Abstract
Republican political proposal: give Spain an economic plan and create a National Economic Council, a technical and purely advisory body without whose report Parliament should not debate economic matters. It includes the image of panic emotion as fear of the minute with an invisible face, and the thesis that politics must anticipate a people’s future for it.
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Es preciso, a marchas forzadas, instaurar un orden en la economía española. Para ello hace falta, ante todo, delinear un plan. Este plan, que es, por lo pronto, no más que una figura de perfiles casi irreales, es, sin embargo, el alma del orden. Con que sólo tuviéramos eso habríamos logrado mucho y la República tendría ya en su mano la baza decisiva.
Parece evidente que al entrar en una etapa de grandes transformaciones, como es obligado cuando nace un régimen, las gentes se inquieten. No por las reformas que se hacen, sino precisamente por las que no se hacen, por lo imprevisible de la perspectiva. Nadie sabe lo que le va a pasar, lo que la hora próxima traerá para él. Éste es siempre el origen del pánico: el minuto de rostro invisible que va a llegar. La selva se estremece de angustia porque Pan ha dado su grito cósmico, que anuncia el misterio inminente. Los griegos llamaron a esta contracción de la vida la emoción pánica. La política consiste en descifrar por anticipado ese grito tremebundo del gran dios cabrío. Por eso yo decía en el Parlamento que la política tiene que comenzar por anticipar a un pueblo su porvenir y permitirle de antemano instalarse en él.
Convendría, pues, sin estorbar lo más mínimo la iniciativa ministerial, elaborar un plan económico que fuese como la conciencia económica de la nación. Es necesario dotar a España de un firme doctrinal económico.
Por otra parte, fuera oportuno revelar al país lo que aún no sabe: que la voluntad efectiva y honda del Parlamento actual no está representada por sus palabras, gestos y actos ejecutados hasta aquí. Casi todos los diputados somos nuevos en el oficio y sería, sobre injusto, estúpido no abrirnos un margen de natural impericia. Si los antiguos diputados lo hubiesen hecho bien, no estaríamos nosotros en el hemiciclo —algunos harto a redropelo. La verdad es que el Parlamento actual quiere una democracia de estilo actualísimo, poco parlamentaria y charladora, técnica y eficaz. Estoy seguro, por ejemplo, que en este sentido sorprenderá mucho la actitud de plena modernidad y deseo de construir un Estado eficaz, que revelará el partido radical socialista ante los problemas constitucionales.
Ante la complejidad y delicadeza de los problemas económicos tiene el Parlamento que buscar defensa; defensa contra la arbitrariedad de los ministros futuros y los cambios constantes de orientación, defensa frente a sus propias intenciones y apasionamientos. Necesita, pues, crearse un órgano de máxima autoridad y de carácter puramente técnico que se halle a su servicio. Es preciso que entre los problemas nacionales y su voluntad soberana interponga como una instancia íntima el estudio científico de aquéllos. Sería pueril, en asuntos que por su naturaleza misma han llegado a exigir un tratamiento de gran precisión, contentarse el Parlamento con su ojo de buen cubero.
Debería, pues, el Parlamento decidir la creación de un Consejo de Economía Nacional, formado por unas cuantas personas —poquísimas— de máxima autoridad técnica. Estas personas deberían buscar, dentro y fuera de España, otros colaboradores, cuantos fuesen necesarios para salir pronto a claridad en esta selva virgen de nuestra economía.
La misión de este Consejo habría de ser puramente dictaminadora, por tanto con plena libertad científica, y de otro lado sin coartar la franquía de decisión de los poderes legislativo y ejecutivo.
Cuando se discuta la Constitución pediremos muchos que conste en ella la obligación, por parte del Parlamento, de no discutir cuestiones económicas, sin que previamente las Comisiones parlamentarias posean un dictamen técnico de este nuevo órgano parlamentario —el Consejo de la Economía Nacional.
La cosa no tiene nada de utópica y los tiempos la hacen ineludible. Dentro de pocos días podría estar nombrado ese Consejo y muy poco después podría tener la Cámara un primer dibujo esquemático que definiese con claridad la situación presente de nuestra riqueza y marcase qué es lo que en ella puede hacerse y qué es lo que, sin grave riesgo, no puede intentarse. Esto daría, desde luego, carácter orgánico a todas las modificaciones legislativas de nuestra economía, serviría como un plano topográfico donde se orientasen el país y sus conductores, equivaldría a una prenda de seriedad ofrecida a propios y extraños y sería haber caminado en brevísima etapa la gran ruta hacia el Orden nuevo.
5 y 6 de agosto de 1931
VII
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
(Discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes el 4 de septiembre de 1931)
Señores diputados:
En las palabras que hace unas semanas pronuncié ante el Parlamento anunciaba yo un propósito de nuestro grupo; como por el escaso número de sus diputados no puede influir decisivamente en el momento de los votos y, como, por otra parte, no nos hacemos ilusiones inmoderadas sobre la eficacia y genialidad de nuestros meros razonamientos, era lo más fecundo para la Cámara que nos acogiésemos al propósito de no estorbar, por lo menos, en aquellos asuntos que no fuesen de última sustancia política. Creo que hemos cumplido nuestro programa. Han transcurrido sobre veinticinco sesiones plenas, que suman, aproximadamente, cien horas de cronología parlamentaria. De ese tiempo histórico, nuestro grupo ha consumido no más de tres cuartos de hora. No se vea en esto censura solapada para nadie, aunque es innegable que en ésta como en toda Asamblea no faltan parásitos del tiempo que lo consumen sin congruo rendimiento. No se vea, pues, censura, sino, al contrario, anticipada defensa, porque al llegar al tema constitucional nos vemos obligados —queramos o no— a intervenir a fondo cuantas veces parezca debido, usando toda la holgura que el articulado del Reglamento nos consienta y, si es menester, sus intersticios. Hagan, pues, los señores diputados acopio de paciencia, porque hoy no tengo más remedio que gravitar sobre su atención con cierta pesadumbre.
Se discute la totalidad del proyecto constitucional, y yo, que no he acertado nunca a ser indócil, no intento hurtar el cuerpo a tan inagotable tema, tal y como literalmente me es planteado. Quisiera, pues, aun emparedado en el rigor de la hora parlamentaria, ver cómo puedo hablar un poco en serio sobre la totalidad de este proyecto, y no me importa que ello me fuerce a presentar mis ideas escuetas y tiritando de desnudas, como se hace con los soldados cuando se alistan, ni me importa exponerme a que el laconismo y la vertiginosidad desnuquen algún que otro razonamiento en que tenía gran fe. Pero discutir la totalidad del proyecto constitucional no es mera fórmula ni protocolo; es precisamente lo que merece de verdad discusión, porque una Constitución es su totalidad. Al fabricar esta ley constituyente vamos a decidir cuáles serán las instituciones principales en que va a concretarse la acción del Poder público, del Estado. Según esto, a nada se parece tanto una Constitución como a una formidable máquina, que sumergimos en la espontaneidad nacional, con ánimo, sin duda, de producir en ella cierto repertorio de acciones y reacciones. Nuestra faena, pues, es de ingeniería: dadas ciertas finalidades de la vida pública, que pretendemos obtener, se trata de inventar aquella serie de aparatos que sirvan mejor para obtenerlas. Y como esos aparatos tienen que funcionar en la unidad de la máquina, es preciso que no se perturben, antes bien, que se completen y compensen los unos a los otros, porque lo importante no son ellos, sino el resultado total. La Constitución es su totalidad. Por eso propiamente no cabe hablar de aciertos parciales en una Constitución: si su sistema general no rinde aproximadamente la finalidad pretendida, de nada valen sus maravillas particulares. Por lo mismo, carece por completo de sentido que alguien se empeñe en salvar tal forma determinada de tal institución, porque esos mismos efectos políticos que él con aquélla procura, pueden, acaso, obtenerse más sencilla y enérgicamente con otra solución de perfil distinto y aun en apariencia opuesto.
Lo decisivo es que estemos de acuerdo en las grandes finalidades que para la vida pública española pretendemos obtener de nuestra máquina. En todo lo demás, la discusión constitucional debe encontrarnos porosos los unos a los otros, prontos a abandonar la idea que de antiguo se había enquistado en nuestra cabeza y a recibir la nueva idea feliz que acaso el prójimo ha encontrado y nos exhibe.
Facilitará sobremanera mi tarea de hoy el hecho de que nuestro grupo siente una alta estimación por el proyecto que esa Comisión ha redactado. Por eso tengo prisa en declarar esa estimación y añadir que va sin reservas. Porque, como antes dije, lo importante, lo difícil en una Constitución es aquella porción suya que viene a ser como su torso, en que se crean las instituciones principales del Poder público. Pues bien; nosotros consideramos que esa porción esencial de este proyecto es, en su espíritu y tendencias principales, sencillamente magnífica, bien instalada en la altitud de los tiempos, atenta a la circunstancia española y, contra lo que aquí se ha dicho o insinuado, de muy considerable originalidad. Este artículo o el otro, es decir, las piezas del aparato gubernamental, podrán haber sido incluso transcritas de Cartas forasteras. ¡No faltaba más! El abecedario jurídico, las piezas del edificio civil, son hoy comunes a todos los pueblos, y usar otros sonidos elementales no fuera sino arcaísmo o extravagancia. La originalidad, pues, sólo puede consistir en la combinación. No son las letras sueltas, sino su enjambre en la palabra, quien porta el sentido y quien es o no original. Pues bien; en este sentido, hay partes esenciales del proyecto presentado que son, yo creo, de profunda originalidad.
Declarada esta plena coincidencia con las intenciones principales del proyecto, no podrá considerarse como reserva que presentemos votos particulares y enmiendas, acaso en mayor número que ninguna otra minoría. Porque esas correcciones van empujadas por el mismo alisio de intenciones y se proponen no más que reforzar la inspiración del proyecto, depurarlo y, si no fuera pretencioso, plenificarlo.
Ni tampoco es reserva hacer constar que esa tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente en ella por el espíritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo. Mas por lo mismo que se trata de incrustaciones inorgánicas, fácilmente con unas pinzas se las puede extirpar, o, al menos, cabe modularlas de otra manera, con lo que el resto será más coherente, mucho más compacto.
Ingresemos dentro del proyecto. Toda Constitución se compone de tres partes: en la primera se enuncian las normas genéricas de la existencia civil, lo que suele llamarse «derechos y deberes»; en la segunda, se dibuja la anatomía del Cuerpo público, lo que este proyecto denomina con la rúbrica «Organización nacional»; y en la tercera, se determina la fisiología de ese cuerpo, el funcionamiento de la vida pública, sobre todo, en sus máximas instituciones; en suma, la definición de los poderes.
Veamos lo que yo puedo decir sobre estas partes, dentro siempre del tiempo que me sea concedido. Empecemos, siguiendo el hilo del proyecto, por la «Organización nacional». Me interesa entretenerme con cierta largueza en este punto, porque el problema me parece más grave de lo que, hasta ahora, he advertido en los discursos que he escuchado.
«Organización nacional». La Historia, al mirar los hechos humanos en la lontananza del pretérito, más allá de la memoria privada, hace que se borren los detalles accidentales y deja flotar sólo lo esencial. Pues bien; cuando la Historia contemple la trayectoria de la monarquía de Sagunto, bajo esa óptica de distancia, en esa distancia a la que ya no se perciben las anécdotas, en que ya no se ve la nariz de Cleopatra, aparecerá, creo yo, con sobrada claridad, que la monarquía de Sagunto ha sucumbido por no querer organizar la vida local. Quien tenga de la realidad histórica una idea espectacular, quedará muy defraudado por tal imagen; pero la realidad histórica no es espectacular y pasa siempre en el subsuelo. No quiso la monarquía de Sagunto organizar la vida local por una razón muy sencilla. Es un hecho, como hecho indiscutible, pero que no es todo lo notorio o recordado que debiera, que durante aquella gran fantasmagoría que fue la Restauración, el gran empresario de ella, Cánovas del Castillo, no podía viajar por las grandes capitales españolas, ni andar ostentosamente por Madrid, sin que la gente le silbara. Y en él silbaba, simbólicamente, a la monarquía. Conviene hacer constar, para que fuera de España se entienda el proceso reciente de nuestra historia, que las grandes capitales del país, desde 1873, no fueron nunca monárquicas, cualquiera que fuese el alza y baja de su opinión, en medio de las interferencias históricas. Entretanto, la provincia permanecía inerte; no es que fuese monárquica, sino que políticamente no existía. Y la táctica de la monarquía consistió en aplastar, usando simoniacamente del sufragio y de las elecciones, en aplastar la inquietud de unas cuantas capitales con la inercia provincial. Todo el mundo sabía y declaraba que en la provincia no se votaba. Sin embargo, la monarquía que lo ha perdido todo, no puede, para salvar su honor histórico, presentar hoy intentos de reforma leal y profunda, emprendidos para vitalizar la provincia, para curarla de su inercia. No hizo eso, porque vivía precisamente de ese vicio de inercia provinciana. Por eso he podido, con plenitud de fundamento, sin que fuesen las palabras sólo viento batido, decir que la monarquía de Sagunto había vivido de especular con los vicios nacionales.
Mas he aquí que, hacia 1900, por causas que no es de urgencia ahora elucubrar, comienza a fermentar, históricamente, la provincia. Quiere abandonar esa su inercia; se avergüenza de su envilecimiento político; en suma, se rebela contra Madrid. Y si aplicamos esa óptica sintética, a que antes me refería, a los últimos treinta años, veremos cómo todo lo que de importancia ha acontecido durante ellos, bien analizado, se resuelve en el movimiento progresivo de rebelión, de querer volver a ser, de vivir, de tener la voluntad de sí misma, de la provincia, en suma, de curarse de su inercia. La campaña de regeneración de 1902 procedía de la Unión Nacional centrada en Aragón; la sacudida, que fue, indudablemente, para nuestra modorra política lo que de dinámico había en el maurismo, se apoyó en la provincia; y vino luego aquella independencia, cada vez más extendida, de los distritos, que fue haciendo más difícil el amaño electoral y con él la creación de Parlamentos dóciles, y con ello el establecimiento de Gobiernos perdurables; y luego, Primo de Rivera aprovechó para su golpe de Estado el denso desdén que la provincia sentía hacia los políticos de Madrid. Y otro buen día, cuando los más optimistas fiaban sólo en la energía de las grandes capitales, fue la provincia quien derribó al régimen, en el acto de más propia, típica y humilde provincialidad que puede imaginarse: en unas elecciones municipales. (Muy bien).
A los que de antaño atendemos a este renacer de la provincia, no nos sorprendió; al contrario, lo esperábamos todo de que las provincias se pusieran en pie.
Pero ¿a qué vienen tales consideraciones? A esta sencilla conclusión: es que España no es sólo Madrid, Barcelona y tres o cuatro capitales más, que forman el escaparate o la superficie histórica de nuestro país; la verdadera España, aquélla de que depende el porvenir, es esa otra España enorme, latente, profunda, agarrada al terruño, que es la provincia. Porque la monarquía se aprovechó sólo de sus vicios y no quiso ligar su suerte a aquel renacer provincial, la monarquía sucumbió, y si la República hace lo mismo, si no cuida de hincar bien una de sus raíces en ese gran movimiento del afán provincial, que es la sustancia más real de todo el proceso actual español, entonces la República no podrá estar segura de su consolidación y lo que hemos hecho y lo que hagamos será obra somera y sin entresijo de historia; el cambio de régimen resbalará sobre los estratos impermeables de nuestra nación; no habremos realizado cambio alguno en los tejidos más hondos del cuerpo nacional.
Dos raíces son necesarias y suficientes para que el roble de la República se alce inconmovible sobre la tierra española: una es la profunda reforma local; otra es la organización de la sociedad en pueblo de trabajadores.
Lo primero, que es lo que ahora me ocupa, supone que con cierto radicalismo separemos la vida local de la nacional, estatal, integral, como prefiráis llamarla, y que entreguemos esa vida local a los que tienen que vivirla, a fin de obligarles a que tomen en sus propias manos su propio destino y a que aprendan a ser de él rectores y responsables. Mas para que esto sea posible, es preciso que deis a esa vida local holgura suficiente y ámbito para el vuelo. Ni el Municipio ni la Provincia tienen área bastante amplia para que en ellos se susciten corrientes de dinamismo político, para que acometan empresas de alto rango que arranquen al rural de su angosto hermetismo, que le interesen en temas más ricos y más amplios que aquéllos de que se urde su mísera existencia. El Municipio y la Provincia no bastan; esos problemas inmediatos de la existencia aldeana, los de la economía local, no tienen su realidad completa dentro del Municipio y de la Provincia; no están inscritos en esos breves círculos, sino que trascienden de ellos y se extienden sobre ingentes comarcas; ingentes comarcas cuyos límites, si los estudiamos con cuidado en el mapa, resultan coincidir con la figura de las regiones tradicionales. Esta coincidencia, sin embargo, es para mí de un interés secundario: yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro. La vida, queramos o no, es una acción que se ejecuta siempre hacia adelante. No me importaría, pues, encontrar esa especie de corroboración en el pasado para las regiones que debamos crear; pero es siempre una riqueza más, un aliento más, que cuando uno prepare el futuro lo encuentre ya preformado en el pasado. Tan es así, de tal modo no me interesa en orden esencial esa coincidencia con el pretérito, que considero como una de las desdichas más graves que han acontecido en la vida política durante los últimos años el que el regionalismo apareciera por vez primera teñido ya de lo que es más opuesto a él: de un arcaísmo nacionalista.
Yo imagino una España nueva constituida en grandes unidades regionales, cada cual con su Gobierno local y con su asamblea comarcana de sufragio universal. En esa muchedumbre de asambleas locales habrá de movilizarse un número crecido de hombres que aprenderá en ellas la responsabilidad política y el sentido de los negocios públicos; de esos hombres, así movilizados, se seleccionarán los más capaces para el gobierno local, y entre éstos surgirán aquéllos de dotes superlativas que vayan formando esa reserva de estadistas adiestrados, sin la cual la vida de todo Estado actual es demasiado azarosa. Dentro de la región podrá la Provincia reclamar lo suyo y dentro de la Provincia el Municipio.
Lanzar a España, a España toda, a esa España enorme y profunda en esa nueva vida, sí que sería verdaderamente una ingente transformación del país. Movilizados los millones de españoles en ella, se darán verdaderamente cuenta de que empieza una nueva era, y día por día sentirán que se inicia un albor de historia.
¿Qué figura es, frente a ésta mía, la que ofrece el proyecto? Una muy curiosa, sobre la cual reclamo la atención de la Cámara, porque, a mi juicio, encierra graves peligros para el porvenir.
En primer lugar, es indudable que el proyecto hace posible una organización de España en regiones tal cual yo acabo de describirla. No me he contradicho, pues, con lo enunciado al principio de que queríamos movernos dentro del espíritu e intenciones genéricas de esa Comisión. Pero ese espíritu e intenciones están en el proyecto formuladas con tal insuficiencia y con tal timidez, que no sólo quedan anuladas, sino que quedan lastradas de graves consecuencias. Mientras en la parte referente a la definición de poderes se ve, como luego advertiremos, que la Comisión ha repensado hasta el fondo los problemas efectivos de la política española, en este título de la organización nacional parece haber hecho sólo obra reactiva y no creadora, haberse limitado a abrir un hueco en su texto para el hecho, respetable pero adventicio, de que dos regiones reclamen Estatutos particularistas.
La imagen de nuestro pueblo, que el proyecto nos ofrece, es una división en dos Españas diferentes: una, compuesta de dos o tres regiones ariscas; otra, integrada por el resto, más dócil al Poder central. Para el proyecto es la autonomía algo especial, puesto que no la estatuye para todos los cuadrantes españoles. Esto, que pretende ser cautela, previsión y desamor a la aventura, me parece más bien, y a la par, ingenuo y funesto.
Pues hay gran verosimilitud de que, tan pronto como exista un par de regiones estatutarias, asistiremos en toda España a una pululación de demandas parejas, las cuales seguirán el tono de las ya concedidas, que es más o menos, querámoslo o no, nacionalista, enfermo de particularismo.
Resultará, pues, a la postre, España ordenada íntegramente, pero de mala manera, en regiones. Mientras tanto, nos encontraremos con una España centrífuga frente a una España centrípeta; peor aún, con dos o tres regiones semi-Estados frente a España, a nuestra España.
Por otra parte, resulta que no hay nada nuevo en lo que se refiere a la porción de España que siga vinculada al Poder central; es decir, que la República, por lo visto, no tiene nada que innovar en la vida local de la España más fiel, y esto habéis visto, por la historia de la monarquía, que era sumamente grave.
Acentúa, a mi juicio, la gravedad de una y otra emergencia el hecho de ciertas insistencias con que el proyecto de Constitución plantea la posibilidad de demandas de Estatutos; porque se habla allí de que no le han de ser concedidos éstos sino a aquellas provincias que posean características definidas, históricas, culturales y económicas comunes, notas que ciertamente poseen hoy todas las regiones españolas, pero que, antepuestas a una demanda de Estatuto, parecen como animar, como incitar a una campaña de nacionalismo allí donde hasta ahora no ha existido.
Yo no rozo aquí, dejo por completo intacto, el problema catalán, del cual hablaremos otro día con la cordialidad y la lealtad, a veces un poco doloridas, que siempre he consagrado a Cataluña; medito ahora únicamente sobre las necesidades generales de España, y me encuentro con que los señores de la Comisión, sin premeditarlo, sin quererlo, en este texto estatuyen una prima al nacionalismo.
En cambio, si la Constitución crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfronten, pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias el Poder nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una solución y de otra. (Muy bien).
Yo desearía que no se repitieran, ante propósitos parecidos a los que acabo de enunciar, las sempiternas dos objeciones que suelen salirnos al camino y que el mismo señor Companys, no haciéndose solidario de ellas, más bien rechazándolas al paso, aun cuando sin analizarlas, acaba de enunciar. Se dice, primero, que conceder la autonomía a ciertas regiones fuera artificioso; segundo, que ciertas regiones no están aún capacitadas para gobernarse a sí mismas. A las cuales ambas objeciones doy por lo pronto una respuesta unitaria; ambas proceden de una idea política que yo esperaba ya ver periclitada en todas las cabezas; una vieja idea y principio románticos, según los cuales el Derecho, la Ley, y, sobre todo, una Ley institucional, no tienen que ser otra cosa sino el reflejo de las realidades preexistentes en la sociedad. Esto ha sido siempre utópico; el Derecho no es mero reflejo de una realidad preexistente, porque entonces sería superfluo; el Derecho, la Ley, son siempre algo que añadimos a una espontaneidad insuficiente; es la corrección de lo roto; son un estímulo a lo que no es aún pleno; son, pues, incitaciones y, si queréis, también aparatos ortopédicos. Nada más fácil que reírse de los aparatos ortopédicos, olvidando que el mundo está lleno de tullidos, de cojos y de herniados. La Ley tiene que suscitar nuevas realidades; la Ley ha sido antes y lo será, cada vez más, creadora; la Ley es siempre más o menos reforma, y, por tanto, suscitadora de nuevas realidades. Y cosa pareja diría a la segunda objeción, de que una región es incapaz para gobernarse a sí misma, que otra, en cambio, lo es. Es decir, ¿que hay una porción de España poblada de hombres casi perfectos, dueños de todas las dotes necesarias para vivir públicamente en perfección? Entonces no me interesa cambiar el tipo de vida y hacer que se organice en región; eso me interesa allí donde la vida es insuficiente; me interesa hacer capaces a los incapaces y todavía no se ha inventado mejor manera para enseñar a nadar que arrojar al aprendiz de un empujón al agua, quedando detrás en inspección tutelar. (Muy bien).
Dejo, pues, aquí estos pensamientos, aún expuestos con bastante insuficiencia, esperando que los señores diputados reflexionen sobre ellos, ya que son temas, repito, de alguna gravedad; los señores diputados, y sobre todo los que componen esa Comisión, a los cuales antes he dedicado elogios tan sinceros, y de los cuales espero que ejercitarán mejor que nadie esa virtud de porosidad que yo antes recomendaba a mí mismo y a todos los demás.
Y ahora, dando un brinco, vamos a otra parte de la Constitución: a la definición de Poderes.
La gloria más auténtica de ese proyecto es, a mi juicio, que, elaborado en estas horas de innegable turbulencia, sobre todo de turbulencia mental, no ha vacilado en afirmar lo que es característico de la nueva democracia frente a la antigua: la necesidad de construir un Estado fuerte. Ayer nos lo explicaba con palabras excelentísimas, en vacación de ministro de Justicia, el diputado don Fernando de los Ríos. Me complació también ver que tres días antes el señor Gordón Ordax emergía de la minoría radical socialista para declarar paladinamente que era forzoso edificar un Estado muy distinto del viejo Estado liberal. Y no es que seamos menos liberales que nuestros abuelos. Ahí están en ese proyecto todas las viejas garantías, salvo una, la económica, que no hace tanta falta, reforzadas; no es que seamos menos liberales; es que la vida pública se ha hecho demasiado compleja y difícil y obliga al Estado, quiera o no, a intervenir allí donde antes practicaba abstención, o, mejor dicho, fingía practicarla. Porque el viejo liberalismo, aunque brotaba de una aspiración generosa, tal vez la más generosa que se ha alzado nunca en la Historia, concluía, por la forzosidad de los hechos, comportándose con grave hipocresía. Ésta ha sido la causa de la decadencia padecida por la pura democracia liberal. Medios de gobernación, que el Poder público ha menester, no le eran reconocidos en la Constitución, pero luego él, forzado por los hechos, hacía de ellos un uso fraudulento, y nada desprestigia tanto al Poder público como negarse a sí mismo un uso del cual luego hace un abuso. Ésta es la indecencia instalada en el Poder público. De aquí que para la nueva democracia sea cuestión de limpieza y de cuentas claras dotar al Estado de todos aquellos instrumentos y facultades que es previsible necesitará emplear, pudiendo así mantenerse aquél siempre con pulcritud dentro de su cauce y dentro de su ley.
El Estado hoy se encuentra, no como en la edad romántica, en que surgió la democracia liberal, delante de meros individuos, sino que se encuentra frente a organizaciones poderosas de todo género, y conste que no me refiero ahora sólo y principalmente a las organizaciones societarias, sino mucho más a las grandes organizaciones financieras y económicas. Frente a esos poderes, hasta ahora desconocidos en la Historia, es menester pertrechar de armas fuertes al Estado, para que se defienda de ellos y los sojuzgue. Esto, como todo, tiene su riesgo: la vida es riesgo, y es peligro; esto puede llevar al estatismo, a la estatolatría y a que el Poder público aplaste al individuo. Si esta ocasión llega, el Estado morirá. Así aconteció más de una vez, porque el Estado más perfecto que ha habido nunca en la Historia, el Estado romano, aplastó a sus individuos, haciendo de ellos esclavos, y entonces, desnutrido de lo único que nutre al Estado, que es la espontaneidad individual, acabó por esqueletizarse en puro militarismo y llegó un momento en que murió, estrangulándose a sí mismo. El estatismo es el riesgo del Estado fuerte, pero —repito— que no hemos acertado todavía los hombres a vivir sin riesgo; para evitarlo, lo único que podríamos hacer es intentar ausentarnos de la vida.
Creo yo que es general en la Cámara este deseo del Estado fuerte; pero ha sido para mí muy especialmente grato, por eso antes lo dije, ver que la minoría radical socialista pensaba así, y que de una manera tan enérgica lo anunciaba y que sin duda ha contribuido mucho, con su labor en la Comisión, a hacer triunfar este principio. Esto nos demuestra que esa minoría, a la cual no sé bien cómo llamar… me recuerda que Cervantes, allá hacia el fin de su libro, no sabiendo ya con qué nuevas palabras y giros denominar a la apasionada figura de Alonso Quijano, acaba por llamarle Don Quijote el Extremado; pues bien, esta extremada minoría (Risas) ha demostrado, por si alguien lo dudaba, ateniéndose sólo a las apariencias, que había en ella una vena íntima de honda intuición política, en la cual, lo declaro, confío mucho más que en la frondosidad externa de sus impetuosos aspavientos. (Risas).
Esta voluntad de construir un Estado robusto, donde aparece con su superior claridad es en aquella parte del proyecto en que se definen los Poderes. Y creo que es conveniente ir ya explicando al país el sentido de las nuevas instituciones que allí se preparan.
Hay, y ha habido siempre, entre el Poder ejecutivo y el Poder legislativo y fiscalizador, que cumple al Parlamento, un antagonismo irreductible. Son ambas necesidades constitutivas del Estado, y por muy antagónicas que sean, no se puede prescindir de ninguna. En el siglo XIX se creyó que el mejor trato a esa oposición congénita de ambos Poderes era deprimir uno de ellos, el ejecutivo, envagueciéndole, esfumándole y subordinándole por completo al Poder parlamentario; esto es lo que se ha llamado régimen parlamentario sensu stricto. Y es claro que siendo las Cortes el órgano, la fuente por donde mana la soberanía nacional, todo Poder, en su raíz, está subordinado a ellas. Pero una cosa es que el Poder ejecutivo se halle en su raíz última subordinado al Parlamento y otra, muy otra, que el ejercicio de ese Poder esté, minuto tras minuto, en servidumbre bajo el Parlamento. Esto es lo que impide la constitución de Estados fuertes, y permite sólo Gobiernos paralíticos. Durante el siglo XIX, el Parlamento lo fue todo; aquellos hombres sentían fruición por los debates de la Cámara, por su pompa y ritual; la vida era entonces menos urgente y áspera, y no se avergonzaban de confundir el deber nervioso y ágil de la política con la delicia de presenciar, hora tras hora, cómo de las bocas de los oradores salían las volutas rotundamente sonoras de los párrafos grandilocuentes; párrafos grandilocuentes, dicho sea entre paréntesis, que eran mucho más fáciles de hacer que los nuestros de ahora, cortos, más cortos, pero a los cuales se exige que lleve cada uno dentro, encerrada como en una jaula, alguna idea que brinque prisionera. (Muy bien; aplausos). Hoy sentimos la necesidad de que el Parlamento sea magro y sobrio y que su intervención en la vida del Estado se reduzca o al trabajo en las Comisiones o a golpes secos, fulminantes, inexorables de su decisión y crítica soberanas. Esto es lo importante.
En el proyecto hay, sin duda, la intención de hacer este Parlamento sobrio; pero no aparece suficientemente claro, porque ha olvidado, entre otras cosas, decirnos cuál va a ser el número de diputados y hacer que éste sea bastante reducido. Dentro de todas las probabilidades, un Parlamento de doscientos diputados es siempre mejor que otro de cuatrocientos; y de esto, del nivel moral e intelectual de los parlamentarios depende, en última instancia, la firmeza y el prestigio de una democracia. Y conste que, cuando hablo de nivel intelectual, no me refiero a la intelectualidad de los intelectuales, sino a la de los políticos. Hartas veces he escrito en mi vida que el ideal de un pueblo es que no se vea obligado a que intervengan en su política los intelectuales, porque ello quiere decir que en ese pueblo marchan bien las cosas. Conste así, por si hay algún obstinado en creer que hemos venido aquí para fingir capacidades políticas de que, probablemente, carecemos.
Los tiempos exigen, pues, un Parlamento sobrio, pero, eso sí, con la plena y tajante eficiencia de sus atributos. Frente a él, el proyecto nos presenta un Poder ejecutivo que se eleva con holgada independencia del Parlamento. Éste es, a mi juicio, el punto más saliente, la inspiración más ejemplar y feliz del proyecto. En vez de resolver la oposición entre ambos Poderes, supeditando el uno al otro, lo que ha hecho es elevar cada uno a la plenitud de sí mismo; aceptar este antagonismo y confiar en que de él, precisamente de él, saldrá un dinámico, un auténtico y sincero equilibrio. Si un día se rompe, queda siempre la posibilidad del referéndum que da a la nación el derecho para dirimir ese conflicto y restablecer la armonía entre sus Poderes. ¡Lástima que después de crear ese ejecutivo libertado, le ponga en el detalle graves cortapisas!
Bajo esta admirable inspiración, la Comisión procura que el jefe del Poder ejecutivo halle un origen electoral, no en el Parlamento, sino en la calle, en el campo, en el sufragio universal. A nosotros nos parece esto, como principio, excelente; pero cuando llegue la discusión del articulado, nos opondremos a la forma determinada que se da a la elección presidencial. No puedo ahora desarrollar el tema; sólo indicaré que ese entusiasmo por el plebiscito y esa frecuencia con que el proyecto maneja el referéndum, como si fuesen las cosas más democráticas del mundo, constituyen, a mi modo de ver, una mala inteligencia y un quid pro quo. Siempre, cuando en un gran Estado (no hablemos ahora de Suiza, que ha valido casi sólo para desorientar a los pensadores políticos poco cautelosos), cuando en un gran Estado consigue el plebiscito mediatizar a las otras formas de elección, pronto se oyen resonar en el suelo de mármol las rápidas sandalias de César, que llega; el plebiscito creó en Roma el cesarismo y lo ha recreado en toda gran colectividad nacional. (Muy bien).
Decía yo que democracia es algo más que el pueblo de la calle, porque uno de los valores que encuentro en ese proyecto de Constitución, una de las causas de que todavía la opinión pública no sienta hacia él el respeto y el entusiasmo consiguiente, que, a mi juicio, merece, es que suena en él por vez primera la voluntad clara de constituir una democracia plenamente actual. La labor de esa Comisión contrasta, en efecto, con el tono y nivel de demagogia pueblerina, en que más de un día la vida republicana de estos meses se ha movido. Hay en ese proyecto auténtico pensamiento democrático, sentido de responsabilidad democrática; las cuales cosas son las más opuestas a la simple audacia de los que pretenden reducir la democracia a sacarse cada cuarto de hora el pueblo del bolsillo, y sin mayor esfuerzo atribuirle sus opiniones, apetitos o extravagancias particulares. (Muy bien). No; la democracia no es eso; la democracia no es el pueblo, es el Estado del pueblo y no el pueblo sin el Estado, y ese Estado es un edificio gigante y difícil, y para construirle ese imponente edificio, nos ha traído el pueblo aquí; temerosos de que, aun poniendo a contribución todas nuestras facultades, no nos acerquemos a cumplir suficientemente tan grave misión; pero seguros de que la defraudaríamos por completo, si no nos oponemos a las inanes tiradas de irresponsabilidad verbal con que se ha inundado al país, que han sonado en esta misma Cámara, que esta misma Cámara, distraída, sin duda, alguna vez ha aplaudido, en lugar de avergonzarse de sentir sobre sus lomos el trallazo envilecedor del latiguillo oratorio. No es eso; la democracia es el pueblo organizado, no el pueblo suelto; y siempre que sea posible, debe en esa Constitución recurrirse no a este pueblo suelto, no a esa muchedumbre inorgánica, de azar, sino al pueblo organizado. En la imagen de España, de una España nueva, que me anda en la cabeza desde hace muchos años, eran las Asambleas regionales quienes, trascendiendo de su actuación local, concertándose en un gran sufragio nacionalizador, elegían al Presidente. Así teníamos que, frente al Parlamento, expresión de la democracia central y abstracta, el Poder ejecutivo nacía de la periferia democrática, de la grande y concreta democracia local. Así lográbamos que en esta Constitución se trabasen en prieto sistema toda la vida local y toda la vida nacional.
Yo pensaba, señores, hablar un poco más; pero, no sólo estoy fatigado, sino que veo que llego a los extremos de mi hora; ando ya azacanado por el tiempo y siento desde hace un rato que ese can del tiempo me mete el hocico en los tobillos. Tengo, pues, que saltar por otros dos o tres temas que hubiera querido, al paso, tocar: quisiera haber hablado algo sobre el problema religioso y sobre algún otro problema. (Varios señores diputados: Que hable, que hable).
El señor PRESIDENTE: Creo, señores diputados, que podemos conceder una cierta amplitud al señor Ortega y Gasset (Muchas voces: Sí, sí), porque, seguramente, después de su discurso, no habrá, a esta hora, otro diputado que quiera hacer uso de la palabra; y como todavía la Cámara no está fatigada, le oirá con mucho gusto. (Muy bien, muy bien).
El señor ORTEGA Y GASSET: Agradezco vivamente la ampliación de vida oratoria que acaban de concederme, con su benevolencia habitual, el señor Presidente y la Cámara; espero no abusar, sin embargo, de tan exquisita concesión. Pero ya que tengo esos minutos más, quisiera, volviendo a la cuestión de los Poderes, no dejar de advertir que, frente a ese Poder ejecutivo, de elección no parlamentaria, que puede legislar por decreto, que puede devolver a las Cortes una ley que éstas han votado ya, que puede ejercitar el veto y dirigirse al Tribunal de Garantías Constitucionales en defensa de su actuación, a ese Tribunal que representa como un cuarto Poder, confieso no entender cómo hay alguien que todavía defiende la necesidad de una segunda Cámara.
Ha habido siempre, para desearla, una clara razón: parecía necesario que la Cámara popular, propensa a seísmos y a apasionamiento, tuviera algún freno, y el Senado era el freno para la Cámara popular. Reconocerán ustedes que, desde un punto de vista de ingeniería, que es el que tiene que regir nuestra invención institucional, no es la solución más elegante, para un freno, crear el inmenso volumen de toda una Cámara. En primer lugar, no se ha meditado en los entresijos del proyecto de la Comisión; si no, se hubiera visto que ese freno y muchos más al Parlamento, están previstos en él.
Recuérdese que hay un voto de censura, como procedimiento particular, para poder derribar un Gobierno. El Parlamento no puede ser ya el sucedáneo del tiro de pichón, al cual iban los diputados con ánimo alegre de disparar sobre algún miembro del Gobierno; hace falta un voto particular de difícil ejercicio. Ha sido, yo creo —no estén ustedes muy seguros de mis citas—, transcrito de la Constitución checoslovaca, donde hacen falta cien diputados para firmar la petición del voto de censura; no sé por qué ese proyecto lo ha dejado reducido a cincuenta. Pero, en fin, eso es cuestión secundaria; lo importante es que no sólo no es necesario ese freno en nuestra Constitución sino que hoy el Senado no podría ser, como era antaño, representación de fuerzas tradicionales: sólo podría ser una Cámara corporativa. Esta idea de la Cámara corporativa aletea sobre Europa hace treinta años, encantando a todo el mundo, pero sin que hasta ahora se haya logrado. Es, en efecto, plausible la idea de que junto a la representación amorfa e indiferenciada del sufragio universal en la Cámara popular, haya otra que represente las Corporaciones, con el organismo de sus intereses y de su competencia. ¿Hay nada más aceptable? Sin embargo, esta idea tan feliz no ha podido nunca realizarse; y en la reciente Constitución de Weimar, cuando se creó el Consejo económico del Reich, se quiso algo parecido una vez más; pero es un hecho que ya a estas horas ese Consejo económico no funciona y ha sido uno de los fracasos con que cuenta esa Constitución, que yo admiro mucho menos, por muchas razones, algunas no imputables a sus autores, que yo admiro mucho menos que el señor Jiménez de Asúa.
Pues bien; ante una representación corporativa frente a la Cámara popular, una de dos: o concedéis a esa Cámara corporativa carácter y atributos políticos, o no; si lo segundo, será una Cámara castrada, que no podrá servir de freno alguno para las tempestades de la Cámara popular, y si le dais carácter político a esa Cámara, ¡ah!, entonces, al poco tiempo, de corporativa se convertirá, no representando ya fuerzas tradicionales, en pura Cámara política, tan popular como la otra y tan apasionada. Lo corporativo no resiste al vigor de las ideas y de la pasión política: la política en la Historia, señores, es el macho.
Yo recuerdo que una de mis primeras impresiones de profesor, cuando, mozo, ingresé en la cátedra, fue que al asistir por primera vez a la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, que es, ciertamente, de lo más corporativo y abstracto que puede imaginarse, apenas se discutió sobre si se había de dar o no una orden a un bedel, la honorable Facultad se dividió, hasta la raíz, en derechas e izquierdas. (Risas).
La política lo penetra todo; en definitiva, lo decide todo. Es un poder misterioso, instintivo, que no se ha logrado aún analizar, pero que rige la Historia; incluso en lo económico, señores socialistas; es un poder ajeno y distinto de todos los demás, que en cada edad se camufla según el matiz de los tiempos, como los grandes ríos toman el color del cielo y de las nubes viajeras que sobre ellos pasan a la deriva; y unas veces la política se disfraza de luchas de razas y de sangre, y otras veces de luchas religiosas, y otras, como en el último siglo, de luchas económicas; pero, en realidad, bajo todo ese disfraz y máscara, es el instinto político, el instinto del Poder quien rige la Historia.
Ese Estado robusto, capaz de habérselas con las grandes organizaciones sociales del tiempo, tiene que encontrarse también frente a la Iglesia. Deslicemos, pues, sólo unas palabras sobre el tema eclesiástico. Rechazo la sospecha por parte de ustedes de que voy a tratarlo debidamente; en modo alguno. Voy a decir sólo unas palabras para que no quede su hueco en el mosaico que ha resultado mi discurso. Habremos de hablar de ello a fondo, como merece, cuando se discuta el articulado. La separación de la Iglesia y el Estado es un fruto que el tiempo ha hecho madurar y se cae solo del árbol. No pocos católicos lo postulan también, y espero que sobre ello no se levante disputa mayor. Pero el artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes a que yo me refería en el comienzo de mis palabras. Se habla allí de disolver las Órdenes religiosas, y, aparte de si es o no discreta tal operación, yo encuentro que hay que hacer a ese artículo una advertencia previa.
En una Constitución no deben quedar sino aquellas normas permanentes de la existencia civil y no decisiones fungibles que se consumen al primer uso. Una vez practicada esa disolución, aquella línea constitucional queda para siempre muerta. Y esto, no es que sea grave, pero sí es un síntoma de que no es ése su lugar. De otro modo, la Constitución, que debe ser pura vida viviente y plena actuación, arrastraría cadáveres y cadáveres, y en vez de ser sólo vida del instante, renaciendo siempre de sí misma, estaría cargada del esqueleto de la Historia ya cumplida. ¿Todo esto no os indica que, aparte la cuestión de fondo, no es ése el lugar donde debe estar tal decreto y tal designio?
Pero, aparte de esto, yo dudo mucho que sea la mejor manera para curarse de tan largo pasado como es la historia del Estado eclesiástico en España, del Estado-Iglesia, esas liquidaciones subitáneas; no creo en esa táctica para combatir el pasado. El pasado es astuto y sutil, mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando queremos herirle, fogosos, su cuerpo espectral queda indemne y luego vuelve a insinuarse en nosotros y vuelve a ahogarnos con sus múltiples lazos invisibles. Cada palabra, señores, y esto lo sabe muy bien el que escribe y aspira a alguna originalidad, es un pasado que nos impone viejas turbas de pensamientos.
No; no es ése el modo de librarse del pasado. Para el mal del pasado no queda sino una digestión histórica y es preciso que hoy en nuestra Constitución no hagamos sino disponer ese futuro de noble combate histórico con el poder eclesiástico. Por eso, nosotros, que coincidimos en gran parte con lo que dijo en su discurso el señor Zulueta, aprontamos al problema por él planteado una solución. El Estado, en efecto, no puede quedar con la Iglesia ante sí, convertida en una asociación privada como cualquiera otra. Así, no tendrá, por un lado, el respeto debido a esa unidad histórica, que es la Iglesia española; pero, por otro, tampoco las defensas suficientes frente a ella el Estado español.
La Iglesia es un poder muy complejo, es una organización internacional. Puede decirse de ella lo que de una Orden religiosa decía en el siglo XVIII el abate Galiani: «La Iglesia católica es una espada que tiene el puño en Roma y la punta en todas partes». Con una fuerza así hay que actuar con nobleza, por las fuerzas del pasado que representa; pero, además, con cautela. Por eso nosotros propondríamos que la Iglesia, en la Constitución, aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman una Corporación de Derecho público, que permita al Estado conservar jurisdicción sobre su temporalidad. (Muy bien).
Y voy a terminar, señores diputados, con una queja a esa Comisión, a quien creo haber dirigido no pocos sinceros elogios: la queja de que en la lista de deberes falte el nuevo deber, el deber típico de todo ciudadano en el tiempo actual, el deber del trabajo. Nosotros presentaremos un voto particular, que diga: «El trabajo, en cualquiera de sus formas, es un deber social». De esta suerte iniciamos en la Constitución un modo de organizar al pueblo español en colectividad de trabajadores; de crear un Estatuto general del trabajo, donde se fijen sus formas y correspondencias. Ésta no es una idea espeluznante: es lo que está ya empezando a ser, sin frases ni espectáculos, en la existencia europea; porque no se trata ya, y por lo pronto, de justicia social, ni de reclamaciones obreras: es algo más hondo y decisivo; es que el hombre europeo ha llegado a una concepción lo suficientemente madura de su vida, para comprender que ésta no tiene sentido sin trabajo; que si la vida en su culminación es deporte y es creación, es en su base, por lo menos y por lo pronto, trabajo, y que el hombre que no trabaja, aventa, disgrega, pierde su personalidad. Ésta es la tragedia de las viejas aristocracias, que por haber gozado durante generaciones privilegios que las alejaban del trabajo y del contacto áspero con la vida, que hace a nuestra sangre acudir a la periferia y que funcione el organismo, dejaron perderse sus antiguas cualidades, y el menor viento revolucionario, como hojas secas, se las llevó por delante.
Iniciemos, señores, esta seria organización de España en pueblo de trabajadores. Hagámoslo, como toda la gran reforma de España —que vamos a intentar— con el tempo justo, sin acelerarnos, pero sin retardarnos; siguiendo, pues, la norma que Goethe nos recomendaba para toda nuestra vida: avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella. (Aplausos unánimes que se prolongan largo rato).
VIII
UN ALDABONAZO
Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! En suma: autenticidad, autenticidad…
Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de ornamento. Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles —una, la auténtica española; otra, imaginaria y falsificada— entre las cuales cupiese elegir. No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni remisión.
¿Cuál es la República auténtica y cuál la falsificada? ¿La de «derecha», la de «izquierda»? Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras, que no responden al estilo vital del presente —ni en España ni fuera de España. ¿Qué es la «derecha» y la «izquierda» en la política alemana o inglesa o rusa de la fecha actual? Para un liberal, el bolchevismo es «derecha»; para un conservador del siglo XIX —el siglo de «derechas» e «izquierdas»— el fascismo es «izquierda». No sirven, no sirven, pues, estos vocablos. La misión del vocablo es orientar en la selva de lo real poniendo en ella la rosa de los vientos con su gran aspaviento cardinal. Ahora bien; esos vocablos del pasado siglo confunden nuestro presente al pretender definirlo.
No es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra República porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el «radicalismo» —es decir, el modo tajante de imponer un programa. Por muchas razones, pero entre ellas una que las resume todas. El radicalismo sólo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido. Sólo entonces puede aquél proceder perentoriamente y sin miramientos a operar sobre el cuerpo de éste. Pero es el caso que España —compárese su historia con cualquiera otra— no acepta que haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido. Repugna desde lo más hondo de sus entrañas esta situación en verdad inhumana. Muchas veces he hecho notar la insistencia pasmosa y única en la Historia con que el fervor español se ha dirigido en toda lucha al vencido: Lucano, cordobés, canta a Pompeyo humillado, no a César victorioso, y Cervantes se abraza al pobre cincuentón manchego que es el perpetuamente vencido, el Vencido esencial.
Pero en esta hora de nuestro destino acontece, además, que ni siquiera ha habido vencedores ni vencidos en sentido propio, por la sencilla razón de que no ha habido lucha, sino sólo conato de ella. Y es grotesco el aire triunfal de algunas gentes cuando pretenden fundar la ejecutividad de sus propósitos en la revolución. Mientras no se destierre de discursos y artículos esa «revolución» de que tantos se reclaman y que, como los impuestos en Roma, ha comenzado por no existir, la República no habrá recobrado su tono limpio, su son de buena ley. Nada más ridículo que querer cobrar cómodamente una revolución que no nos ha hecho padecer ni nos ha costado duros y largos esfuerzos. Son muy pocos los que, de verdad, han sufrido por ella, y la escasez de su número subraya la inasistencia de los demás. Una cosa es respetar y venerar la noble energía con que algunos prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha ejecutado. Llamar revolución al cambio de régimen acontecido en España es la tergiversación más grave y desorientadora que puede cometerse. Lo digo así, taxativamente, porque es ya excesiva la tardanza de muchas gentes en reconocer su error, y no es cosa de que sigan confundidos los ciegos con los que ven claro. Se hace urgentísima una división de actitudes para que cada cual lleve sobre sus hombros la responsabilidad que le corresponde y no se le cargue la ajena.
Las Cortes Constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma profunda de España en lo político y en lo social. Sin vacilación, pero sin radicalismo —esto es, sin violencia y arbitrariedad partidista. En un Estado sólidamente constituido pueden, sin riesgo último, comportarse los grupos con cierta dosis de espíritu propagandista; pero en una hora constituyente esto sería mortal. Significaría prisa por aprovechar el resquicio de una situación inestable, y el pueblo español acaba por escupir de sí a todo el que «se aprovecha». Lo que ha desprestigiado más a la monarquía fue que se «aprovechase» de los resortes del Poder público puestos en su mano. Una jornada magnífica como ésta, en que puede colocarse holgadamente y sin dejar la deuda de graves heridas y hondas acritudes, al pueblo español frente a su destino claro y abierto, puede ser anulada por la torpeza del propagandista.
Yo confío en que los partidos, al fin y al cabo nuevos —algunos muy viejos, pero que hasta ahora no han logrado sumar muchos votos—, no pretenderán hacer triunfar a quemarropa, sin lentas y sólidas propagandas en el país, lo peculiar de sus programas. La falsa victoria que hoy, por un azar parlamentario, pudieran conseguir, caería sobre su propia cabeza. La Historia no se deja fácilmente sorprender. A veces lo finge, pero es para tragarse más absolutamente a los estupradores.
Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!»
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo.
9 de septiembre de 1931
IX
EL ABSENTISMO MORTAL
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Así terminaba yo el otro día. Pero no estoy seguro de haberme hecho entender. Recuérdese que en mi primer artículo en Crisol, hace ya meses, rogaba a los lectores que al leerme correspondiesen al intento de precisión que yo hago cuando escribo. Así, es lo más probable que la frase transcrita no se haya entendido en su humilde y perogrullesca literalidad. Se supondrá, más bien, que con ella trato de influir sobre los «radicales» para que no sean «radicales». ¡Como si yo hubiera pretendido jamás influir sobre nadie ni entrometerme en su biografía! No; no se trata de eso. Sean los «radicales» todo lo «radicales» que les venga en gana. No tengo cura de sus almas ni soy tutor de sus destinos. Lo único que hago es hacer constar una situación objetiva, de la cual no debiera dudar ni un instante quien posea alguna noción clara sobre el modo de ser nuestro pueblo en su totalidad y decisivo conjunto, a saber: que el triunfo de la República no es el triunfo del «radicalismo» y que, por tanto, los «radicales» cometerían un tremendo error objetivo si creyesen lo contrario, si supusiesen que habiendo triunfado la República son ellos los dueños de la situación, que todo es pan comido y no tienen que preocuparse de más sino dejar fluir alegremente su «radicalismo».
Después de todo, se trata de la sempiterna equivocación padecida por las llamadas «izquierdas» a todo lo largo de nuestra historia. ¿Por qué? ¿De dónde procede esa curiosa miopía de nuestros eternos «progresistas», que les hace confundir la nación con su tertulia o con un pequeño núcleo de masas entusiastas? ¿Por qué no se elevan casi nunca a la gran óptica nacional, única desde la cual se puede hacer historia perdurable y se evita el mero y triste episodio?
Sería de alguna oportunidad responder a esas preguntas, si no hubiese mayor urgencia en subrayar otro peligro que hoy germina en nuestra vida pública y que es mucho más grave que la liviandad de los «radicales». Este peligro es la soberbia de los conservadores —aristócratas, banqueros, grandes industriales, propietarios, clérigos, etcétera.
Todos estos señores, si quieren pensar un poco en serio, deberían hacerse la siguiente reflexión: Ha acontecido en España nada menos que un cambio de régimen. Este cambio de régimen no se debe a ningún golpe de mano con que una reducida minoría de audaces aprovecha una coyuntura de azar, sino que se ha llegado a él porque el régimen anterior había perdido todos sus prestigios y su eficiencia histórica. España, no este o el otro grupo caprichoso, necesitaba evidentemente una transformación profunda de su Estado. Siendo esto así, lo natural y lo sano, lo que habría pasado en cualquier otro país de Europa, hubiera sido que todas las clases sociales, solidarizadas ante la indiscutible y general necesidad, habrían colaborado en el cambio de régimen, cada una en su puesto, según su modo y a la distancia adecuada. Pero en vez de esto, las clases conservadoras se obstinaron hasta el fin en no actuar frente a la necesidad inminente. No intentaron corregir el desmán acelerado de la monarquía, ni apoyaron al movimiento transformador, como si les trajese sin cuidado lo que en España pudiera sobrevenir. El resultado fue que el nuevo régimen aparece traído exclusiva o casi exclusivamente por los obreros y los intelectuales.
Y una vez que este nuevo régimen está ahí y es el Gobierno de España, todos esos señores aprovechan desde el principio cualquier pretexto para ausentarse de la vida nacional: retiran sus dineros, abandonan la lucha en las elecciones, paralizan sus propios movimientos; todo ello como si no tuvieran que ver con la historia de España.
Antes que nadie he censurado el exceso de gesticulación «radical», que durante unas semanas hemos presenciado. Pero ello me da derecho a proclamar de la manera más estricta que nada de lo hecho, proyectado o simplemente dicho, justifica ni de lejos el absentismo de las clases conservadoras. Conviene hacer constar que en cualquier nación de Europa han tenido que padecer esas clases, durante lo que va de siglo, Gobiernos, legislaciones y desórdenes incomparablemente más duros que cuanto ha acaecido en nuestra República. Y, sin embargo, no abandonaron la vida nacional, comprendiendo que es de todas las tácticas la más parecida al suicidio.
Porque su conducta tal sólo puede interpretarse suponiendo que las clases conservadoras españolas, beneficiarias perpetuas del Poder público, no admiten como históricamente tolerable ninguna reforma estatal, que no las permita seguir siendo dueñas indiscutidas del Poder. Esto es lo que llamo soberbia, y lo llamo así porque las conozco muy bien. Pues esa soberbia es, tal vez, lo único que puede provocar en España una auténtica y terrible revolución.
No se pide a esos señores que hagan declaraciones republicanas. No importan mucho esas declaraciones. Se exige algo que es, sin disputa, exigible: que actúen y colaboren en la vida nacional, cualquiera que sea su forma de gobierno; que los banqueros apronten soluciones a la perturbación económica; que los propietarios e industriales trabajen con fervor en sus cultivos y empresas, aunque les sea molesta la hora presente. Esto hemos hecho los demás durante muchas horas que nos fueron molestísimas. (Esto hacemos en la hora presente, que es para mí, y otros como yo, más molesta que ninguna otra, más trastornadora de nuestra vida habitual, más catastrófica para nuestra esquelética economía doméstica).
No es lícito, desde ningún punto de vista, el absentismo y la falta de actividad en los órdenes sustantivos de la existencia nacional. Por una razón sencillísima. Ese absentismo, si perdura, nos convencerá de que, en efecto, esos señores no admiten más España que una en que ellos sigan imperando y que se insolidarizan con la nación cuando ésta se organiza en otra forma. Pues bien; en ese caso habría que ir pensando de verdad en prescindir de ellos, ya que ellos prescinden de la nación, ya que condicionan su convivencia en ella.
Yo espero, sin embargo, que las clases conservadoras despierten a una más clara visión de la realidad profunda y, curando su soberbia, arrimen el hombro a la gran faena en que ahora estamos de hacer una España vigorosa y actual, una España que, en definitiva, es el destino común de todos.
14 de septiembre de 1931
X
FEDERALISMO Y AUTONOMISMO
(Discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes en la noche del 25 al 26 de septiembre de 1931)
Siento vivamente prolongar todavía esta vigilia, y no sé si podré pronunciar con mediana sintaxis las palabras que tengo que decir, porque mi salud no es tan espléndida que, después de una jornada fatigosa, me permita llegar a esta hora con cierta plenitud fisiológica; pero siento la imposición de un deber de conciencia al cual no he de dar expresión con caracteres externos de patetismo, pero que quiero que conste en el Diario de Sesiones: no puedo votar en pro de esa formulación del primer artículo constitucional.
Esa cuestión de conciencia, a que antes me refería, no pesa sobre la porción del artículo en que se habla de República de trabajadores. Creo haber sido uno de los primeros, aunque estoy dispuesto a abandonar la prioridad a cualquiera que la solicite, en haber proyectado, en esta etapa de la vida española, sobre la conciencia pública, la fórmula, el lema de que era preciso organizar a España en pueblo de trabajadores, expresión bien pareja a la que ahora aparece en el primer artículo de nuestra Constitución. Y la palabra «trabajadores» era empleada por mí estrictamente en el sentido que, con todo rigor, definió en su discurso doctrinalmente, cuya doctrina suscribo, el señor Araquistáin; pero el lema que yo propalaba lo era de una larga y complicada campaña de propaganda; era como el germen de una enorme labor organizadora; era, en sus posibilidades, indeciso, problemático; tenía, sin embargo, en su núcleo, la suficiente precisión para no ser simplemente una frase; pero tenía el vago contorno de una palabra con que se incita a un largo movimiento histórico. Por eso, porque en su núcleo era precisa, pero insuficiente en su contorno, yo no puedo satisfacerme cuando encuentro algo parecido a República de trabajadores en el primer artículo de la Constitución, porque la Constitución no es un programa de campañas políticas; ha de tener extremo rigor, y es evidente que ni el señor Araquistáin ni yo podemos pretender que este nuevo sentido, que yo creo firmemente que ahora comienza a germinar en los hondones del alma europea, este nuevo sentido de la palabra «trabajador», el cual se ha formado por una extraña convergencia de los dos polos de la sociedad: de un lado, por la tradición del movimiento obrero; pero del otro, por lo que menos podía sospecharse, por el hombre rico de Europa que, después de tres siglos de riqueza, de capitalismo, se ha hartado profundamente de ser rico, ha superado el deseo de riqueza. Como aquellos primeros heréticos de la Iglesia sostenían que la única manera de llegar a la virtud era abusar de la carne, ellos han abusado de la riqueza y están ahora al otro lado. Este nuevo sentido que el señor Araquistáin y yo damos a la palabra, no puede pretender enfrontarse ni luchar con el tremendo y taxativo sentido que tiene desde hace ochenta años, y que posee en el Manifiesto comunista de Marx: no podemos pretender entrar en colisión con ese magnífico sentido cargado de luchas y de dolores de la organización obrera.
Pero dejo esto a un lado. Es otra cosa aquello que me mueve los resortes últimos de mi conciencia para molestaros en tan grave momento, en un momento en que estáis profundamente rendidos en vuestro físico y en que deseáis, naturalmente, llegar a una definitiva conclusión de esta larguísima deliberación.
Desde hace varios años, y con fatigosa insistencia, doy voces de alerta de que, pues venía sobre España, quisiéramos o no, la necesidad de, en hora nada lejana, que bien pronto ha venido, una reforma profunda de nuestra vida pública, se corría el riesgo de que el pueblo llegase a ella sin poseer un repertorio claro de ideas sobre los problemas políticos. Yo he procurado con mi pluma, además facilitando la publicación de libros egregios de Poder, de Historia, de Sociología, subvenir a este menester. No es, señores diputados, manía intelectualista. El menos intelectualista tiene que reconocer que somos en enorme dosis —la que sea— el repertorio de ideas con que enfrontamos nuestra existencia en todos los órdenes. Recuerdo que un viejísimo libro de la India, tal vez el más viejo de la humanidad, el Libro de los Vedas, compuesto por boyeros, dice ya que los hombres dependen de sus ideas, porque la acción sigue al pensamiento como la rueda del carro sigue a la pezuña del buey. No tenemos ideas claras: mis esfuerzos fueron vanos, y no debo ocultar mi sincera convicción de que en esta transformación profunda que hacemos, España padece de insuficiente preparación, no sólo en la muchedumbre, sino en nosotros mismos, que aparecemos dirigiéndola o, por lo menos, representándola.
No fue para mí una sorpresa grande, pero fue confirmación dolorosa, ver que en uno de los temas más graves que nos plantea al presente el destino, el de la autonomía regional, existía una extrema confusión de ideas y que, apenas comenzaba la campaña electoral, en la propaganda, en el mitin, en el periódico y hasta en esta misma Cámara se padecía, en general, una lamentable confusión entre ambos principios. Y esta confusión es gravísima, porque, cualesquiera que sean mis preferencias para uno u otro principio, corremos el riesgo —lo vamos a correr dentro de un instante— de decidirnos por el más radical, por un principio que va a reformar las últimas entrañas de la realidad histórica española, cuando el pueblo mismo ignora el sentido de esa tremenda reforma que en él se va a hacer. Esto es lo que yo lamento, lo que yo deploro y de lo que empiezo a protestar. Es preciso claridad sobre este punto.
Bajo el nombre de federalismo, no tengo para qué aludir al conjunto de pensamientos sustentados por Pi y Margall y el pequeño grupo de sus adeptos. Ese federalismo, que no ha sido puesto al día desde hace sesenta años, es una teoría histórica sobre la mejor organización del Estado. Ni es tiempo ahora, ni tengo yo por qué ocuparme de discutir teoría más respetable por la calidad de sus fieles que por el rigor y agudeza de su sistema; antes, y por encima de ese federalismo, está el hecho de la forma jurídica del Estado federal, que una vez y otra ha aparecido en la historia del Derecho político mismo; a ese hecho de la forma jurídica del Estado es a lo que me refiero cuando hablo de federalismo. Pues bien; enfrontándolo con el autonomismo, yo sostengo ante la Cámara, con calificación de progresión ascendente hasta rayar en lo superlativo, que esos dos principios son: primero, dos ideas distintas; segundo, que apenas tienen que ver entre sí; tercero, que, como tendencias y en su raíz, son más bien antagónicos. Conviene, pues, que la Cámara antes decida esta cuestión con plena claridad. El pueblo y la Cámara necesitan resolverse en esta cuestión tan grave con pleno conocimiento de causa en un mediodía de radiante claridad. El autonomismo es un principio político que supone ya un Estado sobre cuya soberanía indivisa no se discute porque no es cuestión. Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del Poder público —cuantas más mejor— se entreguen, por entero, a órganos secundarios de aquél, sobre todo con base territorial. Por tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el problema de soberanía, lo da por supuesto, y reclama para esos poderes secundarios la descentralización mayor posible de funciones políticas y administrativas. El federalismo, en cambio, no supone el Estado, sino que, al revés, aspira a crear un nuevo Estado, con otros Estados preexistentes, y lo específico de su idea se reduce exclusivamente al problema de la soberanía. Propone que Estados independientes y soberanos cedan una porción de su soberanía a un Estado nuevo integral, quedándose ellos con otro trozo de la antigua soberanía que permanece limitando el nuevo Estado recién nacido. Quien ejerza esta o la otra función del Poder público, cual sea el grado de descentralización, es para el federalismo, como tal, cuestión abierta, y de hecho los Estados federales presentan en la historia, en este orden, las figuras más diversas, hasta el punto de que, en principio, puede darse perfectamente un Estado federal y, sin embargo, sobremanera centralizado en su funcionamiento.
Lo que importa al federalista es el subsuelo del Estado, a saber: cómo quede formalizada la situación de soberanía. Puede, en principio, el federalista no inmutarse porque el Estado superior asuma tan importante función del Poder público, siempre que quede claro que el origen de este poder y de todo su ejercicio depende de la soberanía dividida, plural y permanente, de aquellos Estados que se federaron.
Me parece evidente que no era forzada la calificación con que yo afirmaba ambos principios. Es evidente que son distintos y tienen poco que ver entre sí; hablan de problemas diferentes. El federalismo se preocupa del problema de soberanía; el autonomismo se preocupa de quién ejerza, de cómo haya manera de ejercer en forma descentralizada las funciones del Poder público que aquella soberanía creó. Pero es también evidente que en su raíz y como tendencias, son antagónicos. En efecto, la historia del federalismo ha representado siempre una corriente de concentración, y es, en ese sentido, un movimiento de relativa desautonomía.
No es, pues, indiferente que en materia tan grave se juegue del vocablo y se presenten ante el pueblo trastrocados y confundidos intentos tan dispares. Para los efectos de la historia de España, no hay comparación entre todas las transformaciones posibles políticas y la mejor modificación que afecte al subsuelo de la soberanía. Porque la soberanía, señores, no es una competencia cualquiera, no es propiamente el Poder, no es ni siquiera el Estado, sino que es el origen de todo Poder, de todo Estado, y en él, de toda ley. Es la soberanía la facultad en su raíz preestatal y prejurídica de las decisiones últimas o primeras, según el orden en que queráis contar; es, pues, el fundamento de todo Poder, de toda ley, de todo derecho, de todo orden. Pero es, al mismo tiempo y sin distinción, la voluntad de una colectividad que lleva en brazos, a través de los cambiantes destinos políticos de un pueblo, toda la suerte de éste al correr de los siglos. Una soberanía unitaria significa, por tanto, la voluntad radical y sin reservas de la convivencia histórica: escindir en trozos esa soberanía unitaria —entiéndase bien, no el ejercicio de las funciones de Poder público—, escindir, digo, en trozos, esa soberanía unitaria, equivale a renunciar a esa voluntad de convivencia radical preestatal, dejarla dislocada, hacer que quede, cuando menos, condicionada. Quiere decir soberanía, señores; en suma, que no se acepta por entero y sin cláusulas la comunidad de destino. Tan grave es escisión pareja, que yo no sabría recordar si se ha producido en la época contemporánea.
Alguien me recordaba no hace mucho en los pasillos, hace una media hora, que podía citarse el caso de Rusia; pero no creo que a nadie le complazca y satisfaga este ejemplo, no por otra cosa, sino por la falta de claridad de la situación política de Rusia. Todos sabemos cuál es hoy, auténticamente, el Poder que rige a Rusia. No lo censuro; es un ensayo histórico magnífico; no hago sino significar que no es un ejemplo para aclarar la cuestión. Espero que nadie me ponga como ejemplo a Austria. Quien no hable de oídas sabe perfectamente que Austria no es un Estado federal, y para demostrarlo fulminantemente, bastaría con leer, que no las tengo aquí, las palabras del hombre mismo a quien se encargó del primer proyecto de Constitución y que, profesor de Derecho político en Viena, sigue siendo su comentarista actual: Kelsen. Ruego, pues, que no se me obligue a demostrar cosa que, en definitiva, es tan notoria.
Dislocando, digo, nuestra compacta soberanía fuéramos caso único en la historia contemporánea. Un Estado federal es un conjunto de pueblos que caminan hacia su unidad. Un Estado unitario, que se federaliza, es un organismo de pueblos que retrograda y camina hacia su dispersión. Por eso, señores, insisto en haceros notar que los problemas de soberanía pertenecen a una dimensión histórica radicalmente más profunda que todas nuestras restantes discrepancias, que todos los cambios de forma política y que se refieren a aquel subsuelo de la vida de un pueblo del cual depende todo lo demás. De ahí que yo, al ver que con tanta imprecisión se ha planteado este problema ante el país, he sufrido día por día. Pues qué, ¿no me he encontrado con que mi propio discurso, de extremo autonomismo, me era representado por unos y otros oradores como un proyecto federal? Pues qué, ¿en este mismo artículo que se nos propone votar, no se dice que la República española va a ser y será de tendencia federal, que permita la autonomía de Municipios y Provincias, como si para que fuera esto permisible fuese menester que un Estado se convirtiese en federal?
Evidentemente, hay aquí gravísima confusión. No, no creo que sea ésa la solución que demos a la autonomía de España. Es demasiado grave; pero, en fin de cuentas, todo esto que yo digo no son más que razones que, en definitiva, no significarían sino que yo considero la organización federal como arcaica y perturbadora de los nuevos destinos españoles. Total, una opinión particular. Pero aquí no hemos venido a sostener tercamente opiniones particulares; hemos sido traídos aquí para colaborar en la forja de una Constitución, y nuestro deber es no construirla según la dibujaríamos si estuviéramos solos en España, sino al revés, supeditando nuestras preferencias íntimas a lo que el pueblo nuestro, dados su contextura y su momento, exige.
Yo he votado ya y volveré a votar otras veces en contradicción con mis ensueños, a beneficio y en pro de la necesidad nacional, de la realidad de nuestro pueblo, pero, por lo mismo, hemos de tener gran cuidado, y, además, habría yo de sentir entusiasmo federal, de que por completo carezco, y no me atrevería a votar ese artículo porque, como he dicho, toda reforma de soberanía es de tal modo profunda, de tal modo grave, que no es lícito intentarla, si no estamos explícitamente seguros de que el pueblo español se da cuenta de la tremenda operación que vamos a realizar en él. Ni vosotros ni yo estamos en esta fecha seguros de que el pueblo español, que se ha dormido esta noche dueño de una soberanía unida, sabe, sospecha, que, al despertarse, va a encontrarse su soberanía dispersa. No; eso no.
Por esto, aunque ya me habéis oído en otras ocasiones que, como decían los jansenistas, no debe menudearse el plebiscito, precisamente por su vigor democrático, yo diría que si hay algún caso en que está plenamente justificado es en uno como éste; pero como, por razones otras innumerables, es hoy el plebiscito imposible e inoportuno, lo que creo es que no podemos plantear la cuestión de la reforma de España, especialmente por el problema que nos trae Cataluña, en términos de soberanía, sino buscar un área menos estremecedora, pero mucho más amplia, el área del más extenso, pero más estricto autonomismo. Esa área no tiene peligros de esa dimensión de subsuelo y ofrece un horizonte ilimitado de libertad, de esa libertad que nos pedía el otro día el señor Carner; un horizonte infinito de libertad y de holgura al movimiento. Ahí está, señores, la solución, y no segmentando la soberanía, haciendo posible que mañana cualquiera región, molestada por una simple ley fiscal, enseñe al Estado, levantisca, sus bíceps de soberanía particular.
Es muy grave, pues, lo que vais a decidir. Hoy vais a decidir, no sobre problemas de instituciones, por altas que sean; no sobre formas de gobierno; vais a resolver sobre algo que representa la raíz cósmica, ultrajurídica y últimamente vital de la realidad española; vais a decretar sobre soberanía. Yo os invito a que hagáis acopio de responsabilidad, pues por mucha que acumuléis, será escasa en comparación de la que ahora, dentro de un poco, vais a gastar. Nada más. (Aplausos).
XI
RECTIFICACIÓN DE LA REPÚBLICA
(Conferencia pronunciada el día 6 de diciembre de 1931 en el Cinema de la Ópera, de Madrid)
Señoras, señores:
En estos días, con la aprobación del texto constitucional y la elección de Presidente, queda establecida jurídicamente la República española. Tenemos ya un cauce legal por donde pueda fluir fecundamente nuestra vida colectiva; tenemos ya bajo nuestras plantas un suelo de derecho, donde hincar los talones e iniciar la marcha histórica. Termina, pues, en estos días, el primer acto de la implantación de la forma republicana en nuestra vieja, en nuestra viejísima España. ¿No es el momento excelente…? (Se promueve un incidente porque no se deja entrar en el salón a algunos espectadores. En algunas localidades altas se quejan de lo deficientemente que se oye).
Perdonen ustedes, pero no estoy acostumbrado a hablar con altavoz y acontece que, mientras voy pronunciando las palabras, las escucho yo mismo, y esto es demasiado: hablar y encima escucharse. (Risas).
Decía, pues, si no es el momento excelente para que hagamos un alto y, recogiendo bien las riendas de la atención, miremos en derredor, percibamos claramente la situación interna de nuestro país, analicemos el próximo pasado y, sobre todo, proyectemos en grande la arquitectura de nuestro porvenir. No todo esto, porque sería demasiada tarea, pero sí algo de esto, un comienzo de esto, quisiera yo hacer ante vosotros.