Abstract
A 1931 article: Spain’s only genuine problem is to build a new state, and a state is above all a public power that is respectable and therefore respected, not a matter of police force. If the state attacks a social group it ipso facto ceases to be a state and becomes Revolution or Counter-revolution: ‘Russia and Italy are not states’.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Hoy no hay en España más que un problema auténtico: los demás son «pseudos» en uno u otro sentido, por una u otra razón. Y ese problema único consiste en la construcción de un nuevo Estado. Y mientras ese nuevo Estado no exista plenamente España vivirá en peligro, y con ella y en ella todos los españoles, absolutamente todos, inclusive los que creen que la atmósfera de peligro —el río revuelto— les favorece. Porque, entre tanto, nuestra vida pública quedará reducida a una serie de coletazos contradictorios. Hoy serán machacados los de un lado, mañana los del otro. Hay que estabilizar la vida pública, y esto no se consigue, como el vocablo mismo lo sugiere, más que con un Estado.
Un Estado es, ante todo, un Poder público respetable, y porque respetable, respetado. ¡Ah, no haya duda! Como el Poder público, por la dignidad de sus palabras y de sus actos, por la altitud de su moral y de su gesto sea respetable, se puede estar seguro de que será automáticamente respetado. Ni que decir tiene que algunos intentarán faltarle al respeto, pero —¡ahí está!— no lo lograrán. El aire público, sin más, anulará el intento, lo sacudirá enérgicamente sobre sus autores. No es cuestión de fuerza pública. ¡Qué enorme error! La fuerza pública no interviene en la política sino para llenar los huecos de respetabilidad del Poder público, que es un Poder espiritual. Cuando los huecos son demasiado grandes, la fuerza pública acaba por faltar al respeto al Poder público, cuya es.
Pero, ¿cómo se fabrica de verdad y en serio un Estado? Yo creo que haciendo aproximadamente lo contrario de lo que se viene haciendo en estos meses. Me repugna la injusticia inevitable con que toda fórmula sintética aplasta y viola los casos excepcionales que, precisamente por su contraste, la confirman. En estos meses se han hecho y dicho algunas cosas excelentísimas que pueden servir de ejemplo para la doctrina que sustento. Procuraré aludir a ellas en esta serie de artículos conforme acuda la ocasión. Estén seguros sus protagonistas de que no me han pasado desapercibidas. Pero hecha esta salvedad, fuerza es decir que no han servido de nada porque su infrecuencia impidió que tiñesen con su color saludable la enorme masa de yerros que se iban cometiendo. Una política no es éste o el otro acto, sino un tinte general de la conducta y la silueta monumental de unos principios. Monumental porque la política no es faena de intimidad, sino ademán que se hace para ser visto a distancia.
Lo decisivo es que los ciudadanos, sea cual fuere la coincidencia o discrepancia de sus «ideas» con las sustentadas por los gobernantes, tengan la impresión de que éstos respetan profundamente al Estado. De modo que yo, ciudadano, respeto, quiera o no, al Estado cuando se me impone, quiera o no, la evidencia de que los gobernantes mismos lo respetan.
¿Y en qué consiste ese respeto del gobernante al Estado? En la cosa más sencilla del mundo: en que maneje al Estado como lo que es, como un Poder «público», y no como un Poder particular. Desde el Estado no se puede ni favorecer ni agredir metódicamente a ningún grupo de los que integran la comunidad. En la medida que haga esto el gobernante denigra al Estado y lo irrespetabiliza. Si los grupos todos, aun los más hostiles al Estado, no se sienten atendidos por él, tenidos en cuenta en cada acto y palabra del Gobierno, el Estado no es tal Estado. Es lo contrario del Estado. Cuando un grupo social practica agresión sobre el Estado, responde éste con fulminante y aplastante energía. Entonces es verdadero Estado. Sea «derechista», sea «izquierdista», el Estado está obligado a sentir una suspicacia fabulosa por sus prerrogativas. Pero si es el Estado quien practica agresión sobre un grupo social, deja ipso facto de ser Estado y se convierte en su contrario: Revolución o Contrarrevolución y golpe de Estado. El golpe de Estado es, ante todo, golpe al Estado, su desnucamiento. (Rusia e Italia no son Estados. Son Revolución y Contrarrevolución enquistadas. Durarán el tiempo que sea, pero su duración no será nunca estabilización, «estado». Es fácil decir, pero es falso decir, que son «nuevos» Estados. Ni nuevos ni viejos. Son precisamente lo otro. Hay en ellos gérmenes de inspiración aprovechable, pero nada más. Lo propio acontece con el nacionalsocialismo de Alemania. ¡Aviso a los jóvenes que quieran de verdad buscar el verdadero Estado nuevo!)
La respetabilidad de un Estado no tiene, pues, nada que ver con el sentido de su legislación. Puede ésta ser superlativamente avanzada o retrógrada, y, sin embargo, ser respetable, o viceversa: ser sumamente moderada y, no obstante, irrespetable. Una ley muy dura, que me es adversa, provocará en mí enojo, irritación o dolor, pero si en la intervención de Poder público que ella define se ve clara la seria voluntad de servir una necesidad colectiva, por mucho que me esfuerce en lo contrario, sentiré hacia ella respeto. Ni importa siquiera, para estos efectos, que el gobernante se haya equivocado. Hay precisamente equivocaciones respetables. Basta con que nos conste el cuidado, la pulcritud que el gobernante ha puesto en no atropellarnos porque sí, alegremente, frívolamente, atento sólo a su particular juicio o manía y sin voluntad de contar con nosotros, que vamos a ser por la ley perjudicados.
En cambio, una ley casi inocua, que apenas nos roza, pero que va gritando la ligereza con que el gobernante maneja el enorme artefacto «común» que es el Estado, suscita en nosotros de manera automática la irrespetuosidad.
Y esto no vale sólo para las leyes o actos de gobierno, sino también para las palabras y los gestos. Por eso todas las manifestaciones estatales, sean de un ministro o de un diputado, y más si son de toda una colectividad gobernante, tienen, por fuerza, que emplear determinado decoro. Un ministro o un diputado no son criaturas particulares, sino miembros del Poder público, y no tienen derecho a ostentar obscenamente en su actuación pública la desnudez de sus caprichos privados, verbales o de gesticulación. El estilo de Estado podrá cambiar según los tiempos, y en los nuestros deberá, sin duda, hacerse llano, pero sin traspasar jamás la frontera que desnuda lo público de lo particular. No es, pues, cuestión de ritualismo anticuado. Es que el Estado, quiérase o no, tiene su estilo. La palabra «decoro» —decorum— significó en su origen precisamente eso: lo que conviene o es decente en el comportamiento público, de Estado.
Luz, 15 de enero de 1932