Abstract
A six-point reply to señor Bello on Catalan autonomy: the nationalist question must be kept apart from regional autonomy, and his doctrine—set out in La redención de las provincias and España invertebrada—means to push both centralism and autonomism to the limit so each compensates the other. The start of ‘Memorias de quince meses’ follows.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
En un artículo que el señor Bello publicó el sábado en Luz se dice que yo, «por motivos políticos, circunstanciales, he rebajado para Cataluña el cupo de atribuciones correspondientes a la región —a la gran comarca—, según criterio no de ahora, sino de hace años». Es ya la cuarta o quinta vez que, paladina o alusivamente, el señor Bello hace esta afirmación ejemplarmente gratuita y arbitraria. A ella opongo las siguientes observaciones:
Primera. En La redención de las provincias y en las otras series de artículos —porque han sido varias— que con anterioridad a la recogida en ese volumen exponen mi política de autonomías regionales excluyo aquellas regiones españolas, que, como Cataluña y Vasconia, plantean además una cuestión totalmente distinta de la autonomía y que no vale barateramente —¡qué torrente de baratería ha inundado la política republicana!— confundir con ella: la cuestión nacionalista.
Segunda. Esa exclusión no significa que yo pensase para esas regiones una autonomía menor que para las otras. En modo alguno. La tesis de mi política autonomista consiste en llegar a la posible solución del problema que esas regiones plantean, evitando tratarlo por separado. Por eso analizo las necesidades del resto de España, dejando a un lado provisionalmente, por razón de método, las comarcas nacionalistas. Si pensando en ese resto de España hallamos que él exige una reorganización autonómica, habremos encontrado una solución española, nacional, común y orgánica a la porción soluble de la demanda nacionalista. Pero no cabe negar que queda el residuo insoluble o difícilmente soluble, y éste requiere, claro está, un tratamiento especial. Por muchas nieblas que el señor Bello quiera fabricar no es idéntica la cuestión de una universidad regional andaluza y la de una universidad catalana. Pretender fingir esa identidad no es sino dificultar las relaciones entre los lectores del señor Bello y la verdad de las cosas.
Tercera. En La redención de las provincias y en las series anteriores —aun no refiriendo la doctrina a Cataluña— hago constar siempre que el Estado podrá mantener o crear en las regiones junto y aun frente a los centros de enseñanza regionales y a otros institutos que no son de enseñanza, establecimientos propios. Esa presencia y actuación directa del Estado en la región desarrolla la idea de lo que yo denomino «instituciones reguladoras».
Cuarta. Esta idea, a su vez, no es sino una aplicación secundaria y de detalle del principio que inspira todo el libro La redención de las provincias, y que se expresa allí con exageración deliberada diciendo: es preciso llevar al extremo y compensar así una con otra las dos tendencias: la centralista y la autonomista. Y esto no por accidente, sino creyendo precisamente que sólo habrá en España verdadero y saludable centralismo —es decir, Estado— cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. A este pensamiento, raíz precisa, rigorosa de mi doctrinal político, proporcioné una modesta base histórica en mi libro España invertebrada, publicado hace diez u once años. Aquí no hay, pues, más circunstancial que el señor Bello mismo.
Quinta. Consecuencia inmediata del anterior principio es la total incompatibilidad de mis ideas autonomistas con ese lamentable federalismo de casino suburbano que circula aún por España, con respecto al cual, por decoro de las ideas republicanas, pido una y otra vez que cuando menos sea revisado y puesto al día el surtido de sus conceptos.
Sexta. Cuando yo he defendido en el Parlamento y presentado como voto particular la política de la organización autonómica para toda España, estuvieron con olímpico desdén enfrente de ella todos estos señores que, como el señor Bello, ejercen ahora, con ocasión de Cataluña, el oficio de prestes del autonomismo. Porque conviene recordar el ligerísimo detalle de que soy yo, y no el señor Bello, quien, en la hora oportuna, pidió que se organizase todo el país autonómicamente. Lo que hice entonces y sigo haciendo ahora es oponerme a que «se conceda una prima al nacionalismo».
Luz, 8 de agosto de 1932
MEMORIAS DE QUINCE MESES
Madrid, julio de 1932
PREPARACIÓN
Los hechos acontecidos en la vida pública española desde abril de 1931 constan a todos suficientemente. No hay, pues, urgencia alguna para que se haga un relato, una historia de esos quince meses. En cambio, no se ha intentado todavía un análisis político de aquellos hechos, un ensayo de interpretarlos poniendo al aire sus raíces, la razón de por qué fueron así y por qué no fueron de otro modo. Un estudio de esta índole contribuiría no poco a aclarar el presente e iluminar la patética tiniebla en que se emboza siempre el porvenir humano. En las notas subsecuentes se hallará algo de ese análisis político; no son memorias de hechos, sino memorias de juicios, de interpretaciones. Sin embargo, su propósito es muy limitado. Yo he manifestado mi discrepancia respecto a la política que se ha seguido, y quedo obligado a fijar con toda precisión las líneas de la divergencia. No creo que quepa otra forma más leal y completa de hacerlo que repasar lo acontecido y dibujar ante cada situación la actitud que a mi juicio debió adoptarse. Pero como sería demasiado cómodo corregir las actitudes post festum yo debo recoger ahora las palabras que en cada hora dije, las cuales fueron casi siempre paladinas, pero a veces tuvieron sólo el carácter de insinuación impuesto por la oportunidad.
Por otra parte, estas memorias no llevan una finalidad contemplativa, sino que quisieran servir a la política del día. Llevan, pues, prisa y tienen que renunciar al atributo más característico de las memorias, que es la delectación morosa. Intentemos comprimir en pocos artículos toda la doctrina. Pareja operación comprensiva no es nada fácil. Porque, no se le dé vueltas, las divergencias «políticas» proceden siempre de discrepancias más hondas en el modo de pensar histórico, económico, jurídico, filosófico. Será, por tanto, ineludible que yo enuncie por qué razones previas a la política repruebo una política y recomiendo otra. Mas no tema el lector que me pierda y le pierda a él en una selva de razonamientos. Formularé aquellas mis convicciones prepolíticas con un laconismo extremo, pero ello compromete al lector a no confundir el laconismo de la enunciación con pretensiones dogmáticas por mi parte. Por ejemplo: una de las matrices que engendran nuestras apreciaciones políticas es la idea que tengamos de cómo es nuestro pueblo en sus reacciones individuales y colectivas. Sería ilusorio que yo pretendiera ahora razonar debidamente por qué pienso que el hombre y la sociedad españoles son de tal modo y no de otro. El menor intento de ello consumiría demasiadas columnas y páginas del periódico. La idea que cada cual tiene del hombre español es resumen de toda una vida cargada de observaciones sobre nuestro presente y nuestro pasado, lecturas, datos, reflexiones, análisis. Imposible querer transmitir en pocas líneas toda esa enorme masa de cosas pensadas, vistas, leídas. Precisamos, a los efectos de ahora, un seco laconismo. Después de todo, las memorias no son ciencia, sino confesión.
Desde hacía muchos años procuraba yo atraer la atención no sólo de los políticos sino de los historiadores, sobre el hecho evidentísimo de que España ha sido siempre un país anormalmente exento de revoluciones. No se comprende cómo un hecho tan evidente ha pasado inadvertido. Pero, además, era para mí una experiencia curiosa presenciar la irritación que en «izquierdas» y «derechas» producía esta observación. A los unos les irritaba que hiciese yo constar la ausencia de revoluciones; a los otros les irritaba que considerase esta ausencia como un carácter anormal de nuestra historia. Y el caso es que ambas cosas son verdades incontrovertibles. La ausencia de revoluciones, porque es un hecho innegable. La anormalidad, por esta sencilla consideración: no podemos hacer calificación de alguna importancia sobre nuestra historia si no contemplamos a España moviéndose sobre el fondo de naciones afines con quienes ha convivido, sobre el paisaje de la comunidad europea dentro del cual indiscutiblemente se halla inscrita. Ahora bien: la revolución ha sido el modo normal de producirse ciertos grandes cambios en la vida pública de las demás naciones occidentales, «lo mismo en las de condición inquieta e innovadora, como Francia, que en las de temple profundamente conservador, como Inglaterra». Esta última indicación es importante para que no se esterilice la cuestión diciendo, sin más ni más, que España no es revolucionaria «porque» es conservadora. Esta idea, muy extendida en el extranjero y aun entre nosotros mismos, de que España es conservadora por naturaleza, estorba grandemente para la comprensión de nuestro ser. Sin discutirla ahora, ensayemos, por simple cautela, prescindir de ella.
En cambio, debemos preguntarnos qué significa concretamente para los efectos de la previsión política que un pueblo no sea revolucionario.
Hay revolución cuando a los defectos y errores de un régimen político responde con cierta prontitud una parte de la sociedad que se constituye como oposición extragubernamental y logra, «en cuanto tal oposición», fuerza suficiente para luchar con el poder constituido. Por mucho que se quiera volatilizar la idea de revolución política, no habrá manera de amputarle este componente de lucha.
Pero la lucha supone que cuando la oposición tiene ya fuerza suficiente para combatir el poder público, éste conserva todavía buena parte de la suya. Sólo así acontecerá que en cierto instante dos fuerzas opuestas coexisten y se enfrontan dentro del ámbito nacional. La revolución significa, pues, que el país se divide radicalmente en dos bandos, ninguno de los cuales es mínimo. Esto ha acaecido en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia (en estos dos últimos países con menos claridad por la interferencia que en sus revoluciones producía su falta de unidad estatal).
Imaginemos ahora el caso de un país donde la oposición es tan lenta en condensar su fuerza de combate que da tiempo para que el poder público, persistiendo en sus errores, se enajene prácticamente la sociedad entera. Entonces el régimen cae, pero no en virtud de una lucha «con» la oposición, sino por asfixia, merced a que el pueblo íntegro le ha retirado su adhesión. Lo verdaderamente característico de un país donde las cosas acontecen de este modo es que en él no llega a formarse nunca una oposición que merezca el nombre de tal, y por eso no hay en él revolución. Como ésta viene a ser el cortocircuito histórico, la historia de una nación así se arrastra inevitablemente con tempo lento. Para que en ella se produzca un cambio profundo hay que esperar a que la sociedad entera se desplace. Yo creo que este caso ha sido siempre el de España. Nuestro pueblo, o cambia en bloque o no cambia. Somos un pueblo tardígrado, lo cual no tiene por qué apenarnos. Es un estilo vital como otro cualquiera aunque opuesto al normal de Europa, y si implica algunos inconvenientes contiene otras grandes ventajas. Nuestra marcha por los espacios históricos se parece mucho a la de las caravanas, en que el camello adalid no empieza a caminar hasta que el último y zaguero no esté ya cargado.
Esta convicción me hizo pronosticar que la Monarquía de Sagunto moriría como nació: sin revolución. El vaticinio era paradójico, pero el hecho es que se cumplió. La República nace sin lucha y una vez más se cumple en ella la misteriosa ley de nuestra historia según la cual «en España no ha habido nunca ni vencedores ni vencidos». Porque éste es el corolario inevitable de que un pueblo no sea revolucionario: que, para los efectos de la vida pública, no está nunca dividido en dos, uno encima del otro pesando sobre éste y oprimiéndolo. La misma causa que impide la revolución «ha impedido siempre en España la dictadura violenta». ¿Cómo no sorprende también el hecho de esta otra ausencia? ¿Se tienen bien presentes las atrocidades que un régimen de opresión ha ejecutado una y otra vez en los demás pueblos europeos? En este punto la diferencia entre el nuestro y los demás de Europa es radical y permanente. Tan permanente que para advertirla no necesitamos confinarnos en la Edad Moderna. La Edad Media española presenta ya con claridad superlativa esta peculiaridad de nuestro cuerpo social. «Tampoco en nuestra Edad Media las clases gobernantes oprimieron duramente a las gobernadas» —se entiende siempre, en comparación con lo acontecido en el resto de Europa.
La Nación, 20 de agosto de 1932