto contare con la massa nazionale inorganica, con la provincia, sempre che qualcuno volesse negare Madrid —cioè, la politica imperante; cioè, lo Stato costituito. Solo questa opinione negativa —della periferia nazionale contro il centro, della località contro la «nazione» astratta— riempiva l’atmosfera. Non ricordo, invece, che durante quell’epoca nessun gruppo nazionale si sia messo in piedi per difendere quello Stato. Restò questo indifeso, solitario, senza il fervore di nessuno attorno, schernito, vituperato, alla mercé di un transeunte. Fatto tale non può prodursi senza profonde ragioni, e negli articoli precedenti abbiamo descritto quali sono.

Pero, si se ha podido contar con la negación de la capital por la provincia, nadie ha podido hasta ahora alumbrar hontanares de opinión afirmativa y creadora. Es que, en efecto, la realidad era y es aún sólo ésa: sublevación contra Madrid, localismo irritado que no sabe lo que quiere, que sólo sabe lo que no quiere.

Sin embargo, yo creo firmemente que ahí está la fuerza histórica de donde va a renacer nuestra nación. El porvenir de España está en que se acierte a cambiar el signo de esa energía única y comprenda la provincia que bajo su negación de Madrid late una voluntad más sustanciosa y noble: la de afirmarse a sí misma.

2

Hemos visto que en los últimos veinticinco años no se hace, políticamente, en España otra cosa positiva que una cosa negativa: hablar mal de Madrid, de la capital; es decir, del Estado u organización política que ella simboliza. Hora es ya de que se cambie el disco. Y este cambio no puede consistir en que la provincia se dedique ahora a afirmar ese Estado que con tanta insistencia negaba y aborrecía. Aquel Estado ha aparecido bajo nuestro análisis como cosa indefendible en su propia esencia. El cambio deseable consiste en que la provincia, después de haber destruido con su hostilidad o inasistencia el viejo edificio, se dé cuenta de que, en efecto, es ella quien ha ejecutado esa destrucción; por tanto, que es ella la única realidad enérgica existente en España, y que ya nada tiene frente a sí que la estorbe y que justifique su movimiento de negación. Con otras palabras: es preciso que la provincia comience a afirmarse a sí misma, a tener la creadora voluntad de ser, de crecer, de mejorar, dignificarse y enriquecerse. De hoy en adelante, nadie en la villa o en la aldea podrá repetir con verdad que de los males locales tienen la culpa el Estado «madrileño», los políticos, el Parlamento, etcétera. Nada de esto existe ya. Por tanto, queda declarado cesante todo derecho a su negación. Tal y como están las cosas, se halla obligado el hombre de la provincia a dejar de ser el provinciano tosco y rencoroso que era y a sentir el orgullo de ser provincial; es decir, de tener inmediatamente bajo su mano las magníficas posibilidades de su comarca, una gran tarea a realizar con ellas y sobre ellas.

Hemos advertido una y otra vez que ese hombre de provincias es el español medio, de quien el futuro nacional depende. Y es evidente que si se consigue movilizarlo para que tome con resolución en su propia mano la responsabilidad de su propia vida local, habremos convertido al personaje inerte, rutinario, torpe, que era, en una criatura activa, ambiciosa, emprendedora e inquieta. El tono de la existencia media habrá cambiado. En cada rincón de España aumentará el pulso vital, en cada jornada acontecerán más cosas, habrá más obras, más proyectos, más amores, más odios. Y tal intensificación de la vida producirá automáticamente un afinamiento de las cabezas.

Cuando el político ha pensado que lograr esto es lo primero y más esencial que hoy puede hacerse en España, que esto es el más próximo desiderátum, no ha empezado, en rigor, a hacer nada. Porque él lo desee no va a acontecer mágicamente. Su obra de político comienza cuando busca los medios de Estado para que eso no sólo pueda ser, sino tenga por fuerza que ser. Esos medios de Estado son —ni más ni menos— las instituciones. De esta manera puede formularse en giro rigoroso el primer problema grande de la política española: ¿qué instituciones es preciso inventar para que, puestas como una máquina sobre la vida provincial, provoquen por sí mismas esa intensificación y dignificación del hombre medio español?

Decir esto no implica en manera alguna la ingenua creencia de que para obtener aquel resultado baste con la actuación mecánica de ciertas instituciones. Pero ahora se trata, precisamente, de definir con exclusivismo la porción que en ese mejoramiento del tipo español puede corresponder a la política como tal. Y la política no es, por lo pronto, pedagogía ni apostolado, sino, estrictamente, acción del Estado, organización y funcionamiento de instituciones. Éstas son mecanismos sociales de incomparable tamaño y eficacia. Si su influjo padece la limitación aneja a todo lo que es puramente mecánico, tienen, en cambio, la ventaja de eso mismo: de actuar mecánicamente, constantes, rigorosas, inevitables, imponiendo las tendencias sociales que en ellas van preconcebidas, sin que su influjo dependa de imponderables caprichosos y etéreos.

Pero yo deseo que nos representemos la cuestión con mayor proximidad y evidencia. He calificado de rural al hombre medio de España, cuya reforma parece imprescindible si queremos en serio hacer una nación. Con esto le hemos dado un nombre sociológico. Le hemos denominado por su oficio u ocupación habitual. Como no se trata ahora de individuos excepcionales, sino, por el contrario, de las grandes masas españolas, las diferencias individuales se anulan unas a otras y queda señero y decisivo el carácter del oficio modelando la existencia de los hombres. El oficio u ocupación habitual resume con rigor y sin vaguedad la vida efectiva y concreta.

España es, pues, rural. Lo es en su rebosante mayoría. Hemos dejado fuera de la consideración las tres o cuatro grandes ciudades provinciales. En el resto del país, la industria es escasa y módico el comercio. Al decir esto no tiendo a escatimar la cuantía de lo que en España no es ruralismo. Cuanto mayor sea, mejor. Pero es evidente que predomina en forma aplastante el labriego, pobre o rico, peón o propietario. Como él representa el tipo de español más necesitado de reforma si se quiere hacer una nación, es lo importante plantear con él el problema, dándole su forma extrema. Y es claro que si logramos mejorar esa forma extrema de español, todo lo demás se nos dará por añadidura. No hay, pues, intención alguna de menoscabar, olvidándolas, las otras realidades españolas superiores al labrieguismo.

Pero ¿qué es ruralismo? ¿Se pretende que España deje de ser «una nación eminentemente agrícola»? En manera alguna. Sólo que ruralismo no es, sin más ni más, agricultura. Estados Unidos y Australia son también eminentemente agrícolas, y, sin embargo, desconocen el ruralismo. Éste no consiste simplemente en que el hombre cultive el campo. En aquellos países, la agricultura se ha elevado a explotación industrial de la tierra. El cultivo del campo pierde así su carácter específico y significa tan sólo una modalidad del espíritu industrial. Ahora bien: el espíritu industrial es lo contrario del espíritu rural. El industrialismo supone un tipo de hombre despegado del terruño, incluso cuando lo cultiva; un tipo de hombre preocupado de la técnica material; por tanto, de la ciencia; preocupado de la técnica económica y, al través de ella, de la técnica social, política, etcétera. Este tipo de hombre, por su mismo oficio, tiende a la dilatación de la esfera de sus preocupaciones, hasta el punto de que él ha sido quien ha creado el «mundo», el «mundialismo», como efectiva unidad planetaria de convivencia.

El espíritu rural, opuestamente, mantiene al hombre pegado a su gleba, orgánicamente adscrito a ella, como un elemento del paisaje. Tiende a hacerle perseverar en su estrecho círculo vital, a que haga mañana lo que ha hecho hoy. Vive el labriego por tradición, por impulso ancestral, sin ser dueño de sí mismo mediante la reflexión, repitiendo hoy sonambúlicamente lo que hicieron sus padres y abuelos. Nada induce a este hombre para que ensanche su horizonte, para que se trabe en acciones y reacciones con algo distante, para que sienta nuevos apetitos, para que acometa empresas. El rural es, por esencia, el hombre históricamente inactivo. No sabe de «nación» ni de «Estado» más que negativamente: cuando le cobran los tributos o cuando ve entrar por sus mieses soldados de una lengua extranjera. De todo esto, lo más importante para nosotros es la angostura e inmutabilidad de su horizonte vital. La villa labriega vive sumida en sí misma; la aldea reduce el repertorio de sus ideas, pasiones y afanes al radio de sus pegujales. En suma: el ruralismo o espíritu rural sólo conoce una vida local, en el sentido más exagerado del término.

Con esto nos libertamos de una idea sociológica —el ruralismo— y la substituimos por una idea propiamente política: el localismo extremo. Así es como aparece concretamente ante la reflexión del político la realidad española. En España no hay predominantemente más que la vida local; lo demás tiene una realidad vaga o excepcional, o, a su vez, problemática.

Ahora bien: esa vida local que hay, tiene un carácter extremo. Quiero decir que es localísima, de radio para cada hombre superlativamente corto. A esta pequeñez cuantitativa de radio corresponde una miseria cualitativa de contenido —ideas, afanes, ímpetus. Es decir, que esa vida local es muy local y muy poca vida.

But, if one has been able to count on the negation of the capital by the province, no one has been able until now to cause to spring forth springs of affirmative and creative opinion. It is that, in effect, the reality was and still is only this: revolt against Madrid, irritated localism that does not know what it wants, that only knows what it does not want.

However, I firmly believe that there is the historical force from which our nation is going to be reborn. The future of Spain lies in this: that one succeed in changing the sign of that unique energy and the province understand that beneath its negation of Madrid beats a more substantial and noble will: that of affirming itself.

2

We have seen that in the last twenty-five years nothing positive is done, politically, in Spain except one negative thing: to speak ill of Madrid, of the capital; that is, of the State or political organization that it symbolises. It is high time the record be changed. And this change cannot consist in the province now devoting itself to affirming that State which it negated and abhorred with such insistence. That State has appeared under our analysis as a thing indefensible in its own essence. The desirable change consists in this: that the province, after having destroyed with its hostility or non-attendance the old edifice, come to realise that, in effect, it is it that has executed that destruction; therefore, that it is the only energetic reality existing in Spain, and that it no longer has anything before it that hinders it and that justifies its movement of negation. In other words: it is necessary that the province begin to affirm itself, to have the creative will to be, to grow, to improve, dignify and enrich itself. From today onward, no one in the town or in the village will be able to repeat with truth that of the local evils the ‘Madrid’ State, the politicians, the Parliament, etcetera, are to blame. Nothing of this exists any longer. Therefore, every right to its negation is declared terminated. As things stand, the man of the province finds himself obliged to cease being the coarse and resentful provincial that he was and to feel the pride of being provincial; that is, of having immediately under his hand the magnificent possibilities of his comarca, a great task to carry out with them and upon them.

We have noted again and again that that man of the provinces is the average Spaniard, upon whom the national future depends. And it is evident that if one succeeds in mobilizing him so that he takes with resolution into his own hand the responsibility of his own local life, we shall have converted the inert, routine, clumsy character that he was into an active, ambitious, enterprising and restless creature. The tone of average existence will have changed. In every corner of Spain the vital pulse will increase, in every day more things will happen, there will be more works, more projects, more loves, more hatreds. And such an intensification of life will automatically produce a refinement of heads.

When the politician has thought that achieving this is the first and most essential thing that can be done today in Spain, that this is the nearest desideratum, he has not begun, strictly, to do anything. Because he desires it it is not going to happen magically. His work as a politician begins when he seeks the means of State so that this not only may be, but necessarily must be. Those means of State are —no more nor less— the institutions. In this way can be formulated in rigorous terms the first great problem of Spanish politics: what institutions is it necessary to invent so that, placed like a machine upon provincial life, they provoke by themselves that intensification and dignification of the average Spanish man?

To say this does not imply in any manner the naïve belief that to obtain that result the mechanical action of certain institutions suffices. But now it is precisely a question of defining with exclusivism the portion that in that betterment of the Spanish type can correspond to politics as such. And politics is not, for the moment, pedagogy or apostleship, but, strictly, action of the State, organization and functioning of institutions. These are social mechanisms of incomparable size and efficacy. If their influence suffers the limitation annexed to everything that is purely mechanical, they have, on the other hand, the advantage of that very thing: of acting mechanically, constant, rigorous, inevitable, imposing the social tendencies that in them go preconceived, without their influence depending on capricious and ethereal imponderables.

But I desire that we represent to ourselves the question with greater proximity and evidence. I have qualified as rural the average man of Spain, whose reform seems indispensable if we seriously want to make a nation. With this we have given him a sociological name. We have denominated him by his trade or habitual occupation. As it is not now a question of exceptional individuals, but, on the contrary, of the great Spanish masses, the individual differences cancel one another and there remains signal and decisive the character of the trade modelling the existence of men. The trade or habitual occupation sums up with rigour and without vagueness the effective and concrete life.

Spain is, then, rural. It is so in its overflowing majority. We have left out of consideration the three or four great provincial cities. In the rest of the country, industry is scarce and commerce modest. In saying this I do not tend to stint the amount of what in Spain is not ruralism. The greater it is, the better. But it is evident that the labourer predominates in an overwhelming form, poor or rich, day-labourer or owner. As he represents the type of Spaniard most in need of reform if one wants to make a nation, the important thing is to pose the problem with him, giving it its extreme form. And it is clear that if we succeed in improving that extreme form of Spaniard, everything else will be given us in addition. There is, then, no intention whatever of diminishing, by forgetting them, the other Spanish realities superior to labourerism.

But what is ruralism? Is it pretended that Spain cease to be ‘an eminently agricultural nation’? In no manner. Only that ruralism is not, without more ado, agriculture. The United States and Australia are also eminently agricultural, and, nevertheless, they do not know ruralism. This does not consist simply in man cultivating the field. In those countries, agriculture has risen to an industrial exploitation of the land. The cultivation of the field thus loses its specific character and signifies only a modality of the industrial spirit. Now: the industrial spirit is the contrary of the rural spirit. Industrialism supposes a type of man detached from the soil, even when he cultivates it; a type of man preoccupied with material technique; therefore, with science; preoccupied with economic technique and, through it, with social, political technique, etcetera. This type of man, by his very trade, tends to the dilation of the sphere of his preoccupations, to the point that he has been the one who created the ‘world’, ‘globalism’, as effective planetary unity of coexistence.

The rural spirit, oppositely, keeps man glued to his glebe, organically attached to it, like an element of the landscape. It tends to make him persevere in his narrow vital circle, to do tomorrow what he has done today. The labourer lives by tradition, by ancestral impulse, without being master of himself through reflection, repeating today somnambulistically what his fathers and grandfathers did. Nothing induces this man to widen his horizon, to engage in actions and reactions with something distant, to feel new appetites, to undertake enterprises. The rural man is, by essence, the historically inactive man. He knows of ‘nation’ nor of ‘State’ only negatively: when taxes are collected from him or when he sees entering through his crops soldiers of a foreign tongue. Of all this, the most important thing for us is the narrowness and immutability of his vital horizon. The farming town lives sunk in itself; the village reduces the repertoire of its ideas, passions and yearnings to the radius of its little plots. In sum: ruralism or the rural spirit knows only a local life, in the most exaggerated sense of the term.

With this we free ourselves of a sociological idea —ruralism— and we substitute it with a properly political idea: extreme localism. Thus is how Spanish reality appears concretely before the reflection of the politician. In Spain there is predominantly nothing more than local life; the rest has a vague or exceptional reality, or, in turn, a problematic one.

Now: that local life that there is has an extreme character. I mean that it is most local, of a radius for each man superlatively short. To this quantitative smallness of radius there corresponds a qualitative misery of content —ideas, yearnings, impulses. That is to say, that that local life is very local and very little life.

Ma, se si è potuto contare sulla negazione della capitale da parte della provincia, nessuno ha potuto finora far scaturire sorgenti di opinione affermativa e creatrice. È che, in effetti, la realtà era ed è ancora solo questa: rivolta contro Madrid, localismo irritato che non sa quello che vuole, che sa solo quello che non vuole.

Tuttavia, io credo fermamente che lì sta la forza storica da cui rinascerà la nostra nazione. L’avvenire della Spagna sta in questo: che si riesca a cambiare il segno di quella energia unica e la provincia comprenda che sotto la sua negazione di Madrid batte una volontà più sostanziosa e nobile: quella di affermare sé stessa.

2

Abbiamo visto che negli ultimi venticinque anni non si fa, politicamente, in Spagna altra cosa positiva che una cosa negativa: parlar male di Madrid, della capitale; cioè, dello Stato o organizzazione politica che essa simboleggia. È già ora che si cambi il disco. E questo cambiamento non può consistere in questo: che la provincia si dedichi ora ad affermare quello Stato che con tanta insistenza negava e aborriva. Quello Stato è apparso sotto la nostra analisi come cosa indefendibile nella sua propria essenza. Il cambiamento desiderabile consiste in questo: che la provincia, dopo aver distrutto con la sua ostilità o inassistenza il vecchio edificio, si renda conto che, in effetti, è lei ad aver eseguito quella distruzione; perciò, che è lei l’unica realtà energica esistente in Spagna, e che ormai nulla ha dinanzi a sé che la ostacoli e che giustifichi il suo movimento di negazione. Con altre parole: è necessario che la provincia cominci ad affermare sé stessa, ad avere la creatrice volontà di essere, di crescere, di migliorare, dignificarsi e arricchirsi. Da oggi in avanti, nessuno nella villa o nell’aldea potrà ripetere con verità che dei mali locali hanno la colpa lo Stato «madrileno», i politici, il Parlamento, eccetera. Nulla di questo esiste già. Perciò, resta dichiarato cessato ogni diritto alla sua negazione. Come stanno le cose, l’uomo della provincia si trova obbligato a cessare di essere il provinciale rozzo e rancoroso che era e a sentire l’orgoglio di essere provinciale; cioè, di avere immediatamente sotto la sua mano le magnifiche possibilità della sua comarca, una grande impresa da realizzare con esse e su di esse.

Abbiamo avvertito una e più volte che quell’uomo di provincia è lo spagnolo medio, da cui l’avvenire nazionale dipende. Ed è evidente che se si riesce a mobilitarlo perché prenda con risolutezza nella sua propria mano la responsabilità della sua propria vita locale, avremo convertito il personaggio inerte, rutinario, rozzo, che era, in una creatura attiva, ambiziosa, intraprendente e inquieta. Il tono dell’esistenza media sarà cambiato. In ogni angolo di Spagna aumenterà il polso vitale, in ogni giornata accadranno più cose, ci saranno più opere, più progetti, più amori, più odi. E tale intensificazione della vita produrrà automaticamente un affinamento delle teste.

Quando il politico ha pensato che conseguire questo è la prima e più essenziale cosa che oggi possa farsi in Spagna, che questo è il più prossimo desideratum, non ha cominciato, in rigore, a fare nulla. Perché egli lo desideri non accadrà magicamente. La sua opera di politico comincia quando cerca i mezzi di Stato perché ciò non solo possa essere, ma abbia per forza che essere. Quei mezzi di Stato sono —né più né meno— le istituzioni. In questo modo può formularsi in giro rigoroso il primo grande problema della politica spagnola: quali istituzioni è necessario inventare perché, poste come una macchina sulla vita provinciale, provochino da sé stesse quella intensificazione e dignificazione dell’uomo medio spagnolo?

Dire questo non implica in maniera alcuna l’ingenua credenza che per ottenere quel risultato basti l’azione meccanica di certe istituzioni. Ma ora si tratta, precisamente, di definire con esclusivismo la porzione che in quel miglioramento del tipo spagnolo può corrispondere alla politica come tale. E la politica non è, per il momento, pedagogia né apostolato, ma, strettamente, azione dello Stato, organizzazione e funzionamento di istituzioni. Queste sono meccanismi sociali di incomparabile grandezza ed efficacia. Se il loro influsso patisce la limitazione annessa a tutto ciò che è puramente meccanico, hanno, invece, il vantaggio di questo stesso: di agire meccanicamente, costanti, rigorose, inevitabili, imponendo le tendenze sociali che in esse vanno preconcette, senza che il loro influsso dipenda da imponderabili capricciosi ed eterei.

Ma io desidero che ci rappresentiamo la questione con maggiore prossimità ed evidenza. Ho qualificato come rurale l’uomo medio di Spagna, la cui riforma sembra imprescindibile se vogliamo sul serio fare una nazione. Con questo gli abbiamo dato un nome sociologico. Lo abbiamo denominato per il suo mestiere o occupazione abituale. Poiché ora non si tratta di individui eccezionali, ma, al contrario, delle grandi masse spagnole, le differenze individuali si annullano le une con le altre e resta segnalato e decisivo il carattere del mestiere che modella l’esistenza degli uomini. Il mestiere o occupazione abituale riassume con rigore e senza vaghezza la vita effettiva e concreta.

La Spagna è, dunque, rurale. Lo è nella sua traboccante maggioranza. Abbiamo lasciato fuori dalla considerazione le tre o quattro grandi città provinciali. Nel resto del paese, l’industria è scarsa e modesto il commercio. Dicendo questo non tendo a lesinare la quantità di ciò che in Spagna non è ruralismo. Quanto maggiore sia, meglio. Ma è evidente che predomina in forma schiacciante il contadino, povero o ricco, bracciante o proprietario. Poiché egli rappresenta il tipo di spagnolo più bisognoso di riforma se si vuole fare una nazione, l’importante è impostare con lui il problema, dandogli la sua forma estrema. Ed è chiaro che se riusciamo a migliorare quella forma estrema di spagnolo, tutto il resto ci sarà dato per soprappiù. Non c’è, dunque, intenzione alcuna di menomare, dimenticandole, le altre realtà spagnole superiori al contadinismo.

Ma che cos’è ruralismo? Si pretende che la Spagna cessi di essere «una nazione eminentemente agricola»? In maniera alcuna. Solo che ruralismo non è, senz’altro, agricoltura. Gli Stati Uniti e l’Australia sono anche eminentemente agricoli, e, tuttavia, non conoscono il ruralismo. Questo non consiste semplicemente in questo: che l’uomo coltivi il campo. In quei paesi, l’agricoltura si è elevata a sfruttamento industriale della terra. La coltivazione del campo perde così il suo carattere specifico e significa soltanto una modalità dello spirito industriale. Ora: lo spirito industriale è il contrario dello spirito rurale. L’industrialismo suppone un tipo di uomo distaccato dal terruzzo, anche quando lo coltiva; un tipo di uomo preoccupato della tecnica materiale; perciò, della scienza; preoccupato della tecnica economica e, attraverso di essa, della tecnica sociale, politica, eccetera. Questo tipo di uomo, per il suo stesso mestiere, tende alla dilatazione della sfera delle sue preoccupazioni, fino al punto che è stato lui a creare il «mondo», il «mondialismo», come effettiva unità planetaria di convivenza.

Lo spirito rurale, oppostamente, mantiene l’uomo incollato alla sua gleba, organicamente ascritto a essa, come un elemento del paesaggio. Tende a farlo perseverare nel suo stretto cerchio vitale, a che faccia domani quello che ha fatto oggi. Vive il contadino per tradizione, per impulso ancestrale, senza essere padrone di sé stesso mediante la riflessione, ripetendo oggi sonnambolicamente ciò che fecero i suoi padri e nonni. Nulla induce quest’uomo ad allargare il suo orizzonte, ad ingaggiarsi in azioni e reazioni con qualcosa di distante, a sentire nuovi appetiti, a intraprendere imprese. Il rurale è, per essenza, l’uomo storicamente inattivo. Non sa di «nazione» né di «Stato» se non negativamente: quando gli riscuotono i tributi o quando vede entrare nelle sue messi soldati di una lingua straniera. Di tutto questo, la cosa più importante per noi è l’angustia e immutabilità del suo orizzonte vitale. La villa contadina vive sommersa in sé stessa; l’aldea riduce il repertorio delle sue idee, passioni e brame al raggio dei suoi pezzetti di terra. In somma: il ruralismo o spirito rurale conosce solo una vita locale, nel senso più esagerato del termine.

Con questo ci liberiamo di un’idea sociologica —il ruralismo— e la sostituiamo con un’idea propriamente politica: il localismo estremo. È così che appare concretamente dinanzi alla riflessione del politico la realtà spagnola. In Spagna non c’è prevalentemente altro che la vita locale; il resto ha una realtà vaga o eccezionale, o, a sua volta, problematica.

Ora: quella vita locale che c’è ha un carattere estremo. Voglio dire che è localissima, di raggio per ogni uomo superlativamente corto. A questa piccolezza quantitativa di raggio corrisponde una miseria qualitativa di contenuto —idee, brame, impeti. Cioè, che quella vita locale è molto locale e molto poca vita.

Sobre este punto no conviene hacerse ilusiones. Al revés, yo creo preferible que erremos por exageración. De esta suerte acertaremos más. Nuestra vida local significa que hay poca vitalidad y que la que hay lleva a una existencia desintegrada, no nacional.

Así llegamos a lo que desde hace muchos años constituye para mí una obsesión, y que el lector, después de meditar a fondo el tema, tiene perfecto derecho a considerar como una manía de este insistente escritor. Llegamos, en efecto, al verdadero enunciado del problema político primario, subterráneo, que el porvenir de nuestro país nos impone: ¿cómo de una España donde prácticamente sólo hay vida local = vida no nacional, podemos hacer una España nacional?

Se dirá que esto es una contradicción. Pero es que todo auténtico problema consiste en una contradicción. La mente se encuentra con dos ideas antagónicas, mutuamente hostiles, que se muerden como fieras. La solución equivale a una domesticación de esas fieras, a convencerlas de que son incompatibles tan sólo en apariencia, pero que, en verdad, son inseparables. El palo que sumergimos en el agua es a la vista quebrado, y al tacto, recto; es decir, no quebrado. A la vez, ser quebrado y no ser quebrado; ser o no ser: he aquí el problema. To be or not to be: that is the question.

La idea de la refracción supera esa dualidad contradictoria y nos enseña que, lejos de ser incompatibles ambas cualidades, precisamente porque es el palo recto al tacto, tiene que ser quebrado a la vista, hasta el punto de que si fuese quebrado a la vista tendría que parecer recto al tacto.

De una España local o no nacional tenemos que hacer una España nacional. Los políticos de 1876-1890 creyeron que esto se lograba desentendiéndose de un cuerno del problema, negando imaginariamente la vida local. Yo quisiera convencer a mis compatriotas de que la auténtica solución consiste precisamente en forjar, por medio del localismo que hay, un magnífico nacionalismo que no hay.

3

No solamente creo que de los problemas españoles cabe una solución, sino que cabe una solución elegante. Es elegante una solución cuando, en vez de deplorar la dificultad que engendra el problema, en vez de querer esquivarla, se va a ella en derechura, se la agarra con vigor y de ella, precisamente de ella, se saca la solución. Así, es elegante la solución que a los problemas físicos da la teoría de la relatividad. La dificultad con que tropezaba siempre un conocimiento físico absoluto era la relatividad de todas nuestras medidas. Pues bien: Einstein ha demostrado que, gracias a la relatividad de toda medida, la física tiene un valor absoluto. Parejamente, la aviación resuelve en forma elegante el problema de elevarse y caminar en el espacio, a pesar de la resistencia del aire, haciendo de esta resistencia punto de apoyo para la sustentación y el avance.

Lo mismo hemos de hacer en política. En vez de lamentar elegíacamente que España sea como ahora es, abracemos esa realidad con regocijo y obliguémosla a que por sí misma cambie y mejore. Es evidente que la mejora de España no la puede hacer más que ella misma. El lema de Cavour, «Italia farà da se», me parece el postulado de toda política nacional. Lo demás es utopismo. Hay que partir de lo que encontramos ante nosotros, sea lo que sea, mejor o peor, e inducirlo a que por sí mismo se regule y transforme. La política no puede ser nunca elucubración abstracta. El mejor discípulo de Aristóteles, el claro Teofrasto, dejó un libro, hoy perdido, del que sólo conocemos el bello título flotante: Politiké pros tous kairous —es decir, en versión literal, política de oportunidad. No hay más política que la de oportunidad. Los griegos, siempre agudos, hicieron del Kairos, de lo oportuno, un dios. A veces se trata de una gran oportunidad, del momento feliz, de la hora más fecunda. Así hoy en España. Vamos a hacerla mejor. Al que no sabe nadar, enseñarle a nadar es mejorarlo; pero enseñarlo a nadar es echarlo al agua, a fin de que él, por sí mismo, nade.

La dificultad para hacer de España una nación es su extremo localismo, que, a despecho de ciertas apariencias, más tristes que la realidad misma, la mantiene en perfecta disociación. Nosotros quisiéramos hacer de España algo así como una bola de billar: perfecta, redonda, pulida y, lo que importa más, compacta, elástica, capaz de vibrar entera y brincar ágil bajo la menor presión. Necesitamos esto porque el tiempo que viene es grave y nos será menester tirar algunas delicadas carambolas históricas. Necesitamos una España ad hoc —para este tiempo que viene. La España del pasado no debe interesar nada a los españoles actuales. Nada de fácil y estéril patriotismo del pasado, nada de seguir retumbando verbalmente las hazañas del pretérito, que, a lo menos, nos distraen de premeditar nuestras hazañas propias, las que tenemos que preparar y que urdir. Las glorias del pasado español son, cuando menos, insuficientes, puesto que no han impedido nuestra ruina. Es un deber evitar que el país vuelva la cara a su antaño, en vez de mirar de hito en hito al futuro. Al lema de Teofrasto y al de Cavour agreguemos el de los soldados de Cromwell: «Vestigia nulla retrorsum» (Ninguna huella hacia atrás). Para un pueblo como el nuestro, mirar atrás es ya desasirse del presente, iniciar la fuga ominosa. En Otumba y en Lepanto sólo puede pensar el desocupado; es decir, el mal patriota.

Claro es que este mandamiento rige sólo para la gran masa de españoles. Nosotros, los que en una u otra forma pretendemos dirigir al país —en mi caso esta pretensión se reduce estrictamente a dar consejos a mis compatriotas—, tenemos que pagar cara semejante petulancia e imponernos obligaciones dobles, añadiendo a la preocupación por el futuro la reflexión sobre el pasado. Éste va a enseñarnos, por lo menos, qué es lo que no hay que hacer.

Hemos visto que el error radical de la antigua Constitución era suponer aptos a los cuerpos electorales de los pequeños distritos campesinos para interesarse en un Parlamento nacional. Era esto desconocer la cuestión decisiva, a saber: que el localismo extremo en que vive de hecho España no puede aprovecharse directamente para fines nacionales. De la vida local extrema no pueden vivir instituciones nacionales. Por eso aquel Estado, que era pura y directa y abstractamente nacional, careció siempre de realidad, no contó nunca con energías sustentadoras. Es preciso que haya afinidad entre una institución y el tipo de vitalidad que ha de nutrirla. No es verosímil que un león se alimente de alpiste como un jilguero.

Entre los antiguos políticos, me parece que sólo Maura vio la urgencia de organizar la vida local. No es interesante ahora fijar hasta qué grado de precisión y plenitud llegó en este punto su pensamiento. Debo decir, sin embargo, que siempre encontré contradictoria la actuación efectiva de Maura: por un lado reconocía la necesidad previa de organizar la vida local; por otro, y al mismo tiempo, reclamaba a grandes voces la asistencia de la «ciudadanía», y aspiraba, no sé por qué, al mágico despertar de la «masa neutra». La masa neutra es, en definitiva, el rural. Pedirle ciudadanía, sin más ni más, era recaer en la abstracción fatal de la antigua política. Porque no hay una sola ciudadanía. El ciudadano, el civis, lo es en función de una civitas, de un Estado. Hay, pues, tantas ciudadanías diferentes como sean los tipos de Estado. No tiene sentido pedir a las gentes que se interesen por un Estado que no les interesa —éste fue el gran error de 1876—; por el contrario, es menester inventar un Estado que interese a las gentes, y sólo entonces se conseguirá hacer de ellas ciudadanos.

Cuanto se ha dicho siempre sobre la falta de opinión pública (en términos mauristas, de «ciudadanía») en España es, por mitad cuando menos, falso. No se opina sobre lo que no se siente. En vez de lamentar que los españoles no sintiesen las cuestiones públicas, debió el político suscitar cuestiones públicas que pudiesen ser sentidas por la gran masa española, aprontando, a la par, medios para que esa sensibilidad no se perdiese, sino, al contrario, se acumulase, perdurase y organizase.

On this point it is not advisable to make illusions. On the contrary, I believe it preferable that we err by exaggeration. In this way we shall hit the mark more. Our local life means that there is little vitality and that what there is leads to a disintegrated, non-national existence.

Thus we arrive at what for many years now constitutes for me an obsession, and which the reader, after meditating thoroughly on the theme, has perfect right to consider a mania of this insistent writer. We arrive, in effect, at the true enunciation of the primary, subterranean political problem that the future of our country imposes on us: how, from a Spain where practically there is only local life = non-national life, can we make a national Spain?

It will be said that this is a contradiction. But it is that every authentic problem consists in a contradiction. The mind finds itself with two antagonistic, mutually hostile ideas, which bite each other like wild beasts. The solution is equivalent to a taming of those beasts, to convincing them that they are incompatible only in appearance, but that, in truth, they are inseparable. The stick that we immerse in the water is to the sight broken, and to the touch, straight; that is, not broken. At once, to be broken and not to be broken; to be or not to be: here is the problem. To be or not to be: that is the question.

The idea of refraction surpasses that contradictory duality and teaches us that, far from being incompatible both qualities, precisely because the stick is straight to the touch, it has to be broken to the sight, to the point that if it were broken to the sight it would have to appear straight to the touch.

From a local or non-national Spain we have to make a national Spain. The politicians of 1876-1890 believed that this was achieved by disregarding one horn of the problem, by imaginarily negating local life. I should like to convince my compatriots that the authentic solution consists precisely in forging, by means of the localism that there is, a magnificent nationalism that there is not.

3

I not only believe that of the Spanish problems a solution is possible, but that an elegant solution is possible. A solution is elegant when, instead of deploring the difficulty that engenders the problem, instead of wanting to dodge it, one goes to it directly, seizes it with vigour and from it, precisely from it, draws the solution. Thus, elegant is the solution that the theory of relativity gives to physical problems. The difficulty with which an absolute physical knowledge always stumbled was the relativity of all our measures. Well then: Einstein has demonstrated that, thanks to the relativity of every measure, physics has an absolute value. Likewise, aviation resolves in elegant form the problem of rising and moving in space, despite the resistance of the air, making of this resistance a point of support for sustentation and advance.

The same must we do in politics. Instead of elegically lamenting that Spain is as it now is, let us embrace that reality with rejoicing and oblige it to change and improve by itself. It is evident that the betterment of Spain can be made only by itself. The motto of Cavour, ‘Italia farà da se’, seems to me the postulate of every national politics. The rest is utopianism. One must start from what we find before us, be it what it may, better or worse, and induce it to regulate and transform itself by itself. Politics can never be abstract lucubration. The best disciple of Aristotle, the lucid Theophrastus, left a book, today lost, of which we know only the beautiful floating title: Politiké pros tous kairous —that is, in literal version, a politics of opportunity. There is no politics other than that of opportunity. The Greeks, always acute, made of Kairos, of the opportune, a god. Sometimes it is a question of a great opportunity, of the happy moment, of the most fruitful hour. So today in Spain. We are going to make it better. To him who does not know how to swim, teaching him to swim is improving him; but teaching him to swim is throwing him into the water, so that he, by himself, swims.

The difficulty in making of Spain a nation is its extreme localism, which, in spite of certain appearances, sadder than reality itself, keeps it in perfect dissociation. We should like to make of Spain something like a billiard ball: perfect, round, polished and, what matters most, compact, elastic, capable of vibrating whole and leaping agilely under the least pressure. We need this because the time that comes is grave and it will be necessary for us to attempt some delicate historical caramboles. We need a Spain ad hoc —for this time that comes. The Spain of the past must not interest present-day Spaniards at all. Nothing of easy and sterile patriotism of the past, nothing of continuing to resound verbally the feats of the past, which, at least, distract us from premeditating our own feats, those which we have to prepare and to weave. The glories of the Spanish past are, at the very least, insufficient, since they have not prevented our ruin. It is a duty to avoid that the country turn its face to its yesterdays, instead of looking fixedly at the future. To the motto of Theophrastus and to that of Cavour let us add that of Cromwell’s soldiers: ‘Vestigia nulla retrorsum’ (No trace backwards). For a people like ours, looking back is already detaching itself from the present, initiating the ominous flight. To Otumba and to Lepanto can think only the idle man; that is, the bad patriot.

It is clear that this commandment rules only for the great mass of Spaniards. We, who in one form or another pretend to direct the country —in my case this pretension reduces itself strictly to giving advice to my compatriots—, have to pay dear such petulance and impose on ourselves double obligations, adding to the concern for the future the reflection upon the past. This one is going to teach us, at least, what it is that must not be done.

We have seen that the radical error of the old Constitution was to suppose the electoral bodies of the small peasant districts apt to interest themselves in a national Parliament. This was to ignore the decisive question, to wit: that the extreme localism in which Spain in fact lives cannot be exploited directly for national ends. From the extreme local life national institutions cannot live. For that reason that State, which was purely and directly and abstractly national, always lacked reality, never counted on sustaining energies. It is necessary that there be affinity between an institution and the type of vitality that is to nourish it. It is not plausible that a lion feed on birdseed like a goldfinch.

Among the old politicians, it seems to me that only Maura saw the urgency of organizing local life. It is not interesting now to fix to what degree of precision and fullness his thought arrived at this point. I must say, however, that I always found contradictory Maura’s effective action: on one hand he recognized the prior necessity of organizing local life; on the other, and at the same time, he demanded at the top of his voice the assistance of the ‘citizenry’, and aspired, I do not know why, to the magical awakening of the ‘neutral mass’. The neutral mass is, in the last analysis, the rural man. To ask citizenship of him, without more ado, was to fall back into the fatal abstraction of the old politics. Because there is not a single citizenship. The citizen, the civis, is so in function of a civitas, of a State. There are, then, as many different citizenships as there are types of State. It makes no sense to ask people to interest themselves in a State that does not interest them —this was the great error of 1876—; on the contrary, it is necessary to invent a State that interests people, and only then will one succeed in making citizens of them.

Everything that has always been said about the lack of public opinion (in Maurist terms, of ‘citizenry’) in Spain is, by half at least, false. One does not opine about what one does not feel. Instead of lamenting that the Spaniards did not feel the public questions, the politician should have raised public questions that could be felt by the great Spanish mass, making ready, at the same time, means so that that sensibility should not be lost, but, on the contrary, accumulate, endure and organize itself.

Su questo punto non conviene farsi illusioni. Al contrario, io credo preferibile che erriamo per esagerazione. In tal modo azzeccheremo di più. La nostra vita locale significa che c’è poca vitalità e che quella che c’è porta a un’esistenza disintegrata, non nazionale.

Così arriviamo a ciò che da molti anni costituisce per me un’ossessione, e che il lettore, dopo aver meditato a fondo il tema, ha perfetto diritto di considerare una mania di questo insistente scrittore. Arriviamo, in effetti, al vero enunciato del problema politico primario, sotterraneo, che l’avvenire del nostro paese ci impone: come da una Spagna dove praticamente c’è solo vita locale = vita non nazionale, possiamo fare una Spagna nazionale?

Si dirà che questo è una contraddizione. Ma è che ogni autentico problema consiste in una contraddizione. La mente si trova con due idee antagoniste, mutuamente ostili, che si mordono come fiere. La soluzione equivale a una domesticazione di quelle fiere, a convincerle che sono incompatibili solo in apparenza, ma che, in verità, sono inseparabili. Il bastone che immergiamo nell’acqua è a vista spezzato, e al tatto, diritto; cioè, non spezzato. Alla volta, essere spezzato e non essere spezzato; essere o non essere: ecco il problema. To be or not to be: that is the question.

L’idea della rifrazione supera quella dualità contraddittoria e ci insegna che, lungi dall’essere incompatibili entrambe le qualità, precisamente perché il bastone è diritto al tatto, deve essere spezzato a vista, fino al punto che se fosse spezzato a vista dovrebbe sembrare diritto al tatto.

Da una Spagna locale o non nazionale dobbiamo fare una Spagna nazionale. I politici del 1876-1890 credettero che questo si conseguisse disinteressandosi di un corno del problema, negando immaginariamente la vita locale. Io vorrei convincere i miei compatrioti che l’autentica soluzione consiste precisamente nel forgiare, per mezzo del localismo che c’è, un magnifico nazionalismo che non c’è.

3

Non solo credo che dei problemi spagnoli sia possibile una soluzione, ma che sia possibile una soluzione elegante. È elegante una soluzione quando, invece di deplorare la difficoltà che genera il problema, invece di volerla schivare, si va ad essa in dirittura, la si afferra con vigore e da essa, precisamente da essa, si ricava la soluzione. Così, è elegante la soluzione che la teoria della relatività dà ai problemi fisici. La difficoltà con cui inciampava sempre una conoscenza fisica assoluta era la relatività di tutte le nostre misure. Ebbene: Einstein ha dimostrato che, grazie alla relatività di ogni misura, la fisica ha un valore assoluto. Parimenti, l’aviazione risolve in forma elegante il problema di elevarsi e camminare nello spazio, malgrado la resistenza dell’aria, facendo di questa resistenza punto d’appoggio per la sustentazione e l’avanzamento.

Lo stesso dobbiamo fare in politica. Invece di lamentare elegiacamente che la Spagna sia come ora è, abbracciamo quella realtà con gioia e obblighiamola a che da sé stessa cambi e migliori. È evidente che il miglioramento della Spagna non lo può fare che essa stessa. Il motto di Cavour, «Italia farà da se», mi sembra il postulato di ogni politica nazionale. Il resto è utopismo. Bisogna partire da ciò che troviamo dinanzi a noi, sia quel che sia, migliore o peggiore, e indurlo a che da sé stesso si regoli e si trasformi. La politica non può essere mai elucubrazione astratta. Il miglior discepolo di Aristotele, il chiaro Teofrasto, lasciò un libro, oggi perduto, del quale conosciamo solo il bel titolo fluttuante: Politiké pros tous kairous —cioè, in versione letterale, politica di opportunità. Non c’è altra politica che quella di opportunità. I greci, sempre acuti, fecero del Kairos, dell’opportuno, un dio. A volte si tratta di una grande opportunità, del momento felice, dell’ora più feconda. Così oggi in Spagna. La faremo migliore. A chi non sa nuotare, insegnargli a nuotare è migliorarlo; ma insegnargli a nuotare è gettarlo in acqua, affinché egli, da sé stesso, nuoti.

La difficoltà per fare della Spagna una nazione è il suo estremo localismo, che, a dispetto di certe apparenze, più tristi della realtà stessa, la mantiene in perfetta dissociazione. Noi vorremmo fare della Spagna qualcosa come una palla da biliardo: perfetta, rotonda, levigata e, ciò che importa di più, compatta, elastica, capace di vibrare intera e balzare agile sotto la minima pressione. Abbiamo bisogno di questo perché il tempo che viene è grave e ci sarà necessario tirare alcune delicate carambole storiche. Abbiamo bisogno di una Spagna ad hoc —per questo tempo che viene. La Spagna del passato non deve interessare nulla agli spagnoli attuali. Niente di facile e sterile patriottismo del passato, niente di continuare a rimbombare verbalmente le gesta del pretérito, che, per lo meno, ci distraggono dal premeditare le nostre gesta proprie, quelle che dobbiamo preparare e tessere. Le glorie del passato spagnolo sono, quanto meno, insufficienti, giacché non hanno impedito la nostra rovina. È un dovere evitare che il paese volti la faccia al suo passato, invece di guardare fissamente all’avvenire. Al motto di Teofrasto e a quello di Cavour aggiungiamo quello dei soldati di Cromwell: «Vestigia nulla retrorsum» (Nessuna orma all’indietro). Per un popolo come il nostro, guardare indietro è già svincolarsi dal presente, iniziare la fuga ominosa. A Otumba e a Lepanto può pensare solo lo sfaccendato; cioè, il cattivo patriota.

Chiaro è che questo comandamento vale solo per la grande massa di spagnoli. Noi, che in una o in un’altra forma pretendiamo di dirigere il paese —nel mio caso questa pretensione si riduce strettamente a dare consigli ai miei compatrioti—, dobbiamo pagare cara tale petulanza e imporci obblighi doppi, aggiungendo alla preoccupazione per l’avvenire la riflessione sul passato. Questo ci insegnerà, per lo meno, che cosa non bisogna fare.

Abbiamo visto che l’errore radicale dell’antica Costituzione era supporre atti i corpi elettorali dei piccoli distretti contadini a interessarsi a un Parlamento nazionale. Era questo disconoscere la questione decisiva, cioè: che il localismo estremo in cui vive di fatto la Spagna non può essere sfruttato direttamente per fini nazionali. Dalla vita locale estrema non possono vivere istituzioni nazionali. Per questo quello Stato, che era puro e diretto e astrattamente nazionale, mancò sempre di realtà, non contò mai con energie sustentatrici. È necessario che ci sia affinità tra un’istituzione e il tipo di vitalità che deve nutrirla. Non è verosimile che un leone si alimenti di miglio come un cardellino.

Tra gli antichi politici, mi sembra che solo Maura vide l’urgenza di organizzare la vita locale. Non è interessante ora fissare fino a che grado di precisione e pienezza giunse in questo punto il suo pensiero. Devo dire, tuttavia, che trovai sempre contraddittoria l’azione effettiva di Maura: da un lato riconosceva la necessità previa di organizzare la vita locale; dall’altro, e al tempo stesso, reclamava a gran voce l’assistenza della «cittadinanza», e aspirava, non so perché, al magico risveglio della «massa neutra». La massa neutra è, in definitiva, il rurale. Chiedergli cittadinanza, senza più, era ricadere nell’astrazione fatale dell’antica politica. Perché non c’è una sola cittadinanza. Il cittadino, il civis, lo è in funzione di una civitas, di uno Stato. Ci sono, dunque, tante cittadinanza diverse quanti sono i tipi di Stato. Non ha senso chiedere alle genti che si interessino a uno Stato che non le interessa —questo fu il grande errore del 1876—; al contrario, è necessario inventare uno Stato che interessi alle genti, e solo allora si riuscirà a fare di esse dei cittadini.

Quanto si è sempre detto sulla mancanza di opinione pubblica (in termini mauristi, di «cittadinanza») in Spagna è, per metà quanto meno, falso. Non si opina su ciò che non si sente. Invece di lamentare che gli spagnoli non sentissero le questioni pubbliche, doveva il politico suscitare questioni pubbliche che potessero essere sentite dalla grande massa spagnola, approntando, insieme, mezzi perché quella sensibilità non si perdesse, ma, al contrario, si accumulasse, perdurasse e si organizzasse.

Es el mismo error que si un ingeniero fabrica una turbina a su libérrimo gusto y luego espera que bajo ella, mágicamente, aflore un torrente y la mueva. El pensamiento político tiene que proceder de modo inverso. Primero, buscar bien la vida pública que exista realmente; si su torrente es mínimo, ¡qué le vamos a hacer! No hay otro. Luego debe inventar una turbina, un ingenio o artificio a lo Juanelo, que se ajuste perfectamente a las condiciones de esa vida pública efectiva, procurando que su máquina la recoja sin desperdicio y la multiplique. Después de todo, se trata del refrán sanchopancesco: «En dándote la vaquilla, corre con la soguilla». La antigua política se ha pasado cincuenta años con una soga magnífica en la mano, esperando una vaca gigantesca, que, claro está, no ha llegado nunca, por ser otra la fauna lactífera de nuestros prados.

El único tipo de vida pública que existe normalmente en España es lo que hemos llamado localismo extremo. Esa vida local —el repertorio de ocupaciones y preocupaciones que integran la existencia del hombre medio español— no es directamente aprovechable para una vida nacional. Naturae non imperatur nisi parendo —decía Bacon. No se puede mandar a la Naturaleza sino obedeciéndola. Obedezcamos, pues. Separemos resueltamente en la vida pública española la vida local que no es nacional de la vida nacional que no es local. Veamos primero de qué manera conseguimos que la vida local sea lo más vida posible —lo más intensa y rica—, y que, sin perder su carácter local, sea lo más amplia posible; por tanto, lo menos local. De esta manera, por medio del propio localismo, habremos logrado suscitar un tipo de vida pública y de español medio mucho más próximo a la gran vida nacional, menos incapaces para ella. Dicho en otra forma: hay que ir de la pequeña y atómica vida local a una grande y orgánica vida local. Cuando se haya visto lo que es ésta, parecerá cosa obvia y sencilla fundar sobre ella la nación como tal.

Al capítulo sobre organización de la vida local sucederá otro capítulo sobre organización de la vida nacional. La política es un sistema de soluciones a un sistema de problemas. Su acierto residirá en lo que tenga de sistema, de mutuo complemento entre sus partes. Será, pues, un error calificar lo que sigue de política «descentralizadora» —así, sin más ni más. Porque, como veremos, se trata precisamente de extremar las dos dimensiones de la vida pública —la local y la nacional. Si, por una parte, es esta solución mucho más descentralizadora que la tradicional, es por otra mucho más centralizadora, incomparablemente más centralizadora, que ninguna de las pasadas. Para mí, la idea de nación, de nacionalización, es cosa tan grave y exigente, tan suprema y formidable, que, probablemente, causará algún susto a los que ahora van a tacharme de «descentralizador», de «autonomista», etcétera, etcétera.

Vamos primero a organizar la vida local. Organizar algo quiere decir ponerlo en condiciones de que llegue a su máxima potencia, que dé el mayor rendimiento posible dentro de lo que es. Tenemos, pues, que colocar al hombre rural en un aparato de vida pública que le induzca naturalmente y por su propio pie a dilatar su localismo, a ocuparse de más cuestiones públicas, a apasionarse por ellas, a emprender más cosas, a sentir sus derechos, la dignidad de ejercitarlos y la posibilidad de hacerlos respetar.

La verdad es que a esa vida local española, sobre ser tan débil, cuantitativamente, y tan sórdida, cualitativamente, le acaece algo peor: jamás se ha intentado su organización política. A lo sumo, se la ha dotado de una sombra o escrúpulo de organización administrativa. Y la administración, contra lo que se repetía hace veinte años —«menos política y más administración»—, es cosa secundaria y posterior a la política.

Nunca se ha intentado dar a esa existencia local una estructura política.

¿Qué entiendo por estructura política? Me irrita lo vago y confuso de toda expresión. Por estructura política entiendo lo siguiente: ahí está el buen hombre medio español, en su villa o villorrio, sumido en sus habituales preocupaciones de radio minúsculo. Créese una anatomía pública tal que agarre a ese hombre por esas sus efectivas preocupaciones, y luego, en virtud de su propio mecanismo, le obligue a complicarse con otros hombres en afanes un poco más amplios, a luchar y apasionarse, a alistarse en grupos militantes, a acometer empresas, a exigir y a ser responsable. ¿Cómo tiene que ser esa anatomía política, esa institución de vida pública que reúna la doble condición de ser afín con el buen hombre rural y ser más amplia que él y que el átomo de su villa, de modo que los lance más allá de sí mismos, que dilate y enriquezca su vida interior?

Evidentemente, se trata de encontrar la unidad política, el cuerpo de vida colectiva que, siendo local por su contenido, provoque automáticamente corrientes de vida pública capaces de movilizar en saludable torbellino la inercia del rural.

¿Cuál puede ser esta unidad política? ¿El Ayuntamiento, la Provincia, la gran comarca?

IX

LA UNIDAD POLÍTICA LOCAL NO ES EL MUNICIPIO

1

Hay que apuntar un progreso reciente logrado por la conciencia pública española. Cuando en estos últimos años se habla de reforma constitucional, casi todo el mundo se halla pronto a reconocer la necesidad de separar el Poder ejecutivo del legislativo. Esta adquisición es, a mi juicio, certera e importante. Sin embargo, lo más importante de esa doctrina no es ella misma. Lo más importante es que acostumbra a la idea de que a veces, cuando se quiere obtener una unidad vigorosa, hay que llegar a ella por el rodeo de una profunda separación. A primera vista resulta paradójico este pensamiento, y la mente se resiste a él. Pero, una vez que se ha descubierto su buen sentido en el caso de las relaciones entre el Poder ejecutivo y el legislativo, espero yo que quede franca su aplicación a otros.

Y es el otro caso que el porvenir de España depende de otra separación, incomparablemente más importante que la de aquellos Poderes. Toda esta serie de artículos, con su insistencia, su lentitud de paso y su pesadumbre de carga, no se proponía más que preparar el ánimo del lector para que reconozca esta cosa fundamental: la necesidad de separar políticamente la vida local de la vida nacional. Ésta es la obra de más substancia que hoy puede hacerse en España, y es el supuesto rigoroso, imprescindible, fatal para todo lo demás. Sin ello no habrá nada, y cualesquiera sean las otras reformas que se intenten, el Estado español seguirá siendo en lo esencial el mismo Estado ilusorio de los últimos cincuenta años.

El análisis que de la vieja Constitución hicimos no fue inspirado por la impía complacencia de ensañarse en un cadáver. Al contrario: me repugnaba maldecir una vez más de los malos usos pretéritos. Pero era preciso mostrar los hechos de la antigua política en su fórmula más precisa y extrema, a fin de que quedase diamantinamente aislado y químicamente puro el error básico de ella: la fusión y confusión de la vida local con la vida nacional. Éste era el mal radical, y lo demás, todo lo demás, fue sólo la inevitable consecuencia. Ni se dio a lo local lo que se le debía, ni tampoco a lo nacional. Mutuamente se dañaron, trabaron y anularon ambas dimensiones de nuestra vida pública. El Parlamento quedó supeditado a los pequeños distritos rurales, y éstos, para respirar, tenían que usar los pulmones del ministro de la Gobernación.

Necesitamos una Constitución que sea, no solamente real, ajustada a la existencia efectiva de los españoles, sino además que sea una Constitución dinámica; quiero decir que sus instituciones, hundiendo bien las manos en la vida efectiva de nuestro pueblo, la lancen a los espacios históricos, la movilicen, enriquezcan y magnifiquen.

Creemos una potente vida local. Excitemos a los provinciales, tesoro energético aún intacto y sin aprovechar, para que sientan el orgullo y el afán de regir sus propios destinos.

Ahora bien: ¿cuál debe ser la unidad política, el organismo de la vida local? Éste es el punto decisivo que reclama todas nuestras potencias de atención y sutileza.

It is the same error as if an engineer builds a turbine to his most free taste and then hopes that beneath it, magically, a torrent should well up and move it. Political thought must proceed in the inverse way. First, seek well the public life that really exists; if its torrent is minimal, what are we to do! There is no other. Then it must invent a turbine, a device or contrivance in the style of Juanelo, which adjusts itself perfectly to the conditions of that effective public life, contriving that its machine gather it without waste and multiply it. After all, it is a question of the Sancho-Panza proverb: ‘When they give you the heifer, run with the rope’. The old politics has spent fifty years with a magnificent rope in its hand, waiting for a gigantic cow, which, of course, has never arrived, since other is the milk-giving fauna of our meadows.

The only type of public life that exists normally in Spain is what we have called extreme localism. That local life —the repertoire of occupations and preoccupations that integrate the existence of the average Spanish man— is not directly exploitable for a national life. Naturae non imperatur nisi parendo —said Bacon. One cannot command Nature except by obeying it. Let us obey, then. Let us resolutely separate in Spanish public life the local life that is not national from the national life that is not local. Let us see first in what manner we succeed in making local life as much life as possible —the most intense and rich—, and that, without losing its local character, it be as ample as possible; therefore, the least local. In this way, by means of localism itself, we shall have succeeded in raising a type of public life and of average Spaniard much closer to the great national life, less incapable for it. Put another way: one must go from the small and atomic local life to a great and organic local life. When one has seen what this is, it will seem an obvious and simple thing to found upon it the nation as such.

To the chapter on the organization of local life will succeed another chapter on the organization of national life. Politics is a system of solutions to a system of problems. Its success will reside in what it has of system, of mutual complement among its parts. It will be, then, an error to qualify what follows as ‘decentralizing’ politics —thus, without more ado. Because, as we shall see, it is precisely a question of carrying to the extreme the two dimensions of public life —the local and the national. If, on one hand, this solution is much more decentralizing than the traditional one, it is on the other much more centralizing, incomparably more centralizing, than any of the past ones. For me, the idea of nation, of nationalization, is a thing so grave and exacting, so supreme and formidable, that, probably, it will cause some fright to those who are now going to brand me as ‘decentralizer’, ‘autonomist’, etcetera, etcetera.

Let us first organize local life. To organize something means to put it in conditions to arrive at its maximum power, to give the greatest possible yield within what it is. We have, then, to place the rural man in an apparatus of public life that induces him naturally and on his own two feet to dilate his localism, to occupy himself with more public questions, to grow passionate over them, to undertake more things, to feel his rights, the dignity of exercising them and the possibility of making them respected.

The truth is that to that Spanish local life, besides being so weak, quantitatively, and so sordid, qualitatively, something worse befalls it: never has its political organization been attempted. At most, it has been endowed with a shadow or scruple of administrative organization. And administration, contrary to what was repeated twenty years ago —‘less politics and more administration’—, is a thing secondary and posterior to politics.

Never has it been attempted to give that local existence a political structure.

What do I understand by political structure? The vague and confused of every expression irritates me. By political structure I understand the following: there is the good average Spanish man, in his town or hamlet, sunk in his habitual preoccupations of minuscule radius. Let there be created a public anatomy such that it seizes that man by those his effective preoccupations, and then, by virtue of its own mechanism, obliges him to complicate himself with other men in somewhat wider yearnings, to struggle and grow passionate, to enlist in militant groups, to undertake enterprises, to demand and to be responsible. How must that political anatomy be, that institution of public life that unites the double condition of being akin to the good rural man and of being wider than he and than the atom of his town, so that it launch them beyond themselves, that it dilate and enrich his inner life?

Evidently, it is a question of finding the political unit, the body of collective life that, being local in its content, automatically provokes currents of public life capable of mobilizing in a healthy whirlwind the inertia of the rural man.

What can this political unit be? The Municipality, the Province, the great comarca?

IX

THE LOCAL POLITICAL UNIT IS NOT THE MUNICIPALITY

1

One must register a recent progress achieved by the Spanish public consciousness. When in these last years one speaks of constitutional reform, almost everyone finds himself ready to recognize the necessity of separating the executive Power from the legislative. This acquisition is, in my judgment, well-aimed and important. However, the most important thing of that doctrine is not itself. The most important thing is that it accustoms to the idea that at times, when one wants to obtain a vigorous unity, one has to arrive at it by the detour of a profound separation. At first sight this thought turns out paradoxical, and the mind resists it. But, once its good sense has been discovered in the case of the relations between the executive Power and the legislative, I hope that its application to others remains open.

And it is the other case that the future of Spain depends on another separation, incomparably more important than that of those Powers. This whole series of articles, with its insistence, its slowness of step and its heaviness of load, proposed nothing more than to prepare the reader’s spirit so that he recognize this fundamental thing: the necessity of politically separating local life from national life. This is the work of most substance that can be done today in Spain, and it is the rigorous, indispensable, fatal presupposition for everything else. Without it there will be nothing, and whatever may be the other reforms that are attempted, the Spanish State will continue being in the essential the same illusory State of the last fifty years.

The analysis that we made of the old Constitution was not inspired by the impious complacency of gloating over a corpse. On the contrary: it repelled me to curse once more the evil usages of the past. But it was necessary to show the facts of the old politics in their most precise and extreme formula, so that its basic error should remain diamondically isolated and chemically pure: the fusion and confusion of local life with national life. This was the radical evil, and the rest, everything else, was only the inevitable consequence. Neither was given to the local what was owed to it, nor to the national either. Mutually both dimensions of our public life harmed, jammed and annulled each other. The Parliament remained subordinated to the small rural districts, and these, to breathe, had to use the lungs of the minister of the Interior.

We need a Constitution that is, not only real, adjusted to the effective existence of the Spaniards, but moreover a dynamic Constitution; I mean that its institutions, sinking their hands well into the effective life of our people, launch it into the historical spaces, mobilize it, enrich and magnify it.

Let us create a powerful local life. Let us excite the provincials, energy treasure still intact and unexploited, so that they feel the pride and the yearning of governing their own destinies.

Now: what must be the political unit, the organism of local life? This is the decisive point that claims all our powers of attention and subtlety.

È lo stesso errore che se un ingegnere fabbrica una turbina al suo libérrimo gusto e poi spera che sotto di essa, magicamente, affiori un torrente e la muova. Il pensiero politico deve procedere in modo inverso. Prima, cercare bene la vita pubblica che esista realmente; se il suo torrente è minimo, che ci possiamo fare! Non ce n’è un altro. Poi deve inventare una turbina, un congegno o artificio alla Juanelo, che si adatti perfettamente alle condizioni di quella vita pubblica effettiva, procurando che la sua macchina la raccolga senza spreco e la moltiplichi. Dopo tutto, si tratta del proverbio sanciopanzesco: «Quando ti danno la vitellina, corri con la cordicella». L’antica politica si è passata cinquant’anni con una corda magnifica in mano, aspettando una vacca gigantesca, che, chiaro è, non è mai arrivata, per essere altra la fauna lattifera dei nostri prati.

L’unico tipo di vita pubblica che esiste normalmente in Spagna è ciò che abbiamo chiamato localismo estremo. Quella vita locale —il repertorio di occupazioni e preoccupazioni che integrano l’esistenza dell’uomo medio spagnolo— non è direttamente sfruttabile per una vita nazionale. Naturae non imperatur nisi parendo —diceva Bacone. Non si può comandare alla Natura se non obbedendole. Obbediamo, dunque. Separiamo risolutamente nella vita pubblica spagnola la vita locale che non è nazionale dalla vita nazionale che non è locale. Vediamo prima in che modo riusciamo a che la vita locale sia il più vita possibile —la più intensa e ricca—, e che, senza perdere il suo carattere locale, sia il più ampia possibile; perciò, il meno locale. In questo modo, per mezzo del proprio localismo, saremo riusciti a suscitare un tipo di vita pubblica e di spagnolo medio molto più prossimo alla grande vita nazionale, meno incapaci per essa. Detto in altra forma: bisogna andare dalla piccola e atomica vita locale a una grande e organica vita locale. Quando si sarà visto che cos’è questa, sembrerà cosa ovvia e semplice fondare su di essa la nazione come tale.

Al capitolo sull’organizzazione della vita locale succederà un altro capitolo sull’organizzazione della vita nazionale. La politica è un sistema di soluzioni a un sistema di problemi. Il suo azzecco risiederà in ciò che avrà di sistema, di mutuo complemento tra le sue parti. Sarà, dunque, un errore qualificare ciò che segue come politica «decentratrice» —così, senza più. Perché, come vedremo, si tratta precisamente di portare all’estremo le due dimensioni della vita pubblica —la locale e la nazionale. Se, da una parte, questa soluzione è molto più decentratrice della tradizionale, è dall’altra molto più centralizzatrice, incomparabilmente più centralizzatrice, di nessuna delle passate. Per me, l’idea di nazione, di nazionalizzazione, è cosa tanto grave ed esigente, tanto suprema e formidabile, che, probabilmente, causerà qualche spavento a quelli che ora mi taceranno di «decentratore», di «autonomista», eccetera, eccetera.

Andiamo prima a organizzare la vita locale. Organizzare qualcosa vuol dire metterlo in condizioni di arrivare alla sua massima potenza, che dia il maggior rendimento possibile dentro ciò che è. Dobbiamo, dunque, collocare l’uomo rurale in un apparato di vita pubblica che lo induca naturalmente e di suo proprio piede a dilatare il suo localismo, a occuparsi di più questioni pubbliche, ad appassionarsene, a intraprendere più cose, a sentire i suoi diritti, la dignità di esercitarli e la possibilità di farli rispettare.

La verità è che a quella vita locale spagnola, oltre a essere tanto debole, quantitativamente, e tanto sordida, qualitativamente, accade qualcosa di peggio: mai si è tentata la sua organizzazione politica. Al massimo, la si è dotata di un’ombra o scrupolo di organizzazione amministrativa. E l’amministrazione, contro ciò che si ripeteva vent’anni fa —«meno politica e più amministrazione»—, è cosa secondaria e posteriore alla politica.

Mai si è tentato di dare a quella esistenza locale una struttura politica.

Che cosa intendo per struttura politica? Mi irrita il vago e confuso di ogni espressione. Per struttura politica intendo quanto segue: ecco il buon uomo medio spagnolo, nella sua villa o villorrio, sommerso nelle sue abituali preoccupazioni di raggio minuscolo. Si crei un’anatomia pubblica tale che afferri quell’uomo per quelle sue preoccupazioni effettive, e poi, in virtù del suo proprio meccanismo, lo obblighi a complicarsi con altri uomini in brame un poco più ampie, a lottare e appassionarsi, ad arruolarsi in gruppi militanti, a intraprendere imprese, a esigere e a essere responsabile. Come deve essere quell’anatomia politica, quell’istituzione di vita pubblica che riunisca la doppia condizione di essere affine col buon uomo rurale ed essere più ampia di lui e dell’atomo della sua villa, di modo che li lanci al di là di sé stessi, che dilati e arricchisca la sua vita interiore?

Evidentemente, si tratta di trovare l’unità politica, il corpo di vita collettiva che, essendo locale per il suo contenuto, provochi automaticamente correnti di vita pubblica capaci di mobilitare in sano turbine l’inerzia del rurale.

Quale può essere questa unità politica? Il Municipio, la Provincia, la grande comarca?

IX

L’UNITÀ POLITICA LOCALE NON È IL MUNICIPIO

1

Bisogna registrare un progresso recente conseguito dalla coscienza pubblica spagnola. Quando in questi ultimi anni si parla di riforma costituzionale, quasi tutti si trovano pronti a riconoscere la necessità di separare il Potere esecutivo dal legislativo. Questa acquisizione è, a mio giudizio, azzeccata e importante. Tuttavia, la cosa più importante di quella dottrina non è essa stessa. La cosa più importante è che abitua all’idea che a volte, quando si vuole ottenere un’unità vigorosa, bisogna arrivarci per la via lunga di una profonda separazione. A prima vista questo pensiero risulta paradossale, e la mente vi resiste. Ma, una volta che si è scoperto il suo buon senso nel caso delle relazioni tra il Potere esecutivo e il legislativo, spero io che resti franca la sua applicazione ad altri.

Ed è l’altro caso che l’avvenire della Spagna dipende da un’altra separazione, incomparabilmente più importante di quella di quei Poteri. Tutta questa serie di articoli, con la sua insistenza, la sua lentezza di passo e la sua pesantezza di carico, non si proponeva altro che preparare l’animo del lettore perché riconosca questa cosa fondamentale: la necessità di separare politicamente la vita locale dalla vita nazionale. Questa è l’opera di più sostanza che oggi possa farsi in Spagna, ed è il presupposto rigoroso, imprescindibile, fatale per tutto il resto. Senza di essa non ci sarà nulla, e quali che siano le altre riforme che si tentino, lo Stato spagnolo continuerà a essere nell’essenziale lo stesso Stato illusorio degli ultimi cinquant’anni.

L’analisi che della vecchia Costituzione facemmo non fu ispirata dall’empia compiacenza di accanirsi su un cadavere. Al contrario: mi ripugnava maledire ancora una volta i cattivi usi pretériti. Ma era necessario mostrare i fatti dell’antica politica nella sua formula più precisa ed estrema, affinché restasse diamantinamente isolato e chimicamente puro l’errore basilare di essa: la fusione e confusione della vita locale con la vita nazionale. Questo era il male radicale, e il resto, tutto il resto, fu solo l’inevitabile conseguenza. Né si diede al locale ciò che gli si doveva, né nemmeno al nazionale. Mutuamente si danneggiarono, incepparono e annullarono entrambe le dimensioni della nostra vita pubblica. Il Parlamento restò subordinato ai piccoli distretti rurali, e questi, per respirare, dovevano usare i polmoni del ministro dell’Interno.

Abbiamo bisogno di una Costituzione che sia, non solo reale, adattata all’esistenza effettiva degli spagnoli, ma inoltre che sia una Costituzione dinamica; voglio dire che le sue istituzioni, affondando bene le mani nella vita effettiva del nostro popolo, la lancino negli spazi storici, la mobilitino, la arricchiscano e la magnificino.

Creiamo una potente vita locale. Eccitiamo i provinciali, tesoro energetico ancora intatto e non sfruttato, perché sentano l’orgoglio e la brama di reggere i loro propri destini.

Ora: quale deve essere l’unità politica, l’organismo della vita locale? Questo è il punto decisivo che reclama tutte le nostre potenze di attenzione e sottigliezza.

Hoy es la España provincial una materia políticamente amorfa, una pasta humana sin anatomía ni modelado, que, por tanto, no funciona en forma de vida pública. La antigua Constitución trazaba sobre esa masa peninsular líneas superficiales, cutáneas, de división administrativa —ayuntamientos, provincias—, tan inoperantes como los coluros astronómicos o el enrejado de meridianos y paralelos sobre un mapa. La única institución política local que existía era el distrito; pero como este distrito no tenía más función que votar cada tantos o cuantos años un representante en un remoto y abstracto Parlamento nacional, donde se hablaba de cosas abstrusas, inexistentes para el provincial, no tuvo nunca realidad. Y como, aun siendo tan escasa la vitalidad espontánea local, alguna había, tuvo que sacar de sí, por cuenta original y propia, un tosco esbozo de organización. Es decir: una institución espontánea e indígena. Ésta fue la famosa «organización» o «caciquismo».

Desde el punto de vista legal, fue el caciquismo un abuso constituido y permanente. Pero desde el punto de vista histórico, fue la reacción vital —torpe, bárbara, cruda, cuanto se quiera decir, pero viva— a un sistema de leyes inadaptado al tipo español. No puedo estimar el pensamiento político de quien no haya llegado a percibir la vertiente afirmativa y favorable del caciquismo. Era morboso porque era la forma violenta de adaptarse el cuerpo español a un medio legal antihigiénico, nocivo, absurdo. Ciertas enfermedades no son más que la adaptación naturalísima a un medio antinatural. Así, el bocio, el bocio serrano. El caciquismo fue el bocio localista que le salió a una Constitución antilocal. La imagen podía detallarse más, y sorprendería el paralelismo metafórico de ambas enfermedades rurales —la somática y la política. De todas suertes, ese caciquismo, que era nativa y substancialmente un abuso, fue la única realidad constitucional, el único uso efectivo. Y quien tenga conciencia de lo difícil que es descubrir la realidad en materia pública, no puede menos de mirar con respeto intelectual a este monstruo del viejo Estado español. El respeto intelectual no es otra cosa que la reflexión meditativa y serena sobre un hecho para extraerle su jugo y su secreto.

Nuestra cuestión presente es vislumbrar en la masa políticamente amorfa de la existencia provincial algún perfil orgánico que decida dónde debemos cortar institucionalmente la pasta y plasmarla en unidad viviente. Lo primero que ocurre pensar es atribuir al Ayuntamiento el carácter de unidad política. Siempre que ha habido algún pujo de reforma local se ha partido del Ayuntamiento, viendo en él la célula política de la nación. Todos —derechas e izquierdas— han coincidido en esto. El mismo Maura, que vio más largo que todos en este asunto, funda en la reforma del Concejo su reforma local, si bien no se limita a aquélla. En cuanto a los liberales (por ejemplo, Moret), que han sido siempre en España gente bonachona y atropellada; gente entusiasta, pero sin peso, sin densidad de meditación y, por lo mismo, a merced de todas las brisas, de todos los formalismos intelectuales, tenían puestos sus infecundos amores en el Ayuntamiento. El Municipio, el Concejo, la Comuna, eran palabras eléctricas que descargaban en ellos infinitos orgasmos de voluptuosidad política. Como los liberales eran románticos (vaya dicho sin censura, a fuer sólo de atributo), eran, en rigor, reaccionarios. Les entusiasmaba el pasado, necesitaban su calor, tanto más cuanto que su racionalismo político les vedaba las justas nupcias con la Historia. Por eso aprovechaban con fruición toda coincidencia de azar con el pretérito. Afirmar el Municipio era sentirse romano, era establecer continuidad con los Gracos y con Cicerón, con Augusto y con Trajano, gentes todas de buena compañía. El Concejo era nuestra Edad Media y la Comuna reunía en sus corazones a los comuneros de 1500 con los comunistas de 1871.

Todo esto es puro snobismo histórico. No se pretenderá que detengamos ahora el carro, ya un mucho tardígrado, de estos artículos para analizar las diferencias radicales entre esas varias instituciones del pasado. Baste recordar que el Municipio romano no fue nunca una unidad política, sino exclusivamente un cuerpo administrativo. Y porque fue sólo esto —sencillamente por ello— murió el Imperio romano. En otro lugar he mostrado cómo la Historia romana pereció asfixiada por no haber sabido dar vida política a las provincias, por haber dejado a las localidades tan sólo entrañas administrativas. (Véase mi ensayo «Sobre la muerte de Roma», en El Espectador, VI). El cuerpo del Imperio poseía una sola cabeza u órgano político: la Ciudad, Roma. El resto era un colosal montón de Municipios sueltos, encerrados cada cual en sí mismo, sin nexos orgánicos de unos con otros, átomos de colectividad incapaces de sensibilidad y dignidad políticas. La limitación del genio romano fue esta ineptitud para comprender el mundo mismo que ella había creado. Por eso más tarde podrán, con razón, cantar los escolares medievales:

Roma mundi caput est,

sed nihil capit mundi

(Roma es cabeza del mundo; pero no entiende nada del mundo).

Por desgracia, los estudios clásicos, que han estorbado en la vida europea tanto, por lo menos, como han aprovechado, influyeron también en la política, inundándola de lugares comunes. Uno es este fervor romántico por el Municipio.

El Ayuntamiento contemporáneo, que ha vuelto, en efecto, a parecerse mucho al Municipio imperial, no puede ser, ni de lejos, la unidad política local que buscamos. Muchas razones lo demuestran; pero hay una, muy clara, que las resume todas y a la par orienta nuestra inspiración hacia una buena pista.

Existe una ley biológica, sumamente sencilla, perogrullesca, y que, sin embargo, es poco conocida: la ley de la cantidad de materia. Si escindimos una célula en dos mitades iguales, cada una de éstas sigue viviendo, se desarrolla y constituye un organismo completo, bien que de menor tamaño. Esto indica que en la mitad de la materia primitiva residían todos los elementos necesarios para producir las corrientes protoplasmáticas en que la vida orgánica consiste. Pero si en vez de tomar la mitad de la materia celular nos quedamos sólo con la tercera parte, resulta que el plasma no se desarrolla, que es incapaz de vida. De aquí la ley simplicísima siguiente: para que haya vida hacen falta muchas cosas; pero, ante todo, una muy taxativa: cierta cantidad mínima de materia. Si tomáis demasiado poca, por sólo este error cuantitativo fracasaréis en vuestro ensayo de obtener un ser viviente.

Sírvanos esta ley biológica de imagen, de símbolo inspirador. El Municipio no puede nunca ser célula política, porque su tamaño es demasiado reducido y no pueden en él dispararse corrientes de vida política normal, persistente y fervorosa.

Lo cual no vale como una razón para escatimar al Ayuntamiento ninguna autonomía de cuantas puedan y deban concedérsele. Pero, una vez que le hayamos concedido todas las imaginables, no habremos dado un solo paso en la organización política de España. Porque el Municipio, en cuanto unidad de vida pública, es infrapolítico —como lo es la familia. La cantidad y clase de las funciones municipales quedan bajo el umbral de energía que es imprescindible para la producción de corrientes políticas. De aquí que cuando hay política en el Ayuntamiento consista siempre en la proyección sobre la vida municipal de partidos ultramunicipales. Aparte de estas luchas, que nacen precisamente fuera del Municipio —partidos nacionales, luchas de clases, etcétera—, no hay en el Ayuntamiento más que temas administrativos sensu stricto. Ahora bien: éstos, por su carácter técnico, sólo pueden dar lugar a querellas y pendencias arbitrarias y adjetivas, de tipo personal. Nadie llamará en serio política a la disputa entre dos vecinos por la posesión de la vara de alcalde. Este carácter personal que el exiguo tamaño de Municipio impone a todas sus actuaciones es el síntoma claro de su incapacidad política. Donde hay personalismo no hay vida pública. Lo uno es precisamente substitutivo de lo otro. La disputa personal mide con rigorosa exactitud la ausencia de temas políticos, de verdaderos entusiasmos y pasiones públicas.

Téngase siempre ante los ojos la finalidad que debe guiarnos: se trata de tomar la vida de la persona media española y sumirla en corrientes de vida ultrapersonal, que hagan a aquélla más intensa, más elevada, más rica de contenido intelectual y moral. Conseguir que en España haya vitalidad política y que el tipo medio de hombre mejore son, por lo pronto, una y misma cosa. Movilizarlo políticamente es hacerle mejor, y hacerle mejor es inducirle a que sienta cuestiones públicas —por tanto, que piense más, que intente más, que aprenda a ser responsable e impetuoso. Creer que esta movilización enriquecedora se consigue aislando al individuo en su Municipio, es en todos los sentidos un error. Pero este error posee raíces demasiado viejas y hondas para no exigir una extirpación más radical.

2

Today provincial Spain is a politically amorphous matter, a human paste without anatomy or modelling, which, therefore, does not function in the form of public life. The old Constitution traced upon that peninsular mass superficial, cutaneous lines of administrative division —municipalities, provinces—, as inoperative as the astronomical colures or the graticule of meridians and parallels upon a map. The only local political institution that existed was the district; but as this district had no other function than to vote every so many or so few years a representative in a remote and abstract national Parliament, where abstruse things were spoken of, non-existent for the provincial, it never had reality. And as, even being so scant the spontaneous local vitality, there was some, it had to draw out of itself, on its own original account, a coarse sketch of organization. That is: a spontaneous and indigenous institution. This was the famous ‘organization’ or ‘caciquismo’.

From the legal point of view, caciquismo was a constituted and permanent abuse. But from the historical point of view, it was the vital reaction —clumsy, barbarous, raw, say what one will, but alive— to a system of laws unadapted to the Spanish type. I cannot esteem the political thought of him who has not come to perceive the affirmative and favourable side of caciquismo. It was morbid because it was the violent form of the Spanish body adapting itself to an unhygienic, harmful, absurd legal environment. Certain diseases are nothing more than the most natural adaptation to an unnatural environment. Thus, goitre, the mountain goitre. Caciquismo was the localist goitre that an anti-local Constitution grew. The image could be detailed more, and the metaphorical parallel of both rural diseases would surprise —the somatic and the political. At all events, that caciquismo, which was natively and substantially an abuse, was the only constitutional reality, the only effective usage. And whoever has consciousness of how difficult it is to discover reality in public matters cannot but look with intellectual respect upon this monster of the old Spanish State. Intellectual respect is nothing else than the meditative and serene reflection upon a fact in order to extract from it its juice and its secret.

Our present question is to glimpse in the politically amorphous mass of provincial existence some organic profile that decides where we must cut institutionally the paste and mould it into a living unit. The first thing that occurs to think is to attribute to the Municipality the character of political unit. Whenever there has been some urge of local reform one has started from the Municipality, seeing in it the political cell of the nation. All —rights and lefts— have coincided in this. The very Maura, who saw further than all in this matter, founds upon the reform of the Council his local reform, although he does not limit himself to that one. As for the liberals (for example, Moret), who have always been in Spain a good-natured and headlong people; an enthusiastic people, but without weight, without density of meditation and, for that very reason, at the mercy of all the breezes, of all the intellectual formalisms, they had placed their fruitless loves in the Municipality. The Municipio, the Concejo, the Commune, were electric words that discharged in them infinite orgasms of political voluptuousness. As the liberals were romantics (let it be said without censure, merely as an attribute), they were, strictly, reactionaries. The past enthused them, they needed its warmth, all the more in that their political rationalism forbade them the just nuptials with History. For that reason they profited with relish from every chance coincidence with the past. To affirm the Municipality was to feel oneself Roman, was to establish continuity with the Gracchi and with Cicero, with Augustus and with Trajan, all people of good company. The Concejo was our Middle Ages and the Commune united in their hearts the comuneros of 1500 with the communists of 1871.

All this is pure historical snobbery. It will not be pretended that we now stop the cart, already much tardigrade, of these articles to analyse the radical differences among those various institutions of the past. Suffice it to recall that the Roman Municipality was never a political unit, but exclusively an administrative body. And because it was only this —simply for that— the Roman Empire died. Elsewhere I have shown how Roman History perished asphyxiated for not having known how to give political life to the provinces, for having left to the localities only administrative entrails. (See my essay ‘On the Death of Rome’, in El Espectador, VI). The body of the Empire possessed a single head or political organ: the City, Rome. The rest was a colossal heap of loose Municipalities, each enclosed in itself, without organic nexuses one with another, atoms of collectivity incapable of political sensibility and dignity. The limitation of the Roman genius was this ineptitude to comprehend the very world that it had created. For that reason later the medieval schoolboys will be able, with reason, to sing:

Roma mundi caput est,

sed nihil capit mundi

(Rome is head of the world; but understands nothing of the world).

Unfortunately, the classical studies, which have hindered in European life as much, at least, as they have profited, influenced also politics, flooding it with commonplaces. One is this romantic fervour for the Municipality.

The contemporary Municipality, which has returned, in effect, to resemble greatly the imperial Municipality, cannot be, even from afar, the local political unit we seek. Many reasons demonstrate it; but there is one, very clear, that summarizes them all and at once orients our inspiration toward a good track.

There exists a biological law, extremely simple, perogrullesque, and which, nevertheless, is little known: the law of the quantity of matter. If we split a cell into two equal halves, each one of these continues living, develops and constitutes a complete organism, although of smaller size. This indicates that in the half of the primitive matter resided all the elements necessary to produce the protoplasmic currents in which organic life consists. But if instead of taking half of the cellular matter we keep only the third part, it turns out that the plasma does not develop, that it is incapable of life. Hence the following most simple law: for there to be life many things are needed; but, above all, a very categorical one: a certain minimal quantity of matter. If you take too little, by only this quantitative error you will fail in your attempt to obtain a living being.

Let this biological law serve us as image, as inspiring symbol. The Municipality can never be a political cell, because its size is too reduced and there cannot be discharged in it currents of normal, persistent and fervent political life.

Which does not hold as a reason to stint the Municipality any of the autonomies that may and must be granted it. But, once we have granted it all the imaginable ones, we shall not have taken a single step in the political organization of Spain. Because the Municipality, as a unit of public life, is infrapolitical —as is the family. The quantity and class of municipal functions remain under the threshold of energy that is indispensable for the production of political currents. Hence when there is politics in the Municipality it always consists in the projection upon municipal life of ultramunicipal parties. Apart from these struggles, which are born precisely outside the Municipality —national parties, class struggles, etcetera—, there is in the Municipality nothing more than administrative themes sensu stricto. Now: these, by their technical character, can give rise only to arbitrary and adjectival quarrels and squabbles, of a personal type. No one will seriously call politics the dispute between two neighbours over the possession of the mayor’s staff. This personal character that the exiguous size of the Municipality imposes upon all its actions is the clear symptom of its political incapacity. Where there is personalism there is no public life. The one is precisely substitutive of the other. The personal dispute measures with rigorous exactness the absence of political themes, of true public enthusiasms and passions.

Keep always before the eyes the finality that must guide us: it is a question of taking the life of the average Spanish person and sinking it in currents of ultrapersonal life, which make it more intense, more elevated, richer in intellectual and moral content. Succeeding in having in Spain political vitality and in having the average type of man improve are, for the moment, one and the same thing. To mobilize him politically is to make him better, and to make him better is to induce him to feel public questions —therefore, to think more, to attempt more, to learn to be responsible and impetuous. To believe that this enriching mobilization is achieved by isolating the individual in his Municipality is, in all senses, an error. But this error possesses roots too old and deep not to demand a more radical extirpation.

2

Oggi la Spagna provinciale è una materia politicamente amorfa, una pasta umana senza anatomia né modellato, che, perciò, non funziona in forma di vita pubblica. L’antica Costituzione tracciava su quella massa peninsulare linee superficiali, cutanee, di divisione amministrativa —comuni, province—, tanto inoperanti quanto i coluri astronomici o la graticola di meridiani e paralleli su una mappa. L’unica istituzione politica locale che esisteva era il distretto; ma siccome questo distretto non aveva altra funzione che votare ogni tanti o quanti anni un rappresentante in un remoto e astratto Parlamento nazionale, dove si parlava di cose astruse, inesistenti per il provinciale, non ebbe mai realtà. E siccome, pur essendo tanto scarsa la vitalità spontanea locale, qualcuna ce n’era, dovette trarre da sé, per conto originale e proprio, un rozzo abbozzo di organizzazione. Cioè: un’istituzione spontanea e indigena. Questa fu la famosa «organizzazione» o «caciquismo».

Dal punto di vista legale, il caciquismo fu un abuso costituito e permanente. Ma dal punto di vista storico, fu la reazione vitale —rozza, barbara, cruda, quanto si voglia dire, ma viva— a un sistema di leggi inadattato al tipo spagnolo. Non posso stimare il pensiero politico di chi non sia arrivato a percepire il versante affermativo e favorevole del caciquismo. Era morboso perché era la forma violenta di adattarsi il corpo spagnolo a un mezzo legale antigienico, nocivo, assurdo. Certe malattie non sono altro che l’adattamento naturalissimo a un mezzo antinaturale. Così, il gozzo, il gozzo serrano. Il caciquismo fu il gozzo localista che uscì a una Costituzione antilocale. L’immagine poteva dettagliarsi di più, e sorprenderebbe il parallelismo metaforico di entrambe le malattie rurali —la somatica e la politica. Ad ogni modo, quel caciquismo, che era nativamente e sostanzialmente un abuso, fu l’unica realtà costituzionale, l’unico uso effettivo. E chi ha coscienza di quanto sia difficile scoprire la realtà in materia pubblica, non può non guardare con rispetto intellettuale questo mostro del vecchio Stato spagnolo. Il rispetto intellettuale non è altra cosa che la riflessione meditativa e serena su un fatto per estrarne il suo succo e il suo segreto.

La nostra questione presente è intravedere nella massa politicamente amorfa dell’esistenza provinciale qualche profilo organico che decida dove dobbiamo tagliare istituzionalmente la pasta e plasmarla in unità vivente. La prima cosa che viene da pensare è attribuire al Municipio il carattere di unità politica. Sempre che c’è stato qualche impulso di riforma locale si è partiti dal Municipio, vedendo in esso la cellula politica della nazione. Tutti —destre e sinistre— hanno coinciso in questo. Lo stesso Maura, che vide più lungo di tutti in questa faccenda, fonda nella riforma del Consiglio la sua riforma locale, sebbene non si limiti a quella. Quanto ai liberali (per esempio, Moret), che sono stati sempre in Spagna gente bonacciona e travolgente; gente entusiasta, ma senza peso, senza densità di meditazione e, per lo stesso motivo, alla mercé di tutte le brezze, di tutti i formalismi intellettuali, avevano posto i loro infruttuosi amori nel Municipio. Il Municipio, il Concejo, la Comune, erano parole elettriche che scaricavano in essi infiniti orgasmi di voluttuosità politica. Poiché i liberali erano romantici (sia detto senza censura, solo come attributo), erano, in rigore, reazionari. Li entusiasmava il passato, avevano bisogno del suo calore, tanto più quanto il loro razionalismo politico vietava loro le giuste nozze con la Storia. Per questo approfittavano con fruizione di ogni coincidenza di azzardo col pretérito. Affermare il Municipio era sentirsi romano, era stabilire continuità con i Gracchi e con Cicerone, con Augusto e con Traiano, gente tutta di buona compagnia. Il Concejo era la nostra Età Media e la Comune riuniva nei loro cuori i comuneros del 1500 con i comunisti del 1871.

Tutto questo è puro snobismo storico. Non si pretenderà che fermiamo ora il carro, già molto tardigrado, di questi articoli per analizzare le differenze radicali tra quelle varie istituzioni del passato. Basti ricordare che il Municipio romano non fu mai un’unità politica, ma esclusivamente un corpo amministrativo. E perché fu solo questo —semplicemente per questo— morì l’Impero romano. In altro luogo ho mostrato come la Storia romana perì asfissiata per non aver saputo dare vita politica alle province, per aver lasciato alle località soltanto viscere amministrative. (Vedi il mio saggio «Sulla morte di Roma», in El Espectador, VI). Il corpo dell’Impero possedeva una sola testa o organo politico: la Città, Roma. Il resto era un colossale mucchio di Municipi sciolti, racchiusi ciascuno in sé stesso, senza nessi organici gli uni con gli altri, atomi di collettività incapaci di sensibilità e dignità politiche. La limitazione del genio romano fu questa inettitudine a comprendere il mondo stesso che esso aveva creato. Per questo più tardi potranno, a ragione, cantare gli scolari medievali:

Roma mundi caput est,

sed nihil capit mundi

(Roma è capo del mondo; ma non capisce nulla del mondo).

Per disgrazia, gli studi classici, che hanno ostacolato nella vita europea tanto, per lo meno, quanto hanno giovato, influirono anche sulla politica, inondandola di luoghi comuni. Uno è questo fervore romantico per il Municipio.

Il Municipio contemporaneo, che è tornato, in effetti, a somigliare molto al Municipio imperiale, non può essere, nemmeno da lontano, l’unità politica locale che cerchiamo. Molte ragioni lo dimostrano; ma ce n’è una, molto chiara, che le riassume tutte e insieme orienta la nostra ispirazione verso una buona pista.

Esiste una legge biologica, sommamente semplice, perogrullesca, e che, tuttavia, è poco conosciuta: la legge della quantità di materia. Se scindiamo una cellula in due metà uguali, ciascuna di queste continua a vivere, si sviluppa e costituisce un organismo completo, sebbene di minor taglia. Questo indica che nella metà della materia primitiva risiedevano tutti gli elementi necessari per produrre le correnti protoplasmatiche in cui la vita organica consiste. Ma se invece di prendere la metà della materia cellulare ci restiamo solo con la terza parte, risulta che il plasma non si sviluppa, che è incapace di vita. Di qui la legge semplicissima seguente: perché ci sia vita fanno bisogno molte cose; ma, anzitutto, una molto categorica: una certa quantità minima di materia. Se ne prendete troppa poca, per solo questo errore quantitativo fallirete nel vostro tentativo di ottenere un essere vivente.

Ci serva questa legge biologica di immagine, di simbolo ispiratore. Il Municipio non può mai essere cellula politica, perché la sua taglia è troppo ridotta e non possono in esso spararsi correnti di vita politica normale, persistente e fervorosa.

Il che non vale come ragione per lesinare al Municipio nessuna autonomia di quante possano e debbano concederglisi. Ma, una volta che gli abbiamo concesso tutte le immaginabili, non avremo fatto un solo passo nell’organizzazione politica della Spagna. Perché il Municipio, in quanto unità di vita pubblica, è infrapolitico —come lo è la famiglia. La quantità e classe delle funzioni municipali restano sotto la soglia di energia che è imprescindibile per la produzione di correnti politiche. Di qui che quando c’è politica nel Municipio consista sempre nella proiezione sulla vita municipale di partiti ultramunicipali. A parte queste lotte, che nascono precisamente fuori del Municipio —partiti nazionali, lotte di classi, eccetera—, non c’è nel Municipio altro che temi amministrativi sensu stricto. Ora: questi, per il loro carattere tecnico, possono dar luogo solo a querele e liti arbitrarie e aggettive, di tipo personale. Nessuno chiamerà seriamente politica la disputa tra due vicini per il possesso della canna del sindaco. Questo carattere personale che l’esigua taglia del Municipio impone a tutte le sue azioni è il sintomo chiaro della sua incapacità politica. Dove c’è personalismo non c’è vita pubblica. L’uno è precisamente sostitutivo dell’altro. La disputa personale misura con rigorosa esattezza l’assenza di temi politici, di veri entusiasmi e passioni pubbliche.

Si tenga sempre dinanzi agli occhi la finalità che deve guidarci: si tratta di prendere la vita della persona media spagnola e sommergerla in correnti di vita ultrapersonale, che facciano quella più intensa, più elevata, più ricca di contenuto intellettuale e morale. Riuscire a che in Spagna ci sia vitalità politica e a che il tipo medio di uomo migliori sono, per il momento, una e stessa cosa. Mobilitarlo politicamente è farlo migliore, e farlo migliore è indurlo a che senta questioni pubbliche —perciò, che pensi di più, che tenti di più, che impari a essere responsabile e impetuoso. Credere che questa mobilitazione arricchente si consegua isolando l’individuo nel suo Municipio, è in tutti i sensi un errore. Ma questo errore possiede radici troppo vecchie e profonde per non esigere un’estirpazione più radicale.

2

Cuando hace veinte años se empezó a caer en la cuenta de que una Constitución donde se abstraía por completo de la vida local sólo podía provocar la repulsa por parte de ésta —lo que estaba ya aconteciendo—, hubo algunos conatos de corregir el absurdo vigente. Según hemos visto, al resolverse a organizar esa vida local, todo el mundo pareció acorde en el craso error de considerar al Municipio como su unidad substantiva. De este error hemos arrancado ya una raíz romántica: la resonancia melodramática del pasado, el afán tradicionalista —desastroso siempre en política— de coincidir con el pretérito, en vez de buscar siempre la solución en el futuro. (No dude el lector de que a su hora daré mis razones de esta afirmación tan rotunda y tan dogmática. No se puede decir todo a la vez). Pero aquella equivocación tiene otra raíz más honda. Es ésta: organizar la vida local significa ir a buscar la vida pública en su realidad más concreta y convertirla en vida de Estado, en fuerza política. Una nación no está en pie por obra mágica —como está en el aire el sepulcro de Mahoma—, sino que está sostenida por fuerzas sociales de carácter político. Conste esto, porque hay en nuestro país todavía gente tan tonta que ve en este afán de movilizar pública o políticamente a los españoles pura gana de armar jaleo según el prurito de los demagogos. No advierten que las instituciones —el orden— sólo son fuertes cuando hay fuerzas sociales que las nutran con su dinamismo. Para que un Estado se derrumbe no hace falta que se produzcan revoluciones contra él, basta con que aflojen su asistencia de fervor las masas pacíficas de ciudadanos.

Digo, pues, que organizar la vida local es buscar la vida pública en su realidad más concreta. Hasta aquí vamos bien. Pero se creyó que la vida municipal era esa realidad más concreta, y éste fue, éste sigue siendo el error. A primera vista seduce la idea por su sencillez. El ciudadano vive cotidianamente en su pueblo. ¿Cómo dudar que su pueblo es la unidad pública más próxima al individuo? Concedamos al Municipio gran autonomía; así habremos puesto en manos del ciudadano su propia y concreta vida, habremos consagrado políticamente sus afanes más efectivos y constantes.

Pero ¿es esto verdad? ¿Cae bajo la jurisdicción municipal el sistema de intereses concretos del individuo, por lo menos los más importantes? Digámoslo en fórmula más clara: ¿puede decidir el Municipio, dependen de él, los asuntos capitales que constituyen la ocupación y preocupación cotidianas de sus vecinos? Si resulta que no es así, que esos asuntos son por sí mismos, constitutiva e inexorablemente, más extensos que la jurisdicción municipal, es evidente que el Municipio no puede por sí solo actuar sobre ellos, y, en consecuencia, concederle autonomía equivale, en orden político, a pertrecharle con la carabina de Ambrosio.

Dejemos sin atender ahora cuanto pueda ofrecer vaguedades —los asuntos de la vida pública espiritual— y fijémonos sólo en lo más determinable: la vida económica. Alguna vez he puesto ya este ejemplo: sea el pueblecito andaluz X. Este pueblecito vive materialmente de la oliva bética, del oleandro fecundo. Todo el término municipal está cubierto de olivitos de bronce, y las preocupaciones básicas de los vecinos giran en torno a la producción y comercio del aceite. Esto les plantea diariamente problemas múltiples: mejora de la producción, crédito agrícola, jornales, regulación de precios, permiso de exportación, conflicto del aceite de oliva con otras clases de producción, etcétera. ¿Qué pueden siquiera intentar el Municipio y la vida municipal ante estos problemas hiperconcretos de la vida económica de sus vecinos? Nada, nada que valga la pena. Por una razón muy sencilla. Los olivitos, haciéndole una higa a las arbitrarias divisiones administrativas, no se detienen en el término municipal, sino que brincan alegremente sobre él, y, sin solución de continuidad, anegan otro término municipal, y otro, y otro, y una enorme zona de tierra española —casi entera, la Andalucía. Esa mancha gigante de olivares vive con vida propia; quiero decir que forma una unidad económica, se regula a sí misma, impone las condiciones generales de explotación, precio, jornales; plantea los grandes problemas técnicos, así industriales como de política general económica (exportación, lucha con otros productos, etcétera). La vida del vecino del pueblecito X depende de lo que pasa en toda esa gran comarca olivarera, no de su Municipio, que se queda paralítico, sin posible intervención en las cuestiones que la gran solidaridad del olivo andaluz suscita a cada propietario o peón. Es decir: que ni siquiera la vida económica más elemental del vecino termina donde termina el término municipal.

Es falso, pues, que el Ayuntamiento cobije la vida local concreta. Al contrario: corta la estructura objetiva de ésta por una línea arbitraria; secciona con el perímetro caprichoso de su jurisdicción la verdadera realidad, la descuartiza y se queda con un pedazo cualquiera de ella. Ahora bien: esto es la abstracción; arrancar a lo real un trozo y ponerlo aparte con la pretensión de que viva como si fuera un todo íntegro.

Esto demuestra no sólo que es un grosero error hacer del Municipio la unidad política local, sino que la organización actual de España en Municipios aislados equivale a una permanente dislocación de la auténtica vida local. Tal y como hoy existe, es el Ayuntamiento un disyuntamiento, un principio de dislocación que impide a la existencia local estructurarse en verdaderas unidades orgánicas. El Municipio no es sólo infrapolítico, sino que, en la forma vigente, es antipolítico. No puede hacer nada, no puede moverse: es una institución estática, inerte. No hay vida política si no hay un margen de movilización. Vivir —en lo público como en lo privado— no es yacer, sino, por el contrario, aspirar, intentar, emprender. Siempre me ha parecido grotesco que, haciendo grandes aspavientos, se conceda autonomía a los Municipios. Autonomía, ¿para qué, si está prisionero en sí mismo? El Municipio, como institución, es, aproximadamente, una jaula de codorniz, donde se otorga al rural autonomía para que dé saltos, como el sencillo pájaro, y, como él, se encalve contra los alambres el occipucio.

Sólo empieza a vivir públicamente el Municipio cuando, imitando a sus olivitos domésticos, sale fuera de su propio término, transmigra a otros Municipios, trata y contrata y se ayunta con ellos, a fin de emprender algo. Maura comprendió esto muy bien (aunque era contradictorio centrar su reforma en la reforma del Concejo), y, tímidamente, instituyó la opción a mancomunidad. Es posible que en su tiempo esta misma timidez significase una audacia, y que en su ánimo existiese la visión clara y completa de toda la cuestión. No lo sé. Lo que sé es que su proyecto de ley reformista y sus palabras notorias no me bastan, y aun estimando el sentido o tendencia de su obra, tengo que seguir avante hacia una idea más íntegra y sistemática.

La unidad política local ha de consistir en una institución que dé figura legal autónoma a un cuerpo completo de vida local. Nótese que la vida sólo es completa si además del cuerpo íntegro y sin amputaciones tomamos un cierto espacio donde pueda moverse, un ámbito, una holgura para la movilización. Dicho en otros vocablos: la unidad política local no ha de limitarse a coincidir con lo que hoy es la vida local, sino que ha de contar, muy esencialmente, con hacerla capaz de empresas, de crecimientos, de magnificación. Nuestra institución tiene que ser, a la par, una realidad y una ilusión. Si no aporta por sí misma un principio dinámico, y es mero ajuste estático a lo presente, no se tomará con entusiasmo, y no nos servirá para aumentar el pulso de España. Con esa institución nos proponemos hacer historia; tenemos que cabalgar mucho con ella —sea, pues, a un tiempo, real e «ideal», estribo y espuela.

Cuando se habla de autonomía se suele olvidar lo principal. Se atiende sólo a que «autonomía» significa conceder a alguien el derecho a que rija sus propios actos. Muy bien. Pero ¿no es irrisorio conceder autonomía a quien de hecho es incapaz de actuar? A mí me parece una burla impía esa aparente generosidad de declarar autónomos a los paralíticos. La verdadera unidad política local será aquel grupo interior de vida colectiva española que posea mayor potencialidad de actuación.

Vemos que éste no es el Municipio. ¿Cuál será entonces? ¿La provincia?

Entre todas las cosas tristes, lamentables, sórdidas, del próximo pasado español, acaso no haya nada más triste, lamentable y sórdido que la institución provincial.

When twenty years ago one began to realise that a Constitution which abstracted itself completely from local life could only provoke repulsion on the part of the latter —which was already happening—, there were some attempts to correct the prevailing absurdity. According to what we have seen, upon resolving to organize that local life, everyone seemed in accord in the gross error of considering the Municipality as its substantive unit. From this error we have already torn out a romantic root: the melodramatic resonance of the past, the traditionalist yearning —always disastrous in politics— to coincide with the past, instead of always seeking the solution in the future. (Let the reader not doubt that in due time I shall give my reasons for this affirmation so round and so dogmatic. One cannot say everything at once). But that mistake has another, deeper root. It is this: to organize local life means to go to seek public life in its most concrete reality and to convert it into life of the State, into political force. A nation does not stand on foot by magic work —as the sepulchre of Mohammed hangs in the air—, but is sustained by social forces of a political character. Let this be noted, because there is in our country still people so foolish that they see in this yearning to mobilize publicly or politically the Spaniards pure desire to raise a racket according to the itch of the demagogues. They do not notice that institutions —order— are strong only when there are social forces that nourish them with their dynamism. For a State to collapse it is not necessary that revolutions against it be produced; it suffices that the peaceful masses of citizens slacken their assistance of fervour.

I say, then, that organizing local life is seeking public life in its most concrete reality. So far we go well. But it was believed that municipal life was that most concrete reality, and this was, this continues to be the error. At first sight the idea seduces by its simplicity. The citizen lives daily in his town. How doubt that his town is the public unit closest to the individual? Let us grant the Municipality great autonomy; thus we shall have placed in the citizen’s hands his own and concrete life, we shall have politically consecrated his most effective and constant yearnings.

But is this true? Does the system of the individual’s concrete interests fall under municipal jurisdiction, at least the most important ones? Let us say it in clearer formula: can the Municipality decide, do there depend on it, the capital affairs that constitute the daily occupation and preoccupation of its neighbours? If it turns out that it is not so, that those affairs are by themselves, constitutively and inexorably, more extensive than municipal jurisdiction, it is evident that the Municipality cannot by itself act upon them, and, consequently, granting it autonomy is equivalent, in political order, to furnishing it with Ambrosio’s carbine.

Let us now leave unattended whatever can offer vaguenesses —the affairs of spiritual public life— and fix ourselves only on the most determinable: economic life. Some time I have already set this example: let it be the little Andalusian town X. This little town lives materially on the Betic olive, on the fruitful wild olive. The whole municipal term is covered with bronze olive groves, and the basic preoccupations of the neighbours turn around the production and commerce of oil. This sets them daily multiple problems: improvement of production, agricultural credit, wages, price regulation, export permit, conflict of olive oil with other classes of production, etcetera. What can the Municipality and municipal life even attempt before these hyper-concrete problems of the economic life of their neighbours? Nothing, nothing worth the trouble. For a very simple reason. The olive groves, cocking a snook at the arbitrary administrative divisions, do not stop at the municipal term, but leap gaily over it, and, without solution of continuity, flood another municipal term, and another, and another, and an enormous zone of Spanish land —almost all, Andalusia. That giant stain of olive groves lives with its own life; I mean that it forms an economic unity, regulates itself, imposes the general conditions of exploitation, price, wages; poses the great technical problems, as much industrial as of general economic policy (export, struggle with other products, etcetera). The life of the neighbour of the little town X depends on what happens in all that great olive-growing comarca, not on his Municipality, which remains paralysed, without possible intervention in the questions that the great solidarity of the Andalusian olive raises to each owner or day-labourer. That is: that not even the most elementary economic life of the neighbour ends where the municipal term ends.

It is false, then, that the Municipality shelters the concrete local life. On the contrary: it cuts the objective structure of the latter by an arbitrary line; it sections with the capricious perimeter of its jurisdiction the true reality, quarters it and keeps any piece whatsoever of it. Now: this is abstraction; to tear from the real a piece and put it apart with the pretension that it live as if it were an integral whole.

This demonstrates not only that it is a gross error to make of the Municipality the local political unit, but that the present organization of Spain in isolated Municipalities is equivalent to a permanent dislocation of the authentic local life. As it today exists, the Municipality is a dis-municipality, a principle of dislocation that prevents local existence from structuring itself into true organic units. The Municipality is not only infrapolitical, but, in the prevailing form, it is antipolitical. It can do nothing, it cannot move: it is a static, inert institution. There is no political life if there is no margin of mobilization. To live —in the public as in the private— is not to lie, but, on the contrary, to aspire, to attempt, to undertake. It has always seemed to me grotesque that, making great fusses, autonomy be granted to the Municipalities. Autonomy, for what, if it is a prisoner in itself? The Municipality, as an institution, is, approximately, a quail cage, where autonomy is granted to the rural man so that he may jump, like the simple bird, and, like it, graze against the wires his occiput.

Only begins the Municipality to live publicly when, imitating its domestic olive groves, it goes out of its own term, transmigrates into other Municipalities, treats and contracts and joins itself with them, in order to undertake something. Maura understood this very well (although it was contradictory to centre his reform on the reform of the Council), and, timidly, instituted the option to the mancomunidad. It is possible that in his time this very timidity signified an audacity, and that in his spirit there existed the clear and complete vision of the whole question. I do not know. What I know is that his reforming bill and his notorious words do not suffice for me, and even esteeming the sense or tendency of his work, I have to continue onward toward a more integral and systematic idea.

The local political unit must consist in an institution that gives an autonomous legal figure to a complete body of local life. Note that life is only complete if in addition to the integral and unamputated body we take a certain space where it can move, an ambit, a leeway for mobilization. Put in other words: the local political unit must not limit itself to coinciding with what today is local life, but must count, very essentially, on making it capable of enterprises, of growths, of magnification. Our institution has to be, at once, a reality and an illusion. If it does not bring by itself a dynamic principle, and is a mere static adjustment to the present, it will not be taken with enthusiasm, and it will not serve us to increase the pulse of Spain. With that institution we propose to make history; we have to ride much with it —let it be, then, at once, real and ‘ideal’, stirrup and spur.

When one speaks of autonomy one usually forgets the principal thing. One attends only to the fact that ‘autonomy’ means granting someone the right to govern his own acts. Very well. But is it not risible to grant autonomy to one who in fact is incapable of acting? To me it seems an impious mockery that apparent generosity of declaring the paralytics autonomous. The true local political unit will be that inner group of Spanish collective life that possesses the greatest potentiality of action.

We see that this is not the Municipality. Which will be, then? The province?

Among all the sad, lamentable, sordid things of the near Spanish past, perhaps there is nothing sadder, more lamentable and more sordid than the provincial institution.

Quando vent’anni fa si cominciò a rendersi conto che una Costituzione che si astraeva completamente dalla vita locale poteva solo provocare la repulsa da parte di questa —ciò che stava già accadendo—, ci furono alcuni conati di correggere l’assurdo vigente. Secondo quanto abbiamo visto, al risolversi a organizzare quella vita locale, tutti sembrarono concordi nel crasso errore di considerare il Municipio come la sua unità sostantiva. Da questo errore abbiamo già strappato una radice romantica: la risonanza melodrammatica del passato, la brama tradizionalista —disastrosa sempre in politica— di coincidere col pretérito, invece di cercare sempre la soluzione nell’avvenire. (Non dubiti il lettore che a suo tempo darò le mie ragioni di questa affermazione tanto rotonda e tanto dogmatica. Non si può dire tutto in una volta). Ma quell’equivoco ha un’altra radice più profonda. È questa: organizzare la vita locale significa andare a cercare la vita pubblica nella sua realtà più concreta e convertirla in vita di Stato, in forza politica. Una nazione non sta in piedi per opera magica —come sta in aria il sepolcro di Maometto—, ma è sostenuta da forze sociali di carattere politico. Costi questo, perché c’è nel nostro paese ancora gente tanto stupida che vede in questa brama di mobilitare pubblicamente o politicamente gli spagnoli pura voglia di fare baccano secondo il prurito dei demagoghi. Non avvertono che le istituzioni —l’ordine— sono forti solo quando ci sono forze sociali che le nutrano col loro dinamismo. Perché uno Stato crolli non occorre che si producano rivoluzioni contro di esso, basta che allentino la loro assistenza di fervore le masse pacifiche di cittadini.

Dico, dunque, che organizzare la vita locale è cercare la vita pubblica nella sua realtà più concreta. Fin qui andiamo bene. Ma si credette che la vita municipale fosse quella realtà più concreta, e questo fu, questo continua a essere l’errore. A prima vista l’idea seduce per la sua semplicità. Il cittadino vive quotidianamente nel suo paese. Come dubitare che il suo paese sia l’unità pubblica più prossima all’individuo? Concediamo al Municipio grande autonomia; così avremo messo nelle mani del cittadino la sua propria e concreta vita, avremo consacrato politicamente le sue brame più effettive e costanti.

Ma è questo vero? Cade sotto la giurisdizione municipale il sistema di interessi concreti dell’individuo, per lo meno i più importanti? Diciamolo in formula più chiara: può decidere il Municipio, dipendono da esso, gli affari capitali che costituiscono l’occupazione e preoccupazione quotidiane dei suoi vicini? Se risulta che non è così, che quegli affari sono per sé stessi, costitutivamente e inesorabilmente, più estesi della giurisdizione municipale, è evidente che il Municipio non può da solo agire su di essi, e, di conseguenza, concedergli autonomia equivale, in ordine politico, a fornirgli la carabina di Ambrogio.

Lasciamo ora senza attenzione quanto possa offrire vaghezze —gli affari della vita pubblica spirituale— e fissiamoci solo sul più determinabile: la vita economica. Qualche volta ho già posto questo esempio: sia il paesino andaluso X. Questo paesino vive materialmente dell’oliva betica, dell’oleastro fecondo. Tutto il termine comunale è coperto di oliveti di bronzo, e le preoccupazioni basilari dei vicini girano attorno alla produzione e al commercio dell’olio. Questo pone loro quotidianamente problemi molteplici: miglioramento della produzione, credito agricolo, salari, regolazione dei prezzi, permesso di esportazione, conflitto dell’olio d’oliva con altre classi di produzione, eccetera. Che cosa possono nemmeno tentare il Municipio e la vita municipale dinanzi a questi problemi iperconcreti della vita economica dei loro vicini? Nulla, nulla che valga la pena. Per una ragione molto semplice. Gli oliveti, facendo un fico alle arbitrarie divisioni amministrative, non si fermano nel termine comunale, ma balzano allegramente oltre esso, e, senza soluzione di continuità, annegono un altro termine comunale, e un altro, e un altro, e un’enorme zona di terra spagnola —quasi intera, l’Andalusia. Quella macchia gigante di oliveti vive di vita propria; voglio dire che forma un’unità economica, si regola da sé stessa, impone le condizioni generali di sfruttamento, prezzo, salari; pone i grandi problemi tecnici, tanto industriali quanto di politica generale economica (esportazione, lotta con altri prodotti, eccetera). La vita del vicino del paesino X dipende da ciò che accade in tutta quella grande comarca olivicola, non dal suo Municipio, che resta paralitico, senza possibile intervento nelle questioni che la grande solidarietà dell’olivo andaluso suscita a ogni proprietario o bracciante. Cioè: che nemmeno la vita economica più elementare del vicino termina dove termina il termine comunale.

È falso, dunque, che il Municipio accoglie la vita locale concreta. Al contrario: taglia la struttura oggettiva di questa per una linea arbitraria; seziona col perimetro capriccioso della sua giurisdizione la vera realtà, la squarta e si resta con un pezzo qualunque di essa. Ora: questo è l’astrazione; strappare al reale un pezzo e metterlo a parte con la pretesa che viva come se fosse un tutto integro.

Questo dimostra non solo che è un errore grossolano fare del Municipio l’unità politica locale, ma che l’organizzazione attuale della Spagna in Municipi isolati equivale a una permanente dislocazione dell’autentica vita locale. Come oggi esiste, il Municipio è un disgiuntamento, un principio di dislocazione che impedisce all’esistenza locale di strutturarsi in vere unità organiche. Il Municipio non è solo infrapolitico, ma, nella forma vigente, è antipolitico. Non può fare nulla, non può muoversi: è un’istituzione statica, inerte. Non c’è vita politica se non c’è un margine di mobilitazione. Vivere —nel pubblico come nel privato— non è giacere, ma, al contrario, aspirare, tentare, intraprendere. Mi è sempre sembrato grottesco che, facendo grandi scenate, si conceda autonomia ai Municipi. Autonomia, per che cosa, se è prigioniero in sé stesso? Il Municipio, come istituzione, è, approssimativamente, una gabbia di quaglie, dove si concede al rurale autonomia perché faccia salti, come il semplice uccello, e, come lui, si speli contro i fili l’occipite.

Solo comincia a vivere pubblicamente il Municipio quando, imitando i suoi domestici oliveti, esce fuori del suo proprio termine, trasmigra in altri Municipi, tratta e contratta e si congiunge con essi, per intraprendere qualcosa. Maura comprese questo molto bene (sebbene fosse contraddittorio centrare la sua riforma nella riforma del Consiglio), e, timidamente, istituì l’opzione al consorzio. È possibile che nel suo tempo questa stessa timidezza significasse un’audacia, e che nel suo animo esistesse la visione chiara e completa di tutta la questione. Non lo so. Quello che so è che il suo progetto di legge riformista e le sue parole notorie non mi bastano, e pure stimando il senso o tendenza della sua opera, devo seguire avanti verso un’idea più integra e sistematica.

L’unità politica locale deve consistere in un’istituzione che dia figura legale autonoma a un corpo completo di vita locale. Si noti che la vita è completa solo se oltre al corpo integro e senza amputazioni prendiamo un certo spazio dove possa muoversi, un ambito, un agio per la mobilitazione. Detto in altri vocaboli: l’unità politica locale non deve limitarsi a coincidere con ciò che oggi è la vita locale, ma deve contare, molto essenzialmente, col farla capace di imprese, di crescite, di magnificazione. La nostra istituzione deve essere, insieme, una realtà e un’illusione. Se non apporta da sé stessa un principio dinamico, ed è mero adattamento statico al presente, non si accoglierà con entusiasmo, e non ci servirà per aumentare il polso della Spagna. Con quella istituzione ci proponiamo di fare storia; dobbiamo cavalcare molto con essa —sia, dunque, a un tempo, reale e «ideale», staffa e sprone.

Quando si parla di autonomia si suole dimenticare il principale. Si attende solo a che «autonomia» significhi concedere a qualcuno il diritto a che regga i suoi propri atti. Benissimo. Ma non è irrisorio concedere autonomia a chi di fatto è incapace di agire? A me pare una beffa empia quella apparente generosità di dichiarare autonomi i paralitici. La vera unità politica locale sarà quel gruppo interiore di vita collettiva spagnola che possieda maggior potenzialità di azione.

Vediamo che questo non è il Municipio. Quale sarà, allora? La provincia?

Tra tutte le cose tristi, lamentevoli, sordide, del prossimo passato spagnolo, forse non c’è nulla di più triste, lamentevole e sordido dell’istituzione provinciale.

Su papel era precisamente el más delicado de todos, el más importante: servir de nexo e intermediario entre la vida de la aldea y la gran vida nacional. A mi juicio, ésta es la pieza decisiva en una constitución española. Y para tan grave oficio se inventó la división más arbitraria de todas, cuadriculando el sagrado cuerpo de España en esta ridiculez de las provincias. Inspirada por una seca política métricodecimal, no debe a ellas nuestro país, en casi un siglo, beneficio ni auxilio alguno. El Municipio no es una unidad política completa, pero es real —como la mano no es un hombre entero, pero es trozo real de un hombre. La provincia, en cambio, no es ni eso; es simplemente un torpe tatuaje con que se ha maculado la piel de la Península. ¡Con su capitalita sórdida, lenta, ni cortijo ni corte, donde se pasea un gobernador petulante, donde se cocinan todas las inmundicias políticas y no se emprende nada!

Demos de lado a la provincia, símbolo del provincianismo que queremos superar, y vamos hacia algo más orgánico y vital, de gran resuello y grandes perspectivas.

Nos basta con seguir dócilmente la mancha continua de olivar para derramarnos por toda Andalucía. Mientras esa mancha de olivar no haya recibido una consagración institucional no quedará aprovechado para la vida pública española un hecho económico y geográfico tan enorme como es su existencia. La unidad política local no es el pueblecito X, sino toda la Andalucía. Ésta sí que puede ser una gigantesca fuerza nacional, un organismo capaz de vigorosas acciones y reacciones, de altas empresas, de internas corrientes públicas que zarandeen enérgicamente a los individuos, los impulsen a agruparse en núcleos combatientes y emprendedores, a apasionarse y entrenarse. Su ámbito —su cantidad en número de hombres y en posibilidades económicas, morales, sociales— es suficientemente grande para que se produzcan ráfagas de dinamismo público que sacudan bien los nervios provinciales.

La unidad política local es la gran comarca. Organicemos a España en nueve o diez grandes comarcas…

X

LA IDEA DE LA GRAN COMARCA O REGIÓN

Separemos resueltamente la vida pública local de la vida pública nacional. Así lograremos poseer plenamente las dos. Organicemos a España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. ¡Ahí es nada hasta dónde se podría llegar en historia poniendo bien «en forma» esas diez potencias de hispanidad!

Pero antes de imaginarlo conviene que el lector tenga una figura precisa de la organización a que aludo. Vaya por delante un esquema del estatuto comarcano o regional; luego trataré de justificarlo y de afrontar objeciones. Insisto en que las instituciones son máquinas del Estado, que, como todas las máquinas, se inventan a fin de obtener ciertos resultados. Su justificación consiste en mostrar primero que es forzoso proponerse esos resultados, y luego, que sólo mediante esas instituciones serán conseguidos.

La organización política de la gran comarca se reduce a poner su vida local en manos de sus habitantes. La nación, como tal, no puede cuidar directamente de la vida local. Los cincuenta años de intentar lo contrario han sido una experiencia en grandes dimensiones que necesitamos aprovechar. La vieja Constitución ha fenecido porque pretendió hacer al Estado central responsable de lo que no podía eficazmente cuidar. Entreguemos a los provinciales el cuidado de su región; pero, claro está, también la responsabilidad. Lo uno y lo otro son funciones recíprocas, se completan y se regulan mutuamente. España ha atravesado una triste etapa de disociación, de particularismo, originada en que del hecho acontecido y fraguado en la provincia eran responsables Madrid y la «nación». Con esto hay que acabar para siempre, situando la responsabilidad de lo local en la localidad misma o lo más cerca de ella posible.

Yo imagino, pues, que cada gran comarca se gobierna a sí misma, que es autónoma en todo lo que afecta a su vida particular; más aún: en todo lo que no sea estrictamente nacional. La amplitud en la concesión de self-government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región. (Del ánimo del lector se levanta, como una bandada de grajos, un puñado de objeciones elementales. El escritor lo advierte, pero frena su prisa por contestarlas). En principio, sólo el Ejército, la Justicia, una parte de las comunicaciones, la vida internacional, el derecho a intervenir los actos del régimen local y la opción constante a establecer servicios reguladores de orden pedagógico, científico y económico en todo el territorio peninsular, quedarían en manos del órgano central del Estado. Salvo omisión, todo el resto pasaría de las manos abstractas en que se hallaba a las manos concretas de los provinciales. Ya lo he dicho: no se puede hacer historia sin un pueblo que sepa nadar en la vida pública. España es la provincia; arrojemos la provincia al agua de su propia responsabilidad. (La bandada de grajos objetantes se hace nube, cubre el horizonte. ¡Bien, lector! Pero no se olvide que el Estado nacional está detrás, vigilando el aprendizaje natatorio. Y ese Estado nacional va a ser cosa mucho más seria y enérgica de lo que ha sido hasta aquí. El abandono de tanta jurisdicción que hemos hecho a la gran comarca parece hasta ahora inspirado sólo por una generosidad en beneficio de la vida local. Ya se verá cómo a la par va hecho en beneficio del poder nacional, que, libre de ese lastre, ascenderá a las alturas de prestigio que le corresponden y de que nunca debió bajar. Generaciones que han mantenido a la «nación», al «Estado» español uncidos a todas las carretas municipales, tumbados en el estiércol de los establos rurales, no tienen derecho a hacer esos aspavientos).

La vida local sería regida por una Asamblea comarcana, de carácter legislativo y fiscal, y por un Gobierno de región emanado de aquélla. La Asamblea se compondría de un número bastante grande de diputados —uno por cada diez mil habitantes. La elección derivaría de un sufragio universal. A este fin se dividiría la comarca en circunscripciones, reuniendo en cada una tres o más de los antiguos distritos. Desaparecería por completo el pequeño distrito rural, el liliputiense político de la vieja Constitución, y de la provincia provinciana se borraría, si fuese posible, hasta el recuerdo. Los pocos servicios efectivos que rendía pasarían a unos Consejos de circunscripción elegidos por los Ayuntamientos.

La Asamblea comarcana, el Gobierno regional y todas las instituciones anejas, grandes establecimientos de enseñanza y cultura, organismos financieros, etcétera, así como la representación local de las funciones exclusivas o compartidas del Poder nacional —Ejército, comunicaciones, Justicia, institutos de cultura, etcétera—, serían acumulados en una sola ciudad, a fin de contribuir a la creación de grandes capitales regionales, urbes potentes y completas, cuyo oficio en la elevación del tipo medio español es imprescindible.

Porque esto —la perfección del tipo medio de español— fue el propósito de que partimos. En esa expresión hallamos la fórmula inicial que por sí misma marcaba las dimensiones de una gran reforma pública, la única que merece la pena. Toda otra reforma que no cale hasta ese estrato profundo, que no llegue a punzar al español en el nervio de su vida individual y le hostigue a complicar su existencia, será inoperante. Hay que poner fuera de sí al español si se quiere ponerlo en la Historia. Desde hace siglos, el hombre medio hispánico cayó dentro de sí como dentro de un pozo y no ha vuelto a salir. Por eso es necesario libertarlo de la estrecha prisión que es hoy su propia hermética vida y sumergirlo en dinámicas corrientes que sacudan su inercia.

Its role was precisely the most delicate of all, the most important: to serve as nexus and intermediary between the life of the village and the great national life. In my judgment, this is the decisive piece in a Spanish constitution. And for so grave an office there was invented the most arbitrary division of all, ruling the sacred body of Spain into this ridiculousness of the provinces. Inspired by a dry metrical-decimal politics, our country owes to them, in almost a century, no benefit or aid whatsoever. The Municipality is not a complete political unit, but it is real —as the hand is not a whole man, but is a real piece of a man. The province, on the other hand, is not even that; it is simply a clumsy tattoo with which the skin of the Peninsula has been stained. With its sordid, slow little capital, neither farmhouse nor court, where a petulant governor strolls, where all the political filth is cooked and nothing is undertaken!

Let us set aside the province, symbol of the provincianismo that we want to overcome, and go toward something more organic and vital, of great breath and great perspectives.

It suffices us to follow docilely the continuous stain of olive grove to pour ourselves over all Andalusia. As long as that stain of olive grove has not received an institutional consecration, there will not remain exploited for Spanish public life an economic and geographic fact as enormous as its existence is. The local political unit is not the little town X, but all Andalusia. This one indeed can be a gigantic national force, an organism capable of vigorous actions and reactions, of high enterprises, of internal public currents that energetically shake individuals, push them to group themselves into combative and enterprising nuclei, to grow passionate and to train themselves. Its ambit —its quantity in number of men and in economic, moral, social possibilities— is sufficiently large for gusts of public dynamism to be produced that shake well the provincial nerves.

The local political unit is the great comarca. Let us organize Spain into nine or ten great comarcas…

X

THE IDEA OF THE GREAT COMARCA OR REGION

Let us resolutely separate local public life from national public life. Thus we shall succeed in fully possessing the two. Let us organize Spain into ten great comarcas: Galicia, Asturias, Old Castile, Basque-Navarrese Country, Aragon, Catalonia, Levante, Andalusia, Extremadura and New Castile. It is no small thing how far one could go in history by putting well ‘in form’ those ten powers of Hispanity!

But before imagining it, it suits that the reader have a precise figure of the organization to which I allude. Let there go in advance a scheme of the comarcal or regional statute; then I shall try to justify it and to face objections. I insist that institutions are machines of the State, which, like all machines, are invented in order to obtain certain results. Their justification consists in showing first that it is forced to propose those results, and then, that only through those institutions will they be achieved.

The political organization of the great comarca reduces itself to putting its local life in the hands of its inhabitants. The nation, as such, cannot directly care for local life. The fifty years of attempting the contrary have been an experiment on a large scale that we need to exploit. The old Constitution has perished because it pretended to make the central State responsible for what it could not effectively care for. Let us deliver to the provincials the care of their region; but, of course, also the responsibility. The one and the other are reciprocal functions, they complete and regulate each other. Spain has crossed a sad stage of dissociation, of particularism, originated in this: that of the fact happened and forged in the province Madrid and the ‘nation’ were responsible. With this one must finish forever, placing the responsibility of the local in the locality itself or as close to it as possible.

I imagine, then, that each great comarca governs itself, that it is autonomous in everything that affects its particular life; moreover: in everything that is not strictly national. The amplitude in the concession of self-government must be extreme, to the point that it results briefer to enumerate what is retained for the nation than what is delivered to the region. (From the reader’s spirit there rises, like a flock of rooks, a handful of elementary objections. The writer notices it, but curbs his haste to answer them). In principle, only the Army, Justice, a part of the communications, international life, the right to intervene in the acts of the local regime and the constant option to establish regulatory services of a pedagogical, scientific and economic order throughout the peninsular territory, would remain in the hands of the central organ of the State. Saving omission, all the rest would pass from the abstract hands in which it was to the concrete hands of the provincials. I have already said it: one cannot make history without a people that knows how to swim in public life. Spain is the province; let us throw the province into the water of its own responsibility. (The flock of objecting rooks becomes a cloud, covers the horizon. Good, reader! But let it not be forgotten that the national State is behind, watching over the swimming lesson. And that national State is going to be a much more serious and energetic thing than it has been until here. The abandonment of so much jurisdiction that we have made to the great comarca seems until now inspired only by a generosity in benefit of local life. Already it will be seen how at once it goes made in benefit of the national power, which, free of that ballast, will ascend to the heights of prestige that correspond to it and from which it should never have descended. Generations that have kept the ‘nation’, the Spanish ‘State’ yoked to all the municipal carts, lying in the manure of the rural stables, have no right to make those fusses).

Local life would be governed by a comarcal Assembly, of a legislative and fiscal character, and by a Government of the region emanating from it. The Assembly would be composed of a rather large number of deputies —one for every ten thousand inhabitants. The election would derive from a universal suffrage. To this end the comarca would be divided into constituencies, gathering in each one three or more of the old districts. The small rural district, the political Lilliputian of the old Constitution, would disappear completely, and from the provincial province there would be erased, if it were possible, even the memory. The few effective services it rendered would pass to some Councils of constituency elected by the Municipalities.

The comarcal Assembly, the regional Government and all the annexed institutions, great establishments of teaching and culture, financial organisms, etcetera, as well as the local representation of the exclusive or shared functions of the national Power —Army, communications, Justice, institutes of culture, etcetera—, would be accumulated in a single city, in order to contribute to the creation of great regional capitals, powerful and complete cities, whose office in the elevation of the average Spanish type is indispensable.

Because this —the perfection of the average type of Spaniard— was the purpose from which we started. In that expression we find the initial formula that by itself marked the dimensions of a great public reform, the only one worth the trouble. Every other reform that does not penetrate to that deep stratum, that does not come to prick the Spaniard in the nerve of his individual life and does not prod him to complicate his existence, will be inoperative. One must put the Spaniard outside himself if one wants to put him in History. For centuries, the average Hispanic man fell inside himself as into a well and has not come out again. For that reason it is necessary to free him from the narrow prison that is today his own hermetic life and sink him in dynamic currents that shake his inertia.

Il suo ruolo era precisamente il più delicato di tutti, il più importante: servire da nesso e intermediario tra la vita dell’aldea e la grande vita nazionale. A mio giudizio, questo è il pezzo decisivo in una costituzione spagnola. E per tanto grave ufficio si inventò la divisione più arbitraria di tutte, quadrettando il sacro corpo della Spagna in questa ridicolaggine delle province. Ispirata da una secca politica metridecimale, non deve a esse il nostro paese, in quasi un secolo, beneficio né ausilio alcuno. Il Municipio non è un’unità politica completa, ma è reale —come la mano non è un uomo intero, ma è pezzo reale di un uomo. La provincia, invece, non è nemmeno questo; è semplicemente un rozzo tatuaggio con cui si è maculata la pelle della Penisola. Con la sua capitaletta sordida, lenta, né fattoria né corte, dove passeggia un governatore petulante, dove si cucinano tutte le immondizie politiche e non si intraprende nulla!

Lasciamo da parte la provincia, simbolo del provincianismo che vogliamo superare, e andiamo verso qualcosa di più organico e vitale, di grande respiro e grandi prospettive.

Ci basta seguire docilmente la macchia continua di oliveto per riversarci per tutta l’Andalusia. Finché quella macchia di oliveto non abbia ricevuto una consacrazione istituzionale non resterà sfruttato per la vita pubblica spagnola un fatto economico e geografico tanto enorme come è la sua esistenza. L’unità politica locale non è il paesino X, ma tutta l’Andalusia. Questa sì che può essere una gigantesca forza nazionale, un organismo capace di vigorose azioni e reazioni, di alte imprese, di interne correnti pubbliche che scuotano energicamente gli individui, li spingano ad aggrupparsi in nuclei combattenti e intraprendenti, ad appassionarsi e addestrarsi. Il suo ambito —la sua quantità in numero di uomini e in possibilità economiche, morali, sociali— è sufficientemente grande perché si producano raffiche di dinamismo pubblico che scuotano bene i nervi provinciali.

L’unità politica locale è la grande comarca. Organizziamo la Spagna in nove o dieci grandi comarche…

X

L’IDEA DELLA GRANDE COMARCA O REGIONE

Separiamo risolutamente la vita pubblica locale dalla vita pubblica nazionale. Così riusciremo a possedere pienamente le due. Organizziamo la Spagna in dieci grandi comarche: Galizia, Asturie, Castiglia la Vecchia, Paese Basco-navarro, Aragona, Catalogna, Levante, Andalusia, Estremadura e Castiglia la Nuova. Non è poco fino a dove si potrebbe arrivare in storia mettendo bene «in forma» quelle dieci potenze di ispanità!

Ma prima di immaginarlo conviene che il lettore abbia una figura precisa dell’organizzazione a cui alludo. Vada avanti uno schema dello statuto comarcano o regionale; poi tenterò di giustificarlo e di affrontare obiezioni. Insisto che le istituzioni sono macchine dello Stato, che, come tutte le macchine, si inventano al fine di ottenere certi risultati. La loro giustificazione consiste nel mostrare prima che è forzoso proporsi quei risultati, e poi, che solo mediante quelle istituzioni saranno conseguiti.

L’organizzazione politica della grande comarca si riduce a mettere la sua vita locale nelle mani dei suoi abitanti. La nazione, come tale, non può curare direttamente la vita locale. I cinquant’anni di tentare il contrario sono stati un’esperienza in grandi dimensioni che dobbiamo sfruttare. La vecchia Costituzione è perita perché pretese di fare lo Stato centrale responsabile di ciò che non poteva efficacemente curare. Consegniamo ai provinciali la cura della loro regione; ma, chiaro è, anche la responsabilità. L’una e l’altra cosa sono funzioni reciproche, si completano e si regolano mutuamente. La Spagna ha attraversato una triste tappa di dissociazione, di particolarismo, originata in questo: che del fatto accaduto e forgiato nella provincia erano responsabili Madrid e la «nazione». Con questo bisogna finire per sempre, situando la responsabilità del locale nella località stessa o il più vicino ad essa possibile.

Io immagino, dunque, che ogni grande comarca si governi da sé stessa, che sia autonoma in tutto ciò che riguarda la sua vita particolare; di più: in tutto ciò che non sia strettamente nazionale. L’ampiezza nella concessione di self-government deve essere estrema, fino al punto che risulti più breve enumerare ciò che si ritiene per la nazione che ciò che si consegna alla regione. (Dall’animo del lettore si leva, come uno stormo di cornacchie, un pugno di obiezioni elementari. Lo scrittore lo avverte, ma frena la sua fretta di rispondere). In principio, solo l’Esercito, la Giustizia, una parte delle comunicazioni, la vita internazionale, il diritto a intervenire gli atti del regime locale e l’opzione costante a stabilire servizi regolatori di ordine pedagogico, scientifico ed economico in tutto il territorio peninsulare, resterebbero nelle mani dell’organo centrale dello Stato. Salvo omissione, tutto il resto passerebbe dalle mani astratte in cui si trovava alle mani concrete dei provinciali. L’ho già detto: non si può fare storia senza un popolo che sappia nuotare nella vita pubblica. La Spagna è la provincia; gettiamo la provincia nell’acqua della sua propria responsabilità. (Lo stormo di cornacchie obiettanti si fa nube, copre l’orizzonte. Bene, lettore! Ma non si dimentichi che lo Stato nazionale è dietro, vigilando l’apprendimento natatorio. E quello Stato nazionale sarà cosa molto più seria ed energica di ciò che è stato fin qui. L’abbandono di tanta giurisdizione che abbiamo fatto alla grande comarca sembra finora ispirato solo da una generosità in beneficio della vita locale. Già si vedrà come insieme vada fatto in beneficio del potere nazionale, che, libero da quella zavorra, ascenderà alle altezze di prestigio che gli corrispondono e da cui non doveva mai scendere. Generazioni che hanno mantenuto la «nazione», lo «Stato» spagnolo aggiogati a tutti i carri municipali, distesi nello sterco delle stalle rurali, non hanno diritto a fare quelle scenate).

La vita locale sarebbe retta da un’Assemblea comarcana, di carattere legislativo e fiscale, e da un Governo di regione emanato da essa. L’Assemblea si comporrebbe di un numero abbastanza grande di deputati —uno per ogni diecimila abitanti. L’elezione deriverebbe da un suffragio universale. A questo fine si dividerebbe la comarca in circoscrizioni, riunendo in ciascuna tre o più degli antichi distretti. Sparirebbe completamente il piccolo distretto rurale, il lillipuziano politico della vecchia Costituzione, e della provincia provinciale si cancellerebbe, se fosse possibile, persino il ricordo. I pochi servizi effettivi che rendeva passerebbero ad alcuni Consigli di circoscrizione eletti dai Municipi.

L’Assemblea comarcana, il Governo regionale e tutte le istituzioni annesse, grandi stabilimenti di insegnamento e cultura, organismi finanziari, eccetera, così come la rappresentanza locale delle funzioni esclusive o condivise del Potere nazionale —Esercito, comunicazioni, Giustizia, istituti di cultura, eccetera—, sarebbero accumulati in una sola città, al fine di contribuire alla creazione di grandi capitali regionali, urbi potenti e complete, il cui ufficio nell’elevazione del tipo medio spagnolo è imprescindibile.

Perché questo —la perfezione del tipo medio di spagnolo— fu il proposito da cui partimmo. In quella espressione troviamo la formula iniziale che da sé stessa marcava le dimensioni di una grande riforma pubblica, l’unica che meriti la pena. Ogni altra riforma che non cagli fino a quello strato profondo, che non arrivi a pungere lo spagnolo nel nervo della sua vita individuale e non lo stimoli a complicare la sua esistenza, sarà inoperante. Bisogna mettere fuori di sé lo spagnolo se si vuole metterlo nella Storia. Da secoli, l’uomo medio ispanico cadde dentro di sé come dentro un pozzo e non è tornato a uscire. Per questo è necessario liberarlo dalla stretta prigione che è oggi la sua propria ermetica vita e sommergerlo in dinamiche correnti che scuotano la sua inerzia.

No se trata, pues, de prurito reformista, ni es complacencia en dibujar sobre un papel figuras imaginarias de España, entregándose al utopismo, que es la política de Onán. Yo no sé, claro está, si la reforma que defiendo llegará a instaurarse en nuestro país. Pero todos los que hoy vivimos sobre este terruño somos responsables del destino colectivo de España. Y los que andamos a toda hora dirigiéndonos pretenciosamente al público somos responsables en una mayor potencia —no de que las cosas se hagan o no según pensamos, sino de haber recatado o velado nuestro pensamiento. Por eso es preciso que se deslinden los campos de la convicción. Si hay quien cree que España, con el tipo de vida que hoy llevan sus hombres, puede entrar segura y firme en el tiempo difícil que sobreviene, no tiene por qué interesarse en una reforma como la aquí insinuada, y puede contentarse con más superficiales modificaciones. Pero mi convicción es la contraria: sin escatimar el reconocimiento de lo que ha mejorado en los últimos veinte años, creo que la vitalidad del hombre medio español sigue estando muy por debajo de la línea, del repertorio de aptitudes en que se halla planteada la lucha histórica. Seguimos siendo el pueblo fantasma de que hacen romanzas desde lejos los sentimentales de otras razas, por lo mismo que no actúa en el presente, enérgico, áspero, conminatorio, como es todo presente. A mí me repugna en lo más íntimo que sea mi país ese personaje fantasmagórico y extravagante, y por eso medito sobre los medios de obligarlo a bracear hacia avante. Creo, además, que este afán, claro o confuso, fermenta ya en todo español, y sólo falta libertarlo, abrir los poros a su efusión y desarrollo.

Para ello es precisa la reforma profunda que coloque a las masas de españoles en una postura pública completamente distinta de la tradicional. Sin una nueva estructura, sin una diferente anatomía, no habrá una fisiología nueva ni un nuevo tipo de español.

La idea de la gran comarca significa el ensayo de construir un Estado que, por una parte, se acerque al hombre provincial, le proponga cuestiones públicas afines con su sensibilidad y le invite a resolverlas por sí mismo. En suma: un Estado que le interese. La institución del Gobierno regional y su Asamblea adjunta convierte en problemas públicos, en temas de lucha y de organización políticas los asuntos mismos que habitan de sólito en la preocupación del español medio. Por otra parte, le obliga a ser responsable de su propia existencia. El antiguo Estado parecía una máquina imaginada ex profeso para fabricar su propio desprestigio y el de la idea nacional que simbolizaba. Dejaba a la provincia sólo el derecho de plantear problemas y conflictos a la «nación», y el de quejarse luego y maldecir porque la «nación» no los remediase o los resolviese mal. De aquí que todo el proceso histórico de 1876 a la fecha haya culminado en una sublevación sin gritos de la provincia contra el viejo Estado. Esta sublevación era justa. Porque no ha tomado forma espectacular, y porque hasta ahora ha mostrado sólo su faz negativa, no se ha querido ver en ella lo que es en pura y profunda realidad, a saber: la única fuerza histórica amplia que ha empujado nuestra historia en lo que va de siglo y la única que puede levantar el destino de España. Lo que aquí se propone no es otra cosa que continuar ese movimiento histórico, haciendo que la provincia adquiera conciencia clara de lo que ya es para España y de lo que puede y debe ser.

Nadie podrá decir que estos artículos, donde se espera todo lo esencial de la provincia, hayan procedido mediante halagos al hombre provincial. Deliberadamente he presentado su carácter bajo los apelativos menos favorables —provincianismo, ruralismo, sordidez, angostura de vida—, y, sin embargo, la mera nudificación de la realidad pública española hacía ver que esa masa enorme, adscrita a las glebas peninsulares, sumida en sus villas y villorrios, es el gigantesco poder latente que bastará movilizar para que España ascienda en la escala histórica.

Pero es urgente dar a esta potencia provincial ocasión, contraseña e instrumento para que por sí misma, en esfuerzo rudo sobre sí misma, expansione sus frenadas energías. El Gobierno regional es este instrumento, la institución que puede batir la masa provincial y cargarla de electricidad política.

Todo lo demás que se haga será forzoso como complemento o como auxilio; pero España no echará a andar rostro al viento de la Historia mientras no llegue la hora en que hombres fervientes recorran los campos y las villas encendiendo la atmósfera con esta palabra: «¡Eh, las provincias, de pie!»

18 de noviembre de 1927 - febrero de 1928

It is not, then, a question of reformist itch, nor is it complacency in drawing upon a paper imaginary figures of Spain, surrendering oneself to utopianism, which is the politics of Onan. I do not know, of course, whether the reform I defend will come to be established in our country. But all of us who today live upon this soil are responsible for the collective destiny of Spain. And those of us who go at every hour pretentiously addressing the public are responsible in a greater power —not that things be done or not according as we think, but for having concealed or veiled our thought. For that reason it is necessary that the fields of conviction be delimited. If there is one who believes that Spain, with the type of life that its men today carry, can enter safe and firm into the difficult time that supervenes, he has no reason to interest himself in a reform like the one here insinuated, and can content himself with more superficial modifications. But my conviction is the contrary: without stinting the recognition of what has improved in the last twenty years, I believe that the vitality of the average Spanish man continues to be far below the line, the repertoire of aptitudes in which the historical struggle is set. We continue being the ghost people about which the sentimentalists of other races make romances from afar, for the very reason that it does not act in the present, energetic, harsh, minatory, as every present is. It repels me in my innermost that my country be that phantasmagorical and extravagant character, and for that reason I meditate upon the means of obliging it to breast-stroke forward. I believe, moreover, that this yearning, clear or confused, already ferments in every Spaniard, and only lacks freeing it, opening the pores to its effusion and development.

For this there is necessary the profound reform that places the masses of Spaniards in a public posture completely distinct from the traditional one. Without a new structure, without a different anatomy, there will be no new physiology nor a new type of Spaniard.

The idea of the great comarca signifies the attempt to construct a State that, on one hand, draws near to the provincial man, proposes to him public questions akin to his sensibility and invites him to resolve them by himself. In sum: a State that interests him. The institution of the regional Government and its annexed Assembly converts into public problems, into themes of struggle and political organization the very affairs that usually inhabit the preoccupation of the average Spaniard. On the other hand, it obliges him to be responsible for his own existence. The old State seemed a machine imagined ex professo to manufacture its own discredit and that of the national idea it symbolised. It left to the province only the right of posing problems and conflicts to the ‘nation’, and that of complaining afterwards and cursing because the ‘nation’ did not remedy them or resolved them badly. Hence that the whole historical process from 1876 to date has culminated in a shoutless revolt of the province against the old State. This revolt was just. Because it has not taken spectacular form, and because until now it has shown only its negative face, one has not wanted to see in it what it is in pure and profound reality, to wit: the only broad historical force that has pushed our history in what goes of the century and the only one that can raise the destiny of Spain. What is here proposed is nothing other than to continue that historical movement, making the province acquire clear consciousness of what it already is for Spain and of what it can and must be.

No one will be able to say that these articles, where everything essential is expected of the province, have proceeded through flatteries to the provincial man. Deliberately I have presented his character under the least favourable appellations —provincianismo, ruralism, sordidness, narrowness of life—, and, nevertheless, the mere nudification of the Spanish public reality made one see that that enormous mass, attached to the peninsular glebes, sunk in its towns and hamlets, is the gigantic latent power that it will suffice to mobilize so that Spain ascends in the historical scale.

But it is urgent to give to this provincial power occasion, password and instrument so that by itself, in a rough effort upon itself, it expand its reined energies. The regional Government is this instrument, the institution that can beat the provincial mass and charge it with political electricity.

Everything else that is done will be forced as complement or as aid; but Spain will not set out walking with its face to the wind of History until there arrives the hour in which fervent men traverse the fields and the towns setting the atmosphere alight with this word: ‘Hey, provinces, on your feet!’

18 November 1927 - February 1928

Non si tratta, dunque, di prurito riformista, né è compiacenza nel disegnare su un foglio figure immaginarie di Spagna, abbandonandosi all’utopismo, che è la politica di Onan. Io non so, chiaro è, se la riforma che difendo arriverà a instaurarsi nel nostro paese. Ma tutti quelli che oggi viviamo su questo terruzzo siamo responsabili del destino collettivo della Spagna. E quelli che andiamo a ogni ora rivolgendoci pretenziosamente al pubblico siamo responsabili in una maggior potenza —non che le cose si facciano o no secondo quanto pensiamo, ma di aver celato o velato il nostro pensiero. Per questo è necessario che si delimitino i campi della convinzione. Se c’è chi crede che la Spagna, col tipo di vita che oggi portano i suoi uomini, possa entrare sicura e ferma nel tempo difficile che sopravviene, non ha perché interessarsi a una riforma come quella qui insinuata, e può contentarsi di più superficiali modificazioni. Ma la mia convinzione è la contraria: senza lesinare il riconoscimento di ciò che è migliorato negli ultimi vent’anni, credo che la vitalità dell’uomo medio spagnolo continui a essere molto al di sotto della linea, del repertorio di attitudini in cui è piantata la lotta storica. Continuiamo a essere il popolo fantasma di cui fanno romanze da lontano i sentimentali di altre razze, per il fatto stesso che non agisce nel presente, energico, aspro, comminatorio, come è ogni presente. Mi ripugna nel più intimo che il mio paese sia quel personaggio fantasmagorico e stravagante, e per questo medito sui mezzi di obbligarlo a bracciare verso avanti. Credo, inoltre, che questa brama, chiara o confusa, fermenti già in ogni spagnolo, e manca solo liberarla, aprire i pori alla sua effusione e sviluppo.

Per questo è necessaria la riforma profonda che collochi le masse di spagnoli in una postura pubblica completamente distinta dalla tradizionale. Senza una nuova struttura, senza una diversa anatomia, non ci sarà una fisiologia nuova né un nuovo tipo di spagnolo.

L’idea della grande comarca significa il tentativo di costruire uno Stato che, da una parte, si avvicini all’uomo provinciale, gli proponga questioni pubbliche affini alla sua sensibilità e lo inviti a risolverle da sé stesso. In somma: uno Stato che gli interessi. L’istituzione del Governo regionale e la sua Assemblea annessa converte in problemi pubblici, in temi di lotta e di organizzazione politica gli affari stessi che abitano di solito nella preoccupazione dello spagnolo medio. Dall’altra parte, lo obbliga a essere responsabile della sua propria esistenza. L’antico Stato sembrava una macchina immaginata ex professo per fabbricare il suo proprio discredito e quello dell’idea nazionale che simboleggiava. Lasciava alla provincia solo il diritto di porre problemi e conflitti alla «nazione», e quello di lamentarsi poi e maledire perché la «nazione» non li rimediasse o li risolvesse male. Di qui che tutto il processo storico dal 1876 a oggi sia culminato in una rivolta senza grida della provincia contro il vecchio Stato. Questa rivolta era giusta. Perché non ha preso forma spettacolare, e perché finora ha mostrato solo la sua faccia negativa, non si è voluto vedere in essa ciò che è in pura e profonda realtà, cioè: l’unica forza storica ampia che ha spinto la nostra storia in ciò che va del secolo e l’unica che può sollevare il destino della Spagna. Ciò che qui si propone non è altra cosa che continuare quel movimento storico, facendo sì che la provincia acquisti coscienza chiara di ciò che già è per la Spagna e di ciò che può e deve essere.

Nessuno potrà dire che questi articoli, dove si aspetta tutto l’essenziale dalla provincia, siano proceduti mediante lusinghe all’uomo provinciale. Deliberatamente ho presentato il suo carattere sotto gli appellativi meno favorevoli —provincianismo, ruralismo, sordidezza, angustia di vita—, e, tuttavia, la mera nudificazione della realtà pubblica spagnola faceva vedere che quella massa enorme, ascritta alle glebe peninsulari, sommersa nelle sue ville e villorri, è il gigantesco potere latente che basterà mobilitare perché la Spagna ascenda nella scala storica.

Ma è urgente dare a questa potenza provinciale occasione, contrassegno e strumento perché da sé stessa, in sforzo rozzo su sé stessa, espanda le sue frenate energie. Il Governo regionale è questo strumento, l’istituzione che può battere la massa provinciale e caricarla di elettricità politica.

Tutto il resto che si faccia sarà forzoso come complemento o come ausilio; ma la Spagna non si metterà in cammino col viso al vento della Storia finché non arrivi l’ora in cui uomini ferventi percorrano i campi e le ville accendendo l’atmosfera con questa parola: «Ehi, le province, in piedi!»

18 novembre 1927 - febbraio 1928