Ortega y Gasset
Abstract
An article on a speech by minister Casares: in politics least of all can one be right on isolated questions, because politics is a whole and one has ‘all’ the reason or none. The minister was right on the single point but not in the way that counts, since the Law for the Defence of the Republic, and behind it the Constitution, are what is at issue.
Connections
Concetti: ragione, legge
Forme: saggio
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
¡La razón, la razón! —¿Quién tiene la razón en política? Por lo pronto, una cosa es clara: en política menos que en ningún otro orden puede nadie pretender tener la razón en asuntos aislados. La política, como historia y vida que es, es un conjunto, y la razón se tiene o se pierde también en conjunto. Esto vale lo mismo para los gobernantes que para las oposiciones, y es sobremanera pueril hacerse ilusiones de lo contrario, creer que aislando una cuestión, en la que abstractamente se tiene la razón, se ha logrado poseerla en efecto. Será todo lo absurdo o deplorable que se quiera, pero tal es la pura e inexorable verdad: en política o se tiene toda la razón o no se tiene ninguna. Y lo curioso es que ese todo de la razón política no es como el geométrico, que implica la posesión de todas sus partes. En política se puede no tener razón en esto y en lo otro y en lo de más allá, y, sin embargo, tenerla «toda». O viceversa, tener muchas razones y no tener ninguna. El todo de la razón política es una impresión de conjunto, un como balance automático que hace —a veces sin darse cuenta de ello— la opinión pública.
Esto pensaba yo leyendo ahora el discurso que el ministro de la Gobernación pronunció ayer. Un discurso excelente. Claro, sencillo y de argumentación eficientísima. El señor Casares convenció a todo el que es capaz de convencerse de algo. Le convenció de que la judicatura actúa insuficientemente —usemos esta palabra mesurada— en cuestiones de orden público que son graves. Y convenció asimismo de que el Gobierno no puede menos que complementar con su intervención esa insuficiencia. No es fácil que ningún ministro haya tenido nunca más razón en un asunto aislado que tenía ayer este bravo ministro celta.
Y, sin embargo —¿tenía la razón? Es evidente que tenía una o varias o muchas; pero, ¡ahí está!, no tenía la que precisamente hay que tener, la única que importa en política: ésa que llamo «toda» empleando la frase tan castiza: Fulano tiene toda la razón.
Pero la política es de tal modo conjunto, organismo y resultante general, que es ya injusto referirse por separado al ministro de la Gobernación. Su resolución no es de él sólo, sino de todo el Gobierno que utiliza una ley —la de Defensa de la República. Sólo le pertenece en propiedad el acierto indiscutible de su discurso. Pero éste se refiere a un acto de gobierno que se funda en una ley propuesta por los hombres de este Gobierno. Dada esa ley, el Gobierno y el señor Casares tienen razón. ¿Pero la tuvieron al promulgar esa ley? Aquí se amplía de nuevo el área de los responsables. La ley fue votada por las Cortes. Sobre éstas, además del Gobierno, pesa la responsabilidad.
Pero ¿es que no se llevaba la razón cuando se aprobó esa ley excepcional? Unas palabras atinadísimas del señor Casares en su discurso nos responden con plena claridad a esta pregunta.
«Ahora lo que os digo, y por esto ofrezco a vuestra consideración ese argumento, es que esto está con arreglo a la ley, es que esto está sometido a las prescripciones de la ley; pero que si esto no lo tenemos en cuenta para la elaboración de leyes que defiendan más al Estado, si no tenemos en cuenta después, para la elaboración de los códigos comunes, que actualmente las Cortes Constituyentes han dado a los ciudadanos en España una Constitución que garantiza todos los derechos individuales, pero que deja casi completamente inerme al Estado enfrente de ellos; si esto no se tiene en cuenta al elaborar las nuevas leyes, si esto no se tiene en cuenta al elaborar las nuevas bases para crear un órgano de defensa del Estado, no habrá posibilidad de que se mantenga el orden público ni de que se defiendan los derechos del Estado sino con éstas de excepción, y eso no lo podéis querer vosotros ni lo podemos querer nosotros».
Es decir, que en el texto de la Constitución hay errores garrafales, que con la Constitución no se puede gobernar, porque deja indefenso al Estado, y por ello hacen falta otras leyes cuyo contenido no podrá ser muy constitucional porque habrá de proponerse subsanar los errores de la Constitución. La ley de Defensa es una de estas leyes adosada a la Constitución para negarla completándola. Todo complemento auténtico es una radical censura.
Yo suscribiría, por lo tanto, cuanto dice en ese párrafo el señor Casares, si no aconteciese que lo he suscrito por anticipado, hace muchos meses, cuando se discutía la totalidad del proyecto constitucional. Entonces me aconteció decir:
«Es forzoso edificar un Estado muy distinto del viejo Estado liberal. Y no es que seamos menos liberales que nuestros abuelos, es que la vida pública se ha hecho demasiado compleja y difícil y obliga al Estado, quiera o no, a intervenir allí donde antes practicaba abstención, o, mejor dicho, fingía practicarla. Porque el viejo liberalismo, aunque brotaba de una aspiración generosa, tal vez la más generosa que se ha alzado nunca en la historia, concluía, por la forzosidad de los hechos, comportándose con grave hipocresía. Ésta ha sido la causa de la decadencia padecida por la pura democracia liberal. Medios de gobernación, que el Poder público ha menester, no le eran reconocidos en la Constitución; pero luego él, forzado por los hechos, hacía de ellos un uso fraudulento, y nada desprestigia tanto al Poder público como negarse a sí mismo un uso del cual luego hace un abuso. Ésta es la indecencia instalada en el Poder público. De aquí que para la nueva democracia sea cuestión de limpieza y de cuentas claras dotar al Estado de todos aquellos instrumentos y facultades que es previsible necesitará emplear, pudiendo así mantenerse aquél siempre con pulcritud dentro de su cauce y dentro de su ley». Rectificación de la República, página 90.
Esto es lo que en las Cortes Constituyentes de la República española se llamaba… ¡metafísica! y deambulación por las nubes. A ese párrafo siguieron no pocas enmiendas a los artículos del proyecto que legislan sobre el ejercicio de las garantías personales.
Dada la Constitución, la ley de Defensa es inexcusable y, por tanto, razonable; pero ahora vemos que fue en la hora de la discusión constitucional cuando se perdió ya la razón y que el error cometido entonces gravita sobre todo lo que ha venido después y la quita al ministro en una cuestión singular como ésta del juez del Centro, la cual, por sí misma, es la cuestión en que ha tenido más razón ningún ministro de la Gobernación entre los habidos y por haber.
Es éste un caso ejemplar sobre el cual deben meditar los republicanos si es que no les avergüenza meditar por estimarlo… pura metafísica.
Luz, 27 de abril de 1932
Reason, reason! —Who is right in politics? For the moment, one thing is clear: in politics, less than in any other order, can anyone pretend to be right in isolated matters. Politics, being as it is history and life, is a whole, and reason is had or lost also as a whole. This holds equally for rulers and for oppositions, and it is exceedingly puerile to delude oneself to the contrary, to believe that by isolating a question, in which one abstractly is right, one has managed to possess reason in effect. It may be as absurd or deplorable as one wishes, but such is the pure and inexorable truth: in politics one either has all the reason or one has none. And the curious thing is that that whole of political reason is not like the geometric one, which implies the possession of all its parts. In politics one may not be right in this and in that and in the thing beyond, and, nevertheless, have it “all.” Or vice versa, have many reasons and have none. The whole of political reason is an impression of the whole, a sort of automatic balance that public opinion makes —sometimes without realizing it.
This I was thinking reading now the speech that the Minister of the Interior delivered yesterday. An excellent speech. Clear, simple and of most efficient argumentation. Mr. Casares convinced everyone capable of being convinced of something. He convinced them that the judiciary acts insufficiently —let us use this measured word— in questions of public order that are grave. And he likewise convinced them that the Government cannot but complement with its intervention that insufficiency. It is not easy that any minister has ever had more reason in an isolated matter than this brave Celtic minister had yesterday.
And, nevertheless —was he right? It is evident that he had one or several or many reasons; but, there it is!, he did not have the one that precisely one must have, the only one that matters in politics: that which I call “all” employing the so idiomatic phrase: So-and-so is entirely right.
But politics is in such a way a whole, an organism and a general resultant, that it is already unjust to refer separately to the Minister of the Interior. His resolution is not his alone, but that of the whole Government which uses a law —that of the Defense of the Republic. Only the indisputable rightness of his speech belongs to him in property. But this refers to an act of government founded on a law proposed by the men of this Government. Given that law, the Government and Mr. Casares are right. But were they right when promulgating that law? Here the area of those responsible widens again. The law was voted by the Cortes. Upon these, besides the Government, weighs the responsibility.
But was reason not carried when that exceptional law was approved? Some most apt words of Mr. Casares in his speech answer this question with full clarity.
«Now what I say to you, and for this I offer to your consideration this argument, is that this is in accordance with the law, is that this is subject to the prescriptions of the law; but that if we do not take this into account for the elaboration of laws that defend the State more, if we do not take into account afterwards, for the elaboration of the common codes, that at present the Constituent Cortes have given the citizens in Spain a Constitution that guarantees all individual rights, but that leaves the State almost completely defenseless before them; if this is not taken into account in elaborating the new laws, if this is not taken into account in elaborating the new bases for creating an organ of defense of the State, there will be no possibility of maintaining public order nor of defending the rights of the State except with these exceptional ones, and this you cannot wish nor can we wish it».
That is to say, that in the text of the Constitution there are egregious errors, that with the Constitution one cannot govern, because it leaves the State defenseless, and for this reason other laws are needed whose content cannot be very constitutional because it will have to propose to remedy the errors of the Constitution. The Defense law is one of these laws attached to the Constitution to negate it by completing it. Every authentic complement is a radical censure.
I would subscribe, therefore, to all that Mr. Casares says in that paragraph, were it not that I subscribed to it in advance, many months ago, when the totality of the constitutional project was being discussed. Then it happened to me to say:
«It is imperative to build a State very different from the old liberal State. And it is not that we are less liberal than our grandparents, it is that public life has become too complex and difficult and obliges the State, whether it wishes to or not, to intervene where before it practiced abstention, or, rather, pretended to practice it. Because the old liberalism, although it sprang from a generous aspiration, perhaps the most generous that has ever arisen in history, ended, by the force of circumstances, behaving with grave hypocrisy. This has been the cause of the decadence suffered by pure liberal democracy. Means of governance, which the public Power needs, were not recognized to it in the Constitution; but then it, forced by events, made a fraudulent use of them, and nothing discredits the public Power so much as denying itself a use of which it later makes an abuse. This is the indecency installed in the public Power. Hence for the new democracy it is a question of cleanliness and of clear accounts to endow the State with all those instruments and faculties that it is foreseeable it will need to employ, being able thus to maintain itself always with neatness within its channel and within its law». Rectificación de la República, page 90.
This is what in the Constituent Cortes of the Spanish Republic was called… metaphysics! and wandering through the clouds. That paragraph was followed by not a few amendments to the articles of the project that legislate on the exercise of personal guarantees.
Given the Constitution, the Defense law is inexcusable and, therefore, reasonable; but now we see that it was in the hour of the constitutional discussion that reason was already lost and that the error committed then weighs upon everything that has come after and takes it away from the minister in a singular question like this one of the judge of the Center, which, in itself, is the question in which no minister of the Interior among those past and to come has had more reason.
This is an exemplary case upon which the republicans must meditate if they are not ashamed to meditate by esteeming it… pure metaphysics.
Luz, 27 April 1932
La ragione, la ragione! —Chi ha ragione in politica? Per il momento, una cosa è chiara: in politica, meno che in qualsiasi altro ordine, nessuno può pretendere di avere ragione in questioni isolate. La politica, come storia e vita che è, è un insieme, e la ragione si ha o si perde anch’essa in blocco. Questo vale tanto per i governanti quanto per le opposizioni, ed è oltremodo puerile illudersi del contrario, credere che isolando una questione, nella quale astrattamente si ha ragione, si sia riusciti a possederla di fatto. Sarà tutto l’assurdo o lo deplorevole che si voglia, ma tale è la pura e inesorabile verità: in politica o si ha tutta la ragione o non se ne ha nessuna. E la cosa curiosa è che quel tutto della ragione politica non è come quello geometrico, che implica il possesso di tutte le sue parti. In politica si può non avere ragione in questo e in quest’altro e in quello più in là, e, tuttavia, averla «tutta». O viceversa, avere molte ragioni e non averne nessuna. Il tutto della ragione politica è un’impressione d’insieme, una sorta di bilancio automatico che fa —a volte senza rendersene conto— l’opinione pubblica.
Questo pensavo leggendo ora il discorso che il ministro dell’Interno pronunciò ieri. Un discorso eccellente. Chiaro, semplice e di argomentazione efficacissima. Il signor Casares convinse chiunque sia capace di lasciarsi convincere di qualcosa. Lo convinse del fatto che la magistratura agisce in modo insufficiente —usiamo questa parola misurata— in questioni di ordine pubblico che sono gravi. E convinse altresì che il Governo non può fare a meno di completare con il suo intervento quella insufficienza. Non è facile che alcun ministro abbia mai avuto più ragione in una questione isolata di quanta ne avesse ieri questo valoroso ministro celta.
E, tuttavia —aveva ragione? È evidente che ne aveva una o varie o molte; ma, ecco il punto!, non aveva quella che precisamente bisogna avere, l’unica che importa in politica: quella che chiamo «tutta» impiegando la frase tanto castiza: Tizio ha tutta la ragione.
Ma la politica è a tal modo insieme, organismo e risultante generale, che è già ingiusto riferirsi separatamente al ministro dell’Interno. La sua risoluzione non è solo sua, ma di tutto il Governo che si serve di una legge —quella di Difesa della Repubblica. Solo gli appartiene in proprietà l’indiscutibile azzeccata del suo discorso. Ma questo si riferisce a un atto di governo che si fonda su una legge proposta dagli uomini di questo Governo. Data quella legge, il Governo e il signor Casares hanno ragione. Ma l’ebbero nel promulgare quella legge? Qui si amplia di nuovo l’area dei responsabili. La legge fu votata dalle Cortes. Su queste, oltre che sul Governo, grava la responsabilità.
Ma forse non si aveva ragione quando fu approvata quella legge eccezionale? Alcune parole centratissime del signor Casares nel suo discorso ci rispondono con piena chiarezza a questa domanda.
«Ora quello che vi dico, e per questo offro alla vostra considerazione questo argomento, è che questo è conforme alla legge, è che questo è sottoposto alle prescrizioni della legge; ma che se questo non lo teniamo in conto per l’elaborazione di leggi che difendano di più lo Stato, se non teniamo in conto poi, per l’elaborazione dei codici comuni, che attualmente le Cortes Costituenti hanno dato ai cittadini in Spagna una Costituzione che garantisce tutti i diritti individuali, ma che lascia quasi completamente inerme lo Stato di fronte ad essi; se questo non si tiene in conto elaborando le nuove leggi, se questo non si tiene in conto elaborando le nuove basi per creare un organo di difesa dello Stato, non ci sarà possibilità che si mantenga l’ordine pubblico né che si difendano i diritti dello Stato se non con queste leggi di eccezione, e questo non lo potete volere voi né lo possiamo volere noi».
Vale a dire, che nel testo della Costituzione ci sono errori grossolani, che con la Costituzione non si può governare, perché lascia indifeso lo Stato, e per questo servono altre leggi il cui contenuto non potrà essere molto costituzionale perché dovrà proporsi di sanare gli errori della Costituzione. La legge di Difesa è una di queste leggi addossata alla Costituzione per negarla completandola. Ogni complemento autentico è una censura radicale.
Io sottoscriverei, pertanto, quanto dice in quel paragrafo il signor Casares, se non accadesse che l’ho sottoscritto per anticipazione, molti mesi fa, quando si discuteva la totalità del progetto costituzionale. Allora mi accadde di dire:
«È forzoso edificare uno Stato molto diverso dal vecchio Stato liberale. E non è che siamo meno liberali dei nostri nonni, è che la vita pubblica si è fatta troppo complessa e difficile e obbliga lo Stato, voglia o no, a intervenire laddove prima praticava l’astensione, o, meglio, fingeva di praticarla. Perché il vecchio liberalismo, sebbene sgorgasse da un’aspirazione generosa, forse la più generosa che si sia mai levata nella storia, concludeva, per la forza dei fatti, comportandosi con grave ipocrisia. Questa è stata la causa della decadenza patita dalla pura democrazia liberale. Mezzi di governo, di cui il Potere pubblico ha bisogno, non gli erano riconosciuti nella Costituzione; ma poi esso, forzato dai fatti, ne faceva un uso fraudolento, e nulla scredita tanto il Potere pubblico quanto negare a se stesso un uso del quale poi fa un abuso. Questa è l’indecenza installata nel Potere pubblico. Di qui che per la nuova democrazia sia questione di pulizia e di conti chiari dotare lo Stato di tutti quegli strumenti e facoltà che è prevedibile dovrà impiegare, potendo così mantenersi quello sempre con nitidezza dentro il proprio corso e dentro la propria legge». Rectificación de la República, pagina 90.
Questo è ciò che nelle Cortes Costituenti della Repubblica spagnola si chiamava… metafisica! e vagabondaggio tra le nuvole. A quel paragrafo seguirono non pochi emendamenti agli articoli del progetto che legiferano sull’esercizio delle garanzie personali.
Data la Costituzione, la legge di Difesa è inescusabile e, pertanto, ragionevole; ma ora vediamo che fu nell’ora della discussione costituzionale che si perse già la ragione e che l’errore commesso allora grava su tutto ciò che è venuto dopo e la toglie al ministro in una questione singolare come questa del giudice del Centro, la quale, di per sé, è la questione in cui ha avuto più ragione di qualsiasi altro ministro dell’Interno tra quelli che ci sono stati e ci saranno.
È questo un caso esemplare sul quale devono meditare i repubblicani se non si vergognano di meditare per stimarlo… pura metafisica.
Luz, 27 aprile 1932