Ortega y Gasset
Abstract
Republican political proposal: give Spain an economic plan and create a National Economic Council, a technical and purely advisory body without whose report Parliament should not debate economic matters. It includes the image of panic emotion as fear of the minute with an invisible face, and the thesis that politics must anticipate a people’s future for it.
Connections
Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio
Es preciso, a marchas forzadas, instaurar un orden en la economía española. Para ello hace falta, ante todo, delinear un plan. Este plan, que es, por lo pronto, no más que una figura de perfiles casi irreales, es, sin embargo, el alma del orden. Con que sólo tuviéramos eso habríamos logrado mucho y la República tendría ya en su mano la baza decisiva.
Parece evidente que al entrar en una etapa de grandes transformaciones, como es obligado cuando nace un régimen, las gentes se inquieten. No por las reformas que se hacen, sino precisamente por las que no se hacen, por lo imprevisible de la perspectiva. Nadie sabe lo que le va a pasar, lo que la hora próxima traerá para él. Éste es siempre el origen del pánico: el minuto de rostro invisible que va a llegar. La selva se estremece de angustia porque Pan ha dado su grito cósmico, que anuncia el misterio inminente. Los griegos llamaron a esta contracción de la vida la emoción pánica. La política consiste en descifrar por anticipado ese grito tremebundo del gran dios cabrío. Por eso yo decía en el Parlamento que la política tiene que comenzar por anticipar a un pueblo su porvenir y permitirle de antemano instalarse en él.
Convendría, pues, sin estorbar lo más mínimo la iniciativa ministerial, elaborar un plan económico que fuese como la conciencia económica de la nación. Es necesario dotar a España de un firme doctrinal económico.
Por otra parte, fuera oportuno revelar al país lo que aún no sabe: que la voluntad efectiva y honda del Parlamento actual no está representada por sus palabras, gestos y actos ejecutados hasta aquí. Casi todos los diputados somos nuevos en el oficio y sería, sobre injusto, estúpido no abrirnos un margen de natural impericia. Si los antiguos diputados lo hubiesen hecho bien, no estaríamos nosotros en el hemiciclo —algunos harto a redropelo. La verdad es que el Parlamento actual quiere una democracia de estilo actualísimo, poco parlamentaria y charladora, técnica y eficaz. Estoy seguro, por ejemplo, que en este sentido sorprenderá mucho la actitud de plena modernidad y deseo de construir un Estado eficaz, que revelará el partido radical socialista ante los problemas constitucionales.
Ante la complejidad y delicadeza de los problemas económicos tiene el Parlamento que buscar defensa; defensa contra la arbitrariedad de los ministros futuros y los cambios constantes de orientación, defensa frente a sus propias intenciones y apasionamientos. Necesita, pues, crearse un órgano de máxima autoridad y de carácter puramente técnico que se halle a su servicio. Es preciso que entre los problemas nacionales y su voluntad soberana interponga como una instancia íntima el estudio científico de aquéllos. Sería pueril, en asuntos que por su naturaleza misma han llegado a exigir un tratamiento de gran precisión, contentarse el Parlamento con su ojo de buen cubero.
Debería, pues, el Parlamento decidir la creación de un Consejo de Economía Nacional, formado por unas cuantas personas —poquísimas— de máxima autoridad técnica. Estas personas deberían buscar, dentro y fuera de España, otros colaboradores, cuantos fuesen necesarios para salir pronto a claridad en esta selva virgen de nuestra economía.
La misión de este Consejo habría de ser puramente dictaminadora, por tanto con plena libertad científica, y de otro lado sin coartar la franquía de decisión de los poderes legislativo y ejecutivo.
Cuando se discuta la Constitución pediremos muchos que conste en ella la obligación, por parte del Parlamento, de no discutir cuestiones económicas, sin que previamente las Comisiones parlamentarias posean un dictamen técnico de este nuevo órgano parlamentario —el Consejo de la Economía Nacional.
La cosa no tiene nada de utópica y los tiempos la hacen ineludible. Dentro de pocos días podría estar nombrado ese Consejo y muy poco después podría tener la Cámara un primer dibujo esquemático que definiese con claridad la situación presente de nuestra riqueza y marcase qué es lo que en ella puede hacerse y qué es lo que, sin grave riesgo, no puede intentarse. Esto daría, desde luego, carácter orgánico a todas las modificaciones legislativas de nuestra economía, serviría como un plano topográfico donde se orientasen el país y sus conductores, equivaldría a una prenda de seriedad ofrecida a propios y extraños y sería haber caminado en brevísima etapa la gran ruta hacia el Orden nuevo.
5 y 6 de agosto de 1931
VII
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
(Discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes el 4 de septiembre de 1931)
Señores diputados:
En las palabras que hace unas semanas pronuncié ante el Parlamento anunciaba yo un propósito de nuestro grupo; como por el escaso número de sus diputados no puede influir decisivamente en el momento de los votos y, como, por otra parte, no nos hacemos ilusiones inmoderadas sobre la eficacia y genialidad de nuestros meros razonamientos, era lo más fecundo para la Cámara que nos acogiésemos al propósito de no estorbar, por lo menos, en aquellos asuntos que no fuesen de última sustancia política. Creo que hemos cumplido nuestro programa. Han transcurrido sobre veinticinco sesiones plenas, que suman, aproximadamente, cien horas de cronología parlamentaria. De ese tiempo histórico, nuestro grupo ha consumido no más de tres cuartos de hora. No se vea en esto censura solapada para nadie, aunque es innegable que en ésta como en toda Asamblea no faltan parásitos del tiempo que lo consumen sin congruo rendimiento. No se vea, pues, censura, sino, al contrario, anticipada defensa, porque al llegar al tema constitucional nos vemos obligados —queramos o no— a intervenir a fondo cuantas veces parezca debido, usando toda la holgura que el articulado del Reglamento nos consienta y, si es menester, sus intersticios. Hagan, pues, los señores diputados acopio de paciencia, porque hoy no tengo más remedio que gravitar sobre su atención con cierta pesadumbre.
Se discute la totalidad del proyecto constitucional, y yo, que no he acertado nunca a ser indócil, no intento hurtar el cuerpo a tan inagotable tema, tal y como literalmente me es planteado. Quisiera, pues, aun emparedado en el rigor de la hora parlamentaria, ver cómo puedo hablar un poco en serio sobre la totalidad de este proyecto, y no me importa que ello me fuerce a presentar mis ideas escuetas y tiritando de desnudas, como se hace con los soldados cuando se alistan, ni me importa exponerme a que el laconismo y la vertiginosidad desnuquen algún que otro razonamiento en que tenía gran fe. Pero discutir la totalidad del proyecto constitucional no es mera fórmula ni protocolo; es precisamente lo que merece de verdad discusión, porque una Constitución es su totalidad. Al fabricar esta ley constituyente vamos a decidir cuáles serán las instituciones principales en que va a concretarse la acción del Poder público, del Estado. Según esto, a nada se parece tanto una Constitución como a una formidable máquina, que sumergimos en la espontaneidad nacional, con ánimo, sin duda, de producir en ella cierto repertorio de acciones y reacciones. Nuestra faena, pues, es de ingeniería: dadas ciertas finalidades de la vida pública, que pretendemos obtener, se trata de inventar aquella serie de aparatos que sirvan mejor para obtenerlas. Y como esos aparatos tienen que funcionar en la unidad de la máquina, es preciso que no se perturben, antes bien, que se completen y compensen los unos a los otros, porque lo importante no son ellos, sino el resultado total. La Constitución es su totalidad. Por eso propiamente no cabe hablar de aciertos parciales en una Constitución: si su sistema general no rinde aproximadamente la finalidad pretendida, de nada valen sus maravillas particulares. Por lo mismo, carece por completo de sentido que alguien se empeñe en salvar tal forma determinada de tal institución, porque esos mismos efectos políticos que él con aquélla procura, pueden, acaso, obtenerse más sencilla y enérgicamente con otra solución de perfil distinto y aun en apariencia opuesto.
Lo decisivo es que estemos de acuerdo en las grandes finalidades que para la vida pública española pretendemos obtener de nuestra máquina. En todo lo demás, la discusión constitucional debe encontrarnos porosos los unos a los otros, prontos a abandonar la idea que de antiguo se había enquistado en nuestra cabeza y a recibir la nueva idea feliz que acaso el prójimo ha encontrado y nos exhibe.
It is necessary, by forced marches, to instaurate an order in the Spanish economy. For this there is needed, above all, to delineate a plan. This plan, which is, for the moment, no more than a figure of almost unreal profiles, is, nevertheless, the soul of the order. If we had only that, we would have achieved much, and the Republic would already have in its hand the decisive card.
It seems evident that upon entering a stage of great transformations, as is obligatory when a regime is born, people become restless. Not for the reforms that are made, but precisely for those that are not made, for the unforeseeableness of the perspective. No one knows what is going to happen to him, what the next hour will bring for him. This is always the origin of panic: the minute of invisible face that is about to arrive. The forest trembles with anguish because Pan has given his cosmic cry, which announces the imminent mystery. The Greeks called this contraction of life the panic emotion. Politics consists in deciphering in advance that terrifying cry of the great goat god. For this reason I said in Parliament that politics has to begin by anticipating to a people its future and allowing it in advance to install itself in it.
It would be fitting, then, without hindering in the least the ministerial initiative, to elaborate an economic plan that would be like the economic consciousness of the nation. It is necessary to endow Spain with a firm economic doctrinal.
On the other hand, it would be opportune to reveal to the country what it does not yet know: that the effective and deep will of the present Parliament is not represented by its words, gestures and acts executed up to now. Almost all the deputies are new to the trade, and it would be, besides unjust, stupid not to open ourselves a margin of natural inexperience. If the old deputies had done it well, we would not be in the hemicycle —some of us greatly against the grain. The truth is that the present Parliament wants a democracy of a most current style, little parliamentary and talkative, technical and effective. I am sure, for example, that in this sense the attitude of full modernity and desire to build an effective State, which the Radical Socialist party will reveal before the constitutional problems, will greatly surprise.
Before the complexity and delicacy of economic problems the Parliament has to seek defense; defense against the arbitrariness of future ministers and the constant changes of orientation, defense in the face of its own intentions and passions. It needs, then, to create for itself an organ of maximum authority and of purely technical character that is at its service. It is necessary that between the national problems and its sovereign will it interpose as an intimate instance the scientific study of the former. It would be puerile, in matters that by their very nature have come to demand a treatment of great precision, for the Parliament to content itself with its rough-and-ready eye.
The Parliament should, then, decide the creation of a National Economic Council, formed by a few persons —very few— of maximum technical authority. These persons should seek, within and outside Spain, other collaborators, as many as should be necessary to come out soon into the light in this virgin forest of our economy.
The mission of this Council would have to be purely advisory, therefore with full scientific freedom, and on the other hand without restricting the freedom of decision of the legislative and executive powers.
When the Constitution is discussed, many of us will ask that there be recorded in it the obligation, on the part of the Parliament, not to discuss economic questions without the parliamentary Commissions previously possessing a technical opinion of this new parliamentary organ —the National Economic Council.
The thing has nothing utopian about it and the times make it ineludible. Within a few days that Council could be appointed, and very shortly after the Chamber could have a first schematic sketch that would define with clarity the present situation of our wealth and mark what in it can be done and what, without grave risk, cannot be attempted. This would give, at once, an organic character to all the legislative modifications of our economy, would serve as a topographical map where the country and its leaders could orient themselves, would be equivalent to a pledge of seriousness offered to our own and to strangers, and would be having traveled in a very brief stage the great route toward the new Order.
5 and 6 August 1931
VII
DRAFT CONSTITUTION
(Speech delivered in the Constituent Cortes on 4 September 1931)
Gentlemen deputies:
In the words I pronounced a few weeks ago before the Parliament I announced a purpose of our group; since, because of the small number of its deputies, it cannot influence decisively at the moment of votes, and since, on the other hand, we do not entertain immoderate illusions about the efficacy and genius of our mere reasonings, it was the most fruitful thing for the Chamber that we should take refuge in the purpose of not hindering, at least, in those matters that were not of ultimate political substance. I believe we have fulfilled our program. More than twenty-five full sessions have elapsed, which add up to approximately a hundred hours of parliamentary chronology. Of that historical time, our group has consumed no more than three quarters of an hour. Let there not be seen in this a veiled censure for anyone, although it is undeniable that in this as in every Assembly there is no lack of parasites of time who consume it without fitting return. Let there not be seen, then, censure, but, on the contrary, anticipated defense, because upon arriving at the constitutional theme we find ourselves obliged —whether we want to or not— to intervene in depth as many times as seems due, using all the latitude that the articles of the Rules allow us and, if need be, their interstices. Let the gentlemen deputies, then, lay in a store of patience, because today I have no recourse but to weigh upon their attention with a certain heaviness.
The totality of the constitutional project is being discussed, and I, who have never managed to be unruly, do not attempt to shirk the body from such an inexhaustible theme, just as it is literally presented to me. I would like, then, even walled in by the rigor of the parliamentary hour, to see how I can speak a little in earnest about the totality of this project, and I do not mind that this forces me to present my ideas bare and shivering with nakedness, as is done with soldiers when they enlist, nor do I mind exposing myself to laconism and vertiginousness breaking the neck of some reasoning in which I had great faith. But to discuss the totality of the constitutional project is not mere formula nor protocol; it is precisely what truly deserves discussion, because a Constitution is its totality. In fabricating this constituent law we are going to decide which will be the principal institutions in which the action of the public Power, of the State, is going to be concretized. According to this, nothing resembles a Constitution so much as a formidable machine, which we submerge in national spontaneity, with the intention, no doubt, of producing in it a certain repertory of actions and reactions. Our task, then, is one of engineering: given certain purposes of public life, which we pretend to obtain, it is a matter of inventing that series of apparatuses that best serve to obtain them. And since those apparatuses have to function in the unity of the machine, it is necessary that they not perturb one another, rather, that they complete and compensate one another, because the important thing is not they, but the total result. The Constitution is its totality. For that reason one cannot properly speak of partial successes in a Constitution: if its general system does not roughly yield the intended purpose, its particular marvels are worth nothing. For the same reason, it completely lacks sense that someone insists on saving such a determined form of such an institution, because those very political effects that he seeks with it may, perhaps, be obtained more simply and energetically with another solution of different and even apparently opposite profile.
The decisive thing is that we agree on the great purposes that for Spanish public life we pretend to obtain from our machine. In everything else, the constitutional discussion must find us porous one to another, ready to abandon the idea that of old had become encysted in our head and to receive the new happy idea that perhaps our neighbor has found and displays to us.
È necessario, a marce forzate, instaurare un ordine nell’economia spagnola. Per questo occorre, prima di tutto, delineare un piano. Questo piano, che è, per il momento, non più che una figura di profili quasi irreali, è, tuttavia, l’anima dell’ordine. Che avessimo solo quello, avremmo già ottenuto molto, e la Repubblica avrebbe già in mano la carta decisiva.
Sembra evidente che entrando in una tappa di grandi trasformazioni, come è obbligato quando nasce un regime, le genti si inquietino. Non per le riforme che si fanno, ma precisamente per quelle che non si fanno, per l’imprevedibilità della prospettiva. Nessuno sa che cosa gli accadrà, che cosa l’ora prossima porterà per lui. Questa è sempre l’origine del panico: il minuto dal volto invisibile che sta per arrivare. La selva freme d’angoscia perché Pan ha lanciato il suo grido cosmico, che annuncia il mistero imminente. I greci chiamarono questa contrazione della vita l’emozione panica. La politica consiste nel decifrare per anticipo quel grido tremendo del grande dio caprone. Per questo dicevo io in Parlamento che la politica deve cominciare per anticipare a un popolo il suo avvenire e permettergli di installarsi in esso in anticipo.
Converrebbe, dunque, senza intralciare minimamente l’iniziativa ministeriale, elaborare un piano economico che fosse come la coscienza economica della nazione. È necessario dotare la Spagna di un fermo dottrinale economico.
D’altra parte, sarebbe opportuno rivelare al paese ciò che ancora non sa: che la volontà effettiva e profonda del Parlamento attuale non è rappresentata dalle sue parole, gesti e atti eseguiti fin qui. Quasi tutti i deputati siamo nuovi nel mestiere, e sarebbe, oltre che ingiusto, stupido non aprirci un margine di naturale imperizia. Se gli antichi deputati l’avessero fatto bene, non saremmo noi nell’emiciclo —alcuni abbastanza di traverso. La verità è che il Parlamento attuale vuole una democrazia di stile attualissimo, poco parlamentare e ciarliera, tecnica ed efficace. Sono sicuro, per esempio, che in questo senso sorprenderà molto l’atteggiamento di piena modernità e di desiderio di costruire uno Stato efficace, che rivelerà il partito radical socialista davanti ai problemi costituzionali.
Davanti alla complessità e delicatezza dei problemi economici il Parlamento deve cercare difesa; difesa contro l’arbitrarietà dei ministri futuri e i cambiamenti costanti di orientamento, difesa di fronte alle proprie intenzioni e ai propri appassionamenti. Ha bisogno, dunque, di crearsi un organo di massima autorità e di carattere puramente tecnico che si trovi al suo servizio. È necessario che tra i problemi nazionali e la sua volontà sovrana interponga come un’istanza intima lo studio scientifico di quelli. Sarebbe puerile, in affari che per la loro stessa natura sono arrivati a esigere un trattamento di grande precisione, che il Parlamento si accontentasse del suo occhio del buon senso.
Dovrebbe, dunque, il Parlamento decidere la creazione di un Consiglio di Economia Nazionale, formato da alcune poche persone —pochissime— di massima autorità tecnica. Queste persone dovrebbero cercare, dentro e fuori della Spagna, altri collaboratori, quanti fossero necessari per uscire presto alla chiarità in questa selva vergine della nostra economia.
La missione di questo Consiglio avrebbe da essere puramente consultiva, per tanto con piena libertà scientifica, e d’altro lato senza costringere la franchigia di decisione dei poteri legislativo ed esecutivo.
Quando si discuta la Costituzione chiederemo in molti che consti in essa l’obbligo, da parte del Parlamento, di non discutere questioni economiche, senza che preventivamente le Commissioni parlamentari posseggano un parere tecnico di questo nuovo organo parlamentare —il Consiglio dell’Economia Nazionale.
La cosa non ha nulla di utopico e i tempi la rendono ineludibile. Dentro pochi giorni potrebbe essere nominato quel Consiglio, e molto poco dopo potrebbe la Camera avere un primo disegno schematico che definisse con chiarezza la situazione presente della nostra ricchezza e marcas se che cosa in essa può farsi e che cosa, senza grave rischio, non può tentarsi. Questo darebbe, senz’altro, carattere organico a tutte le modificazioni legislative della nostra economia, servirebbe come una pianta topografica dove si orientassero il paese e i suoi conduttori, equivarrebbe a una promessa di serietà offerta a propri ed estranei, e sarebbe aver camminato in brevissima tappa la gran rotta verso l’Ordine nuovo.
5 e 6 agosto 1931
VII
PROGETTO DI COSTITUZIONE
(Discorso pronunciato nelle Cortes Costituenti il 4 settembre 1931)
Signori deputati:
Nelle parole che alcune settimane fa pronunciai dinanzi al Parlamento annunciavo io un proposito del nostro gruppo; siccome per lo scarso numero dei suoi deputati non può influire decisivamente nel momento dei voti e siccome, d’altra parte, non ci facciamo illusioni smodate sull’efficacia e genialità dei nostri meri ragionamenti, era la cosa più feconda per la Camera che ci accogliessimo al proposito di non intralciare, per lo meno, in quegli affari che non fossero di ultima sostanza politica. Credo che abbiamo adempiuto il nostro programma. Sono trascorse oltre venticinque sessioni piene, che sommano, approssimativamente, cento ore di cronologia parlamentare. Di quel tempo storico, il nostro gruppo ha consumato non più di tre quarti d’ora. Non si veda in questo una censura subdola per nessuno, sebbene sia innegabile che in questa come in ogni Assemblea non mancano parassiti del tempo che lo consumano senza congruo rendimento. Non si veda, dunque, censura, ma, al contrario, anticipata difesa, perché arrivando al tema costituzionale ci vediamo obbligati —vogliamo o no— a intervenire a fondo quante volte sembri dovuto, usando tutta l’agiatezza che l’articolato del Regolamento ci consenta e, se è necessario, i suoi interstizi. Facciano, dunque, i signori deputati scorta di pazienza, perché oggi non ho altro rimedio che gravitare sulla loro attenzione con una certa pesantezza.
Si discute la totalità del progetto costituzionale, e io, che non sono mai riuscito a essere indocile, non tento di sottrarre il corpo a così inesauribile tema, tale e quale letteralmente mi è posto. Vorrei, dunque, anche murato nel rigore dell’ora parlamentare, vedere come posso parlare un poco sul serio della totalità di questo progetto, e non m’importa che questo mi costringa a presentare le mie idee scarne e tremanti di nude, come si fa con i soldati quando si arruolano, né m’importa espormi a che il laconismo e la vertiginosità spezzino il collo a qualche ragionamento in cui avevo grande fede. Ma discutere la totalità del progetto costituzionale non è mera formula né protocollo; è precisamente ciò che merita davvero discussione, perché una Costituzione è la sua totalità. Nel fabbricare questa legge costituente andiamo a decidere quali saranno le istituzioni principali in cui andrà a concretarsi l’azione del Potere pubblico, dello Stato. Secondo questo, a nulla somiglia tanto una Costituzione come a una formidabile macchina, che immergiamo nella spontaneità nazionale, con animo, senza dubbio, di produrre in essa un certo repertorio di azioni e reazioni. La nostra opera, dunque, è d’ingegneria: date certe finalità della vita pubblica, che pretendiamo ottenere, si tratta di inventare quella serie di apparati che servano meglio a ottenerle. E siccome quegli apparati devono funzionare nell’unità della macchina, è necessario che non si disturbino, anzi, che si completino e compensino gli uni con gli altri, perché l’importante non sono loro, ma il risultato totale. La Costituzione è la sua totalità. Per questo propriamente non si può parlare di azzeccati parziali in una Costituzione: se il suo sistema generale non rende approssimativamente la finalità pretesa, a nulla valgono le sue meraviglie particolari. Per lo stesso motivo, manca completamente di senso che qualcuno s’impegni a salvare tale forma determinata di tale istituzione, perché quegli stessi effetti politici che egli con quella procura possono, forse, ottenersi più semplice ed energicamente con un’altra soluzione di profilo diverso e anche in apparenza opposto.
Il decisivo è che siamo d’accordo nelle grandi finalità che per la vita pubblica spagnola pretendiamo ottenere dalla nostra macchina. In tutto il resto, la discussione costituzionale deve trovarci porosi gli uni verso gli altri, pronti ad abbandonare l’idea che da antico si era incistata nella nostra testa e a ricevere la nuova idea felice che forse il prossimo ha trovato e ci mostra.
Facilitará sobremanera mi tarea de hoy el hecho de que nuestro grupo siente una alta estimación por el proyecto que esa Comisión ha redactado. Por eso tengo prisa en declarar esa estimación y añadir que va sin reservas. Porque, como antes dije, lo importante, lo difícil en una Constitución es aquella porción suya que viene a ser como su torso, en que se crean las instituciones principales del Poder público. Pues bien; nosotros consideramos que esa porción esencial de este proyecto es, en su espíritu y tendencias principales, sencillamente magnífica, bien instalada en la altitud de los tiempos, atenta a la circunstancia española y, contra lo que aquí se ha dicho o insinuado, de muy considerable originalidad. Este artículo o el otro, es decir, las piezas del aparato gubernamental, podrán haber sido incluso transcritas de Cartas forasteras. ¡No faltaba más! El abecedario jurídico, las piezas del edificio civil, son hoy comunes a todos los pueblos, y usar otros sonidos elementales no fuera sino arcaísmo o extravagancia. La originalidad, pues, sólo puede consistir en la combinación. No son las letras sueltas, sino su enjambre en la palabra, quien porta el sentido y quien es o no original. Pues bien; en este sentido, hay partes esenciales del proyecto presentado que son, yo creo, de profunda originalidad.
Declarada esta plena coincidencia con las intenciones principales del proyecto, no podrá considerarse como reserva que presentemos votos particulares y enmiendas, acaso en mayor número que ninguna otra minoría. Porque esas correcciones van empujadas por el mismo alisio de intenciones y se proponen no más que reforzar la inspiración del proyecto, depurarlo y, si no fuera pretencioso, plenificarlo.
Ni tampoco es reserva hacer constar que esa tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente en ella por el espíritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo. Mas por lo mismo que se trata de incrustaciones inorgánicas, fácilmente con unas pinzas se las puede extirpar, o, al menos, cabe modularlas de otra manera, con lo que el resto será más coherente, mucho más compacto.
Ingresemos dentro del proyecto. Toda Constitución se compone de tres partes: en la primera se enuncian las normas genéricas de la existencia civil, lo que suele llamarse «derechos y deberes»; en la segunda, se dibuja la anatomía del Cuerpo público, lo que este proyecto denomina con la rúbrica «Organización nacional»; y en la tercera, se determina la fisiología de ese cuerpo, el funcionamiento de la vida pública, sobre todo, en sus máximas instituciones; en suma, la definición de los poderes.
Veamos lo que yo puedo decir sobre estas partes, dentro siempre del tiempo que me sea concedido. Empecemos, siguiendo el hilo del proyecto, por la «Organización nacional». Me interesa entretenerme con cierta largueza en este punto, porque el problema me parece más grave de lo que, hasta ahora, he advertido en los discursos que he escuchado.
«Organización nacional». La Historia, al mirar los hechos humanos en la lontananza del pretérito, más allá de la memoria privada, hace que se borren los detalles accidentales y deja flotar sólo lo esencial. Pues bien; cuando la Historia contemple la trayectoria de la monarquía de Sagunto, bajo esa óptica de distancia, en esa distancia a la que ya no se perciben las anécdotas, en que ya no se ve la nariz de Cleopatra, aparecerá, creo yo, con sobrada claridad, que la monarquía de Sagunto ha sucumbido por no querer organizar la vida local. Quien tenga de la realidad histórica una idea espectacular, quedará muy defraudado por tal imagen; pero la realidad histórica no es espectacular y pasa siempre en el subsuelo. No quiso la monarquía de Sagunto organizar la vida local por una razón muy sencilla. Es un hecho, como hecho indiscutible, pero que no es todo lo notorio o recordado que debiera, que durante aquella gran fantasmagoría que fue la Restauración, el gran empresario de ella, Cánovas del Castillo, no podía viajar por las grandes capitales españolas, ni andar ostentosamente por Madrid, sin que la gente le silbara. Y en él silbaba, simbólicamente, a la monarquía. Conviene hacer constar, para que fuera de España se entienda el proceso reciente de nuestra historia, que las grandes capitales del país, desde 1873, no fueron nunca monárquicas, cualquiera que fuese el alza y baja de su opinión, en medio de las interferencias históricas. Entretanto, la provincia permanecía inerte; no es que fuese monárquica, sino que políticamente no existía. Y la táctica de la monarquía consistió en aplastar, usando simoniacamente del sufragio y de las elecciones, en aplastar la inquietud de unas cuantas capitales con la inercia provincial. Todo el mundo sabía y declaraba que en la provincia no se votaba. Sin embargo, la monarquía que lo ha perdido todo, no puede, para salvar su honor histórico, presentar hoy intentos de reforma leal y profunda, emprendidos para vitalizar la provincia, para curarla de su inercia. No hizo eso, porque vivía precisamente de ese vicio de inercia provinciana. Por eso he podido, con plenitud de fundamento, sin que fuesen las palabras sólo viento batido, decir que la monarquía de Sagunto había vivido de especular con los vicios nacionales.
Mas he aquí que, hacia 1900, por causas que no es de urgencia ahora elucubrar, comienza a fermentar, históricamente, la provincia. Quiere abandonar esa su inercia; se avergüenza de su envilecimiento político; en suma, se rebela contra Madrid. Y si aplicamos esa óptica sintética, a que antes me refería, a los últimos treinta años, veremos cómo todo lo que de importancia ha acontecido durante ellos, bien analizado, se resuelve en el movimiento progresivo de rebelión, de querer volver a ser, de vivir, de tener la voluntad de sí misma, de la provincia, en suma, de curarse de su inercia. La campaña de regeneración de 1902 procedía de la Unión Nacional centrada en Aragón; la sacudida, que fue, indudablemente, para nuestra modorra política lo que de dinámico había en el maurismo, se apoyó en la provincia; y vino luego aquella independencia, cada vez más extendida, de los distritos, que fue haciendo más difícil el amaño electoral y con él la creación de Parlamentos dóciles, y con ello el establecimiento de Gobiernos perdurables; y luego, Primo de Rivera aprovechó para su golpe de Estado el denso desdén que la provincia sentía hacia los políticos de Madrid. Y otro buen día, cuando los más optimistas fiaban sólo en la energía de las grandes capitales, fue la provincia quien derribó al régimen, en el acto de más propia, típica y humilde provincialidad que puede imaginarse: en unas elecciones municipales. (Muy bien).
A los que de antaño atendemos a este renacer de la provincia, no nos sorprendió; al contrario, lo esperábamos todo de que las provincias se pusieran en pie.
Pero ¿a qué vienen tales consideraciones? A esta sencilla conclusión: es que España no es sólo Madrid, Barcelona y tres o cuatro capitales más, que forman el escaparate o la superficie histórica de nuestro país; la verdadera España, aquélla de que depende el porvenir, es esa otra España enorme, latente, profunda, agarrada al terruño, que es la provincia. Porque la monarquía se aprovechó sólo de sus vicios y no quiso ligar su suerte a aquel renacer provincial, la monarquía sucumbió, y si la República hace lo mismo, si no cuida de hincar bien una de sus raíces en ese gran movimiento del afán provincial, que es la sustancia más real de todo el proceso actual español, entonces la República no podrá estar segura de su consolidación y lo que hemos hecho y lo que hagamos será obra somera y sin entresijo de historia; el cambio de régimen resbalará sobre los estratos impermeables de nuestra nación; no habremos realizado cambio alguno en los tejidos más hondos del cuerpo nacional.
Dos raíces son necesarias y suficientes para que el roble de la República se alce inconmovible sobre la tierra española: una es la profunda reforma local; otra es la organización de la sociedad en pueblo de trabajadores.
The fact that our group feels a high esteem for the project that Commission has drafted will greatly facilitate my task today. For that reason I am in a hurry to declare that esteem and to add that it goes without reserves. Because, as I said before, the important, the difficult thing in a Constitution is that portion of it which comes to be like its torso, in which the principal institutions of the public Power are created. Well then; we consider that that essential portion of this project is, in its spirit and principal tendencies, simply magnificent, well installed in the altitude of the times, attentive to the Spanish circumstance and, contrary to what has been said or insinuated here, of very considerable originality. This article or that one, that is, the pieces of the governmental apparatus, may even have been transcribed from foreign Charters. What more was needed! The juridical alphabet, the pieces of the civil edifice, are today common to all peoples, and to use other elementary sounds would be nothing but archaism or extravagance. Originality, then, can only consist in the combination. It is not the loose letters, but their swarm in the word, that carries the meaning and is original or not. Well then; in this sense, there are essential parts of the project presented that are, I believe, of profound originality.
Having declared this full coincidence with the principal intentions of the project, it cannot be considered a reservation that we present particular votes and amendments, perhaps in greater number than any other minority. Because those corrections are impelled by the same trade wind of intentions and propose no more than to reinforce the inspiration of the project, to purify it and, were it not pretentious, to fulfill it.
Nor is it a reservation to record that this so accurate Constitution has been stuffed with a few detonating cartridges, arbitrarily introduced into it by the spirit of propaganda or by the incontinence of utopianism. But precisely because they are inorganic encrustations, easily with a pair of tweezers they can be extirpated, or, at least, they can be modulated in another manner, whereby the rest will be more coherent, much more compact.
Let us enter into the project. Every Constitution is composed of three parts: in the first, the generic norms of civil existence are enunciated, what is usually called ‘rights and duties’; in the second, the anatomy of the public Body is drawn, what this project denominates with the rubric ‘National organization’; and in the third, the physiology of that body is determined, the functioning of public life, above all, in its greatest institutions; in sum, the definition of the powers.
Let us see what I can say about these parts, always within the time that may be granted me. Let us begin, following the thread of the project, with the ‘National organization’. I am interested in dwelling with a certain length on this point, because the problem seems to me more grave than what, until now, I have noticed in the speeches I have heard.
‘National organization’. History, in looking at human facts in the distance of the past, beyond private memory, causes the accidental details to be erased and leaves only the essential floating. Well then; when History contemplates the trajectory of the monarchy of Sagunto, under that optics of distance, in that distance at which anecdotes are no longer perceived, at which Cleopatra’s nose is no longer seen, it will appear, I believe, with more than enough clarity, that the monarchy of Sagunto has succumbed for not having wanted to organize local life. Whoever has of historical reality a spectacular idea will be greatly disappointed by such an image; but historical reality is not spectacular and always happens in the subsoil. The monarchy of Sagunto did not want to organize local life for a very simple reason. It is a fact, as an indisputable fact, but one that is not everything that is notorious or remembered as it should be, that during that great phantasmagoria which was the Restoration, the great entrepreneur of it, Cánovas del Castillo, could not travel through the great Spanish capitals, nor walk ostentatiously through Madrid, without the people hissing at him. And in him they hissed, symbolically, at the monarchy. It is fitting to record, so that outside Spain the recent process of our history may be understood, that the great capitals of the country, since 1873, were never monarchical, whatever the rise and fall of their opinion, in the midst of historical interferences. Meanwhile, the province remained inert; it is not that it was monarchical, but that politically it did not exist. And the tactic of the monarchy consisted in crushing, using simoniacally the suffrage and the elections, in crushing the restlessness of a few capitals with provincial inertia. Everyone knew and declared that in the province there was no voting. Nevertheless, the monarchy that has lost everything cannot, in order to save its historical honor, present today attempts at loyal and profound reform, undertaken to vitalize the province, to cure it of its inertia. It did not do that, because it lived precisely on that vice of provincial inertia. For this reason I have been able, with full foundation, without the words being only beaten wind, to say that the monarchy of Sagunto had lived by speculating on the national vices.
But behold that, around 1900, for causes that it is not urgent now to elaborate, the province begins to ferment, historically. It wants to abandon that inertia of its; it is ashamed of its political debasement; in sum, it rebels against Madrid. And if we apply that synthetic optics, to which I referred before, to the last thirty years, we shall see how everything of importance that has happened during them, well analyzed, resolves into the progressive movement of rebellion, of wanting to be again, to live, to have the will of itself, of the province, in sum, of curing itself of its inertia. The regeneration campaign of 1902 proceeded from the National Union centered in Aragon; the shake-up, which was, undoubtedly, for our political sluggishness what there was of dynamic in maurismo, leaned on the province; and then came that independence, ever more extended, of the districts, which made electoral rigging more difficult and with it the creation of docile Parliaments, and with that the establishment of durable Governments; and then, Primo de Rivera used for his coup d’état the dense disdain that the province felt toward the politicians of Madrid. And another fine day, when the most optimistic trusted only in the energy of the great capitals, it was the province that brought down the regime, in the act of the most proper, typical and humble provinciality that can be imagined: in municipal elections. (Very good).
To those of us who of old attend to this rebirth of the province, it did not surprise us; on the contrary, we expected everything from the provinces standing up.
But to what purpose come such considerations? To this simple conclusion: which is that Spain is not only Madrid, Barcelona and three or four more capitals, which form the showcase or the historical surface of our country; the true Spain, that on which the future depends, is that other Spain, enormous, latent, deep, clinging to the native soil, which is the province. Because the monarchy availed itself only of its vices and did not want to bind its fate to that provincial rebirth, the monarchy succumbed, and if the Republic does the same, if it does not take care to sink well one of its roots into that great movement of provincial striving, which is the most real substance of the whole present Spanish process, then the Republic will not be able to be sure of its consolidation, and what we have done and what we shall do will be a shallow work without the interweaving of history; the change of regime will slide over the impermeable strata of our nation; we shall not have realized any change in the deepest tissues of the national body.
Two roots are necessary and sufficient for the oak of the Republic to rise immovable upon the Spanish earth: one is the profound local reform; the other is the organization of society as a people of workers.
Faciliterà grandemente il mio compito di oggi il fatto che il nostro gruppo nutra un’alta stima per il progetto che quella Commissione ha redatto. Per questo ho fretta di dichiarare quella stima e di aggiungere che va senza riserve. Perché, come prima dissi, l’importante, il difficile in una Costituzione è quella sua porzione che viene a essere come il suo torso, in cui si creano le istituzioni principali del Potere pubblico. Ebbene; noi consideriamo che quella porzione essenziale di questo progetto è, nel suo spirito e nelle sue tendenze principali, semplicemente magnifica, bene installata nell’altitudine dei tempi, attenta alla circostanza spagnola e, contro quanto qui si è detto o insinuato, di molto considerevole originalità. Questo articolo o quello, cioè, i pezzi dell’apparato governativo, potranno essere stati anche trascritti da Carte forestiere. Non mancherebbe altro! L’alfabeto giuridico, i pezzi dell’edificio civile, sono oggi comuni a tutti i popoli, e usare altri suoni elementari non sarebbe che arcaismo o stravaganza. L’originalità, dunque, può solo consistere nella combinazione. Non sono le lettere sciolte, ma il loro sciame nella parola, a portare il senso ed essere originale o no. Ebbene; in questo senso, ci sono parti essenziali del progetto presentato che sono, io credo, di profonda originalità.
Dichiarata questa piena coincidenza con le intenzioni principali del progetto, non potrà considerarsi come riserva che presentiamo voti particolari ed emendamenti, forse in maggior numero di qualsiasi altra minoranza. Perché quelle correzioni vanno sospinte dallo stesso aliseo di intenzioni e si propongono non più che di rafforzare l’ispirazione del progetto, depurarlo e, se non fosse pretenzioso, compierlo.
Né è riserva far constare che questa così azzeccata Costituzione è stata imbottita con alcune cartucce detonanti, introdotte arbitrariamente in essa dallo spirito di propaganda o dall’incontinenza dell’utopismo. Ma per lo stesso fatto che si tratta di incrostazioni inorganiche, facilmente con delle pinze le si può estirpare, o, almeno, si possono modularle in altro modo, con che il resto sarà più coerente, molto più compatto.
Ingressiamo dentro il progetto. Ogni Costituzione si compone di tre parti: nella prima si enunciano le norme generiche dell’esistenza civile, ciò che suol chiamarsi «diritti e doveri»; nella seconda, si disegna l’anatomia del Corpo pubblico, ciò che questo progetto denomina con la rubrica «Organizzazione nazionale»; e nella terza, si determina la fisiologia di quel corpo, il funzionamento della vita pubblica, soprattutto, nelle sue massime istituzioni; in somma, la definizione dei poteri.
Vediamo che cosa posso dire su queste parti, sempre dentro il tempo che mi sia concesso. Cominciamo, seguendo il filo del progetto, dall’«Organizzazione nazionale». M’interessa intrattenermi con una certa larghezza su questo punto, perché il problema mi sembra più grave di quanto, finora, ho avvertito nei discorsi che ho ascoltato.
«Organizzazione nazionale». La Storia, guardando i fatti umani nella lontananza del passato, al di là della memoria privata, fa che si cancellino i dettagli accidentali e lascia fluttuare solo l’essenziale. Ebbene; quando la Storia contempli la traiettoria della monarchia di Sagunto, sotto quell’ottica di distanza, in quella distanza alla quale non si percepiscono più gli aneddoti, in cui non si vede più il naso di Cleopatra, apparirà, credo io, con soverchia chiarezza, che la monarchia di Sagunto è soccombita per non aver voluto organizzare la vita locale. Chi abbia della realtà storica un’idea spettacolare, resterà molto deluso da tale immagine; ma la realtà storica non è spettacolare e passa sempre nel sottosuolo. Non volle la monarchia di Sagunto organizzare la vita locale per una ragione molto semplice. È un fatto, come fatto indiscutibile, ma che non è tutto ciò che è notorio o ricordato come dovrebbe, che durante quella grande fantasmagoria che fu la Restaurazione, il grande impresario di essa, Cánovas del Castillo, non poteva viaggiare per le grandi capitali spagnole, né andare sfarzosamente per Madrid, senza che la gente lo fischiasse. E in lui fischiava, simbolicamente, alla monarchia. Conviene far constare, perché fuori della Spagna s’intenda il processo recente della nostra storia, che le grandi capitali del paese, dal 1873, non furono mai monarchiche, qualunque fosse l’alza e il cala della loro opinione, in mezzo alle interferenze storiche. Intanto, la provincia rimaneva inerte; non è che fosse monarchica, ma che politicamente non esisteva. E la tattica della monarchia consistette nello schiacciare, usando simoniacamente del suffragio e delle elezioni, nello schiacciare l’inquietudine di alcune capitali con l’inerzia provinciale. Tutti sapevano e dichiaravano che in provincia non si votava. Tuttavia, la monarchia che ha perduto tutto, non può, per salvare il suo onore storico, presentare oggi tentativi di riforma leale e profonda, intrapresi per vitalizzare la provincia, per curarla della sua inerzia. Non fece questo, perché viveva precisamente di quel vizio di inerzia provinciale. Per questo ho potuto, con piena fondatezza, senza che le parole fossero solo vento battuto, dire che la monarchia di Sagunto era vissuta di speculare sui vizi nazionali.
Ma ecco che, verso il 1900, per cause che non è d’urgenza ora elucubrare, comincia a fermentare, storicamente, la provincia. Vuole abbandonare quella sua inerzia; si vergogna del suo avvilimento politico; in somma, si ribella contro Madrid. E se applichiamo quell’ottica sintetica, a cui prima mi riferivo, agli ultimi trent’anni, vedremo come tutto ciò che d’importante è accaduto durante essi, bene analizzato, si risolve nel movimento progressivo di ribellione, di voler tornare a essere, di vivere, di avere la volontà di sé stessa, della provincia, in somma, di curarsi della sua inerzia. La campagna di rigenerazione del 1902 procedeva dall’Unione Nazionale centrata in Aragona; la scossa, che fu, indubbiamente, per la nostra modorra politica ciò che c’era di dinamico nel maurismo, si appoggiò sulla provincia; e venne poi quella indipendenza, sempre più estesa, dei distretti, che andò rendendo più difficile la manipolazione elettorale e con essa la creazione di Parlamenti docili, e con ciò l’instaurazione di Governi perdurabili; e poi, Primo de Rivera approfittò per il suo colpo di Stato del denso disdegno che la provincia sentiva verso i politici di Madrid. E un altro bel giorno, quando i più ottimisti riponevano fiducia solo nell’energia delle grandi capitali, fu la provincia a rovesciare il regime, nell’atto di più propria, tipica e umile provincialità che possa immaginarsi: in delle elezioni municipali. (Molto bene).
A quelli che da antico facciamo attenzione a questo rinascere della provincia, non sorprese; al contrario, ci aspettavamo tutto da che le province si mettessero in piedi.
Ma a che vengono tali considerazioni? A questa semplice conclusione: ed è che la Spagna non è solo Madrid, Barcellona e tre o quattro capitali di più, che formano la vetrina o la superficie storica del nostro paese; la vera Spagna, quella da cui dipende l’avvenire, è quell’altra Spagna enorme, latente, profonda, aggrappata al terrazzo natio, che è la provincia. Perché la monarchia si approfittò solo dei suoi vizi e non volle legare la sua sorte a quel rinascere provinciale, la monarchia soccombette, e se la Repubblica fa lo stesso, se non cura di ficcare bene una delle sue radici in quel grande movimento dell’affanno provinciale, che è la sostanza più reale di tutto il processo attuale spagnolo, allora la Repubblica non potrà essere sicura della sua consolidazione e ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo sarà opera superficiale e senza intreccio di storia; il cambiamento di regime scivolerà sugli strati impermeabili della nostra nazione; non avremo realizzato cambiamento alcuno nei tessuti più profondi del corpo nazionale.
Due radici sono necessarie e sufficienti perché la quercia della Repubblica si eriga inconmovibile sulla terra spagnola: una è la profonda riforma locale; l’altra è l’organizzazione della società in popolo di lavoratori.
Lo primero, que es lo que ahora me ocupa, supone que con cierto radicalismo separemos la vida local de la nacional, estatal, integral, como prefiráis llamarla, y que entreguemos esa vida local a los que tienen que vivirla, a fin de obligarles a que tomen en sus propias manos su propio destino y a que aprendan a ser de él rectores y responsables. Mas para que esto sea posible, es preciso que deis a esa vida local holgura suficiente y ámbito para el vuelo. Ni el Municipio ni la Provincia tienen área bastante amplia para que en ellos se susciten corrientes de dinamismo político, para que acometan empresas de alto rango que arranquen al rural de su angosto hermetismo, que le interesen en temas más ricos y más amplios que aquéllos de que se urde su mísera existencia. El Municipio y la Provincia no bastan; esos problemas inmediatos de la existencia aldeana, los de la economía local, no tienen su realidad completa dentro del Municipio y de la Provincia; no están inscritos en esos breves círculos, sino que trascienden de ellos y se extienden sobre ingentes comarcas; ingentes comarcas cuyos límites, si los estudiamos con cuidado en el mapa, resultan coincidir con la figura de las regiones tradicionales. Esta coincidencia, sin embargo, es para mí de un interés secundario: yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro. La vida, queramos o no, es una acción que se ejecuta siempre hacia adelante. No me importaría, pues, encontrar esa especie de corroboración en el pasado para las regiones que debamos crear; pero es siempre una riqueza más, un aliento más, que cuando uno prepare el futuro lo encuentre ya preformado en el pasado. Tan es así, de tal modo no me interesa en orden esencial esa coincidencia con el pretérito, que considero como una de las desdichas más graves que han acontecido en la vida política durante los últimos años el que el regionalismo apareciera por vez primera teñido ya de lo que es más opuesto a él: de un arcaísmo nacionalista.
Yo imagino una España nueva constituida en grandes unidades regionales, cada cual con su Gobierno local y con su asamblea comarcana de sufragio universal. En esa muchedumbre de asambleas locales habrá de movilizarse un número crecido de hombres que aprenderá en ellas la responsabilidad política y el sentido de los negocios públicos; de esos hombres, así movilizados, se seleccionarán los más capaces para el gobierno local, y entre éstos surgirán aquéllos de dotes superlativas que vayan formando esa reserva de estadistas adiestrados, sin la cual la vida de todo Estado actual es demasiado azarosa. Dentro de la región podrá la Provincia reclamar lo suyo y dentro de la Provincia el Municipio.
Lanzar a España, a España toda, a esa España enorme y profunda en esa nueva vida, sí que sería verdaderamente una ingente transformación del país. Movilizados los millones de españoles en ella, se darán verdaderamente cuenta de que empieza una nueva era, y día por día sentirán que se inicia un albor de historia.
¿Qué figura es, frente a ésta mía, la que ofrece el proyecto? Una muy curiosa, sobre la cual reclamo la atención de la Cámara, porque, a mi juicio, encierra graves peligros para el porvenir.
En primer lugar, es indudable que el proyecto hace posible una organización de España en regiones tal cual yo acabo de describirla. No me he contradicho, pues, con lo enunciado al principio de que queríamos movernos dentro del espíritu e intenciones genéricas de esa Comisión. Pero ese espíritu e intenciones están en el proyecto formuladas con tal insuficiencia y con tal timidez, que no sólo quedan anuladas, sino que quedan lastradas de graves consecuencias. Mientras en la parte referente a la definición de poderes se ve, como luego advertiremos, que la Comisión ha repensado hasta el fondo los problemas efectivos de la política española, en este título de la organización nacional parece haber hecho sólo obra reactiva y no creadora, haberse limitado a abrir un hueco en su texto para el hecho, respetable pero adventicio, de que dos regiones reclamen Estatutos particularistas.
La imagen de nuestro pueblo, que el proyecto nos ofrece, es una división en dos Españas diferentes: una, compuesta de dos o tres regiones ariscas; otra, integrada por el resto, más dócil al Poder central. Para el proyecto es la autonomía algo especial, puesto que no la estatuye para todos los cuadrantes españoles. Esto, que pretende ser cautela, previsión y desamor a la aventura, me parece más bien, y a la par, ingenuo y funesto.
Pues hay gran verosimilitud de que, tan pronto como exista un par de regiones estatutarias, asistiremos en toda España a una pululación de demandas parejas, las cuales seguirán el tono de las ya concedidas, que es más o menos, querámoslo o no, nacionalista, enfermo de particularismo.
Resultará, pues, a la postre, España ordenada íntegramente, pero de mala manera, en regiones. Mientras tanto, nos encontraremos con una España centrífuga frente a una España centrípeta; peor aún, con dos o tres regiones semi-Estados frente a España, a nuestra España.
Por otra parte, resulta que no hay nada nuevo en lo que se refiere a la porción de España que siga vinculada al Poder central; es decir, que la República, por lo visto, no tiene nada que innovar en la vida local de la España más fiel, y esto habéis visto, por la historia de la monarquía, que era sumamente grave.
Acentúa, a mi juicio, la gravedad de una y otra emergencia el hecho de ciertas insistencias con que el proyecto de Constitución plantea la posibilidad de demandas de Estatutos; porque se habla allí de que no le han de ser concedidos éstos sino a aquellas provincias que posean características definidas, históricas, culturales y económicas comunes, notas que ciertamente poseen hoy todas las regiones españolas, pero que, antepuestas a una demanda de Estatuto, parecen como animar, como incitar a una campaña de nacionalismo allí donde hasta ahora no ha existido.
Yo no rozo aquí, dejo por completo intacto, el problema catalán, del cual hablaremos otro día con la cordialidad y la lealtad, a veces un poco doloridas, que siempre he consagrado a Cataluña; medito ahora únicamente sobre las necesidades generales de España, y me encuentro con que los señores de la Comisión, sin premeditarlo, sin quererlo, en este texto estatuyen una prima al nacionalismo.
En cambio, si la Constitución crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfronten, pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias el Poder nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una solución y de otra. (Muy bien).
Yo desearía que no se repitieran, ante propósitos parecidos a los que acabo de enunciar, las sempiternas dos objeciones que suelen salirnos al camino y que el mismo señor Companys, no haciéndose solidario de ellas, más bien rechazándolas al paso, aun cuando sin analizarlas, acaba de enunciar. Se dice, primero, que conceder la autonomía a ciertas regiones fuera artificioso; segundo, que ciertas regiones no están aún capacitadas para gobernarse a sí mismas. A las cuales ambas objeciones doy por lo pronto una respuesta unitaria; ambas proceden de una idea política que yo esperaba ya ver periclitada en todas las cabezas; una vieja idea y principio románticos, según los cuales el Derecho, la Ley, y, sobre todo, una Ley institucional, no tienen que ser otra cosa sino el reflejo de las realidades preexistentes en la sociedad. Esto ha sido siempre utópico; el Derecho no es mero reflejo de una realidad preexistente, porque entonces sería superfluo; el Derecho, la Ley, son siempre algo que añadimos a una espontaneidad insuficiente; es la corrección de lo roto; son un estímulo a lo que no es aún pleno; son, pues, incitaciones y, si queréis, también aparatos ortopédicos. Nada más fácil que reírse de los aparatos ortopédicos, olvidando que el mundo está lleno de tullidos, de cojos y de herniados. La Ley tiene que suscitar nuevas realidades; la Ley ha sido antes y lo será, cada vez más, creadora; la Ley es siempre más o menos reforma, y, por tanto, suscitadora de nuevas realidades. Y cosa pareja diría a la segunda objeción, de que una región es incapaz para gobernarse a sí misma, que otra, en cambio, lo es. Es decir, ¿que hay una porción de España poblada de hombres casi perfectos, dueños de todas las dotes necesarias para vivir públicamente en perfección? Entonces no me interesa cambiar el tipo de vida y hacer que se organice en región; eso me interesa allí donde la vida es insuficiente; me interesa hacer capaces a los incapaces y todavía no se ha inventado mejor manera para enseñar a nadar que arrojar al aprendiz de un empujón al agua, quedando detrás en inspección tutelar. (Muy bien).
The first thing, which is what now occupies me, supposes that with a certain radicalism we separate local life from the national, state, integral life, as you prefer to call it, and that we hand over that local life to those who have to live it, in order to oblige them to take into their own hands their own destiny and to learn to be its rectors and responsible. But for this to be possible, it is necessary that you give that local life sufficient room and scope for flight. Neither the Municipality nor the Province has a sufficiently wide area for there to arise in them currents of political dynamism, for them to undertake enterprises of high rank that tear the rural man from his narrow hermeticism, that interest him in richer and wider themes than those from which his miserable existence is woven. The Municipality and the Province do not suffice; those immediate problems of village existence, those of the local economy, do not have their complete reality within the Municipality and the Province; they are not inscribed in those brief circles, but transcend them and extend over vast comarcas; vast comarcas whose limits, if we study them carefully on the map, turn out to coincide with the figure of the traditional regions. This coincidence, nevertheless, is for me of secondary interest: I do not ask for the organization of Spain in great regions for reasons of the past, but for reasons of the future. Life, whether we want it or not, is an action that is always executed forward. I would not mind, then, finding that kind of corroboration in the past for the regions we must create; but it is always one more wealth, one more breath, that when one prepares the future one finds it already preformed in the past. So much is this so, in such a way I am not interested, in essential order, in that coincidence with the past, that I consider as one of the gravest misfortunes that have happened in political life during the last years the fact that regionalism appeared for the first time already tinged with what is most opposed to it: with a nationalist archaism.
I imagine a new Spain constituted in great regional units, each with its local Government and with its comarcal assembly of universal suffrage. In that multitude of local assemblies there will have to be mobilized a grown number of men who will learn in them political responsibility and the sense of public affairs; of those men, thus mobilized, the most capable for local government will be selected, and among these there will arise those of superlative gifts who go about forming that reserve of trained statesmen, without which the life of every present State is too hazardous. Within the region the Province will be able to claim its own, and within the Province the Municipality.
To launch Spain, all Spain, that enormous and profound Spain into that new life, yes, that would truly be an immense transformation of the country. With the millions of Spaniards mobilized in it, they will truly realize that a new era begins, and day by day they will feel that a dawn of history is beginning.
What figure, in contrast to mine, is that offered by the project? A very curious one, upon which I claim the attention of the Chamber, because, to my judgment, it encloses grave dangers for the future.
In the first place, it is indubitable that the project makes possible an organization of Spain in regions exactly as I have just described it. I have not contradicted myself, then, with what was enunciated at the beginning, that we wanted to move within the spirit and generic intentions of that Commission. But that spirit and those intentions are in the project formulated with such insufficiency and with such timidity, that they not only remain annulled, but remain ballasted with grave consequences. While in the part referring to the definition of the powers it is seen, as we shall later notice, that the Commission has rethought to the bottom the effective problems of Spanish politics, in this title of national organization it seems to have done only reactive and not creative work, to have limited itself to opening a hole in its text for the fact, respectable but adventitious, that two regions claim particularist Statutes.
The image of our people, which the project offers us, is a division into two different Spains: one, composed of two or three wild regions; the other, integrated by the rest, more docile to the central Power. For the project, autonomy is something special, since it does not establish it for all the Spanish quadrants. This, which pretends to be caution, foresight and disaffection to adventure, seems to me rather, and at the same time, ingenuous and baneful.
For there is great likelihood that, as soon as a couple of statutory regions exist, we shall assist in all Spain at a swarming of similar demands, which will follow the tone of those already granted, which is more or less, whether we want it or not, nationalist, sick with particularism.
It will result, then, in the end, Spain ordered entirely, but in a bad way, into regions. Meanwhile, we shall find ourselves with a centrifugal Spain in front of a centripetal Spain; worse still, with two or three semi-State regions in front of Spain, our Spain.
On the other hand, it turns out that there is nothing new in what refers to the portion of Spain that remains bound to the central Power; that is, that the Republic, apparently, has nothing to innovate in the local life of the most faithful Spain, and this you have seen, by the history of the monarchy, that it was extremely grave.
It accentuates, to my judgment, the gravity of the one and the other emergence, the fact of certain insistences with which the constitutional project plants the possibility of demands for Statutes; because there is talk there of their not being granted except to those provinces that possess definite, historical, cultural and economic common characteristics, notes that certainly all the Spanish regions possess today, but which, set before a demand for a Statute, seem to animate, to incite a campaign of nationalism there where until now it has not existed.
I do not touch here, I leave completely intact, the Catalan problem, of which we shall speak another day with the cordiality and the loyalty, sometimes a little painful, that I have always consecrated to Catalonia; I meditate now only on the general necessities of Spain, and I find myself with the gentlemen of the Commission, without premeditating it, without wanting it, in this text establishing a premium on nationalism.
In contrast, if the Constitution creates at once the organization of Spain in regions, it will no longer be one Spain that finds itself face to face with two or three indocile regions, but the regions among themselves who will confront each other, being able in this manner to hover majestic over their differences the national, integral, state and unique sovereign Power. Contemplate the difference of one solution and the other. (Very good).
I would desire that there not be repeated, before purposes similar to those I have just enunciated, the sempiternal two objections that usually come out to meet us on the road and that the same Señor Companys, not making himself solidary with them, rather rejecting them in passing, even though without analyzing them, has just enunciated. It is said, first, that granting autonomy to certain regions would be artificial; second, that certain regions are not yet capable of governing themselves. To which two objections I give for the moment a unitary response; both proceed from a political idea that I hoped to see already in decline in all heads; an old idea and romantic principle, according to which the Right, the Law, and, above all, an institutional Law, must not be anything other than the reflection of the realities pre-existing in society. This has always been utopian; the Right is not a mere reflection of a pre-existing reality, because then it would be superfluous; the Right, the Law, are always something that we add to an insufficient spontaneity; it is the correction of the broken; they are a stimulus to what is not yet full; they are, then, incitations and, if you will, also orthopedic apparatuses. Nothing easier than to laugh at orthopedic apparatuses, forgetting that the world is full of cripples, of the lame and the herniated. The Law has to arouse new realities; the Law has been before, and will be, increasingly, creative; the Law is always more or less reform, and, therefore, arouser of new realities. And a similar thing I would say to the second objection, that a region is incapable of governing itself, that another, instead, is. That is, is there a portion of Spain peopled with almost perfect men, owners of all the gifts necessary to live publicly in perfection? Then I am not interested in changing the type of life and making it organize itself in a region; that interests me there where life is insufficient; I am interested in making the incapable capable, and there has not yet been invented a better way to teach swimming than throwing the apprentice with a push into the water, remaining behind in tutelary inspection. (Very good).
Lo primo, che è ciò che ora m’occupa, suppone che con un certo radicalismo separiamo la vita locale dalla nazionale, statale, integrale, come preferiate chiamarla, e che consegniamo quella vita locale a coloro che devono viverla, al fine di obbligarli a prendere nelle proprie mani il proprio destino e a imparare a esserne rettori e responsabili. Ma perché questo sia possibile, è necessario che diate a quella vita locale sufficiente agio e ambito per il volo. Né il Municipio né la Provincia hanno area abbastanza ampia perché in essi si suscitino correnti di dinamismo politico, perché si affrontino imprese di alto rango che strappino il rurale dal suo angusto ermetismo, che lo interessino a temi più ricchi e più ampi di quelli di cui s’intesse la sua misera esistenza. Il Municipio e la Provincia non bastano; quei problemi immediati dell’esistenza paesana, quelli dell’economia locale, non hanno la loro realtà completa dentro il Municipio e la Provincia; non sono inscritti in quei brevi cerchi, ma trascendono da essi e si estendono sopra ingenti comarche; ingenti comarche i cui limiti, se li studiamo con cura sulla carta, risultano coincidere con la figura delle regioni tradizionali. Questa coincidenza, tuttavia, è per me di interesse secondario: io non chiedo l’organizzazione della Spagna in grandi regioni per ragioni di passato, ma per ragioni di futuro. La vita, vogliamo o no, è un’azione che si esegue sempre verso avanti. Non m’importerebbe, dunque, trovare quella specie di corroborazione nel passato per le regioni che dobbiamo creare; ma è sempre una ricchezza di più, un alito di più, che quando uno prepari il futuro lo trovi già preformato nel passato. Tant’è così, di tal modo non m’interessa in ordine essenziale quella coincidenza col passato, che considero come una delle disgrazie più gravi che siano accadute nella vita politica durante gli ultimi anni il fatto che il regionalismo apparisse per la prima volta già tinto di ciò che gli è più opposto: di un arcaismo nazionalista.
Io immagino una Spagna nuova costituita in grandi unità regionali, ciascuna col suo Governo locale e con la sua assemblea comarcana a suffragio universale. In quella moltitudine di assemblee locali dovrà mobilitarsi un numero cresciuto di uomini che imparerà in esse la responsabilità politica e il senso dei pubblici affari; di quegli uomini, così mobilitati, si selezioneranno i più capaci per il governo locale, e tra questi sorgeranno quelli di doti superlative che vadano formando quella riserva di statisti addestrati, senza la quale la vita di ogni Stato attuale è troppo azzardosa. Dentro la regione potrà la Provincia reclamare il suo, e dentro la Provincia il Municipio.
Lanciare la Spagna, tutta la Spagna, in quella Spagna enorme e profonda in quella nuova vita, sì che sarebbe veramente un’ingente trasformazione del paese. Mobilitati i milioni di spagnoli in essa, si renderanno veramente conto che comincia una nuova era, e giorno per giorno sentiranno che s’inizia un’alba di storia.
Quale figura è, di fronte a questa mia, quella che offre il progetto? Una molto curiosa, sulla quale reclamo l’attenzione della Camera, perché, a mio giudizio, racchiude gravi pericoli per l’avvenire.
In primo luogo, è indubitabile che il progetto rende possibile un’organizzazione della Spagna in regioni tale e quale io l’ho appena descritta. Non mi sono contraddetto, dunque, con quanto enunciato al principio, che volevamo muoverci dentro lo spirito e le intenzioni generiche di quella Commissione. Ma quello spirito e quelle intenzioni sono nel progetto formulati con tale insufficienza e con tale timidità, che non solo restano annullati, ma restano zavorrati di gravi conseguenze. Mentre nella parte riferente alla definizione dei poteri si vede, come poi avvertiremo, che la Commissione ha ripensato fino in fondo i problemi effettivi della politica spagnola, in questo titolo dell’organizzazione nazionale sembra aver fatto solo opera reattiva e non creatrice, essersi limitata ad aprire un vuoto nel suo testo per il fatto, rispettabile ma avventizio, che due regioni reclamino Statuti particolaristi.
L’immagine del nostro popolo, che il progetto ci offre, è una divisione in due Spagne differenti: una, composta di due o tre regioni arrisicate; l’altra, integrata dal resto, più docile al Potere centrale. Per il progetto è l’autonomia qualcosa di speciale, poiché non la statuisce per tutti i quadranti spagnoli. Questo, che pretende essere cautela, previsione e disamore all’avventura, mi sembra piuttosto, e a un tempo, ingenuo e funesto.
Poiché c’è gran verosimiglianza che, appena esista un paio di regioni statutarie, assisteremo in tutta la Spagna a una pullulazione di domande simili, le quali seguiranno il tono delle già concesse, che è più o meno, vogliamo o no, nazionalista, malato di particolarismo.
Risulterà, dunque, alla fine, la Spagna ordinata interamente, ma in mala maniera, in regioni. Intanto, ci troveremo con una Spagna centrifuga di fronte a una Spagna centripeta; peggio ancora, con due o tre regioni semi-Stati di fronte alla Spagna, alla nostra Spagna.
D’altra parte, risulta che non c’è nulla di nuovo in ciò che si riferisce alla porzione di Spagna che segua vincolata al Potere centrale; cioè, che la Repubblica, a quanto pare, non ha nulla da innovare nella vita locale della Spagna più fedele, e questo avete visto, per la storia della monarchia, che era sommamente grave.
Accentua, a mio giudizio, la gravità dell’una e dell’altra emergenza il fatto di certe insistenze con cui il progetto di Costituzione pianta la possibilità di domande di Statuti; perché si parla lì di che non siano da concedersi quelli se non a quelle province che posseggano caratteristiche definite, storiche, culturali ed economiche comuni, note che certamente possiedono oggi tutte le regioni spagnole, ma che, anteposte a una domanda di Statuto, sembrano come animare, come incitare a una campagna di nazionalismo lì dove finora non è esistito.
Io non tocco qui, lascio per completo intatto, il problema catalano, del quale parleremo un altro giorno con la cordialità e la lealtà, a volte un poco dolorose, che ho sempre consacrato alla Catalogna; medito ora unicamente sulle necessità generali della Spagna, e mi trovo con che i signori della Commissione, senza premeditarlo, senza volerlo, in questo testo statuiscono un premio al nazionalismo.
Invece, se la Costituzione crea subito l’organizzazione della Spagna in regioni, non sarà più la Spagna una, a trovarsi faccia a faccia con due o tre regioni indocili, ma saranno le regioni tra loro a scontrarsi, potendo in questa maniera librarsi maestoso sulle loro differenze il Potere nazionale, integrale, statale e unico sovrano. Contemplate la differenza di una soluzione e dell’altra. (Molto bene).
Io desidererei che non si ripetessero, davanti a propositi simili a quelli che ho appena enunciato, le sempiterne due obiezioni che sogliono uscirci al cammino e che lo stesso signor Companys, non facendosi solidario di esse, piuttosto rigettandole al passo, anche se senza analizzarle, ha appena enunciato. Si dice, primo, che concedere l’autonomia a certe regioni sarebbe artificioso; secondo, che certe regioni non sono ancora capacitate per governarsi da sé. Alle quali entrambe le obiezioni do per il momento una risposta unitaria; entrambe procedono da un’idea politica che io speravo già di vedere tramontata in tutte le teste; una vecchia idea e principio romantici, secondo i quali il Diritto, la Legge, e, soprattutto, una Legge istituzionale, non devono essere altro che il riflesso delle realtà preesistenti nella società. Questo è stato sempre utopico; il Diritto non è mero riflesso di una realtà preesistente, perché allora sarebbe superfluo; il Diritto, la Legge, sono sempre qualcosa che aggiungiamo a una spontaneità insufficiente; è la correzione del rotto; sono uno stimolo a ciò che non è ancora pieno; sono, dunque, incitazioni e, se volete, anche apparati ortopedici. Nulla più facile che ridersi degli apparati ortopedici, dimenticando che il mondo è pieno di storpiati, di zoppi e di erniati. La Legge deve suscitare nuove realtà; la Legge è stata prima e lo sarà, sempre di più, creatrice; la Legge è sempre più o meno riforma, e, per tanto, suscitatrice di nuove realtà. E cosa simile direi alla seconda obiezione, che una regione è incapace di governarsi da sé, che un’altra, invece, lo è. Cioè, che c’è una porzione di Spagna popolata di uomini quasi perfetti, possessori di tutte le doti necessarie per vivere pubblicamente in perfezione? Allora non m’interessa cambiare il tipo di vita e far che si organizzi in regione; questo m’interessa lì dove la vita è insufficiente; m’interessa rendere capaci gli incapaci, e non s’è ancora inventato miglior maniera per insegnare a nuotare che gettare l’apprendista con una spinta in acqua, restando dietro in ispezione tutelare. (Molto bene).
Dejo, pues, aquí estos pensamientos, aún expuestos con bastante insuficiencia, esperando que los señores diputados reflexionen sobre ellos, ya que son temas, repito, de alguna gravedad; los señores diputados, y sobre todo los que componen esa Comisión, a los cuales antes he dedicado elogios tan sinceros, y de los cuales espero que ejercitarán mejor que nadie esa virtud de porosidad que yo antes recomendaba a mí mismo y a todos los demás.
Y ahora, dando un brinco, vamos a otra parte de la Constitución: a la definición de Poderes.
La gloria más auténtica de ese proyecto es, a mi juicio, que, elaborado en estas horas de innegable turbulencia, sobre todo de turbulencia mental, no ha vacilado en afirmar lo que es característico de la nueva democracia frente a la antigua: la necesidad de construir un Estado fuerte. Ayer nos lo explicaba con palabras excelentísimas, en vacación de ministro de Justicia, el diputado don Fernando de los Ríos. Me complació también ver que tres días antes el señor Gordón Ordax emergía de la minoría radical socialista para declarar paladinamente que era forzoso edificar un Estado muy distinto del viejo Estado liberal. Y no es que seamos menos liberales que nuestros abuelos. Ahí están en ese proyecto todas las viejas garantías, salvo una, la económica, que no hace tanta falta, reforzadas; no es que seamos menos liberales; es que la vida pública se ha hecho demasiado compleja y difícil y obliga al Estado, quiera o no, a intervenir allí donde antes practicaba abstención, o, mejor dicho, fingía practicarla. Porque el viejo liberalismo, aunque brotaba de una aspiración generosa, tal vez la más generosa que se ha alzado nunca en la Historia, concluía, por la forzosidad de los hechos, comportándose con grave hipocresía. Ésta ha sido la causa de la decadencia padecida por la pura democracia liberal. Medios de gobernación, que el Poder público ha menester, no le eran reconocidos en la Constitución, pero luego él, forzado por los hechos, hacía de ellos un uso fraudulento, y nada desprestigia tanto al Poder público como negarse a sí mismo un uso del cual luego hace un abuso. Ésta es la indecencia instalada en el Poder público. De aquí que para la nueva democracia sea cuestión de limpieza y de cuentas claras dotar al Estado de todos aquellos instrumentos y facultades que es previsible necesitará emplear, pudiendo así mantenerse aquél siempre con pulcritud dentro de su cauce y dentro de su ley.
El Estado hoy se encuentra, no como en la edad romántica, en que surgió la democracia liberal, delante de meros individuos, sino que se encuentra frente a organizaciones poderosas de todo género, y conste que no me refiero ahora sólo y principalmente a las organizaciones societarias, sino mucho más a las grandes organizaciones financieras y económicas. Frente a esos poderes, hasta ahora desconocidos en la Historia, es menester pertrechar de armas fuertes al Estado, para que se defienda de ellos y los sojuzgue. Esto, como todo, tiene su riesgo: la vida es riesgo, y es peligro; esto puede llevar al estatismo, a la estatolatría y a que el Poder público aplaste al individuo. Si esta ocasión llega, el Estado morirá. Así aconteció más de una vez, porque el Estado más perfecto que ha habido nunca en la Historia, el Estado romano, aplastó a sus individuos, haciendo de ellos esclavos, y entonces, desnutrido de lo único que nutre al Estado, que es la espontaneidad individual, acabó por esqueletizarse en puro militarismo y llegó un momento en que murió, estrangulándose a sí mismo. El estatismo es el riesgo del Estado fuerte, pero —repito— que no hemos acertado todavía los hombres a vivir sin riesgo; para evitarlo, lo único que podríamos hacer es intentar ausentarnos de la vida.
Creo yo que es general en la Cámara este deseo del Estado fuerte; pero ha sido para mí muy especialmente grato, por eso antes lo dije, ver que la minoría radical socialista pensaba así, y que de una manera tan enérgica lo anunciaba y que sin duda ha contribuido mucho, con su labor en la Comisión, a hacer triunfar este principio. Esto nos demuestra que esa minoría, a la cual no sé bien cómo llamar… me recuerda que Cervantes, allá hacia el fin de su libro, no sabiendo ya con qué nuevas palabras y giros denominar a la apasionada figura de Alonso Quijano, acaba por llamarle Don Quijote el Extremado; pues bien, esta extremada minoría (Risas) ha demostrado, por si alguien lo dudaba, ateniéndose sólo a las apariencias, que había en ella una vena íntima de honda intuición política, en la cual, lo declaro, confío mucho más que en la frondosidad externa de sus impetuosos aspavientos. (Risas).
Esta voluntad de construir un Estado robusto, donde aparece con su superior claridad es en aquella parte del proyecto en que se definen los Poderes. Y creo que es conveniente ir ya explicando al país el sentido de las nuevas instituciones que allí se preparan.
Hay, y ha habido siempre, entre el Poder ejecutivo y el Poder legislativo y fiscalizador, que cumple al Parlamento, un antagonismo irreductible. Son ambas necesidades constitutivas del Estado, y por muy antagónicas que sean, no se puede prescindir de ninguna. En el siglo XIX se creyó que el mejor trato a esa oposición congénita de ambos Poderes era deprimir uno de ellos, el ejecutivo, envagueciéndole, esfumándole y subordinándole por completo al Poder parlamentario; esto es lo que se ha llamado régimen parlamentario sensu stricto. Y es claro que siendo las Cortes el órgano, la fuente por donde mana la soberanía nacional, todo Poder, en su raíz, está subordinado a ellas. Pero una cosa es que el Poder ejecutivo se halle en su raíz última subordinado al Parlamento y otra, muy otra, que el ejercicio de ese Poder esté, minuto tras minuto, en servidumbre bajo el Parlamento. Esto es lo que impide la constitución de Estados fuertes, y permite sólo Gobiernos paralíticos. Durante el siglo XIX, el Parlamento lo fue todo; aquellos hombres sentían fruición por los debates de la Cámara, por su pompa y ritual; la vida era entonces menos urgente y áspera, y no se avergonzaban de confundir el deber nervioso y ágil de la política con la delicia de presenciar, hora tras hora, cómo de las bocas de los oradores salían las volutas rotundamente sonoras de los párrafos grandilocuentes; párrafos grandilocuentes, dicho sea entre paréntesis, que eran mucho más fáciles de hacer que los nuestros de ahora, cortos, más cortos, pero a los cuales se exige que lleve cada uno dentro, encerrada como en una jaula, alguna idea que brinque prisionera. (Muy bien; aplausos). Hoy sentimos la necesidad de que el Parlamento sea magro y sobrio y que su intervención en la vida del Estado se reduzca o al trabajo en las Comisiones o a golpes secos, fulminantes, inexorables de su decisión y crítica soberanas. Esto es lo importante.
En el proyecto hay, sin duda, la intención de hacer este Parlamento sobrio; pero no aparece suficientemente claro, porque ha olvidado, entre otras cosas, decirnos cuál va a ser el número de diputados y hacer que éste sea bastante reducido. Dentro de todas las probabilidades, un Parlamento de doscientos diputados es siempre mejor que otro de cuatrocientos; y de esto, del nivel moral e intelectual de los parlamentarios depende, en última instancia, la firmeza y el prestigio de una democracia. Y conste que, cuando hablo de nivel intelectual, no me refiero a la intelectualidad de los intelectuales, sino a la de los políticos. Hartas veces he escrito en mi vida que el ideal de un pueblo es que no se vea obligado a que intervengan en su política los intelectuales, porque ello quiere decir que en ese pueblo marchan bien las cosas. Conste así, por si hay algún obstinado en creer que hemos venido aquí para fingir capacidades políticas de que, probablemente, carecemos.
Los tiempos exigen, pues, un Parlamento sobrio, pero, eso sí, con la plena y tajante eficiencia de sus atributos. Frente a él, el proyecto nos presenta un Poder ejecutivo que se eleva con holgada independencia del Parlamento. Éste es, a mi juicio, el punto más saliente, la inspiración más ejemplar y feliz del proyecto. En vez de resolver la oposición entre ambos Poderes, supeditando el uno al otro, lo que ha hecho es elevar cada uno a la plenitud de sí mismo; aceptar este antagonismo y confiar en que de él, precisamente de él, saldrá un dinámico, un auténtico y sincero equilibrio. Si un día se rompe, queda siempre la posibilidad del referéndum que da a la nación el derecho para dirimir ese conflicto y restablecer la armonía entre sus Poderes. ¡Lástima que después de crear ese ejecutivo libertado, le ponga en el detalle graves cortapisas!
I leave, then, here these thoughts, still exposed with quite some insufficiency, hoping that the gentlemen deputies reflect on them, since they are themes, I repeat, of some gravity; the gentlemen deputies, and above all those who compose that Commission, to whom before I have dedicated such sincere praises, and from whom I hope that they will exercise better than anyone that virtue of porosity that I before recommended to myself and to all the others.
And now, making a leap, let us go to another part of the Constitution: to the definition of Powers.
The most authentic glory of that project is, to my judgment, that, elaborated in these hours of undeniable turbulence, above all of mental turbulence, it has not hesitated to affirm what is characteristic of the new democracy in the face of the old: the necessity of building a strong State. Yesterday the deputy don Fernando de los Ríos explained it to us with most excellent words, on vacation from being Minister of Justice. It also pleased me to see that three days before Señor Gordón Ordax emerged from the Radical Socialist minority to declare plainly that it was forcible to erect a State very different from the old liberal State. And it is not that we are less liberal than our grandfathers. There are in that project all the old guarantees, save one, the economic one, which is not so much needed, reinforced; it is not that we are less liberal; it is that public life has become too complex and difficult and obliges the State, whether it wants to or not, to intervene there where before it practiced abstention, or, better said, feigned to practice it. Because the old liberalism, although it sprang from a generous aspiration, perhaps the most generous that has ever risen in History, concluded, by the forcefulness of facts, behaving with grave hypocrisy. This has been the cause of the decadence suffered by pure liberal democracy. Means of governance, which the public Power needs, were not recognized to it in the Constitution, but then it, forced by facts, made a fraudulent use of them, and nothing discredits the public Power so much as denying itself a use of which it then makes an abuse. This is the indecency installed in the public Power. Hence it is that for the new democracy it is a question of cleanliness and clear accounts to endow the State with all those instruments and faculties that it is foreseeable it will need to employ, being able thus to keep itself always with neatness within its channel and within its law.
The State today finds itself, not as in the romantic age, when liberal democracy arose, before mere individuals, but finds itself in front of powerful organizations of every kind, and let it be recorded that I do not now refer only and principally to the societal organizations, but much more to the great financial and economic organizations. In the face of those powers, until now unknown in History, it is necessary to furnish the State with strong weapons, so that it defends itself from them and subjugates them. This, like everything, has its risk: life is risk, and is danger; this can lead to statism, to statolatry and to the public Power crushing the individual. If this occasion comes, the State will die. Thus it happened more than once, because the most perfect State that has ever existed in History, the Roman State, crushed its individuals, making them slaves, and then, malnourished of the only thing that nourishes the State, which is individual spontaneity, it ended by skeletonizing itself in pure militarism and there came a moment in which it died, strangling itself. Statism is the risk of the strong State, but —I repeat— that we men have not yet hit upon living without risk; to avoid it, the only thing we could do is attempt to absent ourselves from life.
I believe that this desire for the strong State is general in the Chamber; but it has been for me very especially gratifying, for that reason I said it before, to see that the Radical Socialist minority thought so, and that in so energetic a manner it announced it and that without doubt it has contributed much, with its work in the Commission, to making this principle triumph. This shows us that that minority, which I do not well know how to call… it reminds me that Cervantes, there toward the end of his book, no longer knowing with what new words and turns to denominate the passionate figure of Alonso Quijano, ends up calling him Don Quixote the Extreme; well then, this extreme minority (Laughter) has demonstrated, in case anyone doubted it, attending only to appearances, that there was in it an intimate vein of deep political intuition, in which, I declare, I trust much more than in the external luxuriance of its impetuous flailing. (Laughter).
This will to build a robust State, where it appears with its superior clarity is in that part of the project in which the Powers are defined. And I believe that it is convenient to go already explaining to the country the sense of the new institutions that are there being prepared.
There is, and there has always been, between the executive Power and the legislative and supervisory Power, which falls to the Parliament, an irreducible antagonism. They are both constitutive necessities of the State, and however antagonistic they may be, none can be dispensed with. In the nineteenth century it was believed that the best treatment of that congenital opposition of both Powers was to depress one of them, the executive, emptying it, fading it and subordinating it completely to the parliamentary Power; this is what has been called the parliamentary regime sensu stricto. And it is clear that, the Cortes being the organ, the source from which national sovereignty flows, every Power, in its root, is subordinated to them. But one thing is that the executive Power finds itself in its ultimate root subordinated to the Parliament, and another, very another, that the exercise of that Power be, minute after minute, in servitude under the Parliament. This is what prevents the constitution of strong States, and allows only paralytic Governments. During the nineteenth century, the Parliament was everything; those men felt fruition for the debates of the Chamber, for its pomp and ritual; life was then less urgent and harsh, and they were not ashamed of confusing the nervous and agile duty of politics with the delight of witnessing, hour after hour, how from the mouths of the orators came out the resoundingly round volutes of the grandiloquent paragraphs; grandiloquent paragraphs, said in passing, that were much easier to make than ours of now, short, shorter, but of which it is required that each one carry inside, enclosed as in a cage, some idea that leaps prisoner. (Very good; applause). Today we feel the necessity that the Parliament be meager and sober and that its intervention in the life of the State be reduced either to work in the Commissions or to dry, fulminating, inexorable blows of its sovereign decision and criticism. This is the important thing.
In the project there is, without doubt, the intention of making this Parliament sober; but it does not appear sufficiently clear, because it has forgotten, among other things, to tell us what is going to be the number of deputies and to make this one quite reduced. Within all probability, a Parliament of two hundred deputies is always better than another of four hundred; and on this, on the moral and intellectual level of the parliamentarians depends, in the last instance, the firmness and the prestige of a democracy. And let it be recorded that, when I speak of intellectual level, I do not refer to the intellectuality of the intellectuals, but to that of the politicians. Many a time I have written in my life that the ideal of a people is that it not find itself obliged to have the intellectuals intervene in its politics, because that means that in that people things are going well. Let it be so recorded, in case there is some stubborn person who believes that we have come here to feign political capacities of which, probably, we lack.
The times demand, then, a sober Parliament, but, yes indeed, with the full and trenchant efficiency of its attributes. In front of it, the project presents us an executive Power that rises with comfortable independence from the Parliament. This is, to my judgment, the most salient point, the most exemplary and happy inspiration of the project. Instead of resolving the opposition between both Powers by subordinating one to the other, what it has done is raise each to the fullness of itself; accept this antagonism and trust that from it, precisely from it, will come out a dynamic, an authentic and sincere equilibrium. If one day it breaks, there always remains the possibility of the referendum which gives the nation the right to settle that conflict and re-establish harmony between its Powers. What a pity that after creating that liberated executive, it places upon it in the detail grave restrictions!
Lascio, dunque, qui questi pensieri, ancora esposti con abbastanza insufficienza, sperando che i signori deputati riflettano su di essi, già che sono temi, ripeto, di qualche gravità; i signori deputati, e soprattutto quelli che compongono quella Commissione, ai quali prima ho dedicato elogi così sinceri, e dai quali spero che eserciteranno meglio di chiunque quella virtù di porosità che io prima raccomandavo a me stesso e a tutti gli altri.
E ora, facendo un salto, andiamo a un’altra parte della Costituzione: alla definizione dei Poteri.
La gloria più autentica di quel progetto è, a mio giudizio, che, elaborato in queste ore di innegabile turbolenza, soprattutto di turbolenza mentale, non ha esitato ad affermare ciò che è caratteristico della nuova democrazia di fronte all’antica: la necessità di costruire uno Stato forte. Ieri ce lo spiegava con parole eccellentissime, in vacazione da ministro di Giustizia, il deputato don Fernando de los Ríos. Mi compiacque anche vedere che tre giorni prima il signor Gordón Ordax emergeva dalla minoranza radical socialista per dichiarare paladinamente che era forzoso edificare uno Stato molto diverso dal vecchio Stato liberale. E non è che siamo meno liberali dei nostri nonni. Ecco lì in quel progetto tutte le vecchie garanzie, salvo una, l’economica, che non fa tanto bisogno, rafforzate; non è che siamo meno liberali; è che la vita pubblica si è fatta troppo complessa e difficile e obbliga lo Stato, voglia o no, a intervenire lì dove prima praticava astensione, o, meglio detto, fingeva di praticarla. Perché il vecchio liberalismo, sebbene sgorgasse da un’aspirazione generosa, forse la più generosa che si sia mai levata nella Storia, concludeva, per la forzosità dei fatti, comportandosi con grave ipocrisia. Questa è stata la causa della decadenza patita dalla pura democrazia liberale. Mezzi di governazione, che il Potere pubblico ha bisogno, non gli erano riconosciuti nella Costituzione, ma poi lui, forzato dai fatti, ne faceva un uso fraudolento, e nulla scredita tanto il Potere pubblico come negarsi a sé stesso un uso del quale poi fa un abuso. Questa è l’indecenza installata nel Potere pubblico. Di qui che per la nuova democrazia sia questione di pulizia e di conti chiari dotare lo Stato di tutti quegli strumenti e facoltà che è prevedibile avrà bisogno di impiegare, potendo così mantenersi quello sempre con pulcritudine dentro il suo alveo e dentro la sua legge.
Lo Stato oggi si trova, non come nell’età romantica, in cui sorse la democrazia liberale, davanti a meri individui, ma si trova di fronte a organizzazioni potenti di ogni genere, e consti che non mi riferisco ora solo e principalmente alle organizzazioni societarie, ma molto di più alle grandi organizzazioni finanziarie ed economiche. Di fronte a quei poteri, finora sconosciuti nella Storia, è necessario munire di armi forti lo Stato, perché si difenda da essi e li soggioghi. Questo, come tutto, ha il suo rischio: la vita è rischio, ed è pericolo; questo può portare allo statismo, alla statolatria e a che il Potere pubblico schiacci l’individuo. Se questa occasione arriva, lo Stato morirà. Così accadde più di una volta, perché lo Stato più perfetto che sia mai esistito nella Storia, lo Stato romano, schiacciò i suoi individui, facendone schiavi, e allora, denutrito dell’unica cosa che nutre lo Stato, che è la spontaneità individuale, finì per scheletrizzarsi in puro militarismo e arrivò un momento in cui morì, strozzandosi da sé stesso. Lo statismo è il rischio dello Stato forte, ma —ripeto— che non abbiamo ancora azzeccato gli uomini a vivere senza rischio; per evitarlo, l’unica cosa che potremmo fare è tentare di assentirci dalla vita.
Credo io che sia generale nella Camera questo desiderio dello Stato forte; ma è stato per me molto particolarmente gradito, per questo prima lo dissi, vedere che la minoranza radical socialista pensava così, e che in maniera tanto energica lo annunciava e che senza dubbio ha contribuito molto, con la sua opera nella Commissione, a far trionfare questo principio. Questo ci dimostra che quella minoranza, alla quale non so bene come chiamare… mi ricorda che Cervantes, là verso il fine del suo libro, non sapendo già con quali nuove parole e giri denominare la appassionata figura di Alonso Quijano, finisce per chiamarlo Don Chisciotte l’Estremato; ebbene, questa estremata minoranza (Risate) ha dimostrato, per se qualcuno lo dubitasse, attenendosi solo alle apparenze, che c’era in essa una vena intima di profonda intuizione politica, nella quale, lo dichiaro, confido molto più che nella frondosità esterna dei suoi impetuosi sbracciamenti. (Risate).
Questa volontà di costruire uno Stato robusto, dove appare con la sua superiore chiarezza è in quella parte del progetto in cui si definiscono i Poteri. E credo che sia conveniente andare già spiegando al paese il senso delle nuove istituzioni che lì si preparano.
C’è, e c’è stato sempre, tra il Potere esecutivo e il Potere legislativo e fiscalizzatore, che spetta al Parlamento, un antagonismo irriducibile. Sono entrambe necessità costitutive dello Stato, e per quanto antagonistiche siano, non se ne può fare a meno di nessuna. Nel secolo XIX si credette che il miglior trattamento a quella opposizione congenita di entrambi i Poteri fosse deprimere uno di essi, l’esecutivo, svuotandolo, sfumandolo e subordinandolo per completo al Potere parlamentare; questo è ciò che si è chiamato regime parlamentare sensu stricto. Ed è chiaro che essendo le Cortes l’organo, la fonte da cui sgorga la sovranità nazionale, ogni Potere, nella sua radice, è subordinato ad esse. Ma una cosa è che il Potere esecutivo si trovi nella sua radice ultima subordinato al Parlamento, e un’altra, molto altra, che l’esercizio di quel Potere sia, minuto dopo minuto, in servitù sotto il Parlamento. Questo è ciò che impedisce la costituzione di Stati forti, e permette solo Governi paralitici. Durante il secolo XIX, il Parlamento fu tutto; quegli uomini sentivano fruizione per i dibattiti della Camera, per la sua pompa e rituale; la vita era allora meno urgente e aspra, e non si vergognavano di confondere il dovere nervoso e agile della politica con la delizia di assistere, ora dopo ora, a come dalle bocche degli oratori uscissero le volute rotondamente sonore dei paragrafi grandiloquenti; paragrafi grandiloquenti, detto sia tra parentesi, che erano molto più facili da fare dei nostri di ora, corti, più corti, ma ai quali si esige che porti ciascuno dentro, racchiusa come in una gabbia, qualche idea che balzi prigioniera. (Molto bene; applausi). Oggi sentiamo la necessità che il Parlamento sia magro e sobrio e che la sua intervenzione nella vita dello Stato si riduca o al lavoro nelle Commissioni o a colpi secchi, fulminanti, inesorabili della sua decisione e critica sovrane. Questo è l’importante.
Nel progetto c’è, senza dubbio, l’intenzione di fare questo Parlamento sobrio; ma non appare sufficientemente chiaro, perché ha dimenticato, tra altre cose, di dirci quale sarà il numero dei deputati e di fare che questo sia abbastanza ridotto. Dentro tutte le probabilità, un Parlamento di duecento deputati è sempre meglio di un altro di quattrocento; e da questo, dal livello morale e intellettuale dei parlamentari dipende, in ultima istanza, la fermezza e il prestigio di una democrazia. E consti che, quando parlo di livello intellettuale, non mi riferisco all’intellettualità degli intellettuali, ma a quella dei politici. Ben spesso ho scritto nella mia vita che l’ideale di un popolo è che non si veda obbligato a che intervengano nella sua politica gli intellettuali, perché questo vuol dire che in quel popolo le cose vanno bene. Conste così, per se c’è qualche ostinato a credere che siamo venuti qui per fingere capacità politiche di cui, probabilmente, manchiamo.
I tempi esigono, dunque, un Parlamento sobrio, ma, questo sì, con la piena e tagliente efficienza dei suoi attributi. Di fronte ad esso, il progetto ci presenta un Potere esecutivo che si eleva con agiata indipendenza dal Parlamento. Questo è, a mio giudizio, il punto più saliente, l’ispirazione più esemplare e felice del progetto. Invece di risolvere l’opposizione tra entrambi i Poteri, subordinando l’uno all’altro, ciò che ha fatto è elevare ciascuno alla pienezza di sé stesso; accettare questo antagonismo e confidare che da esso, precisamente da esso, uscirà un dinamico, un autentico e sincero equilibrio. Se un giorno si rompe, resta sempre la possibilità del referendum che dà alla nazione il diritto di dirimere quel conflitto e ristabilire l’armonia tra i suoi Poteri. Che peccato che dopo aver creato questo esecutivo liberato, gli ponga nel dettaglio gravi restrizioni!
Bajo esta admirable inspiración, la Comisión procura que el jefe del Poder ejecutivo halle un origen electoral, no en el Parlamento, sino en la calle, en el campo, en el sufragio universal. A nosotros nos parece esto, como principio, excelente; pero cuando llegue la discusión del articulado, nos opondremos a la forma determinada que se da a la elección presidencial. No puedo ahora desarrollar el tema; sólo indicaré que ese entusiasmo por el plebiscito y esa frecuencia con que el proyecto maneja el referéndum, como si fuesen las cosas más democráticas del mundo, constituyen, a mi modo de ver, una mala inteligencia y un quid pro quo. Siempre, cuando en un gran Estado (no hablemos ahora de Suiza, que ha valido casi sólo para desorientar a los pensadores políticos poco cautelosos), cuando en un gran Estado consigue el plebiscito mediatizar a las otras formas de elección, pronto se oyen resonar en el suelo de mármol las rápidas sandalias de César, que llega; el plebiscito creó en Roma el cesarismo y lo ha recreado en toda gran colectividad nacional. (Muy bien).
Decía yo que democracia es algo más que el pueblo de la calle, porque uno de los valores que encuentro en ese proyecto de Constitución, una de las causas de que todavía la opinión pública no sienta hacia él el respeto y el entusiasmo consiguiente, que, a mi juicio, merece, es que suena en él por vez primera la voluntad clara de constituir una democracia plenamente actual. La labor de esa Comisión contrasta, en efecto, con el tono y nivel de demagogia pueblerina, en que más de un día la vida republicana de estos meses se ha movido. Hay en ese proyecto auténtico pensamiento democrático, sentido de responsabilidad democrática; las cuales cosas son las más opuestas a la simple audacia de los que pretenden reducir la democracia a sacarse cada cuarto de hora el pueblo del bolsillo, y sin mayor esfuerzo atribuirle sus opiniones, apetitos o extravagancias particulares. (Muy bien). No; la democracia no es eso; la democracia no es el pueblo, es el Estado del pueblo y no el pueblo sin el Estado, y ese Estado es un edificio gigante y difícil, y para construirle ese imponente edificio, nos ha traído el pueblo aquí; temerosos de que, aun poniendo a contribución todas nuestras facultades, no nos acerquemos a cumplir suficientemente tan grave misión; pero seguros de que la defraudaríamos por completo, si no nos oponemos a las inanes tiradas de irresponsabilidad verbal con que se ha inundado al país, que han sonado en esta misma Cámara, que esta misma Cámara, distraída, sin duda, alguna vez ha aplaudido, en lugar de avergonzarse de sentir sobre sus lomos el trallazo envilecedor del latiguillo oratorio. No es eso; la democracia es el pueblo organizado, no el pueblo suelto; y siempre que sea posible, debe en esa Constitución recurrirse no a este pueblo suelto, no a esa muchedumbre inorgánica, de azar, sino al pueblo organizado. En la imagen de España, de una España nueva, que me anda en la cabeza desde hace muchos años, eran las Asambleas regionales quienes, trascendiendo de su actuación local, concertándose en un gran sufragio nacionalizador, elegían al Presidente. Así teníamos que, frente al Parlamento, expresión de la democracia central y abstracta, el Poder ejecutivo nacía de la periferia democrática, de la grande y concreta democracia local. Así lográbamos que en esta Constitución se trabasen en prieto sistema toda la vida local y toda la vida nacional.
Yo pensaba, señores, hablar un poco más; pero, no sólo estoy fatigado, sino que veo que llego a los extremos de mi hora; ando ya azacanado por el tiempo y siento desde hace un rato que ese can del tiempo me mete el hocico en los tobillos. Tengo, pues, que saltar por otros dos o tres temas que hubiera querido, al paso, tocar: quisiera haber hablado algo sobre el problema religioso y sobre algún otro problema. (Varios señores diputados: Que hable, que hable).
El señor PRESIDENTE: Creo, señores diputados, que podemos conceder una cierta amplitud al señor Ortega y Gasset (Muchas voces: Sí, sí), porque, seguramente, después de su discurso, no habrá, a esta hora, otro diputado que quiera hacer uso de la palabra; y como todavía la Cámara no está fatigada, le oirá con mucho gusto. (Muy bien, muy bien).
El señor ORTEGA Y GASSET: Agradezco vivamente la ampliación de vida oratoria que acaban de concederme, con su benevolencia habitual, el señor Presidente y la Cámara; espero no abusar, sin embargo, de tan exquisita concesión. Pero ya que tengo esos minutos más, quisiera, volviendo a la cuestión de los Poderes, no dejar de advertir que, frente a ese Poder ejecutivo, de elección no parlamentaria, que puede legislar por decreto, que puede devolver a las Cortes una ley que éstas han votado ya, que puede ejercitar el veto y dirigirse al Tribunal de Garantías Constitucionales en defensa de su actuación, a ese Tribunal que representa como un cuarto Poder, confieso no entender cómo hay alguien que todavía defiende la necesidad de una segunda Cámara.
Ha habido siempre, para desearla, una clara razón: parecía necesario que la Cámara popular, propensa a seísmos y a apasionamiento, tuviera algún freno, y el Senado era el freno para la Cámara popular. Reconocerán ustedes que, desde un punto de vista de ingeniería, que es el que tiene que regir nuestra invención institucional, no es la solución más elegante, para un freno, crear el inmenso volumen de toda una Cámara. En primer lugar, no se ha meditado en los entresijos del proyecto de la Comisión; si no, se hubiera visto que ese freno y muchos más al Parlamento, están previstos en él.
Recuérdese que hay un voto de censura, como procedimiento particular, para poder derribar un Gobierno. El Parlamento no puede ser ya el sucedáneo del tiro de pichón, al cual iban los diputados con ánimo alegre de disparar sobre algún miembro del Gobierno; hace falta un voto particular de difícil ejercicio. Ha sido, yo creo —no estén ustedes muy seguros de mis citas—, transcrito de la Constitución checoslovaca, donde hacen falta cien diputados para firmar la petición del voto de censura; no sé por qué ese proyecto lo ha dejado reducido a cincuenta. Pero, en fin, eso es cuestión secundaria; lo importante es que no sólo no es necesario ese freno en nuestra Constitución sino que hoy el Senado no podría ser, como era antaño, representación de fuerzas tradicionales: sólo podría ser una Cámara corporativa. Esta idea de la Cámara corporativa aletea sobre Europa hace treinta años, encantando a todo el mundo, pero sin que hasta ahora se haya logrado. Es, en efecto, plausible la idea de que junto a la representación amorfa e indiferenciada del sufragio universal en la Cámara popular, haya otra que represente las Corporaciones, con el organismo de sus intereses y de su competencia. ¿Hay nada más aceptable? Sin embargo, esta idea tan feliz no ha podido nunca realizarse; y en la reciente Constitución de Weimar, cuando se creó el Consejo económico del Reich, se quiso algo parecido una vez más; pero es un hecho que ya a estas horas ese Consejo económico no funciona y ha sido uno de los fracasos con que cuenta esa Constitución, que yo admiro mucho menos, por muchas razones, algunas no imputables a sus autores, que yo admiro mucho menos que el señor Jiménez de Asúa.
Pues bien; ante una representación corporativa frente a la Cámara popular, una de dos: o concedéis a esa Cámara corporativa carácter y atributos políticos, o no; si lo segundo, será una Cámara castrada, que no podrá servir de freno alguno para las tempestades de la Cámara popular, y si le dais carácter político a esa Cámara, ¡ah!, entonces, al poco tiempo, de corporativa se convertirá, no representando ya fuerzas tradicionales, en pura Cámara política, tan popular como la otra y tan apasionada. Lo corporativo no resiste al vigor de las ideas y de la pasión política: la política en la Historia, señores, es el macho.
Yo recuerdo que una de mis primeras impresiones de profesor, cuando, mozo, ingresé en la cátedra, fue que al asistir por primera vez a la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, que es, ciertamente, de lo más corporativo y abstracto que puede imaginarse, apenas se discutió sobre si se había de dar o no una orden a un bedel, la honorable Facultad se dividió, hasta la raíz, en derechas e izquierdas. (Risas).
Under this admirable inspiration, the Commission procures that the head of the executive Power find an electoral origin, not in the Parliament, but in the street, in the countryside, in the universal suffrage. This seems to us, as a principle, excellent; but when the discussion of the articles arrives, we shall oppose the determined form that is given to the presidential election. I cannot now develop the theme; I shall only indicate that that enthusiasm for the plebiscite and that frequency with which the project handles the referendum, as if they were the most democratic things in the world, constitute, to my way of seeing, a bad understanding and a quid pro quo. Always, when in a great State (let us not speak now of Switzerland, which has served almost only to disorient the little cautious political thinkers), when in a great State the plebiscite manages to mediate the other forms of election, soon there are heard resounding on the marble floor the rapid sandals of Caesar, who arrives; the plebiscite created in Rome the caesarism and has recreated it in every great national collectivity. (Very good).
I was saying that democracy is something more than the people of the street, because one of the values that I find in that constitutional project, one of the causes why public opinion does not yet feel toward it the respect and the consequent enthusiasm that, to my judgment, it deserves, is that there sounds in it for the first time the clear will to constitute a fully actual democracy. The labor of that Commission contrasts, in effect, with the tone and level of village demagogy, in which more than one day the republican life of these months has moved. There is in that project authentic democratic thought, sense of democratic responsibility; which things are the most opposed to the simple audacity of those who pretend to reduce democracy to taking the people out of one’s pocket every quarter of an hour, and without greater effort attribute to it their own opinions, appetites or particular extravagances. (Very good). No; democracy is not that; democracy is not the people, it is the State of the people and not the people without the State, and that State is a giant and difficult edifice, and to build it, that imposing edifice, the people has brought us here; fearful that, even putting to contribution all our faculties, we may not come near to fulfilling sufficiently so grave a mission; but sure that we would defraud it completely, if we do not oppose the inane tirades of verbal irresponsibility with which the country has been flooded, which have sounded in this very Chamber, which this very Chamber, distracted, without doubt, sometimes has applauded, instead of being ashamed of feeling on its loins the debasing lash of the oratorical flourish. It is not that; democracy is the organized people, not the loose people; and whenever possible, in that Constitution one must resort not to this loose people, not to that inorganic, chance multitude, but to the organized people. In the image of Spain, of a new Spain, that has been walking in my head for many years, it was the regional Assemblies who, transcending from their local actuation, coming together in a great nationalizing suffrage, elected the President. Thus we had that, in front of the Parliament, expression of the central and abstract democracy, the executive Power was born from the democratic periphery, from the great and concrete local democracy. Thus we achieved that in this Constitution all local life and all national life be knit together in a tight system.
I thought, gentlemen, of speaking a little more; but, not only am I fatigued, but I see that I arrive at the extremes of my hour; I am already hard pressed by time and for a while I feel that that dog of time puts its muzzle into my ankles. I have, then, to jump over two or three other themes that I would have wished, in passing, to touch: I would have wished to speak something about the religious problem and about some other problem. (Several gentlemen deputies: Let him speak, let him speak).
The PRESIDENT: I believe, gentlemen deputies, that we can concede a certain amplitude to Señor Ortega y Gasset (Many voices: Yes, yes), because, surely, after his speech, there will not be, at this hour, another deputy who wishes to make use of the floor; and since the Chamber is not yet fatigued, it will listen to him with much pleasure. (Very good, very good).
Mr. ORTEGA Y GASSET: I warmly thank the extension of oratorical life that they have just granted me, with their habitual benevolence, the President and the Chamber; I hope not to abuse, nevertheless, of so exquisite a concession. But since I have those minutes more, I would like, returning to the question of the Powers, not to fail to warn that, in front of that executive Power, of non-parliamentary election, which can legislate by decree, which can return to the Cortes a law that these have already voted, which can exercise the veto and address itself to the Tribunal of Constitutional Guarantees in defense of its actuation, to that Tribunal which represents as a fourth Power, I confess not to understand how there is someone who still defends the necessity of a second Chamber.
There has always been, to desire it, a clear reason: it seemed necessary that the popular Chamber, prone to earthquakes and to passion, should have some brake, and the Senate was the brake for the popular Chamber. You will recognize that, from an engineering point of view, which is the one that has to govern our institutional invention, it is not the most elegant solution, for a brake, to create the immense volume of an entire Chamber. In the first place, the entrails of the Commission’s project have not been meditated; if not, it would have been seen that that brake and many more on the Parliament are provided for in it.
Let it be remembered that there is a vote of censure, as a particular procedure, in order to be able to bring down a Government. The Parliament can no longer be the substitute for pigeon shooting, to which the deputies went with a cheerful spirit of firing on some member of the Government; a particular vote of difficult exercise is needed. It has been, I believe —do not be very sure of my quotations—, transcribed from the Czechoslovak Constitution, where a hundred deputies are needed to sign the petition for the vote of censure; I do not know why that project has left it reduced to fifty. But, in short, that is a secondary question; the important thing is that not only is that brake not necessary in our Constitution, but that today the Senate could not be, as of yore, a representation of traditional forces: it could only be a corporative Chamber. This idea of the corporative Chamber has hovered over Europe for thirty years, enchanting everyone, but without its having been achieved so far. It is, in effect, plausible the idea that alongside the amorphous and undifferentiated representation of the universal suffrage in the popular Chamber, there be another that represents the Corporations, with the organism of their interests and their competence. Is there anything more acceptable? Nevertheless, this so happy idea has never been able to be realized; and in the recent Weimar Constitution, when the economic Council of the Reich was created, something similar was wanted once more; but it is a fact that already at this hour that economic Council does not function and has been one of the failures with which that Constitution counts, which I admire much less, for many reasons, some not imputable to its authors, which I admire much less than Señor Jiménez de Asúa.
Well then; before a corporative representation in front of the popular Chamber, one of two: either you concede to that corporative Chamber political character and attributes, or not; if the latter, it will be a castrated Chamber, which will not be able to serve as any brake for the storms of the popular Chamber, and if you give political character to that Chamber, ah!, then, in a short time, from corporative it will become, no longer representing traditional forces, a pure political Chamber, as popular as the other and as passionate. The corporative does not resist the vigor of ideas and of political passion: politics in History, gentlemen, is the male.
I remember that one of my first impressions as a professor, when, young, I entered the chair, was that upon attending for the first time the Board of the Faculty of Philosophy and Letters, which is, certainly, among the most corporative and abstract things that can be imagined, scarcely was there discussion over whether an order should or should not be given to a beadle, the honorable Faculty divided itself, to the root, into right and left. (Laughter).
Sotto questa ammirevole ispirazione, la Commissione procura che il capo del Potere esecutivo trovi un’origine elettorale, non nel Parlamento, ma nella strada, nella campagna, nel suffragio universale. A noi sembra questo, come principio, eccellente; ma quando arrivi la discussione dell’articolato, ci opporremo alla forma determinata che si dà all’elezione presidenziale. Non posso ora sviluppare il tema; solo indicherò che quell’entusiasmo per il plebiscito e quella frequenza con cui il progetto maneggia il referendum, come se fossero le cose più democratiche del mondo, costituiscono, a mio modo di vedere, una mala intelligenza e un quid pro quo. Sempre, quando in un grande Stato (non parliamo ora della Svizzera, che è valsa quasi solo a disorientare i pensatori politici poco cauti), quando in un grande Stato il plebiscito riesca a mediare le altre forme di elezione, presto si odono risuonare sul suolo di marmo le rapide sandali di Cesare, che arriva; il plebiscito creò a Roma il cesarismo e lo ha ricreato in ogni grande collettività nazionale. (Molto bene).
Dicevo io che democrazia è qualcosa di più che il popolo della strada, perché uno dei valori che trovo in quel progetto di Costituzione, una delle cause per cui l’opinione pubblica ancora non senta verso di esso il rispetto e l’entusiasmo conseguente, che, a mio giudizio, merita, è che suona in esso per la prima volta la volontà chiara di costituire una democrazia pienamente attuale. La laboriosità di quella Commissione contrasta, in effetti, col tono e livello di demagogia paesana, in cui più di un giorno la vita repubblicana di questi mesi si è mossa. C’è in quel progetto autentico pensiero democratico, senso di responsabilità democratica; le quali cose sono le più opposte alla semplice audacia di quelli che pretendono ridurre la democrazia a tirarsi fuori di tasca il popolo ogni quarto d’ora, e senza maggior sforzo attribuirgli le sue opinioni, appetiti o stravaganze particolari. (Molto bene). No; la democrazia non è questo; la democrazia non è il popolo, è lo Stato del popolo e non il popolo senza lo Stato, e questo Stato è un edificio gigante e difficile, e per costruirgli quello imponente edificio, ci ha portato qui il popolo; timorosi che, anche mettendo a contribuzione tutte le nostre facoltà, non ci avviciniamo a compiere sufficientemente così grave missione; ma sicuri che la defrauderemmo per completo, se non ci opponiamo alle inani tirate di irresponsabilità verbale con cui si è inondato il paese, che sono risuonate in questa stessa Camera, che questa stessa Camera, distratta, senza dubbio, qualche volta ha applaudito, invece di vergognarsi di sentire sui suoi lombi la sferzata avvilente del tòcco oratorio. Non è questo; la democrazia è il popolo organizzato, non il popolo sciolto; e sempre che sia possibile, deve in quella Costituzione ricorrersi non a questo popolo sciolto, non a quella moltitudine inorganica, d’azzardo, ma al popolo organizzato. Nell’immagine della Spagna, di una Spagna nuova, che mi cammina nella testa da molti anni, erano le Assemblee regionali che, trascendendo dalla loro attuazione locale, concertandosi in un grande suffragio nazionalizzatore, eleggevano il Presidente. Così avevamo che, di fronte al Parlamento, espressione della democrazia centrale e astratta, il Potere esecutivo nasceva dalla periferia democratica, dalla grande e concreta democrazia locale. Così riuscivamo a che in questa Costituzione si allacciassero in serrato sistema tutta la vita locale e tutta la vita nazionale.
Io pensavo, signori, parlare un poco di più; ma, non solo sono stanco, ma vedo che arrivo agli estremi della mia ora; sono già travagliato dal tempo e sento da un po’ che quel cane del tempo mi mette il muso nelle caviglie. Devo, dunque, saltare su altri due o tre temi che avrei voluto, al passo, toccare: avrei voluto parlare qualcosa sul problema religioso e su qualche altro problema. (Vari signori deputati: Che parli, che parli).
Il signor PRESIDENTE: Credo, signori deputati, che possiamo concedere una certa ampiezza al signor Ortega y Gasset (Molte voci: Sì, sì), perché, sicuramente, dopo il suo discorso, non ci sarà, a quest’ora, altro deputato che voglia fare uso della parola; e siccome la Camera non è ancora stanca, lo ascolterà con molto piacere. (Molto bene, molto bene).
Il signor ORTEGA Y GASSET: Ringrazio vivamente l’ampliamento di vita oratoria che mi hanno appena concesso, con la loro consueta benevolenza, il signor Presidente e la Camera; spero non abusare, tuttavia, di così squisita concessione. Ma già che ho quei minuti in più, vorrei, tornando alla questione dei Poteri, non lasciare di avvertire che, di fronte a quel Potere esecutivo, di elezione non parlamentare, che può legiferare per decreto, che può restituire alle Cortes una legge che queste hanno già votato, che può esercitare il veto e dirigersi al Tribunale di Garanzie Costituzionali in difesa della sua attuazione, a quel Tribunale che rappresenta come un quarto Potere, confesso non capire come ci sia qualcuno che ancora difenda la necessità di una seconda Camera.
C’è stata sempre, per desiderarla, una chiara ragione: sembrava necessario che la Camera popolare, propensa a sismi e ad appassionamento, avesse qualche freno, e il Senato era il freno per la Camera popolare. Riconoscerete che, da un punto di vista di ingegneria, che è quello che deve reggere la nostra invenzione istituzionale, non è la soluzione più elegante, per un freno, creare l’immenso volume di tutta una Camera. In primo luogo, non si è meditato nelle viscere del progetto della Commissione; se no, si sarebbe visto che quel freno e molti più al Parlamento, sono previsti in esso.
Ricordisi che c’è un voto di censura, come procedimento particolare, per poter rovesciare un Governo. Il Parlamento non può essere più il surrogato del tiro al piccione, al quale andavano i deputati con animo allegro di sparare su qualche membro del Governo; occorre un voto particolare di difficile esercizio. È stato, io credo —non siate molto sicuri delle mie citazioni—, trascritto dalla Costituzione cecoslovacca, dove occorrono cento deputati per firmare la petizione del voto di censura; non so perché quel progetto l’abbia lasciato ridotto a cinquanta. Ma, insomma, questo è questione secondaria; l’importante è che non solo non è necessario quel freno nella nostra Costituzione, ma che oggi il Senato non potrebbe essere, come era anticamente, rappresentazione di forze tradizionali: potrebbe solo essere una Camera corporativa. Questa idea della Camera corporativa aleggia sull’Europa da trent’anni, incantando tutti, ma senza che finora si sia riuscita. È, in effetti, plausibile l’idea che accanto alla rappresentazione amorfa e indifferenziata del suffragio universale nella Camera popolare, ce ne sia un’altra che rappresenti le Corporazioni, con l’organismo dei loro interessi e della loro competenza. C’è nulla più accettabile? Tuttavia, questa idea tanto felice non ha potuto mai realizzarsi; e nella recente Costituzione di Weimar, quando si creò il Consiglio economico del Reich, si volle qualcosa di simile un’altra volta; ma è un fatto che già a quest’ore quel Consiglio economico non funziona ed è stato uno dei fallimenti con cui conta quella Costituzione, che io ammiro molto meno, per molte ragioni, alcune non imputabili ai suoi autori, che io ammiro molto meno del signor Jiménez de Asúa.
Ebbene; davanti a una rappresentazione corporativa di fronte alla Camera popolare, una di due: o concedete a quella Camera corporativa carattere e attributi politici, o no; se la seconda, sarà una Camera castrata, che non potrà servire da freno alcuno per le tempeste della Camera popolare, e se date carattere politico a quella Camera, ah!, allora, in poco tempo, da corporativa si convertirà, non rappresentando già forze tradizionali, in pura Camera politica, tanto popolare come l’altra e tanto appassionata. Il corporativo non resiste al vigore delle idee e della passione politica: la politica nella Storia, signori, è il maschio.
Io ricordo che una delle mie prime impressioni di professore, quando, giovane, entrai nella cattedra, fu che assistendo per la prima volta alla Giunta della Facoltà di Filosofia e Lettere, che è, certamente, di quanto di più corporativo e astratto possa immaginarsi, appena si discusse se si dovesse dare o no un ordine a un bidello, l’onorevole Facoltà si divise, fino alla radice, in destre e sinistre. (Risate).
La política lo penetra todo; en definitiva, lo decide todo. Es un poder misterioso, instintivo, que no se ha logrado aún analizar, pero que rige la Historia; incluso en lo económico, señores socialistas; es un poder ajeno y distinto de todos los demás, que en cada edad se camufla según el matiz de los tiempos, como los grandes ríos toman el color del cielo y de las nubes viajeras que sobre ellos pasan a la deriva; y unas veces la política se disfraza de luchas de razas y de sangre, y otras veces de luchas religiosas, y otras, como en el último siglo, de luchas económicas; pero, en realidad, bajo todo ese disfraz y máscara, es el instinto político, el instinto del Poder quien rige la Historia.
Ese Estado robusto, capaz de habérselas con las grandes organizaciones sociales del tiempo, tiene que encontrarse también frente a la Iglesia. Deslicemos, pues, sólo unas palabras sobre el tema eclesiástico. Rechazo la sospecha por parte de ustedes de que voy a tratarlo debidamente; en modo alguno. Voy a decir sólo unas palabras para que no quede su hueco en el mosaico que ha resultado mi discurso. Habremos de hablar de ello a fondo, como merece, cuando se discuta el articulado. La separación de la Iglesia y el Estado es un fruto que el tiempo ha hecho madurar y se cae solo del árbol. No pocos católicos lo postulan también, y espero que sobre ello no se levante disputa mayor. Pero el artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes a que yo me refería en el comienzo de mis palabras. Se habla allí de disolver las Órdenes religiosas, y, aparte de si es o no discreta tal operación, yo encuentro que hay que hacer a ese artículo una advertencia previa.
En una Constitución no deben quedar sino aquellas normas permanentes de la existencia civil y no decisiones fungibles que se consumen al primer uso. Una vez practicada esa disolución, aquella línea constitucional queda para siempre muerta. Y esto, no es que sea grave, pero sí es un síntoma de que no es ése su lugar. De otro modo, la Constitución, que debe ser pura vida viviente y plena actuación, arrastraría cadáveres y cadáveres, y en vez de ser sólo vida del instante, renaciendo siempre de sí misma, estaría cargada del esqueleto de la Historia ya cumplida. ¿Todo esto no os indica que, aparte la cuestión de fondo, no es ése el lugar donde debe estar tal decreto y tal designio?
Pero, aparte de esto, yo dudo mucho que sea la mejor manera para curarse de tan largo pasado como es la historia del Estado eclesiástico en España, del Estado-Iglesia, esas liquidaciones subitáneas; no creo en esa táctica para combatir el pasado. El pasado es astuto y sutil, mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando queremos herirle, fogosos, su cuerpo espectral queda indemne y luego vuelve a insinuarse en nosotros y vuelve a ahogarnos con sus múltiples lazos invisibles. Cada palabra, señores, y esto lo sabe muy bien el que escribe y aspira a alguna originalidad, es un pasado que nos impone viejas turbas de pensamientos.
No; no es ése el modo de librarse del pasado. Para el mal del pasado no queda sino una digestión histórica y es preciso que hoy en nuestra Constitución no hagamos sino disponer ese futuro de noble combate histórico con el poder eclesiástico. Por eso, nosotros, que coincidimos en gran parte con lo que dijo en su discurso el señor Zulueta, aprontamos al problema por él planteado una solución. El Estado, en efecto, no puede quedar con la Iglesia ante sí, convertida en una asociación privada como cualquiera otra. Así, no tendrá, por un lado, el respeto debido a esa unidad histórica, que es la Iglesia española; pero, por otro, tampoco las defensas suficientes frente a ella el Estado español.
La Iglesia es un poder muy complejo, es una organización internacional. Puede decirse de ella lo que de una Orden religiosa decía en el siglo XVIII el abate Galiani: «La Iglesia católica es una espada que tiene el puño en Roma y la punta en todas partes». Con una fuerza así hay que actuar con nobleza, por las fuerzas del pasado que representa; pero, además, con cautela. Por eso nosotros propondríamos que la Iglesia, en la Constitución, aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman una Corporación de Derecho público, que permita al Estado conservar jurisdicción sobre su temporalidad. (Muy bien).
Y voy a terminar, señores diputados, con una queja a esa Comisión, a quien creo haber dirigido no pocos sinceros elogios: la queja de que en la lista de deberes falte el nuevo deber, el deber típico de todo ciudadano en el tiempo actual, el deber del trabajo. Nosotros presentaremos un voto particular, que diga: «El trabajo, en cualquiera de sus formas, es un deber social». De esta suerte iniciamos en la Constitución un modo de organizar al pueblo español en colectividad de trabajadores; de crear un Estatuto general del trabajo, donde se fijen sus formas y correspondencias. Ésta no es una idea espeluznante: es lo que está ya empezando a ser, sin frases ni espectáculos, en la existencia europea; porque no se trata ya, y por lo pronto, de justicia social, ni de reclamaciones obreras: es algo más hondo y decisivo; es que el hombre europeo ha llegado a una concepción lo suficientemente madura de su vida, para comprender que ésta no tiene sentido sin trabajo; que si la vida en su culminación es deporte y es creación, es en su base, por lo menos y por lo pronto, trabajo, y que el hombre que no trabaja, aventa, disgrega, pierde su personalidad. Ésta es la tragedia de las viejas aristocracias, que por haber gozado durante generaciones privilegios que las alejaban del trabajo y del contacto áspero con la vida, que hace a nuestra sangre acudir a la periferia y que funcione el organismo, dejaron perderse sus antiguas cualidades, y el menor viento revolucionario, como hojas secas, se las llevó por delante.
Iniciemos, señores, esta seria organización de España en pueblo de trabajadores. Hagámoslo, como toda la gran reforma de España —que vamos a intentar— con el tempo justo, sin acelerarnos, pero sin retardarnos; siguiendo, pues, la norma que Goethe nos recomendaba para toda nuestra vida: avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella. (Aplausos unánimes que se prolongan largo rato).
VIII
UN ALDABONAZO
Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! En suma: autenticidad, autenticidad…
Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de ornamento. Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles —una, la auténtica española; otra, imaginaria y falsificada— entre las cuales cupiese elegir. No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni remisión.
¿Cuál es la República auténtica y cuál la falsificada? ¿La de «derecha», la de «izquierda»? Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras, que no responden al estilo vital del presente —ni en España ni fuera de España. ¿Qué es la «derecha» y la «izquierda» en la política alemana o inglesa o rusa de la fecha actual? Para un liberal, el bolchevismo es «derecha»; para un conservador del siglo XIX —el siglo de «derechas» e «izquierdas»— el fascismo es «izquierda». No sirven, no sirven, pues, estos vocablos. La misión del vocablo es orientar en la selva de lo real poniendo en ella la rosa de los vientos con su gran aspaviento cardinal. Ahora bien; esos vocablos del pasado siglo confunden nuestro presente al pretender definirlo.
Politics penetrates everything; in the last resort, it decides everything. It is a mysterious, instinctive power, that has not yet been achieved to analyze, but that governs History; even in the economic, gentlemen socialists; it is a power alien and distinct from all the others, which in every age camouflages itself according to the hue of the times, as the great rivers take the color of the sky and of the traveling clouds that pass over them adrift; and sometimes politics disguises itself as struggles of races and of blood, and other times as religious struggles, and other times, as in the last century, as economic struggles; but, in reality, beneath all that disguise and mask, it is the political instinct, the instinct of Power, that governs History.
That robust State, capable of coping with the great social organizations of the time, has to find itself also in front of the Church. Let us, then, slip only a few words on the ecclesiastical theme. I reject the suspicion on your part that I am going to treat it duly; in no way. I am going to say only a few words so that its gap does not remain in the mosaic that my speech has turned out to be. We shall have to speak of it in depth, as it deserves, when the articles are discussed. The separation of the Church and the State is a fruit that time has made ripen and falls by itself from the tree. Not a few Catholics postulate it too, and I hope that about it no greater dispute will arise. But the article where the Constitution legislates on the Church seems to me of great impropriety, and it is an example of those detonating cartridges to which I referred at the beginning of my words. There is talk there of dissolving the religious Orders, and, apart from whether such an operation is discreet or not, I find that a prior warning must be made to that article.
In a Constitution there should remain only those permanent norms of civil existence and not fungible decisions that are consumed at first use. Once that dissolution has been practiced, that constitutional line remains forever dead. And this, it is not that it is grave, but it is a symptom that that is not its place. Otherwise, the Constitution, which must be pure living life and full actuation, would drag corpses and corpses, and instead of being only life of the instant, always reborn from itself, it would be loaded with the skeleton of already fulfilled History. Does not all this indicate to you that, apart from the question of substance, that is not the place where such a decree and such a design should be?
But, apart from this, I doubt very much that those sudden liquidations are the best way to cure oneself of so long a past as is the history of the ecclesiastical State in Spain, of the State-Church; I do not believe in that tactic for combating the past. The past is astute and subtle, much more than we can imagine. When we want to wound it, fiery, its spectral body remains intact and then returns to insinuate itself in us and returns to drown us with its multiple invisible bonds. Every word, gentlemen, and this is known very well by whoever writes and aspires to some originality, is a past that imposes on us old throngs of thoughts.
No; that is not the way to free oneself from the past. For the ill of the past there remains only a historical digestion, and it is necessary that today in our Constitution we do nothing but arrange that future of noble historical combat with the ecclesiastical power. For this reason, we, who coincide in great part with what Señor Zulueta said in his speech, prepare for the problem he raised a solution. The State, in effect, cannot remain with the Church before it, converted into a private association like any other. Thus, it will not have, on one hand, the respect due to that historical unity, which is the Spanish Church; but, on the other, neither will the Spanish State have sufficient defenses in front of it.
The Church is a very complex power, it is an international organization. There can be said of it what the abbot Galiani said in the eighteenth century of a religious Order: ‘The Catholic Church is a sword that has its hilt in Rome and its point everywhere’. With such a force one must act with nobility, for the forces of the past that it represents; but, moreover, with caution. For this reason we would propose that the Church, in the Constitution, appear situated in a form somewhat similar to what the jurists call a Corporation of public Law, which allows the State to conserve jurisdiction over its temporality. (Very good).
And I am going to finish, gentlemen deputies, with a complaint to that Commission, to which I believe I have directed not a few sincere praises: the complaint that in the list of duties the new duty is missing, the typical duty of every citizen in the present time, the duty of work. We shall present a particular vote, that says: ‘Work, in any of its forms, is a social duty’. In this manner we initiate in the Constitution a way of organizing the Spanish people as a collectivity of workers; of creating a general Statute of work, where its forms and correspondences are fixed. This is not a horrifying idea: it is what is already beginning to be, without phrases or spectacles, in European existence; because it is no longer a matter, and for the moment, of social justice, nor of workers’ demands: it is something deeper and more decisive; it is that the European man has arrived at a sufficiently mature conception of his life, to understand that this has no sense without work; that if life in its culmination is sport and is creation, it is in its base, at least and for the moment, work, and that the man who does not work, winnows, disgregates, loses his personality. This is the tragedy of the old aristocracies, which for having enjoyed during generations privileges that removed them from work and from the harsh contact with life, which makes our blood come to the periphery and the organism function, let their old qualities be lost, and the least revolutionary wind, like dry leaves, carried them away.
Let us initiate, gentlemen, this serious organization of Spain as a people of workers. Let us do it, like all the great reform of Spain —which we are going to attempt— with the just tempo, without hurrying ourselves, but without delaying ourselves; following, then, the norm that Goethe recommended to us for all our life: advance without haste and without pause, like the star. (Unanimous applause that prolongs itself for a long while).
VIII
A KNOCK AT THE DOOR
Since the new regime came upon us I have not written a single word that was not to say directly or indirectly this: Do not falsify the Republic! Guard its originality! Do not forget for an instant how and why it came! In sum: authenticity, authenticity…
With this preaching I did not propose to the republicans any superfluous and ornamental virtue. That is, it is not a matter of two equally possible Republics —one, the authentic Spanish; another, imaginary and falsified— between which one could choose. No: the Republic in Spain, either it is the one that triumphed, the authentic one, or it will not be. Thus, without doubt nor remission.
Which is the authentic Republic and which the falsified? The ‘right’, the ‘left’? I have always protested against the sterilizing vagueness of these words, which do not respond to the vital style of the present —neither in Spain nor outside Spain. What is the ‘right’ and the ‘left’ in the German or English or Russian politics of the present date? For a liberal, Bolshevism is ‘right’; for a conservative of the nineteenth century —the century of ‘rights’ and ‘lefts’— Fascism is ‘left’. They do not serve, they do not serve, then, these words. The mission of the word is to orient in the forest of the real, placing in it the compass rose with its great cardinal flourish. Now then; those words of the past century confuse our present in pretending to define it.
La politica penetra tutto; in definitiva, decide tutto. È un potere misterioso, istintivo, che non si è ancora riusciti ad analizzare, ma che regge la Storia; anche in ciò che è economico, signori socialisti; è un potere estraneo e distinto da tutti gli altri, che in ogni età si camuffa secondo il colore dei tempi, come i grandi fiumi prendono il colore del cielo e delle nubi viaggiatrici che su di essi passano alla deriva; e a volte la politica si maschera da lotte di razze e di sangue, e altre volte da lotte religiose, e altre, come nell’ultimo secolo, da lotte economiche; ma, in realtà, sotto tutto quel travestimento e maschera, è l’istinto politico, l’istinto del Potere a reggere la Storia.
Quello Stato robusto, capace di vedersela con le grandi organizzazioni sociali del tempo, deve trovarsi anche di fronte alla Chiesa. Svolgiamo, dunque, solo alcune parole sul tema ecclesiastico. Rifiuto il sospetto da parte vostra che io vada a trattarlo debitamente; in modo alcuno. Vado a dire solo alcune parole perché non resti il suo vuoto nel mosaico che è risultato il mio discorso. Dovremo parlare di questo a fondo, come merita, quando si discuta l’articolato. La separazione della Chiesa e dello Stato è un frutto che il tempo ha fatto maturare e cade da solo dall’albero. Non pochi cattolici la postulano anche loro, e spero che su di esso non si alzi disputa maggiore. Ma l’articolo dove la Costituzione legifera sulla Chiesa mi sembra di grande improcedenza, ed è un esempio di quei cartucce detonanti a cui mi riferivo al cominciamento delle mie parole. Si parla lì di dissolvere gli Ordini religiosi, e, a parte se sia o no discreta tale operazione, io trovo che bisogna fare a quell’articolo un’avvertenza previa.
In una Costituzione non devono restare che quelle norme permanenti dell’esistenza civile e non decisioni fungibili che si consumano al primo uso. Una volta praticata quella dissoluzione, quella linea costituzionale resta per sempre morta. E questo, non è che sia grave, ma sì è un sintomo di che non è quello il suo luogo. Altrimenti, la Costituzione, che deve essere pura vita vivente e piena attuazione, trascinerebbe cadaveri e cadaveri, e invece di essere solo vita dell’istante, rinascendo sempre da sé stessa, sarebbe carica dello scheletro della Storia già compiuta. Tutto questo non vi indica che, a parte la questione di fondo, non è quello il luogo dove deve stare tale decreto e tale disegno?
Ma, a parte questo, io dubito molto che sia la miglior maniera per curarsi di così lungo passato come è la storia dello Stato ecclesiastico in Spagna, dello Stato-Chiesa, quelle liquidazioni subitanee; non credo in quella tattica per combattere il passato. Il passato è astuto e sottile, molto più di quanto possiamo immaginare. Quando vogliamo ferirlo, focosi, il suo corpo spettrale resta indenne e poi torna a insinuarsi in noi e torna a soffocarci con i suoi molteplici lacci invisibili. Ogni parola, signori, e questo lo sa molto bene chi scrive e aspira a qualche originalità, è un passato che ci impone vecchie turbe di pensieri.
No; non è questo il modo di liberarsi del passato. Per il male del passato non resta che una digestione storica, ed è necessario che oggi nella nostra Costituzione non facciamo che disporre quel futuro di nobile combattimento storico col potere ecclesiastico. Per questo, noi, che coincidiamo in gran parte con ciò che disse nel suo discorso il signor Zulueta, approntiamo al problema da lui posto una soluzione. Lo Stato, in effetti, non può restare con la Chiesa dinanzi, convertita in un’associazione privata come qualsiasi altra. Così, non avrà, da un lato, il rispetto dovuto a quell’unità storica, che è la Chiesa spagnola; ma, dall’altro, neanche le difese sufficienti di fronte ad essa lo Stato spagnolo.
La Chiesa è un potere molto complesso, è un’organizzazione internazionale. Si può dire di essa ciò che di un Ordine religioso diceva nel secolo XVIII l’abate Galiani: «La Chiesa cattolica è una spada che ha il pugno a Roma e la punta in tutte le parti». Con una forza così bisogna agire con nobiltà, per le forze del passato che rappresenta; ma, inoltre, con cautela. Per questo noi proporremmo che la Chiesa, nella Costituzione, appaia situata in una forma un poco simile a ciò che i giuristi chiamano una Corporazione di Diritto pubblico, che permetta allo Stato di conservare giurisdizione sulla sua temporalità. (Molto bene).
E vado a terminare, signori deputati, con una lagnanza a quella Commissione, alla quale credo di aver diretto non pochi sinceri elogi: la lagnanza che nella lista dei doveri manchi il nuovo dovere, il dovere tipico di ogni cittadino nel tempo attuale, il dovere del lavoro. Noi presenteremo un voto particolare, che dica: «Il lavoro, in qualunque delle sue forme, è un dovere sociale». In questa maniera iniziamo nella Costituzione un modo di organizzare il popolo spagnolo in collettività di lavoratori; di creare uno Statuto generale del lavoro, dove si fissino le sue forme e corrispondenze. Questa non è un’idea spaventosa: è ciò che sta già cominciando a essere, senza frasi né spettacoli, nell’esistenza europea; perché non si tratta già, e per il momento, di giustizia sociale, né di rivendicazioni operaie: è qualcosa di più profondo e decisivo; è che l’uomo europeo è arrivato a una concezione sufficientemente matura della sua vita, per comprendere che questa non ha senso senza lavoro; che se la vita nella sua culminazione è sport ed è creazione, è nella sua base, per lo meno e per il momento, lavoro, e che l’uomo che non lavora, svuota, disgrega, perde la sua personalità. Questa è la tragedia delle vecchie aristocrazie, che per aver goduto durante generazioni privilegi che le allontanavano dal lavoro e dal contatto aspro con la vita, che fa accorrere il nostro sangue alla periferia e funzionare l’organismo, lasciarono perdere le loro antiche qualità, e il minimo vento rivoluzionario, come foglie secche, se le portò via.
Iniziamo, signori, questa seria organizzazione della Spagna in popolo di lavoratori. Facciamolo, come tutta la grande riforma della Spagna —che andiamo a tentare— col tempo giusto, senza accelerarci, ma senza ritardarci; seguendo, dunque, la norma che Goethe ci raccomandava per tutta la nostra vita: avanzare senza fretta e senza pausa, come la stella. (Applausi unanimi che si prolungano lungamente).
VIII
UN COLPO AL BATTENTE
Da quando è sopravvenuto il nuovo regime non ho scritto una sola parola che non fosse per dire diretta o indirettamente questo: Non falsificate la Repubblica! Custodite la sua originalità! Non dimenticate neanche un istante come e perché è sopraggiunta! In somma: autenticità, autenticità…
Con questa predicazione non proponevo io ai repubblicani nessuna virtù superflua e d’ornamento. Cioè, che non si tratta di due Repubbliche egualmente possibili —una, l’autentica spagnola; un’altra, immaginaria e falsificata— tra le quali capisse scegliere. No: la Repubblica in Spagna, o è quella che trionfò, l’autentica, o non sarà. Così, senza dubbio né remissione.
Qual è la Repubblica autentica e quale la falsificata? Quella di «destra», quella di «sinistra»? Ho sempre protestato contro la vaghezza sterilizzatrice di queste parole, che non rispondono allo stile vitale del presente —né in Spagna né fuori di Spagna. Che cosa è la «destra» e la «sinistra» nella politica tedesca o inglese o russa della data attuale? Per un liberale, il bolscevismo è «destra»; per un conservatore del secolo XIX —il secolo di «destre» e «sinistre»— il fascismo è «sinistra». Non servono, non servono, dunque, questi vocaboli. La missione del vocabolo è orientare nella selva del reale ponendo in essa la rosa dei venti col suo grande sbracciamento cardinale. Ora; quei vocaboli del passato secolo confondono il nostro presente al pretendere di definirlo.
No es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra República porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el «radicalismo» —es decir, el modo tajante de imponer un programa. Por muchas razones, pero entre ellas una que las resume todas. El radicalismo sólo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido. Sólo entonces puede aquél proceder perentoriamente y sin miramientos a operar sobre el cuerpo de éste. Pero es el caso que España —compárese su historia con cualquiera otra— no acepta que haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido. Repugna desde lo más hondo de sus entrañas esta situación en verdad inhumana. Muchas veces he hecho notar la insistencia pasmosa y única en la Historia con que el fervor español se ha dirigido en toda lucha al vencido: Lucano, cordobés, canta a Pompeyo humillado, no a César victorioso, y Cervantes se abraza al pobre cincuentón manchego que es el perpetuamente vencido, el Vencido esencial.
Pero en esta hora de nuestro destino acontece, además, que ni siquiera ha habido vencedores ni vencidos en sentido propio, por la sencilla razón de que no ha habido lucha, sino sólo conato de ella. Y es grotesco el aire triunfal de algunas gentes cuando pretenden fundar la ejecutividad de sus propósitos en la revolución. Mientras no se destierre de discursos y artículos esa «revolución» de que tantos se reclaman y que, como los impuestos en Roma, ha comenzado por no existir, la República no habrá recobrado su tono limpio, su son de buena ley. Nada más ridículo que querer cobrar cómodamente una revolución que no nos ha hecho padecer ni nos ha costado duros y largos esfuerzos. Son muy pocos los que, de verdad, han sufrido por ella, y la escasez de su número subraya la inasistencia de los demás. Una cosa es respetar y venerar la noble energía con que algunos prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha ejecutado. Llamar revolución al cambio de régimen acontecido en España es la tergiversación más grave y desorientadora que puede cometerse. Lo digo así, taxativamente, porque es ya excesiva la tardanza de muchas gentes en reconocer su error, y no es cosa de que sigan confundidos los ciegos con los que ven claro. Se hace urgentísima una división de actitudes para que cada cual lleve sobre sus hombros la responsabilidad que le corresponde y no se le cargue la ajena.
Las Cortes Constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma profunda de España en lo político y en lo social. Sin vacilación, pero sin radicalismo —esto es, sin violencia y arbitrariedad partidista. En un Estado sólidamente constituido pueden, sin riesgo último, comportarse los grupos con cierta dosis de espíritu propagandista; pero en una hora constituyente esto sería mortal. Significaría prisa por aprovechar el resquicio de una situación inestable, y el pueblo español acaba por escupir de sí a todo el que «se aprovecha». Lo que ha desprestigiado más a la monarquía fue que se «aprovechase» de los resortes del Poder público puestos en su mano. Una jornada magnífica como ésta, en que puede colocarse holgadamente y sin dejar la deuda de graves heridas y hondas acritudes, al pueblo español frente a su destino claro y abierto, puede ser anulada por la torpeza del propagandista.
Yo confío en que los partidos, al fin y al cabo nuevos —algunos muy viejos, pero que hasta ahora no han logrado sumar muchos votos—, no pretenderán hacer triunfar a quemarropa, sin lentas y sólidas propagandas en el país, lo peculiar de sus programas. La falsa victoria que hoy, por un azar parlamentario, pudieran conseguir, caería sobre su propia cabeza. La Historia no se deja fácilmente sorprender. A veces lo finge, pero es para tragarse más absolutamente a los estupradores.
Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!»
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo.
9 de septiembre de 1931
IX
EL ABSENTISMO MORTAL
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Así terminaba yo el otro día. Pero no estoy seguro de haberme hecho entender. Recuérdese que en mi primer artículo en Crisol, hace ya meses, rogaba a los lectores que al leerme correspondiesen al intento de precisión que yo hago cuando escribo. Así, es lo más probable que la frase transcrita no se haya entendido en su humilde y perogrullesca literalidad. Se supondrá, más bien, que con ella trato de influir sobre los «radicales» para que no sean «radicales». ¡Como si yo hubiera pretendido jamás influir sobre nadie ni entrometerme en su biografía! No; no se trata de eso. Sean los «radicales» todo lo «radicales» que les venga en gana. No tengo cura de sus almas ni soy tutor de sus destinos. Lo único que hago es hacer constar una situación objetiva, de la cual no debiera dudar ni un instante quien posea alguna noción clara sobre el modo de ser nuestro pueblo en su totalidad y decisivo conjunto, a saber: que el triunfo de la República no es el triunfo del «radicalismo» y que, por tanto, los «radicales» cometerían un tremendo error objetivo si creyesen lo contrario, si supusiesen que habiendo triunfado la República son ellos los dueños de la situación, que todo es pan comido y no tienen que preocuparse de más sino dejar fluir alegremente su «radicalismo».
Después de todo, se trata de la sempiterna equivocación padecida por las llamadas «izquierdas» a todo lo largo de nuestra historia. ¿Por qué? ¿De dónde procede esa curiosa miopía de nuestros eternos «progresistas», que les hace confundir la nación con su tertulia o con un pequeño núcleo de masas entusiastas? ¿Por qué no se elevan casi nunca a la gran óptica nacional, única desde la cual se puede hacer historia perdurable y se evita el mero y triste episodio?
Sería de alguna oportunidad responder a esas preguntas, si no hubiese mayor urgencia en subrayar otro peligro que hoy germina en nuestra vida pública y que es mucho más grave que la liviandad de los «radicales». Este peligro es la soberbia de los conservadores —aristócratas, banqueros, grandes industriales, propietarios, clérigos, etcétera.
Todos estos señores, si quieren pensar un poco en serio, deberían hacerse la siguiente reflexión: Ha acontecido en España nada menos que un cambio de régimen. Este cambio de régimen no se debe a ningún golpe de mano con que una reducida minoría de audaces aprovecha una coyuntura de azar, sino que se ha llegado a él porque el régimen anterior había perdido todos sus prestigios y su eficiencia histórica. España, no este o el otro grupo caprichoso, necesitaba evidentemente una transformación profunda de su Estado. Siendo esto así, lo natural y lo sano, lo que habría pasado en cualquier otro país de Europa, hubiera sido que todas las clases sociales, solidarizadas ante la indiscutible y general necesidad, habrían colaborado en el cambio de régimen, cada una en su puesto, según su modo y a la distancia adecuada. Pero en vez de esto, las clases conservadoras se obstinaron hasta el fin en no actuar frente a la necesidad inminente. No intentaron corregir el desmán acelerado de la monarquía, ni apoyaron al movimiento transformador, como si les trajese sin cuidado lo que en España pudiera sobrevenir. El resultado fue que el nuevo régimen aparece traído exclusiva o casi exclusivamente por los obreros y los intelectuales.
Y una vez que este nuevo régimen está ahí y es el Gobierno de España, todos esos señores aprovechan desde el principio cualquier pretexto para ausentarse de la vida nacional: retiran sus dineros, abandonan la lucha en las elecciones, paralizan sus propios movimientos; todo ello como si no tuvieran que ver con la historia de España.
Antes que nadie he censurado el exceso de gesticulación «radical», que durante unas semanas hemos presenciado. Pero ello me da derecho a proclamar de la manera más estricta que nada de lo hecho, proyectado o simplemente dicho, justifica ni de lejos el absentismo de las clases conservadoras. Conviene hacer constar que en cualquier nación de Europa han tenido que padecer esas clases, durante lo que va de siglo, Gobiernos, legislaciones y desórdenes incomparablemente más duros que cuanto ha acaecido en nuestra República. Y, sin embargo, no abandonaron la vida nacional, comprendiendo que es de todas las tácticas la más parecida al suicidio.
The authenticity of our Republic is not a question of «right» nor of «left», because it is not a question of the content of programs. The present time, and very especially in Spain, tolerates the most advanced program. Everything depends on the manner and the tone. What Spain does not tolerate, and has never tolerated, is «radicalism» —that is, the cutting manner of imposing a program. For many reasons, but among them one that sums them all up. Radicalism is only possible when there is an absolute victor and an absolute vanquished. Only then can the former proceed peremptorily and without scruples to operate upon the body of the latter. But it is the case that Spain —compare its history with any other— does not accept that there be either an absolute victor or an absolute vanquished. This truly inhuman situation is repugnant to her from the very depths of her entrails. Many times have I noted the astonishing and unique insistence in History with which Spanish fervor has, in every struggle, been directed toward the vanquished: Lucan, the Cordovan, sings of humiliated Pompey, not of victorious Caesar, and Cervantes embraces the poor Manchegan man of fifty who is the perpetually vanquished, the essential Vanquished.
But in this hour of our destiny it also happens that there have not even been victors and vanquished in the proper sense, for the simple reason that there has been no struggle, but only the attempt of one. And grotesque is the triumphal air of some people when they pretend to found the executability of their purposes on the revolution. Until that «revolution» of which so many claim themselves —and which, like the taxes in Rome, has begun by not existing— is banished from speeches and articles, the Republic will not have recovered its clean tone, its sound of good coin. Nothing is more ridiculous than wanting comfortably to collect on a revolution that has made us suffer nothing and has cost us no hard and long efforts. Very few are those who, in truth, have suffered for it, and the scarcity of their number underscores the absence of the others. One thing is to respect and venerate the noble energy with which some prepared a revolution, and another to suppose that it has been carried out. To call revolution the change of regime that has taken place in Spain is the gravest and most disorienting misrepresentation that can be committed. I say this thus, categorically, because already excessive is the slowness of many people in recognizing their error, and it is not a matter that the blind continue confused with those who see clearly. A division of attitudes becomes most urgent, so that each one carries on his own shoulders the responsibility that corresponds to him and is not laden with that of others.
The Constituent Cortes must go without hesitation toward a profound reform of Spain in the political and in the social. Without hesitation, but without radicalism —that is, without violence and partisan arbitrariness. In a solidly constituted State, groups can, without ultimate risk, behave with a certain dose of propagandist spirit; but in a constituent hour this would be mortal. It would mean haste to take advantage of the opening of an unstable situation, and the Spanish people ends up spitting out anyone who «takes advantage». What most discredited the monarchy was that it «took advantage» of the springs of public Power placed in its hand. A magnificent day like this, in which the Spanish people can be placed at ease and without leaving the debt of grave wounds and deep acrimonies before its clear and open destiny, can be annulled by the clumsiness of the propagandist.
I trust that the parties, after all new —some very old, but which until now have not managed to add many votes—, will not pretend to make triumph at point-blank range, without slow and solid propagandas in the country, what is peculiar to their programs. The false victory that today, by a parliamentary chance, they might obtain, would fall upon their own heads. History does not easily let itself be surprised. Sometimes it feigns it, but it is to swallow more absolutely the ravishers.
An immense number of Spaniards who collaborated in the advent of the Republic with their action, with their vote, or with what is more effective than all this, with their hope, now say to themselves, between uneasy and discontented: «This is not it, this is not it!»
The Republic is one thing. «Radicalism» is another. If not, time will tell.
9 September 1931
IX
MORTAL ABSENTEEISM
The Republic is one thing. «Radicalism» is another. Thus I ended the other day. But I am not sure I have made myself understood. Remember that in my first article in Crisol, months ago now, I begged the readers that, in reading me, they should answer to the attempt at precision that I make when I write. Thus, it is most probable that the transcribed sentence has not been understood in its humble and trivially literal sense. It will rather be supposed that with it I try to influence the «radicals» so that they not be «radicals». As if I had ever pretended to influence anyone or meddle in his biography! No; that is not the matter. Let the «radicals» be as «radical» as they please. I have no cure of their souls nor am I tutor of their destinies. The only thing I do is to record an objective situation, of which anyone who possesses some clear notion about the manner of being of our people in its totality and decisive ensemble should not doubt for an instant, namely: that the triumph of the Republic is not the triumph of «radicalism» and that, therefore, the «radicals» would commit a tremendous objective error if they believed the contrary, if they supposed that, the Republic having triumphed, they are the masters of the situation, that everything is a piece of cake and they need worry about nothing more than letting their «radicalism» flow gaily.
After all, it is the sempiternal error suffered by the so-called «lefts» all along our history. Why? Whence proceeds that curious myopia of our eternal «progressives», which makes them confuse the nation with their coterie or with a small nucleus of enthusiastic masses? Why do they almost never rise to the great national optic, the only one from which durable history can be made and the mere and sad episode avoided?
It would be of some timeliness to answer these questions, if there were not a greater urgency in underscoring another danger that today germinates in our public life and which is much graver than the flippancy of the «radicals». This danger is the pride of the conservatives —aristocrats, bankers, great industrialists, landowners, clerics, etcetera.
All these gentlemen, if they want to think a little seriously, should make themselves the following reflection: There has occurred in Spain nothing less than a change of regime. This change of regime is not due to any coup de main with which a reduced minority of audacious men takes advantage of a chance conjuncture, but it has been reached because the previous regime had lost all its prestige and its historical efficiency. Spain —not this or that capricious group— evidently needed a profound transformation of its State. This being so, the natural and the sound, what would have happened in any other country of Europe, would have been that all the social classes, made solidary before the indisputable and general necessity, would have collaborated in the change of regime, each one in its place, according to its manner and at the fitting distance. But instead of this, the conservative classes obstinately held out to the end in not acting before the imminent necessity. They did not attempt to correct the accelerated abuse of the monarchy, nor did they support the transforming movement, as if what might befall in Spain brought them no concern. The result was that the new regime appears brought exclusively or almost exclusively by the workers and the intellectuals.
And once this new regime is there and is the Government of Spain, all these gentlemen take advantage from the beginning of any pretext to absent themselves from national life: they withdraw their moneys, they abandon the struggle in the elections, they paralyze their own movements; all of it as if they had nothing to do with the history of Spain.
Before anyone, I have censured the excess of «radical» gesticulation that we have witnessed for some weeks. But that gives me the right to proclaim in the most rigorous manner that nothing of what has been done, projected, or simply said justifies, even from afar, the absenteeism of the conservative classes. It is fitting to record that in any nation of Europe those classes have had, in what has passed of the century, to suffer Governments, legislations, and disorders incomparably harder than whatever has happened in our Republic. And yet, they did not abandon national life, understanding that it is of all tactics the one most similar to suicide.
L’autenticità della nostra Repubblica non è questione di «destra» né di «sinistra», perché non è questione di contenuto nei programmi. Il tempo presente, e molto specialmente in Spagna, tollera il programma più avanzato. Tutto dipende dal modo e dal tono. Ciò che la Spagna non tollera né ha mai tollerato è il «radicalismo» —vale a dire, il modo tagliente di imporre un programma. Per molte ragioni, ma tra esse una che le riassume tutte. Il radicalismo è possibile soltanto quando vi è un vincitore assoluto e un vinto assoluto. Soltanto allora può il primo procedere perentoriamente e senza riguardi a operare sul corpo del secondo. Ma è il caso che la Spagna —si confronti la sua storia con qualunque altra— non accetta che vi sia né vincitore assoluto né vinto assoluto. Ripugna dal più profondo delle sue viscere questa situazione davvero inumana. Molte volte ho fatto notare l’insistenza stupefacente e unica nella Storia con cui il fervore spagnolo si è rivolto in ogni lotta al vinto: Lucano, cordovese, canta Pompeo umiliato, non Cesare vittorioso, e Cervantes si abbraccia al povero cinquantenne manchego che è il perpetuamente vinto, il Vinto essenziale.
Ma in quest’ora del nostro destino accade, inoltre, che non vi sono stati nemmeno vincitori né vinti in senso proprio, per la semplice ragione che non vi è stata lotta, ma soltanto conato di essa. Ed è grottesca l’aria trionfale di alcune genti quando pretendono di fondare l’esecutività dei loro propositi sulla rivoluzione. Finché non si bandisca da discorsi e articoli quella «rivoluzione» di cui tanti si reclamano e che, come le imposte a Roma, ha cominciato col non esistere, la Repubblica non avrà recuperato il suo tono pulito, il suo suono di buona lega. Nulla di più ridicolo che voler riscuotere comodamente una rivoluzione che non ci ha fatto patire né ci è costata duri e lunghi sforzi. Sono pochissimi coloro che, davvero, hanno sofferto per essa, e l’esiguità del loro numero sottolinea l’assenza degli altri. Una cosa è rispettare e venerare la nobile energia con cui alcuni prepararono una rivoluzione, un’altra supporre che questa si sia eseguita. Chiamare rivoluzione il cambiamento di regime avvenuto in Spagna è la più grave e disorientante tergiversazione che possa commettersi. Lo dico così, tassativamente, perché è ormai eccessiva la lentezza di molte genti nel riconoscere il loro errore, e non è il caso che i ciechi continuino a confondersi con coloro che vedono chiaro. Diventa urgentissima una divisione di atteggiamenti, perché ciascuno porti sulle proprie spalle la responsabilità che gli corrisponde e non gli si addossi quella altrui.
Le Cortes Costituenti devono andare senza esitazione verso una profonda riforma della Spagna nel politico e nel sociale. Senza esitazione, ma senza radicalismo —cioè, senza violenza e arbitrarietà partigiana. In uno Stato solidamente costituito i gruppi possono, senza rischio ultimo, comportarsi con una certa dose di spirito propagandistico; ma in un’ora costituente ciò sarebbe mortale. Significherebbe fretta di approfittare dello spiraglio di una situazione instabile, e il popolo spagnolo finisce per vomitare da sé chiunque «si approfitta». Ciò che ha più screditato la monarchia fu che si «approfittasse» delle leve del Potere pubblico messe nelle sue mani. Una giornata magnifica come questa, in cui si può collocare comodamente e senza lasciare il debito di gravi ferite e di profondi rancori il popolo spagnolo di fronte al suo destino chiaro e aperto, può essere annullata dalla goffaggine del propagandista.
Confido che i partiti, in fin dei conti nuovi —alcuni molto vecchi, ma che finora non sono riusciti a sommare molti voti—, non pretenderanno di far trionfare a bruciapelo, senza lente e solide propagande nel paese, il peculiare dei loro programmi. La falsa vittoria che oggi, per un caso parlamentare, potessero conseguire, ricadrebbe sulla loro stessa testa. La Storia non si lascia facilmente sorprendere. A volte lo finge, ma è per inghiottire più assolutamente gli stupratori.
Una quantità immensa di spagnoli che collaborarono all’avvento della Repubblica con la loro azione, con il loro voto o con ciò che è più efficace di tutto questo, con la loro speranza, si dicono ora tra inquieti e scontenti: «Non è questo, non è questo!»
La Repubblica è una cosa. Il «radicalismo» è un’altra. Se no, al tempo.
9 settembre 1931
IX
L’ASSENTEISMO MORTALE
La Repubblica è una cosa. Il «radicalismo» è un’altra. Così concludevo l’altro giorno. Ma non sono sicuro di essermi fatto capire. Si ricordi che nel mio primo articolo su Crisol, mesi ormai fa, pregavo i lettori che, leggendomi, rispondessero al tentativo di precisione che io faccio quando scrivo. Così, è molto probabile che la frase trascritta non sia stata intesa nella sua umile e perogrullesca letteralità. Si supporrà, piuttosto, che con essa io cerchi di influire sui «radicali» perché non siano «radicali». Come se io avessi mai preteso di influire su qualcuno né di intromettermi nella sua biografia! No; non si tratta di questo. Siano i «radicali» quanto «radicali» vogliono. Non ho cura delle loro anime né sono tutore dei loro destini. L’unica cosa che faccio è far constare una situazione oggettiva, della quale non dovrebbe dubitare neppure un istante chi possegga qualche nozione chiara sul modo di essere del nostro popolo nella sua totalità e insieme decisivo, vale a dire: che il trionfo della Repubblica non è il trionfo del «radicalismo» e che, perciò, i «radicali» commetterebbero un tremendo errore oggettivo se credessero il contrario, se supponessero che, essendo trionfata la Repubblica, sono loro i padroni della situazione, che tutto è pane mangiato e non hanno da preoccuparsi d’altro che di lasciar fluire allegramente il loro «radicalismo».
Dopo tutto, si tratta del sempiterno equivoco patito dalle cosiddette «sinistre» per tutto il corso della nostra storia. Perché? Da dove proviene quella curiosa miopia dei nostri eterni «progressisti», che li fa confondere la nazione con la loro tertulia o con un piccolo nucleo di masse entusiaste? Perché non si elevano quasi mai alla grande ottica nazionale, unica dalla quale si può fare storia durevole e si evita il mero e triste episodio?
Sarebbe di qualche opportunità rispondere a queste domande, se non vi fosse maggior urgenza di sottolineare un altro pericolo che oggi germina nella nostra vita pubblica e che è molto più grave della leggerezza dei «radicali». Questo pericolo è la superbia dei conservatori —aristocratici, banchieri, grandi industriali, proprietari, chierici, eccetera.
Tutti questi signori, se vogliono pensare un poco seriamente, dovrebbero farsi la seguente riflessione: È accaduto in Spagna nientemeno che un cambiamento di regime. Questo cambiamento di regime non si deve a nessun colpo di mano con cui una ridotta minoranza di audaci approfitta di una congiuntura del caso, ma si è giunti ad esso perché il regime anteriore aveva perduto tutti i suoi prestigi e la sua efficienza storica. La Spagna, non questo o quel gruppo capriccioso, aveva evidentemente bisogno di una trasformazione profonda del suo Stato. Essendo così, il naturale e il sano, ciò che sarebbe accaduto in qualsiasi altro paese d’Europa, sarebbe stato che tutte le classi sociali, solidarizzate dinanzi alla indiscutibile e generale necessità, avrebbero collaborato al cambiamento di regime, ciascuna al suo posto, secondo il suo modo e alla distanza adeguata. Ma invece di questo, le classi conservatrici si ostinarono fino alla fine a non agire di fronte alla necessità imminente. Non tentarono di correggere il disordine accelerato della monarchia, né appoggiarono il movimento trasformatore, come se portasse loro indifferentemente ciò che in Spagna potesse sopraggiungere. Il risultato fu che il nuovo regime appare portato esclusivamente o quasi esclusivamente dagli operai e dagli intellettuali.
E una volta che questo nuovo regime è lì ed è il Governo di Spagna, tutti questi signori approfittano fin dal principio di qualsiasi pretesto per assentarsi dalla vita nazionale: ritirano i loro denari, abbandonano la lotta nelle elezioni, paralizzano i propri movimenti; tutto ciò come se non avessero da vedere con la storia di Spagna.
Prima di chiunque altro ho censurato l’eccesso di gesticolazione «radicale» a cui per alcune settimane abbiamo assistito. Ma ciò mi dà diritto di proclamare nella maniera più rigorosa che nulla di ciò che è stato fatto, progettato o semplicemente detto giustifica, nemmeno da lontano, l’assenteismo delle classi conservatrici. Conviene far constare che in qualsiasi nazione d’Europa hanno dovuto patire queste classi, in ciò che va del secolo, Governi, legislazioni e disordini incomparabilmente più duri di quanto sia accaduto nella nostra Repubblica. E, tuttavia, non abbandonarono la vita nazionale, comprendendo che è di tutte le tattiche la più somigliante al suicidio.
Porque su conducta tal sólo puede interpretarse suponiendo que las clases conservadoras españolas, beneficiarias perpetuas del Poder público, no admiten como históricamente tolerable ninguna reforma estatal, que no las permita seguir siendo dueñas indiscutidas del Poder. Esto es lo que llamo soberbia, y lo llamo así porque las conozco muy bien. Pues esa soberbia es, tal vez, lo único que puede provocar en España una auténtica y terrible revolución.
No se pide a esos señores que hagan declaraciones republicanas. No importan mucho esas declaraciones. Se exige algo que es, sin disputa, exigible: que actúen y colaboren en la vida nacional, cualquiera que sea su forma de gobierno; que los banqueros apronten soluciones a la perturbación económica; que los propietarios e industriales trabajen con fervor en sus cultivos y empresas, aunque les sea molesta la hora presente. Esto hemos hecho los demás durante muchas horas que nos fueron molestísimas. (Esto hacemos en la hora presente, que es para mí, y otros como yo, más molesta que ninguna otra, más trastornadora de nuestra vida habitual, más catastrófica para nuestra esquelética economía doméstica).
No es lícito, desde ningún punto de vista, el absentismo y la falta de actividad en los órdenes sustantivos de la existencia nacional. Por una razón sencillísima. Ese absentismo, si perdura, nos convencerá de que, en efecto, esos señores no admiten más España que una en que ellos sigan imperando y que se insolidarizan con la nación cuando ésta se organiza en otra forma. Pues bien; en ese caso habría que ir pensando de verdad en prescindir de ellos, ya que ellos prescinden de la nación, ya que condicionan su convivencia en ella.
Yo espero, sin embargo, que las clases conservadoras despierten a una más clara visión de la realidad profunda y, curando su soberbia, arrimen el hombro a la gran faena en que ahora estamos de hacer una España vigorosa y actual, una España que, en definitiva, es el destino común de todos.
14 de septiembre de 1931
X
FEDERALISMO Y AUTONOMISMO
(Discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes en la noche del 25 al 26 de septiembre de 1931)
Siento vivamente prolongar todavía esta vigilia, y no sé si podré pronunciar con mediana sintaxis las palabras que tengo que decir, porque mi salud no es tan espléndida que, después de una jornada fatigosa, me permita llegar a esta hora con cierta plenitud fisiológica; pero siento la imposición de un deber de conciencia al cual no he de dar expresión con caracteres externos de patetismo, pero que quiero que conste en el Diario de Sesiones: no puedo votar en pro de esa formulación del primer artículo constitucional.
Esa cuestión de conciencia, a que antes me refería, no pesa sobre la porción del artículo en que se habla de República de trabajadores. Creo haber sido uno de los primeros, aunque estoy dispuesto a abandonar la prioridad a cualquiera que la solicite, en haber proyectado, en esta etapa de la vida española, sobre la conciencia pública, la fórmula, el lema de que era preciso organizar a España en pueblo de trabajadores, expresión bien pareja a la que ahora aparece en el primer artículo de nuestra Constitución. Y la palabra «trabajadores» era empleada por mí estrictamente en el sentido que, con todo rigor, definió en su discurso doctrinalmente, cuya doctrina suscribo, el señor Araquistáin; pero el lema que yo propalaba lo era de una larga y complicada campaña de propaganda; era como el germen de una enorme labor organizadora; era, en sus posibilidades, indeciso, problemático; tenía, sin embargo, en su núcleo, la suficiente precisión para no ser simplemente una frase; pero tenía el vago contorno de una palabra con que se incita a un largo movimiento histórico. Por eso, porque en su núcleo era precisa, pero insuficiente en su contorno, yo no puedo satisfacerme cuando encuentro algo parecido a República de trabajadores en el primer artículo de la Constitución, porque la Constitución no es un programa de campañas políticas; ha de tener extremo rigor, y es evidente que ni el señor Araquistáin ni yo podemos pretender que este nuevo sentido, que yo creo firmemente que ahora comienza a germinar en los hondones del alma europea, este nuevo sentido de la palabra «trabajador», el cual se ha formado por una extraña convergencia de los dos polos de la sociedad: de un lado, por la tradición del movimiento obrero; pero del otro, por lo que menos podía sospecharse, por el hombre rico de Europa que, después de tres siglos de riqueza, de capitalismo, se ha hartado profundamente de ser rico, ha superado el deseo de riqueza. Como aquellos primeros heréticos de la Iglesia sostenían que la única manera de llegar a la virtud era abusar de la carne, ellos han abusado de la riqueza y están ahora al otro lado. Este nuevo sentido que el señor Araquistáin y yo damos a la palabra, no puede pretender enfrontarse ni luchar con el tremendo y taxativo sentido que tiene desde hace ochenta años, y que posee en el Manifiesto comunista de Marx: no podemos pretender entrar en colisión con ese magnífico sentido cargado de luchas y de dolores de la organización obrera.
Pero dejo esto a un lado. Es otra cosa aquello que me mueve los resortes últimos de mi conciencia para molestaros en tan grave momento, en un momento en que estáis profundamente rendidos en vuestro físico y en que deseáis, naturalmente, llegar a una definitiva conclusión de esta larguísima deliberación.
Desde hace varios años, y con fatigosa insistencia, doy voces de alerta de que, pues venía sobre España, quisiéramos o no, la necesidad de, en hora nada lejana, que bien pronto ha venido, una reforma profunda de nuestra vida pública, se corría el riesgo de que el pueblo llegase a ella sin poseer un repertorio claro de ideas sobre los problemas políticos. Yo he procurado con mi pluma, además facilitando la publicación de libros egregios de Poder, de Historia, de Sociología, subvenir a este menester. No es, señores diputados, manía intelectualista. El menos intelectualista tiene que reconocer que somos en enorme dosis —la que sea— el repertorio de ideas con que enfrontamos nuestra existencia en todos los órdenes. Recuerdo que un viejísimo libro de la India, tal vez el más viejo de la humanidad, el Libro de los Vedas, compuesto por boyeros, dice ya que los hombres dependen de sus ideas, porque la acción sigue al pensamiento como la rueda del carro sigue a la pezuña del buey. No tenemos ideas claras: mis esfuerzos fueron vanos, y no debo ocultar mi sincera convicción de que en esta transformación profunda que hacemos, España padece de insuficiente preparación, no sólo en la muchedumbre, sino en nosotros mismos, que aparecemos dirigiéndola o, por lo menos, representándola.
No fue para mí una sorpresa grande, pero fue confirmación dolorosa, ver que en uno de los temas más graves que nos plantea al presente el destino, el de la autonomía regional, existía una extrema confusión de ideas y que, apenas comenzaba la campaña electoral, en la propaganda, en el mitin, en el periódico y hasta en esta misma Cámara se padecía, en general, una lamentable confusión entre ambos principios. Y esta confusión es gravísima, porque, cualesquiera que sean mis preferencias para uno u otro principio, corremos el riesgo —lo vamos a correr dentro de un instante— de decidirnos por el más radical, por un principio que va a reformar las últimas entrañas de la realidad histórica española, cuando el pueblo mismo ignora el sentido de esa tremenda reforma que en él se va a hacer. Esto es lo que yo lamento, lo que yo deploro y de lo que empiezo a protestar. Es preciso claridad sobre este punto.
Because such a conduct can only be interpreted by supposing that the Spanish conservative classes, perpetual beneficiaries of public Power, do not admit as historically tolerable any reform of the State that does not allow them to continue being undisputed masters of Power. This is what I call pride, and I call it so because I know them very well. For that pride is, perhaps, the only thing that can provoke in Spain an authentic and terrible revolution.
Those gentlemen are not asked to make republican declarations. Those declarations do not matter much. What is demanded is something that is, without dispute, demandable: that they act and collaborate in national life, whatever their form of government; that the bankers produce solutions to the economic disturbance; that the landowners and industrialists work with fervor in their fields and enterprises, though the present hour be irksome to them. This we others have done for many hours that were most irksome to us. (This we do in the present hour, which is for me, and for others like me, more irksome than any other, more perturbing of our habitual life, more catastrophic for our skeletal domestic economy).
Absenteeism and the lack of activity in the substantive orders of national existence is not licit, from any point of view. For a very simple reason. That absenteeism, if it persists, will convince us that, in effect, these gentlemen admit no Spain other than one in which they continue to hold sway, and that they de-solidarize themselves with the nation when it organizes itself in another form. Well then; in that case one would really have to begin thinking of dispensing with them, since they dispense with the nation, since they condition their coexistence within it.
I hope, however, that the conservative classes wake to a clearer vision of the profound reality and, curing their pride, put their shoulders to the great task in which we are now engaged of making a vigorous and up-to-date Spain, a Spain that, in the final analysis, is the common destiny of all.
14 September 1931
X
FEDERALISM AND AUTONOMISM
(Speech delivered in the Constituent Cortes on the night of 25 to 26 September 1931)
I keenly feel prolonging still this vigil, and I do not know if I shall be able to pronounce with middling syntax the words I have to say, because my health is not so splendid that, after a fatiguing day, it allows me to reach this hour with a certain physiological fullness; but I feel the imposition of a duty of conscience to which I shall give no expression with external signs of pathos, but which I want to be recorded in the Diario de Sesiones: I cannot vote in favor of that formulation of the first constitutional article.
That question of conscience, to which I referred before, does not weigh upon the portion of the article in which a Republic of workers is spoken of. I believe I have been one of the first —though I am disposed to yield the priority to anyone who requests it— to have projected, in this stage of Spanish life, upon the public conscience, the formula, the slogan that it was necessary to organize Spain as a people of workers, an expression well matching the one that now appears in the first article of our Constitution. And the word «workers» was employed by me strictly in the sense that, with all rigor, Mr. Araquistáin defined in his speech doctrinally, a doctrine I subscribe to; but the slogan I disseminated belonged to a long and complicated propaganda campaign; it was like the germ of an enormous organizing labor; it was, in its possibilities, undecided, problematic; it had, nevertheless, in its nucleus, sufficient precision not to be simply a phrase; but it had the vague outline of a word with which a long historical movement is incited. For this reason, because in its nucleus it was precise, but insufficient in its outline, I cannot satisfy myself when I find something like a Republic of workers in the first article of the Constitution, because the Constitution is not a program of political campaigns; it must have extreme rigor, and it is evident that neither Mr. Araquistáin nor I can pretend that this new sense —which I firmly believe is now beginning to germinate in the depths of the European soul— this new sense of the word «worker», which has been formed by a strange convergence of the two poles of society: on one side, by the tradition of the workers’ movement; but on the other, by what least could be suspected, by the rich man of Europe who, after three centuries of wealth, of capitalism, has grown deeply weary of being rich, has overcome the desire for wealth. Just as those first heretics of the Church maintained that the only way to reach virtue was to abuse the flesh, they have abused wealth and are now on the other side. This new sense that Mr. Araquistáin and I give to the word cannot pretend to confront or to struggle with the tremendous and categorical sense it has had for eighty years, and which it possesses in Marx’s Communist Manifesto: we cannot pretend to enter into collision with that magnificent sense charged with the struggles and pains of the workers’ organization.
But I leave this aside. It is another thing that moves the deepest springs of my conscience to trouble you at so grave a moment, at a moment when you are deeply exhausted in your physical being and in which you desire, naturally, to reach a definitive conclusion of this most lengthy deliberation.
For several years, and with wearying insistence, I have been raising cries of alarm that, since the necessity of a profound reform of our public life was coming upon Spain, whether we liked it or not, at no distant hour —which very soon has come—, there was the risk that the people would reach it without possessing a clear repertory of ideas about political problems. I have tried with my pen, also by facilitating the publication of egregious books of Power, of History, of Sociology, to supply this need. It is not, gentlemen deputies, an intellectualist mania. The least intellectualist man must recognize that we are, in an enormous dose —whatever it be— the repertory of ideas with which we confront our existence in all orders. I recall that a very ancient book of India, perhaps the oldest of humanity, the Book of the Vedas, composed by cowherds, already says that men depend on their ideas, because action follows thought as the wheel of the cart follows the hoof of the ox. We do not have clear ideas: my efforts were vain, and I must not hide my sincere conviction that in this profound transformation we are making, Spain suffers from insufficient preparation, not only in the multitude, but in ourselves, who appear directing it or, at least, representing it.
It was not for me a great surprise, but it was a painful confirmation, to see that in one of the gravest themes that destiny presently poses to us, that of regional autonomy, there existed an extreme confusion of ideas and that, scarcely had the electoral campaign begun, in the propaganda, in the meeting, in the newspaper, and even in this very Chamber, there was suffered, in general, a lamentable confusion between both principles. And this confusion is most grave, because, whatever my preferences for one or another principle, we run the risk —we are going to run it within an instant— of deciding for the most radical one, for a principle that is going to reform the last entrails of the Spanish historical reality, when the people itself ignores the sense of that tremendous reform that is going to be made upon it. This is what I lament, what I deplore, and against which I begin to protest. Clarity on this point is necessary.
Perché una tale condotta può interpretarsi soltanto supponendo che le classi conservatrici spagnole, beneficiarie perpetue del Potere pubblico, non ammettano come storicamente tollerabile nessuna riforma statale che non permetta loro di continuare a essere padrone indiscusse del Potere. Questo è ciò che chiamo superbia, e lo chiamo così perché le conosco molto bene. Poiché questa superbia è, forse, l’unica cosa che può provocare in Spagna un’autentica e terribile rivoluzione.
Non si chiede a questi signori di fare dichiarazioni repubblicane. Non contano molto queste dichiarazioni. Si esige qualcosa che è, senza disputa, esigibile: che agiscano e collaborino nella vita nazionale, qualunque sia la loro forma di governo; che i banchieri approntino soluzioni alla perturbazione economica; che i proprietari e gli industriali lavorino con fervore nelle loro colture e imprese, per quanto sia loro molesta l’ora presente. Questo abbiamo fatto noi altri durante molte ore che ci furono molestissime. (Questo facciamo nell’ora presente, che è per me, e per altri come me, più molesta di nessun’altra, più sconvolgitrice della nostra vita abituale, più catastrofica per la nostra scheletrica economia domestica).
Non è lecito, da nessun punto di vista, l’assenteismo e la mancanza di attività negli ordini sostantivi dell’esistenza nazionale. Per una ragione semplicissima. Quell’assenteismo, se perdura, ci convincerà che, in effetti, questi signori non ammettono altra Spagna che una in cui essi continuino a imperare e che si disolidarizzano dalla nazione quando questa si organizza in altra forma. Ebbene; in quel caso bisognerebbe andare pensando davvero a fare a meno di loro, giacché essi fanno a meno della nazione, giacché condizionano la loro convivenza in essa.
Io spero, tuttavia, che le classi conservatrici si sveglino a una più chiara visione della realtà profonda e, curando la loro superbia, mettano mano alla grande impresa in cui ora siamo di fare una Spagna vigorosa e attuale, una Spagna che, in definitiva, è il destino comune di tutti.
14 settembre 1931
X
FEDERALISMO E AUTONOMISMO
(Discorso pronunciato nelle Cortes Costituenti nella notte dal 25 al 26 settembre 1931)
Sento vivamente di prolungare ancora questa veglia, e non so se potrò pronunciare con mediocre sintassi le parole che ho da dire, perché la mia salute non è tanto splendida che, dopo una giornata faticosa, mi permetta di arrivare a quest’ora con una certa pienezza fisiologica; ma sento l’imposizione di un dovere di coscienza al quale non darò espressione con caratteri esterni di patetismo, ma che voglio che consti nel Diario delle Sedute: non posso votare a favore di quella formulazione del primo articolo costituzionale.
Questa questione di coscienza, a cui prima mi riferivo, non pesa sulla porzione dell’articolo in cui si parla di Repubblica dei lavoratori. Credo di essere stato uno dei primi, benché sia disposto a cedere la priorità a chiunque la richieda, ad aver proiettato, in questa tappa della vita spagnola, sulla coscienza pubblica la formula, il lema secondo cui era preciso organizzare la Spagna in popolo di lavoratori, espressione ben pari a quella che ora appare nel primo articolo della nostra Costituzione. E la parola «lavoratori» era impiegata da me strettamente nel senso che, con tutto rigore, definì nel suo discorso dottrinalmente, dottrina che sottoscrivo, il signor Araquistáin; ma il lema che io propagavo lo era di una lunga e complicata campagna di propaganda; era come il germe di un’enorme opera organizzatrice; era, nelle sue possibilità, indeciso, problematico; aveva, tuttavia, nel suo nucleo, la sufficiente precisione per non essere semplicemente una frase; ma aveva il vago contorno di una parola con cui si incita a un lungo movimento storico. Per questo, perché nel suo nucleo era preciso, ma insufficiente nel suo contorno, io non posso soddisfarmi quando trovo qualcosa di simile a Repubblica dei lavoratori nel primo articolo della Costituzione, perché la Costituzione non è un programma di campagne politiche; deve avere estremo rigore, ed è evidente che né il signor Araquistáin né io possiamo pretendere che questo nuovo senso, che io credo fermamente che ora cominci a germinare nei fondi dell’anima europea, questo nuovo senso della parola «lavoratore», il quale si è formato per una strana convergenza dei due poli della società: da un lato, per la tradizione del movimento operaio; ma dall’altro, per ciò che meno poteva sospettarsi, per l’uomo ricco d’Europa che, dopo tre secoli di ricchezza, di capitalismo, si è profondamente saziato di essere ricco, ha superato il desiderio di ricchezza. Come quei primi eretici della Chiesa sostenevano che l’unico modo di giungere alla virtù era abusare della carne, essi hanno abusato della ricchezza e sono ora dall’altra parte. Questo nuovo senso che il signor Araquistáin e io diamo alla parola, non può pretendere di affrontarsi né di lottare con il tremendo e tassativo senso che ha da ottant’anni, e che possiede nel Manifesto comunista di Marx: non possiamo pretendere di entrare in collisione con quel magnifico senso carico di lotte e di dolori dell’organizzazione operaia.
Ma lascio questo da parte. È altra cosa ciò che muove le ultime molle della mia coscienza per disturbarvi in così grave momento, in un momento in cui siete profondamente spossati nel vostro fisico e in cui desiderate, naturalmente, giungere a una definitiva conclusione di questa lunghissima deliberazione.
Da vari anni, e con faticosa insistenza, do voci d’allarme che, poiché veniva sulla Spagna, volessimo o no, la necessità di, in ora niente affatto lontana, che ben presto è venuta, una riforma profonda della nostra vita pubblica, si correva il rischio che il popolo arrivasse ad essa senza possedere un repertorio chiaro di idee sui problemi politici. Io ho procurato con la mia penna, inoltre facilitando la pubblicazione di libri egregi di Potere, di Storia, di Sociologia, di sovvenire a questo bisogno. Non è, signori deputati, mania intellettualistica. Il meno intellettualista deve riconoscere che siamo in enorme dose —qualunque essa sia— il repertorio di idee con cui affrontiamo la nostra esistenza in tutti gli ordini. Ricordo che un vecchissimo libro dell’India, forse il più vecchio dell’umanità, il Libro dei Veda, composto da bovari, dice già che gli uomini dipendono dalle loro idee, perché l’azione segue il pensiero come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Non abbiamo idee chiare: i miei sforzi furono vani, e non devo nascondere la mia sincera convinzione che in questa trasformazione profonda che facciamo, la Spagna patisce di insufficiente preparazione, non soltanto nella moltitudine, ma in noi stessi, che appariamo dirigendola o, per lo meno, rappresentandola.
Non fu per me una grande sorpresa, ma fu dolorosa conferma, vedere che in uno dei temi più gravi che ci pone al presente il destino, quello dell’autonomia regionale, esisteva un’estrema confusione di idee e che, appena cominciava la campagna elettorale, nella propaganda, nel comizio, nel giornale e fin nella stessa Camera si pativa, in generale, una lamentevole confusione tra entrambi i principii. E questa confusione è gravissima, perché, quali che siano le mie preferenze per l’uno o l’altro principio, corriamo il rischio —lo correremo tra un istante— di deciderci per il più radicale, per un principio che riformerà le ultime viscere della realtà storica spagnola, quando il popolo stesso ignora il senso di quella tremenda riforma che in lui si farà. Questo è ciò che io lamento, ciò che deploro e di cui comincio a protestare. È necessaria chiarezza su questo punto.
Bajo el nombre de federalismo, no tengo para qué aludir al conjunto de pensamientos sustentados por Pi y Margall y el pequeño grupo de sus adeptos. Ese federalismo, que no ha sido puesto al día desde hace sesenta años, es una teoría histórica sobre la mejor organización del Estado. Ni es tiempo ahora, ni tengo yo por qué ocuparme de discutir teoría más respetable por la calidad de sus fieles que por el rigor y agudeza de su sistema; antes, y por encima de ese federalismo, está el hecho de la forma jurídica del Estado federal, que una vez y otra ha aparecido en la historia del Derecho político mismo; a ese hecho de la forma jurídica del Estado es a lo que me refiero cuando hablo de federalismo. Pues bien; enfrontándolo con el autonomismo, yo sostengo ante la Cámara, con calificación de progresión ascendente hasta rayar en lo superlativo, que esos dos principios son: primero, dos ideas distintas; segundo, que apenas tienen que ver entre sí; tercero, que, como tendencias y en su raíz, son más bien antagónicos. Conviene, pues, que la Cámara antes decida esta cuestión con plena claridad. El pueblo y la Cámara necesitan resolverse en esta cuestión tan grave con pleno conocimiento de causa en un mediodía de radiante claridad. El autonomismo es un principio político que supone ya un Estado sobre cuya soberanía indivisa no se discute porque no es cuestión. Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del Poder público —cuantas más mejor— se entreguen, por entero, a órganos secundarios de aquél, sobre todo con base territorial. Por tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el problema de soberanía, lo da por supuesto, y reclama para esos poderes secundarios la descentralización mayor posible de funciones políticas y administrativas. El federalismo, en cambio, no supone el Estado, sino que, al revés, aspira a crear un nuevo Estado, con otros Estados preexistentes, y lo específico de su idea se reduce exclusivamente al problema de la soberanía. Propone que Estados independientes y soberanos cedan una porción de su soberanía a un Estado nuevo integral, quedándose ellos con otro trozo de la antigua soberanía que permanece limitando el nuevo Estado recién nacido. Quien ejerza esta o la otra función del Poder público, cual sea el grado de descentralización, es para el federalismo, como tal, cuestión abierta, y de hecho los Estados federales presentan en la historia, en este orden, las figuras más diversas, hasta el punto de que, en principio, puede darse perfectamente un Estado federal y, sin embargo, sobremanera centralizado en su funcionamiento.
Lo que importa al federalista es el subsuelo del Estado, a saber: cómo quede formalizada la situación de soberanía. Puede, en principio, el federalista no inmutarse porque el Estado superior asuma tan importante función del Poder público, siempre que quede claro que el origen de este poder y de todo su ejercicio depende de la soberanía dividida, plural y permanente, de aquellos Estados que se federaron.
Me parece evidente que no era forzada la calificación con que yo afirmaba ambos principios. Es evidente que son distintos y tienen poco que ver entre sí; hablan de problemas diferentes. El federalismo se preocupa del problema de soberanía; el autonomismo se preocupa de quién ejerza, de cómo haya manera de ejercer en forma descentralizada las funciones del Poder público que aquella soberanía creó. Pero es también evidente que en su raíz y como tendencias, son antagónicos. En efecto, la historia del federalismo ha representado siempre una corriente de concentración, y es, en ese sentido, un movimiento de relativa desautonomía.
No es, pues, indiferente que en materia tan grave se juegue del vocablo y se presenten ante el pueblo trastrocados y confundidos intentos tan dispares. Para los efectos de la historia de España, no hay comparación entre todas las transformaciones posibles políticas y la mejor modificación que afecte al subsuelo de la soberanía. Porque la soberanía, señores, no es una competencia cualquiera, no es propiamente el Poder, no es ni siquiera el Estado, sino que es el origen de todo Poder, de todo Estado, y en él, de toda ley. Es la soberanía la facultad en su raíz preestatal y prejurídica de las decisiones últimas o primeras, según el orden en que queráis contar; es, pues, el fundamento de todo Poder, de toda ley, de todo derecho, de todo orden. Pero es, al mismo tiempo y sin distinción, la voluntad de una colectividad que lleva en brazos, a través de los cambiantes destinos políticos de un pueblo, toda la suerte de éste al correr de los siglos. Una soberanía unitaria significa, por tanto, la voluntad radical y sin reservas de la convivencia histórica: escindir en trozos esa soberanía unitaria —entiéndase bien, no el ejercicio de las funciones de Poder público—, escindir, digo, en trozos, esa soberanía unitaria, equivale a renunciar a esa voluntad de convivencia radical preestatal, dejarla dislocada, hacer que quede, cuando menos, condicionada. Quiere decir soberanía, señores; en suma, que no se acepta por entero y sin cláusulas la comunidad de destino. Tan grave es escisión pareja, que yo no sabría recordar si se ha producido en la época contemporánea.
Alguien me recordaba no hace mucho en los pasillos, hace una media hora, que podía citarse el caso de Rusia; pero no creo que a nadie le complazca y satisfaga este ejemplo, no por otra cosa, sino por la falta de claridad de la situación política de Rusia. Todos sabemos cuál es hoy, auténticamente, el Poder que rige a Rusia. No lo censuro; es un ensayo histórico magnífico; no hago sino significar que no es un ejemplo para aclarar la cuestión. Espero que nadie me ponga como ejemplo a Austria. Quien no hable de oídas sabe perfectamente que Austria no es un Estado federal, y para demostrarlo fulminantemente, bastaría con leer, que no las tengo aquí, las palabras del hombre mismo a quien se encargó del primer proyecto de Constitución y que, profesor de Derecho político en Viena, sigue siendo su comentarista actual: Kelsen. Ruego, pues, que no se me obligue a demostrar cosa que, en definitiva, es tan notoria.
Dislocando, digo, nuestra compacta soberanía fuéramos caso único en la historia contemporánea. Un Estado federal es un conjunto de pueblos que caminan hacia su unidad. Un Estado unitario, que se federaliza, es un organismo de pueblos que retrograda y camina hacia su dispersión. Por eso, señores, insisto en haceros notar que los problemas de soberanía pertenecen a una dimensión histórica radicalmente más profunda que todas nuestras restantes discrepancias, que todos los cambios de forma política y que se refieren a aquel subsuelo de la vida de un pueblo del cual depende todo lo demás. De ahí que yo, al ver que con tanta imprecisión se ha planteado este problema ante el país, he sufrido día por día. Pues qué, ¿no me he encontrado con que mi propio discurso, de extremo autonomismo, me era representado por unos y otros oradores como un proyecto federal? Pues qué, ¿en este mismo artículo que se nos propone votar, no se dice que la República española va a ser y será de tendencia federal, que permita la autonomía de Municipios y Provincias, como si para que fuera esto permisible fuese menester que un Estado se convirtiese en federal?
Evidentemente, hay aquí gravísima confusión. No, no creo que sea ésa la solución que demos a la autonomía de España. Es demasiado grave; pero, en fin de cuentas, todo esto que yo digo no son más que razones que, en definitiva, no significarían sino que yo considero la organización federal como arcaica y perturbadora de los nuevos destinos españoles. Total, una opinión particular. Pero aquí no hemos venido a sostener tercamente opiniones particulares; hemos sido traídos aquí para colaborar en la forja de una Constitución, y nuestro deber es no construirla según la dibujaríamos si estuviéramos solos en España, sino al revés, supeditando nuestras preferencias íntimas a lo que el pueblo nuestro, dados su contextura y su momento, exige.
Yo he votado ya y volveré a votar otras veces en contradicción con mis ensueños, a beneficio y en pro de la necesidad nacional, de la realidad de nuestro pueblo, pero, por lo mismo, hemos de tener gran cuidado, y, además, habría yo de sentir entusiasmo federal, de que por completo carezco, y no me atrevería a votar ese artículo porque, como he dicho, toda reforma de soberanía es de tal modo profunda, de tal modo grave, que no es lícito intentarla, si no estamos explícitamente seguros de que el pueblo español se da cuenta de la tremenda operación que vamos a realizar en él. Ni vosotros ni yo estamos en esta fecha seguros de que el pueblo español, que se ha dormido esta noche dueño de una soberanía unida, sabe, sospecha, que, al despertarse, va a encontrarse su soberanía dispersa. No; eso no.
Under the name of federalism, I have no need to allude to the body of thoughts sustained by Pi y Margall and the small group of his adherents. That federalism, which has not been brought up to date for sixty years, is a historical theory about the best organization of the State. Neither is it time now, nor have I any need to occupy myself with discussing a theory more respectable for the quality of its faithful than for the rigor and acuteness of its system; rather, and above that federalism, stands the fact of the juridical form of the federal State, which has appeared again and again in the history of political Right itself; it is to that fact of the juridical form of the State that I refer when I speak of federalism. Well then; confronting it with autonomism, I maintain before the Chamber, with a qualification of ascending progression verging on the superlative, that these two principles are: first, two distinct ideas; second, that they barely have anything to do with each other; third, that, as tendencies and in their root, they are rather antagonistic. It is fitting, then, that the Chamber first decide this question with full clarity. The people and the Chamber need to resolve themselves in this so grave a question with full knowledge of cause in a noon of radiant clarity. Autonomism is a political principle that presupposes a State over whose undivided sovereignty there is no discussion because it is not in question. Given that State, autonomism proposes that the exercise of certain functions of public Power —the more the better— be handed over, entirely, to secondary organs of it, above all on a territorial basis. Therefore, autonomism does not say a word about the problem of sovereignty; it takes it for granted, and claims for those secondary powers the greatest possible decentralization of political and administrative functions. Federalism, on the other hand, does not presuppose the State, but, on the contrary, aspires to create a new State, out of other preexisting States, and the specific of its idea is reduced exclusively to the problem of sovereignty. It proposes that independent and sovereign States cede a portion of their sovereignty to a new integral State, keeping for themselves another piece of the old sovereignty that remains limiting the newly born State. Whoever exercises this or that function of public Power, whatever the degree of decentralization, is for federalism, as such, an open question, and in fact the federal States present in history, in this order, the most diverse figures, to the point that, in principle, a federal State may perfectly well exist and, nevertheless, be exceedingly centralized in its functioning.
What matters to the federalist is the subsoil of the State, namely: how the situation of sovereignty remains formalized. The federalist may, in principle, be unmoved that the superior State assume so important a function of public Power, so long as it remains clear that the origin of this power and of all its exercise depends on the divided, plural, and permanent sovereignty of those States that federated.
It seems evident to me that the qualification with which I affirmed both principles was not forced. It is evident that they are distinct and have little to do with each other; they speak of different problems. Federalism concerns itself with the problem of sovereignty; autonomism concerns itself with who exercises, with how there may be a way of exercising in decentralized form the functions of public Power that that sovereignty created. But it is also evident that in their root and as tendencies, they are antagonistic. In effect, the history of federalism has always represented a current of concentration, and it is, in that sense, a movement of relative de-autonomization.
It is not, then, indifferent that in so grave a matter one play with the word and present before the people overthrown and confused attempts so disparate. For the effects of the history of Spain, there is no comparison between all possible political transformations and the best modification that affects the subsoil of sovereignty. Because sovereignty, gentlemen, is not just any competence, it is not properly Power, it is not even the State, but it is the origin of all Power, of all State, and in it, of all law. Sovereignty is the faculty, in its pre-state and pre-juridical root, of the ultimate or first decisions, according to the order in which you wish to count; it is, then, the foundation of all Power, of all law, of all right, of all order. But it is, at the same time and without distinction, the will of a collectivity that carries in its arms, through the changing political destinies of a people, all the lot of this people as the centuries run. A unitary sovereignty signifies, therefore, the radical and unreserved will of historical coexistence: to split into pieces that unitary sovereignty —let it be well understood, not the exercise of the functions of public Power—, to split, I say, into pieces, that unitary sovereignty, is equivalent to renouncing that radical pre-state will of coexistence, leaving it dislocated, making it remain, at the least, conditioned. Sovereignty means, gentlemen; in sum, that the community of destiny is not accepted wholly and without clauses. So grave is a like scission that I would not know how to recall whether it has occurred in the contemporary age.
Someone was reminding me not long ago in the corridors, half an hour ago, that the case of Russia could be cited; but I do not believe that this example pleases and satisfies anyone, for no other reason than the lack of clarity of the political situation of Russia. We all know what Power truly rules Russia today. I do not censure it; it is a magnificent historical experiment; I do no more than signify that it is not an example to clarify the question. I hope no one puts Austria before me as an example. He who does not speak from hearsay knows perfectly well that Austria is not a federal State, and to demonstrate it fulminantly, it would suffice to read —which I do not have here— the words of the very man who was entrusted with the first draft of the Constitution and who, professor of political Right in Vienna, continues to be its current commentator: Kelsen. I beg, then, that I not be obliged to demonstrate a thing that, in the end, is so notorious.
By dislocating, I say, our compact sovereignty, we would be a unique case in contemporary history. A federal State is a set of peoples that walk toward their unity. A unitary State, which federalizes itself, is an organism of peoples that retrogresses and walks toward its dispersion. For that reason, gentlemen, I insist on making you note that the problems of sovereignty belong to a historical dimension radically deeper than all our remaining discrepancies, than all the changes of political form, and that they refer to that subsoil of the life of a people upon which everything else depends. Hence it is that I, seeing that with so much imprecision this problem has been posed before the country, have suffered day by day. For what, have I not found that my own speech, of extreme autonomism, was represented to me by one and another orator as a federal project? For what, in this very article that we are proposed to vote on, does it not say that the Spanish Republic is going to be and will be of federal tendency, which permits the autonomy of Municipalities and Provinces, as if for this to be permissible it were necessary that a State turn federal?
Evidently, there is here the gravest confusion. No, I do not believe that is the solution we give to the autonomy of Spain. It is too grave; but, after all, all this that I say is nothing more than reasons that, in the final analysis, would signify only that I consider the federal organization as archaic and perturbing of the new Spanish destinies. In all, a private opinion. But we have not come here to obstinately sustain private opinions; we have been brought here to collaborate in the forging of a Constitution, and our duty is not to build it according to how we would draw it if we were alone in Spain, but on the contrary, subordinating our intimate preferences to what our people, given its texture and its moment, requires.
I have already voted and I shall vote other times in contradiction with my dreams, in benefit and in favor of the national necessity, of the reality of our people, but, for that very reason, we must have great care, and, moreover, I should have to feel federal enthusiasm, of which I entirely lack, and I would not dare to vote for that article because, as I have said, every reform of sovereignty is so profound, so grave, that it is not licit to attempt it if we are not explicitly sure that the Spanish people is aware of the tremendous operation we are going to perform upon it. Neither you nor I are sure at this date that the Spanish people, which has gone to sleep tonight as master of a united sovereignty, knows, suspects, that upon waking it is going to find its sovereignty dispersed. No; that, no.
Sotto il nome di federalismo, non ho per che alludere all’insieme di pensieri sostenuti da Pi y Margall e dal piccolo gruppo dei suoi adepti. Quel federalismo, che non è stato aggiornato da sessant’anni, è una teoria storica sulla migliore organizzazione dello Stato. Né è tempo ora, né ho io per che occuparmi di discutere teoria più rispettabile per la qualità dei suoi fedeli che per il rigore e l’acume del suo sistema; prima, e al di sopra di quel federalismo, sta il fatto della forma giuridica dello Stato federale, che una volta e l’altra è apparso nella storia dello stesso Diritto politico; a quel fatto della forma giuridica dello Stato è ciò a cui mi riferisco quando parlo di federalismo. Ebbene; confrontandolo con l’autonomismo, io sostengo dinanzi alla Camera, con qualifica di progressione ascendente fino a rasentare il superlativo, che questi due principii sono: primo, due idee distinte; secondo, che appena hanno da vedere tra loro; terzo, che, come tendenze e nella loro radice, sono piuttosto antagonisti. Conviene, dunque, che la Camera prima decida questa questione con piena chiarezza. Il popolo e la Camera hanno bisogno di risolversi in questa questione così grave con piena conoscenza di causa in un mezzogiorno di raggiante chiarezza. L’autonomismo è un principio politico che suppone già uno Stato sulla cui sovranità indivisa non si discute perché non è questione. Dato questo Stato, l’autonomismo propone che l’esercizio di certe funzioni del Potere pubblico —quante più meglio— sia consegnato, per intero, a organi secondari di quello, soprattutto su base territoriale. Perciò, l’autonomismo non dice una parola sul problema della sovranità, lo dà per scontato, e reclama per quei poteri secondari la maggiore decentralizzazione possibile di funzioni politiche e amministrative. Il federalismo, invece, non suppone lo Stato, ma, al contrario, aspira a creare un nuovo Stato, con altri Stati preesistenti, e lo specifico della sua idea si riduce esclusivamente al problema della sovranità. Propone che Stati indipendenti e sovrani cedano una porzione della loro sovranità a un nuovo Stato integrale, restando essi con un altro pezzo dell’antica sovranità che permane limitando il nuovo Stato appena nato. Chi eserciti questa o quell’altra funzione del Potere pubblico, quale sia il grado di decentralizzazione, è per il federalismo, come tale, questione aperta, e di fatto gli Stati federali presentano nella storia, in questo ordine, le figure più diverse, fino al punto che, in principio, può darsi perfettamente uno Stato federale e, tuttavia, oltremodo centralizzato nel suo funzionamento.
Ciò che importa al federalista è il sottosuolo dello Stato, vale a dire: come rimanga formalizzata la situazione di sovranità. Può, in principio, il federalista non scomporsi perché lo Stato superiore assuma così importante funzione del Potere pubblico, sempre che resti chiaro che l’origine di questo potere e di tutto il suo esercizio dipende dalla sovranità divisa, plurale e permanente, di quegli Stati che si federarono.
Mi sembra evidente che non fosse forzata la qualifica con cui io affermavo entrambi i principii. È evidente che sono distinti e hanno poco da vedere tra loro; parlano di problemi diversi. Il federalismo si preoccupa del problema di sovranità; l’autonomismo si preoccupa di chi eserciti, di come vi sia modo di esercitare in forma decentralizzata le funzioni del Potere pubblico che quella sovranità creò. Ma è anche evidente che nella loro radice e come tendenze, sono antagonisti. In effetti, la storia del federalismo ha rappresentato sempre una corrente di concentrazione, ed è, in quel senso, un movimento di relativa disautonomia.
Non è, dunque, indifferente che in materia così grave si giochi del vocabolo e si presentino dinanzi al popolo stravolti e confusi intenti così disparati. Agli effetti della storia di Spagna, non vi è paragone tra tutte le trasformazioni politiche possibili e la migliore modificazione che affetti il sottosuolo della sovranità. Perché la sovranità, signori, non è una competenza qualsiasi, non è propriamente il Potere, non è nemmeno lo Stato, ma è l’origine di ogni Potere, di ogni Stato, e in esso, di ogni legge. È la sovranità la facoltà nella sua radice prestatale e pregiuridica delle decisioni ultime o prime, secondo l’ordine in cui vogliate contare; è, dunque, il fondamento di ogni Potere, di ogni legge, di ogni diritto, di ogni ordine. Ma è, al tempo stesso e senza distinzione, la volontà di una collettività che porta in braccio, attraverso i cangianti destini politici di un popolo, tutta la sorte di questo al correre dei secoli. Una sovranità unitaria significa, perciò, la volontà radicale e senza riserve della convivenza storica: scindere in pezzi quella sovranità unitaria —s’intenda bene, non l’esercizio delle funzioni di Potere pubblico—, scindere, dico, in pezzi, quella sovranità unitaria, equivale a rinunciare a quella volontà di convivenza radicale prestatale, lasciarla dislocata, fare che rimanga, quanto meno, condizionata. Vuol dire sovranità, signori; in somma, che non si accetta per intero e senza clausole la comunità di destino. Tanto grave è scissione siffatta, che io non saprei ricordare se si sia prodotta nell’epoca contemporanea.
Qualcuno mi ricordava non molto tempo fa nei corridoi, una mezz’ora fa, che poteva citarsi il caso della Russia; ma non credo che a nessuno piaccia e soddisfi questo esempio, non per altra cosa, ma per la mancanza di chiarezza della situazione politica della Russia. Tutti sappiamo quale sia oggi, autenticamente, il Potere che regge la Russia. Non lo censuro; è un saggio storico magnifico; non faccio se non significare che non è un esempio per chiarire la questione. Spero che nessuno mi ponga come esempio l’Austria. Chi non parli per sentito dire sa perfettamente che l’Austria non è uno Stato federale, e per dimostrarlo fulmineamente, basterebbe leggere, che non le ho qui, le parole dell’uomo stesso a cui fu affidata la prima bozza di Costituzione e che, professore di Diritto politico a Vienna, continua a esserne il commentatore attuale: Kelsen. Prego, dunque, che non mi si obblighi a dimostrare cosa che, in definitiva, è così notoria.
Dislocando, dico, la nostra compatta sovranità saremmo caso unico nella storia contemporanea. Uno Stato federale è un insieme di popoli che camminano verso la loro unità. Uno Stato unitario, che si federalizza, è un organismo di popoli che retrograda e cammina verso la sua dispersione. Per questo, signori, insisto nel farvi notare che i problemi di sovranità appartengono a una dimensione storica radicalmente più profonda di tutte le nostre restanti discrepanze, di tutti i cambiamenti di forma politica e che si riferiscono a quel sottosuolo della vita di un popolo dal quale dipende tutto il resto. Di qui che io, vedendo che con tanta imprecisione si è posto questo problema dinanzi al paese, ho sofferto giorno per giorno. Ebbene, non mi sono trovato con il fatto che il mio stesso discorso, di estremo autonomismo, mi era rappresentato dagli uni e dagli altri oratori come un progetto federale? Ebbene, in questo stesso articolo che ci si propone di votare, non si dice che la Repubblica spagnola sarà e sarà di tendenza federale, che permetta l’autonomia di Municipii e Province, come se per essere ciò permesso fosse mestieri che uno Stato si convertisse in federale?
Evidentemente, vi è qui gravissima confusione. No, non credo che sia quella la soluzione che diamo all’autonomia della Spagna. È troppo grave; ma, in fin dei conti, tutto questo che io dico non sono altro che ragioni che, in definitiva, non significherebbero se non che io considero l’organizzazione federale come arcaica e perturbatrice dei nuovi destini spagnoli. Tutto qui, un’opinione particolare. Ma qui non siamo venuti a sostenere ostinatamente opinioni particolari; siamo stati portati qui per collaborare alla forgiatura di una Costituzione, e il nostro dovere è non costruirla secondo come la disegneremmo se fossimo soli in Spagna, ma al contrario, subordinando le nostre preferenze intime a ciò che il nostro popolo, data la sua contestura e il suo momento, esige.
Io ho già votato e voterò altre volte in contraddizione con i miei sogni, a beneficio e a pro della necessità nazionale, della realtà del nostro popolo, ma, per ciò stesso, dobbiamo avere grande cura, e, inoltre, dovrei sentire entusiasmo federale, di cui manco completamente, e non oserei votare quell’articolo perché, come ho detto, ogni riforma di sovranità è di tal modo profonda, di tal modo grave, che non è lecito tentarla, se non siamo esplicitamente sicuri che il popolo spagnolo si rende conto della tremenda operazione che andiamo a realizzare in lui. Né voi né io siamo in questa data sicuri che il popolo spagnolo, che si è addormentato stanotte padrone di una sovranità unita, sa, sospetta, che, al risvegliarsi, troverà la sua sovranità dispersa. No; questo no.
Por esto, aunque ya me habéis oído en otras ocasiones que, como decían los jansenistas, no debe menudearse el plebiscito, precisamente por su vigor democrático, yo diría que si hay algún caso en que está plenamente justificado es en uno como éste; pero como, por razones otras innumerables, es hoy el plebiscito imposible e inoportuno, lo que creo es que no podemos plantear la cuestión de la reforma de España, especialmente por el problema que nos trae Cataluña, en términos de soberanía, sino buscar un área menos estremecedora, pero mucho más amplia, el área del más extenso, pero más estricto autonomismo. Esa área no tiene peligros de esa dimensión de subsuelo y ofrece un horizonte ilimitado de libertad, de esa libertad que nos pedía el otro día el señor Carner; un horizonte infinito de libertad y de holgura al movimiento. Ahí está, señores, la solución, y no segmentando la soberanía, haciendo posible que mañana cualquiera región, molestada por una simple ley fiscal, enseñe al Estado, levantisca, sus bíceps de soberanía particular.
Es muy grave, pues, lo que vais a decidir. Hoy vais a decidir, no sobre problemas de instituciones, por altas que sean; no sobre formas de gobierno; vais a resolver sobre algo que representa la raíz cósmica, ultrajurídica y últimamente vital de la realidad española; vais a decretar sobre soberanía. Yo os invito a que hagáis acopio de responsabilidad, pues por mucha que acumuléis, será escasa en comparación de la que ahora, dentro de un poco, vais a gastar. Nada más. (Aplausos).
XI
RECTIFICACIÓN DE LA REPÚBLICA
(Conferencia pronunciada el día 6 de diciembre de 1931 en el Cinema de la Ópera, de Madrid)
Señoras, señores:
En estos días, con la aprobación del texto constitucional y la elección de Presidente, queda establecida jurídicamente la República española. Tenemos ya un cauce legal por donde pueda fluir fecundamente nuestra vida colectiva; tenemos ya bajo nuestras plantas un suelo de derecho, donde hincar los talones e iniciar la marcha histórica. Termina, pues, en estos días, el primer acto de la implantación de la forma republicana en nuestra vieja, en nuestra viejísima España. ¿No es el momento excelente…? (Se promueve un incidente porque no se deja entrar en el salón a algunos espectadores. En algunas localidades altas se quejan de lo deficientemente que se oye).
Perdonen ustedes, pero no estoy acostumbrado a hablar con altavoz y acontece que, mientras voy pronunciando las palabras, las escucho yo mismo, y esto es demasiado: hablar y encima escucharse. (Risas).
Decía, pues, si no es el momento excelente para que hagamos un alto y, recogiendo bien las riendas de la atención, miremos en derredor, percibamos claramente la situación interna de nuestro país, analicemos el próximo pasado y, sobre todo, proyectemos en grande la arquitectura de nuestro porvenir. No todo esto, porque sería demasiada tarea, pero sí algo de esto, un comienzo de esto, quisiera yo hacer ante vosotros.
For this reason, although you have already heard me on other occasions say that, as the Jansenists used to say, the plebiscite should not be used indiscriminately, precisely because of its democratic vigor, I would say that if there is any case in which it is fully justified it is one like this; but since, for other innumerable reasons, the plebiscite is today impossible and inopportune, what I believe is that we cannot pose the question of the reform of Spain, especially because of the problem Catalonia brings us, in terms of sovereignty, but must seek an area less shuddering, yet much broader, the area of the most extensive, but strictest, autonomism. That area has no dangers of that subsoil dimension and offers an unlimited horizon of freedom, of that freedom that Mr. Carner asked of us the other day; a horizon infinite of freedom and of room for movement. There, gentlemen, is the solution, and not by segmenting sovereignty, making it possible that tomorrow any region, annoyed by a simple tax law, show to the State, rebellious, its biceps of particular sovereignty.
Very grave, then, is what you are going to decide. Today you are going to decide, not on problems of institutions, however high they may be; not on forms of government; you are going to resolve on something that represents the cosmic, ultra-juridical and ultimately vital root of the Spanish reality; you are going to decree on sovereignty. I invite you to lay in a store of responsibility, for however much you accumulate, it will be scarce in comparison with that which now, shortly, you are going to spend. Nothing more. (Applause.)
XI
RECTIFICATION OF THE REPUBLIC
(Lecture delivered on the 6th of December 1931 at the Cinema de la Ópera, in Madrid)
Ladies, gentlemen:
In these days, with the approval of the constitutional text and the election of the President, the Spanish Republic remains juridically established. We already have a legal channel through which our collective life can flow fruitfully; we already have under our feet a soil of law, where to plant our heels and begin the historical march. There ends, then, in these days, the first act of the implantation of the republican form in our old, in our most ancient Spain. Is it not the excellent moment…? (An incident is provoked because some spectators are not allowed into the hall. In some of the upper seats they complain of how deficiently one hears.)
Forgive me, but I am not accustomed to speaking with a loudspeaker, and it happens that, while I am pronouncing the words, I hear them myself, and that is too much: to speak and on top of that to listen to oneself. (Laughter.)
I was saying, then, if it is not the excellent moment for us to make a halt and, gathering well the reins of attention, look around, clearly perceive the internal situation of our country, analyze the recent past and, above all, project in large the architecture of our future. Not all this, because it would be too great a task, but yes something of this, a beginning of this, I would like to do before you.
Per questo, benché già mi abbiate udito in altre occasioni che, come dicevano i giansenisti, non deve farsi a spizzichi il plebiscito, precisamente per il suo vigore democratico, io direi che se vi è qualche caso in cui è pienamente giustificato è in uno come questo; ma poiché, per altre innumerevoli ragioni, è oggi il plebiscito impossibile e inopportuno, ciò che credo è che non possiamo porre la questione della riforma della Spagna, specialmente per il problema che ci porta la Catalogna, in termini di sovranità, ma cercare un’area meno sconvolgente, ma molto più ampia, l’area del più esteso, ma più rigoroso autonomismo. Quell’area non ha pericoli di quella dimensione di sottosuolo e offre un orizzonte illimitato di libertà, di quella libertà che ci chiedeva l’altro giorno il signor Carner; un orizzonte infinito di libertà e di agio al movimento. Là sta, signori, la soluzione, e non segmentando la sovranità, rendendo possibile che domani qualsiasi regione, infastidita da una semplice legge fiscale, mostri allo Stato, ribelle, i suoi bicipiti di sovranità particolare.
È molto grave, dunque, ciò che state per decidere. Oggi deciderete, non su problemi di istituzioni, per quanto alte siano; non su forme di governo; risolverete su qualcosa che rappresenta la radice cosmica, ultragiuridica e ultimamente vitale della realtà spagnola; decreterete su sovranità. Io vi invito a fare scorta di responsabilità, poiché per quanta ne accumuliate, sarà scarsa in confronto a quella che ora, tra poco, spenderete. Niente di più. (Applausi).
XI
RETTIFICAZIONE DELLA REPUBBLICA
(Conferenza pronunciata il giorno 6 dicembre 1931 nel Cinema de la Ópera, di Madrid)
Signore, signori:
In questi giorni, con l’approvazione del testo costituzionale e l’elezione del Presidente, resta giuridicamente stabilita la Repubblica spagnola. Abbiamo già un alveo legale per dove possa fluire fecondamente la nostra vita collettiva; abbiamo già sotto le nostre piante un suolo di diritto, dove piantare i talloni e iniziare la marcia storica. Termina, dunque, in questi giorni, il primo atto dell’impianto della forma repubblicana nella nostra vecchia, nella nostra vecchissima Spagna. Non è il momento eccellente…? (Si promuove un incidente perché non si lascia entrare nella sala alcuni spettatori. In alcune località alte si lamentano di quanto deficientemente si oda).
Perdonino loro, ma non sono abituato a parlare con l’altoparlante e accade che, mentre vado pronunciando le parole, le ascolto io stesso, e questo è troppo: parlare e per giunta ascoltarsi. (Risate).
Dicevo, dunque, se non è il momento eccellente per fare una pausa e, raccogliendo bene le redini dell’attenzione, guardiamo intorno, percepiamo chiaramente la situazione interna del nostro paese, analizziamo il prossimo passato e, soprattutto, progettiamo in grande l’architettura del nostro avvenire. Non tutto questo, perché sarebbe troppa impresa, ma sì qualcosa di questo, un cominciamento di questo, vorrei io fare dinanzi a voi.