Abstract

Column on Cambó’s proposal for an industrial Parliament in Spain on the English model (400 members, half employers and half workers): Ortega doubts the historic parties or the workers themselves would accept it, since in Spain the caciques would end up running it. Political journalism.

Testo originale spagnolo · Obras completas — Fundación Ortega y Gasset · pubblico dominio

Entre los políticos españoles —que son todo vejez— pasa el señor Cambó por ser el hombre de soluciones más nuevas y originales. En el fondo de esa reputación, reforzada luego por un sólido talento y un constante deseo de saber, no hay otra cosa sino que el señor Cambó es el político español que lee más Prensa extranjera. Las soluciones que los grandes países progresivos aceptan para resolver sus problemas interiores, llegan, por lo tanto, a conocimiento del señor Cambó antes que a sus compañeros de Consejo, de Asamblea o de Comisión.

Ahora, sin embargo, al proponer la constitución de un Parlamento industrial en España para resolver las diferencias esenciales que separan a patronos y obreros, el señor Cambó no sorprende al país en el desconocimiento de esa solución adoptada por Inglaterra. El Gobierno se ha preocupado de ello con alguna curiosidad cuando menos, y con buena intención. La Prensa ha escrito lo suficiente para que unos cuantos millares de españoles, los más movidos a curiosidad, tengan noticia exacta de lo que es, en sus principios, el Parlamento industrial constituido en Londres.

Cuatrocientos miembros formarán ese Parlamento: doscientos representarán a las clases patronales y otros doscientos a los obreros. De esa Asamblea se destacará un Comité permanente, compuesto de cuarenta miembros: veinte patronos y veinte trabajadores. Los conflictos sociales que se presenten en Inglaterra pasarán a estudio y resolución de este Comité; si no se encontrara fórmula de avenencia, entenderá el Parlamento en pleno, y en último término, intervendrá el Estado.

Los acuerdos del Parlamento industrial deberán ser ratificados por el Parlamento político; o sea, el primero aconsejará al Gobierno, y le propondrá métodos de solución pacífica en todos los problemas sociales.

¿Satisfará a los obreros esa limitación que consiste en reducir su función parlamentaria a la simple proposición de soluciones?

Pronto nos lo dirá el resultado de los ensayos ingleses.

En España se comienza a pensar seriamente en la necesidad de constituir un Parlamento análogo. Parece que el Gobierno llegó a creer que sería conveniente constituir también un Parlamento agrario. No discutiremos ahora si es o no aceptable ese proyecto de ampliar el número de Parlamentos.

¿Cuál es la actitud de los partidos históricos frente a estas nuevas concepciones de la política social? No lo sabemos todavía. El Gobierno permanece callado, y por lo tanto, los jefes políticos se creen también en el deber de guardar silencio.

Pero es muy posible que se sitúen frente al proyecto de Parlamento industrial. Y nada tendría de extraño que también los obreros, sobre todo aquellas masas trabajadoras afiliadas en grupos más o menos extremistas, vean con ojos desconfiados la nueva orientación de la lucha entre el capital y el trabajo.

Los partidos históricos, que aun llamándose liberales son conservadores por esencia, han dado ahora en suponer que toda transacción con los elementos obreros representa una claudicación y un desprestigio del Poder público. Creen que ante todo debe mantenerse la vieja fuerza opresora y caprichosa del gubernamentalismo o del ministerialismo español. En vez de acercarse a los obreros, se alejan de ellos más y más. No nos sorprendería que a última hora salgan algunos conservadores diciendo que la constitución de un Parlamento industrial significa una dejación de poder y una intervención intolerable de los obreros en el Gobierno de España.

Por su parte, los obreros se mostrarán recelosos. En Inglaterra, patronos y obreros pueden tener plena confianza en que la Constitución del Parlamento industrial responderá a principios de sinceridad y de buena fe política. Pero, ¿quién nos dice que en España no lograrán mangonear dentro del nuevo Parlamento los mismos caciques y cacicones de la vieja escuela, ésos que hoy manejan a su antojo las Cortes, los ministerios, los gobiernos civiles y todo cuanto se les antoja?

Hace poco —fácilmente lo recordarán nuestros lectores— se constituyó una Comisión extraparlamentaria para resolver el problema autonomista. Los mismos hombres que han convertido la cuestión de Cataluña en un pleito envenenado, figuraban en la Comisión.

Luego se decretó la formación de un Comité encargado de estudiar el Estatuto de la Liga de las Naciones. Y si a la cabeza de ese Comité figuraba don Antonio Maura, hombre que habló de la Liga de Naciones con cierto desdén y con sorna muy española, en la fila de vocales aparecían todos los políticos representativos de nuestros desastres públicos.

En fin… se ha intentado encomendar a un organismo el estudio de los problemas sociales de Andalucía, y es el vizconde de Eza, ¡¡el vizconde de Eza!!, quien toma el tren y se presenta en Córdoba para quedar definitivamente consagrado como «hombre bueno» en el pleito que mantienen los obreros del campo con los terratenientes. Y así en todo.

¿No desconfiarán los obreros del funcionamiento de un Parlamento industrial? ¿No existe el peligro de que en este país, condenado desde hace años a los más vituperables procedimientos políticos, la fórmula nueva, el método inglés para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, se convierta en una organización burocrática y caciquil, donde una gran parte de los representantes, como ocurre en las Cortes, no tengan nada que ver con las aspiraciones, con las esperanzas, con los anhelos de sus representados?

He ahí para la masa obrera y para todos los hombres liberales el verdadero punto de vista. Parlamento industrial, sí; pero libre de toda la actual fauna política.

Por eso estimamos que sólo un Gobierno rodeado de prestigio, calificado para obtener la confianza de todo el país, puede acometer ensayos como ése que se propone: el de la constitución de un Parlamento industrial.

Publicado sin firma, El Sol, 1 de abril de 1919