Abstract
After Primo de Rivera’s dictatorship no Spanish government can be legal, since a legal situation is born only of a legal situation; one can ask only for ‘juridical decency’, which in Ortega’s judgement the Berenguer government guarantees. But the old normality is to be resumed only in its legal form, not its content: the dictatorship was the child of the 1876 regime, and cause and effect form an indivisible organism.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
La gallina pone el huevo; pero el huevo puso a la gallina. Es el círculo paradójico e inexorable en que está encerrada la legalidad. Una situación legal sólo puede nacer de una situación legal. La legalidad exige su propia continuidad. Por eso cuando el chico del pueblo rompe los huevos trastorna todo el corral, y luego es una historia reparar el estropicio.
La situación de Poder público en que nos hallamos hoy después de la tortilla universal que ha hecho la Dictadura no es ni puede ser legal. Y como no puede serlo, no es lícito exigir que lo sea. Lo más que en esta fecha puede ser un Gobierno de España es resuelta voluntad de ser legal. O dicho en otra forma: lo más que hoy puede ser un Gobierno de España es un conjunto de personas privadas, que, por su carácter individual y notorio, ofrecen al país plena garantía de la decencia jurídica en su comportamiento. No tiene sentido pedir legalidad estricta; sólo tiene sentido pedir decencia jurídica.
Ahora bien: el Gobierno actual, tal y como está constituido, ofrece garantía suficiente de decencia jurídica. Al menos a mí me la ofrece absoluta. (El escritor político tiene que renunciar a asumir arbitrariamente la representación de lo que opinen los demás; pero no se tome audazmente entonces como petulancia ni se atribuya a presunción ridícula que diga: «Yo opino así». Lejos de ser esto inflación vanidosa, es todo lo contrario; el escritor político se reduce y contrae a la pequeña cosa que él es, y dice: yo, nada más que yo, mi leal conciencia individualísima, poca cosa, pues; pero, en fin, ésa. Es una cuestión también de decencia, de decencia intelectual).
De suerte que este Gobierno del general Berenguer es plenamente lo que cabe pedir que sea. Por tanto —deduzco yo como consecuencia—, no hay que ocuparse más y por ahora de este Gobierno. Con lo cual obtenemos una cosa: que nuestra ocupación y preocupación puedan vacar a otros asuntos de la vida pública española.
La legalidad era, sin duda, el asunto más urgente, y de él y sólo de él se ocupa este Gobierno. Pero si es el más urgente no es el más substancial. Hay otros muchos más substantivos, y parece natural que sea de ellos de los que sin pérdida de tiempo empecemos nosotros a ocuparnos —nosotros, que no somos el Gobierno. Por consiguiente, todo lo que sigue no va dirigido al Gobierno, sino al lector, como mero español.
Y lo primero que necesitamos hacer, de la manera más taxativa, es, a mi juicio, no confundir, ni admitir que los demás lo confundan, la necesidad de retornar a la normalidad legal antigua con nuestra aceptación para el futuro de aquella normalidad. ¡Ah, no! ¡Eso de ninguna manera! De la antigua normalidad sólo admitimos su forma de ley, con la cual es preciso reanudar la vida pública, por asco hacia el desorden que nos mueve a una seria voluntad de evitarlo, por fe en la continuidad de todo lo que es verdadera realidad histórica. Pero nada más; el contenido de aquella normalidad me parece detestable. ¿Me parece? ¡Cualquiera diría que se trata de un capricho íntimo! Estamos saliendo de casi siete años de una Dictadura increíble, que fue el fruto de aquella «normalidad». Porque urge ya —aunque parezca mentira— recordarlo: que la Dictadura de Primo de Rivera no se produjo en China, bajo el Gobierno imperial del Hijo del Cielo; ni en Rusia, bajo la normalidad soviética; sino en España, y bajo el régimen constitucional de 1876. Fue efecto —como mostraré cuando las circunstancias lo permitan— de ese régimen. Y la causa y el efecto forman un organismo indivisible. Y el que no quiera más añitos de esa calaña, tiene que no querer aquel régimen.
Pero más todavía: no sólo la Dictadura es hija del antiguo régimen, sino que, salvo la forma legal que aquélla cínicamente quiebra, se ha parecido sobremanera en lo real y concreto de las conductas a los usos del antiguo régimen, como no podía menos de ser. Me es indiferente el aforo que se haga de la diferencia entre ambas. Quien lealmente recorra los distintos órdenes de la gobernación, empezando por la elección misma del Gobierno, acabará por reconocer que la diferencia entre antiguo régimen y Dictadura ha sido mayor o menor; pero sólo cuantitativa. En formato extremo y caricaturesco hemos vivido estos años lo mismo que con un cariz hipócrita o discreto constituía la realidad de la vida española desde 1900. Y ha sido una fortuna que esto acontezca, tal vez providencial. Porque en esa edición con letras todas mayúsculas, en ese tono desaforado y estruendoso hay alguna probabilidad de que los españoles hayamos aprendido lo que era la verdad de nuestra vida pública. El niño audaz dice a voz en grito lo que el padre hace y piensa, pero calla. Primo de Rivera ha sido el enfant terrible del antiguo régimen.
Por tanto, son inseparables, y es preciso que mesuradamente, sin desplantes y con una decidida repugnancia a toda populachería, se vaya viendo quiénes piensan así y quiénes no. Porque la manera más total de castigar estos últimos años sería aprovecharlos sacando íntegras sus consecuencias.
El antiguo régimen era la perfecta desmoralización de la vida nacional, era el constante estorbo a que la nación viviese por sí misma y de sí misma, era la imposibilidad de que el pueblo español como tal, en su integridad, alto y bajo, «derecha» e «izquierda», asumiese la unidad de su destino histórico, resultante de lo que cada fracción de él es, de lo que piensa, necesita o anhela. Salvo unos cuantos grupos próximos al Estado, los españoles no han podido vivir vida pública. Cuando, no obstante su inercia, iban tal o cual vez a movilizarse históricamente, aquellos grupos se lo impedían, prestidigitaban la situación, desmoralizaban los ánimos. El antiguo régimen se ha preocupado sólo de sí mismo como tal régimen y nunca de los auténticos destinos nacionales.
Así se explica que siendo tan evidente la necesidad de una reforma profunda de la contextura del Estado, se negó siempre a que ni siquiera se hablase en serio de ella. Cuando algún hombre, como Maura, intentó una minúscula reforma, los grupos que acaparaban el Estado español formaron el cuadro y lo declararon orate nacional, lunático mayor del reino.
Y lo mismo, en otro cuadrante, a la pequeña tribu de los que se llamaron «reformistas», que eran gente de buena fe, y, por consiguiente, también lunática. No hablemos de nosotros, que éramos entonces jóvenes y éramos ya intelectuales; es decir, que reuníamos todas las condiciones para que no se nos tomase en ninguna consideración.
Y, sin embargo, ya entonces —1914— tuve yo la audacia juvenil de dar una conferencia sobre Vieja y nueva política, que casi tolera ser hoy releída, donde se anuncia todo lo que después ha acontecido. En esa conferencia resumía yo el programa de lo que substancialmente hay que hacer en la vida política de España, dentro de esta expresión: hay que nacionalizar todas las instituciones del Estado, porque todas están desnacionalizadas. Por desnacionalización entendía, y entiendo hoy, el hecho de que esta o la otra institución u órgano del Estado no se supedite radicalmente a los destinos nacionales, a las conveniencias últimas, históricas, de la nación española.
Y la Constitución de 1876 —como se ha demostrado en el laboratorio de cincuenta y cuatro años— significa la formal organización de esta desnacionalización. Al amparo de ella hemos asistido un día y otro a esta perdurable escena: que los diversos institutos del Poder público —no quiero citarlos nominativamente, pero son todos— marchaban muy patrióticamente con la nación mientras los intereses y deseos de ésta coincidían con los suyos; pero que tan pronto como sobrevenía una divergencia entre los intereses de la nación y los de este o el otro instituto, era la nación quien tenía que supeditarse, renunciar y achantarse.
En el frontis de la ley fundamental de 1876 se proclaman ciertas garantías; pero el resto de su cuerpo al funcionar no ha garantizado aquellas garantías, como afortunadamente han podido ver hasta los ciegos. Para garantizar las garantías de 1876 es ineludible una Constitución completamente distinta de la de 1876.
Aunque parezca increíble, la grande y urgente tarea que hoy tienen los españoles inmediatamente ante sí consiste en la nacionalización del Estado español. Lo demás, o es inane, o supone la resolución previa de esa tarea. Por eso fuera preciso compaginar un enorme partido nacionalizador, por encima de «derechas» e «izquierdas», que son garambainas impropias de la crítica altura en que se encuentra el sino europeo. Un enorme partido arrollador, tan grande y tan sin manías, que casi no pudiese llamársele partido. Y ya que el uso del idioma imponga este nombre, que pudiese llamarse nacional.
Un partido nacional es un partido hacia dentro de la nación, y, por tanto, excluye el nacionalismo que implica un frente a y un contra de otras naciones. En Europa carece hoy de sentido el nacionalismo. Por la sencilla razón de que no es posible un nacionalismo sin agresión e imperialismo, sin batallas y sin conquistas —por eso el gran nacionalista Napoleón fue el mayor imperialista. Por eso el fascismo inevitablemente fracasará, cualesquiera sean o fueren sus otros aciertos y oportunidades, que yo aquí no discuto ni ligeramente sentencio. Lo que digo es que en Europa un nacionalismo de 1930 será inevitablemente la política del cuadrado redondo.
Vayamos a un gigantesco partido nacional que por lo pronto se proponga sólo nacionalizar definitivamente el Estado español, lo cual, dicho con menos tecnicismo, equivale a esto: que se proponga instaurar la plena decencia en la vida pública española. Y la decencia en la vida pública no consiste en otra cosa que en imponer a todos los españoles la voluntad de convivir unos con otros, sean quienes sean unos y otros; que por encima y por debajo de todas las luchas propias a la natural disensión humana triunfe la resolución de nacional convivencia; por tanto, de respetar la vida pública del enemigo, de no escatimarle, ni discutirle ni sofisticarle sus derechos de español, sea él quien fuere: el fraile al ateo y el ateo al fraile, el militar al civil y el civil al militar, el patrono al obrero y el obrero al patrono.
Esa decencia, ni más ni menos que esa decencia o resolución de convivir radicalmente con el prójimo compatriota, aun dentro de la más enconada lucha, es el único secreto de que emanan la ejemplaridad y fecundidad de la historia inglesa en los dos últimos siglos. Pero mientras el obispo o el militar aspiren en el fondo de su alma, no sólo a vencerme, deseo respetable, sino a suprimirme de la vida pública, o yo aspire a lo mismo con respecto a ellos, nuestra existencia nacional ni será decente ni será nacional.
5 de febrero de 1930