Abstract
On the Centro judge disciplined under the Law for the Defence of the Republic: when constitutive laws are badly made, a government cannot govern by them and reaches for exceptional laws; but if the case is not truly exceptional, the legal disguise corrupts the whole state. Topical political criticism.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
El caso del juez del Centro y su corrección gubernativa ofrecen, por la misma sencillez del tema, el mejor ejemplo para innumerables otras cuestiones que se han presentado y se presentarán. Siempre se tratará de los mismos perros con otros collares.
El esquema general de todas esas deplorables situaciones es éste: el Gobierno está ahí para gobernar, es decir, para procurar la buena marcha de la vida pública mediante la ejecución de las leyes. Pero cuando estas leyes son torpes, el Gobierno no puede, aunque quiera, gobernar con ellas. Y como su misión ineludible y específica es gobernar, no tiene más remedio que salirse de las leyes. Esto desprestigia al Gobierno, al Poder ejecutivo, presentándolo como un poder arbitrario.
Para evitar esto el Gobierno busca el amparo del Poder legislativo, solicitando de él a matacaballo una ley excepcional cuyo sentido es contradictorio de las leyes constitutivas. Éstas son las reglas, la ley excepcional es lo irregular anidando en la regularidad misma. Y no haya duda: cuando las leyes constitutivas han sido bien hechas, atendiendo a todo lo que hay que atender, previendo todo lo que es obligatorio prever, las situaciones excepcionales se presentan sólo… excepcionalmente. Entonces, cuando las emergencias son de verdad excepcionales, se puede impunemente, sin desdoro para el Estado, promulgar una ley excepcional. Pero si el Gobierno reclama del Poder legislativo una intervención excepcional cuando el conflicto o dificultad no son en verdad excepcionales, sino perfectamente previsibles y aun, con toda verosimilitud, permanentes dada la época y el modo de la sociedad, entonces el disfraz legal no ampara al Poder ejecutivo, no le evita desprestigio, sino que, al revés, lo extiende sobre el otro poder y se corrompe íntegro el Estado.
El ministro de la Gobernación fundamentó el correctivo que había impuesto a un juez demostrando que éste no había tenido bien en cuenta todas las leyes referentes al caso. A mí me convenció plenamente de que este juez, cuando menos, no había atendido con fervor la totalidad de preceptos que en esta ocasión debía manejar. Y tal fervor en el juez no es un requilorio, sino que es obligatorio. Pero con esta fundamentación el señor Casares no aventajaba gran cosa su conducta. Porque ese insuficiente comportamiento de un juez es materia ordinaria que tiene su normal trámite de corrección, y el señor Casares no acudió a éste, sino a una instancia por completo heterogénea —al rayo de Júpiter que es la ley de Defensa.
Pero ¿tiene sentido que el Estado promulgue una ley de Defensa contra sus jueces o contra sus delegados de Hacienda o contra sus ingenieros? Esto es demasiado absurdo para que el error de donde emana no sea también demasiado profundo. So pretexto de sinceridad —es curioso que la sinceridad se use a menudo como una máscara— los ministros hacen en el Parlamento con delectatio morosa la exhibición de las lacras de la judicatura. Yo esto no lo entiendo en absoluto y menos hallándonos en una etapa de reorganización estatal. Porque ésta da por supuesto que en el Estado hay infinitas lacras, tantas que es preciso recrear íntegro el artefacto. El que las haya efectivamente en este o el otro servicio no justifica, pues, aquella especial y reiterada exhibición. Sólo se comprende que un ministro censure un servicio público en el minuto precedente a aquél en que presenta el proyecto para reformarlo. Lo contrario no es sino frívolo resabio de la oposición, de una oposición también frívola que se escuda en la maledicencia de las tertulias irresponsables.
Este temple de trasañejo casinillo «radical» dominó el ambiente español poco después del 14 de abril y nos ha estropeado la República, situándola casi íntegramente a un nivel que no permite hacer nada bien. Como esto lo dije entonces tengo algún derecho a repetirlo ahora y cuanto menos caso se me haya hecho mayor es mi derecho. Así, mes y medio justos después de advenir el nuevo régimen, en 2 de junio, escribía yo en Crisol:
«Unos cuantos grupos, que moscardean en el contorno inmediato del Gobierno, están interceptando la comunicación directa de éste con la Nación; le inquietan, le estorban, le desorientan y desazonan. Hay en el Ministerio algunos hombres de primer orden, cuyo único error grave ha sido tomar en serio a toda esa botaratería que pretende hacer de la República su propiedad privada y se atribuye tan arbitraria como audazmente, y tan audaz como ridículamente, la representación auténtica del pueblo, de la voluntad nacional, etcétera, etcétera. Mentes arcaicas, incapaces de descifrar las líneas monumentales del porvenir, sólo saben recaer en los tópicos del pasado, y se empeñan en que nuestra naciente democracia sea como las de hace cien años, y cometa, sin renunciar a ninguna, todas las insensateces y todas las torpezas en que aquéllas se desnucaron».
La ventaja de la institución republicana —decía yo en tiempo de la Monarquía— es que es hija de sus obras, que necesita ganarse la vida cada día y cada hora, que para existir no tiene más remedio que hacer las cosas bien. La Monarquía, en cambio, vive de los antepasados, de la tradición y aunque lo haga muy mal sigue largo tiempo en pie, gravitando sobre el país, como los elefantes, después de muertos, continúan sobre sus cuatro patas.
La única preocupación del Parlamento republicano y de toda su gobernación debiera ser ésta: hacer las cosas bien. ¿No va siendo ya urgente la hora de que comience a sentirla? ¿Por qué tocar las cuestiones a la ligera y de paso cuando aún no se tiene un plan para resolverlas? ¿Por qué hurgar en los servicios cuando el mismo ministro que hurga no sabe aún cómo va a reformarlos? Lo más delicado que encontró la República era su relación con el Ejército. ¿Por qué en este resorte —y salvo posibles errores de detalle que ni discuto ni juzgo— tiene el país la impresión de que se han hecho bien las cosas?
Pero hay republicanos que coinciden con Primo de Rivera en el lema general de su política, que era éste: gobernar es molestar.
Luz, 29 de abril de 1932