Abstract
Against the Congress president’s aphorism ‘legislate less, govern more’: Ortega traces its provenance to the Conservative party’s programme, which, left programmeless after legislating abundantly, beatified its own emptiness by claiming the existing laws are good and the whole evil lies in not enforcing them. With a digression on decentralisation and Catalanism. Political journalism.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
En el discurso del presidente del Congreso, no exuberante en doctrina, a la verdad, hay una distinción de positivo interés. Menos legislar y más gobernar, dice el presidente del Congreso. En sus labios tiene la amonestación alguna ironía. El presidente del Poder legislativo declara conveniente la huelga en el hacer leyes, e indica cuán nociva es la operosidad del Parlamento. Parece, en cambio, según él, llegada la hora del Poder ejecutivo. Es ya sazón, siempre según el señor presidente del Congreso, para gobernar, para hacer que se cumplan las leyes hechas.
No deja de ser curiosa la coincidencia entre las necesidades del bien español y las aspiraciones del señor presidente del Congreso. Es una coincidencia estrictamente cronológica. Sin embargo, no es mi pretensión censurar, ni aun zaherir, a la persona. Quisiera solamente poner algunos leales reparos al aforismo susodicho, claro está que con la esperanza, vaga y fugitiva, sin duda, pero esperanza a la postre, de que algunos lectores no lo acepten y aun se trasladen a la opinión contraria.
En primer lugar, conviene devolver lo propio a cúyo es. Esa teoría de que el mal de España está en que no se cumplen las leyes, y esencialmente sólo en eso, es el alfa y el omega, el todo y la parte, la cabeza y el rabo del programa que a la hora presente usufructúa el partido conservador.
Cuando éste fue removido del Poder partió solo, quiero decir sin la compañía de afirmaciones profundas y necesarias, de aquéllas que se imponen aun al enemigo victorioso. Se fue sin programa. Su existencia gubernativa había sido de una abundancia legífera no despreciable. Si no recuerdo mal, publicó un folleto o, por lo menos, una lista de las leyes nuevas mandadas por él hacer. Mas, aparte su abundancia, fueron algunas de tanta intención innovadora, que, como en la de su Administración local, llegó el partido a la cima suprema de las nobles ambiciones legislativas. Yo no sé si bien o si mal, pero los conservadores legislaron superlativamente. Con razón o sin razón, sus ambiciones fracasaron. Sólo uno de sus temas parece no haber muerto del todo: la descentralización. Se va viendo poco a poco que ésta no es una solución entre varias posibles a la existencia invertebrada de nuestra nación, sino la única imaginable. Más o menos, todos son descentralizadores; se discute sólo la manera, más aún: se discute sólo el tono en que se verifique la descentralización. El tono conservador fue el llamado catalanismo. Los conservadores fueron más amigos de los catalanistas que de la descentralización. Hay quien piensa que defendieron ésta principalmente por interponer entre sí y las oposiciones la hermosa y sociológica fuerza del catalanismo. Dicen esto, vaya usted a saber. El caso es que esa descentralización, la conservadora, la catalana, fracasó. La otra, en cambio, la descentralización administrativa, sencilla y terre à terre, exenta de arqueología y de complicaciones sobre desigualdades etnológicas, se fue abriendo camino y hoy va siendo del dominio común. Tanto, que el partido conservador no la exige como demanda que le fuera propia, y el liberal no pensó nunca en adscribírsela personalmente.
Horro, pues, de programa, al partido conservador, siempre ingenioso, le ocurrió la idea de beatificar su misma inopia. Olvidando que había sido poco antes eminentemente legislador, comenzó a decir y a hacer decir que España padece de la innovación legal, que las leyes vigentes son sobradamente buenas y que todo el mal radica en su incumplimiento. De este modo, es hoy el programa del partido conservador la formal carencia de programa.
Ahora tenemos que el jefe del gobierno liberal parece recoger el tema de la descentralización en la escombrera que forma el fenecido programa conservador y el hombre propuesto a las Cortes liberales insufla a su partido un aforismo que es última esencia de las meditaciones conservadoras.
Bien. Todo esto es indiferente o puede que sea gravísimo. Yo no lo sé. ¿Cómo un hombre que anda por la calle va a saber de estas cosas? ¿Que el partido liberal debe o no debe pensar así? ¡Quién sabe, quién sabe lo que debe pensar el partido liberal!
Por el momento sólo debe interesarnos lo que haya de verdad en la afirmación del señor presidente del Congreso: menos legislar y más gobernar. Esta afirmación, aparte su oportunidad o inoportunidad políticas, tiene un haz puramente especulativo. Se afirma en ella algo como realidad. Se afirma que el mal no está en las leyes, sino en el incumplimiento de éstas. Se afirma que las instituciones creadas para que fluya por ellas la vitalidad nacional son buenas, al fin y al cabo: si conforme son buenas fueran efectivas, no habría más que pedir.
¿No es esa fórmula demasiado optimista? ¿No es de un optimismo que invita a la estupefacción? ¿Al buscar lo que de verdad haya en ese juicio, no nos parece, aun a primera vista, que no hay en él nada, simplemente nada de verdad? Si se trata sólo de una manera de decir, de una eutrapelia o broma, entonces no habrá nada que oponer, porque es realmente graciosa y divertida. Pero si se dice en serio…
Si se dice en serio, yo tendría que reducirme a una clase de instituciones en que, por menester, soy forzado a intervenir, dejando a otros que investiguen el caso en las demás. La clase de instituciones a que me refiero no carece de importancia. Casi podía opinarse que es la más importante: los institutos y régimen de la instrucción pública.
Pues bien; yo quisiera, si no fuera pretencioso el deseo, excitar a los hombres de buena voluntad para que mostraran, a los que no se hayan dado aún cuenta de ello, la defectuosidad de la legislación pedagógica vigente. Es de urgencia que, pues esta legislación pesa sobre España, sepamos al menos hasta qué punto es absurda, hasta qué punto es nociva, hasta qué punto mana por casi todos sus artículos incompetencia y barbarie. No es mejor ni peor; es lisa y llanamente autora de deshonra nacional.
¿Menos legislar y más gobernar? No, no. Es decir, en broma sí; toda la broma que se quiera. Pero en serio; teniendo un poco de corazón para el honor cultural de nuestro pueblo, para los destinos brillantes o pálidos más severos y dignos de la raza, eso no se puede oír sin protesta.
Conviene que se sepa, por lo menos que se sepa, el hecho de que cuando un profesor español tiene que referir, obligado a ello, en un círculo de extraños —de franceses, alemanes, ingleses o italianos— cómo llegó a ser profesor y a describir lo que es una oposición y a exponer el régimen de estudios y disciplina en nuestros Institutos, Universidades, Escuelas Normales, etcétera, los semblantes de los que escuchan le fuerzan a sentir sonrojado el suyo.
No, no; no se puede gobernar, si por esto entendemos el cultivo de las leyes vigentes, la vigilia sobre su cumplimiento como camino a la salubridad nacional. Si algún día fuera menester, yo no hallaría gran dificultad para demostrar que en la mayor parte de los Centros docentes el cumplimiento estricto de las leyes es sencillamente imposible, porque la ley ha sido habida en una torpe conjunción de incompetencias.
Las leyes, las instituciones que tratan de estructurar la vida de nuestro pueblo, son pésimas. No sólo no sirven la función para que se organizaron, sino que a menudo imposibilitan los ensayos espontáneos que al margen de ellas se realizan. Yo no puedo creer que las personas competentes injertas en el partido conservador piensen seriamente que el mal de España yace en la desatención de las leyes. Los políticos de ese partido puede que lo crean así; pero los que, además, son historiadores e ideólogos y gozan de algunas fruiciones intelectuales, no pueden pensarlo. El mal de España no es, desgraciadamente, tan leve que pueda provenir sólo de abusos. No; no los abusos son malos en España, sino los usos.
¿Quiere esto decir que haya de volverse del revés el aforismo del señor presidente del Congreso? ¿Que debamos decir: «Más legislar y menos gobernar»? Tampoco, tampoco. En el fondo, esto no sería lo contrario. Presumiría una aptitud novísima sobrevenida en nuestro país, merced a la cual podían hoy hacerse leyes nuevas impecables o, al menos, superiores a las vigentes. Esto sería descortés y de harta vanidad. Sería decir al señor presidente del Congreso que sus leyes de instrucción pública no fueron sabias, pero que ahora hay unos cuantos hombres, posteriores al señor presidente del Congreso, dotados de plena competencia. Ahora bien, esto es taxativamente falso. El deseo de exponer una opinión distinta a la suya, no puede hacernos desconocer que, relativamente, claro está que sólo muy relativamente, las leyes pedagógicas del actual presidente del Congreso han sido, hablando en general, de las menos inoportunas que padecemos.
No creo que hoy pueda hacerse una ley orgánica de instrucción pública o leyes particulares en que se pretenda recrear de arriba abajo los grandes institutos de la enseñanza, mejores que las que andan en vigor. Esto es, en cierto modo, cuestión de leal convicción; de que cada cual ponga la mano sobre su corazón. No hay hombres lo bastante competentes para hacer buenas leyes constructoras ni entre los políticos ni fuera de los políticos. Puede, sin duda, pensarse lo contrario; pero déjeseme en libertad para pensar así, déjeseme decir que lo peor que podía en la presente hora acontecer a la enseñanza es que se hiciera una gran ley de enseñanza.
No se engañe a la nación por cierto hábito infame de deslizar el pensamiento a lo largo de retóricas pendientes, de culpables patriotismos, de temor a pasar por petulante o agresivo. Las leyes necesitan hombres para hacerlas bien y hombres para servirlas bien: unos y otros son sólo excepciones venerables en nuestro país.
Ni legislar ni gobernar. ¿Qué, pues? Una tercera actividad que es peculiar a la gente humilde, conocedora de sus propias limitaciones y afanosa tan sólo de lo severo y fecundo: ensayar. Así se han hecho los grandes pueblos; no desde los meetings ni desde los Parlamentos, aun cuando ambas cosas sean útiles. Los pueblos grandes han sido elaborados, como productos de industria, por administradores entusiastas que imaginaban sin cesar proyectos de instituciones y los ensayaban unos tras otros, sin pretender acertar con el primero, y, por lo tanto, sin implantarlo desde luego cual si hubiera de ser eterno. No conozco ninguna fuerte nación moderna donde no se haya dejado una porción del arca administrativa libre para ensayos ininterrumpidos.
Pero, claro, esto es lo que no suelen querer los ministros. Cada ministro de Instrucción pública aspira a crear un trozo nuevo de universo, inmutable y eviterno. Si no, si las gracias que concede, las plazas que crea no llevan consigo el terrible derecho adquirido, ¿quién se lo agradecerá?
El tema es prolongable hasta el infinito. Baste, momentáneamente, con lo indicado. ¿Cuándo se pondrá la administración española, una parte de ella siquiera, en manos competentes y entusiastas que ni legislen absurdos logogrifos ni gobiernen policíacamente, sino que ensayen instrumentos de vitalidad, e inclinados sobre ellos, como el hortelano sobre la planta, vayan dotándolos de condiciones exquisitas, a fin de que rindan frutos positivos y serios? ¿Cuándo cesará la suspicacia de los ministros, y, al hallar algunos hombres competentes y de buena voluntad, harán en sus manos dejación de su autoridad responsable?
La política es necesaria para legislar y para gobernar; es decir, para dirigir la nación. Pero esto supone que la nación existe, que se halla en lo esencial organizada, que pasa al través de ella un sistema de trabadas vértebras. El caso nuestro es diverso: aún no está organizada la nación. Es, pues, aún la hora de los organizadores, de los burócratas competentes y entusiastas, de los ensayadores. ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo suscitarlos?
El Imparcial, 25 de septiembre de 1912